Derecho municipal chileno 2da Edición
$19.990
Autora: José Fernández Ricard
Editorial: EJS
Numero de Paginas: 497
Año de publicación: 2007
Sin existencias
Durante las últimas décadas el régimen municipal chileno ha sufrido profundas transformaciones, tanto en su organización como en su relación con la Administración Central, y en numerosas otras materias, como, por ejemplo, la gestión de su patrimonio, sus formas de participación en la comunidad y las posibilidades de constituir empresas.
Los grandes lineamientos del nuevo sistema municipal se encuentran contemplados en el Decreto Ley 573 del año 1974, en el Decreto Ley 1.280 de 1976 que fijó la nueva Ley Orgánica de Municipios y Administración Comunal y en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades del año 2002, cuyo texto definitivo fue fijado por el D.F.L. 1 de 9 de mayo de 2006.
La presente obra analiza los temas de mayor relevancia regulados por la nueva legislación y por la normativa reglamentaria que se ha dictado durante los últimos años. En ella es posible conocer los cambios sustanciales que han hecho del municipio una institución dinámica, inserta dentro del proceso de desarrollo del país y destinada a cumplir una labor de fundamental importancia.
La vasta experiencia del autor y su profundo conocimiento del régimen municipal chileno hacen de esta obra un texto de extraordinaria utilidad para quienes se desempeñan en este régimen o se encuentran vinculados a él.
– DERECHO MUNICIPAL, RAMA ESPECIALIZADA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
– ORÍGENES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO
– ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL MUNICIPIO
– EL MUNICIPIO EN RELACION A LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS
– CARACTERÍSTICAS DEL REGIMEN MUNICIPAL
– EL MUNICIPIO CHILENO
– POTESTADES MUNICIPALES
– EL PATRIMONIO MUNICIPAL Y EL REGIMEN DE BIENES
– EL ALCALDE
– EL CONCEJO MUNICIPAL
– LAS REPARTICIONES MUNICIPALES
– ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES
– LOS MUNICIPIOS Y LA PARTICIPACION CIUDADANA
– LAS MUNICIPALIDADES Y LAS JUNTAS DE VECINOS
– LAS MUNICIPALIDADES Y LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
– GOBIERNO Y ADMINISTRACION REGIONAL
– LA LEY DE RENTAS MUNICIPALES
– LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES
– EL RECLAMO DE ILEGALIDAD DE LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
– EL RECURSO DE PROTECCION
– OTRA JURISPRUDENCIA EN MATERIA MUNICIPAL
– JURISPRUDENCIA RECIENTE DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIA MUNICIPAL
– ANEXOS
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| Description | Durante las últimas décadas el régimen municipal chileno ha sufrido profundas transformaciones, tanto en su organización como en su relación con la Administración Central, y en numerosas otras materias, como, por ejemplo, la gestión de su patrimonio, sus formas de participación en la comunidad y las posibilidades de constituir empresas. Los grandes lineamientos del nuevo sistema municipal se encuentran contemplados en el Decreto Ley 573 del año 1974, en el Decreto Ley 1.280 de 1976 que fijó la nueva Ley Orgánica de Municipios y Administración Comunal y en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades del año 2002, cuyo texto definitivo fue fijado por el D.F.L. 1 de 9 de mayo de 2006. La presente obra analiza los temas de mayor relevancia regulados por la nueva legislación y por la normativa reglamentaria que se ha dictado durante los últimos años. En ella es posible conocer los cambios sustanciales que han hecho del municipio una institución dinámica, inserta dentro del proceso de desarrollo del país y destinada a cumplir una labor de fundamental importancia. La vasta experiencia del autor y su profundo conocimiento del régimen municipal chileno hacen de esta obra un texto de extraordinaria utilidad para quienes se desempeñan en este régimen o se encuentran vinculados a él. – DERECHO MUNICIPAL, RAMA ESPECIALIZADA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO – ORÍGENES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO – ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL MUNICIPIO – EL MUNICIPIO EN RELACION A LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS – CARACTERÍSTICAS DEL REGIMEN MUNICIPAL – EL MUNICIPIO CHILENO – POTESTADES MUNICIPALES – EL PATRIMONIO MUNICIPAL Y EL REGIMEN DE BIENES – EL ALCALDE – EL CONCEJO MUNICIPAL – LAS REPARTICIONES MUNICIPALES – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES – LOS MUNICIPIOS Y LA PARTICIPACION CIUDADANA – LAS MUNICIPALIDADES Y LAS JUNTAS DE VECINOS – LAS MUNICIPALIDADES Y LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE – GOBIERNO Y ADMINISTRACION REGIONAL – LA LEY DE RENTAS MUNICIPALES – LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – EL RECLAMO DE ILEGALIDAD DE LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES – EL RECURSO DE PROTECCION – OTRA JURISPRUDENCIA EN MATERIA MUNICIPAL – JURISPRUDENCIA RECIENTE DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIA MUNICIPAL – ANEXOS | Autor: Francisco Javier Aldunate Ramos Editorial: EJS Año de Publicación: 2022 Paginas :1191 | Autor: Juan Carlos Flores Rivas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 352 Año de publicación: 2021 | Autor: Gabriel Enrique Celis Danzinger Editorial: El Jurista Numero de Paginas: 562 Año de publicación: 2018 |
Autor: Críspulo Marmolejo González
Editorial: Thomson Reuters
Numero de Paginas: 222
Año de publicación: 2019
| Autor: Francisco Agüero Vargas Editorial : Der Año de Publicación : 2022 Paginas :600 |
| Content | Autora: José Fernández Ricard Editorial: EJS Numero de Paginas: 497 Año de publicación: 2007 | Ley N°18.834 - Explicado y comentado El artículo 6° de la Ley N°10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, previene que corresponde exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen. De acuerdo con lo anterior, solo las decisiones y dictámenes de la Contraloría General de la República serán los medios que podrán hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa. Es así que las materias referidas al personal de la Administración del Estado se encuentran contenidas en el Estatuto Administrativo, el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales y/o en estatutos especiales (ejemplo del personal del Congreso Nacional, que reconocen una misma raíz jurídica, el Estatuto de Personal del Ministerio Público y otros). Por ello su interpretación y adecuación a casos concretos alcanza una importancia fundamental a efectos de la resolución de controversias que puedan suscitarse en el seno de distintas entidades públicas. Esta obra busca dar cuenta de esta jurisprudencia administrativa, tomando como base el trabajo liderado en las últimas décadas por la Contraloría General de la República y distintos autores en derecho público, destacando el modelo de don Rolando Pantoja Bauzá. En el último tiempo el Estatuto Administrativo ha sido objeto de numerosas modificaciones las que principalmente han sido dirigidas a incorporar de manera expresa el principio de probidad administrativa al ejercicio de la función pública, regular los concursos de ingreso a la Administración y otras materias, sin considerar, por ejemplo, la estabilidad en el empleo, al menos de manera seria y formal, siendo los avances judiciales y de jurisprudencia administrativa los más relevantes en estos puntos, los que se han ido recogiendo en diversos dictámenes de Contraloría. Este es un repositorio actualizado de jurisprudencia administrativa en los artículos más sensibles que este contiene, libro con pretensión de constituirse en material de consulta para estudiantes y abogados, pero principalmente para funcionarios que quieran conocer más en detalle el funcionamiento de la Administración del Estado, conociendo su “piedra basal”, esto es, la estructura legal de gestión de personal y su normativa aplicable. | Abre el presente libro el capítulo I que recoge el artículo “Licitación pública: ¿Es el procedimiento ordinario de contratación administrativa?”. En este artículo se trata de contestar la interrogante de si la licitación pública es el procedimiento general para formar la voluntad contractual del Estado o si las causales de licitación privada o el trato directo son lo suficientemente amplias para que el Estado puede eximirse de la licitación pública. Se arriba a la conclusión de que algunas de las causales de trato directo, en la forma que se encuentran reguladas, son demasiado amplias y que deben ser revisadas para impedir que se sorteen la licitación sin una motivación suficiente. En el capítulo II se pasa revista a los principios de la licitación pública. En primer lugar, se analiza el principio de libre concurrencia de los oferentes, el sistema de registro de los oferentes para limitar las ofertas temerarias y seleccionar la oferta más conveniente. A su vez, se analizan las prácticas atentatorias de la libre concurrencia, extraídas de la práctica administrativa y de la jurisprudencia administrativa. En segundo lugar, revisamos el principio de igualdad de los oferentes tanto al momento de selección del contratista como durante la ejecución del contrato administrativo. Finalmente, se analiza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, sus límites y relación con otros principios de la licitación pública. En el capítulo III se analiza desde una visión crítica la inhabilidad regulada en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Se analizan cómo las nuevas exigencias derivadas de la contratación administrativa estratégica, mediante la cual el Estado incorpora elementos exógenos para satisfacer necesidades tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas licitantes o el respeto del medio ambiente, pueden generar impactos complejos en la contratación administrativa. En el capítulo IV relativo a las bases de licitación como medio de prueba en la litigación pública contractual, planteamos la tesis de que las bases de licitación no son el único medio de prueba válido para acreditar el sentido y alcance de las obligaciones contractuales, no obstante, su importancia. Esta tesis se funda en que generalmente la estructura y articulación de las bases de licitación es un rol que le corresponde íntegramente al Estado, que se puede convertir en un instrumento perverso para diagnosticar el cumplimiento o incumplimiento ocurrido durante la ejecución del contrato administrativo. En el capítulo V se estudia el principio de probidad administrativa en la fase de evaluación de ofertas de la licitación pública. Sustentamos que las licitaciones públicas deben regirse por el principio de buena fe, bajo la creencia objetiva de que sus miembros deben actuar con honradez y sujetos a una conducta recta, en el sentido de privilegiar el interés público sobre el privado al momento de seleccionar la oferta más conveniente para la satisfacción de la necesidad pública, quedando prohibida la incorporación de elementos o la omisión de requisitos no previstos ni en la ley ni en las bases de licitación, que puedan generar situaciones de privilegios entre los oferentes. En el capítulo VI se analiza el régimen jurídico que regula la contratación administrativa de las empresas públicas en nuestro Derecho Administrativo, en sus distintas etapas, a saber, licitación, ejecución y terminación. Específicamente, se analiza si los contratos suscritos por las distintas empresas públicas existentes en nuestro país se encuentran sometidas exclusivamente a “la legislación común aplicable a los particulares” o las empresas públicas en su actividad contractual deben respetar ciertas normas y principios del derecho administrativo, como cualquier órgano que integra la Administración Pública. El capítulo VII tiene por objeto analizar la tesis sustentada por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema, que afirman que las multas en los contratos administrativos ostentan la naturaleza de cláusulas penales de origen contractual, y cuya aplicación se canaliza a través de la simple ejecución de una cláusula contractual. | Colección de Derecho Administrativos. La presente investigación aborda uno de los capítulos tradicionales que integran el Derecho Administrativo general, cual es, la contratación administrativa y los contratos administrativos, como expresión de la actividad formal de la Administración del Estado, cuyo enfoque se sitúa en el contexto de nuestro ordenamiento jurídico interno, principalmente a partir de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento, la Ley del MOP y el Reglamento de Contratos de Obra Pública, la Ley de Concesiones de Obra Pública y su Reglamento, analizadas, por cierto, en el contexto de otras fuentes jurídicas, como la Constitución Política, los tratados internacionales pertinentes, la Ley N° 18.575, la Ley N° 19.880, la Ley N° 20.285, y la Ley de Administración Financiera del Estado Decreto Ley N° 1.263, así como la jurisprudencia constitucional, judicial y administrativa, sin perjuicio de recurrir también a la doctrina nacional e internacional. Se trata en definitiva, de una obra destinada principalmente a académicos y profesores de la cátedra de Derecho Administrativo, como también a los abogados, administradores públicos, estudiantes de Derecho, y a todos los servidores y funcionarios que se desempeñan en los órganos de la Administración del Estado. El primer capítulo aborda los fundamentos de la contratación administrativa, vale decir, lo denominada teoría o parte general, conformada por los conceptos, características, clasificaciones y elementos de los contratos administrativos, así como los principios jurídicos y procedimientos de contratación pública, luego, los efectos de tales contratos, el control de los mismos, su régimen de extinción y finalmente, los mecanismos de solución de controversias. Los capítulos siguientes se abocan a la parte especial, es decir, al estudio de los contratos administrativos en particular. El segundo apartado se ocupa de los contratos de suministro y prestación de servicios, con especial énfasis en aquellos sometidos al régimen normativo de la Ley de Compras Públicas. A su turno, el tercero y el cuarto apartado abordan, respectivamente, los contratos de obra pública, principalmente aquellos regidos por la normativa del MOP-, y de concesiones de esta obra pública, aquellos que regula la Ley concesiones y su Reglamento. Por su parte el quinto capítulo, analiza la estructura del contrato de concesiones de servicio público, incursionando en algunas de las modalidades de concesiones de servicio público que contempla nuestro ordenamiento jurídico administrativo. En definitiva, se trata de un texto pedagógico de estudio, cuyo índice temático se ajusta a los programas universitarios definidos para dicha materia por las Facultades de Derecho y Ciencia Jurídicas, y que por tanto privilegia el enfoque didáctico y sistemático sobre la materia, desde la perspectiva de la asignatura de Derecho Administrativo impartida-como curso de pregrado- en la carrera de Derecho. Ediciones Jurídicas El Jurista |
Descripción
Este libro se construye a partir del supuesto que el más importante insumo conceptual de los estudios sobre regulación económica viene dado por el Análisis Económico del Derecho. Se busca explorar el contenido de la alianza entre el derecho y la regulación económica, a partir de la idea de que dicha interacción fortalece la libertad económica, como un valor relevante para la democracia y el progreso de los pueblos. Ambos enfoques -en conjunto- son necesarios y útiles para lograr ese objetivo último. Una necesaria integración de ambas disciplinas contribuye a maximizar el bienestar individual y el de la sociedad en su conjunto. Esta integración abona la necesidad de desmontar la argumentación de que las economías más libres y prósperas suelen vivir cada vez más apartadas del Derecho. Un entramado de normas y entidades que regulen razonablemente las actividades económicas y custodien la libre competencia necesariamente expanden los beneficios de una economía de mercado.
Este texto pretende probar que es necesaria una perspectiva teórica de comprensión del modelo de agencias reguladoras en Chile; que ésta debe fundamentarse en la aplicación de algunas categorías conceptuales del Análisis Económico del Derecho al Derecho Administrativo; y que esta nueva configuración puede fortalecer una mejora en la calidad regulatoria y la obtención de un mejor equilibrio entre eficiencia de los mercados y bienestar de usuarios y consumidores. Se busca plantear y dar solución a problemas jurídicos que nacen a partir de las diversas configuraciones de entidades supervisoras y reguladoras de mercados. Se exploran esos diversos modelos con el objeto de contrastarlos con el modelo de superintendencias chilenas, dominante en la actual estructura jurídico-administrativa chilena.
Para tales efectos, se recurre a la determinación de conceptos jurídicos y económicos, algunos de los cuales se encuentran presentes en informes de organismos internacionales como la OECD. Para probar que es necesaria una nueva configuración del modelo de agencias reguladoras en Chile, se analiza su situación actual, explorando el modelo y régimen legal de los principales órganos reguladores económicos. Para probar que esta nueva configuración debe fundamentarse en la aplicación de algunas categorías conceptuales del Análisis Económico del Derecho al Derecho Administrativo, se examinarán los conceptos fundamentales propuestos en esta investigación y se contrastarán con el modo de comprensión del Derecho Regulatorio en Estados Unidos y Europa.
Críspulo Marmolejo González
| INDICE Una Forma de Control Judicial de la intervención Estatal en la EconomíaEsta obra aborda un tema omitido en la doctrina nacional, como es la existencia de un tribunal con competencia para conocer asuntos económicos, rol que cumple el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). El autor revisa exhaustivamente la jurisprudencia y práctica del TDLC y la Corte Suprema respecto del control de la actividad administrativa, dividiendo su investigación en cuatro partes: en la primera, aborda cuestiones sobre la intervención del Estado en la economía y aspectos históricos que permiten entender cómo se llegó a controlar la actividad estatal por el sistema de libre competencia y los aspectos de diseño institucional que permiten esa revisión. En la segunda parte, examina el ámbito del contencioso-administrativo del TDLC, que no solo incluye la actividad jurisdiccional contenciosa, sino también la judicial no contenciosa. En la tercera parte, pesquisa el alcance y eficacia de las decisiones dictadas por el TDLC al controlar la actividad estatal, esencialmente, sentencias y resoluciones dictadas en el marco de la potestad consultiva, así como la tutela cautelar contra la Administración. Finalmente, en la cuarta parte, se estudian los criterios sustantivos que subyacen a las decisiones del TDLC al juzgar la actividad estatal. Este trabajo será de gran utilidad para abogados en ejercicio profesional que buscan sedes judiciales para debatir asuntos con la Administración, especialmente en materia económica, como una sede alternativa al Tribunal de Contratación Pública o Contraloría General de la República, y también para los profesionales que se dedican a la litigación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o que se relacionan con la Fiscalía Nacional Económica en sus investigaciones u operaciones de concentración (fusiones), entre otros. |
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