Nueva Ley De Compras Públicas- Análisis de Cambios Introducidos Por Ley N° 21.634
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La contratación pública, y en particular los contratos de suministro y prestación de servicios (compras públicas), constituyen la forma más intensa de interacción público-privada, tanto por las importantes transferencias de recursos como por constituir al privado en un colaborador de la Administración del Estado en la satisfacción de necesidades públicas concretas.
Dicha relación público-privada ha migrado desde un modelo centralizado hacia un modelo descentralizado de toma de decisiones respecto del qué, cómo, cuándo, cuánto y qué contratar, no exento de dificultades en lo que respecta a la eficiencia, transparencia y buenas prácticas al momento de seleccionar al privado que contratará a título oneroso con la Administración.
La obra constituye un primer esfuerzo por sistematizar la reforma más profunda que ha tenido en sus más de 20 años la normativa sobre compras públicas, centrada en la Ley N° 19.886 de 2003 y, como tal, constituye un tremendo desafío en lo que respecta a su implementación para los distintos operadores del sistema de mercado público.
Algunos de los tópicos destacados a lo largo de la publicación, que confrontan la legislación actual con los cambios introducidos por la Ley N° 21.634 son las transformaciones en torno al ámbito de aplicación objetivo y subjetivo, el profundo análisis de temas relevantes como la probidad, transparencia y gestión de conflictos de intereses, economía circular y reutilización, robustecimiento de ChileCompra y la ampliación de la competencia del Tribunal de Contratación Pública, entre otros.
INTRODUCCIÓN: EVOLUCIÓN E HISTORIA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN CHILE
OBJETIVO DE ESTA OBRA
CAPÍTULO I
AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA “NUEVA LEY DE COMPRAS”
1. Antecedentes
2. Incorporación de corporaciones municipales y fundaciones
3. Aplicación de la Ley N° 19.886 a las empresas públicas y sociedades del Estado
3.1. Régimen aplicable a las empresas y sociedades del Estado: desafíos iniciales
3.2. Régimen aplicable a las empresas y sociedades del Estado: modificaciones introducidas por la Ley Nº 21.647
4. Poder Judicial, otros tribunales de la República y Servicio Electoral
5. Congreso Nacional
6. Contraloría General de la República
7. Autonomías constitucionales
8. Resumen de los órganos sometidos a la “Nueva Ley de Compras Públicas”
9. Aplicación de la Ley N° 19.886 a los contratos de obra pública
10. Entrada en vigencia
CAPÍTULO II
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
1. Antecedentes
2. Naturaleza jurídica, orgánica e instalación de ChileCompra
3. Funciones, atribuciones y competencias
4. Exigencia de declaración de patrimonio e intereses para funcionarios directivos y profesionales de ChileCompra
CAPÍTULO III
EL TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
1. Antecedentes
2. Antecedentes del Tribunal de Contratación Pública
3.1. Prohibiciones e inhabilidades de los jueces
3.2. Remuneración de los jueces del Tribunal
3.3. Causales de cesación en el cargo de los jueces del Tribunal de Contratación Pública
3.4. Dotación de funcionarios del Tribunal
4. Sobre la competencia del Tribunal de Contratación Pública
5. Sobre el procedimiento ante el Tribunal de Contratación Pública
5.1. Fase probatoria
5.2. Fase resolutiva
5.3. Medidas cautelares
5.4. Acción de indemnización de perjuicio
5.5. Régimen recursivo
5.6. Sobre el procedimiento de tramitación electrónica ante el Tribunal
6. Sobre las estadísticas del Tribunal
CAPÍTULO IV
EL NUEVO CAPÍTULO VII SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
1. Antecedentes
2. Artículo 35 bis: Preparación de la contratación administrativa
3. Artículo 35 ter: Limitaciones a la comunicación de los participantes en los procedimientos de contratación pública
4. Artículo 35 quáter: Causales de inhabilidad relativa
5. Artículo 35 quinquies: Deber de abstención
6. Artículo 35 sexies: Sanciones al incumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo VII
7. Artículo 35 septies: Nuevas inhabilidades para ser parte del Registro de Proveedores
8. Artículo 35 octies: Ejecución de inhabilidades
9. Artículo 35 nonies: Declaración jurada sobre conflictos de interés
10. Artículo 35 decies: Potestad de la Contraloría Genera de la República
11. Síntesis
CAPÍTULO V
LA MODERNIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. INNOVACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY Nº 21.634
1. Antecedentes
2. Modificaciones a la Ley N° 19.886 dirigidas a la Modernización del Sistema de Contratación Pública: Eficiencia, participación de MIPYMES y sostenibilidad e innovación
3. Medidas por una mayor eficiencia en el gasto público: Licitación pública como regla general y restricciones al trato directo
4. Medidas por una mayor eficiencia en el gasto público: Nuevos procedimientos de contratación y mejora a convenios marco
4.1. Compra ágil
4.2. Compra por cotización
4.3. Convenio marco
4.4. Contratos para la innovación
4.5. Diálogo Competitivo de Innovación
4.6. Subasta Inversa Electrónica
5. Medidas para impulsar la participación de MIPYMES y otros grupos subrepresentados en la contratación pública
6. Medidas dirigidas al fomento de la innovación y sustentabilidad
7. La Nueva Ley sobre Economía Circular en la adquisición de bienes y servicios del Estado
ANEXOS
Tabla 1: Tabla comparativa modificación Ley N° 19.886 de “Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios”
Anexo 2: Índice doctrinario sobre la Ley de Compras Públicas, Ley Nº 19.886
1. Libros y artículos
2. Tesis
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Autores: José Luis Lara Arroyo – María José Luna Bravo
Editorial: Der Ediciones
Numero de Paginas: 320
Año de publicación: 2024
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Description | Autores: José Luis Lara Arroyo - María José Luna Bravo Editorial: Der Ediciones Numero de Paginas: 320 Año de publicación: 2024 | Autores: Rodrigo Silva Montes - María Oriana Martínez Lavín Editorial: EJS Numero de Paginas: 506 Año de publicación: 2022 | Autor: Paulina Pastene Navarrete Editorial : Tirant lo Blanch Año de Publicación : 2022 Paginas :282 | Autor: Juan Carlos Flores Rivas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 352 Año de publicación: 2021 | Autor: Cristóbal Osorio Vargas Editorial: Der Ediciones Numero de Paginas: 690 Año de publicación: 2022 | Autor: Francisco Agüero Vargas Editorial : Der Año de Publicación : 2022 Paginas :600 |
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La contratación pública, y en particular los contratos de suministro y prestación de servicios (compras públicas), constituyen la forma más intensa de interacción público-privada, tanto por las importantes transferencias de recursos como por constituir al privado en un colaborador de la Administración del Estado en la satisfacción de necesidades públicas concretas.
Dicha relación público-privada ha migrado desde un modelo centralizado hacia un modelo descentralizado de toma de decisiones respecto del qué, cómo, cuándo, cuánto y qué contratar, no exento de dificultades en lo que respecta a la eficiencia, transparencia y buenas prácticas al momento de seleccionar al privado que contratará a título oneroso con la Administración.
La obra constituye un primer esfuerzo por sistematizar la reforma más profunda que ha tenido en sus más de 20 años la normativa sobre compras públicas, centrada en la Ley N° 19.886 de 2003 y, como tal, constituye un tremendo desafío en lo que respecta a su implementación para los distintos operadores del sistema de mercado público.
Algunos de los tópicos destacados a lo largo de la publicación, que confrontan la legislación actual con los cambios introducidos por la Ley N° 21.634 son las transformaciones en torno al ámbito de aplicación objetivo y subjetivo, el profundo análisis de temas relevantes como la probidad, transparencia y gestión de conflictos de intereses, economía circular y reutilización, robustecimiento de ChileCompra y la ampliación de la competencia del Tribunal de Contratación Pública, entre otros.
INTRODUCCIÓN: EVOLUCIÓN E HISTORIA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN CHILE
OBJETIVO DE ESTA OBRA
CAPÍTULO I
AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA “NUEVA LEY DE COMPRAS”
1. Antecedentes
2. Incorporación de corporaciones municipales y fundaciones
3. Aplicación de la Ley N° 19.886 a las empresas públicas y sociedades del Estado
3.1. Régimen aplicable a las empresas y sociedades del Estado: desafíos iniciales
3.2. Régimen aplicable a las empresas y sociedades del Estado: modificaciones introducidas por la Ley Nº 21.647
4. Poder Judicial, otros tribunales de la República y Servicio Electoral
5. Congreso Nacional
6. Contraloría General de la República
7. Autonomías constitucionales
8. Resumen de los órganos sometidos a la “Nueva Ley de Compras Públicas”
9. Aplicación de la Ley N° 19.886 a los contratos de obra pública
10. Entrada en vigencia
CAPÍTULO II
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
1. Antecedentes
2. Naturaleza jurídica, orgánica e instalación de ChileCompra
3. Funciones, atribuciones y competencias
4. Exigencia de declaración de patrimonio e intereses para funcionarios directivos y profesionales de ChileCompra
CAPÍTULO III
EL TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
1. Antecedentes
2. Antecedentes del Tribunal de Contratación Pública
3.1. Prohibiciones e inhabilidades de los jueces
3.2. Remuneración de los jueces del Tribunal
3.3. Causales de cesación en el cargo de los jueces del Tribunal de Contratación Pública
3.4. Dotación de funcionarios del Tribunal
4. Sobre la competencia del Tribunal de Contratación Pública
5. Sobre el procedimiento ante el Tribunal de Contratación Pública
5.1. Fase probatoria
5.2. Fase resolutiva
5.3. Medidas cautelares
5.4. Acción de indemnización de perjuicio
5.5. Régimen recursivo
5.6. Sobre el procedimiento de tramitación electrónica ante el Tribunal
6. Sobre las estadísticas del Tribunal
CAPÍTULO IV
EL NUEVO CAPÍTULO VII SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
1. Antecedentes
2. Artículo 35 bis: Preparación de la contratación administrativa
3. Artículo 35 ter: Limitaciones a la comunicación de los participantes en los procedimientos de contratación pública
4. Artículo 35 quáter: Causales de inhabilidad relativa
5. Artículo 35 quinquies: Deber de abstención
6. Artículo 35 sexies: Sanciones al incumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo VII
7. Artículo 35 septies: Nuevas inhabilidades para ser parte del Registro de Proveedores
8. Artículo 35 octies: Ejecución de inhabilidades
9. Artículo 35 nonies: Declaración jurada sobre conflictos de interés
10. Artículo 35 decies: Potestad de la Contraloría Genera de la República
11. Síntesis
CAPÍTULO V
LA MODERNIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. INNOVACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY Nº 21.634
1. Antecedentes
2. Modificaciones a la Ley N° 19.886 dirigidas a la Modernización del Sistema de Contratación Pública: Eficiencia, participación de MIPYMES y sostenibilidad e innovación
3. Medidas por una mayor eficiencia en el gasto público: Licitación pública como regla general y restricciones al trato directo
4. Medidas por una mayor eficiencia en el gasto público: Nuevos procedimientos de contratación y mejora a convenios marco
4.1. Compra ágil
4.2. Compra por cotización
4.3. Convenio marco
4.4. Contratos para la innovación
4.5. Diálogo Competitivo de Innovación
4.6. Subasta Inversa Electrónica
5. Medidas para impulsar la participación de MIPYMES y otros grupos subrepresentados en la contratación pública
6. Medidas dirigidas al fomento de la innovación y sustentabilidad
7. La Nueva Ley sobre Economía Circular en la adquisición de bienes y servicios del Estado
ANEXOS
Tabla 1: Tabla comparativa modificación Ley N° 19.886 de “Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios”
Anexo 2: Índice doctrinario sobre la Ley de Compras Públicas, Ley Nº 19.886
1. Libros y artículos
2. Tesis
| Migrar, es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales, en consecuencia, el proceso de inmigración tiene dos aspectos fundamentales para las personas: Tomar la decisión de irse y elegir el lugar donde instalarse. Chile ha mantenido a través de su historia la atracción para personas que buscan nuevas oportunidades y que han entregado su aporte al desarrollo de la tierra que los acogió. El 20 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.325, denominada Ley de Migración y Extranjería. Se trata de un intento de legislación orgánica del tema; deroga varios cuerpos legales y modifica otros tantos. Nuestra legislación, y esta ley en particular (Título XIII), también se ocupa de los chilenos en el exterior | El permiso de construcción constituye una importante técnica autorizatoria estatal de carácter reglado y preventivo, cuya finalidad consiste en resguardar el cumplimiento del ordenamiento jurídico urbanístico, y que una vez otorgado, permitirá a su titular destinatario gozar del denominado «privilegio de invariabilidad regulatoria» o también conocido efecto de «congelamiento de las normas urbanísticas». Sin embargo, en las últimas dos décadas, diversos permisos de construcción que han posibilitado el desarrollo de una importante y significativa cantidad de proyectos urbano-inmobiliarios, se ha visto enfrentado a una serie de cuestionamientos sobre la legalidad de su otorgamiento, en medio de una ciudadanía cada vez más activa e involucrada en la adopción de las decisiones de carácter público-urbanístico y cuyas reclamaciones y descontento se ha visto potenciada por la multiplicidad y dispersión de mecanismos para activar la revisión de los mismos, tanto en sede administrativa como jurisdiccional. A lo anterior, se ha sumado también una serie de discusiones propias del Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental, y que, dada su cercanía y estrecha vinculación con este tipo de acto administrativo, ha llegado incluso a introducirse como elemento de validez a analizar en el otorgamiento de este, contribuyendo así a escenarios de frecuente judicialización e incertidumbre jurídica durante todo el desarrollo de este tipo de proyectos, la que podrá alcanzar incluso sus etapas de mayor avance o finalización. En dicho contexto, la presente obra aborda de forma integral la jurisprudencia existente sobre la materia, a través de un análisis metódico de los diversos conflictos interpretativos que, caóticamente, suelen producirse respecto a una compleja y dispersa normativa, que pareciera tener tantas interpretaciones como intérpretes existen, y cuyo conocimiento resulta indispensable para todos aquellos que directa o indirectamente se relacionan con la industria inmobiliaria. Índice TABLA DE ABREVIATURAS 11 PRÓLOGO 13 INTRODUCCIÓN 23 Capítulo I EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA AUTORIZATORIA Y LIMITACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD 1. Consideraciones generales 27 2. El surgimiento de una técnica administrativa autorizatoria frente al ius aedificandi. Breve reseña de la legislación chilena 29 3. Normativa urbanística y de construcción: limitación al derecho de propiedad y establecimiento del permiso de construcción como un mecanismo para resguardar el cumplimiento preventivo de la misma 36 4. Etapas del procedimiento administrativo autorizatorio, órganos y sujetos que intervienen en su tramitación, y entidades con facultades interpretativas y dictaminantes sobre la materia 44 4.1 Sustanciación del procedimiento administrativo para el otorgamiento del permiso de construcción. 44 4.2 Órganos y sujetos que intervienen en la tramitación, otorgamiento y revisión del permiso de construcción. 49 5. Facultad interpretativa de la División de Desarrollo Urbano y potestad dictaminante de la Contraloría General de la República: Una consideración indispensable al momento de hablar de certidumbre jurídica y confianza en el obrar de la Administración 62 Capítulo II ¿ES ADMISIBLE LA DISCRECIONALIDAD EN EL OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN? 1. El permiso de construcción: un acto administrativo de naturaleza jurídica reglada 81 2. Actos administrativos vinculados al permiso de construcción. ¿Cuáles son sus efectos? 85 3. Vinculación entre el permiso de construcción y la resolución de calificación ambiental (RCA). una confluencia que suma inestabilidad 98 4. Publicidad de los permisos de construcción y el interés general. Análisis de la doctrina de “las particularidades” desarrollada por la Corte Suprema a partir del artículo 48 literal a) de la LBPA 119 Capítulo III CAMBIOS EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA ¿FIN AL PARADIGMA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS? 1. El activo rol de la ciudadanía en asuntos público-urbanísticos y un disperso sistema de impugnaciones 133 2. La jurisprudencia de los derechos adquiridos y su “giro” en los últimos años. 140 3. Los intentos por dotar al sistema de una mayor estabilidad y seguridad jurídica: Constatación y propuestas 200 Capítulo IV ¿QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDACIÓN O ILEGALIDAD DE UN PERMISO DE CONSTRUCCIÓN? 1. Los efectos de las sentencias judiciales ¿ cómo se han cumplido? Análisis de los casos Edificio Botero en Ñuñoa y Edificio O´Brien en Vitacura 217 2. Responsabilidad patrimonial de la Administración por falta de servicio en la dictación de certificaciones y autorizaciones en materia urbanística 230 3. Comentarios finales. 246 CONCLUSIONES Proposiciones 260 Bibliografía citada Comentarios web 261 Tesis 262 Jurisprudencia citada 265 Jurisprudencia judicial 265 Otras fuentes documentales 273 Circulares DDU 274 | Abre el presente libro el capítulo I que recoge el artículo “Licitación pública: ¿Es el procedimiento ordinario de contratación administrativa?”. En este artículo se trata de contestar la interrogante de si la licitación pública es el procedimiento general para formar la voluntad contractual del Estado o si las causales de licitación privada o el trato directo son lo suficientemente amplias para que el Estado puede eximirse de la licitación pública. Se arriba a la conclusión de que algunas de las causales de trato directo, en la forma que se encuentran reguladas, son demasiado amplias y que deben ser revisadas para impedir que se sorteen la licitación sin una motivación suficiente. En el capítulo II se pasa revista a los principios de la licitación pública. En primer lugar, se analiza el principio de libre concurrencia de los oferentes, el sistema de registro de los oferentes para limitar las ofertas temerarias y seleccionar la oferta más conveniente. A su vez, se analizan las prácticas atentatorias de la libre concurrencia, extraídas de la práctica administrativa y de la jurisprudencia administrativa. En segundo lugar, revisamos el principio de igualdad de los oferentes tanto al momento de selección del contratista como durante la ejecución del contrato administrativo. Finalmente, se analiza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, sus límites y relación con otros principios de la licitación pública. En el capítulo III se analiza desde una visión crítica la inhabilidad regulada en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Se analizan cómo las nuevas exigencias derivadas de la contratación administrativa estratégica, mediante la cual el Estado incorpora elementos exógenos para satisfacer necesidades tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas licitantes o el respeto del medio ambiente, pueden generar impactos complejos en la contratación administrativa. En el capítulo IV relativo a las bases de licitación como medio de prueba en la litigación pública contractual, planteamos la tesis de que las bases de licitación no son el único medio de prueba válido para acreditar el sentido y alcance de las obligaciones contractuales, no obstante, su importancia. Esta tesis se funda en que generalmente la estructura y articulación de las bases de licitación es un rol que le corresponde íntegramente al Estado, que se puede convertir en un instrumento perverso para diagnosticar el cumplimiento o incumplimiento ocurrido durante la ejecución del contrato administrativo. En el capítulo V se estudia el principio de probidad administrativa en la fase de evaluación de ofertas de la licitación pública. Sustentamos que las licitaciones públicas deben regirse por el principio de buena fe, bajo la creencia objetiva de que sus miembros deben actuar con honradez y sujetos a una conducta recta, en el sentido de privilegiar el interés público sobre el privado al momento de seleccionar la oferta más conveniente para la satisfacción de la necesidad pública, quedando prohibida la incorporación de elementos o la omisión de requisitos no previstos ni en la ley ni en las bases de licitación, que puedan generar situaciones de privilegios entre los oferentes. En el capítulo VI se analiza el régimen jurídico que regula la contratación administrativa de las empresas públicas en nuestro Derecho Administrativo, en sus distintas etapas, a saber, licitación, ejecución y terminación. Específicamente, se analiza si los contratos suscritos por las distintas empresas públicas existentes en nuestro país se encuentran sometidas exclusivamente a “la legislación común aplicable a los particulares” o las empresas públicas en su actividad contractual deben respetar ciertas normas y principios del derecho administrativo, como cualquier órgano que integra la Administración Pública. El capítulo VII tiene por objeto analizar la tesis sustentada por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema, que afirman que las multas en los contratos administrativos ostentan la naturaleza de cláusulas penales de origen contractual, y cuya aplicación se canaliza a través de la simple ejecución de una cláusula contractual. | INDICE Incluye Ley Nº 21.180, sobre Transformación Digital del Estado En esta obra se enfocará en estudiar la Ley Nº 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Asimismo, examine el surgimiento del procedimiento administrativo electrónico a la luz de las modificaciones necesarias por la Ley Nº 21.180, y la adaptación del procedimiento administrativo al nuevo Estado digital. Así, es un libro sobre el Procedimiento Administrativo de tramitación de papel y digital. De esta forma, cobra especial relevancia en este estudio el análisis de los principios del procedimiento administrativo –y la irrupción de nuevos principios como son los de neutralidad tecnológica, de actualización, de equivalencia funcional, de fidelidad, de interoperabilidad y de cooperación–, las reglas comunes, el procedimiento propiamente tal y la institución del silencio administrativo. Se examinará no obstante el conjunto de reformas que se han introducido a dicho marco normativo en el proceso de digitalización del Estado que se concreta con la Ley Nº 21.180.Hasta la entrada completa en vigencia de las reformas de esta ley a todos los organismos de la Administración del Estado, lo que ocurrirá no obstante el 11 de noviembre de 2024, se hace indispensable examinar el procedimiento administrativo “predigitalización” y el “nuevo post digitalización” , en tanto la normativa aludida entra en vigencia. Asimismo, en el del procedimiento administrativo “nuevo post digitalización” se hace necesario aludir a normas que complementan el estudio de regulación de la Ley Nº 21.180, por un lado; el DFL Nº 1, de 6 de abril de 2021, | INDICE Una Forma de Control Judicial de la intervención Estatal en la EconomíaEsta obra aborda un tema omitido en la doctrina nacional, como es la existencia de un tribunal con competencia para conocer asuntos económicos, rol que cumple el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). El autor revisa exhaustivamente la jurisprudencia y práctica del TDLC y la Corte Suprema respecto del control de la actividad administrativa, dividiendo su investigación en cuatro partes: en la primera, aborda cuestiones sobre la intervención del Estado en la economía y aspectos históricos que permiten entender cómo se llegó a controlar la actividad estatal por el sistema de libre competencia y los aspectos de diseño institucional que permiten esa revisión. En la segunda parte, examina el ámbito del contencioso-administrativo del TDLC, que no solo incluye la actividad jurisdiccional contenciosa, sino también la judicial no contenciosa. En la tercera parte, pesquisa el alcance y eficacia de las decisiones dictadas por el TDLC al controlar la actividad estatal, esencialmente, sentencias y resoluciones dictadas en el marco de la potestad consultiva, así como la tutela cautelar contra la Administración. Finalmente, en la cuarta parte, se estudian los criterios sustantivos que subyacen a las decisiones del TDLC al juzgar la actividad estatal. Este trabajo será de gran utilidad para abogados en ejercicio profesional que buscan sedes judiciales para debatir asuntos con la Administración, especialmente en materia económica, como una sede alternativa al Tribunal de Contratación Pública o Contraloría General de la República, y también para los profesionales que se dedican a la litigación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o que se relacionan con la Fiscalía Nacional Económica en sus investigaciones u operaciones de concentración (fusiones), entre otros. |
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