Curso de Procedimiento Penal, 2a Edición Actualizada

DESCRIPCIÓN

Esta obra contiene un análisis de la jurisprudencia emanada de nuestros Tribunales Superiores de Justicia durante los últimos 20 años, respecto al informe pericial en materia civil.

Con un enfoque práctico y esquemático, este libro expone los diversos criterios jurisprudenciales que han adoptado la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones de Chile, en relación con las problemáticas más relevantes que se presentan en torno a la utilización y a la ponderación de un medio de prueba que tiene una importancia capital en los litigios más complejos y técnicos en sede civil.

Entre otros temas, en esta obra se exponen los criterios que la jurisprudencia ha ido adoptando respecto a la valoración del informe pericial conforme a la sana crítica; al control de la ponderación del informe pericial mediante los recursos de casación en la forma y en el fondo; a los criterios que se consideran para dar o negar fuerza probatoria al informe de peritos; a la necesidad o procedencia del informe pericial; a la relación del informe pericial con otras pruebas del proceso; al valor de pericias practicadas fuera del proceso; entre otros.

Se trata de un libro que resulta fundamental para litigantes, profesores, abogados y jueces que requieran conocer los criterios que han utilizado nuestros Tribunales Superiores de Justicia para considerar, ponderar y valorar el informe de peritos.

CAPÍTULO 1 RESPECTO DE LA PROCEDENCIA Y NECESIDAD DEL INFORME PERICIAL

Descripción A través de sus sucesivos pronunciamientos en torno a esa causal, la Corte ha dotado de contenido a la garantía constitucional del debido proceso, transformándola en reglas de persecución penal, especificando y perfilando los supuestos y requisitos para que los derechos fundamentales puedan ser limitados o perturbados por parte de los agentes de persecución penal durante la fase de investigación, o para que otras actuaciones del procedimiento judicial puedan estimarse válidas y respetuosas de esa garantía. A través de sus sucesivos pronunciamientos en torno a esa causal, la Corte ha dotado de contenido a la garantía constitucional del debido proceso, transformándola en reglas de persecución penal, especificando y perfilando los supuestos y requisitos para que los derechos fundamentales puedan ser limitados o perturbados por parte de los agentes de persecución penal durante la fase de investigación, o para que otras actuaciones del procedimiento judicial puedan estimarse válidas y respetuosas de esa garantía. De ahí la relevancia del estudio de las decisiones de este tribunal, el cual si bien resulta necesario respecto de todos los ámbitos de la criminalidad, es especialmente acuciante y revelador tratándose del tráfico ilícito de drogas, porque los importantes réditos que genera esta actividad son directamente proporcionales con el perfeccionamiento de los medios para ocultar y asegurar el transporte, almacenamiento y distribución de la sustancia y, de ese modo, para su eficiente y efectiva persecución y sanción se requiere acudir a técnicas investigativas cada vez más intrusivas, que generan mayor riesgo de afectar, o violentan con mayor intensidad, derechos fundamentales. En este contexto, el Máximo Tribunal ha intentado caminar a la par de esta evolución social y técnica, para asentar reglas claras y consistentes a las que deben apegarse los agentes de persecución y controlar los tribunales de las instancias. El autor expone la evolución reciente y estado actual de la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a investigaciones y procedimientos judiciales recaídos sobre conductas sancionadas por la Ley N°20.000, en los últimos cuatro años ­–desde enero de 2016 a diciembre de 2019–, destacando la sistematización y análisis de esas decisiones, lo que sin duda constituirá un insumo provechoso para la labor tanto de jueces, fiscales y defensores.