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Defensa de los Consumidores y Acceso a la Justicia. 2da Edición
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Un Análisis del Procedimiento Colectivo en la Legislación Chilena
La legislación chilena promueve de modo prioritario la defensa de los derechos de los consumidores. El derecho fundamental de acceso a la justicia no se satisface con la mera existencia de tribunales que puedan resolver controversias, puesto que se trata de un derecho complejo que implica también la creación de estructuras procesales eficaces que satisfagan las necesidades sociales de solución de controversias individuales o colectivas. Con este propósito, se han introducido en los últimos años importantes reformas procesales que potencian la legitimación de órganos estatales, asociaciones de consumidores y grupos, que permiten afrontar la viabilidad de las denominadas acciones colectivas.
La creciente complejidad de las relaciones sociales y el surgimiento de los intereses colectivos y difusos como derechos humanos de tercera generación hacen necesario rediseñar el enfoque de nuestras instituciones jurídicas y dirigirlo hacia el establecimiento de procedimientos colectivos que permitan a los individuos organizarse para la mejor defensa de sus intereses y derechos. El proceso colectivo abre la puerta de entrada a la Justicia dando una solución única y equilibrada a una controversia en que interviene un gran número de personas, afectando incluso a las que no han litigado. Se transforma, entonces, en una poderosa herramienta procesal que garantiza la justicia y la eficiencia de la decisión judicial superando diversos obstáculos.
En este libro se estudia el procedimiento colectivo incorporado a la ley chilena de protección del consumidor y sus diversas modificaciones, incluyendo la reforma introducida por la Ley Nº 21.081, de 2018. Además, se analiza el ejercicio de la acción colectiva en otros procedimientos especiales, con amplio análisis de la legislación, doctrina y jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia.
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Autora: Maite Aguirrezabal Grünstein
Editorial: Thomson Reuters
Numero de Paginas: 244
Año de publicación: 2019
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| Description | Autora: Maite Aguirrezabal Grünstein Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 244 Año de publicación: 2019 | Autor: Rafael Martínez Cohen Editorial : Thomson Reuters Año de Publicación : 2022 Paginas :290 | Autor: Sandra Alvear Vega Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 176 Año de publicación: 2022 | Autor: Hernán Quiroz Valenzuela Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 450 Año de publicación: 2022 | Autor: Fernando Ugarte Vial Editorial: Ediciones Jurídicas de Santiago Numero de Paginas: 548 Año de publicación: 2022 | Autor: María Teresa Hoyos de la Barrera Editorial : Thomson Reuters Año de Publicación : 2022 Paginas :618 |
| Content | indiceUn Análisis del Procedimiento Colectivo en la Legislación ChilenaLa legislación chilena promueve de modo prioritario la defensa de los derechos de los consumidores. El derecho fundamental de acceso a la justicia no se satisface con la mera existencia de tribunales que puedan resolver controversias, puesto que se trata de un derecho complejo que implica también la creación de estructuras procesales eficaces que satisfagan las necesidades sociales de solución de controversias individuales o colectivas. Con este propósito, se han introducido en los últimos años importantes reformas procesales que potencian la legitimación de órganos estatales, asociaciones de consumidores y grupos, que permiten afrontar la viabilidad de las denominadas acciones colectivas. La creciente complejidad de las relaciones sociales y el surgimiento de los intereses colectivos y difusos como derechos humanos de tercera generación hacen necesario rediseñar el enfoque de nuestras instituciones jurídicas y dirigirlo hacia el establecimiento de procedimientos colectivos que permitan a los individuos organizarse para la mejor defensa de sus intereses y derechos. El proceso colectivo abre la puerta de entrada a la Justicia dando una solución única y equilibrada a una controversia en que interviene un gran número de personas, afectando incluso a las que no han litigado. Se transforma, entonces, en una poderosa herramienta procesal que garantiza la justicia y la eficiencia de la decisión judicial superando diversos obstáculos. En este libro se estudia el procedimiento colectivo incorporado a la ley chilena de protección del consumidor y sus diversas modificaciones, incluyendo la reforma introducida por la Ley Nº 21.081, de 2018. Además, se analiza el ejercicio de la acción colectiva en otros procedimientos especiales, con amplio análisis de la legislación, doctrina y jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia. | La ley 20.780 (09/2014) introduce nuevas normas anti-elusión, adoptando la Realidad Económica, por la cual los hechos imponibles son calificados según el fondo del negocio jurídico y la intención de los contratantes. El objetivo de este trabajo era investigar el concepto de buena o mala fe del contribuyente y sus efectos en las figuras antielusivas, pero se extendió a averiguar si las nuevas normas son excepciones o un principio general del Derecho Tributario; si la responsabilidad puede morigerarse por haber incurrido en alguna causal de justificación o de exención de responsabilidad, y qué sucede cuando el hecho gravado que se le imputa no está comprendido dentro de su esfera de control debido a un caso fortuito o fuerza mayor en materia tributaria, a todo lo cual se dirige el presente trabajo. ÍNDICE Prólogo I. La buena fe del contribuyente. El nuevo principio II. Sobre el concepto de la buena fe III. Tipos de buena fe 1. La buena fe subjetiva 2. La buena fe objetiva 3. Teoría de la unidad de la buena fe IV. ¿Se define la buena fe en nuestro Código Tributario? V. ¿Es la protección de la buena fe un principio general del derecho tributario? 1. La relevancia del problema 2. ¿Cómo se reconocen los principios generales del Derecho? 3. Nuestra opinión 4. ¿Cuál será el alcance preciso del principio? VI. Buena fe objetiva en materia tributaria. La interpretación administrativa de las leyes tributarias 1. La confianza legítima 2. La buena fe en la interpretación administrativa de las leyes tributarias. El principio general 3. La certeza jurídica VII. ¿Mala fe objetiva en materia tributaria? No hay buena fe si existe elusión 1. Sobre el concepto de elusión 2. Normas antielusión. Concepto unitario de la elusión a. Facultad de tasar el precio de venta o el valor de la operación b. Facultad de verificar la efectividad de las condiciones fijadas en un contrato 3. Casos en que la elusión es siempre lícita 4. Sobre el abuso de las formas (o el abuso de un derecho) 5. Sobre el fraude a la ley y el abuso de un derecho 6. Sobre la simulación 7. El elemento subjetivo en los actos de elusión 8. Sobre la prueba de la elusión a. La prueba de la buena fe subjetiva b. La prueba de la buena fe objetiva c. Nuestra posición d. La prueba de los meros hechos jurídicos y la elusión VIII. La presunción de buena fe IX. Qué debe probarse por parte del SII: la mala fe 1. El dolo 2. La prueba del dolo 3. La culpa 4. ¿De qué tipo de culpa responde el contribuyente? a. La culpa grave b. La culpa leve y la levísima 5. La prueba de la culpa 6. La prueba de la debida diligencia X. El error de hecho XI. El error de derecho XII. ¿Cómo se prueba la mala fe? XIII. El caso fortuito o fuerza mayor 1. Concepto de caso fortuito o fuerza mayor 2. Caso fortuito y nacimiento del hecho jurídico tributario 3. Caso fortuito o fuerza mayor y cobranza de los impuestos en mora 4. Disposiciones legales que dan cuenta de la aplicación de la institución del caso fortuito o fuerza mayor en la legislación tributaria a. Caso fortuito o fuerza mayor que impide una adecuada fiscalización del contribuyente b. Caso fortuito o fuerza mayor como causal de no sujeción al hecho gravado del impuesto c. Improcedencia del cobro de intereses en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor d. El Derecho al debido proceso y el caso fortuito o fuerza mayor e. Exclusión de los casos de caso fortuito o fuerza mayor XIV. Efectos de la buena fe XV. Posible antinomia entre el artículo 21 del Código Tributario y la presunción de buena fe 1. Posición de la Corte Suprema 2. Nuestra opinión 3. Posición del Servicio de Impuestos Internos 4. La situación actual XVI. ¿Responsabilidad objetiva o subjetiva en las infracciones tributarias administrativas? 1. Sobre la responsabilidad subjetiva en materia de infracciones tributarias administrativas 2. Sobre la responsabilidad objetiva en materia de infracciones tributarias administrativas 3. Jurisprudencia sobre la responsabilidad subjetiva u objetiva en materia de infracciones tributarias administrativas XVII. Presunción de buena fe y delitos tributarios 1. Cuestión previa sobre el dolo, la culpa o negligencia en materia de infracciones o delitos tributarios 2. Sobre el concepto de malicia 3. Sobre la ignorancia de la Ley y el error de derecho a. El problema en general b. El problema en los delitos tributarios XVIII. La malicia como causal de determinación del plazo de prescripción 1. La jurisprudencia al respecto 2. La opinión del Servicio de Impuestos Internos 3. Nuestra opinión Bibliografía | Descripción Este libro busca contribuir al aprendizaje y enseñanza de los fundamentos de Costos y Gestión. Específicamente desarrollar las capacidades de comprender los procesos productivos, determinar costos de producción con fines financieros y de gestión y utilizar esta información al tomar decisiones. La metodología se basa en la comprensión y análisis de diferentes procesos productivos insertos en un contexto y expuestos en quince casos de estudio agrupados por actividad económica: manufactura, agricultura y fruticultura, servicios de alimentación, servicios de transporte, servicios de salud, entre otros. Para cada caso se da una propuesta de solución, aplicando las nociones teóricas respectivas. Los conceptos y técnicas se desarrollan en profundidad a medida que se avanza en la propuesta de solución, de forma que el lector genere su aprendizaje teórico acompañado de la práctica o del hacer. El nivel de complejidad de los procesos productivos de los casos se incrementa gradualmente. El último caso permite determinar costos ambientales. | Descripción«Esta obra contiene una exposición general de las funciones que han desarrollado las Asociaciones de Consumidores, desde su aparición en el siglo XIX hasta hoy, con especial énfasis en los juicios colectivos, considerando la experiencia internacional en materia de class actions, la doctrina más autorizada y un amplio catálogo de sentencias de tribunales nacionales y extranjeros. Está dividida en tres partes. La primera examina su naturaleza como organizaciones privadas sujetas a normas de derecho público; las restricciones a que están sometidas; su relación con la autoridad estatal; su rol en materia judicial ante el debilitamiento de las potestades del Sernac; los elementos que permiten distinguir una relación de consumo; y los rasgos que caracterizan a los sujetos comprendidos en el ámbito de la Ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. La segunda parte describe los procesos que les permiten actuar en defensa de consumidores en distintos tribunales y las instituciones que se han incorporado a esta ley en años recientes, en particular con las reformas de 2004, 2018 y 2021. En la última parte se examina su participación en el interés de consumidores que no fueron considerados en esa ley, pero que sí lo están en el marco de otras leyes que tratan sobre competitividad, lealtad comercial y libre mercado. El autor, consciente de que muchas de estas materias no han sido estudiadas orgánicamente por otros juristas nacionales, pone especial cuidado en exponer su inserción en nuestro ordenamiento y en proyectarlas basándose en cómo han evolucionado en el derecho comparado» Autor: Hernán Quiroz Valenzuela Thomson ReutersIntroducción ÍNDICE Abreviaturas Introducción PRIMERA PARTE LOS SUJETOS Y LA MATERIA CAPÍTULO I CONFIGURACIÓN JURÍDICA DE LAS ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES 1. Arquetipo normativo adoptado por la legislación chilena a. Definición legal b. Relación entre las Organizaciones de Consumidores y las Asociaciones de Consumidores c. Aplicación del régimen de las asociaciones gremiales a una organización de consumidores atípica d. Efectos de la distinción entre las Organizaciones de Defensa de los Consumidores típicas y atípicas e. Categorías y subcategorías de Asociaciones de Consumidores 2. Terminología empleada por el legislador para denominar a estas organizaciones 3. Efecto de los fallos del Tribunal constitucional en la Reforma de 2018 4. Una nueva configuración jurídica a. Reemplazo parcial del modelo de Asociación Gremial b. Elementos que componen una Asociación de Consumidores c. Procedimiento para constituir y modificar la Asociación d. Contraposición con el procedimiento de constitución y reforma de una Organización de Interés Público 5. Gobierno corporativo a. Órganos administrativos b. Responsabilidad solidaria c. La Asociación no puede prescindir de Directores y de un Consejo Directivo 6. Prohibiciones al Consejo Directivo y a sus integrantes a. Naturaleza de estas prohibiciones b. Prohibición de integrar el Consejo al condenado por delitos concursales tipificados en el Código Penal c. Prohibición al condenado por delito contra la propiedad o por delito sancionado con pena aflictiva, mientras dure la condena d. Prohibición de integrar el Consejo al sancionado como reincidente de denuncia temeraria o por denuncias temerarias reiteradas e. Prohibición por ejercer cargos de elección popular o de consejero regional f. Prohibiciones a los directores alcanzados por normas de relación 7. Fuentes de financiamiento de la organización a. Financiamiento ordinario b. Financiamiento extraordinario c. Composición del Fondo concursable d. Deber del Estado de resguardar la autonomía de esas Asociaciones en el reglamento para la ejecución del artículo 11 bis e. Consejo de Administración del Fondo concursable f. Fondo de Fortalecimiento y Unidad de Fondos Concursables g. Reglas sobre transparencia y fiscalización del origen y uso de los recursos financieros 8. La autonomía que la ley garantiza a las Asociaciones de Consumidores frente a la dependencia política y financiera del Sernac 9. Causales y procedimiento de disolución a. Disolución voluntaria b. Disolución forzada c. Efectos de la disolución en el patrimonio CAPÍTULO II LA RELACIÓN JURÍDICA DE CONSUMO 1. La relación de consumo en la Ley sobre Protección de los derechos de los consumidores 2. Sentido y alcance del término «relación jurídica» 3. Relación de género y especie entre «acto de consumo» y «relación de consumo» 4. Andamiaje conceptual que sostiene la relación de consumo amparada por la LPC a. La condición de onerosidad del contrato subyacente b. La onerosidad depende de la reciprocidad de los beneficios que el contrato genera para las partes c. Razones para una interpretación restrictiva de la condición de onerosidad del contrato d. La condición de acto mixto 5. Mecanismos para determinar la ley aplicable a las materias que la LPC no ha previsto 6. Distinción entre acto y actividad económica al aplicar el artículo 2º letra a) de la LPC CAPÍTULO III LAS «PALABRAS» DE LA LEY 1. Terminología empleada por la ley para denominar a los sujetos que se propone amparar a. Cambios en el lenguaje que utilizaba originalmente la ley b. Motivos para distinguir entre consumidores y usuarios c. Razones para no distinguir 2. Sentido y alcance de la definición legal de Consumidor 3. La condición de destinatario final a. Funciones de este requisito en el campo de aplicación de la LPC b. Examen de la expresión «destinatario final» en su doble dimensión jurídica y económica c. Evolución del requisito de la destinación final en la doctrina y en la legislación comparada 4. Distinción entre consumidor jurídico y consumidor material a. Elementos que diferencian el consumo en sentido jurídico y en sentido puramente material b. Efectos de la separación de los roles del consumidor jurídico y del consumidor material 5. La concurrencia de un proveedor como límite subjetivo en el Derecho del Consumo CAPÍTULO IV RESPONSABILIDADES QUE PERMITE PERSEGUIR LA LEY Nº 19.496 1. La acción infraccional en la Ley Nº 19.496 2. Sanciones de la Ley Nº 19.496 a. Aplicación de la escala de penas del Código Penal b. Sanciones y tipos infraccionales especiales c. Reglas para fijar la pena d. Determinación de la pena en las acciones colectivas 3. Relación entre la responsabilidad infraccional y la responsabilidad civil 4. Prescripción de ambas clases de acciones 5. Evolución de la jurisprudencia de las cortes chilenas 6. Deberes y responsabilidades del Consumidor 7. Efectos de la calificación de temeraria de una denuncia o de una demanda a. Distinción entre denuncias y acciones temerarias b. Declaración de temeridad por falta de fundamento plausible c. Reglas aplicables a la temeridad de la demanda promovida por una Asociación de Consumidores CAPÍTULO V FUNCIONES QUE ASIGNA LA LEY A LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 1. Fines de estas organizaciones tras los cambios introducidos por la Reforma de 2018 2. Función protectora de las Asociaciones de Consumidores 3. Funciones de difusión, información y orientación 4. Funciones de Educación y Asesoría 5. Función de colaborar en medidas protectoras e investigaciones relacionadas con consumidores 6. Función Representativa 7. Actividades que la ley prohíbe desarrollar a estas organizaciones a. Alcance de las prohibiciones b. Prohibición de distribuir utilidades c. Prohibiciones que previenen eventuales conflictos de interés con empresas d. Prohibición de hacer publicidad e. Criterios de aplicación f. Efectos infraccionales de la transgresión a estas normas prohibitivas g. Efectos civiles de la infracción al artículo 9º de la ley SEGUNDA PARTE LOS PROCESOS CAPÍTULO I FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA JUDICIAL COLECTIVA DE LOS CONSUMIDORES 1. Elementos que conforman la acción judicial a. Distinción entre acciones y derechos b. Rol del derecho subjetivo c. La pretensión judicial d. La legitimación e. La capacidad para obrar f. El interés procesal 2. Bases teóricas del ejercicio de acciones judiciales de interés colectivo 3. El mito de los derechos de tercera generación y la teoría de los derechos de la solidaridad 4. La defensa colectiva de los derechos de los consumidores a través de acciones de clase 5. Mecanismos de sustitución procesal de la parte individual por un ente colectivo 6. Regulación de los procesos con pluralidad de acciones y de partes en Chile a. Reglas generales sobre concurrencia de acciones y de partes en un mismo proceso civil b. Distinción entre parte en sentido material y parte meramente formal c. Clasificaciones de los terceros en función de su interés en el resultado del juicio d. Regulación de los juicios con pluralidad de partes e. Distinción entre litis consorcio voluntario y necesario y entre litis consorcio en sentido propio e impropio f. El litis consorcio necesario propio e impropio en la jurisprudencia chilena 7. El litis consorcio en la Ley Nº 19.496 CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE LA LEY Nº 19.496 1. Condiciones generales para todos los procedimientos judiciales de la Ley Nº 19.496 2. Procedimiento judicial para la defensa del interés puramente interés individual a. Elementos estructurantes del juicio individual b. Restricciones del Sernac para demandar en juicio individual y habilitación otorgada a las AACC 3. Presupuestos que deben cumplirse para demandar en el proceso judicial colectivo a. La demanda debe interponerse en beneficio de un interés colectivo b. Las acciones civiles deben promoverse en defensa de derechos personales c. Todos los consumidores comprendidos en la demanda deben estar afectados en sus derechos 4. Elementos estructurantes del Juicio colectivo a. Configuración de este procedimiento b. Incorporación de las partes al juicio c. Capacidad procesal del Servicio Nacional del Consumidor d. Capacidad procesal de las Asociaciones de Consumidores e. Capacidad procesal de las agrupaciones de consumidores f. Capacidades procesales para actuar como demandado 5. Reglas de concentración 6. Excepciones al principio de concentración CAPÍTULO III SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO COLECTIVO 1. Tramitación del juicio en primera instancia 2. Fase de Admisibilidad 3. Fase de Discusión 4. Medidas cautelares 5. Fase de Conciliación 6. Fase Probatoria 7. Fase de Sentencia 8. Recursos judiciales 9. Etapa de ejecución de la Sentencia definitiva 10. Admisibilidad del arresto como medida coercitiva CAPÍTULO IV INSTITUCIONES PROCESALES ESPECIALES 1. Potestades excepcionales del Órgano Jurisdiccional a. Competencia absoluta y relativa en primera instancia b. Potestad para intervenir la defensa judicial c. Formación de grupos de consumidores en un mismo juicio colectivo 2. Preclusión impropia del derecho a demandar colectivamente por iniciarse un Procedimiento Administrativo a. Naturaleza jurídica de este procedimiento b. Reglas inhibitorias c. Carácter eventual del efecto preclusivo 3. Reservas de derechos en los procesos colectivos a. Rol que desempeñan las reservas de derechos b. Reserva de derechos para accionar infraccional y civilmente en un juicio individual c. Reserva de derechos para obtener la inoponibilidad de los efectos del juicio d. Reserva de derechos para perseguir la responsabilidad civil indemnizatoria en un juicio distinto e. Reserva de derechos para liberarse de los acuerdos alcanzados entre el Sernac y el proveedor 4. Representación de las Asociaciones de Consumidores en la reserva de derechos 5. Derecho a demandar una indemnización por daño moral más alta que la fijada como mínima común 6. Posibilidad de iniciar otro juicio si la demanda colectiva se declara inadmisible o si es rechazada en la sentencia definitiva 7. El problema de la multiplicidad de demandas sucesivas 8. Medios de prueba especiales en los juicios colectivos a. Principio de igualdad de armas procesales b. La carga dinámica de la prueba c. Ampliación de la prueba testimonial 9. La regla de la sana crítica 10. Eficacia erga omnes de la sentencia que pone término al proceso colectivo a. La cosa juzgada y el efecto relativo de las sentencias b. El valor de la sentencia como precedente c. La cosa juzgada y el efecto erga omnes de la sentencia en los procesos colectivos de la Ley Nº 19.496 d. Casos en que lo resuelto judicialmente tiene efecto erga omnes e. Casos en que lo resuelto en un proceso administrativo tiene efecto erga omnes 11. Admisibilidad de la acción colectiva por daño moral TERCERA PARTE PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES EN PROCESOS REGULADOS EN LEYES ESPECIALES CAPÍTULO I LEYES ESPECIALES QUE HABILITAN A LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 1. Sujetos no considerados en la Ley Nº 19.496 por quienes puede actuar la Asociación a. Marco general del derecho del consumidor y sus fuentes b. Noción extendida de consumidor y de acto de consumo respecto de estas Asociaciones c. Consumidores que carecen de capacidad suficiente para contratar d. Consumidores que no tienen personalidad jurídica 2. Restricciones al Sernac para litigar bajo leyes especiales 3. Facultades de una Asociación de Consumidores fuera del ámbito de la Ley Nº 19.496 4. La Asociación de Consumidores ante el concurso de leyes y a la complementariedad entre ellas 5. Leyes especiales que amparan a consumidores especiales CAPÍTULO II PROTECCIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 1. La empresa como consumidor 2. Protección de las empresas de menor tamaño en su rol de consumidores 3. Restricción al Sernac y a las Asociaciones de Consumidores respecto de empresas de menor tamaño 4. Representación de consumidores afectados por actos de competencia desleal a. La Ley Nº 20.169 en el contexto del Convenio de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial b. Alcance de no oposición y complementariedad entre legislaciones del artículo 3º de la Ley Nº 20.169 c. Circunstancias concurrentes de un acto de competencia desleal d. Relación entre la causal genérica y los casos específicos de competencia desleal que describe la ley e. Responsabilidades que emanan de la Ley Nº 20.169 f. Acciones que la Ley Nº 20.169 otorga a los consumidores g. Instrumentos que esta ley pone a disposición de consumidores no amparados por la Ley Nº 19.496 h. Restricciones que ha impuesto la Reforma de 2018 a la intervención de las Asociaciones de Consumidores en juicios sobre lealtad comercial 5. Competencia del Fiscal Nacional Económico para intervenir en actos de competencia desleal CAPÍTULO III PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES EN PROCESOS SOBRE LIBRE COMPETENCIA 1. El Decreto Ley Nº 211 y su evolución hacia la protección de los consumidores 2. Potestad regulatoria del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en materia de protección a los consumidores 3. Convergencia entre ambas legislaciones 4. Aplicación privada de la libre competencia a favor del consumidor en el derecho comparado 5. Distribución de potestades entre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, el Servicio Nacional del Consumidor y las Asociaciones de Consumidores 6. Regulación de los convenios entre el Fiscal Nacional Económico, las Asociaciones de Consumidores y el Sernac 7. Bases del proceso indemnizatorio por infracción de las normas sobre libre competencia previsto en el DL Nº 211 8. Persecución de la responsabilidad civil derivada de actos contrarios a la Libre Competencia a través del Procedimiento especial para la protección del interés colectivo o difuso previsto en la Ley Nº 19.496 CAPÍTULO IV EL PRINCIPIO PRO CONSUMIDOR COMO FUENTE DEL DERECHO Y LÍMITE DE ACTUACIÓN 1. Aplicación del principio pro consumidor a las relaciones de consumo a. Los Principios como un tipo de norma jurídica b. La incorporación de los postulados como una categoría normativa autónoma c. El principio pro consumidor en el derecho comparado 2. El principio pro consumidor en la Reforma de 2021 3. El principio pro consumidor en la interpretación de la Ley Nº 19.496 4. El principio pro consumidor en la interpretación de los contratos con consumidores 5. El principio pro consumidor en la aplicación de contratos con cláusulas contradictorias Bibliografía | Descripción«Esta obra es la primera monografía chilena sobre revisión de sentencias firmes, e incluye el estudio de la institución en sus dos vertientes: civil y penal. Constituye un novedoso aporte a nuestra literatura jurídica, tanto por la exhaustividad de la investigación como por su enorme utilidad práctica. En la primera parte del libro se estudia la historia de la revisión, para luego adentrarse en el examen de su regulación en el sistema jurídico chileno, analizando cada una de las causales, los requisitos que permiten darlas por configuradas y los problemas de interpretación que han surgido de su aplicación, ofreciendo criterios de interpretación y soluciones prácticas a los problemas que enfrentan diariamente abogados litigantes y jueces, siempre a la luz de la historia de la ley, de la doctrina y sobre todo de la jurisprudencia, tanto chilenas como extranjeras, clásicas y actuales. El autor hace un completo estudio de la doctrina y la jurisprudencia sobre revisión durante los ciento veinte años de existencia en nuestro país, además de su regulación en el derecho comparado, con constantes referencias a la opinión de los autores y a las resoluciones de los tribunales de los ordenamientos jurídicos que han ejercido mayor influencia en nuestro derecho: el francés y el español. En el prólogo de la obra, dice el profesor Raúl Tavolari: “así como, entre nosotros, en materia arbitral, no hay operador que deje de recurrir al libro de Patricio Aylwin o si el debate dice relación con el mandato, a la obra de Stitchkin o a la de Alessandri Besa, si el problema fuere la nulidad, en lo sucesivo, este libro constituirá el referente obligado en tramitaciones y decisiones sobre revisión”. Se trata de una obra original y rigurosa que, por la claridad de su exposición y la exhaustividad de su análisis, será de utilidad tanto para abogados litigantes como para jueces y estudiosos del Derecho en genera Autor: Fernando Ugarte Vial | Colección de Códigos Profesionales, actualizada al 3 de enero de 2022. Constituye una herramienta esencial de consulta para abogados, de práctico manejo en Tribunales e ideal para aquellos que están comenzando su vida profesional. • Articulado y apéndices actualizados. • Concordancias. • Títulos de artículos. • Índice temático. • Títulos de artículos del cuerpo del código y de las normas del apéndice. • Listado de modificaciones actualizado al 3 de enero de 2022. Autor: María Teresa Hoyos de la Barrera Thomson Reuters ÍNDICE DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES LEY Nº 7.421 TÍTULO I Del Poder Judicial y de la Administración de Justicia en general TÍTULO II De los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal § 1. De los juzgados de garantía § 2. De los tribunales de juicio oral en lo penal § 3. Del Comité de Jueces § 4. Del Juez Presidente del Comité de Jueces § 5. De la organización administrativa de los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal TÍTULO III De los Jueces de Letras TÍTULO IV De los Presidentes y Ministros de Corte como tribunales unipersonales TÍTULO V Las Cortes de Apelaciones 1. Su organización y atribuciones 2. Los acuerdos de las Cortes de Apelaciones 3. Los Presidentes de las Cortes de Apelaciones TÍTULO VI La Corte Suprema 1. Su organización y atribuciones 2. El Presidente de la Corte Suprema TÍTULO VI BIS TÍTULO VII La competencia 1. Reglas generales 2. Reglas que determinan la cuantía de las materias judiciales 3. Supresión del fuero personal en algunos negocios judiciales 4. Reglas que determinan la competencia en materias civiles entre tribunales de igual jerarquía 5. Reglas que determinan la competencia en materias criminales entre tribunales de igual jerarquía 6. Reglas sobre competencia civil de los tribunales en lo criminal 7. Reglas que determinan la distribución de causas en aquellas comunas o agrupación de comunas en cuyo territorio existan dos o más jueces con igual competencia 8. De la prórroga de la competencia 9. De la competencia para fallar en única o en primera instancia 10. De los tribunales que deben conocer en las contiendas y cuestiones de competencia 11. De la implicancia y recusación de los jueces y de los abogados integrantes TÍTULO VIII De la subrogación e integración TÍTULO IX De los Jueces Árbitros TÍTULO X De los Magistrados y del Nombramiento y Escalafón de los Funcionarios Judiciales 1. Calidades en que pueden ser nombrados los jueces 2. Requisitos, inhabilidades e incompatibilidades 3. De los nombramientos del escalafón de los funcionarios judiciales 1) Escalafón Primario 2) Escalafón Secundario 3) Formación del Escalafón y calificación del personal 4) Los nombramientos 5) Escalafón del personal de empleados u oficiales de secretaría 4. De la instalación de los jueces 5. De los honores y prerrogativas de los jueces 6. De las permutas y traslados 7. De los deberes y prohibiciones a que están sujetos los jueces 8. De la responsabilidad de los jueces 9. La expiración y suspensión de las funciones de los jueces. De las licencias TÍTULO XI Los Auxiliares de la Administración de Justicia 1. Fiscalía Judicial 2. Los Defensores Públicos 3. Los Relatores 4. Los Secretarios 4 bis. Los administradores de tribunales con competencia en lo criminal 5. Los Receptores 6. De los Procuradores y especialmente de los Procuradores del Número 7. Los notarios 1) Su organización 2) De las escrituras públicas 3) De las protocolizaciones 4) De las copias de escrituras públicas y documentos protocolizados y de los documentos privados 5) De la falta de fuerza legal de las escrituras, copias y testimonios notariales 6) De los libros que deben llevar los notarios 7) De las infracciones y sanciones 8. Los Conservadores 9. Los Archiveros 10. De los Consejos Técnicos 11. Los Bibliotecarios Judiciales TÍTULO XII Disposiciones generales aplicables a los auxiliares de la Administración de Justicia 1. Nombramiento, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades 2. Juramento e instalación 3. Obligaciones y prohibiciones 4. De las implicancias y recusaciones 5. De su remuneración y de su previsión 6. Suspensión y expiración de funciones. De las licencias TÍTULO XIII De los empleados u oficiales de secretaría TÍTULO XIV La Corporación Administrativa del Poder Judicial TÍTULO XV Los abogados TÍTULO XVI De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales 1. Las facultades disciplinarias 2. De las visitas 3. Estados y publicaciones TÍTULO XVII De la asistencia judicial y del privilegio de pobreza TÍTULO FINAL Disposiciones derogadas por la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, de 15 de octubre de 1875 DISPOSICIONES TRANSITORIAS ÍNDICE DEL APÉNDICE – Ley Nº 19.665. Reforma el Código Orgánico de Tribunales (D.O. de 9 de marzo de 2000) – Ley Nº 16.618. Decreto con Fuerza de Ley Nº 1. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la Ley Nº 4.808, sobre Registro Civil; de la Ley Nº 17.344, que Autoriza Cambio de Nombres y Apellidos; de la Ley Nº 16.618, Ley de Menores; de la Ley Nº 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, y de la Ley Nº 16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones (D.O. de 30 de mayo de 2000) – Ley Nº 18.287. Establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local (D.O. de 7 de febrero de 1984) – Decreto Supremo Nº 307. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local (D.O. de 23 de mayo de 1978) – Decreto Supremo Nº 3.386. Fija el texto definitivo de los Decretos sobre Plazo en que deben asumir sus funciones los Empleados Judiciales (D.O. de 14 de agosto de 1937) – Decreto Supremo Nº 158. Fija Territorios Jurisdiccionales de los Juzgados del Crimen dependientes de la Corte de Apelaciones de Santiago (D.O. de 26 de febrero de 2003) – Decreto Supremo Nº 35. Fija Territorios Jurisdiccionales de los Juzgados del Crimen dependientes de la Corte de Apelaciones de San Miguel (D.O. de 9 de febrero de 1990) – Reglamento para la labor de los sábados y la distribución de la jornada de trabajo en los Tribunales y Reparticiones Judiciales los días lunes a viernes de cada semana (D.O. de 31 de diciembre de 1969) – Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo de los Recursos de Queja (D.O. de 1º de diciembre de 1972) – Auto Acordado de la Corte Suprema que modifica la distribución de las materias entre las Salas de la Corte Suprema, por especialidades (D.O. de 16 de abril de 1996) – Acta Nº 107-2017, Corte Suprema. Auto Acordado que dis- tribuye las materias de que conocen las salas especializadas de la Corte Suprema durante el funcionamiento ordinario y extraordinario (28 de julio de 2017) – Acta Nº 232-2014. Corte Suprema. Distribución de Ministros en las Salas de la Corte Suprema (D.O. de 16 de enero de 2015) – Auto Acordado de la Corte Suprema que establece instrucciones respecto de documentos y expedientes que las Cortes de Apelaciones ordenan traer a la vista y diligencias para mejor resolver que decretan los tribunales (12 de agosto de 1963) – Auto Acordado de la Corte Suprema sobre lista de abogados postulantes para cargos judiciales (D.O. de 9 de septiembre de 1972) – Auto Acordado de la Corte Suprema que determina la forma de funcionamiento de los tribunales y demás servicios judiciales (D.O. de 9 de marzo de 1999) – Auto Acordado de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre asuntos no contenciosos: su registro, distribución y contenido de la suma de las solicitudes correspondientes (D.O. de 23 de diciembre de 1991. Rectificado en D.O. de 4 de enero de 1992) – Auto Acordado de la Corte Suprema sobre integración y subrogación de las salas de la Corte Suprema y de sus miembros (D.O. de 6 de noviembre de 2001) – Acuerdo de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre distribución de la tramitación de exhortos emanados de tribunales extranjeros – Auto Acordado sobre distribución de exhortos que deben ser diligenciados por los Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal dependientes de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel (D.O. de 30 de junio de 2006) – Auto Acordado de la Corte de Apelaciones de San Miguel sobre nueva distribución de exhortos nacionales y extranjeros (D.O. de 21 de junio de 1996) – Acta Nº 155-2013. Corte Suprema. Instrucciones relativas al procedimiento que los notarios deberán emplear cada vez que deban recibir y remitir al Servicio de Registro Civil e Identificación la declaración de no ser donante a que se refiere la Ley Nº 20.673 (D.O. de 11 de octubre de 2013) – Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación en Sistema Informático de Recursos de Protección (D.O. de 4 de noviembre de 2013) – Acta Nº 71-2016. Corte Suprema. Auto Acordado que regula el funcionamiento de tribunales que tramitan electrónicamente (D.O. de 8 de julio de 2016) – Acta Nº 85-2019. Texto Refundido del Auto Acordado para la Aplicación en el Poder Judicial de la Ley Nº 20.886, que establece la tramitación digital de los procedimientos judiciales (D.O. de 14 de junio de 2019) – Acta Nº 108- 2020. Autoacordado sobre procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial (D.O. de 16 de septiembre de 2020) – Ley Nº 19.968. Crea los Tribunales de Familia (D.O. de 30 de agosto de 2004) – Ley Nº 21.226. Establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile (D.O. de 2 de abril de 2020) Modificaciones incorporadas a esta edición Índice Temático |
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