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Formularios básicos de las relaciones de los ciudadanos con la Administración del Estado

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Tal vez, uno de los principales problemas que tiene un abogado que comienza a desarrollar una práctica profesional dentro del inmenso mundo del Derecho Administrativo chileno es el enfrentarse, sin una mayor guía o apoyo, a una gran diversidad de formas, canales, actuaciones y solicitudes que pueden ser utilizadas al momento de interactuar con los distintos órganos de la Administración del Estado.
En Chile, como bien se sabe, el Derecho Administrativo reviste de una característica que lo dota de complejidad: su legislación no se encuentra codificada ni debidamente sistematizada de manera oficial, pudiendo catalogarse de heterogénea o compleja. Esto permite comprender que esta rama del Derecho Público reviste de una estructura normativa confusa, con reglas y principios dispersos en distintos cuerpos jurídicos de rangos variados (supralegales, legales y, hasta, infralegales), provenientes de órganos externos (como el Congreso Nacional y la jurisprudencia administrativa emitida por la Contraloría General) y de los propios órganos de la Administración del Estado (los que van desde Reglamentos presidenciales, hasta ordenanzas municipales, circulares e instrucciones, entre otras).
Como señala el profesor Jorge Bermúdez1, una de las principales características del Derecho Administrativo chileno es, justamente, su carencia de ordenación, aspecto que, a la larga, desincentiva a una debida adecuación y coordinación entre las distintas instituciones jurídicas que dan vida a esta rama del Derecho, constituidos principalmente para brindar un servicio público o satisfacer un interés general en miras asistir a las personas2.
Un ejemplo claro de lo que se expone se encuentra en el denominado “Derecho Administrativo Sancionador”, área que, debido a la falta de orden y sistematización, ha sido fructífera en la creación de una gran diversidad de procedimientos administrativos sancionadores singulares, estructurados con distintas reglas formales y etapas procedi1
Bermúdez Soto, Jorge (2014): Derecho administrativo general. 3ª edición. Santiago, Thomson Reuters, pp. 49-50; Bermúdez Soto, Jorge (2012): Las relaciones entre el derecho administrativo y el derecho común. Derecho positivo, doctrina y jurisprudencia. Santiago, Thomson Reuters, pp. 46-51.
2 Valdivia Olivares, José Miguel (2018): Manual de derecho administrativo. Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 45-47.
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Gaspar Jenkins Peña y Lillo
mentales. Según el profesor Carlos Carmona3, el principal desafío que debe abordar una investigación académica sobre los mecanismos existentes sobre estos procedimientos es “descubrirlos en la multiplicidad de leyes en que están contenidos”, puesto que, según sus estudios, al año 2003 se podían pesquisar cerca de 78 acciones o medios de impugnación diferentes contra decisiones u omisiones de la Administración Pública; y solo tres años después, el profesor Alejandro Vergara4 incrementaba la lista identificando 124 acciones o medios de impugnación.
Lo anterior hace sencillo concluir que el sistema administrativo nacional está plagado de leyes que crean y regulan procedimientos sancionatorios desde una perspectiva particularizada, sin considerar la necesidad de construir marcos generales que fijen criterios procedimentales genéricos o basales que permitan al ciudadano identificar un piso común sobre el cual se construirán los contencioso-administrativos a los que se enfrentará cuando interactúe con la Administración5. Esto provoca que el administrado, cuando deba impugnar un acto estatal que le genere un perjuicio de manera ilegítima, tendrá a su disposición una serie numerosa de alternativas sobre las cuales echar mano, todas las cuales apuntan a conseguir un objetivo similar, pero que tienen grandes diferencias desde la perspectiva de la conveniencia, la oportunidad y la estrategia forense, ámbitos que solo un especialista podría ponderar con seriedad. Entre estas alternativas encontraremos el recurso de protección, la acción de nulidad de derecho público, acciones contencioso-administrativas especiales, recursos administrativos, procedimientos invalidatorios y revocatorios, entre tantas otras6.
La dispersión de las leyes y reglamentos que dan forma al Derecho Administrativo nacional crea, así, distintas necesidades. Una de ellas es la que ha asumido la doctrina y la jurisprudencia, las que han logrado, con bastantes esfuerzos, elaborar los cimientos de una organización sistémica del Derecho Administrativo en base a principios generales del Derecho7, que han permitido una ordenación material a través del reconocimiento de categorías, conceptos, valores y garantías con vocación de crear un sistema jurídico propiamente tal8.
3 Carmona Santander, Carlos (2005): “El contencioso administrativo entre 1990-2003”, en Juan Carlos Ferrada Bórquez (coordinador): La justicia administrativa. Santiago, Lexis Nexis, pp. 183-240.
4 Vergara Blanco, Alejandro (2006): Código administrativo general. 2ª edición. Santiago, Lexis Nexis, pp. 41-52.
5 Osorio Vargas, Cristóbal (2017): Manual de procedimiento administrativo sancionador. Parte general. 2ª edición revisada, aumentada y actualizada. Santiago, Thomson Reuters, p. 467.
6 Aróstica Maldonado, Iván (2008): “Los contenciosos administrativos especiales en la legislación chilena”, en Ius Publicum, Universidad Santo Tomás, Nº 20, pp. 85-86.
7 Silva Cimma, Enrique (2009): Derecho administrativo chileno y comparado. Introducción y fuentes. 5ª edición revisada y actualizada. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, pp. 297-299.
8 Ver al Derecho Administrativo como un sistema implica reconocer que, dentro de ella, se encontrará una idea ordenadora cuya pretensión es la creación de un sustrato racionalizador y analítico derivado de las instituciones y soluciones singulares que permitan construcción de principios generales del Derecho de una forma inductiva (Schmidt-Assmann, Eberhard [2003]: La teoría general del derecho administrativo como sistema. Objeto y fundamentos de la construcción sistemática. Madrid, Marcial Pons, pp. 1-3). Véase, además, Bermúdez Soto, Jorge (2014): Derecho administrativo general. 3ª edición. Santiago, Thomson Reuters, pp. 49-50; Bermúdez Soto, Jorge (2012): Las relaciones entre
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Presentación
Sin embargo, una segunda se manifestará ante los ojos del ciudadano ?y del operador jurídico no especializado?, el que, al momento de interactuar con los distintos servicios públicos, se verá enfrentado a una pluralidad de normas jurídicas de las más diversas índoles, generando una gran dificultad, ahora, respecto de su conocimiento e identificación. Es completamente esperable que, ante este panorama, el particular carente de una comprensión jurídica profunda sobre el sistema (o, incluso, contando con él) vea mermada su posibilidad de conocer, a cabalidad y suficiencia, el Derecho que sea aplicable al problema específico que lo aqueje, o identificar, sin mayor duda, el organismo público al cuál ha de conducirse para realizar solicitudes, tramites o reclamaciones9.
El trabajo realizado por los profesores Diego Miranda y Javier Valdés se adentra, justamente, en las profundidades de este segundo problema. El libro que el lector tiene en sus manos ofrece a abogados y demás operadores jurídicos, así como a todas las personas, un conjunto de herramientas y formatos que permiten a la población tener a su disposición un insumo relevante capaz de mejorar la forma en que se interactúa, tradicionalmente, dentro del Derecho Administrativo nacional, contando con modelos actualizados de los formularios y acciones mayormente utilizados en la práctica forense, tanto para la realización de solicitudes y peticiones, como para impugnar o cuestionar una decisión de la autoridad.
De esta manera, el lector encontrará en la presente obra una gran variedad de escritos dirigidos a los más diversos organismos integrantes de la Administración Pública, así como para ante las principales entidades que interactúan con ellos desde distintos ámbitos (como la Contraloría General de República, el Consejo para la Transparencia, Superintendencias, o, inclusive, los Tribunales de Justicia), que podrán ser consultados como apoyo o guía. Estos formatos han sido elaborados considerando la práctica actual, tanto desde la perspectiva de la tramitación administrativa, como respecto del litigio contencioso-administrativo, tan relevante en estos días producto del aumento exponencial de los procedimientos administrativos sancionadores.
Por eso es importante mencionar que ambos autores cuentan con una experiencia destacada en la materia, tanto desde la reflexión académica, como desde el trabajo profesional. El profesor Diego Miranda Reyes es Abogado de la Universidad de Concepción, y Magíster en Derecho, LLM, de la Pontificia Universidad Católica (misma casa de estudio donde, actualmente, realiza sus estudios de Doctorado), y ha desarrollado una extensa carrera como investigador en los más diversos ámbitos del Derecho Público nacional, contando con varias publicaciones a su haber. También ha ejercido como abogado litigante especializado en estos asuntos, y pone a disposición dichos conocimientos para sus nuevos desafíos colaborando en organismos de la Administración del Estado con competencia medioambiental. Esta experiencia se ve complementada por su rol docente y académico, el derecho administrativo y el derecho común. Derecho positivo, doctrina y jurisprudencia. Santiago, Thomson Reuters, pp. 49-51.
9 Esta problemática da pie a que el entramado jurídico corra el riesgo de ser apreciado como un “laberinto misterioso e impenetrable” por la población (Accatino Scagliotti, Daniela [1999]: “La conocibilidad del Derecho y la extinción de los abogados”, en Revista de Derecho, Universidad Austral de Chile, vol. X, p. 8).
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Gaspar Jenkins Peña y Lillo
en donde destaca su labor como profesor en la Clínica Jurídica de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica.
A su vez, el profesor Javier Valdés Torres, Abogado de la Universidad de Chile (casa en la que actualmente realiza sus estudios de Magíster en Derecho), se ha destacado en el mundo académico desde sus tiempos como ayudante de investigación y de cátedra de destacados profesores, ejerciendo actualmente como docente en el curso de Lógica de las Normas de la Universidad de Chile y en la Clínica Jurídica de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica. En paralelo, el profesor Valdés ha consolidado una importante carrera como litigante en áreas relacionadas al Derecho Público, habiéndose desempeñado como tal para equipos de Derecho Público y Derecho Regulatorio en varios estudios jurídicos prestigiosos del país, así como también trabajando como funcionario en servicios públicos de relevancia nacional.
La pretensión de esta obra es, por ende, la de compartir la destacada experiencia que los profesores Miranda y Valdés han logrado construir durante sus años de ejercicio y estudio, poniendo a disposición de los lectores una meticulosa selección de textos forenses de la mayor utilidad, perfeccionados y adecuados para el ejercicio profesional actual. Por ello este trabajo, sin lugar a dudas, se consolidará como una obra de consulta obligada, tanto para profesionales del Derecho como para todos aquellos interesados en interactuar de la mejor forma con la autoridad administrativa.
Gaspar Jenkins Peña y Lill o
Profesor de Derecho Constitucional
Centro de Justicia Constitucional
Universidad del Desarrollo
15 de septiembre de 2021

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Autores : Diego Miranda Reyes – Javier Valdés Torres
Editorial: Tirant lo Blanch
Numero de Paginas: 133
Año de publicación: 2022

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DescriptionAutores : Diego Miranda Reyes - Javier Valdés Torres Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 133 Año de publicación: 2022Autor: Alicia Castillo Saldías - Martina Araneda Ríos Editorial : Tirant lo Blanch Año de Publicación  : 2022 Paginas :106Autor: Rodrigo Palomo Vélez Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 812 Año de publicación: 2022Autor: Alfredo Ferrante Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 308 Año de publicación: 2022Autor: Autores: Diego Falcone Salas, Valeska Fuentealba Sepúlveda, Catherine Ríos Ramírez Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 196 Año de publicación: 2022Autoras: Francisca María Barrientos Camus, María Elisa Morales Ortiz Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 898 Año de publicación: 2021
ContentTal vez, uno de los principales problemas que tiene un abogado que comienza a desarrollar una práctica profesional dentro del inmenso mundo del Derecho Administrativo chileno es el enfrentarse, sin una mayor guía o apoyo, a una gran diversidad de formas, canales, actuaciones y solicitudes que pueden ser utilizadas al momento de interactuar con los distintos órganos de la Administración del Estado. En Chile, como bien se sabe, el Derecho Administrativo reviste de una característica que lo dota de complejidad: su legislación no se encuentra codificada ni debidamente sistematizada de manera oficial, pudiendo catalogarse de heterogénea o compleja. Esto permite comprender que esta rama del Derecho Público reviste de una estructura normativa confusa, con reglas y principios dispersos en distintos cuerpos jurídicos de rangos variados (supralegales, legales y, hasta, infralegales), provenientes de órganos externos (como el Congreso Nacional y la jurisprudencia administrativa emitida por la Contraloría General) y de los propios órganos de la Administración del Estado (los que van desde Reglamentos presidenciales, hasta ordenanzas municipales, circulares e instrucciones, entre otras). Como señala el profesor Jorge Bermúdez1, una de las principales características del Derecho Administrativo chileno es, justamente, su carencia de ordenación, aspecto que, a la larga, desincentiva a una debida adecuación y coordinación entre las distintas instituciones jurídicas que dan vida a esta rama del Derecho, constituidos principalmente para brindar un servicio público o satisfacer un interés general en miras asistir a las personas2. Un ejemplo claro de lo que se expone se encuentra en el denominado "Derecho Administrativo Sancionador", área que, debido a la falta de orden y sistematización, ha sido fructífera en la creación de una gran diversidad de procedimientos administrativos sancionadores singulares, estructurados con distintas reglas formales y etapas procedi1 Bermúdez Soto, Jorge (2014): Derecho administrativo general. 3ª edición. Santiago, Thomson Reuters, pp. 49-50; Bermúdez Soto, Jorge (2012): Las relaciones entre el derecho administrativo y el derecho común. Derecho positivo, doctrina y jurisprudencia. Santiago, Thomson Reuters, pp. 46-51. 2 Valdivia Olivares, José Miguel (2018): Manual de derecho administrativo. Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 45-47. 10 Gaspar Jenkins Peña y Lillo mentales. Según el profesor Carlos Carmona3, el principal desafío que debe abordar una investigación académica sobre los mecanismos existentes sobre estos procedimientos es "descubrirlos en la multiplicidad de leyes en que están contenidos", puesto que, según sus estudios, al año 2003 se podían pesquisar cerca de 78 acciones o medios de impugnación diferentes contra decisiones u omisiones de la Administración Pública; y solo tres años después, el profesor Alejandro Vergara4 incrementaba la lista identificando 124 acciones o medios de impugnación. Lo anterior hace sencillo concluir que el sistema administrativo nacional está plagado de leyes que crean y regulan procedimientos sancionatorios desde una perspectiva particularizada, sin considerar la necesidad de construir marcos generales que fijen criterios procedimentales genéricos o basales que permitan al ciudadano identificar un piso común sobre el cual se construirán los contencioso-administrativos a los que se enfrentará cuando interactúe con la Administración5. Esto provoca que el administrado, cuando deba impugnar un acto estatal que le genere un perjuicio de manera ilegítima, tendrá a su disposición una serie numerosa de alternativas sobre las cuales echar mano, todas las cuales apuntan a conseguir un objetivo similar, pero que tienen grandes diferencias desde la perspectiva de la conveniencia, la oportunidad y la estrategia forense, ámbitos que solo un especialista podría ponderar con seriedad. Entre estas alternativas encontraremos el recurso de protección, la acción de nulidad de derecho público, acciones contencioso-administrativas especiales, recursos administrativos, procedimientos invalidatorios y revocatorios, entre tantas otras6. La dispersión de las leyes y reglamentos que dan forma al Derecho Administrativo nacional crea, así, distintas necesidades. Una de ellas es la que ha asumido la doctrina y la jurisprudencia, las que han logrado, con bastantes esfuerzos, elaborar los cimientos de una organización sistémica del Derecho Administrativo en base a principios generales del Derecho7, que han permitido una ordenación material a través del reconocimiento de categorías, conceptos, valores y garantías con vocación de crear un sistema jurídico propiamente tal8. 3 Carmona Santander, Carlos (2005): "El contencioso administrativo entre 1990-2003", en Juan Carlos Ferrada Bórquez (coordinador): La justicia administrativa. Santiago, Lexis Nexis, pp. 183-240. 4 Vergara Blanco, Alejandro (2006): Código administrativo general. 2ª edición. Santiago, Lexis Nexis, pp. 41-52. 5 Osorio Vargas, Cristóbal (2017): Manual de procedimiento administrativo sancionador. Parte general. 2ª edición revisada, aumentada y actualizada. Santiago, Thomson Reuters, p. 467. 6 Aróstica Maldonado, Iván (2008): "Los contenciosos administrativos especiales en la legislación chilena", en Ius Publicum, Universidad Santo Tomás, Nº 20, pp. 85-86. 7 Silva Cimma, Enrique (2009): Derecho administrativo chileno y comparado. Introducción y fuentes. 5ª edición revisada y actualizada. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, pp. 297-299. 8 Ver al Derecho Administrativo como un sistema implica reconocer que, dentro de ella, se encontrará una idea ordenadora cuya pretensión es la creación de un sustrato racionalizador y analítico derivado de las instituciones y soluciones singulares que permitan construcción de principios generales del Derecho de una forma inductiva (Schmidt-Assmann, Eberhard [2003]: La teoría general del derecho administrativo como sistema. Objeto y fundamentos de la construcción sistemática. Madrid, Marcial Pons, pp. 1-3). Véase, además, Bermúdez Soto, Jorge (2014): Derecho administrativo general. 3ª edición. Santiago, Thomson Reuters, pp. 49-50; Bermúdez Soto, Jorge (2012): Las relaciones entre 11 Presentación Sin embargo, una segunda se manifestará ante los ojos del ciudadano ?y del operador jurídico no especializado?, el que, al momento de interactuar con los distintos servicios públicos, se verá enfrentado a una pluralidad de normas jurídicas de las más diversas índoles, generando una gran dificultad, ahora, respecto de su conocimiento e identificación. Es completamente esperable que, ante este panorama, el particular carente de una comprensión jurídica profunda sobre el sistema (o, incluso, contando con él) vea mermada su posibilidad de conocer, a cabalidad y suficiencia, el Derecho que sea aplicable al problema específico que lo aqueje, o identificar, sin mayor duda, el organismo público al cuál ha de conducirse para realizar solicitudes, tramites o reclamaciones9. El trabajo realizado por los profesores Diego Miranda y Javier Valdés se adentra, justamente, en las profundidades de este segundo problema. El libro que el lector tiene en sus manos ofrece a abogados y demás operadores jurídicos, así como a todas las personas, un conjunto de herramientas y formatos que permiten a la población tener a su disposición un insumo relevante capaz de mejorar la forma en que se interactúa, tradicionalmente, dentro del Derecho Administrativo nacional, contando con modelos actualizados de los formularios y acciones mayormente utilizados en la práctica forense, tanto para la realización de solicitudes y peticiones, como para impugnar o cuestionar una decisión de la autoridad. De esta manera, el lector encontrará en la presente obra una gran variedad de escritos dirigidos a los más diversos organismos integrantes de la Administración Pública, así como para ante las principales entidades que interactúan con ellos desde distintos ámbitos (como la Contraloría General de República, el Consejo para la Transparencia, Superintendencias, o, inclusive, los Tribunales de Justicia), que podrán ser consultados como apoyo o guía. Estos formatos han sido elaborados considerando la práctica actual, tanto desde la perspectiva de la tramitación administrativa, como respecto del litigio contencioso-administrativo, tan relevante en estos días producto del aumento exponencial de los procedimientos administrativos sancionadores. Por eso es importante mencionar que ambos autores cuentan con una experiencia destacada en la materia, tanto desde la reflexión académica, como desde el trabajo profesional. El profesor Diego Miranda Reyes es Abogado de la Universidad de Concepción, y Magíster en Derecho, LLM, de la Pontificia Universidad Católica (misma casa de estudio donde, actualmente, realiza sus estudios de Doctorado), y ha desarrollado una extensa carrera como investigador en los más diversos ámbitos del Derecho Público nacional, contando con varias publicaciones a su haber. También ha ejercido como abogado litigante especializado en estos asuntos, y pone a disposición dichos conocimientos para sus nuevos desafíos colaborando en organismos de la Administración del Estado con competencia medioambiental. Esta experiencia se ve complementada por su rol docente y académico, el derecho administrativo y el derecho común. Derecho positivo, doctrina y jurisprudencia. Santiago, Thomson Reuters, pp. 49-51. 9 Esta problemática da pie a que el entramado jurídico corra el riesgo de ser apreciado como un "laberinto misterioso e impenetrable" por la población (Accatino Scagliotti, Daniela [1999]: "La conocibilidad del Derecho y la extinción de los abogados", en Revista de Derecho, Universidad Austral de Chile, vol. X, p. 8). 12 Gaspar Jenkins Peña y Lillo en donde destaca su labor como profesor en la Clínica Jurídica de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica. A su vez, el profesor Javier Valdés Torres, Abogado de la Universidad de Chile (casa en la que actualmente realiza sus estudios de Magíster en Derecho), se ha destacado en el mundo académico desde sus tiempos como ayudante de investigación y de cátedra de destacados profesores, ejerciendo actualmente como docente en el curso de Lógica de las Normas de la Universidad de Chile y en la Clínica Jurídica de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica. En paralelo, el profesor Valdés ha consolidado una importante carrera como litigante en áreas relacionadas al Derecho Público, habiéndose desempeñado como tal para equipos de Derecho Público y Derecho Regulatorio en varios estudios jurídicos prestigiosos del país, así como también trabajando como funcionario en servicios públicos de relevancia nacional. La pretensión de esta obra es, por ende, la de compartir la destacada experiencia que los profesores Miranda y Valdés han logrado construir durante sus años de ejercicio y estudio, poniendo a disposición de los lectores una meticulosa selección de textos forenses de la mayor utilidad, perfeccionados y adecuados para el ejercicio profesional actual. Por ello este trabajo, sin lugar a dudas, se consolidará como una obra de consulta obligada, tanto para profesionales del Derecho como para todos aquellos interesados en interactuar de la mejor forma con la autoridad administrativa. Gaspar Jenkins Peña y Lill o Profesor de Derecho Constitucional Centro de Justicia Constitucional Universidad del Desarrollo 15 de septiembre de 2021Con el fin de integrar los contenidos tratados en el tomo I de manera más completa y actualizada, elaboramos este nuevo volumen, abarcando materias no contempladas anteriormente, incluyendo las más recientes reformas legales que han tenido lugar principalmente en el área de familia. Es así, como a lo largo de este Tomo II de Formularios de Derecho Civil, se encuentran tratadas materias de Derecho de Familia y Derecho sucesorio. A propósito de la primera mencionada, se desarrollan materias vinculadas con filiación y cambio de nombre, incluyendo formularios para gestiones judiciales y extrajudiciales, como demandas, solicitudes y formatos de escrituras públicas, como también se contemplan formularios referidos a materias de alimentos devengados y adeudados, medidas de protección, divorcio, regímenes patrimoniales del matrimonio, separación de cónyuges, cese de convivencia y desafectación de bienes familiares, abarcando todas las actualizaciones legales en las diversas temáticas tratadas. Respecto de Derecho Sucesorio, se abordan las acciones de petición de herencia y de reforma de testamento, junto con formularios de ambos tipos de testamentos solemne y de posesión efectiva judicial. Finalmente se presenta un breve compendio de los principales formatos de práctica forense de uso común en el ejercicio de la profesión. Índice I. DERECHO DE FAMILIA 13 1. FILIACIÓN 13 2. ACCIONES DE FILIACIÓN 14 2.1. Acción de reclamación de paternidad 16 F01. FORMULARIO DE DEMANDA DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN NO MATRIMONIAL 17 F02. FORMULARIO DE DEMANDA DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN MATRIMONIAL 19 2.2. Acción de impugnación de paternidad 20 F03. FORMULARIO DE DEMANDA DE IMPUGNACIÓN Y RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN 21 2.3. Acción de impugnación de maternidad 23 F04. FORMULARIO DE DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE MATERNIDAD 23 2.4. Acción de nulidad de reconocimiento de un hijo por vicio del consentimiento 25 F05. FORMULARIO DE NULIDAD DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD 25 3. RECONOCIMIENTO DE UN HIJO O HIJA 27 F06. FORMULARIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE RECONOCIMIENTO DE UN HIJO O HIJA 27 4. EFECTOS DE LA FILIACIÓN 28 4.1. Ejercicio de la Patria Potestad 28 F07. FORMULARIO DE ACUERDO DE PATRIA POTESTAD EXCLUSIVA/PADRES DIVORCIADOS 29 F08. FORMULARIO DE ACUERDO DE PATRIA POTESTAD EXCLUSIVA/ PADRES NO CASADOS QUE CONVIVEN 30 4.2. Suspensión de la Patria Potestad 30 F09. FORMULARIO DE DEMANDA DE SUSPENSIÓN DE PATRIA POTESTAD 31 4.3. Emancipación 33 F10. FORMULARIO DE DEMANDA DE EMANCIPACIÓN JUDICIAL 34 5. RECTIFICACIÓN DE PARTIDA DE NACIMIENTO 36 5.1. Ley N° 21.120 que reconoce y da protección al derecho de identidad de género 36 F11. FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE 38 5.2. Nueva Ley N° 21.334 sobre determinación del orden de los apellidos 39 6. DERECHO DE ALIMENTOS 41 F12. FORMULARIO DE DEMANDA DE SOLICITUD DE APREMIOS 41 F13. FORMULARIO DE CAMBIO DE MODALIDAD DE PAGO 42 F14. FORMULARIO DE SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN 43 7. NUEVA LEY N° 21.389 DE LA CREACIÓN DEL REGISTRO DE DEUDORES 43 7.1. Solicitud de conversión de pensión de alimentos a UTM 44 F15. FORMULARIO DE CONVERSIÓN DE PENSIÓN DE ALIMENTOS A UTM 44 7.2. Orden de búsqueda e inscripción en el registro de prófugos 45 F16. FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PRÓFUGOS 45 7.3. Solicitud del alimentario de condonación de la pensión de alimentos 46 F17. FORMULARIO DE CONDONACIÓN DE ALIMENTOS DEVENGADOS 47 7.4. Acuerdo de pago de conversión de deuda a UTM 47 F18. FORMULARIO DE ACUERDO DE PAGO DE CONVERSIÓN DE DEUDA A UTM 48 7.5. Propuesta de pago en cuotas de alimentos devengados con retención judicial del empleador 48 F19. FORMULARIO DE PROPUESTA DE PAGO EN CUOTAS DE ALIMENTOS DEVENGADOS CON RETENCIÓN DEL EMPLEADOR 49 7.6. Solicita cautelar de retención de fondos bancarios 50 F20. FORMULARIO DE SOLICITUD DE RETENCIÓN DE FONDOS BANCARIOS 50 8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 51 F21. FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE MEDIDA DE PROTECCIÓN 52 9. MATRIMONIO 53 9.1. Nueva Ley de matrimonio civil 53 10. NUEVA LEY N° 21.394 QUE INTRODUCE DIVERSAS REFORMAS AL SISTEMA DE JUSTICIA 54 F22. FORMULARIO DE SOLICITUD DE DIVORCIO DE COMUN ACUERDO. NUEVA LEY 54 11. REGÍMENES MATRIMONIALES 56 11.1. Sociedad Conyugal 56 11.2. Separación de Bienes 57 11.3. Participación en los Gananciales 57 11.4. Mutaciones posibles con respecto a los regímenes matrimoniales 57 F23. FORMULARIO DE SUSTITUCIÓN DE REGIMEN MATRIMONIAL 58 F24. FORMULARIO DE SUSTITUCIÓN DE REGIMEN LIQUIDACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 59 F25. FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y PARTICIÓN DE BIENES HEREDITARIOS (FIGURA SC. DE CONYUGE SOBREVIVIENTE Y HEREDEROS DEL CONYUGE FALLECIDO) 61 11.4. Renuncia de los Gananciales 64 F26. FORMULARIO DE ESCRITURA DE RENUNCIA A LOS GANANCIALES 65 11.5. Separación de los cónyuges 65 F27. FORMULARIO DE ACUERDO REGULATORIO DE LAS PARTES 66 12. ACTA UNILATERAL POR CESE DE LA CONVIVENCIA 67 12.1. Escritura Pública de Cese de la Convivencia 68 13. SEPARACIÓN JUDICIAL DE LOS CÓNYUGES 68 F28. FORMULARIO DE DEMANDA UNILATERAL DE SEPARACIÓN JUDICIAL POR CESE DE CONVIVENCIA 68 F29. FORMULARIO DE DEMANDA UNILATERAL DE SEPARACIÓN JUDICIAL, DEMANDADO POR EL CONYUGE QUE NO HAYA DADO LUGAR A LA CAUSAL 70 14. BIENES FAMILIARES 72 14.1. Desafectación de bien familiar 72 F30. FORMULARIO DE DESAFECTACIÓN DE BIEN FAMILIAR 72 II. DERECHO SUCESORIO 75 1. EL DERECHO REAL DE HERENCIA 75 1.1. Acción de Petición de Herencia 76 F31. FORMULARIO DE DEMANDA POR ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA 78 1.2. Acción de Reforma de Testamento 80 F32. FORMULARIO DE DEMANDA POR ACCIÓN DE REFORMA DE TESTAMENTO 81 2. LA PARTICIÓN DE BIENES 83 2.1. Acción de Partición 84 F33. FORMULARIO PARA SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE JUEZ PARTIDOR 85 3. LA SUCESIÓN TESTADA 87 3.1. El Testamento 87 3.2. Clasificación del Testamento 88 F34. FORMULARIO DE TESTAMENTO ABIERTO 88 F35. FORMULARIO DE TESTAMENTO CERRADO 90 F36. FORMULARIO DE SOLICITUD DE APERTURA DE TESTAMENTO CERRADO 91 4. POSESIÓN EFECTIVA 92 5. POSESIÓN EFECTIVA JUDICIAL 93 F37. FORMULARIO DE SOLICITUD DE POSESION EFECTIVA TESTADA 94 III. OTROS ESCRITOS 97 F38. FORMULARIO DE SEÑALA NUEVO DOMICILIO 97 F39. FORMULARIO DE SOLICITA NUEVO DÍA Y HORA 97 F40. FORMULARIO CERTIFICA EJECUTORIA 98 F41. FORMULARIO CUMPLE LO ORDENADO 99 F42. FORMULARIO DE ACOMPAÑA DOCUMENTOS 99 F43. FORMULARIO DE SOLICITA OFICIOS 100 F44. FORMULARIO DE ALEGA ENTORPECIMIENTO 101 F45. FORMULARIO DE ACOMPAÑA ABSOLUCIÓN DE POSICIONES 102 F46. FORMULARIO DE REPOSICION CON APELACIÓN SUBSIDIARIA 102 F47. FORMULARIO DE ACLARACIÓN RECTIFICACIÓN Y ENMIENDA 103

Descripción

El objetivo de esta obra es brindar una herramienta jurídica de uso diario a quienes operan en cualquier ámbito profesional relacionado con el Derecho del Trabajo.

La estructura y el contenido son exclusivos y novedosos.

Se trata de una obra organizada de forma singular, no con una exposición de temas teóricos sino con el mismo íter con el que se encontrará el asesor, el abogado, el jurista, además de un muy fácil manejo. Cada capítulo contiene definiciones; normativa actualizada; jurisprudencia específica y cuestiones útiles relacionadas con la materia de estudio, todo ello expuesto con un uso léxico y una estructura con señalética de tránsito que facilita la comprensión del lector y proporciona una rápida ubicación en el tema requerido.

Asimismo, el índice final ofrece un sencillo sistema de búsqueda para localizar en el GPS el tema que se necesita.

Los autores tienen una amplia experiencia académica y profesional en las materias que se abordan, lo que se refleja en que los problemas abordados son los que realmente presentan dificultades prácticas, lo que convierte a este libro en una obra única.

  1. Trabajo objeto del Derecho del Trabajo y su regulación 1.1.    Ámbito de aplicación del Código del Trabajo 1.2.    Fuentes del Derecho del Trabajo 1.3.    Principios del derecho del Trabajo 1.4.    Prescripción y caducidad de derechos laborales 1.5.    Infracciones laborales
  2. El Contrato de Trabajo 2.1.    Antecedentes generales, requisitos de validez, clasificaciones 2.2.    Función constitutiva 2.3.    Función normativa 2.4.    Modificación del contrato de trabajo
  3. Las partes del contrato de trabajo 3.1.    Trabajador y empleador 3.2.    Trabajo de ninos/as y adolescentes 3.3.    Trabajo de extranjeros
  4. La empresa y la descentralización productiva 4.1.    Concepto legal de empresa 4.2.    Grupos de empresas y Ley de MultiRut 4.3.    Subcontratación propiamente tal, suministro de trabajadores y cesión ilegal 4.4.    Sucesión de empresas
  5. Tiempos de trabajo, descansos y remuneraciones 5.1.    Tiempo de trabajo y los descansos 5.1.1.    Jornada ordinaria 5.1.2.    Distribución de la jornada de trabajo 5.1.3.    Jornadas especiales 5.1.4.    Horario de trabajo 5.1.5.    Horas extraordinarias 5.1.6.    Control de Asistencia 5.1.7.    Descansos y festivos 5.1.8.    Feriado Anual 5.1.9.    Permisos 5.2.    Las remuneraciones 5.2.1.    La remuneración 5.2.2.    La última remuneración mensual 5.2.3.    El sueldo 5.2.4.    Gratificación 5.2.5.    Sobresueldo 5.2.6.    Comisiones 5.2.7.    Participación 5.2.8.    Semana corrida 5.2.9.    Los estipendios no remuneratorios 5.2.10.    Tiempo, lugar y forma de pago de la remuneración 5.2.11.    Publicidad de las remuneraciones 5.2.12.    Descuentos 5.2.13.    Embargos y remuneraciones
  6. La potestad jurídica de mando del empleador, la garantía de los derechos fundamentales en el trabajo y la protección a la maternidad, paternidad y vida familiar 6.1.    La potestad jurídica de mando del empleador y deberes correlativos del trabajador 6.2.    Reconocimiento y garantía de los derechos fundamen­tales en el trabajo 6.3.    La protección a la maternidad, paternidad y vida familiar
  7. El derecho a la seguridad en el trabajo y la prevención de riesgos laborales       
  8. Terminación del Contrato de Trabajo 8.1.    Causales establecidas en el artículo 159 del Código del Trabajo 8.1.1.    El mutuo acuerdo de las partes 8.1.2.    Renuncia del trabajador 8.1.3.    Muerte del trabajador 8.1.4.    Vencimiento del plazo convenido en el contrato 8.1.5.    Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato 8.1.6.    Caso fortuito o fuerza mayor 8.2.    Causales establecidas en el artículo 160 del Código del Trabajo 8.2.1.    Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas 8.2.1.1.    Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones 8.2.1.2.    Conductas de acoso sexual 8.2.1.3.    Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa 8.2.1.4.    Injurias proferidas por el trabajador al empleador 8.2.1.5.    Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña 8.2.1.6.    Conductas de acoso laboral 8.2.2.    Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador 8.2.3.    No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra 8.2.4.    Abandono del trabajo por parte del trabajador 8.2.4.1.    La salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente 8.2.4.2.    La negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato 8.2.5.    Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos 8.2.6.    El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías 8.2.7.    Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato 8.3.    Causal de despido por necesidades de la empresa 8.4.    Causal de despido por desahucio 8.5.    Formalidades de término del contrato de trabajo 8.5.1.    Aviso o carta de despido 8.5.2.    Obligación de pago íntegro de cotizaciones previsionales como requerimiento previo al término de la relación laboral: Nulidad del despido 8.6.    Indemnización por años de servicio 8.7.    Despido en caso de procedimiento concursal de reorganización y liquidación 8.8.    Acción de despido injustificado, indebido o improcedente 8.9.    Reglas especiales en caso de terminación del contrato de trabajo por aplicación de la causal de necesidades de la empresa 8.10.    Reglas especiales en caso de terminación del contrato de trabajo por aplicación de la causal de desahucio 8.11.    Despido indirecto o autodespido 8.12.    Base de cálculo de las indemnización por años de servicios 8.13.    Reajustes e intereses a las indemnizaciones 8.14.    Terminación del contrato de trabajo de trabajadores sujetos a fuero laboral 8.15.    Finiquito laboral
  9. La libertad sindical 9.1.    Tutela constitucional de la libertad sindical 9.2.    Tutela legal de la libertad sindical
  10. La Organización Sindical 10.1.    La dimensión orgánica de la organización sindical 10.1.1.    El derecho de sindicalización y el derecho de afiliación sindical 10.1.2.    La estructura sindical 10.1.3.    La constitución de organizaciones sindicales 10.1.4.    Los estatutos sindicales 10.1.5.    Los derechos de representación 10.2.    La dimensión funcional de la organización sindical 10.3.    La dimensión tutelar de la organización sindical 10.3.1.    Las facilidades o derechos instrumentales 10.3.2.    Las garantías
  11. La negociación colectiva 11.1.    Ámbitos subjetivo y objetivo. Niveles de negociación 11.2.    Procedimientos de negociación 11.3.    Procedimiento reglado de negociación 11.3.1.    Etapas previas a la negociación colectiva: el derecho de información 11.3.2.    Etapas previas a la negociación colectiva: servicios mínimos y equipos de emergencia 11.3.3.    Normas generales de la negociación 11.4.    Negociación colectiva del sindicato interempresa; de los trabajadores eventuales, de temporada y de obra o faena transitoria; y de federaciones y confederaciones 11.5.    Instrumentos colectivos
  12. El conflicto colectivo 12.1.    El derecho de Huelga 12.2.    Tipos o modalidaes de la Huelga 12.3.    La Huelga y el procedimiento de negociación colectiva reglada 12.4.    Los servicios mínimos y los equipos de emergencia
  13. La Administración Laboral 13.1.    La Función fiscalizadora de la Dirección del Trabajo 13.2.    Potestad sancionatoria de la Dirección del Trabajo 13.3.    La función interpretativa de la Dirección del Trabajo 13.4.    Solución alternativa de conflictos laborales
  14. El Derecho Procesal Laboral: Aspectos orgánicos 14.1.    Jurisdicción y Competencia 14.2.    Principios formativos del procedimiento y Principios del proceso
  15. El Derecho Procesal Laboral: Procedimientos 15.1.    Procedimiento de aplicación general 15.1.1.    Inicio del procedimiento: demanda y gestiones preparatorias 15.1.2.    La contestación de la demanda 15.1.3.    Audiencia preparatoria. Primera parte: discusión y conciliación 15.1.4.    Audiencia preparatoria. Segunda parte: Actuaciones probatorias 15.1.5.    Audiencia de juicio (práctica de la prueba) 15.1.6.    Valoración de la prueba y sentencia 15.2.    Procedimiento de tutela de Derechos Fundamentales 15.3.    Procedimiento monitorio 15.4.    Procedimiento de reclamación de multas y demás resoluciones administrativas 15.5.    Cumplimiento de la sentencia y ejecución de los títulos ejecutivos laborales
  16. El Derecho Procesal Laboral: Recursos 16.1.    Aspectos generales de los Recursos Procesales 16.2.    El Recurso de Reposición 16.3.    El Recurso de Apelación 16.4.    El Recurso de Nulidad 16.5.    El Recurso de Unificación de Jurisprudencia
Edición anotada, concordada, índice analítico y nota preliminar Con tablas y cuadros sinópticos Texto de la Ley Nº 19.496 a dos colores resaltando los artículos modificados por la LEY PROCONSUMIDOR Ley sobre responsabilidad por tarjetas de pago Ley sobre portabilidad financiera y su reglamentoDescripción Índice Presentación        11 Agradecimientos        13 Capítulo I BASES FUNDAMENTALES DEL DERECHO PENAL Y DEL PODER PUNITIVO 1.    Derecho Penal y Poder Punitivo        17 2.    Concepto de Derecho Penal        20 3.    Derecho Penal objetivo        22 4.    Derecho Penal subjetivo        37 5.    Ciencias Penales        39 6.    Función del Derecho Penal        41 7.    Consecuencias jurídico-penales        44 8.    Fines de la pena        45 9.    Norma jurídico-penal        47 10.    Concepto de bien jurídico        49 11.    Concepto de delito        52 Capítulo II LEGITIMIDAD DEL DERECHO PENAL: PRINCIPIOS Y LÍMITES 1.    Introducción        59 2.    Principio de legalidad        63 A.    Concepto        63 B.    Manifestaciones        64 C.    Características de la ley penal        66 D.    Consagración normativa        67 E.    Ley como única fuente inmediata        70 F.    Fuentes mediatas        73 G.    Estructura de la ley penal        74 H.    Analogía        76 I.    Leyes penales en blanco        77 3.    Límites materiales        80 A.    Principio de intervención mínima        80 B.    Principio de exclusiva protección de bienes jurídico-penales o de lesividad        83 C.    Principio de humanidad        85 D.    Principio de culpabilidad        86 E.    Principio de proporcionalidad        89 F.    Principio de resocialización        90 Capítulo III TEORÍA DE LA LEY PENAL 1.    Fuentes del Derecho Penal        95 2.    Interpretación de la ley penal        99 3.    Métodos de interpretación de la ley penal        101 4.    Efectos de la ley penal        108 5.    Efectos de la ley en cuanto al tiempo        109 A.    Principio de irretroactividad de la ley penal        109 B.    Aplicación retroactiva de la ley penal        110 C.    Leyes penales intermedias        113 D.    Leyes temporales        114 6.    Efectos de la ley en cuanto al territorio        116 A.    Principio de territorialidad como regla general        117 B.    Excepciones al principio de territorialidad        118 C.    Extradición        119 7.    Efectos de la ley en cuanto a las personas        121 Capítulo IV TEORÍA DE LA PENA Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO 1.    Introducción        127 2.    Clasificación de las penas        129 3.    Atendida su naturaleza        130 4.    Penas privativas de libertad        131 5.    Penas restrictivas de libertad        136 6.    Penas privativas de otros derechos        137 7.    Penas pecuniarias        139 8.    Penas corporales        141 9.    Atendida la autonomía de la pena        142 10.    Atendida el número de sanciones        143 11.    Medidas de seguridad        145 12.    La responsabilidad penal        147 13.    La punibilidad        149 Capítulo V DETERMINACIÓN DE LA PENA 1.    Proceso de determinación de la pena        157 2.    Principios generales que rigen el proceso        158 3.    Reglas para la aplicación del sistema        159 Capítulo VI EJECUCIÓN DE PENAS Y EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 1.    Ejecución de penas        171 2.    Penas sustitutivas        173 A.    Remisión condicional de la pena (artículo 4 Ley 18.216)        174 B.    Reclusión parcial (artículo 7 de la Ley 18.216)        175 C.    Libertad vigilada y libertad vigilada intensiva        177 D.    Libertad vigilada intensiva        178 E.    Expulsión        179 F.    Prestación de servicio en beneficio de la comunidad        180 3.    Extinción de la responsabilidad penal        181 4.    Aquellas fundadas en un hecho (natural o del hombre)        184 A.    Amnistía        184 B.    Indulto        185 C.    Perdón del ofendido        186 5.    Aquellas fundadas en un acto de voluntad        189 A.    Amnistía        189 B.    Indulto        191 C.    Perdón del ofendido        193
Descripción
Esta es una obra que tiene por objeto esquematizar la Ley N° 19.496 como la principal Ley del ordenamiento jurídico chileno sobre protección de los derecho de los consumidores, incorporando una selección de los extractos de aquellas doctrinas nacional que hemos estimado relevante, junto con un catálogo de las principales sentencias que tratan algún tema relacionado con la ley, a efectos de entregarle mayor valor al lector de este texto.
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