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Acceso a la Información Pública y Transparencia

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La presente obra tiene por objeto ser una herramienta de apoyo para el estudio del principio de transparencia y acceso a la información, que permita conocer y aplicar aquellas nociones destinadas a mejorar el acceso a la justicia bajo el imperativo de justicia abierta y transparente.

La idea de “justicia abierta” se enmarca dentro del concepto de “gobierno abierto” como manifestación moderna de la democracia, que propone una nueva representación de los procesos basados en los pilares de transparencia y participación ciudadana. Por su parte, la open justice se ha desarrollado bajo la creciente aplicación de buenas prácticas judiciales, propiciando los datos abiertos y la colaboración judicial, además de las innovaciones tecnológicas. Todos estos temas serán abordados y revisados en el desarrollo del presente trabajo

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Autores: Leonardo Javier Castillo Cárdenas – Andrés Eduardo Celedón Baeza – Soledad Alejandra Morales Trapp – Juan Bladimiro Santana Soto
Editorial : Der Ediciones
Año de Publicación : 2022
Paginas :200

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DescriptionAutores: Leonardo Javier Castillo Cárdenas - Andrés Eduardo Celedón Baeza - Soledad Alejandra Morales Trapp - Juan Bladimiro Santana Soto Editorial : Der Ediciones Año de Publicación : 2022 Paginas :200Autor: Juan Ignacio Trabaglia Editorial:  Olejnik Numero de Paginas: 112 Año de publicación: 2022Autora: Carola Paz Cotroneo Ormeño Editorial: IUS CIVILE Año de Publicación: 2022 Paginas :266Autor: Carlos Salinas Bruzzone Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 1384 Año de publicación: 2019Autor: Gabriel Celis Danzinger Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 230 Año de publicación: 2022Autor: Francisco Agüero Vargas Editorial : Der Año de Publicación  : 2022 Paginas :600
ContentLa presente obra tiene por objeto ser una herramienta de apoyo para el estudio del principio de transparencia y acceso a la información, que permita conocer y aplicar aquellas nociones destinadas a mejorar el acceso a la justicia bajo el imperativo de justicia abierta y transparente. La idea de “justicia abierta” se enmarca dentro del concepto de “gobierno abierto” como manifestación moderna de la democracia, que propone una nueva representación de los procesos basados en los pilares de transparencia y participación ciudadana. Por su parte, la open justice se ha desarrollado bajo la creciente aplicación de buenas prácticas judiciales, propiciando los datos abiertos y la colaboración judicial, además de las innovaciones tecnológicas. Todos estos temas serán abordados y revisados en el desarrollo del presente trabajo  El autor uruguayo de esta obras señala que entre los nuevos escenarios situacionales se encuentra presente el Estado y dentro de este, la Administración Pública. Su misión vicarial frente a una sociedad cada vez más urgida por los tiempos, debe transitar por los carriles de la tecnología de la información y el conocimiento, lo cual permitirá el ingreso virtual de la Administración Pública de manera permanente e indetenible en el ámbito vital de los individuos. El acto administrativo, manifestación par excellence de aquella, debe dejar atrás los rígidos moldes formales, pero sin olvidar que el centro de su actividad es y será siempre el ser humano, en su búsqueda incesante de alcanzar los cánones de bienestar particular en armonía con el bien general. El acto administrativo electrónico latu sensu y dentro de este los actos administrativos electrónicos sincrónicos y automáticos, constituyen la evidencia de esa necesidad impostergable, que permita en los tiempos que corren una Administración Pública dotada de celeridad, transparencia, seguridad y respeto por los Derechos Fundamentales.  En la actualidad, el Estado compra, construye y se asocia con privados con una intensidad que no le conocíamos. Cada vez son mayores los volúmenes de compra que demandan los Órganos de la Administración del Estado y más variadas las obras que el Estado necesita construir y/o administrar con la ayuda de los particulares. Para alcanzar un desarrollo óptimo de esta nueva forma de gobernar –en ayuda con el sector privado– y que las asociaciones públicas-privadas sean beneficiosas tanto para la Administración Pública como para los particulares, es necesario que las reglas que regulan el procedimiento de formación de voluntad y ejecución del contrato administrativo sean claras y conocidas por las partes. En este contexto, la jurisprudencia y la doctrina juegan un rol importante. Ante la limitada capacidad de las Leyes y los Reglamentos para prever todas las situaciones que pueden darse, el rol de la jurisprudencia y la doctrina es colmar ese vacío con decisiones que sean adecuadas a los principios jurídicos que regulan la materia. Así, en lo que respecta a la contratación administrativa, se espera que el contenido de los principios introducidos por la LBCASYPS –tales como, igualdad de los oferentes, estricta sujeción a las bases y libre concurrencia de los oferentes– sea finalmente definido por un desarrollo jurisprudencial y académico robusto, coherente y fundamentado. Pretender que sea la propia LBCASYPS o su Reglamento los encargados de definir el contenido de dichos principios, es un despropósito. Debido a lo anterior, llama la atención que, a más de 10 años de la dictación de la Ley N° 19.886 (LBCASYPS), aún no exista certeza sobre el contenido de algunos de sus principios basales, como lo es, por ejemplo, el principio de igualdad de los oferentes. En concreto, es común ver en la jurisprudencia tanto administrativa como judicial que este principio es utilizado por los particulares como un broche de oro en sus respectivas demandas o denuncias, en las que en base a muy pocos fundamentos y apelando a un sentimiento común de justicia, se alega que cualquier tipo de infracción al CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E IGUALDAD DE LOS OFERENTES EN CHILE ordenamiento jurídico constituye una trasgresión al principio de igualdad. Y por el otro lado, advertimos que la CGR o el Tribunal encargado de resolver el conflicto, en no pocas ocasiones, hace suyo dichos argumentos y a través de una escasa fundamentación y desarrollo del principio, declara si éste ha sido transgredido o no. Por su parte, la doctrina nacional tampoco ha realizado esfuerzos por sistematizar el principio de igualdad de los oferentes y ello se ve reflejado en las escasas o casi inexistentes obras que lo tratan con profundidad. En este ámbito, el principal objeto de este estudio es sistematizar el contenido del principio de igualdad de los oferentes y definir sus características y efectos, determinando, por ejemplo, quién es el obligado, en qué tipo de cláusulas normativas y reglamentarias se encuentra regulado, a qué tipo de igualdad estamos hablando cuando nos referimos a la igualdad entre los oferentes y si se trata de una igualdad establecida como principio y/o valor general o como un derecho individual de los particulares. Aclarado lo anterior, estaremos en condiciones de establecer líneas o parámetros bajo los cuales podrá señalarse que el principio de igualdad ha sido infringido y, por el contrario, definir cuándo este principio no ha sido violado. Con este estudio, además, pretendemos analizar los parámetros o guías dictados por la jurisprudencia (administrativa y judicial) y la doctrina, para efectos de determinar si las decisiones o soluciones dictadas por aquellas se adecuan o no al contenido del principio de igualdad de los oferentes. Para alcanzar las conclusiones recién referidas, en primer término, estimamos necesario estudiar el contexto en el cual surgen y se desarrollan los contratos administrativos. Por esta razón, en el Primer Capítulo nos referiremos a la actividad contractual de la Administración –por oposición a su actividad unilateral de dictar actos administrativos– y cómo es que, en definitiva, la asociación entre el mundo público y privado –principalmente a través de los contratos– ha mutado la forma de gobernar y el concepto de administrado. Esta primera parte del Primer Capítulo finaliza con un análisis de los beneficios y costos de las asociaciones públicas y privadas. Estudiada la actividad contractual de la Administración, en la segunda parte de este Capítulo nos referiremos al contrato administrativo, específicamente, a su concepto, características y clasificación, destacando las particularidades de este tipo de acuerdo de voluntades que lo diferencian de los contratos celebrados bajo el régimen civil. Analizados los distintos tipos de contratos administrativos que se encuentran regulados por el ordenamiento jurídico nacional, en el Segundo Capítulo estudiaremos específicamente los contratos administrativos celebrados bajo la LBCASYPS. Así, en la primera parte de este Capítulo el objeto de estudio será la propia Ley y su Reglamento, centrándonos en Introducción definir las novedades que introdujo la dictación de la LBCASYPS. Luego, la segunda parte del Capítulo trata los aspectos conceptuales del contrato de suministro y prestación de servicios y la tercera parte se refiere a cada uno de los procedimientos de contratación administrativa regulados por la LBCASYPS y su Reglamento –esto son, la licitación pública, la licitación privada, el trato directo, la compra ágil, el convenio marco y el proceso de gran compra vía convenio marco–, destacando los principales problemas y desafíos que se han presentado en cada una de estas etapas. El Segundo Capítulo finaliza con un breve análisis de los principios introducidos por la LBCASYPS –el principio de estricta sujeción a las bases y el principio de libre concurrencia– para dar pie al análisis del principio objeto del presente estudio. Así, una vez definido el marco teórico del presente estudio –esto es, la actividad contractual y los contratos administrativos celebrados bajo la LBCASYPS y su Reglamento– el Tercer Capítulo se refiere de manera específica al principio de igualdad de los oferentes. Para efectos de definir el objeto del estudio, estimamos pertinente, en primer lugar, referirnos a los aspectos conceptuales de este principio. Así, en esta primera parte del Capítulo se analizan –con el fin de una comparación posterior– las distintas concepciones del principio de igualdad en materia constitucional, para luego analizar los diferentes entendimientos del principio de igualdad de los oferentes. La segunda parte de este Capítulo constituye un estudio de las manifestaciones y excepciones al principio comento, utilizando como parámetro las regulaciones, la jurisprudencia y la doctrina que existen sobre la materia. Para efectos de un correcto entendimiento, este análisis se encuentra expuesto por orden cronológico, según las principales etapas de los procedimientos administrativos de contratación y busca poner en evidencia cómo es que, en la práctica, se ha aplicado el principio de igualdad de los oferentes. Asimismo, este estudio busca levantar algunas inconsistencias en la jurisprudencia judicial y administrativa Autora: Carola Paz Cotroneo Ormeño Editorial IUS CIVILE Índice Tabla de abreviaturas………………………………………… 9 Introducción………………………………………………. 11 Capítulo I LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA……….. 15 Primera Parte FUNDAMENTOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN……….. 15 I. Relevancia de la contratación administrativa……………………. 15 II. El origen de la actividad contractual de la Administración………….. 17 III. La actividad contractual de la Administración como una nueva forma de administrar. . . . . . . 20 IV. Beneficios de la asociación público-privada…………………….. 24 1. Generaría mayor competencia, aumentando los incentivos para prestar el servicio de manera eficiente…………………………… 25 2. Dotaría de mayor transparencia, publicidad y “accountability” a los procesos de compra y negociación…………………………… 27 3. Mejoraría la calidad de los servicios gracias al conocimiento e infraestructura del sector privado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4. Aumentaría la participación y adherencia de los ciudadanos a las decisiones gubernamentales……………………………….. 29 V. Críticas a la asociación público-privada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1. La asociación pública-privada no generaría mayor competencia ni sería más eficiente……………………………………….. 31 ÍNDICE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E IGUALDAD DE LOS OFERENTES EN CHILE 258 2. Los privados no se encontrarían sujetos a los valores de transparencia, publicidad y “accountability” con la misma intensidad que el sector público . … . . . . . . . . . . . . . . 33 3. Los conflictos de intereses entre las metas públicas y privadas impedirían mejorar la calidad de los bienes y servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4. No sería efectivo que aumentaría la participación y adherencia de los ciudadanos a las decisiones gubernamentales………………… 36 Segunda Parte EL CONTRATO ADMINISTRATIVO. . . . . . . . . . . . . . . 38 I. Concepto de contrato administrativo…………………………. 38 II. Características del contrato administrativo…………………….. 39 1. El contrato administrativo se encuentra sometido a un régimen de Derecho Público en unión con herramientas del Derecho Privado…… 40 2. Tiene por objeto satisfacer una necesidad pública…………….. 42 3. Los efectos del contrato administrativo se definen en razón del interés público involucrado y pueden incluso alcanzar a terceros……….. 43 4. Es un contrato “intuito personae” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 5. Dispone de cláusulas exorbitantes en favor de la Administración….. 45 5.1. El poder de interpretación unilateral del contrato………… 47 5.2. El poder de dirección, fiscalización, inspección y control……. 48 5.3. El poder sancionatorio o correctivo de la Administración…… 49 5.4. El poder de modificación unilateral del contrato (“ius variandi”). . 50 5.5. El poder de terminación unilateral del contrato. . . . . . . . . . . . . . 52 III. Clases de contratos que celebra la administración: con transferencia de funciones públicas y sin transferencia de funciones públicas………… 54 1. Contratos en que existe transferencia de funciones públicas al sector privado… … 55 2. Contratos en que no existe transferencia de funciones públicas al sector privado. . . . … … 58 IV. Tipos de contratos administrativos regulados por el ordenamiento jurídico chileno……. 60 1. Contrato de obra pública regulado en la LOCMOP y el RCOP……. 61 2. Contrato de concesión………………………………… 62 2.1. Contrato de concesión de obra pública regulado por la LCOP y el RLCOP… 63 2.2. Contrato de concesión de servicio público………………. 65 2.3. Contrato de concesión municipal bajo la LOCM………….. 66 Índice 259 Capítulo II EL CONTRATO DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO LA LBCASYPS Y SU REGLAMENTO… 69 Primera Parte LA LBCASYPS Y SU REGLAMENTO…………… 69 I. Los orígenes de la LBCASYPS y su Reglamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 II. Objetivos de la LBCASYPS y su Reglamento……………………. 70 1. Lograr un uso eficiente de los recursos públicos……………… 70 2. Utilizar las compras públicas como una herramienta para ejecutar Políticas públicas sustentables e inclusivas…………………… 73 III. Aplicación de la LBCASYPS y su Reglamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 1. Ámbito de aplicación material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 2. Ámbito de aplicación subjetivo…………………………… 76 IV. Características de la LBCASYPS…………………………….. 78 1. Es una Ley de bases…………………………………… 78 2. Es una norma de aplicación directa……………………….. 79 3. Constituye un cuerpo de principios y reglas jurídicas aplicables supletoriamente a otros tipos de contratos administrativos………….. 79 V. La nueva institucionalidad que introdujo la LBCASYPS……………. 80 1. TCP………………………………………………. 80 2. DCYCP……………………………………………. 87 3. Sistema de Información……………………………….. 88 3.1. Obligación de inscripción en el Registro Electrónico de contratistas o proveedores . . . . 89 3.2. Obligación de contratar electrónicamente………………. 89 3.3. Obligación de suministrar información básica……………. 90 Segunda Parte ASPECTOS CONCEPTUALES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. . . . . . . . . 91 I. Concepto……………………………………………… 91 II. Características…………………………………………. 92 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E IGUALDAD DE LOS OFERENTES EN CHILE 260 Tercera Parte LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA REGULADOS POR LA LBCASYPS Y SU REGLAMENTO……. 92 I. La licitación pública……………………………………… 94 1. Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 2. Procedencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3. Características………………………………………. 98 3.1. Es un procedimiento concursal abierto………………… 98 3.2. Es un mecanismo de carácter obligatorio……………….. 98 4. Principales etapas……………………………………. 99 4.1. Preparación o elaboración de las bases de licitación……….. 99 4.2. El llamado o aviso a participar en la licitación pública……… 105 4.3. Período de consultas y aclaraciones……………………. 106 4.4. Presentación y recepción de ofertas…………………… 107 4.5. Apertura de ofertas……………………………….. 109 4.6. Evaluación de las ofertas……………………………. 110 4.7. Adjudicación del contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.8. Perfeccionamiento del contrato……………………… 116 II. Licitación privada……………………………………….. 117 1. Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 2. Procedencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 3. Características………………………………………. 119 3.1. Es un procedimiento concursal cerrado………………… 119 3.2. Es un mecanismo de carácter excepcional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 3.3. Subsidiariamente le son aplicables las normas de la licitación pública…. 120 4. Principales etapas……………………………………. 120 4.1. Dictación y publicación de la resolución fundada que dispone la licitación privada…… 120 4.2. Preparación y elaboración de las bases de licitación privada….. 121 4.3. Invitación a participar……………………………… 121 4.4. Recepción y evaluación de ofertas…………………….. 122 4.5. Adjudicación y perfeccionamiento del contrato………….. 123 III. Trato o contratación directa……………………………….. 123 1. Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 2. Procedencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Índice 261 3. Características………………………………………. 125 3.1. No es un procedimiento concursal, sino una negociación directa. 125 3.2. Es un mecanismo de carácter excepcional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 3.3. Subsidiariamente, le son aplicables las normas de la licitación pública y privada. 127 4. Principales etapas……………………………………. 127 4.1. Cotizaciones previas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 4.2. Dictación y publicación de la resolución fundada por medio de la cual se procede al trato directo e identificación del contratante. 128 4.3. Celebración del contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 IV. Compra Ágil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1. Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 2. Procedencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3. Características………………………………………. 131 3.1. Es un procedimiento concursal cerrado………………… 131 3.2. Es un mecanismo de carácter obligatorio……………….. 132 3.3. Subsidiariamente, le son aplicables las normas de la licitación privada………………………………………… 132 4. Principales etapas……………………………………. 132 4.1. Requerimiento de 3 cotizaciones……………………… 132 4.2. Emisión y posterior aceptación de la orden de compra……… 133 V. Convenio marco…………… 133 1. Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 2. Procedencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 3. Características………………………………………. 135 3.1. En ciertos aspectos es un mecanismo de carácter Concursal y, en otros, es una negociación……..135 3.2. Es un procedimiento obligatorio……………………… 136 4. Principales etapas……………………………………. 137 4.1. Suscripción del convenio marco por la DCYCP. . . . . . . . . . . . . . . 137 4.2. Suscripción del convenio marco por la entidad licitante…….. 139 VI. Gran compra vía convenio marco……………………………. 139 1. Concepto………………………………………. 139 2. Procedencia…………………………………….. 140 3. Características…………………………………… 140 3.1. En ciertos aspectos es un procedimiento concursal abierto y en otros es cerrado …………… 141 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E IGUALDAD DE LOS OFERENTES EN CHILE 262 3.2. Es un procedimiento obligatorio……………………… 141 3.3. Supletoriamente, se le aplican todas las disposiciones del RLBCASYPS…………………………………….. 141 4. Principales etapas……………………………………. 141 4.1. Comunicación de la intención de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 4.2. Presentación y evaluación de ofertas…………………… 142 4.3. Adjudicación, dictación del acto administrativo y suscripción del acuerdo complementario…………………………… 143 Cuarta Parte LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA LBCASYPS Y SU REGLAMENTO………….. 144 I. Principio de estricta sujeción a las bases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 II. Principio de libre concurrencia……………………………… 147 Capítulo III EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LOS OFERENTES. . . . . 151 Primera Parte ASPECTOS CONCEPTUALES DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LOS OFERENTES………………… 151 I. El principio de igualdad en la CPR…………………………… 151 1. Igualdad general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 2. La igualdad como protección de bienes públicos importantes. . . . . . . 156 3. Igualdad como no discriminación por factores pertenecientes a grupos…. 156 4. Igualdad como obligación positiva de promover la igualdad de oportunidades……… 158 II. El principio de igualdad en las contrataciones administrativas………. 159 III. Elementos sustantivos (dimensión formal) del principio de igualdad de los oferentes regulado en el artículo 9 de la LOCBGAE……….. 161 IV. La tautología del contenido del principio de igualdad de los oferentes en La jurisprudencia del TCP y la CGR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 V. Distintas concepciones del principio de igualdad de los oferentes. . . . . . . 167 1. El principio de igualdad de los oferentes entendido como una igualdad de trato….. 167 263 2. El principio de igualdad de los oferentes entendido como una prohibición de privilegios… 168 3. El principio de igualdad de los oferentes entendido como una garantía de imparcialidad… 169 4. El principio de igualdad de los oferentes entendido como una garantía de igualdad de oportunidades. . . . . 170 5. El principio de igualdad de los oferentes como igual sujeción a las base. .. . .. . . . 171 VI. Infracciones al principio de igualdad de los oferentes…………….. 172 1. Otorgar un privilegio a un oferente en desmedro del resto de los proponentes…………………………………………… 173 2. Establecer un trato desigual entre los oferentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 3. Causar un perjuicio al resto de los participantes………………. 177 4. Dejar a un oferente en desventaja respecto con el resto………… 177 5. Comparar ofertas que no resultan del todo comparables……….. 178 Segunda Parte MANIFESTACIONES Y EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LOS OFERENTES………….. 179 I. Fase preparatoria a la licitación…………………………….. 179 1. El estudio de mercado previo debe efectuarse considerando a todos los Oferentes…………………………………………… 180 2. El diseño de las bases debe efectuarse con confidencialidad……… 180 3. La entidad licitante debe utilizar el procedimiento de contratación Administrativa que la LBCASYPS y el RLBCASYPS determinan para cada Caso en particular…………………………………….. 181 II. Elaboración, diseño y publicación de las bases de la licitación……….. 182 1. Las bases deben estar formuladas con un lenguaje preciso y directo…………. 183 2. El orden de prelación que existe entre los documentos que rigen la Licitación no puede ser modificado……………………….. 184 3. El contenido de las bases no puede ser objeto de negociaciones entre La Administración y el oferente…………………………… 185 4. Las condiciones y reglas fijadas en las bases no pueden establecer diferencias arbitrarias entre los proponentes……………………. 186 5. Las características o estándares de los bienes o servicios solicitados deben Ser descritos de manera objetiva………………………….. 188 5.1. Las bases no pueden solicitar marcas específicas………….. 189 5.2. No se pueden describir los bienes o servicios requeridos de manera tal que sólo un proveedor pueda cumplir con dichas exigencias. 191 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E IGUALDAD DE LOS OFERENTES EN CHILE 264 6. El contenido de las bases no puede ser modificado, sino muy limitadamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 5.1. El contenido de las bases puede ser modificado antes del cierre De la recepción de las ofertas siempre que se otorgue un plazo Prudencial a los proveedores para adecuar sus propuestas…… 193 5.2. Luego del cierre de la recepción de las ofertas, el contenido de Las bases no puede ser modificado, a menos que se resguarden los Eventuales derechos de los oferentes…………………… 194 5.3. El contenido de las bases no puede ser modificado durante el Periodo de preguntas y aclaraciones…………………… 196 5.4. En caso de que una licitación pública o privada sea declarada Desierta, el contenido de las bases de la nueva licitación o trato Directo no puede ser modificado……………………… 197 III. Llamado a los oferentes…………………………………… 198 1. El llamado debe ser público y gratuito……………………… 199 2. El llamado debe ser abierto…………………………….. 200 IV. Presentación de ofertas…………………………………… 202 1. Las ofertas deben someterse a los requisitos exigidos en las bases…. 203 1.1. Excepción: pueden aceptarse las ofertas que no cumplen con los Requisitos formales, no esenciales, exigidos en las bases. . . . . . . . 204 2. Las ofertas deben contener todos los documentos y antecedentes exigidos En las bases, por lo que no pueden admitirse ofertas incompletas…. 207 2.1. No procede la aceptación de ofertas incompletas, aun cuando las Omisiones hayan sido justificadas por el oferente afectado…… 208 2.2. No procede aceptar ofertas incompletas, aun cuando la entidad Licitante cuente con los documentos omitidos por haber sido presentados en licitaciones anteriores……………………. 209 2.3. No procede que la entidad licitante acepte documentos equivalentes a los solicitados en los respectivos pliegos ……………….. 209 2.4. No procede la aceptación de ofertas incompletas amparándose en Que los archivos digitales contenían errores técnicos……….. 210 2.5. Excepción: pueden aceptarse ofertas incompletas siempre y cuando La omisión recaiga en aspectos formales, no esenciales exigidos en Las bases. . . . . . . 211 3. Las ofertas no pueden ofrecer bienes o servicios adicionales a los solicitados, aun cuando aquel ofrecimiento no implique un mayor gasto Para la Administración…………… 211 4. Las ofertas deben ser presentadas dentro del plazo establecido en las Bases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 5. No pueden admitirse modificaciones a las ofertas…………….. 214 Índice 265 5.1. Primera excepción: facultad de la autoridad licitante para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales . . . . . . . . 215 5.2. Segunda excepción: facultad de la entidad licitante para solicitar Aclaraciones de las ofertas………………………….. 219 6. Cada oferente tiene el derecho a presentar una sola oferta………. 221 V. Las garantías o cauciones………………………………….. 223 1. La entidad licitante debe solicitar a todos los oferentes una garantía que Cumpla con las mismas condiciones……………………….. 223 1.1. Todos los oferentes deben presentar una garantía…………. 223 1.2. Las garantías presentadas por los oferentes deben cumplir con las mismas Condiciones……………………………… 223 2. El monto de las garantías no debe significar una discriminación arbitraria para las empresas y oferentes más pequeños…………………. 225 VI. Evaluación de las ofertas………………………………….. 226 1. La evaluación de las ofertas debe realizarse por medio de una comisión Imparcial…………………………………………… 227 1.1. Los miembros de la Comisión Evaluadora no pueden tener conflictos de interés…………………………………. 227 1.2. Prohibición de contacto entre los miembros de la Comisión Evaluadora y los oferentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 2. La evaluación de las ofertas debe efectuarse de conformidad con los Criterios, puntajes y ponderaciones establecidos en las bases……… 230 3. Las ofertas deben ser evaluadas en base a criterios objetivos……… 233 VII. Adjudicación y ejecución del contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 1. La adjudicación debe realizarse de conformidad con los mecanismos Definidos en las bases………………………………….. 238 2. El pago del contrato debe realizarse de conformidad a lo estipulado en las bases…………………………………………… 239 3. El contrato no puede ser modificado………………………. 239 3.1. Primera excepción: los contratos administrativos pueden ser Objeto de modificaciones cuando así lo permitan las bases y/o el Contrato……………………….. 241 3.2. Segunda excepción: los contratos administrativos pueden ser objeto de modificaciones en caso de que ocurra un caso fortuito o fuerza mayor………………………………………….243 3.3. Tercera excepción: los contratos administrativos pueden ser objeto de modificaciones que no alteren su esencia. . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Conclusiones……………………………………………… 247 Bibliografía……………………………………………….. 249

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Análisis Crítico de las Prerrogativas Sancionatorias del Estado

Bases para la Comprensión Autónoma del Derecho Sancionador Regulatorio en Chile
La presente obra se hace cargo de la evolución de los poderes de sanción de la Administración en Chile, para cuyos efectos analiza esta en el Derecho Administrativo nacional y en el Derecho Administrativo español, máxime cuando la evolución del derecho peninsular ha servido de sustento jurídico para la actual comprensión de las prerrogativas administrativo-sancionatorias en nuestro país. Esta investigación presenta una interesante sistematización de las diversas teorías que se han formulado en Chile para la inteligencia de dichas prerrogativas, dedicando un estudio especial a lo que el autor denomina “teoría de la crítica formal a la radicación de poderes de sanción en la Administración pública”, cuyo sustento se halla en la tesis del ius puniendi estatal único del Estado, posición mayoritariamente aceptada por la doctrina ius administrativa y la jurisprudencia constitucional, administrativa y judicial. El autor efectúa una propuesta innovadora al presentar una relectura de la actividad sustancial de la Administración, advirtiendo la existencia –en el marco de lo que denomina “actividad de intervención”– de un “nuevo derecho sancionatorio en el ámbito de los mercados regulados”, que goza de autonomía respecto de las garantías de orden penal. Cabe destacar, también, el esfuerzo realizado en orden a identificar los principios jurídicos que informarían un “nuevo” Derecho Administrativo Sancionador Regulatorio. La presente obra viene a llenar un sensible vacío referido a un análisis sistemático de los poderes de sanción de la Administración, avanzando decididamente hacia una concepción autónoma del Derecho Sancionador Regulatorio respecto del Derecho Penal, evidenciando las limitaciones de la tesis del ius puniendi estatal único para la comprensión de las diversas manifestaciones del poder de sanción de la Administración.
La presente investigación aborda uno de los capítulos tradicionales que integran el Derecho Administrativo, parte general, cual es, el procedimiento administrativo ordinario o general, como expresión de la actividad formal de la Administración del Estado, cuyo enfoque se sitúa en el contexto de nuestro ordenamiento jurídico interno, principalmente a partir de la Ley Nº 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos que regulan los actos de la Administración del Estado, así como la jurisprudencia –constitucional, judicial y administrativa– emitida con ocasión de la aplicación de dicho cuerpo legal, a casi 20 años de su entrada en vigencia, sin perjuicio de recurrir también a la doctrina jurídica nacional e internacional, como elemento de apoyo. Se trata de un curso destinado, por una parte, a los estudiantes de pregrado en la cátedra de Derecho Administrativo, sin perjuicio de que puede ser consultado también por aquellos profesionales que cursan estudios de postítulo o posgrado relativos a dicha disciplina, por lo que su utilización es factible, tanto desde la perspectiva del pregrado como del posgrado. Por otra parte, el texto pretende ser de utilidad para todos aquellos abogados, administradores públicos y demás profesionales que se desempeñan dentro de los cuadros orgánicos que integran la Administración y que deban instruir procedimientos administrativos, cualquiera sea su naturaleza –generales o especiales, reglados o simplificados, etcétera–. Lo anterior adquiere relevancia, atendido el carácter de “supletorio” o “común” que caracteriza al procedimiento administrativo ordinario o general regulado en la indicada Ley Nº 19.880, en cuyo examen hemos incorporado también el análisis de la reforma digital introducida por la Ley Nº 21.180, texto legal que a la fecha no ha sido objeto de estudio alguno por nuestra doctrina, y que a contar de junio de 2022 ha entrado en vigencia parcial y diferida, pero que sucesiva y gradualmente irá siendo implementado en la totalidad de los Servicios Públicos. En cuanto a la estructura del manual, el primer capítulo, denominado “introducción al procedimiento administrativo” aborda los fundamentos de la actividad administrativa formal, que comprende concepto, fundamentación, características, clasificaciones y funciones del procedimiento administrativo, a los principios jurídicos aplicables y los derechos de las personas frente a la Administración, vale decir, lo denominada teoría o parte general del procedimiento administrativo. El capítulo segundo se aboca al análisis de la estructura del procedimiento administrativo general, el cual abarca las normas comunes a todo procedimiento, las etapas del procedimiento administrativo general, el silencio administrativo y los recursos administrativos. En definitiva, se trata de un texto pedagógico de estudio, cuyo índice temático se ajusta a los programas universitarios definidos para dicha materia por las Facultades de Derecho y Ciencias Jurídicas, y que, por tanto, privilegia el enfoque didáctico y sistemático sobre la materia, desde la perspectiva de la asignatura de Derecho Administrativo impartida –como curso de pregrado–, en la carrera de Derecho, pero que también pretende cubrir un vacío teórico-práctico en nuestra doctrina y con ello servir de orientación práctica y forense en el ámbito de los operadores jurídicos de los numerosos y diversos procedimientos administrativos que día a día se tramitan al interior de la Administración Pública. Autor: Gabriel Celis Danzinger Thomson Reuters ÍNDICE Presentación CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SECCIÓN I LA ACTIVIDAD FORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO El procedimiento administrativo como actividad formal de la Administración del Estado I. El procedimiento administrativo Concepto de procedimiento administrativo Bases constitucionales del procedimiento administrativo Características del procedimiento administrativo Clasificación de los procedimientos administrativos A. De acuerdo con su impulso B. En atención a su independencia C. En atención al número de interesados en el procedimiento D. En atención a los sujetos que intervienen E. Procedimiento administrativo general y procedimientos administrativos especiales F. En atención al grado de regulación del procedimiento Funciones del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo general Generalidades Ámbito de aplicación material de la ley de bases de los procedimientos administrativos Ámbito de aplicación subjetivo de la ley de bases de los procedimientos administrativos Organismos excluidos de la aplicación de la Ley Nº 19.880 Exclusión de la aplicación de la Ley Nº 19.880 del trámite de toma de razón SECCIÓN II LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO I. Generalidades Función interpretativa y vigencia normativa de los principios del procedimiento administrativo II. Los principios del procedimiento administrativo: análisis en particular Enumeración de los principios generales del procedimiento administrativo 1. Principio de escrituración La escrituración del procedimiento y de los actos administrativos Excepción al principio de escrituración 2. Principio de gratuidad La gratuidad de la función pública en el procedimiento Excepciones al principio de gratuidad Infracción al principio de gratuidad: la aceptación de donativos, ventajas o privilegios 3. Principios de impulsión de oficio y de celeridad Oficiosidad y celeridad del procedimiento La oficiosidad y celeridad se extienden a las diversas fases del procedimiento Orden de despacho de los expedientes originados a solicitud de interesados Infracciones a los principios de impulsión de oficio y de celeridad 4. Principio conclusivo Principio in dubio pro acto Infracciones al principio conclusivo 5. Principio de economía procedimental Economía procedimental. Principios y normas procedimentales destinadas a concretar la economía procedimental Principio de concentración del procedimiento Comunicación del plazo establecido y demás menciones que indica la Ley Nº 19.880 al órgano requerido de algún trámite Principio de insuspensibilidad del procedimiento Otras aplicaciones normativas de la economía procedimental Infracción al principio de economía procedimental. Contravención del deber de eficiencia 6. Principio de contradictoriedad Principio de la contradicción El derecho a defensa material El derecho a defensa técnica Obligación de adoptar medidas para el cumplimiento de los principios de contradicción e igualdad 7. Principio de imparcialidad La imparcialidad como exigencia de la interdicción de la arbitrariedad y de la probidad. Análisis Infracción al principio de imparcialidad: la participación en decisiones en que falte imparcialidad La fundamentación de los actos A. Actos que afecten los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio B. Actos que resuelvan recursos administrativos C. Actos que se dicten reconociendo el término del procedimiento por una causal extraordinaria, distinta de la resolución final D. La resolución final, es decir, los actos de decisión material 8. Principio de abstención El principio de abstención como concreción del principio de imparcialidad Infracción al principio de abstención Inhabilitación de los funcionarios por falta de imparcialidad Abstención por propia iniciativa del funcionario Incidente de recusación promovido por el interesado 9. Principio de la no formalización Principio de informalidad procedimental. Análisis Principio de juridicidad y principio de no formalización Aplicaciones normativas de la no formalización Principio de conservación del acto administrativo El principio de trascendencia procedimental El principio de subsanación: la convalidación y la conversión del acto administrativo El principio de los actos separables 10. Principio de inexcusabilidad La inexcusabilidad administrativa La inexcusabilidad formal: regla de competencia La inexcusabilidad material Resolución de inadmisibilidad de una solicitud y rechazo de plano Excepciones al principio de inexcusabilidad material Diferencias entre el principio conclusivo y el principio de inexcusabilidad 11. Principio de impugnabilidad La impugnabilidad de los actos administrativos Procedencia del principio de impugnabilidad Medios de impugnación de los actos administrativos Excepciones al principio de impugnabilidad Inimpugnabilidad de los actos trámite Los actos de reemplazo Infracción al principio de impugnabilidad 12. Principios de transparencia y de publicidad Transparencia y publicidad administrativa Restricciones de la transparencia y publicidad 13. Principios generales relativos a los medios electrónicos Enumeración de los principios generales relativos a los medios electrónicos 13.1. Principio de neutralidad tecnológica 13.2. Principio de actualización 13.3. Principio de equivalencia funcional 13.4. Principio de fidelidad 13.5. Principio de interoperabilidad 13.6. Principio de cooperación SECCIÓN III LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN I. Generalidades Naturaleza jurídica de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración II. Los derechos de las personas: análisis en particular Enumeración de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración 1. Conocer el estado de tramitación de los procedimientos. Obtener copia y devolución de los originales 2. Identificar a las autoridades y al personal 3. Acompañar documentos electrónicos 4. Eximirse de presentar documentos 5. Acceder a los actos administrativos y sus documentos 6. Ser tratados con respeto y deferencia 7. Formular alegaciones y aportar documentos 8. Exigir responsabilidades de la administración y del personal 9. Obtener información acerca de requisitos jurídicos o técnicos 10. Otros derechos reconocidos en la constitución y las leyes CAPÍTULO II EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL DE LA LEY N° 19.880 SECCIÓN I ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SECCIÓN I-A GENERALIDADES El procedimiento administrativo ordinario Enumeración de las etapas del procedimiento administrativo SECCIÓN I-B NORMAS COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO I. Generalidades Enumeración de las disposiciones comunes a las etapas del procedimiento administrativo II. Análisis de las normas comunes a las etapas de todo procedimiento administrativo 1. Los sujetos del procedimiento 1.1. La Administración del Estado 1.2. Los interesados 1.2.1. Capacidad para actuar como interesado 1.2.2. Tipos de interesados 1.2.3. Los apoderados 2. Los plazos del procedimiento Concepto de plazo administrativo Características de los plazos administrativos Naturaleza de los plazos del procedimiento administrativo Cómputo de los plazos del procedimiento administrativo Plazos internos del procedimiento administrativo Plazo máximo de sustanciación del procedimiento administrativo Ampliación de los plazos del procedimiento administrativo Reducción de los plazos del procedimiento administrativo: el procedimiento de urgencia 3. El expediente administrativo Noción de expediente administrativo Contenido del expediente administrativo Ingreso de las solicitudes, formularios o documentos al expediente electrónico Debe llevarse un registro actualizado de las actuaciones al que tendrán acceso los interesados Uso obligatorio de plataformas electrónicas Remisión de documentos e información 4. Las medidas provisionales Concepto de medidas provisionales Características de las medidas provisionales Clasificación de las medidas provisionales 4.1. Medidas provisionales una vez iniciado el procedimiento 4.2. Medidas provisionales previas al procedimiento 4.3. Normas comunes a las medidas provisionales 5. Los incidentes administrativos 5.1. Generalidades 5.2. La acumulación o desacumulación de procedimientos 6. La comunicación de los actos administrativos 6.1. Generalidades 6.2. Formas de comunicación de los actos 6.2.1. La publicación 6.2.2. Las notificaciones SECCIÓN I-C ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL I. Etapa de iniciación del procedimiento La etapa de iniciación y los principios de oficiosidad e inexcusabilidad Modalidades de inicio del procedimiento 1. Inicio de oficio 2. Inicio a solicitud del interesado II. Etapa de instrucción del procedimiento 1. Los actos de instrucción 2. La prueba en la fase instrucción 2.1. El peso de la prueba 2.2. Los medios de prueba y su valoración 2.3. El término probatorio 2.4. La rendición de la prueba 2.5. Los informes 2.6. Período de información pública III. Etapa de finalización del procedimiento La etapa de finalización y el principio conclusivo Concepto de causales de conclusión del procedimiento Enumeración de las causales de conclusión del procedimiento Clasificación de las causales de conclusión del procedimiento Se requiere un acto que deje constancia de los motivos de la finalización 1. Causal natural la resolución final La decisión material o resolución final Cuestiones conexas a la resolución final Contenido de la resolución final Plazo para dictar la resolución final La inexcusabilidad material La aceptación de informes o dictámenes sirve de motivación a la resolución final terminal Límites materiales de la resolución final 2. Causales anormales Generalidades Enumeración de las causales anormales de finalización del procedimiento 2.1. El desistimiento de la solicitud 2.2. La renuncia del derecho 2.3. El abandono del procedimiento 2.4. La imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevinientes 2.5. Otras causales anormales de término del procedimiento IV. Fases adicionales del procedimiento SECCIÓN I-D EL SILENCIO ADMINISTRATIVO I. Generalidades El silencio administrativo como consecuencia de la inactividad de la Administración Concepto de silencio administrativo Bases constitucionales y normativas del silencio administrativo Regulación del silencio administrativo en nuestro ordenamiento jurídico Características del silencio administrativo Requisitos del silencio administrativo Efectos del silencio administrativo II. Modalidades del silencio administrativo Clasificación del silencio administrativo 1. El silencio positivo Concepto de silencio positivo Requisitos del silencio positivo Límites al silencio positivo Certificación del silencio positivo 2. El silencio negativo Concepto de silencio negativo Requisitos del silencio negativo Certificación del silencio negativo Diferencias entre el silencio positivo y el silencio negativo SECCIÓN II LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS I. Generalidades Los medios de impugnación de los actos administrativos Los recursos administrativos como medio de impugnación de los actos y fase impugnatoria del procedimiento administrativo Concepto de recurso administrativo Fundamento de los recursos administrativos Naturaleza jurídica de los recursos administrativos Características de los recursos administrativos Clasificación de los recursos administrativos Diferencias entre los recursos administrativos y la invalidación II. Régimen de recursos administrativos Enumeración de los recursos administrativos 1. El recurso de reposición 1.1. Generalidades 1.2. Procedimiento 2. El recurso jerárquico 2.1. Generalidades 2.2. Procedimiento 3. El recurso de revisión 3.1. Generalidades 3.2. Procedimiento 4. El recurso de aclaración o rectificación 4.1. Generalidades 4.2. Procedimiento 5. Normas comunes a los recursos administrativos 5.1. Motivación de los actos que resuelven recursos administrativos 5.2. Orden de prelación de los medios de impugnación de los actos administrativos 5.3. Notificación a los demás interesados sobre la interposición de los recursos administrativos 5.4. Corrección de vicios procedimentales en la fase de recursos 5.5. Principio de no suspensión del procedimiento 5.6. Publicidad de los actos que acogen recursos administrativos
INDICE Una Forma de Control Judicial de la intervención Estatal en la Economía
Esta obra aborda un tema omitido en la doctrina nacional, como es la existencia de un tribunal con competencia para conocer asuntos económicos, rol que cumple el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). El autor revisa exhaustivamente la jurisprudencia y práctica del TDLC y la Corte Suprema respecto del control de la actividad administrativa, dividiendo su investigación en cuatro partes: en la primera, aborda cuestiones sobre la intervención del Estado en la economía y aspectos históricos que permiten entender cómo se llegó a controlar la actividad estatal por el sistema de libre competencia y los aspectos de diseño institucional que permiten esa revisión. En la segunda parte, examina el ámbito del contencioso-administrativo del TDLC, que no solo incluye la actividad jurisdiccional contenciosa, sino también la judicial no contenciosa. En la tercera parte, pesquisa el alcance y eficacia de las decisiones dictadas por el TDLC al controlar la actividad estatal, esencialmente, sentencias y resoluciones dictadas en el marco de la potestad consultiva, así como la tutela cautelar contra la Administración. Finalmente, en la cuarta parte, se estudian los criterios sustantivos que subyacen a las decisiones del TDLC al juzgar la actividad estatal. Este trabajo será de gran utilidad para abogados en ejercicio profesional que buscan sedes judiciales para debatir asuntos con la Administración, especialmente en materia económica, como una sede alternativa al Tribunal de Contratación Pública o Contraloría General de la República, y también para los profesionales que se dedican a la litigación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o que se relacionan con la Fiscalía Nacional Económica en sus investigaciones u operaciones de concentración (fusiones), entre otros.
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