Estatuto Administrativos Para Funcionarios Municipales- Doctrina y Jurisprudencia

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Esta obra se constituye como una herramienta práctica fundamental para todos los operadores que se desempeñan en la administración local en Chile, incluyendo a nuestros alcaldes, concejales, directores y, desde luego, a los propios funcionarios públicos municipales.

La estructura y orden en que se presenta el contenido busca facilitar su análisis y comprensión, sumado a la incorporación de una selección de jurisprudencia judicial y administrativa de la Contraloría General de la República más relevante —que ha sido revisada y actualizada para esta edición— son elementos que, reunidos y articulados por sus autores, se transforman en una obra indispensable para el estudio de esta materia.

CAPÍTULO I
ASPECTOS DOCTRINARIOS GENERALES

1. Aproximaciones al concepto de Estatuto Administrativo

2. Funcionario público

3. Vínculo jurídico estatutario

4. Carrera Funcionaria

5. Personal afecto al Código del Trabajo

 

6. Contratos de honorarios
6.1. Aspectos generales
6.2. Algunos alcances de la Contraloría General de la República en relación con los contratos de honorarios
A) En cuanto a la naturaleza
B) En cuanto a los derechos que se pueden conceder a los trabajadores a honorarios
C) En cuanto a cumplimiento de una jornada de trabajo
D) Cometidos que se pueden encomendar a honorarios
E) De la duración y término del contrato
F) Artículos 74 y siguientes de la ley N° 21.526

7. Contratación a honorarios para la prestación de servicios en programas comunitarios

8. Acerca del principio de confianza legítima
8.1. Fundamentos constitucionales del principio de confianza legítima
8.2. Fundamentos a nivel legislativo y vía principios generales del derecho del principio de confianza legítima
8.3. El principio de confianza legítima y su aplicación en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República
8.4. El principio de confianza legítima y su aplicación en la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia
8.5. El cambio de criterio de la Corte Suprema en relación a la duración del vínculo de la contrata para la aplicación del principio de confianza legítima
8.6. Consideraciones finales sobre el principio de confianza legítima en relación a la renovación o término del vínculo estatutario de cargos a contrata

9. Tutela laboral

CAPÍTULO II
ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES

 

Artículos 1 al 14

TÍTULO II. DE LA CARRERA FUNCIONARIA

PÁRRAFO 1° DEL INGRESO

Artículos 15 al 21

PÁRRAFO 2° DE LA CAPACITACIÓN

Artículos 22 al 28

PÁRRAFO 3° DE LAS CALIFICACIONES

Artículos 29 al 50

PÁRRAFO 4° DE LAS PROMOCIONES

Artículos 51 al 57

CAPÍTULO III
CONCEPTUALIZACIONES BÁSICAS SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES FUNCIONARIAS

1. Derechos y obligaciones de los funcionarios

2. Clasificación de los derechos fundamentales del trabajador
2.1. Derechos fundamentales laborales en sentido estricto
2.2. Derechos fundamentales del trabajador en base a la ciudadanía laboral

 

3. Obligaciones funcionarias

TÍTULO III. DE LAS OBLIGACIONES FUNCIONARIAS

PÁRRAFO 1° NORMAS GENERALES

Artículos 58 al 61

PÁRRAFO 2° DE LA JORNADA DE TRABAJO

Artículos 62 al 69

PÁRRAFO 3° DE LAS DESTINACIONES. COMISIONES DE SERVIIO Y COMETIDOS FUNCIONARIOS

Artículos 70 al 75

PÁRRAFO 4° DE LA SUBROGACIÓN

Artículos 76 al 81

PÁRRAFO 5° DE LAS PROHIBICIONES

Artículo 82

PÁRRAFO 6° DE LAS INCOMPATIBILIDADES

Artículos 83 a 86

TÍTULO IV
DE LOS DERECHOS FUNCIONARIOS

PÁRRAFO 1° NORMAS GENERALES

Artículos 87 a 91

PÁRRAFO 2° DE LAS REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES

Artículos 92 a 100

PÁRRAFO 3°. DE LAS REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES

Artículos 101 a 106

PÁRRAFO 4° DE LOS PERMISOS

Artículos 107 a 109

PÁRRAFO 5° DE LAS LICENCIAS MÉDICAS

Artículos 110 a 112

PÁRRAFO 6° DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

Artículos 110 a 117

CAPÍTULO IV
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES

1. Investigación sumaria y sumario administrativo

2. Concepto de responsabilidad administrativa

3. Principios que rigen la responsabilidad administrativa
3.1. Principio de la independencia de sanciones
3.2. Principio del debido proceso
3.3. Principio del derecho a defensa
3.4. Principio de legalidad
3.5. Principio de la proporcionalidad de las sanciones
3.6. Principio pro reo
3.7. Principio de la inexcusabilidad o desconocimiento de las obligaciones

4. Procedimientos administrativos disciplinarios. Investigación sumaria
4.1. Definición y características
4.2. Procedimiento (artículos 124 y 125 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales)

5. Sumario administrativo
5.1. Definición y características
5.2. Procedimiento (artículos 124 y 125 del Estatuto para Funcionarios Municipales)
5.3. Excepciones en que la propia Contraloría General de la República instruye investigaciones o sumarios administrativos

6. Sumarios instruidos por Contraloría General de la República

7. Responsabilidad penal funcionarios públicos
7.1. Independencia de las responsabilidades en materia penal
A) ¿Puede una misma conducta tener asignada, al mismo tiempo, una medida disciplinaria administrativa y una sanción penal?
7.2. Delitos que atentan contra la imparcialidad en el ejercicio de la función pública
A) Cohecho
a. Cohecho por el cumplimiento de un deber (artículo 248 del Código Penal)
b. Cohecho por la infracción de un deber (artículo 248 bis del Código Penal)
c. Cohecho por la comisión de un delito funcionario (artículo 249 del Código Penal)
d. Soborno (artículo 250 del Código Penal)
B) Tráfico de influencias
7.3. Delitos que atentan contra los aspectos patrimoniales de la función pública
A) Malversación de bienes o fondos
a. Sustracción de fondos (artículo 233 del Código Penal)
b. Sustracción de fondos culposa (artículo 234 del Código Penal)
c. Sustracción de fondos culposo (artículo 234 del Código Penal)
c. Sustracción de fondos con reintegro (artículo 235 del Código Penal)
d. Desviación de fondos públicos (artículo 236 del Código Penal)
e. Negativa a realizar un pago debido (artículo 237 del Código Penal)
f. Extensión de las normas anteriores a fondos municipales y establecimientos públicos de instrucción o beneficiencia (artículo 238 del Código Penal)
B) Fraude al Fisco
C) Negociación incompatible
D) El incremento patrimonial relevante e injustificado
7.4. Delitos que afectan la confianza pública depositada en los funcionarios
A) Infidelidad en la custodia de documentos
B) Violación de secretos
C) Abusos contra particulares
a) Vejaciones o apremios (artículo 255 del Código Penal)
b. Denegación de servicio (artículo 256 del Código Penal)
c. Solicitud de favores sexuales (artículos 258 y 259 del Código Penal)
7.5. Algunas normas comunes incorporadas al Código Penal por la ley N° 21.121
7.6. Delitos que afectan el buen funcionamiento de la Administración
A) Nombramientos ilegales
B) Usurpación de atribuciones
C) Resistencia y desobediencia
D) Denegación de auxilio y abandono de destino

8. Responsabilidad civil de los funcionarios públicos
8.1. Régimen de responsabilidad civil aplicable a los funcionarios públicos
8.2. Sanción aplicable a un funcionario que es responsable civilmente
8.3. Requisitos que exige la ley para aplicar la responsabilidad civil a los funcionarios
8.4. La responsabilidad civil de los funcionarios públicos
8.5. Medios existen para hacer efectiva la responsabilidad civil
8.6. Plazo de prescripción de la acción
8.7. La Contraloría General de la República y el examen de cuentas. Casos en que procede iniciar un juicio de cuentas
A) Materia de reparo
B) Objetivo del examen de los expedientes
C) Plazo de prescripción de esta acción
D) Efecto que produce el plazo de prescripción del juicio de cuentas
E) Eventual responsabilidad penal de este juicio
F) Eventual responsabilidad administrativa de este juicio
G) Integración del tribunal encargado de desarrollar el juicio de cuentas
H) Procedimiento del juicio de cuentas
8.8. ¿Cómo se puede exigir el cumplimiento de la sentencia de condena?
8.9. ¿Cuáles son las sanciones aplicables a un funcionario que incumple la obligación de pagar una cierta cantidad de dinero como consecuencia de la sentencia condenatoria?
8.10. Límite al ejercicio de la acción del juicio de cuentas

 

TÍTULO V
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Artículos 118 a 143

TÍTULO VI
DE LA CESACIÓN DE FUNCIONES

Artículos 144 a 152

TÍTULO VII
EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Artículos 153 a 155

TÍTULO FINAL
DISPOSICIONES VARIAS

Artículos 156 a 160

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículos 1 a 17

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Autores: César Rojas Ríos – Andrés Chacón Romero
Editorial: DER Ediciones
Numero de Paginas: 870
Año de publicación: 2024

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DescriptionAutores: César Rojas Ríos - Andrés Chacón Romero Editorial: DER Ediciones Numero de Paginas: 870 Año de publicación: 2024Autores: Rodrigo Silva Montes - María Oriana Martínez Lavín Editorial: EJS Numero de Paginas: 506 Año de publicación: 2022Autor: Juan Carlos Flores Rivas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 352 Año de publicación: 2021Autora: María Loreto Bobadilla Toledo Editorial: EJS Año de Publicación: 2022 Paginas :132Autor: Equipo Editorial Thomson Reuters Editorial : Thomson Reuters Año de Publicación : 2022 Paginas :250Autor: Juan Ignacio Trabaglia Editorial:  Olejnik Numero de Paginas: 112 Año de publicación: 2022
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Esta obra se constituye como una herramienta práctica fundamental para todos los operadores que se desempeñan en la administración local en Chile, incluyendo a nuestros alcaldes, concejales, directores y, desde luego, a los propios funcionarios públicos municipales. La estructura y orden en que se presenta el contenido busca facilitar su análisis y comprensión, sumado a la incorporación de una selección de jurisprudencia judicial y administrativa de la Contraloría General de la República más relevante —que ha sido revisada y actualizada para esta edición— son elementos que, reunidos y articulados por sus autores, se transforman en una obra indispensable para el estudio de esta materia. CAPÍTULO I ASPECTOS DOCTRINARIOS GENERALES 1. Aproximaciones al concepto de Estatuto Administrativo 2. Funcionario público 3. Vínculo jurídico estatutario 4. Carrera Funcionaria 5. Personal afecto al Código del Trabajo   6. Contratos de honorarios 6.1. Aspectos generales 6.2. Algunos alcances de la Contraloría General de la República en relación con los contratos de honorarios A) En cuanto a la naturaleza B) En cuanto a los derechos que se pueden conceder a los trabajadores a honorarios C) En cuanto a cumplimiento de una jornada de trabajo D) Cometidos que se pueden encomendar a honorarios E) De la duración y término del contrato F) Artículos 74 y siguientes de la ley N° 21.526 7. Contratación a honorarios para la prestación de servicios en programas comunitarios 8. Acerca del principio de confianza legítima 8.1. Fundamentos constitucionales del principio de confianza legítima 8.2. Fundamentos a nivel legislativo y vía principios generales del derecho del principio de confianza legítima 8.3. El principio de confianza legítima y su aplicación en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República 8.4. El principio de confianza legítima y su aplicación en la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia 8.5. El cambio de criterio de la Corte Suprema en relación a la duración del vínculo de la contrata para la aplicación del principio de confianza legítima 8.6. Consideraciones finales sobre el principio de confianza legítima en relación a la renovación o término del vínculo estatutario de cargos a contrata 9. Tutela laboral CAPÍTULO II ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES   Artículos 1 al 14 TÍTULO II. DE LA CARRERA FUNCIONARIA PÁRRAFO 1° DEL INGRESO Artículos 15 al 21 PÁRRAFO 2° DE LA CAPACITACIÓN Artículos 22 al 28 PÁRRAFO 3° DE LAS CALIFICACIONES Artículos 29 al 50 PÁRRAFO 4° DE LAS PROMOCIONES Artículos 51 al 57 CAPÍTULO III CONCEPTUALIZACIONES BÁSICAS SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES FUNCIONARIAS 1. Derechos y obligaciones de los funcionarios 2. Clasificación de los derechos fundamentales del trabajador 2.1. Derechos fundamentales laborales en sentido estricto 2.2. Derechos fundamentales del trabajador en base a la ciudadanía laboral   3. Obligaciones funcionarias TÍTULO III. DE LAS OBLIGACIONES FUNCIONARIAS PÁRRAFO 1° NORMAS GENERALES Artículos 58 al 61 PÁRRAFO 2° DE LA JORNADA DE TRABAJO Artículos 62 al 69 PÁRRAFO 3° DE LAS DESTINACIONES. COMISIONES DE SERVIIO Y COMETIDOS FUNCIONARIOS Artículos 70 al 75 PÁRRAFO 4° DE LA SUBROGACIÓN Artículos 76 al 81 PÁRRAFO 5° DE LAS PROHIBICIONES Artículo 82 PÁRRAFO 6° DE LAS INCOMPATIBILIDADES Artículos 83 a 86 TÍTULO IV DE LOS DERECHOS FUNCIONARIOS PÁRRAFO 1° NORMAS GENERALES Artículos 87 a 91 PÁRRAFO 2° DE LAS REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES Artículos 92 a 100 PÁRRAFO 3°. DE LAS REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES Artículos 101 a 106 PÁRRAFO 4° DE LOS PERMISOS Artículos 107 a 109 PÁRRAFO 5° DE LAS LICENCIAS MÉDICAS Artículos 110 a 112 PÁRRAFO 6° DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Artículos 110 a 117 CAPÍTULO IV DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES 1. Investigación sumaria y sumario administrativo 2. Concepto de responsabilidad administrativa 3. Principios que rigen la responsabilidad administrativa 3.1. Principio de la independencia de sanciones 3.2. Principio del debido proceso 3.3. Principio del derecho a defensa 3.4. Principio de legalidad 3.5. Principio de la proporcionalidad de las sanciones 3.6. Principio pro reo 3.7. Principio de la inexcusabilidad o desconocimiento de las obligaciones 4. Procedimientos administrativos disciplinarios. Investigación sumaria 4.1. Definición y características 4.2. Procedimiento (artículos 124 y 125 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales) 5. Sumario administrativo 5.1. Definición y características 5.2. Procedimiento (artículos 124 y 125 del Estatuto para Funcionarios Municipales) 5.3. Excepciones en que la propia Contraloría General de la República instruye investigaciones o sumarios administrativos 6. Sumarios instruidos por Contraloría General de la República 7. Responsabilidad penal funcionarios públicos 7.1. Independencia de las responsabilidades en materia penal A) ¿Puede una misma conducta tener asignada, al mismo tiempo, una medida disciplinaria administrativa y una sanción penal? 7.2. Delitos que atentan contra la imparcialidad en el ejercicio de la función pública A) Cohecho a. Cohecho por el cumplimiento de un deber (artículo 248 del Código Penal) b. Cohecho por la infracción de un deber (artículo 248 bis del Código Penal) c. Cohecho por la comisión de un delito funcionario (artículo 249 del Código Penal) d. Soborno (artículo 250 del Código Penal) B) Tráfico de influencias 7.3. Delitos que atentan contra los aspectos patrimoniales de la función pública A) Malversación de bienes o fondos a. Sustracción de fondos (artículo 233 del Código Penal) b. Sustracción de fondos culposa (artículo 234 del Código Penal) c. Sustracción de fondos culposo (artículo 234 del Código Penal) c. Sustracción de fondos con reintegro (artículo 235 del Código Penal) d. Desviación de fondos públicos (artículo 236 del Código Penal) e. Negativa a realizar un pago debido (artículo 237 del Código Penal) f. Extensión de las normas anteriores a fondos municipales y establecimientos públicos de instrucción o beneficiencia (artículo 238 del Código Penal) B) Fraude al Fisco C) Negociación incompatible D) El incremento patrimonial relevante e injustificado 7.4. Delitos que afectan la confianza pública depositada en los funcionarios A) Infidelidad en la custodia de documentos B) Violación de secretos C) Abusos contra particulares a) Vejaciones o apremios (artículo 255 del Código Penal) b. Denegación de servicio (artículo 256 del Código Penal) c. Solicitud de favores sexuales (artículos 258 y 259 del Código Penal) 7.5. Algunas normas comunes incorporadas al Código Penal por la ley N° 21.121 7.6. Delitos que afectan el buen funcionamiento de la Administración A) Nombramientos ilegales B) Usurpación de atribuciones C) Resistencia y desobediencia D) Denegación de auxilio y abandono de destino 8. Responsabilidad civil de los funcionarios públicos 8.1. Régimen de responsabilidad civil aplicable a los funcionarios públicos 8.2. Sanción aplicable a un funcionario que es responsable civilmente 8.3. Requisitos que exige la ley para aplicar la responsabilidad civil a los funcionarios 8.4. La responsabilidad civil de los funcionarios públicos 8.5. Medios existen para hacer efectiva la responsabilidad civil 8.6. Plazo de prescripción de la acción 8.7. La Contraloría General de la República y el examen de cuentas. Casos en que procede iniciar un juicio de cuentas A) Materia de reparo B) Objetivo del examen de los expedientes C) Plazo de prescripción de esta acción D) Efecto que produce el plazo de prescripción del juicio de cuentas E) Eventual responsabilidad penal de este juicio F) Eventual responsabilidad administrativa de este juicio G) Integración del tribunal encargado de desarrollar el juicio de cuentas H) Procedimiento del juicio de cuentas 8.8. ¿Cómo se puede exigir el cumplimiento de la sentencia de condena? 8.9. ¿Cuáles son las sanciones aplicables a un funcionario que incumple la obligación de pagar una cierta cantidad de dinero como consecuencia de la sentencia condenatoria? 8.10. Límite al ejercicio de la acción del juicio de cuentas   TÍTULO V DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Artículos 118 a 143 TÍTULO VI DE LA CESACIÓN DE FUNCIONES Artículos 144 a 152 TÍTULO VII EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Artículos 153 a 155 TÍTULO FINAL DISPOSICIONES VARIAS Artículos 156 a 160 ARTÍCULOS TRANSITORIOS Artículos 1 a 17
Migrar, es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales, en consecuencia, el proceso de inmigración tiene dos aspectos fundamentales para las personas: Tomar la decisión de irse y elegir el lugar donde instalarse. Chile ha mantenido a través de su historia la atracción para personas que buscan nuevas oportunidades y que han entregado su aporte al desarrollo de la tierra que los acogió. El 20 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.325, denominada Ley de Migración y Extranjería. Se trata de un intento de legislación orgánica del tema; deroga varios cuerpos legales y modifica otros tantos. Nuestra legislación, y esta ley en particular (Título XIII), también se ocupa de los chilenos en el exterior

Abre el presente libro el capítulo I que recoge el artículo “Licitación pública: ¿Es el procedimiento ordinario de contratación administrativa?”. En este artículo se trata de contestar la interrogante de si la licitación pública es el procedimiento general para formar la voluntad contractual del Estado o si las causales de licitación privada o el trato directo son lo suficientemente amplias para que el Estado puede eximirse de la licitación pública. Se arriba a la conclusión de que algunas de las causales de trato directo, en la forma que se encuentran reguladas, son demasiado amplias y que deben ser revisadas para impedir que se sorteen la licitación sin una motivación suficiente.

En el capítulo II se pasa revista a los principios de la licitación pública. En primer lugar, se analiza el principio de libre concurrencia de los oferentes, el sistema de registro de los oferentes para limitar las ofertas temerarias y seleccionar la oferta más conveniente. A su vez, se analizan las prácticas atentatorias de la libre concurrencia, extraídas de la práctica administrativa y de la jurisprudencia administrativa. En segundo lugar, revisamos el principio de igualdad de los oferentes tanto al momento de selección del contratista como durante la ejecución del contrato administrativo. Finalmente, se analiza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, sus límites y relación con otros principios de la licitación pública.

En el capítulo III se analiza desde una visión crítica la inhabilidad regulada en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Se analizan cómo las nuevas exigencias derivadas de la contratación administrativa estratégica, mediante la cual el Estado incorpora elementos exógenos para satisfacer necesidades tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas licitantes o el respeto del medio ambiente, pueden generar impactos complejos en la contratación administrativa.

En el capítulo IV relativo a las bases de licitación como medio de prueba en la litigación pública contractual, planteamos la tesis de que las bases de licitación no son el único medio de prueba válido para acreditar el sentido y alcance de las obligaciones contractuales, no obstante, su importancia. Esta tesis se funda en que generalmente la estructura y articulación de las bases de licitación es un rol que le corresponde íntegramente al Estado, que se puede convertir en un instrumento perverso para diagnosticar el cumplimiento o incumplimiento ocurrido durante la ejecución del contrato administrativo.

En el capítulo V se estudia el principio de probidad administrativa en la fase de evaluación de ofertas de la licitación pública. Sustentamos que las licitaciones públicas deben regirse por el principio de buena fe, bajo la creencia objetiva de que sus miembros deben actuar con honradez y sujetos a una conducta recta, en el sentido de privilegiar el interés público sobre el privado al momento de seleccionar la oferta más conveniente para la satisfacción de la necesidad pública, quedando prohibida la incorporación de elementos o la omisión de requisitos no previstos ni en la ley ni en las bases de licitación, que puedan generar situaciones de privilegios entre los oferentes.

En el capítulo VI se analiza el régimen jurídico que regula la contratación administrativa de las empresas públicas en nuestro Derecho Administrativo, en sus distintas etapas, a saber, licitación, ejecución y terminación. Específicamente, se analiza si los contratos suscritos por las distintas empresas públicas existentes en nuestro país se encuentran sometidas exclusivamente a “la legislación común aplicable a los particulares” o las empresas públicas en su actividad contractual deben respetar ciertas normas y principios del derecho administrativo, como cualquier órgano que integra la Administración Pública.

El capítulo VII tiene por objeto analizar la tesis sustentada por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema, que afirman que las multas en los contratos administrativos ostentan la naturaleza de cláusulas penales de origen contractual, y cuya aplicación se canaliza a través de la simple ejecución de una cláusula contractual.

Con la publicación y entrada en vigor de la Ley N°21.325, de Migración y Extranjería, el estatuto normativo de las personas migrantes que arriban a nuestras fronteras o que ya se encuentran desarrollando sus vidas al interior del territorio nacional, se ha visto fuertemente alterado. Tal circunstancia se torna de particular relevancia cuando afecta directamente a la vida y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias. Esta obra colectiva centra su foco de atención en las principales novedades que este texto legal incorpora en nuestro ordenamiento jurídico y que inciden en el devenir diario de la niñez y la adolescencia migrante y sus contextos familiares. Todo ello sin renunciar a plantear las dudas, carencias y lagunas que del análisis de la Ley de Migración y Extranjería se han suscitado entre los diferentes autores y autoras partícipes de la misma. Confiamos que este libro se convierta en un texto de consulta obligatoria cuando de los derechos de las personas migrantes y sus familias se trate, especialmente para funcionarías y funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones, de la Subsecretaría de la Niñez, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, personal de las oficinas migrantes de las Municipalidades, profesionales y voluntarios de las organizaciones de infancia y de migrantes y promigrantes de la sociedad civil, abogados litigantes, académicos, investigadores, estudiantes, y público en general interesado en esta materia. INMIGRANTES EN CHILE: ENTRE EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA DISCRECIONALIDAD DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS    Alexis Mondaca Miranda LOS PRINCIPIOS EN MATERIA DE FAMILIA Y LA POLÍTICA NACIONAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA DE LA LEY No 21.325  Marcos Andrade Moreno MOVILIDAD HUMANA INTERNACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: REQUISITOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PAÍS Y VISADO DE RESIDENCIA TEMPORAL  Isaac Ravetllat Ballesté NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN CHILE: DERECHO A LA SALUD Y A LA EDUCACIÓN Natalia González Cifuentes INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO/A EN LA NUEVA REGULACIÓN MIGRATORIA EN CHILE. DESAFÍOS EN LAS MEDIDAS DE EXPULSIÓN, RECONDUCCIÓN Y RETORNO ASISTIDO    Juliana S. Díaz Pantoja - Jairo E. Lucero Pantoja LA PERSONA EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y SU CONSIDERACIÓN COMO CONSUMIDOR HIPERVULNERABLE  Edison Ramiro Calahorano LatorreDescripción Procedimientos Administrativos de la Ley N° 19.880 Recursos Administrativos Accesos a la Información Pública de la Ley N° 20.2845 En esta nueva edición de Estrategia y Práctica Profesional: Derecho Administrativo se tratan las siguientes temáticas: FORMULARIOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LEY Nº 19.880 • Solicitud de información • Procedimiento • Deber de abstención RECURSOS ADMINISTRATIVOS • Recurso de reposición • Recurso de revisión • Recurso jerárquico FORMULARIOS RELACIONADOS SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA LEY Nº 20.285 • Acceso a la información • Entrega de información • Denegación de información • Formulación de descargos • Reclamación de ilegalidad • Requerimientos para subsanar solicitud de información • Solicitud de amparo a derecho de acceso a la información Esta obra mantiene su carácter completamente práctico al reunir en un volumen toda la documentación necesaria para el ejercicio profesional en esta materia, complementada con normativa, jurisprudencia administrativa y judicial aplicables a cada formulario. Autores: Equipo Editorial Thomson Reuters Thomson Reuters ÍNDICE Presentación CAPÍTULO I FORMULARIOS RELACIONADOS A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LEY Nº 19.880 1. Persona solicita información 2. Persona solicita responsabilidad 3. Remisión de solicitud a autoridad competente (por falta de competencia del órgano requerido) 4. Solicitud de inicio de procedimiento 5. Solicitud para eximirse de presentar documento en poder de la Administración 6. Solicitud para eximirse de presentar documento que no corresponde al procedimiento 7. Solicitud para practicar acto de instrucción en forma compatible con obligaciones laborales o profesionales 8. Deber de abstención. Por amistad o enemistad íntima 9. Deber de abstención. Por asociación 10. Deber de abstención. Por haber sido testigo o perito 11. Deber de abstención. Por interés 12. Deber de abstención. Por servicios actuales 13. Promoción de la abstención. Por amistad íntima o enemistad manifiesta 14. Promoción de la abstención. Por asociación 15. Promoción de la abstención. Por haber sido perito o testigo en el procedimiento 16. Promoción de la abstención. Por interés 17. Promoción de la abstención. Por parentesco 18. Promoción de la abstención. Por servicios profesionales pasados 19. Promoción de la abstención. Por servicios 20. Resolución que se pronuncia sobre comunicación de deber de abstención 21. Acompaña documento necesario para iniciar procedimiento 22. Acompaña documento 23. Alega defecto de tramitación 24. Alega defecto y pide responsabilidad 25. Interesado acompaña documento 26. Interesado alega defecto 27. Interesado solicita ampliación de plazo 28. Interesado solicita conocer estado de tramitación de procedimiento 29. Interesado solicita copia autorizada de los documentos del expediente 30. Interesado solicita devolución de originales 31. Persona acompaña documento 32. Persona formula alegación 33. Subsana falta 34. Acto administrativo que resuelve recurso administrativo 35. Acto administrativo que afecta derechos de particulares 36. Resolución que subsana vicios de actos administrativos CAPÍTULO II RECURSOS ADMINISTRATIVOS 37. Recurso de reposición. Acto de mero trámite que hace imposible continuar el procedimiento 38. Recurso de reposición. Acto de mero trámite que produce indefensión 39. Recurso de reposición 40. Recurso de revisión (aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto ignorados al momento de dictación del acto) 41. Recurso de revisión (aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto que no fue posible acompañar) 42. Recurso de revisión (declaración de documentos o testimonios falsos por sentencia con anterioridad a la resolución, que se desconocía) 43. Recurso de revisión (declaración de documentos o testimonios falsos por sentencia con posterioridad a la resolución) 44. Recurso de revisión (manifiesto error de hecho) 45. Recurso de revisión (Que la resolución se hubiere dictado sin el debido emplazamiento) 46. Recurso de revisión (Que por sentencia ejecutoriada se haya declarado que el acto se dictó como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta) 47. Recurso jerárquico I 48. Recurso jerárquico II 49. Recurso jerárquico. Acto de mero trámite que hace imposible continuar el procedimiento CAPÍTULO III FORMULARIOS RELACIONADOS SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA LEY Nº 20.285 50. Acceso a la información, por apoderado del solicitante, con voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica 51. Acceso a la información, por apoderado del solicitante 52. Acceso a la información, por el solicitante, con voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica 53. Acceso a la información, por el solicitante 54. Caso en que la información solicitada está permanentemente a disposición del público 55. Caso en que la información solicitada pertenece a múltiples organismos 56. Caso en que la información solicitada se refiere a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar derechos de terceros 57. Caso en que no es posible individualizar al órgano competente 58. Deniega acceso a información (por causal de secreto o reserva, artículo 21, número 5) 59. Deniega acceso a información (por causales de secreto o reserva, artículo 21, números 1, 2, 3 y 4) 60. Deniega acceso a información (por oposición de terceros) 61. Entrega información sujeta a pago de costos directos de reproducción 62. Entrega información 63. Escrito de oposición a la entrega de información 64. Formulación de descargos por autoridad reclamada (por denegación de la información sin oposición de tercero) 65. Formulación de descargos por autoridad reclamada (por falta de respuesta, que se ha dado en forma positiva) 66. Prórroga por otros diez días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud de información 67. Reclamación de ilegalidad del art. 28 Ley Nº 20.285 68. Remisión de solicitud a autoridad competente (por falta de competencia del órgano requerido) 69. Remisión de solicitud a autoridad competente (por no poseer los documentos solicitados) 70. Requerimiento para subsanar solicitud de información (por falta de identificación clara de la información requerida) 71. Requerimiento para subsanar solicitud de información (por falta de identificación del solicitante y de su apoderado en su caso) 72. Solicitud de amparo a derecho de acceso a la información (en caso de oposición de tercero) 73. Solicitud de amparo a derecho de acceso a la información (por denegación de la información sin oposición de tercero) 74. Solicitud de amparo a derecho de acceso a la información (por falta de respuesta y sin prórroga) 75. Solicitud de amparo a derecho de acceso a la información (por falta de respuesta, con prórroga) 76. Subsanación de falta de solicitud de acceso a la información 77. Tercero presenta observaciones (por denegación de la información en caso de oposición de este)  El autor uruguayo de esta obras señala que entre los nuevos escenarios situacionales se encuentra presente el Estado y dentro de este, la Administración Pública. Su misión vicarial frente a una sociedad cada vez más urgida por los tiempos, debe transitar por los carriles de la tecnología de la información y el conocimiento, lo cual permitirá el ingreso virtual de la Administración Pública de manera permanente e indetenible en el ámbito vital de los individuos. El acto administrativo, manifestación par excellence de aquella, debe dejar atrás los rígidos moldes formales, pero sin olvidar que el centro de su actividad es y será siempre el ser humano, en su búsqueda incesante de alcanzar los cánones de bienestar particular en armonía con el bien general. El acto administrativo electrónico latu sensu y dentro de este los actos administrativos electrónicos sincrónicos y automáticos, constituyen la evidencia de esa necesidad impostergable, que permita en los tiempos que corren una Administración Pública dotada de celeridad, transparencia, seguridad y respeto por los Derechos Fundamentales.  
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