Código Procesal Penal de Chile 2023 – 3ª Edición con Apéndice Legislativo – anillado
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DESPACHO A PARTIR DEL 20 DE FEBRERO 2023
Código Procesal Penal de Chile 3ª Edición con Apéndice Legislativo (anillado)
– Ley Nº 18.216 establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad
– Ley Nº 20.000 sustituye la Ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas
– Ley Nº 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica
– Ley Nº 21.057 regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales
– Decreto 400 del Ministerio de Defensa nacional fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 17.798, sobre control de armas
– DFL Nº 1 fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de tránsito, Nº 18.290
– Ley Nº 19.718, crea la Defensoría Penal Pública
– Ley Nº 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público
– Ley Nº 20.084 de responsabilidad penal adolescente
– Ley Nº 21.459 establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley Nº 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest
– Ley Nº 21.426 sobre comercio ilegal
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Autor: Tirant lo Blach
Editorial :Tirant lo Blach
Año de Publicación : 2023
páginas: 494
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| Description | Autor: Tirant lo Blach Editorial :Tirant lo Blach Año de Publicación : 2023 páginas: 494 | Autor: Gabriel Alejandro Carrillo Rozas Editorial: El Jurista Numero de Paginas: 196 Año de publicación: 2020 | Autor: Eric Andrés Chávez Chávez Editorial: EJS Numero de Paginas: 218 Año de publicación: 2022 | Autor: Manuel Rodríguez Vega Editorial: Rubicon Editores Numero de Paginas: 379 Año de publicación: 2022 | Autor: Equipo Editorial Thomson Reuters Editorial: Thomson Reuters Año de Publicación : 2023 | Autor: Manuel Rodríguez Vega Editorial: Rubicón Editores Numero de Paginas: 416 Año de publicación: 2020 |
| Content | DESPACHO A PARTIR DEL 20 DE FEBRERO 2023Código Procesal Penal de Chile 3ª Edición con Apéndice Legislativo (anillado) - Ley Nº 18.216 establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad - Ley Nº 20.000 sustituye la Ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas - Ley Nº 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica - Ley Nº 21.057 regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales - Decreto 400 del Ministerio de Defensa nacional fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 17.798, sobre control de armas - DFL Nº 1 fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de tránsito, Nº 18.290 - Ley Nº 19.718, crea la Defensoría Penal Pública - Ley Nº 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público - Ley Nº 20.084 de responsabilidad penal adolescente - Ley Nº 21.459 establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley Nº 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest - Ley Nº 21.426 sobre comercio ilegal | Sumario: CAPÍTULO PRIMERO 1.1 Origen y contexto de la nueva normativa legal CAPÍTULO SEGUNDO 2.1 Acerca de la naturaleza jurídica y el fundamento de la causal de exención de responsabilidad penal prevista en el artículo 10 N° 11 del Código Penal 2.2 Fundamento del estado de necesidad CAPÍTULO TERCERO 3.1 Análisis de los presupuestos legales de la eximente de estado de necesidad contenida en el artículo 10 N° 11 del Código Penal 1º. Actualidad o inminencia del mal que se trata evitar 2º. Que no exista otro medio practicable y menos perjudicial para evitarlo 3º. Que el mal causado no sea sustancialmente superior al que se evita 4º. Que el sacrificio del bien amenazado por el mal no pueda ser razonablemente exigido al que lo aparta de sí o, en su caso, a aquel de quien se lo aparta siempre que ello estuviese o pudiese estar en conocimiento del que actúa CAPÍTULO CUARTO Incidencia de la violencia intrafamiliar en la comisión del delito de parricidio perpetrado por mujeres en contra de su agresor y su autodefensa I.- Preocupación frente al problema de la violencia intrafamiliar y su regulación normativa II.- Concepto de violencia intrafamiliar III.- Delito de maltrato habitual IV.- Ciclo de la violencia doméstica V.- Factores que permiten relacionar el parricidio imputado a una mujer con un acto autodefensivo y la construcción de diversos argumentos para una defensa CAPÍTULO QUINTO Comentario crítico de cuatro sentencias dictadas por Tribunales de Juicio Oral en lo Penal frente a las diversas interpretaciones que se han dado respecto de la eximente de responsabilidad penal prevista en el artículo 10 N° 11 del Código Penal CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA | Incluye Modificaciones de a Ley N° 21.394 al Sistema de Justicia, y de la Ley N° 21.412 que Fortalece el Control de Armas Derecho Procesal Penal. Preparación Examen de Grado, del abogado Eric Andrés Chávez Chávez, está destinada para repasar y actualizar por los egresados de Derecho y alumnos de la carrera, la materia Procesal Penal, que ya fue internalizada en el pregrado y que ahora requiere coordinar en su mente. La obra estudia las materias e instituciones del derecho Procesal Penal, sus diferentes participantes, lo que permite repasar los conceptos, requisitos y desarrollo, recordar y en su caso profundizar el tema, para asentar este conocimiento y así agilizar la memoria. La obra está actualizada con la Ley N° 21.394 y Ley N° 21.412, que modificaron el Código Procesal Penal, se hace presenten que no se incluye las normas transitorias, pues, la idea es que el alumno maneje las normas del código con carácter permanente, que por todo esto Ediciones Jurídicas de Santiago, pone a disposición de sus usuarios, esta obra. | IndiceDescripciónEl enjuiciamiento sobre la licitud de la prueba es el enjuiciamiento del procedimiento mismo de investigación, únicamente que observado desde y en función de sus productos o frutos, es decir, a partir del resultado concreto y asible de la investigación -la prueba- retrospectivamente se controla todo el procedimiento que llevó a esa consecuencia. El estudio de la prueba ilícita nos fuerza al del procedimiento, principalmente -mas no exclusivamente- de su etapa de investigación, y de las condiciones y requisitos para que sus actuaciones no afecten ilegítimamente derechos fundamentales. Dada esa vastedad, la casuística sobre la prueba ilícita es literalmente infinita, por lo que ordenar y sistematizar todos los casos es una tarea inabordable e impracticable, y en verdad poco provechosa, pues diariamente surge una infracción distinta que escapa a las clasificaciones vigentes. Útil en cambio resulta identificar criterios comunes que nuestra jurisprudencia ha delineado para censurar la prueba ilícita, distinguirla de la prueba irregular, definir sus efectos directos e indirectos, reconocer excepciones a estos últimos e identificar las distintas instancias y herramientas para reclamar su ineficacia. Tal es este desarrollo y peso que tiene la prueba ilícita, que su estudio resulta hoy inexcusable para quien pretenda desempeñarse con propiedad en el sistema de justicia criminal, cualquiera sea el rol que en él cumpla, sobre todo si las discusiones sobre la licitud de las actuaciones de investigación y persecución, junto a las referentes a la valoración de los antecedentes y de la prueba -según la etapa del proceso-, superan con holgura a las de la aplicación del derecho penal sustantivo, que ha sido relegado a controversias aisladas y ocasionales. Y es al trabajo cotidiano de operadores e intervinientes del proceso penal que esta investigación busca contribuir, esencialmente mediante la sistematización de los criterios seguidos por la Corte Suprema en materia de prueba ilícita y en otras conexas y circundantes a esta, expuestos en sus sentencias dictadas hasta junio del año 2022, de manera de entregar un conjunto estructurado que facilite el acceso y comprensión de dichos pronunciamientos. La exposición y sistematización referida se acompaña de comentarios del autor, en los que luego de las explicaciones y conceptualizaciones obligatorias se efectúa un análisis crítico de la jurisprudencia revisada, resaltando sus aciertos y proponiendo otras interpretaciones cuando se discrepa de lo decidido, para lo cual acude y se apoya en la doctrina nacional y en el derecho comparado. | DISPONIBLE A PARTIR DEL 24 DE FREBRERO DEL 2023
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En los casos de modificaciones que tienen una vigencia diferida, el nuevo texto se incluye en la nota del artículo correspondiente, de forma tal que el lector pueda contar con la versión actual y con la futura.
✔ Listado de modificaciones actualizado al 4 de enero de 2023
En este listado, se presentan todos los cambios normativos que se han incorporado en este código, detallando la norma modificatoria, la norma modificada, y los artículos.
Contempla las modificaciones introducidas desde el 1 de febrero del 2002.
INDICE DE CÓDIGO PROCESAL PENAL LIBRO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Título I Principios básicos Título II Actividad procesal § 1º Plazos § 2º Comunicaciones entre autoridades § 3º Comunicaciones y citaciones del ministerio público § 4º Notificaciones y citaciones judiciales § 5º Resoluciones y otras actuaciones judiciales § 6º Registro de las actuaciones judiciales § 7º Costas § 8º Normas supletorias Título III Acción penal § 1º Clases de acciones § 2º Acciones civiles Título IV Sujetos procesales § 1º El tribunal § 2º El Ministerio Público § 3º La policía § 4º El imputado I.- Derechos y garantías del imputado II.- Imputado rebelde § 5º La defensa § 6º La víctima § 7º El querellante Título V Medidas cautelares personales § 1º Principio general § 2º Citación § 3º Detención § 4º Prisión preventiva § 5º Requisitos comunes a la prisión preventiva y a la detención § 6º Otras medidas cautelares personales Título VI Medidas cautelares reales Título VII Nulidades procesales LIBRO SEGUNDO PROCEDIMIENTO ORDINARIO Título I Etapa de investigación § 1º Persecución penal pública § 2º Inicio del procedimiento § 3º Actuaciones de la investigación § 4º Registros de la investigación § 5º Formalización de la investigación § 6º Suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios § 7º Conclusión de la investigación Título II Preparación del juicio oral § 1º Acusación § 2º Audiencia de preparación del juicio oral § 3º Desarrollo de la audiencia de preparación del juicio oral Título III Juicio Oral § 1º Actuaciones previas al juicio oral § 2º Principios del juicio oral § 3º Dirección y disciplina § 4º Disposiciones generales sobre la prueba § 5º Testigos § 6º Informe de peritos § 7º Otros medios de prueba § 8º Prueba de las acciones civiles § 9º Desarrollo del juicio oral § 10º Sentencia definitiva LIBRO TERCERO RECURSOS Título I Disposiciones generales Título II Recurso de reposición Título III Recurso de apelación Título IV Recurso de Nulidad LIBRO CUARTO PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y EJECUCIÓN Título I Procedimiento simplificado Título II Procedimiento por delito de acción privada Título III Procedimiento abreviado Título IV Procedimiento relativo apersonas que gozan de fuero constitucional § 1º Personas que tienen el fuero del artículo 58 de la Constitución Política § 2º Delegados Presidenciales Regionales, Delegados Presidenciales Provinciales y Gobernadores Regionales Título V Querella de capítulos Título VI Extradición § 1º Extradición activa § 2º Extradición pasiva Título VII Procedimiento para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad § 1º Disposiciones generales § 2º Sujeto inimputable por enajenación mental § 3º Imputado que cae en enajenación durante el procedimiento Título VIII Ejecución de las sentencias condenatorias y medidas de seguridad § 1º Intervinientes § 2º Ejecución de las sentencias § 3º Revisión de las sentencias firmes § 4º Ejecución de medidas de seguridad Título Final Entrada en vigencia de este Código | Descripción A través de sus sucesivos pronunciamientos en torno a esa causal, la Corte ha dotado de contenido a la garantía constitucional del debido proceso, transformándola en reglas de persecución penal, especificando y perfilando los supuestos y requisitos para que los derechos fundamentales puedan ser limitados o perturbados por parte de los agentes de persecución penal durante la fase de investigación, o para que otras actuaciones del procedimiento judicial puedan estimarse válidas y respetuosas de esa garantía. A través de sus sucesivos pronunciamientos en torno a esa causal, la Corte ha dotado de contenido a la garantía constitucional del debido proceso, transformándola en reglas de persecución penal, especificando y perfilando los supuestos y requisitos para que los derechos fundamentales puedan ser limitados o perturbados por parte de los agentes de persecución penal durante la fase de investigación, o para que otras actuaciones del procedimiento judicial puedan estimarse válidas y respetuosas de esa garantía. De ahí la relevancia del estudio de las decisiones de este tribunal, el cual si bien resulta necesario respecto de todos los ámbitos de la criminalidad, es especialmente acuciante y revelador tratándose del tráfico ilícito de drogas, porque los importantes réditos que genera esta actividad son directamente proporcionales con el perfeccionamiento de los medios para ocultar y asegurar el transporte, almacenamiento y distribución de la sustancia y, de ese modo, para su eficiente y efectiva persecución y sanción se requiere acudir a técnicas investigativas cada vez más intrusivas, que generan mayor riesgo de afectar, o violentan con mayor intensidad, derechos fundamentales. En este contexto, el Máximo Tribunal ha intentado caminar a la par de esta evolución social y técnica, para asentar reglas claras y consistentes a las que deben apegarse los agentes de persecución y controlar los tribunales de las instancias. El autor expone la evolución reciente y estado actual de la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a investigaciones y procedimientos judiciales recaídos sobre conductas sancionadas por la Ley N°20.000, en los últimos cuatro años –desde enero de 2016 a diciembre de 2019–, destacando la sistematización y análisis de esas decisiones, lo que sin duda constituirá un insumo provechoso para la labor tanto de jueces, fiscales y defensores. |
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