Código Procesal Penal de Chile 2023 – 3ª Edición con Apéndice Legislativo – anillado
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DESPACHO A PARTIR DEL 20 DE FEBRERO 2023
Código Procesal Penal de Chile 3ª Edición con Apéndice Legislativo (anillado)
– Ley Nº 18.216 establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad
– Ley Nº 20.000 sustituye la Ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas
– Ley Nº 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica
– Ley Nº 21.057 regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales
– Decreto 400 del Ministerio de Defensa nacional fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 17.798, sobre control de armas
– DFL Nº 1 fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de tránsito, Nº 18.290
– Ley Nº 19.718, crea la Defensoría Penal Pública
– Ley Nº 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público
– Ley Nº 20.084 de responsabilidad penal adolescente
– Ley Nº 21.459 establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley Nº 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest
– Ley Nº 21.426 sobre comercio ilegal
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Autor: Tirant lo Blach
Editorial :Tirant lo Blach
Año de Publicación : 2023
páginas: 494
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| Name | Código Procesal Penal de Chile 2023 - 3ª Edición con Apéndice Legislativo - anillado remove | Diligencias Investigativas por Infracciones a la Ley N°20.000 remove | La Prueba Ilícita en la Jurisprudencia de la Corte Suprema remove | Derecho Procesal Orgánico y Funcional remove | Manual Sobre Las Penas Sustitutivas Ley Nº 18.216 remove | Abono de la Prisión Preventiva en Causa Diversa remove |
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| Description | Autor: Tirant lo Blach Editorial :Tirant lo Blach Año de Publicación : 2023 páginas: 494 | Autor: Manuel Rodríguez Vega Editorial: Rubicón Editores Numero de Paginas: 416 Año de publicación: 2020 | Autor: Manuel Rodríguez Vega Editorial: Rubicon Editores Numero de Paginas: 379 Año de publicación: 2022 | Autores: Andrea Erber Fernández, Nicolás Jofré Caro y Paula Millon Lorens Editorial: Der Ediciones Numero de Paginas: 236 Año de publicación: 2022 | Autor: Jorge Danilo Correa Selame Editorial: El Jurista Numero de Paginas: 253 Año de publicación: 2019 | Autor: Jaime Salas Astrain Editorial: Librotecnia Año de Publicación: 2017 Paginas :152 |
| Content | DESPACHO A PARTIR DEL 20 DE FEBRERO 2023Código Procesal Penal de Chile 3ª Edición con Apéndice Legislativo (anillado) - Ley Nº 18.216 establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad - Ley Nº 20.000 sustituye la Ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas - Ley Nº 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica - Ley Nº 21.057 regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales - Decreto 400 del Ministerio de Defensa nacional fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 17.798, sobre control de armas - DFL Nº 1 fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de tránsito, Nº 18.290 - Ley Nº 19.718, crea la Defensoría Penal Pública - Ley Nº 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público - Ley Nº 20.084 de responsabilidad penal adolescente - Ley Nº 21.459 establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley Nº 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest - Ley Nº 21.426 sobre comercio ilegal | Descripción A través de sus sucesivos pronunciamientos en torno a esa causal, la Corte ha dotado de contenido a la garantía constitucional del debido proceso, transformándola en reglas de persecución penal, especificando y perfilando los supuestos y requisitos para que los derechos fundamentales puedan ser limitados o perturbados por parte de los agentes de persecución penal durante la fase de investigación, o para que otras actuaciones del procedimiento judicial puedan estimarse válidas y respetuosas de esa garantía. A través de sus sucesivos pronunciamientos en torno a esa causal, la Corte ha dotado de contenido a la garantía constitucional del debido proceso, transformándola en reglas de persecución penal, especificando y perfilando los supuestos y requisitos para que los derechos fundamentales puedan ser limitados o perturbados por parte de los agentes de persecución penal durante la fase de investigación, o para que otras actuaciones del procedimiento judicial puedan estimarse válidas y respetuosas de esa garantía. De ahí la relevancia del estudio de las decisiones de este tribunal, el cual si bien resulta necesario respecto de todos los ámbitos de la criminalidad, es especialmente acuciante y revelador tratándose del tráfico ilícito de drogas, porque los importantes réditos que genera esta actividad son directamente proporcionales con el perfeccionamiento de los medios para ocultar y asegurar el transporte, almacenamiento y distribución de la sustancia y, de ese modo, para su eficiente y efectiva persecución y sanción se requiere acudir a técnicas investigativas cada vez más intrusivas, que generan mayor riesgo de afectar, o violentan con mayor intensidad, derechos fundamentales. En este contexto, el Máximo Tribunal ha intentado caminar a la par de esta evolución social y técnica, para asentar reglas claras y consistentes a las que deben apegarse los agentes de persecución y controlar los tribunales de las instancias. El autor expone la evolución reciente y estado actual de la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a investigaciones y procedimientos judiciales recaídos sobre conductas sancionadas por la Ley N°20.000, en los últimos cuatro años –desde enero de 2016 a diciembre de 2019–, destacando la sistematización y análisis de esas decisiones, lo que sin duda constituirá un insumo provechoso para la labor tanto de jueces, fiscales y defensores. | IndiceDescripciónEl enjuiciamiento sobre la licitud de la prueba es el enjuiciamiento del procedimiento mismo de investigación, únicamente que observado desde y en función de sus productos o frutos, es decir, a partir del resultado concreto y asible de la investigación -la prueba- retrospectivamente se controla todo el procedimiento que llevó a esa consecuencia. El estudio de la prueba ilícita nos fuerza al del procedimiento, principalmente -mas no exclusivamente- de su etapa de investigación, y de las condiciones y requisitos para que sus actuaciones no afecten ilegítimamente derechos fundamentales. Dada esa vastedad, la casuística sobre la prueba ilícita es literalmente infinita, por lo que ordenar y sistematizar todos los casos es una tarea inabordable e impracticable, y en verdad poco provechosa, pues diariamente surge una infracción distinta que escapa a las clasificaciones vigentes. Útil en cambio resulta identificar criterios comunes que nuestra jurisprudencia ha delineado para censurar la prueba ilícita, distinguirla de la prueba irregular, definir sus efectos directos e indirectos, reconocer excepciones a estos últimos e identificar las distintas instancias y herramientas para reclamar su ineficacia. Tal es este desarrollo y peso que tiene la prueba ilícita, que su estudio resulta hoy inexcusable para quien pretenda desempeñarse con propiedad en el sistema de justicia criminal, cualquiera sea el rol que en él cumpla, sobre todo si las discusiones sobre la licitud de las actuaciones de investigación y persecución, junto a las referentes a la valoración de los antecedentes y de la prueba -según la etapa del proceso-, superan con holgura a las de la aplicación del derecho penal sustantivo, que ha sido relegado a controversias aisladas y ocasionales. Y es al trabajo cotidiano de operadores e intervinientes del proceso penal que esta investigación busca contribuir, esencialmente mediante la sistematización de los criterios seguidos por la Corte Suprema en materia de prueba ilícita y en otras conexas y circundantes a esta, expuestos en sus sentencias dictadas hasta junio del año 2022, de manera de entregar un conjunto estructurado que facilite el acceso y comprensión de dichos pronunciamientos. La exposición y sistematización referida se acompaña de comentarios del autor, en los que luego de las explicaciones y conceptualizaciones obligatorias se efectúa un análisis crítico de la jurisprudencia revisada, resaltando sus aciertos y proponiendo otras interpretaciones cuando se discrepa de lo decidido, para lo cual acude y se apoya en la doctrina nacional y en el derecho comparado. | INDICE El Poder Judicial en Chile cuenta con una reglamentación variada, la cual se extrae de distintos cuerpos legales, como la Constitución Política de la República, códigos, leyes, autos acordados y otros. En el desarrollo de esta obra, los autores realizan un recorrido por las normas que se aplican a la labor diaria del trabajo judicial. Asimismo, se abordan las funciones críticas que realizan las jefaturas del escalafón primario y secundario del Poder Judicial. Con esta información, el lector podrá vislumbrar las diversas interrogantes que aparecen en el desempeño de la función judicial, las que no solamente consisten en decisiones jurisdiccionales. Además, se analizará la reglamentación y ejecución del proceso anual de calificaciones del Poder Judicial. Por último, se examina el sistema disciplinario que rige este poder del Estado, junto con los diversos procedimientos reglamentados en él. | Descripción DESDE HACE UNOS AÑOS RIGE LA LEY N° 18.216 LA CUAL HA SIDO OBJETO DE DIVERSAS MODIFICACIONES Y, COMO ES LA TÓNICA DEDE HACE UN TIEMPO A ESTA PARTE, LAS IMPEFECCIONES LEGISLATIVAS HAN DADO PASO A UN CÚMULO DE PROBLEMAS QUE DEBEN RESOLVER LOS TRIBUNALES SEGÚN SU PROPIO PARECER. EN ESTE TRABAJO NO PRETENDEMOS DAR "LA SOLUCIÓN" A ESOS PROBLEMAS, SINO QUE REFERIRNOS A ELLOS A LA FORMA CÓMO HAN SIDO ABORDADOS. | “En la obra de Jaime Salas es posible reconocer un esfuerzo virtuoso por favorecer la interrogación crítica de las propuestas de solución a las que arriba. Encontrándose la praxis de aplicación del derecho penal chileno aquejada por algunas muestras de un preocupante déficit de claridad argumentativa en la fundamentación de los fallos que son objeto de pronunciamiento judicial, este libro pretende contribuir a la racionalización de la adjudicación penal articulando reflexivamente una respuesta negativa a la pregunta de si, bajo el derecho vigente, es procedente el así llamado “abono de la prisión preventiva en causa diversa”, entendiéndose por tal la imputación del periodo de privación de libertad que, a título de prisión preventiva, una persona ha padecido en el marco de un proceso al cumplimiento de una pena privativa de libertad que ha sido impuesta, sobre esa misma persona, en el marco de un proceso diferente a aquél” (del prólogo del profesor Juan Pablo Mañalich) |
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