Contratos públicos – Ley y reglamento
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A partir del 11 de diciembre de 2023, comenzaron a regir progresivamente las modificaciones introducidas por la Ley Nº 21.634 a la Ley N° 19.886, reformas que tuvieron como objeto central “mejorar la calidad del gasto público” y “aumentar los estándares de probidad y transparencia” a nivel de contratación pública, lo que en los hechos se traduce en una búsqueda de mayor eficiencia en la gestión de la actividad contractual del Estado. A ello, se sumó la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley N° 19.886 -Decreto Supremo N° 661 del Ministerio de Hacienda- el 12 de diciembre de 2024, acorde a los mismos objetivos. Por la magnitud de esta reforma, y tomando en cuenta sus fines, se vuelve necesario abandonar la noción coloquial de “compra pública”, predominante hasta ahora, para hablar en propiedad de “contratos públicos” y de contratación pública”, conceptos de mayor precisión para abarcar el nuevo contexto normativo en materia.
En un marco en que es clave la colaboración público-privada en un modelo de Estado de bienestar, y estando a Administración Pública llamada al cumplimiento de los fines del Estado, la contratación pública es un instrumento de creciente importancia, por ser la herramienta administrativa por excelencia para la obtención de tales objetivos -en especial, concretizando la satisfacción del bien común-. Por todo ello, esta obra efectúa un estudio panorámico y analítico de los nuevos ejes e instituciones sobre los cuales ella se estructura.
PARTE PRIMERA
EXPLICACIÓN SISTEMÁTICA DE LA LEY Y SU REGLAMENTO
I. Antecedentes de la Ley No 19.886
II. Ámbito de aplicación de la Ley No 19.886 y su Reglamento
1. Ámbito de aplicación subjetiva
2. Ámbito de aplicación objetiva
2.1. Contratos a los cuales se les aplica la Ley de Contratación Pública en su totalidad
2.1.1. Contrato de suministro
2.1.2. Contrato de prestación de servicios
2.2. Contratos a los cuales no se les aplica la Ley de Contratación Pública
2.3. Contratos a los cuales se aplica la Ley de Contratación Pública de manera parcial
3. Ámbito de aplicación del Reglamento
III. Principios orientadores de la contratación pública
1. Principio de juridicidad o legalidad
2. Libre concurrencia de los oferentes al concurso público
3. Principio de igualdad de los oferentes o de igualdad ante las bases
4. Principio de competitividad
5. Principio de estricta sujeción a las bases de la licitación
6. Principio de valor por dinero
7. Principio de desigualdad de las partes
8. Principio de la mutabilidad del contrato
9. Principio de equilibrio financiero del contrato
10. Principio de eficiencia y eficacia
11. Principio de probidad
12. Principio de publicidad y transparencia
13. Principio de servicialidad del Estado
14. Principio de buena fe
15. Principio de impugnabilidad
16. Principio de desconcentración de adjudicaciones
17. Principio de promoción de la participación de las empresas de menor tamaño y las cooperativas en el sistema de compras públicas
18. Contratación pública estratégica
19. Contratación fiscalizada administrativamente por la Contraloría General de la República
IV. Sistema de Compras Públicas
1. Dirección de Compras y Contratación Pública
1.1. Funciones de la Dirección de Compras
1.2. Directivas e instrucciones obligatorias de la Dirección
1.3. Supervisión administrativa
2. Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad
3. Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado
3.1. Obligación de regirse por el Sistema de Información
3.2. Información que debe ser publicada en el Sistema
3.3. Políticas y condiciones de uso
3.4. Manual de Procedimientos de Adquisiciones y de Gestión de Contratos
4. Facultades y deberes de los organismos del Estado
4.1. Plan Anual de Compras y Contrataciones
4.1.1. Elaboración del Plan Anual
4.1.2. Modificaciones al Plan Anual
4.1.3. Deber de publicidad
4.1.4. Evaluación del Plan Anual
4.2. Nómina del personal
4.3. Ficha electrónica de la Entidad Compradora
4.4. Del pago a los proveedores
4.5. Reglas de modificación del contrato público
4.6. Sanciones aplicables a los proveedores
4.6.1. Multas
4.6.2. Término anticipado del contrato
4.6.3. Otras medidas de apremio
4.6.4. Procedimiento de aplicación de sanciones
5. Cesión y subcontratación
5.1. Cesión del contrato público
5.2. Subcontratación
6. El Registro de Proveedores
6.1. Sobre los proveedores
6.2. Inscripción en el Registro de Proveedores
6.2.1. Solicitud de inscripción
6.2.2. De la evaluación de los proveedores
6.2.3. Ficha de los proveedores inscritos
6.2.4. Acciones posteriores a la inscripción
6.3. Categorías del Registro de Proveedores
6.4. Inhabilidades para pertenecer al Registro de Proveedores
6.4.1. Causales de inhabilidad para contratar y pertenecer al Registro
6.4.2. Extensión de las inhabilidades
6.4.3. Duración de las inhabilidades
6.4.4. Procedimiento de aplicación de la sanción de inhabilidad
6.4.5. Inhabilidades en los Registros del MOP y MINVU
6.5. Suspensión y eliminación del Registro de Proveedores
6.5.1. Suspensión del Registro
6.5.2. Eliminación del Registro de Proveedores
6.5.3. Efectos de la suspensión o eliminación
6.6. Publicidad del Registro de Proveedores
6.7. Otros registros de contratistas
V. Procedimientos de Contratación Pública
1. Reglas comunes que deben observarse en los procesos de contratación pública
1.1. Requisitos para contratar
1.2. Notificaciones
1.3. Actuaciones previas al inicio del procedimiento de contratación
1.3.1. Determinación de los bienes y servicios a adquirir
1.3.2. Consulta a la plataforma de economía circular
1.3.3. Consulta del catálogo de convenios marco
1.3.4. Determinación del procedimiento y monto de contratación
1.3.5. Análisis técnico y económico
1.4. Autorizaciones presupuestarias
1.5. Formalización de las adquisiciones
2. Licitación pública
2.1. Preparación de las bases de licitación
2.1.1. Contenido mínimo de las bases de la licitación
2.1.2. Contenido adicional de las bases
2.1.3. Contenido especial de las bases
2.2. Publicación de las bases y llamado para presentar ofertas
2.3. Período de consultas y aclaraciones
2.4. Presentación de las ofertas
2.5. Cierre y apertura de las ofertas
2.6. Evaluación de las ofertas
2.6.1. La comisión evaluadora
2.6.2. Posibilidad de subsanar errores u omisiones formales de las ofertas
2.6.3. Causales de inadmisibilidad de las ofertas
2.6.4. Informe final de la comisión evaluadora
2.6.5. Declaración de la licitación pública como desierta
2.7. Adjudicación de la licitación
2.8. Suscripción del contrato
2.9. Normas especiales para la licitación de servicios personales especializados
3. Licitación privada
3.1. Procedencia de la licitación privada
3.2. Particularidades de la licitación privada
4. Trato directo o contratación excepcional directa con publicidad
4.1. Causales de procedencia del trato directo
4.2. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento
4.3. Responsabilidad administrativa
5. Procedimientos especiales de contratación pública
5.1. Compra ágil
5.2. Compra por cotización
5.3. Convenio marco
5.3.1. Procedencia de los convenios marco
5.3.2. Particularidades de las bases de la licitación
5.3.3. Acuerdos complementarios
5.3.4. Catálogo de convenios marco
5.4. Contratos para la innovación
5.5. Diálogo competitivo de innovación
5.6. Subasta inversa electrónica
5.7. Compra coordinada
5.8. Otros procedimientos especiales de contratación
6. Sobre las garantías exigidas para contratar
6.1. Garantía de seriedad de la oferta
6.2. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
6.3. Exención de garantías
6.4. Otras reglas sobre las garantías
VI. De la probidad administrativa y transparencia en la contratación pública
1. Preparación de la contratación pública
2. Limitaciones a la comunicación de los participantes en los procedimientos de contratación pública
3. Causales de inhabilidad relativa para contratar con el Estado
4. Deber de abstención
5. Declaración jurada sobre conflictos de intereses
6. Sanciones al incumplimiento de lo dispuesto en el
CAPÍTULO VII
DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
7. Prohibición de fragmentación
VII. Mecanismos de impugnación o reclamación durante la contratación y ejecución del contrato público
1. Reclamación administrativa
2. Denuncia reservada
3. Acción de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública
4. Acciones ante tribunales ordinarios
VIII. Tribunal de Contratación Pública
1. Aspectos orgánicos del Tribunal
1.1. Integración y duración de sus miembros
1.2. Prohibiciones e inhabilidades
1.2.1. Prohibiciones
1.2.2. Inhabilidades
1.3. Funcionamiento del Tribunal
1.4. Causales de cesación en el cargo
2. Competencia del Tribunal de Contratación Pública
3. Procedimiento ante el Tribunal de Contratación Pública
3.1. Reglas generales
3.1.1. Tramitación electrónica
3.1.2. Cómputo de plazos
3.1.3. Notificaciones
3.1.4. Los incidentes
3.1.5. Exhortos
3.1.6. Comparecencia remota
3.1.7. Régimen de recursos
3.1.8. Aplicación supletoria del CPC
3.2. Forma de inicio del procedimiento
3.2.1. Requisitos de la demanda
3.2.2. Plazo de interposición
3.2.3. Examen de admisibilidad
3.3. Fase de discusión
3.4. Llamado a conciliación
3.5. Término probatorio
3.6. Sentencia definitiva y recursos
3.7. Medidas cautelares
PARTE SEGUNDA
ESQUEMA TEMÁTICO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU REGLAMENTO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO II
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR CON LOS ORGANISMOS DEL ESTADO
CAPÍTULO III
DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN
Párrafo 1 – De los procedimientos de contratación
Párrafo 2 – De las garantías exigidas para contratar
Párrafo 3 – De las facultades de los organismos del Estado
Párrafo 4 – De la cesión y subcontratación
Párrafo 5 – Del registro de proveedores
CAPÍTULO IV
DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS
CAPÍTULO V
DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO VI
DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO VII
DE LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO VIII
COMITÉ DE COMPRAS PÚBLICAS DE INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD
CAPÍTULO IX
DE LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO Y LAS COOPERATIVAS EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS
Párrafo 1 – Disposiciones generales
Párrafo 2 – De la Unión Temporal de Proveedores
Párrafo 3 – Reglas para las empresas de menor tamaño en los procedimientos de contratación
Artículos transitorios (Ley No 21.634)
PARTE TERCERA
CONCLUSIONES
I. Estado de la cuestión
II. Ámbito de aplicación de la Ley de Contratación Pública y su Reglamento
III. Principios orientadores de la contratación pública
IV. Sistema de Compras Públicas
1. Dirección de Compras y Contratación Pública
2. Reglas de modificación del contrato público
3. Término anticipado del contrato
4. El Registro de Proveedores
5. Inhabilidad para pertenecer al Registro de Proveedores
V. Procedimiento de contratación
1. Licitación pública
1.1. Presentación de las ofertas
2. Trato directo o contratación excepcional directa con publicidad
3. Sobre las garantías exigidas para contratar
VI. De la probidad administrativa y transparencia en la contratación pública
1. Preparación de la contratación
2. Causales de inhabilidad relativas para contratar
3. Deber de abstención
VII. Tribunal de Contratación Pública
1. Aspectos orgánicos del Tribunal
2. Competencia del Tribunal
3. Procedimiento ante el Tribunal de Contratación Pública: “Ordinarización” de un procedimiento “breve y sumario”
4. Sobre el déficit de técnica legislativa
PARTE CUARTA
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA
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Coordinador : Francisco Zúñiga Urbina
Editorial: Editorial Thomson Reuters
Numero de Paginas: 568
Año de publicación: 2025
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| Description | Coordinador : Francisco Zúñiga Urbina Editorial: Editorial Thomson Reuters Numero de Paginas: 568 Año de publicación: 2025 | Autor: Gabriel Celis Danzinger Editorial : Thomson Reuters Año de Publicación : 2022 Paginas :604 | Autor: Carlos Salinas Bruzzone Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 1384 Año de publicación: 2019 | Autor: Francisco Javier Aldunate Ramos Editorial: EJS Año de Publicación: 2022 Paginas :1191 | Autor: Juan Carlos Flores Rivas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 352 Año de publicación: 2021 | Autor: Juan Carlos Flores Rivas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 352 Año de publicación: 2021 |
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A partir del 11 de diciembre de 2023, comenzaron a regir progresivamente las modificaciones introducidas por la Ley Nº 21.634 a la Ley N° 19.886, reformas que tuvieron como objeto central "mejorar la calidad del gasto público" y "aumentar los estándares de probidad y transparencia" a nivel de contratación pública, lo que en los hechos se traduce en una búsqueda de mayor eficiencia en la gestión de la actividad contractual del Estado. A ello, se sumó la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley N° 19.886 -Decreto Supremo N° 661 del Ministerio de Hacienda- el 12 de diciembre de 2024, acorde a los mismos objetivos. Por la magnitud de esta reforma, y tomando en cuenta sus fines, se vuelve necesario abandonar la noción coloquial de "compra pública", predominante hasta ahora, para hablar en propiedad de "contratos públicos" y de contratación pública", conceptos de mayor precisión para abarcar el nuevo contexto normativo en materia.
En un marco en que es clave la colaboración público-privada en un modelo de Estado de bienestar, y estando a Administración Pública llamada al cumplimiento de los fines del Estado, la contratación pública es un instrumento de creciente importancia, por ser la herramienta administrativa por excelencia para la obtención de tales objetivos -en especial, concretizando la satisfacción del bien común-. Por todo ello, esta obra efectúa un estudio panorámico y analítico de los nuevos ejes e instituciones sobre los cuales ella se estructura.
PARTE PRIMERA
EXPLICACIÓN SISTEMÁTICA DE LA LEY Y SU REGLAMENTO
I. Antecedentes de la Ley No 19.886
II. Ámbito de aplicación de la Ley No 19.886 y su Reglamento
1. Ámbito de aplicación subjetiva
2. Ámbito de aplicación objetiva
2.1. Contratos a los cuales se les aplica la Ley de Contratación Pública en su totalidad
2.1.1. Contrato de suministro
2.1.2. Contrato de prestación de servicios
2.2. Contratos a los cuales no se les aplica la Ley de Contratación Pública
2.3. Contratos a los cuales se aplica la Ley de Contratación Pública de manera parcial
3. Ámbito de aplicación del Reglamento
III. Principios orientadores de la contratación pública
1. Principio de juridicidad o legalidad
2. Libre concurrencia de los oferentes al concurso público
3. Principio de igualdad de los oferentes o de igualdad ante las bases
4. Principio de competitividad
5. Principio de estricta sujeción a las bases de la licitación
6. Principio de valor por dinero
7. Principio de desigualdad de las partes
8. Principio de la mutabilidad del contrato
9. Principio de equilibrio financiero del contrato
10. Principio de eficiencia y eficacia
11. Principio de probidad
12. Principio de publicidad y transparencia
13. Principio de servicialidad del Estado
14. Principio de buena fe
15. Principio de impugnabilidad
16. Principio de desconcentración de adjudicaciones
17. Principio de promoción de la participación de las empresas de menor tamaño y las cooperativas en el sistema de compras públicas
18. Contratación pública estratégica
19. Contratación fiscalizada administrativamente por la Contraloría General de la República
IV. Sistema de Compras Públicas
1. Dirección de Compras y Contratación Pública
1.1. Funciones de la Dirección de Compras
1.2. Directivas e instrucciones obligatorias de la Dirección
1.3. Supervisión administrativa
2. Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad
3. Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado
3.1. Obligación de regirse por el Sistema de Información
3.2. Información que debe ser publicada en el Sistema
3.3. Políticas y condiciones de uso
3.4. Manual de Procedimientos de Adquisiciones y de Gestión de Contratos
4. Facultades y deberes de los organismos del Estado
4.1. Plan Anual de Compras y Contrataciones
4.1.1. Elaboración del Plan Anual
4.1.2. Modificaciones al Plan Anual
4.1.3. Deber de publicidad
4.1.4. Evaluación del Plan Anual
4.2. Nómina del personal
4.3. Ficha electrónica de la Entidad Compradora
4.4. Del pago a los proveedores
4.5. Reglas de modificación del contrato público
4.6. Sanciones aplicables a los proveedores
4.6.1. Multas
4.6.2. Término anticipado del contrato
4.6.3. Otras medidas de apremio
4.6.4. Procedimiento de aplicación de sanciones
5. Cesión y subcontratación
5.1. Cesión del contrato público
5.2. Subcontratación
6. El Registro de Proveedores
6.1. Sobre los proveedores
6.2. Inscripción en el Registro de Proveedores
6.2.1. Solicitud de inscripción
6.2.2. De la evaluación de los proveedores
6.2.3. Ficha de los proveedores inscritos
6.2.4. Acciones posteriores a la inscripción
6.3. Categorías del Registro de Proveedores
6.4. Inhabilidades para pertenecer al Registro de Proveedores
6.4.1. Causales de inhabilidad para contratar y pertenecer al Registro
6.4.2. Extensión de las inhabilidades
6.4.3. Duración de las inhabilidades
6.4.4. Procedimiento de aplicación de la sanción de inhabilidad
6.4.5. Inhabilidades en los Registros del MOP y MINVU
6.5. Suspensión y eliminación del Registro de Proveedores
6.5.1. Suspensión del Registro
6.5.2. Eliminación del Registro de Proveedores
6.5.3. Efectos de la suspensión o eliminación
6.6. Publicidad del Registro de Proveedores
6.7. Otros registros de contratistas
V. Procedimientos de Contratación Pública
1. Reglas comunes que deben observarse en los procesos de contratación pública
1.1. Requisitos para contratar
1.2. Notificaciones
1.3. Actuaciones previas al inicio del procedimiento de contratación
1.3.1. Determinación de los bienes y servicios a adquirir
1.3.2. Consulta a la plataforma de economía circular
1.3.3. Consulta del catálogo de convenios marco
1.3.4. Determinación del procedimiento y monto de contratación
1.3.5. Análisis técnico y económico
1.4. Autorizaciones presupuestarias
1.5. Formalización de las adquisiciones
2. Licitación pública
2.1. Preparación de las bases de licitación
2.1.1. Contenido mínimo de las bases de la licitación
2.1.2. Contenido adicional de las bases
2.1.3. Contenido especial de las bases
2.2. Publicación de las bases y llamado para presentar ofertas
2.3. Período de consultas y aclaraciones
2.4. Presentación de las ofertas
2.5. Cierre y apertura de las ofertas
2.6. Evaluación de las ofertas
2.6.1. La comisión evaluadora
2.6.2. Posibilidad de subsanar errores u omisiones formales de las ofertas
2.6.3. Causales de inadmisibilidad de las ofertas
2.6.4. Informe final de la comisión evaluadora
2.6.5. Declaración de la licitación pública como desierta
2.7. Adjudicación de la licitación
2.8. Suscripción del contrato
2.9. Normas especiales para la licitación de servicios personales especializados
3. Licitación privada
3.1. Procedencia de la licitación privada
3.2. Particularidades de la licitación privada
4. Trato directo o contratación excepcional directa con publicidad
4.1. Causales de procedencia del trato directo
4.2. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento
4.3. Responsabilidad administrativa
5. Procedimientos especiales de contratación pública
5.1. Compra ágil
5.2. Compra por cotización
5.3. Convenio marco
5.3.1. Procedencia de los convenios marco
5.3.2. Particularidades de las bases de la licitación
5.3.3. Acuerdos complementarios
5.3.4. Catálogo de convenios marco
5.4. Contratos para la innovación
5.5. Diálogo competitivo de innovación
5.6. Subasta inversa electrónica
5.7. Compra coordinada
5.8. Otros procedimientos especiales de contratación
6. Sobre las garantías exigidas para contratar
6.1. Garantía de seriedad de la oferta
6.2. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
6.3. Exención de garantías
6.4. Otras reglas sobre las garantías
VI. De la probidad administrativa y transparencia en la contratación pública
1. Preparación de la contratación pública
2. Limitaciones a la comunicación de los participantes en los procedimientos de contratación pública
3. Causales de inhabilidad relativa para contratar con el Estado
4. Deber de abstención
5. Declaración jurada sobre conflictos de intereses
6. Sanciones al incumplimiento de lo dispuesto en el
CAPÍTULO VII
DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
7. Prohibición de fragmentación
VII. Mecanismos de impugnación o reclamación durante la contratación y ejecución del contrato público
1. Reclamación administrativa
2. Denuncia reservada
3. Acción de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública
4. Acciones ante tribunales ordinarios
VIII. Tribunal de Contratación Pública
1. Aspectos orgánicos del Tribunal
1.1. Integración y duración de sus miembros
1.2. Prohibiciones e inhabilidades
1.2.1. Prohibiciones
1.2.2. Inhabilidades
1.3. Funcionamiento del Tribunal
1.4. Causales de cesación en el cargo
2. Competencia del Tribunal de Contratación Pública
3. Procedimiento ante el Tribunal de Contratación Pública
3.1. Reglas generales
3.1.1. Tramitación electrónica
3.1.2. Cómputo de plazos
3.1.3. Notificaciones
3.1.4. Los incidentes
3.1.5. Exhortos
3.1.6. Comparecencia remota
3.1.7. Régimen de recursos
3.1.8. Aplicación supletoria del CPC
3.2. Forma de inicio del procedimiento
3.2.1. Requisitos de la demanda
3.2.2. Plazo de interposición
3.2.3. Examen de admisibilidad
3.3. Fase de discusión
3.4. Llamado a conciliación
3.5. Término probatorio
3.6. Sentencia definitiva y recursos
3.7. Medidas cautelares
PARTE SEGUNDA
ESQUEMA TEMÁTICO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU REGLAMENTO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO II
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR CON LOS ORGANISMOS DEL ESTADO
CAPÍTULO III
DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN
Párrafo 1 - De los procedimientos de contratación
Párrafo 2 - De las garantías exigidas para contratar
Párrafo 3 - De las facultades de los organismos del Estado
Párrafo 4 - De la cesión y subcontratación
Párrafo 5 - Del registro de proveedores
CAPÍTULO IV
DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS
CAPÍTULO V
DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO VI
DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO VII
DE LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO VIII
COMITÉ DE COMPRAS PÚBLICAS DE INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD
CAPÍTULO IX
DE LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO Y LAS COOPERATIVAS EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS
Párrafo 1 - Disposiciones generales
Párrafo 2 - De la Unión Temporal de Proveedores
Párrafo 3 - Reglas para las empresas de menor tamaño en los procedimientos de contratación
Artículos transitorios (Ley No 21.634)
PARTE TERCERA
CONCLUSIONES
I. Estado de la cuestión
II. Ámbito de aplicación de la Ley de Contratación Pública y su Reglamento
III. Principios orientadores de la contratación pública
IV. Sistema de Compras Públicas
1. Dirección de Compras y Contratación Pública
2. Reglas de modificación del contrato público
3. Término anticipado del contrato
4. El Registro de Proveedores
5. Inhabilidad para pertenecer al Registro de Proveedores
V. Procedimiento de contratación
1. Licitación pública
1.1. Presentación de las ofertas
2. Trato directo o contratación excepcional directa con publicidad
3. Sobre las garantías exigidas para contratar
VI. De la probidad administrativa y transparencia en la contratación pública
1. Preparación de la contratación
2. Causales de inhabilidad relativas para contratar
3. Deber de abstención
VII. Tribunal de Contratación Pública
1. Aspectos orgánicos del Tribunal
2. Competencia del Tribunal
3. Procedimiento ante el Tribunal de Contratación Pública: “Ordinarización” de un procedimiento “breve y sumario”
4. Sobre el déficit de técnica legislativa
PARTE CUARTA
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA
| Indice El presente texto tiene por objeto una versión sistemática y actualizada sobre el denomina – do Derecho de Compras Públicas, referido particularmente a la categoría de los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, con especial énfasis en el régimen de la Ley Nº 19.886 y su Reglamento, sin excluir, la revisión de otros sistemas normativos de adquisiciones y servicios especiales para la Administración del Estado. El trabajo, privilegia un enfoque pragmático, profesional y forense, de manera que, el prisma de estudio se centra en una sistematización de la normativa legal y reglamentaria sobre compras públicas, adoptando un enfoque operativo, a la luz de los criterios adoptados por la jurisprudencia judicial, constitucional y administrativa, por lo que sus principales destina – tarios naturales son abogados y profesionales que participan en este tipo de contrataciones o brindan asesoría, dentro o fuera de la Administración Pública. Finalmente, cabe destacar que, a diferencia de otros trabajos anteriores, en esta oportunidad, el autor ha incursionado en la fase contractual o de ejecución del contrato de suministro y/o servicios, con especial hincapié, en el régimen sancionatorio y de aplicación de multas. | indiceAnálisis Crítico de las Prerrogativas Sancionatorias del EstadoBases para la Comprensión Autónoma del Derecho Sancionador Regulatorio en ChileLa presente obra se hace cargo de la evolución de los poderes de sanción de la Administración en Chile, para cuyos efectos analiza esta en el Derecho Administrativo nacional y en el Derecho Administrativo español, máxime cuando la evolución del derecho peninsular ha servido de sustento jurídico para la actual comprensión de las prerrogativas administrativo-sancionatorias en nuestro país. Esta investigación presenta una interesante sistematización de las diversas teorías que se han formulado en Chile para la inteligencia de dichas prerrogativas, dedicando un estudio especial a lo que el autor denomina “teoría de la crítica formal a la radicación de poderes de sanción en la Administración pública”, cuyo sustento se halla en la tesis del ius puniendi estatal único del Estado, posición mayoritariamente aceptada por la doctrina ius administrativa y la jurisprudencia constitucional, administrativa y judicial. El autor efectúa una propuesta innovadora al presentar una relectura de la actividad sustancial de la Administración, advirtiendo la existencia –en el marco de lo que denomina “actividad de intervención”– de un “nuevo derecho sancionatorio en el ámbito de los mercados regulados”, que goza de autonomía respecto de las garantías de orden penal. Cabe destacar, también, el esfuerzo realizado en orden a identificar los principios jurídicos que informarían un “nuevo” Derecho Administrativo Sancionador Regulatorio. La presente obra viene a llenar un sensible vacío referido a un análisis sistemático de los poderes de sanción de la Administración, avanzando decididamente hacia una concepción autónoma del Derecho Sancionador Regulatorio respecto del Derecho Penal, evidenciando las limitaciones de la tesis del ius puniendi estatal único para la comprensión de las diversas manifestaciones del poder de sanción de la Administración. | Ley N°18.834 - Explicado y comentado El artículo 6° de la Ley N°10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, previene que corresponde exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen. De acuerdo con lo anterior, solo las decisiones y dictámenes de la Contraloría General de la República serán los medios que podrán hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa. Es así que las materias referidas al personal de la Administración del Estado se encuentran contenidas en el Estatuto Administrativo, el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales y/o en estatutos especiales (ejemplo del personal del Congreso Nacional, que reconocen una misma raíz jurídica, el Estatuto de Personal del Ministerio Público y otros). Por ello su interpretación y adecuación a casos concretos alcanza una importancia fundamental a efectos de la resolución de controversias que puedan suscitarse en el seno de distintas entidades públicas. Esta obra busca dar cuenta de esta jurisprudencia administrativa, tomando como base el trabajo liderado en las últimas décadas por la Contraloría General de la República y distintos autores en derecho público, destacando el modelo de don Rolando Pantoja Bauzá. En el último tiempo el Estatuto Administrativo ha sido objeto de numerosas modificaciones las que principalmente han sido dirigidas a incorporar de manera expresa el principio de probidad administrativa al ejercicio de la función pública, regular los concursos de ingreso a la Administración y otras materias, sin considerar, por ejemplo, la estabilidad en el empleo, al menos de manera seria y formal, siendo los avances judiciales y de jurisprudencia administrativa los más relevantes en estos puntos, los que se han ido recogiendo en diversos dictámenes de Contraloría. Este es un repositorio actualizado de jurisprudencia administrativa en los artículos más sensibles que este contiene, libro con pretensión de constituirse en material de consulta para estudiantes y abogados, pero principalmente para funcionarios que quieran conocer más en detalle el funcionamiento de la Administración del Estado, conociendo su “piedra basal”, esto es, la estructura legal de gestión de personal y su normativa aplicable. | Abre el presente libro el capítulo I que recoge el artículo “Licitación pública: ¿Es el procedimiento ordinario de contratación administrativa?”. En este artículo se trata de contestar la interrogante de si la licitación pública es el procedimiento general para formar la voluntad contractual del Estado o si las causales de licitación privada o el trato directo son lo suficientemente amplias para que el Estado puede eximirse de la licitación pública. Se arriba a la conclusión de que algunas de las causales de trato directo, en la forma que se encuentran reguladas, son demasiado amplias y que deben ser revisadas para impedir que se sorteen la licitación sin una motivación suficiente. En el capítulo II se pasa revista a los principios de la licitación pública. En primer lugar, se analiza el principio de libre concurrencia de los oferentes, el sistema de registro de los oferentes para limitar las ofertas temerarias y seleccionar la oferta más conveniente. A su vez, se analizan las prácticas atentatorias de la libre concurrencia, extraídas de la práctica administrativa y de la jurisprudencia administrativa. En segundo lugar, revisamos el principio de igualdad de los oferentes tanto al momento de selección del contratista como durante la ejecución del contrato administrativo. Finalmente, se analiza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, sus límites y relación con otros principios de la licitación pública. En el capítulo III se analiza desde una visión crítica la inhabilidad regulada en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Se analizan cómo las nuevas exigencias derivadas de la contratación administrativa estratégica, mediante la cual el Estado incorpora elementos exógenos para satisfacer necesidades tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas licitantes o el respeto del medio ambiente, pueden generar impactos complejos en la contratación administrativa. En el capítulo IV relativo a las bases de licitación como medio de prueba en la litigación pública contractual, planteamos la tesis de que las bases de licitación no son el único medio de prueba válido para acreditar el sentido y alcance de las obligaciones contractuales, no obstante, su importancia. Esta tesis se funda en que generalmente la estructura y articulación de las bases de licitación es un rol que le corresponde íntegramente al Estado, que se puede convertir en un instrumento perverso para diagnosticar el cumplimiento o incumplimiento ocurrido durante la ejecución del contrato administrativo. En el capítulo V se estudia el principio de probidad administrativa en la fase de evaluación de ofertas de la licitación pública. Sustentamos que las licitaciones públicas deben regirse por el principio de buena fe, bajo la creencia objetiva de que sus miembros deben actuar con honradez y sujetos a una conducta recta, en el sentido de privilegiar el interés público sobre el privado al momento de seleccionar la oferta más conveniente para la satisfacción de la necesidad pública, quedando prohibida la incorporación de elementos o la omisión de requisitos no previstos ni en la ley ni en las bases de licitación, que puedan generar situaciones de privilegios entre los oferentes. En el capítulo VI se analiza el régimen jurídico que regula la contratación administrativa de las empresas públicas en nuestro Derecho Administrativo, en sus distintas etapas, a saber, licitación, ejecución y terminación. Específicamente, se analiza si los contratos suscritos por las distintas empresas públicas existentes en nuestro país se encuentran sometidas exclusivamente a “la legislación común aplicable a los particulares” o las empresas públicas en su actividad contractual deben respetar ciertas normas y principios del derecho administrativo, como cualquier órgano que integra la Administración Pública. El capítulo VII tiene por objeto analizar la tesis sustentada por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema, que afirman que las multas en los contratos administrativos ostentan la naturaleza de cláusulas penales de origen contractual, y cuya aplicación se canaliza a través de la simple ejecución de una cláusula contractual. | Abre el presente libro el capítulo I que recoge el artículo “Licitación pública: ¿Es el procedimiento ordinario de contratación administrativa?”. En este artículo se trata de contestar la interrogante de si la licitación pública es el procedimiento general para formar la voluntad contractual del Estado o si las causales de licitación privada o el trato directo son lo suficientemente amplias para que el Estado puede eximirse de la licitación pública. Se arriba a la conclusión de que algunas de las causales de trato directo, en la forma que se encuentran reguladas, son demasiado amplias y que deben ser revisadas para impedir que se sorteen la licitación sin una motivación suficiente. En el capítulo II se pasa revista a los principios de la licitación pública. En primer lugar, se analiza el principio de libre concurrencia de los oferentes, el sistema de registro de los oferentes para limitar las ofertas temerarias y seleccionar la oferta más conveniente. A su vez, se analizan las prácticas atentatorias de la libre concurrencia, extraídas de la práctica administrativa y de la jurisprudencia administrativa. En segundo lugar, revisamos el principio de igualdad de los oferentes tanto al momento de selección del contratista como durante la ejecución del contrato administrativo. Finalmente, se analiza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, sus límites y relación con otros principios de la licitación pública. En el capítulo III se analiza desde una visión crítica la inhabilidad regulada en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Se analizan cómo las nuevas exigencias derivadas de la contratación administrativa estratégica, mediante la cual el Estado incorpora elementos exógenos para satisfacer necesidades tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas licitantes o el respeto del medio ambiente, pueden generar impactos complejos en la contratación administrativa. En el capítulo IV relativo a las bases de licitación como medio de prueba en la litigación pública contractual, planteamos la tesis de que las bases de licitación no son el único medio de prueba válido para acreditar el sentido y alcance de las obligaciones contractuales, no obstante, su importancia. Esta tesis se funda en que generalmente la estructura y articulación de las bases de licitación es un rol que le corresponde íntegramente al Estado, que se puede convertir en un instrumento perverso para diagnosticar el cumplimiento o incumplimiento ocurrido durante la ejecución del contrato administrativo. En el capítulo V se estudia el principio de probidad administrativa en la fase de evaluación de ofertas de la licitación pública. Sustentamos que las licitaciones públicas deben regirse por el principio de buena fe, bajo la creencia objetiva de que sus miembros deben actuar con honradez y sujetos a una conducta recta, en el sentido de privilegiar el interés público sobre el privado al momento de seleccionar la oferta más conveniente para la satisfacción de la necesidad pública, quedando prohibida la incorporación de elementos o la omisión de requisitos no previstos ni en la ley ni en las bases de licitación, que puedan generar situaciones de privilegios entre los oferentes. En el capítulo VI se analiza el régimen jurídico que regula la contratación administrativa de las empresas públicas en nuestro Derecho Administrativo, en sus distintas etapas, a saber, licitación, ejecución y terminación. Específicamente, se analiza si los contratos suscritos por las distintas empresas públicas existentes en nuestro país se encuentran sometidas exclusivamente a “la legislación común aplicable a los particulares” o las empresas públicas en su actividad contractual deben respetar ciertas normas y principios del derecho administrativo, como cualquier órgano que integra la Administración Pública. El capítulo VII tiene por objeto analizar la tesis sustentada por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema, que afirman que las multas en los contratos administrativos ostentan la naturaleza de cláusulas penales de origen contractual, y cuya aplicación se canaliza a través de la simple ejecución de una cláusula contractual. |
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