El denunciante en el procedimiento administrativo sancionador
$34.990
Autor: Alvaro Farfán Garrido
Editorial: Rubicón Editores
Numero de Paginas: 322
Año de publicación: 2026
8 disponibles
Ya Disponible!
Sobre el Autor
Abogado de la Universidad de Chile, magíster en derecho público en esta misma casa de estudios, especialista en derecho educacional, diplomado en Derecho Laboral y de Familia en la Universidad Alberto Hurtado. Docente del programa Valoras UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Fue abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, y desde el año 2015 de la Superintendencia de Educación, institución en la cual se ha desempeñado como Encargado Regional de la Unidad de Comunicaciones y Denuncias, y donde actualmente es el Director Regional Metropolitano.
Descripción de la obra
La presente obra analiza los derechos que tienen los denunciantes en los procedimientos administrativos sancionadores, incluyendo los disciplinarios, distinguiendo entre los denunciantes que tienen la calidad de interesados y aquellos que la doctrina ha llamado simples denunciantes o terceros no interesados.
En atención a que existen leyes sectoriales que regulan procedimientos administrativos especiales se analiza la reglamentación efectuada por estas en relación con los derechos de los denunciantes, respondiendo la interrogante en torno a si resulta aplicable en forma supletoria la Ley N°19.880 en lo que respecta a los derechos de los interesados, y en qué casos.
Dado el escaso desarrollo legislativo y doctrinal sobre la materia en estudio, se aborda la regulación que efectúa el derecho comparado respecto a la participación de los denunciantes en estos procedimientos y los pronunciamientos que nuestra jurisprudencia judicial, administrativa y constitucional ha efectuado sobre esta.
Con respecto a los derechos de los denunciantes se efectúa un análisis de los derechos reconocidos en los principios de la Ley N°19.880, en su artículo 17 y en los distintos artículos de este mismo cuerpo legal, profundizando luego en el derecho a impugnar.
En lo que respecta a los procedimientos disciplinarios se aborda la regulación de esta materia en el Estatuto Administrativo y en el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, profundizando en las modificaciones efectuadas por la Ley Karin y la reglamentación efectuada en estatutos especiales.
Por último, se efectúa una contraposición de argumentos en torno a la participación de los denunciantes y los efectos de esta en los procedimientos administrativos sancionadores.
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| Description | INDICE Ya Disponible! Sobre el Autor Abogado de la Universidad de Chile, magíster en derecho público en esta misma casa de estudios, especialista en derecho educacional, diplomado en Derecho Laboral y de Familia en la Universidad Alberto Hurtado. Docente del programa Valoras UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, y desde el año 2015 de la Superintendencia de Educación, institución en la cual se ha desempeñado como Encargado Regional de la Unidad de Comunicaciones y Denuncias, y donde actualmente es el Director Regional Metropolitano. Descripción de la obra La presente obra analiza los derechos que tienen los denunciantes en los procedimientos administrativos sancionadores, incluyendo los disciplinarios, distinguiendo entre los denunciantes que tienen la calidad de interesados y aquellos que la doctrina ha llamado simples denunciantes o terceros no interesados. En atención a que existen leyes sectoriales que regulan procedimientos administrativos especiales se analiza la reglamentación efectuada por estas en relación con los derechos de los denunciantes, respondiendo la interrogante en torno a si resulta aplicable en forma supletoria la Ley N°19.880 en lo que respecta a los derechos de los interesados, y en qué casos. Dado el escaso desarrollo legislativo y doctrinal sobre la materia en estudio, se aborda la regulación que efectúa el derecho comparado respecto a la participación de los denunciantes en estos procedimientos y los pronunciamientos que nuestra jurisprudencia judicial, administrativa y constitucional ha efectuado sobre esta. Con respecto a los derechos de los denunciantes se efectúa un análisis de los derechos reconocidos en los principios de la Ley N°19.880, en su artículo 17 y en los distintos artículos de este mismo cuerpo legal, profundizando luego en el derecho a impugnar. En lo que respecta a los procedimientos disciplinarios se aborda la regulación de esta materia en el Estatuto Administrativo y en el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, profundizando en las modificaciones efectuadas por la Ley Karin y la reglamentación efectuada en estatutos especiales. Por último, se efectúa una contraposición de argumentos en torno a la participación de los denunciantes y los efectos de esta en los procedimientos administrativos sancionadores. | Autor: Francisco Javier Aldunate Ramos Editorial: EJS Año de Publicación: 2022 Paginas :1191 | Autor: Juan Ignacio Trabaglia Editorial: Olejnik Numero de Paginas: 112 Año de publicación: 2022 | Autor: Alejandro Vergara Blanco Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 600 Año de publicación: 2022 | Autor: Juan Carlos Flores Rivas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 352 Año de publicación: 2021 | Autores: Rodrigo Silva Montes - María Oriana Martínez Lavín Editorial: EJS Numero de Paginas: 506 Año de publicación: 2022 |
| Content | Autor: Alvaro Farfán Garrido Editorial: Rubicón Editores Numero de Paginas: 322 Año de publicación: 2026 | Ley N°18.834 - Explicado y comentado El artículo 6° de la Ley N°10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, previene que corresponde exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen. De acuerdo con lo anterior, solo las decisiones y dictámenes de la Contraloría General de la República serán los medios que podrán hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa. Es así que las materias referidas al personal de la Administración del Estado se encuentran contenidas en el Estatuto Administrativo, el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales y/o en estatutos especiales (ejemplo del personal del Congreso Nacional, que reconocen una misma raíz jurídica, el Estatuto de Personal del Ministerio Público y otros). Por ello su interpretación y adecuación a casos concretos alcanza una importancia fundamental a efectos de la resolución de controversias que puedan suscitarse en el seno de distintas entidades públicas. Esta obra busca dar cuenta de esta jurisprudencia administrativa, tomando como base el trabajo liderado en las últimas décadas por la Contraloría General de la República y distintos autores en derecho público, destacando el modelo de don Rolando Pantoja Bauzá. En el último tiempo el Estatuto Administrativo ha sido objeto de numerosas modificaciones las que principalmente han sido dirigidas a incorporar de manera expresa el principio de probidad administrativa al ejercicio de la función pública, regular los concursos de ingreso a la Administración y otras materias, sin considerar, por ejemplo, la estabilidad en el empleo, al menos de manera seria y formal, siendo los avances judiciales y de jurisprudencia administrativa los más relevantes en estos puntos, los que se han ido recogiendo en diversos dictámenes de Contraloría. Este es un repositorio actualizado de jurisprudencia administrativa en los artículos más sensibles que este contiene, libro con pretensión de constituirse en material de consulta para estudiantes y abogados, pero principalmente para funcionarios que quieran conocer más en detalle el funcionamiento de la Administración del Estado, conociendo su “piedra basal”, esto es, la estructura legal de gestión de personal y su normativa aplicable. | El autor uruguayo de esta obras señala que entre los nuevos escenarios situacionales se encuentra presente el Estado y dentro de este, la Administración Pública. Su misión vicarial frente a una sociedad cada vez más urgida por los tiempos, debe transitar por los carriles de la tecnología de la información y el conocimiento, lo cual permitirá el ingreso virtual de la Administración Pública de manera permanente e indetenible en el ámbito vital de los individuos. El acto administrativo, manifestación par excellence de aquella, debe dejar atrás los rígidos moldes formales, pero sin olvidar que el centro de su actividad es y será siempre el ser humano, en su búsqueda incesante de alcanzar los cánones de bienestar particular en armonía con el bien general. El acto administrativo electrónico latu sensu y dentro de este los actos administrativos electrónicos sincrónicos y automáticos, constituyen la evidencia de esa necesidad impostergable, que permita en los tiempos que corren una Administración Pública dotada de celeridad, transparencia, seguridad y respeto por los Derechos Fundamentales. | COMENTARIOS DE SENTENCIAS Y DICTÁMENES EN TEMAS RELEVANTES DE LA DISCIPLINA (2012 A 2022) Comentarios de sentencias y dictámenes en temas relevantes de la disciplina (2012 – 2022) Esta obra recopila comentarios de jurisprudencia publicados por el autor en la última década, sobre 32 temas relevantes de la praxis del derecho administrativo. Entre los temas aquí seleccionados se encuentran: fuentes del derecho administrativo; organización administrativa; derecho laboral administrativo; problemas de los varios tipos de actos administrativos y sus vicios; problemas actuales del procedimiento administrativo; sobre bienes públicos y recursos naturales; temas relativos al control y el contencioso administrativo, entre otros temas. | Abre el presente libro el capítulo I que recoge el artículo “Licitación pública: ¿Es el procedimiento ordinario de contratación administrativa?”. En este artículo se trata de contestar la interrogante de si la licitación pública es el procedimiento general para formar la voluntad contractual del Estado o si las causales de licitación privada o el trato directo son lo suficientemente amplias para que el Estado puede eximirse de la licitación pública. Se arriba a la conclusión de que algunas de las causales de trato directo, en la forma que se encuentran reguladas, son demasiado amplias y que deben ser revisadas para impedir que se sorteen la licitación sin una motivación suficiente. En el capítulo II se pasa revista a los principios de la licitación pública. En primer lugar, se analiza el principio de libre concurrencia de los oferentes, el sistema de registro de los oferentes para limitar las ofertas temerarias y seleccionar la oferta más conveniente. A su vez, se analizan las prácticas atentatorias de la libre concurrencia, extraídas de la práctica administrativa y de la jurisprudencia administrativa. En segundo lugar, revisamos el principio de igualdad de los oferentes tanto al momento de selección del contratista como durante la ejecución del contrato administrativo. Finalmente, se analiza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, sus límites y relación con otros principios de la licitación pública. En el capítulo III se analiza desde una visión crítica la inhabilidad regulada en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Se analizan cómo las nuevas exigencias derivadas de la contratación administrativa estratégica, mediante la cual el Estado incorpora elementos exógenos para satisfacer necesidades tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas licitantes o el respeto del medio ambiente, pueden generar impactos complejos en la contratación administrativa. En el capítulo IV relativo a las bases de licitación como medio de prueba en la litigación pública contractual, planteamos la tesis de que las bases de licitación no son el único medio de prueba válido para acreditar el sentido y alcance de las obligaciones contractuales, no obstante, su importancia. Esta tesis se funda en que generalmente la estructura y articulación de las bases de licitación es un rol que le corresponde íntegramente al Estado, que se puede convertir en un instrumento perverso para diagnosticar el cumplimiento o incumplimiento ocurrido durante la ejecución del contrato administrativo. En el capítulo V se estudia el principio de probidad administrativa en la fase de evaluación de ofertas de la licitación pública. Sustentamos que las licitaciones públicas deben regirse por el principio de buena fe, bajo la creencia objetiva de que sus miembros deben actuar con honradez y sujetos a una conducta recta, en el sentido de privilegiar el interés público sobre el privado al momento de seleccionar la oferta más conveniente para la satisfacción de la necesidad pública, quedando prohibida la incorporación de elementos o la omisión de requisitos no previstos ni en la ley ni en las bases de licitación, que puedan generar situaciones de privilegios entre los oferentes. En el capítulo VI se analiza el régimen jurídico que regula la contratación administrativa de las empresas públicas en nuestro Derecho Administrativo, en sus distintas etapas, a saber, licitación, ejecución y terminación. Específicamente, se analiza si los contratos suscritos por las distintas empresas públicas existentes en nuestro país se encuentran sometidas exclusivamente a “la legislación común aplicable a los particulares” o las empresas públicas en su actividad contractual deben respetar ciertas normas y principios del derecho administrativo, como cualquier órgano que integra la Administración Pública. El capítulo VII tiene por objeto analizar la tesis sustentada por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema, que afirman que las multas en los contratos administrativos ostentan la naturaleza de cláusulas penales de origen contractual, y cuya aplicación se canaliza a través de la simple ejecución de una cláusula contractual. | Migrar, es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales, en consecuencia, el proceso de inmigración tiene dos aspectos fundamentales para las personas: Tomar la decisión de irse y elegir el lugar donde instalarse. Chile ha mantenido a través de su historia la atracción para personas que buscan nuevas oportunidades y que han entregado su aporte al desarrollo de la tierra que los acogió. El 20 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.325, denominada Ley de Migración y Extranjería. Se trata de un intento de legislación orgánica del tema; deroga varios cuerpos legales y modifica otros tantos. Nuestra legislación, y esta ley en particular (Título XIII), también se ocupa de los chilenos en el exterior |
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