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La Factura – Doctrina y Jurisprudencia

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1. Concepto y consideraciones de la Factura para nuestro Ordenamiento

A pesar de la importancia que la factura ha adquirido en los últimos años para el tráfico mercantil, nuestro Ordenamiento no ha definido a este título. No obstante podemos señalar que la factura es un documento comercial, contable y tributario que debe ser emitido tanto por vendedores como por prestadores de servicios por las operaciones que efectúen, y que sirve de comprobante de las ventas realizadas o de los servicios prestados con indicación de sus condiciones, modalidades y precio pactado.

Este instrumento, encuentra una primera referencia normativa en el Código de Comercio (CCo) preceptos que lo consagran como un medio de prueba idóneo para acreditar la existencia del contrato de compraventa o de prestación de servicios que hubiera dado lugar a la emisión de la factura. Por su parte, el Código Tributario, además de su legislación complementaria contemplan a la factura como un documento de carácter tributario, estableciendo las formalidades, oportunidad y obligatoriedad de su emisión.

El año 2004 (Diario Oficial de 15 de diciembre de 2004), en razón de la creciente importancia que la factura fue adquiriendo en el comercio nacional e internacional, se dictó la Ley Nº 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo al referido instrumento, y que vino a entrar en vigencia el 15 de abril del año 2005.

La iniciativa que dio lugar a este cuerpo legal se propuso dotar de nuevas y más eficaces características a la factura, por ser este el documento que acompaña la mayor parte de las transacciones u operaciones de compraventa y de prestación de servicios que se celebran, de manera que su transferencia implicara el cumplimiento de formalidades que no retrasaran sustancialmente el desarrollo de la operación, por una parte, y que por otra, su cobro, en caso de morosidad, pudiera ser ejecutado a través de un procedimiento más expedito que el existente hasta ese momento.

Al efecto, la Ley consideró un sistema único que, con la concurrencia de los requisitos y condiciones establecidos en ella, permitieran al legítimo tenedor de una nueva copia del título (cuarta copia), ceder el crédito y los derechos de que diera cuenta la factura, a un tercero; y de otra parte, demandar el cobro en juicio ejecutivo de las obligaciones que constan en la factura cuyo deudor se encuentre en mora.

Estas alternativas que la Ley Nº 19.983 consagró normativamente, se lograron mediante el establecimiento de un sistema especial de cesión de los créditos contenidos en facturas, desde que las disposiciones legales sobre cesión de créditos personales o nominativos contenidas en el Código Civil, las normas del Código de Comercio para la transferencia de títulos endosables o al portador que provinieran de actos de comercio, así como las formas de transferencia de la Ley Nº 18.092, no respondían a la particular naturaleza de las facturas y a las características que este documento había adquirido a lo largo de los años de uso en las relaciones entre vendedores o prestadores de servicios con compradores o beneficiarios.

Fue el escenario descrito lo que trajo consigo una esperada modificación a nuestro Ordenamiento, consagrando normas específicas para la factura, a fin de que este instrumento estuviere a la altura de los desafíos del comercio moderno, dotando a su cesión de mayor agilidad y certeza, estableciendo en lo esencial, según tendremos oportunidad de revisar, una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, que operara de manera alternativa a la consagrada para los instrumentos privados, aún los mercantiles, en el art. 464 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, de manera que, cumplidas las condiciones establecidas en la ley, la factura deviniera en un título ejecutivo.

Según tendremos de revisar de manera más exhaustiva, para materializar los procedimientos de transferencia y preparación de la vía ejecutiva, la Ley Nº 19.983 impone al emisor de la factura la obligación de emitir una copia adicional de la misma, la cual, extendida de conformidad con la ley, por sí misma o acompañada de los documentos adicionales en que conste la recepción de los bienes o servicios adquiridos o contratados –guía o guías de despacho–, podrá ser transferida en dominio y a su vez permitirá el cobro ejecutivo del crédito consignado en ella.

A pesar de la importancia que esta ley ha significado para el tráfico jurídico, y conforme ya lo hemos referido, aún en nuestros días, a casi 20 años de haberse incorporado las referidas instituciones a nuestro sistema normativo, ni el Código de Comercio, ni el Código Tributario, ni tampoco la Ley Nº 19.983 y sus sucesivas modificaciones, han sido capaces de elaborar un concepto de alcance general que recoja lo que ha de entenderse por factura en cuanto instrumento de circulación comercial

I. Teoría General de la Factura

1. Concepto y consideraciones de la Factura para nuestro Ordenamiento

2. Principales referencias normativas a la factura

II. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES NORMATIVOS

III. LA FACTURA A PARTIR DE LA LEY Nº 19.983

1. Aspectos generales

2. La estructura del título y la aptitud circulatoria de la factura
2.1. El soporte material
2.2. La declaración documental
2.3. Aptitud circulatoria de la factura
2.4. El vencimiento de la factura
2.5. El pago del título a 30 días. La factura ante la administración

IV. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO Y SU RELACIÓN CON LA FACTURA

1. Aspectos generales
1.1. La necesariedad
1.2. La Literalidad
1.2.1. Aspectos sustantivos
1.2.2. El momento de la literalidad
1.3. Autonomía

V. DE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO Y SU RELACIÓN CON LA FACTURA

1. Consideraciones previas

2. La causalidad o abstracción de la factura como título de crédito ante la jurisprudencia nacional

3. La causalidad del título

VI. CUESTIONES SUSTANTIVAS DE LA FACTURA EN LA LEY Nº 19.983

1. La recepción de la factura y su trascendencia en la configuración del título

2. La aceptación irrevocable de la factura
2.1. Aspectos generales y precisiones sustantivas
2.2. La aceptación irrevocable ante la jurisprudencia actual
2.3. Bases para una discusión necesaria

3. La cesión del crédito contenido en la factura
3.1. Aspectos normativos
3.2. La protección a la libre cesibilidad de la factura

4. La prenda sobre facturas
4.1. Planteamiento del problema
4.2. Aspectos generales y precisiones sustantivas
4.3. Alcances básicos y necesarios de la prenda sin desplazamiento a propósito de los créditos nominativos
4.4. La doctrina jurisprudencial
4.5. Análisis y propuestas para una discusión
4.6. Nuestra opinión

VII. LA FACTURA ELECTRÓNICA

1. Aspectos generales

2. Antecedentes normativos para la discusión

3. Los títulos valores informáticos, electrónicos o telemáticos como fundamento dogmático del análisis

4. El principio de equivalencia funcional como elemento base de la electronificación
4.1. Los principios del Comercio Electrónico (CE) en general
4.2. La equivalencia funcional. Delimitación conceptual
4.3. La equivalencia funcional en la LFE

5. La recepción de la factura electrónica en la Ley Nº 19.983
5.1. Aspectos generales
5.2. La factura electrónica como equivalente funcional
5.3. La aceptación irrevocable de la factura electrónica
5.4. El acuse de recibo electrónico
5.5. La cesión del crédito por medios electrónicos

VIII. LA FACTURA EN EL JUICIO EJECUTIVO

1. Cuestiones Generales

2. La distinción entre excepciones reales y causales
2.1. Importancia de la calificación
2.2. La distinción ante la jurisprudencia

3. La excepción de falta (total o parcial) de entrega de las mercaderías o falta de prestación del servicio
3.1. Cuestiones generales
3.2. Las excepciones del juicio ejecutivo a propósito de la factura

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Autor: Maximiliano Escobar Saavedra
Editorial: Thomson Reuters
Numero de Paginas: 178
Año de publicación: 2023

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Autor: Maximiliano Escobar Saavedra Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 178 Año de publicación: 2023
Autor: Gianni Egidio Piva Torres Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 240 Año de publicación: 2022Autor: Felipe Silva Urra Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 131 Año de publicación: 2022Autor: Editorial Hammurabi Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 209 Año de publicación: 2022Autora: Cynthia Salamanca Leal Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 100 Año de publicación: 2022Autor: Carlos Garrido Chacana Editorial: Metropolitana  Numero de Paginas: 1200 Año de publicación: 2022
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1. Concepto y consideraciones de la Factura para nuestro Ordenamiento

A pesar de la importancia que la factura ha adquirido en los últimos años para el tráfico mercantil, nuestro Ordenamiento no ha definido a este título. No obstante podemos señalar que la factura es un documento comercial, contable y tributario que debe ser emitido tanto por vendedores como por prestadores de servicios por las operaciones que efectúen, y que sirve de comprobante de las ventas realizadas o de los servicios prestados con indicación de sus condiciones, modalidades y precio pactado.

Este instrumento, encuentra una primera referencia normativa en el Código de Comercio (CCo) preceptos que lo consagran como un medio de prueba idóneo para acreditar la existencia del contrato de compraventa o de prestación de servicios que hubiera dado lugar a la emisión de la factura. Por su parte, el Código Tributario, además de su legislación complementaria contemplan a la factura como un documento de carácter tributario, estableciendo las formalidades, oportunidad y obligatoriedad de su emisión.

El año 2004 (Diario Oficial de 15 de diciembre de 2004), en razón de la creciente importancia que la factura fue adquiriendo en el comercio nacional e internacional, se dictó la Ley Nº 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo al referido instrumento, y que vino a entrar en vigencia el 15 de abril del año 2005.

La iniciativa que dio lugar a este cuerpo legal se propuso dotar de nuevas y más eficaces características a la factura, por ser este el documento que acompaña la mayor parte de las transacciones u operaciones de compraventa y de prestación de servicios que se celebran, de manera que su transferencia implicara el cumplimiento de formalidades que no retrasaran sustancialmente el desarrollo de la operación, por una parte, y que por otra, su cobro, en caso de morosidad, pudiera ser ejecutado a través de un procedimiento más expedito que el existente hasta ese momento.

Al efecto, la Ley consideró un sistema único que, con la concurrencia de los requisitos y condiciones establecidos en ella, permitieran al legítimo tenedor de una nueva copia del título (cuarta copia), ceder el crédito y los derechos de que diera cuenta la factura, a un tercero; y de otra parte, demandar el cobro en juicio ejecutivo de las obligaciones que constan en la factura cuyo deudor se encuentre en mora.

Estas alternativas que la Ley Nº 19.983 consagró normativamente, se lograron mediante el establecimiento de un sistema especial de cesión de los créditos contenidos en facturas, desde que las disposiciones legales sobre cesión de créditos personales o nominativos contenidas en el Código Civil, las normas del Código de Comercio para la transferencia de títulos endosables o al portador que provinieran de actos de comercio, así como las formas de transferencia de la Ley Nº 18.092, no respondían a la particular naturaleza de las facturas y a las características que este documento había adquirido a lo largo de los años de uso en las relaciones entre vendedores o prestadores de servicios con compradores o beneficiarios.

Fue el escenario descrito lo que trajo consigo una esperada modificación a nuestro Ordenamiento, consagrando normas específicas para la factura, a fin de que este instrumento estuviere a la altura de los desafíos del comercio moderno, dotando a su cesión de mayor agilidad y certeza, estableciendo en lo esencial, según tendremos oportunidad de revisar, una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, que operara de manera alternativa a la consagrada para los instrumentos privados, aún los mercantiles, en el art. 464 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, de manera que, cumplidas las condiciones establecidas en la ley, la factura deviniera en un título ejecutivo.

Según tendremos de revisar de manera más exhaustiva, para materializar los procedimientos de transferencia y preparación de la vía ejecutiva, la Ley Nº 19.983 impone al emisor de la factura la obligación de emitir una copia adicional de la misma, la cual, extendida de conformidad con la ley, por sí misma o acompañada de los documentos adicionales en que conste la recepción de los bienes o servicios adquiridos o contratados –guía o guías de despacho–, podrá ser transferida en dominio y a su vez permitirá el cobro ejecutivo del crédito consignado en ella.

A pesar de la importancia que esta ley ha significado para el tráfico jurídico, y conforme ya lo hemos referido, aún en nuestros días, a casi 20 años de haberse incorporado las referidas instituciones a nuestro sistema normativo, ni el Código de Comercio, ni el Código Tributario, ni tampoco la Ley Nº 19.983 y sus sucesivas modificaciones, han sido capaces de elaborar un concepto de alcance general que recoja lo que ha de entenderse por factura en cuanto instrumento de circulación comercial

I. Teoría General de la Factura

1. Concepto y consideraciones de la Factura para nuestro Ordenamiento

2. Principales referencias normativas a la factura

II. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES NORMATIVOS

III. LA FACTURA A PARTIR DE LA LEY Nº 19.983

1. Aspectos generales

2. La estructura del título y la aptitud circulatoria de la factura 2.1. El soporte material 2.2. La declaración documental 2.3. Aptitud circulatoria de la factura 2.4. El vencimiento de la factura 2.5. El pago del título a 30 días. La factura ante la administración

IV. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO Y SU RELACIÓN CON LA FACTURA

1. Aspectos generales 1.1. La necesariedad 1.2. La Literalidad 1.2.1. Aspectos sustantivos 1.2.2. El momento de la literalidad 1.3. Autonomía

V. DE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO Y SU RELACIÓN CON LA FACTURA

1. Consideraciones previas

2. La causalidad o abstracción de la factura como título de crédito ante la jurisprudencia nacional

3. La causalidad del título

VI. CUESTIONES SUSTANTIVAS DE LA FACTURA EN LA LEY Nº 19.983

1. La recepción de la factura y su trascendencia en la configuración del título

2. La aceptación irrevocable de la factura 2.1. Aspectos generales y precisiones sustantivas 2.2. La aceptación irrevocable ante la jurisprudencia actual 2.3. Bases para una discusión necesaria

3. La cesión del crédito contenido en la factura 3.1. Aspectos normativos 3.2. La protección a la libre cesibilidad de la factura

4. La prenda sobre facturas 4.1. Planteamiento del problema 4.2. Aspectos generales y precisiones sustantivas 4.3. Alcances básicos y necesarios de la prenda sin desplazamiento a propósito de los créditos nominativos 4.4. La doctrina jurisprudencial 4.5. Análisis y propuestas para una discusión 4.6. Nuestra opinión

VII. LA FACTURA ELECTRÓNICA

1. Aspectos generales

2. Antecedentes normativos para la discusión

3. Los títulos valores informáticos, electrónicos o telemáticos como fundamento dogmático del análisis

4. El principio de equivalencia funcional como elemento base de la electronificación 4.1. Los principios del Comercio Electrónico (CE) en general 4.2. La equivalencia funcional. Delimitación conceptual 4.3. La equivalencia funcional en la LFE

5. La recepción de la factura electrónica en la Ley Nº 19.983 5.1. Aspectos generales 5.2. La factura electrónica como equivalente funcional 5.3. La aceptación irrevocable de la factura electrónica 5.4. El acuse de recibo electrónico 5.5. La cesión del crédito por medios electrónicos

VIII. LA FACTURA EN EL JUICIO EJECUTIVO

1. Cuestiones Generales

2. La distinción entre excepciones reales y causales 2.1. Importancia de la calificación 2.2. La distinción ante la jurisprudencia

3. La excepción de falta (total o parcial) de entrega de las mercaderías o falta de prestación del servicio 3.1. Cuestiones generales 3.2. Las excepciones del juicio ejecutivo a propósito de la factura

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Descripción
El presente diccionario, es concebido como una herramienta que contribuirá con los abogados, estudiantes de derechos y ciencias afines, brindando un detallado análisis de los diversos conceptos que lo integran. El DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, incluye una destacada visión de los conceptos jurídicos, resaltándose que se incluyen en el mismo concepto modernos de reciente data para el derecho, como los derivados de las redes sociales. Inspirado en el derecho hispano, recoge la presente obra, vocabulario de diversos países de nuestro continente, y en especial referencia al castellano, como idioma oficial de nuestros países. En este diccionario, el lector encontrar conceptos de las diversas ramas que inteIndice-Libro-DdCJran las ciencias jurídicas y de aquellas que le son afines. En fin, la presente obra, es de carácter amplio, ya que no solo se circunscribe al saber del derecho, sino se integran conceptos de ciencias afines, como la criminalística, criminología, y medicina legal, entre otras. En Valencia del Rey a los 10 días de mes de Septiembre del año 2022.
Descripción
LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL Historia, doctrina y jurisprudencia La presente investigación tiene por objeto sistematizar la historia, doctrina y jurisprudencia sobre el derecho a la objeción de conciencia como un derecho fundamental del ser humano emanado del derecho a la libertad de conciencia. Se analiza desde diferentes perspectivas, ya que la objeción de conciencia es parte intrínseca del ser humano en su factor espiritual, moral, religioso, social, cultura, su papel en la historia y sobre todo en su relación con el derecho público, tanto internacional, a través de los diversos órganos y tratados internacionales de derechos humanos, como su desarrollo a nivel nacional (constitucional y administrativo) en un análisis de los más importantes órganos, instancias y jurisprudencia tanto judicial como administrativa. Se trata en definitiva, de una monografía destinada principalmente a estudiantes, académicos, como también una base doctrinal para la catedra de filosofía del derecho, derechos humanos o fundamentales y la catedra de libertad de conciencia.
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Descripción
Visión Jurisprudencial de las SERVIDUMBRES ELÉCTRICAS
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Descripción
RESPONSABILIDAD CIVIL POR MEDICAMENTOS DEFECTUOSOS
El presente trabajo tiene por objeto analizar críticamente la regulación de la responsabilidad civil por producto farmacéutico defectuoso en Chile. Al respecto, es la Ley N° 20.850, que crea un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y Rinde Homenaje Póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos, la que incorporó el Título VI al Libro IV del Código Sanitario, a través del cual se regula inéditamente la responsabilidad derivada de los daños ocasionados por medicamentos defectuosos, tanto en el campo de la investigación científica en seres humanos, como en relación a los productos farmacéuticos que han o están siendo comercializados. Sin embargo, a lo largo de este trabajo se viene advirtiendo cómo esta regulación ha sido inadecuada para abordar un tema de esta complejidad. Así, mediante una investigación exploratoria que sigue el método dogmático se intentará exponer las deficiencias originadas en una inadecuada utilización de la técnica legislativa, explicando cómo ellas se constituyen en problemas en la regulación de este tipo de responsabilidad, y que se verifican en aspectos tales como diferencias que devienen en arbitrarias al momento de establecer el factor de imputación o de iniciar el cómputo del plazo de prescripción, además de imponer una carga probatoria de sumo difícil para la víctima, limitando su posibilidad de accionar.
Descripción
Dada la instauración del nuevo régimen proteccional de los derechos del niño, niña y adolescente por la Ley Nº 21.430 y su trascendencia para efectos de la determinación, adopción y ejecución de las distintas medidas de protección, es que se presenta este estudio de los aspectos más relevantes de tal cuerpo legal. Al establecer un nuevo Sistema de Garantías y de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la ley propuso un régimen proteccional que supone la interacción de un conjunto de políticas, instituciones y normas para dichos fines. De ahí, que a modo de comprender los límites de la funciones administrativa y jurisdiccional en tal Sistema el autor hace un análisis completo del régimen instaurado por este cuerpo legal. Es así, que el trabajo que desarrolla en estas páginas busca exponer los principales pormenores del Sistema a fin de proporcionar a sus lectores una visión más o menos completa de aquel para efectos de establecer sus implicancias prácticas. Dentro de las “Normas Generales” de la Ley Nº 21.430 podemos destacar una clara definición de los principales objetivos de la ley como de los obligados por aquella y de las reglas para la aplicación e interpretación de las leyes y normas reglamentarias relativas a los derechos del niño, niña y adolescente. En armonía con lo anterior, dentro de “Principios, Derechos y Garantías” se verán de forma pormenorizada los principios, derechos y garantías que reconoce la ley a los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, en el título relativo a la “Protección Integral” -desarrollada en 4 párrafos-, entre otras cuestiones de interés, se estudiarán los principios rectores de los procesos de protección; las reglas generales para la adopción y aplicación de las medidas reconocidas; los deberes del Estado en relación a la protección integral de los niños (…); las Oficinas Locales de la Niñez, sus funciones y competencias; y las medidas de protección administrativa, los órganos competentes para su adopción, el procedimiento de protección administrativa, la revisión de las medidas, etc. Por último, y como se señaló en un comienzo, por medio de la obra el autor buscó proporcionar un resumen de los principales aspectos de interés de la Ley Nº 21.430, de forma tal, de facilitar la mejor comprensión a sus lectores. ÍNDICE Introducción 1. Estructura de la Ley N° 21.430 (sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia) Normas Generales 1.a.1. Objetivos de la Ley 1.a.1.a. Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 1.a.1.a.1. Características del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 1.a.1.b. Concepto de niño, niña y adolescente 1.a.1.c. Sujetos pasivos 1.a.1.c.1. Rol de la familia 1.a.1.c.2. Rol de la sociedad en general 1.a.1.c.3. Rol de los órganos de la Administración del Estado 1.a.1.c.3.a. Infracción de los órganos del Estado a los deberes que les impone la ley 1.a.2. Aplicación e interpretación de las leyes y normas reglamentarias relativas a los derechos del niño, niña o adolescente. Principales Aspectos de la Ley Nº 21.430 1.a.2.a. Reglas Especiales de Interpretación de la Ley 1.a.2.b. Aplicación de la Ley 1.b. Principios, Derechos y Garantías 1.b.1. De los principios 1.b.1.a. Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho 1.b.1.b. Interés superior del niño, niña o adolescente 1.b.1.c. Igualdad y no discriminación arbitraria 1.b.1.c.1. Deberes de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.d. Fortalecimiento del rol protector de la familia 1.b.1.d.1. Deber del Estado en función del principio 1.b.1.e. Derecho y deber preferente de los padres y/o madres a educar y cuidar a sus hijos 1.b.1.e.1. Deber del Estado en función del principio 1.b.1.f. Autonomía progresiva 1.b.1.g. Efectividad de los derechos 1.b.1.h. Perspectiva de género 1.b.1.i. Responsabilidad de la Administración del Estado 1.b.1.j. Protección social 1.b.1.j.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio. 1.b.1.k. Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de consideración prioritaria 1.b.1.l. Progresividad y no regresividad de los derechos 1.b.1.l.1. Deber del Estado en función del principio 1.b.1.m. Participación social 1.b.1.m.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.n. Inclusión 1.b.1.n.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.ñ. Difusión permanente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 1.b.1.ñ.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.o. Intersectorialidad 1.b.1.p. Participación y colaboración ciudadana . 1.b.2. De los derechos y garantías. 1.b.2.a. Ejercicio de los Derechos Civiles y Políticos 1.b.2.a.1. Deber de los órganos del Estado en función del ejercicio de tales derechos. 1.b.2.b. Derecho a la vida 1.b.2.b.1. Deber del Estado en función del derecho 1.b.2.c. Derecho a un nivel de vida, desarrollo y entorno adecuado 1.b.2.c.1. Deberes de los padres en función del derecho 1.b.2.c.2. Deberes de los órganos del Estado en función del derecho 1.b.2.d. Derecho a la identidad 1.b.2.e. Derecho a vivir en familia . 1.b.2.e.1. Deberes del Estado en función del derecho. 1.b.2.f. Derecho a ser oído. 1.b.2.g. Derecho a la libertad de expresión y comunicación 1.b.2.g.1. Deberes del Estado y de los prestadores de servicios de telecomunicaciones en función de los derechos descritos 1.b.2.h. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión 1.b.2.h.1. Deber del Estado en función del derecho. 1.b.2.i. Derecho a la libertad de asociación y de reunión. 1.b.2.j. Derecho a la participación 1.b.2.j.1. Deber de los órganos del Estado en función del derecho 1.b.2.k. Derecho a la vida privada y a la protección de datos personales. 1.b.2.k.1. Deber de los funcionarios públicos, las organizaciones de la sociedad civil en función del derecho . 1.b.2.l. Derecho a la honra, intimidad y propia imagen. 1.b.2.l.1. Deberes que se imponen en función de tales derechos. 1.b.2.m. Derecho a la información 1.b.2.m.1. Deberes del Estado en función del derecho. 1.b.2.n. Derecho a la protección contra la violencia 1.b.2.ñ. Derecho a la protección contra la explotación económica, la explotación sexual comercial y el trabajo infantil 1.b.2.ñ.1. Deberes de los órganos del Estado en función del derecho 1.b.2.o. Derecho a la salud y a los servicios de salud 1.b.2.o.1. Deberes del Estado en función del derecho. 1.b.2.p. Derecho a atención médica de emergencia. 1.b.2.p.1. Deberes de los centros y servicios de salud en función del derecho. 1.b.2.q. Derecho a la información sobre la salud y el consentimiento informado 1.b.2.q.1. Deberes de los prestadores de salud en función del derecho . 1.b.2.r. Derecho a la educación. 1.b.2.r.1. Deberes del Estado y sus órganos en función del derecho 1.b.2.s. Derecho a la atención a la diversidad educativa . 1.b.2.s.1. Deberes del Estado y sus órganos en función del derecho . 1.b.2.t. Derecho a la seguridad social. 1.b.2.t.1. Deber y restricción en función del derecho. 1.b.2.u. Derecho a la recreación, al deporte y a la participación en la vida cultural y en las artes. 1.b.2.v. Derecho a medidas de prevención y protección del embarazo, maternidad y paternidad 1.b.2.w. Derecho a zonas y equipamientos recreativos. 1.b.2.x. Derechos y deberes en el espacio urbano. 1.b.2.y. Derecho a vivir en un medio ambiente saludable y sostenible, a conocerlo y a disfrutar de él 1.b.2.y.1. Deberes del Estado y de sus órganos en función del derecho . 1.b.2.z. Derecho a la libertad personal y ambulatoria 1.b.2.z.a. Derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva y especialización. 1.b.2.z.a.1. Deberes del Estado y sus órganos en función de los derechos vistos 1.b.2.z.b. Derecho a protección reforzada ante vulneración de derechos y conflicto con la ley. 1.b.2.z.b.1. Rol del Estado y otros órganos en función del derecho . 1.b.2.z.c. Derecho a la protección internacional 1.b.2.z.c.1. Deberes de ciertas autoridades en función del derecho 1.b.2.z.d. Derecho a la protección y defensa como consumidores y usuarios. 1.b.2.z.e. Derecho a bienes, productos o servicios suficientemente seguros para garantizar su inocuidad. 1.b.2.z.f. Derecho a una publicidad responsable 1.b.3. Deberes y responsabilidades. 1.c. De la protección integral. 1.c.1. Normas de aplicación general . 1.c.1.a. Definiciones.. 1.c.1.a.1. Medios de acción . 1.c.1.a.2. Ámbitos de acción. 1.c.1.a.3. Protección especial . 1.c.1.a.4. Procedimiento de la protección de derechos. 1.c.1.a.5. Protección judicial. 1.c.1.a.5.a. Competencia de los Tribunales de Familia en materia de protección de derechos. 1.c.1.a.6. Otras cuestiones vinculadas a la Protección Judicial y Administrativa . 1.c.1.b. Principios rectores de los procesos de protección de derechos. 1.c.1.c. Reglas generales para la adopción y aplicación de medidas de protección administrativas y judiciales. 1.c.1.d. Acción de tutela administrativa de derechos. 1.c.2. Deberes de la administración del Estado . 1.c.3. De las Oficinas Locales de la Niñez. 1.c.3.a. Funciones de las Oficinas Locales de la Niñez . 1.c.3.b. Competencia de las Oficinas Locales de la Niñez. 1.c.4. De las medidas de protección administrativas Cuestión previa . 1.c.4.a. Medidas de protección administrativa . 1.c.4.b. Legalidad de las medidas de protección. 1.c.4.c. Órganos competentes para la adopción de medidas de protección administrativas . 1.c.4.d. Medidas ante el incumplimiento de las medidas de protección administrativas . 1.c.4.e. Derivación de casos entre sedes administrativa y judicial . 1.c.4.f. Procedimiento de protección administrativa 1.c.4.g. Revisión de medidas. 1.c.4.h. Acción de reclamación por ilegalidad. 1.d. Institucionalidad 1.d.1. Institucionalidad del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia . 1.e. De la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción .
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