Diligencias Investigativas por Infracciones a la Ley N°20.000

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Descripción
A través de sus sucesivos pronunciamientos en torno a esa causal, la Corte ha dotado de contenido a la garantía constitucional del debido proceso, transformándola en reglas de persecución penal, especificando y perfilando los supuestos y requisitos para que los derechos fundamentales puedan ser limitados o perturbados por parte de los agentes de persecución penal durante la fase de investigación, o para que otras actuaciones del procedimiento judicial puedan estimarse válidas y respetuosas de esa garantía.
A través de sus sucesivos pronunciamientos en torno a esa causal, la Corte ha dotado de contenido a la garantía constitucional del debido proceso, transformándola en reglas de persecución penal, especificando y perfilando los supuestos y requisitos para que los derechos fundamentales puedan ser limitados o perturbados por parte de los agentes de persecución penal durante la fase de investigación, o para que otras actuaciones del procedimiento judicial puedan estimarse válidas y respetuosas de esa garantía.
De ahí la relevancia del estudio de las decisiones de este tribunal, el cual si bien resulta necesario respecto de todos los ámbitos de la criminalidad, es especialmente acuciante y revelador tratándose del tráfico ilícito de drogas, porque los importantes réditos que genera esta actividad son directamente proporcionales con el perfeccionamiento de los medios para ocultar y asegurar el transporte, almacenamiento y distribución de la sustancia y, de ese modo, para su eficiente y efectiva persecución y sanción se requiere acudir a técnicas investigativas cada vez más intrusivas, que generan mayor riesgo de afectar, o violentan con mayor intensidad, derechos fundamentales. En este contexto, el Máximo Tribunal ha intentado caminar a la par de esta evolución social y técnica, para asentar reglas claras y consistentes a las que deben apegarse los agentes de persecución y controlar los tribunales de las instancias.
El autor expone la evolución reciente y estado actual de la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a investigaciones y procedimientos judiciales recaídos sobre conductas sancionadas por la Ley N°20.000, en los últimos cuatro años ­–desde enero de 2016 a diciembre de 2019–, destacando la sistematización y análisis de esas decisiones, lo que sin duda constituirá un insumo provechoso para la labor tanto de jueces, fiscales y defensores.

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Autor: Manuel Rodríguez Vega
Editorial: Rubicón Editores
Numero de Paginas: 416
Año de publicación: 2020

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DescriptionAutor: Manuel Rodríguez Vega Editorial: Rubicón Editores Numero de Paginas: 416 Año de publicación: 2020Autor: Carlos Garrido Chacana Editorial :Metropolitana Año de Publicación  : 2022 Paginas :319Autor: Editorial Hammurabi Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 178 Año de publicación: 2022Autor:  Editorial Jurídica de Chile Editorial :Jurídica de Chile Año de Publicación  : 2022 Paginas :635Autor: Gianni Egidio Piva Torres Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 183 Año de publicación: 2022Autor:  Editorial Jurídica de Chile Editorial :Jurídica de Chile Año de Publicación  : 2022 Paginas :389
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Descripción A través de sus sucesivos pronunciamientos en torno a esa causal, la Corte ha dotado de contenido a la garantía constitucional del debido proceso, transformándola en reglas de persecución penal, especificando y perfilando los supuestos y requisitos para que los derechos fundamentales puedan ser limitados o perturbados por parte de los agentes de persecución penal durante la fase de investigación, o para que otras actuaciones del procedimiento judicial puedan estimarse válidas y respetuosas de esa garantía. A través de sus sucesivos pronunciamientos en torno a esa causal, la Corte ha dotado de contenido a la garantía constitucional del debido proceso, transformándola en reglas de persecución penal, especificando y perfilando los supuestos y requisitos para que los derechos fundamentales puedan ser limitados o perturbados por parte de los agentes de persecución penal durante la fase de investigación, o para que otras actuaciones del procedimiento judicial puedan estimarse válidas y respetuosas de esa garantía. De ahí la relevancia del estudio de las decisiones de este tribunal, el cual si bien resulta necesario respecto de todos los ámbitos de la criminalidad, es especialmente acuciante y revelador tratándose del tráfico ilícito de drogas, porque los importantes réditos que genera esta actividad son directamente proporcionales con el perfeccionamiento de los medios para ocultar y asegurar el transporte, almacenamiento y distribución de la sustancia y, de ese modo, para su eficiente y efectiva persecución y sanción se requiere acudir a técnicas investigativas cada vez más intrusivas, que generan mayor riesgo de afectar, o violentan con mayor intensidad, derechos fundamentales. En este contexto, el Máximo Tribunal ha intentado caminar a la par de esta evolución social y técnica, para asentar reglas claras y consistentes a las que deben apegarse los agentes de persecución y controlar los tribunales de las instancias. El autor expone la evolución reciente y estado actual de la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a investigaciones y procedimientos judiciales recaídos sobre conductas sancionadas por la Ley N°20.000, en los últimos cuatro años ­–desde enero de 2016 a diciembre de 2019–, destacando la sistematización y análisis de esas decisiones, lo que sin duda constituirá un insumo provechoso para la labor tanto de jueces, fiscales y defensores.

Indice Siendo uno de los temas más relevantes del actual Derecho de Familia, la protección de los derechos de los niños, niñas y/o adolescentes es uno de los menos desarrollados por la literatura jurídica nacional, cuestión paradójica si consideramos la inmensa carga que han impuesto a nuestro país los instrumentos internacionales suscritos por Chile. Siendo así, el autor ha procurado exponer un trabajo diametralmente diferente a lo que conocemos. Un trabajo que muestra las formas más corrientes de maltrato a la infancia y adolescencia y, que en esta segunda edición ha incluido las cuestiones más atingentes de la Ley N° 21.302 (que Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia) para así actualizar la visión de la aplicación de las medidas de protección de los niños, niñas o adolescentes.
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Visión Jurisprudencial de las SERVIDUMBRES TRÁNSITO
Descripción
Cuadragésima Sexta Edición Oficial. Aprobada por Decreto Exento Nº 1456, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Apéndice Actualizado al 23 de Agosto de 2022 Esta Edición Oficial ha sido preparada por la Comisión Permanente de Códigos de la República de la Editorial Jurídica de Chile, presidida por el profesor don Juan Colombo Campbell e integrada además por los siguientes profesores: Enrique Barros Bourie Jun Colombo Campbell Ricardo Escobar Calderón Alfredo Etcheberry Orthusteguy Ana María García Barzelatto Rafael Gómez Balmaceda Héctor Humeres Noguer María Teresa Infante Caffi Cristían Maturana Miquel Arturo Prado Puga Domingo Valdés Prieto Paulino Varas Alfonso En representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Paula Recabarren Lewin
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Descripción
DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL

En la presente monografía, se estudia cada tipo penal, desde la estructura del delito, sus elementos normativos, se apoyan en jurisprudencia Española, Colombiana, Chilena, al igual que con la doctrina. Su redacción es de forma didáctica, de tal manera que un estudiante, o un profesional versado le pueda ser fácil su lectura. Los delitos de falsedad documental son aquellos tipos penales que castigan la acción de falsificar, alterar o usar documentos falsos con fines fraudulentos. Estos delitos pueden incluir la fabricación de documentos falsos, la alteración de documentos auténticos, el uso de documentos falsos o alterados, o la impersonación de otra persona mediante el uso de documentación falsa o alterada. En general, la falsedad documental se refiere a la creación o alteración de documentos con el propósito de engañar o defraudar a otras personas o entidades. Los documentos falsos o alterados pueden ser de cualquier tipo, como facturas, títulos universitarios, pasaportes, certificados médicos, etc. Los delitos de falsedad documental suelen ser graves y están tipificados en la mayoría de los ordenamientos jurídicos. La pena prevista por estos delitos depende de la gravedad del hecho y de los daños causados, y puede incluir prisión y multas.
Descripción
Décima Séptima Edición Oficial. Aprobada por Decreto Exento Nº 1459, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Apéndice Actualizado al 31 de Agosto de 2022 Esta Edición Oficial ha sido preparada por la Comisión Permanente de Códigos de la República de la Editorial Jurídica de Chile, presidida por el profesor don Juan Colombo Campbell e integrada además por los siguientes profesores: Enrique Barros Bourie Juan Colombo Campbell Ricardo Escobar Calderón Alfredo Etcheberry Orthusteguy Ana María García Barzelatto Rafael Gómez Balmaceda Héctor Humeres Noguer María Teresa Infante Caffi Cristían Maturana Miquel Arturo Prado Puga Domingo Valdés Prieto Paulino Varas Alfonso En representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Paula Recabarren Lewin
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