El inicio de la prescripción extintiva en la acción de responsabilidad extracontractual
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El libro que el lector tiene en sus manos aborda un tema crucial en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual: el inicio del cómputo de la prescripción extintiva.
La obra se estructura en dos partes. En la primera, la autora examina la disgregación normativa y la falta de coherencia en la determinación del inicio del cómputo de la prescripción. Se analizan en profundidad las diversas interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias que se han suscitado a propósito del artículo 2332 del Código Civil que cuenta el plazo de prescripción desde la “perpetración del acto”. Además, se estudian las diversas fórmulas consagradas en leyes especiales, lo que termina por completar un panorama heterogéneo y confuso.
Frente a este escenario, la autora propone en la segunda parte un criterio interpretativo basado en el conocimiento diligente de la víctima sobre el hecho, el autor y el perjuicio, conforme a una adecuada taxonomía temporal de este último. La elección de este criterio se justifica en la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva y en las particularidades de la acción de responsabilidad civil extracontractual, donde la víctima no siempre tiene conocimiento inmediato de los elementos necesarios para ejercer su acción.
Este libro constituye una herramienta indispensable para abogados, jueces, académicos y estudiantes de Derecho, ya que ofrece una visión crítica y actualizada sobre un tema de gran relevancia práctica como es la extinción de la acción indemnizatoria extracontractual, aplicable a una multiplicidad de materias.
Índice
Agradecimientos 9
Prólogo 17
Introducción 21
PRIMERA PARTE
La disgregación normativa y la falta de coherencia del inicio del cómputo de la prescripción extracontractual
Capítulo I
El inicio del cómputo contenido en el artículo 2332 del Código Civil 35
Sección 1: Sus fuentes y su importancia 37
Sección 2: Su ámbito de aplicación: regla general y supletoria 57
Sección 3. Las interpretaciones del inicio del cómputo de la regla general 67
I. Inicio del cómputo objetivo 68
II. Inicio del cómputo subjetivo 81
A. La interpretación subjetiva clásica del artículo 2332 85
B. Las interpretaciones modernas del artículo 2332 93
1. El desarrollo embrionario de la teoría del conocimiento 93
2. ¿Plazo máximo? 110
Capítulo II
La dispersión de las leyes especiales 123
Sección 1: La regla general lo dice todo 124
I. La Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores 126
II. La Responsabilidad del Estado 129
A. Responsabilidad del Estado constitucional e imprescriptible 137
B. Responsabilidad del Estado prescriptible según el artículo 2332 143
C. La Responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad 148
Sección 2: Un 2332 que no tiene nada que decir ante la ley especial 152
I. Accidentes nucleares: una regulación única 154
II. Servicios sanitarios del Estado: ¿un inicio del cómputo objetivo? 155
III. Medio ambiente: la manifestación evidente del daño 163
IV. Daños por hidrocarburos: plazo máximo con diferentes inicios del cómputo 168
V. Daños en el ámbito aeronáutico: un plazo; triple inicio del cómputo objetivo 170
VI. Daños por divulgación de información privilegiada: desde la acción 171
VII. Daños causados por el Ministerio Público: inicio del cómputo objetivo 172
Sección 3: Ámbito de aplicación no resuelto 174
I. Accidentes o enfermedades profesionales: hay que precisar el demandante y la pretensión para definir el inicio del cómputo 174
II. Productos sanitarios defectuosos: dime quién es el demandado y te diré el inicio del cómputo 178
III. Daños a causa de un estado de excepción: inicio del cómputo objetivo; perjuicios acotados 185
IV. Daños por aplicación de plaguicidas: doble regulación; doble inicio del cómputo 186
Conclusiones de la primera parte 188
SEGUNDA PARTE
Nuestra propuesta
Capítulo I
La justificación del criterio del conocimiento 193
Sección 1: El particularismo de la responsabilidad extracontractual 194
Sección 2: La Tutela Judicial Efectiva 201
I. El derecho humano a la Tutela Judicial Efectiva 201
II. La incidencia de la Tutela Judicial Efectiva en el inicio del cómputo de la prescripción extintiva 209
Capítulo II
El régimen del criterio del conocimiento 217
Sección 1: El alcance del conocimiento 220
I. El hecho (causante del daño) 220
II. El autor 226
III. El daño y su taxonomía 231
A. Daños instantáneos o coetáneos 238
1. Noción de los daños instantáneos 238
2. El inicio del cómputo para daños instantáneos 240
B. Daños permanentes, indefinidos o definitivos 241
1. Noción de los daños permanentes 241
a) En cuanto a su origen 242
b) En cuanto a su contenido propiamente tal 247
i. Daños Irreversibles 248
ii. “Daños duraderos” o “Daños susceptibles de mejora” 248
2. El inicio del cómputo para los daños permanentes, indefinidos o definitivos 249
a) Desde que ocurrió el hecho instantáneo 250
b) Una tendencia ecléctica basada en la previsibilidad 251
c) Desde el conocimiento razonable o total del perjuicio 252
d) Las lesiones corporales permanentes 256
C. Daños continuados 259
1. Noción de los daños continuados 259
a) En cuanto a su origen 260
i. Daños continuados que provienen de hechos ilícitos continuados: la “concepción clásica” 260
ii. ¿Daños continuados que provienen de ilícitos instantáneos? 268
b) Su contenido propiamente tal 270
i. Daños continuados propiamente tales 271
ii. Daños fraccionables 271
ii.1) Daños fraccionables con evolución previsible 272
ii.2) Daños fraccionables con evolución imprevisible 272
2. El inicio del cómputo para los daños continuados 273
a) Desde que cesa el hecho ilícito cuando es continuado 274
b) Desde que se conoce el alcance razonable / total del perjuicio 278
i. Desde que se conoce el alcance razonable del daño ¿o desde que no es previsible la producción de nuevos daños? 278
ii. Desde que se conoce todo el daño: ¿el resultado definitivo? 280
D. Daños Agravados 281
1. La noción de los daños agravados 281
2. El inicio del cómputo para los daños agravados 283
E. Diferidos o tardíos (¿y sobrevenidos?) 284
1. La noción de los daños diferidos o tardíos (¿y sobrevenidos?) 284
2. El inicio del cómputo para los daños diferidos o tardíos (¿y sobrevenidos?) 286
Sección 2: Diligencia e impedimentos en el criterio del conocimiento 288
I. Conocimiento efectivo y la “razonable posibilidad de información” 290
A. El estándar de diligencia 296
B. Los efectos 302
1. El inicio del cómputo de la víctima diligente/negligente 302
2. La carga de la prueba del conocimiento 305
II. Impedimentos y problemas que surgen a propósito de la cognoscibilidad 308
A. El impedimento de la víctima: contra non valentem agere non courrit praescriptio 308
B. La mala fe 322
1. Fraude del autor 322
2. Ceguera deliberada 326
Conclusiones de la segunda parte 327
Conclusiones generales 331
Bibliografía citada 339
Normas e instrumentos citados 357
Jurisprudencia citada 361
1 disponibles
Autora: Paulina Manosalva Carrasco
Editorial: Tirant Lo Blanch
Numero de Paginas: 372
Año de publicación: 2025
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| Description | Autora: Paulina Manosalva Carrasco Editorial: Tirant Lo Blanch Numero de Paginas: 372 Año de publicación: 2025 | Autor: Carlos Garrido Chacana Editorial: Metropolitana Numero de Paginas: 1200 Año de publicación: 2022 | Autor: Felipe Silva Urra Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 131 Año de publicación: 2022 | Autor: Editorial Hammurabi Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 209 Año de publicación: 2022 | Autor: Editorial Juridica Editorial: Juridica Numero de Paginas: 326 Año de publicación:2022 | |||
| Content | El libro que el lector tiene en sus manos aborda un tema crucial en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual: el inicio del cómputo de la prescripción extintiva. La obra se estructura en dos partes. En la primera, la autora examina la disgregación normativa y la falta de coherencia en la determinación del inicio del cómputo de la prescripción. Se analizan en profundidad las diversas interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias que se han suscitado a propósito del artículo 2332 del Código Civil que cuenta el plazo de prescripción desde la "perpetración del acto". Además, se estudian las diversas fórmulas consagradas en leyes especiales, lo que termina por completar un panorama heterogéneo y confuso. Frente a este escenario, la autora propone en la segunda parte un criterio interpretativo basado en el conocimiento diligente de la víctima sobre el hecho, el autor y el perjuicio, conforme a una adecuada taxonomía temporal de este último. La elección de este criterio se justifica en la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva y en las particularidades de la acción de responsabilidad civil extracontractual, donde la víctima no siempre tiene conocimiento inmediato de los elementos necesarios para ejercer su acción. Este libro constituye una herramienta indispensable para abogados, jueces, académicos y estudiantes de Derecho, ya que ofrece una visión crítica y actualizada sobre un tema de gran relevancia práctica como es la extinción de la acción indemnizatoria extracontractual, aplicable a una multiplicidad de materias. Índice Agradecimientos 9 Prólogo 17 Introducción 21 PRIMERA PARTE La disgregación normativa y la falta de coherencia del inicio del cómputo de la prescripción extracontractual Capítulo I El inicio del cómputo contenido en el artículo 2332 del Código Civil 35 Sección 1: Sus fuentes y su importancia 37 Sección 2: Su ámbito de aplicación: regla general y supletoria 57 Sección 3. Las interpretaciones del inicio del cómputo de la regla general 67 I. Inicio del cómputo objetivo 68 II. Inicio del cómputo subjetivo 81 A. La interpretación subjetiva clásica del artículo 2332 85 B. Las interpretaciones modernas del artículo 2332 93 1. El desarrollo embrionario de la teoría del conocimiento 93 2. ¿Plazo máximo? 110 Capítulo II La dispersión de las leyes especiales 123 Sección 1: La regla general lo dice todo 124 I. La Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores 126 II. La Responsabilidad del Estado 129 A. Responsabilidad del Estado constitucional e imprescriptible 137 B. Responsabilidad del Estado prescriptible según el artículo 2332 143 C. La Responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad 148 Sección 2: Un 2332 que no tiene nada que decir ante la ley especial 152 I. Accidentes nucleares: una regulación única 154 II. Servicios sanitarios del Estado: ¿un inicio del cómputo objetivo? 155 III. Medio ambiente: la manifestación evidente del daño 163 IV. Daños por hidrocarburos: plazo máximo con diferentes inicios del cómputo 168 V. Daños en el ámbito aeronáutico: un plazo; triple inicio del cómputo objetivo 170 VI. Daños por divulgación de información privilegiada: desde la acción 171 VII. Daños causados por el Ministerio Público: inicio del cómputo objetivo 172 Sección 3: Ámbito de aplicación no resuelto 174 I. Accidentes o enfermedades profesionales: hay que precisar el demandante y la pretensión para definir el inicio del cómputo 174 II. Productos sanitarios defectuosos: dime quién es el demandado y te diré el inicio del cómputo 178 III. Daños a causa de un estado de excepción: inicio del cómputo objetivo; perjuicios acotados 185 IV. Daños por aplicación de plaguicidas: doble regulación; doble inicio del cómputo 186 Conclusiones de la primera parte 188 SEGUNDA PARTE Nuestra propuesta Capítulo I La justificación del criterio del conocimiento 193 Sección 1: El particularismo de la responsabilidad extracontractual 194 Sección 2: La Tutela Judicial Efectiva 201 I. El derecho humano a la Tutela Judicial Efectiva 201 II. La incidencia de la Tutela Judicial Efectiva en el inicio del cómputo de la prescripción extintiva 209 Capítulo II El régimen del criterio del conocimiento 217 Sección 1: El alcance del conocimiento 220 I. El hecho (causante del daño) 220 II. El autor 226 III. El daño y su taxonomía 231 A. Daños instantáneos o coetáneos 238 1. Noción de los daños instantáneos 238 2. El inicio del cómputo para daños instantáneos 240 B. Daños permanentes, indefinidos o definitivos 241 1. Noción de los daños permanentes 241 a) En cuanto a su origen 242 b) En cuanto a su contenido propiamente tal 247 i. Daños Irreversibles 248 ii. “Daños duraderos” o “Daños susceptibles de mejora” 248 2. El inicio del cómputo para los daños permanentes, indefinidos o definitivos 249 a) Desde que ocurrió el hecho instantáneo 250 b) Una tendencia ecléctica basada en la previsibilidad 251 c) Desde el conocimiento razonable o total del perjuicio 252 d) Las lesiones corporales permanentes 256 C. Daños continuados 259 1. Noción de los daños continuados 259 a) En cuanto a su origen 260 i. Daños continuados que provienen de hechos ilícitos continuados: la “concepción clásica” 260 ii. ¿Daños continuados que provienen de ilícitos instantáneos? 268 b) Su contenido propiamente tal 270 i. Daños continuados propiamente tales 271 ii. Daños fraccionables 271 ii.1) Daños fraccionables con evolución previsible 272 ii.2) Daños fraccionables con evolución imprevisible 272 2. El inicio del cómputo para los daños continuados 273 a) Desde que cesa el hecho ilícito cuando es continuado 274 b) Desde que se conoce el alcance razonable / total del perjuicio 278 i. Desde que se conoce el alcance razonable del daño ¿o desde que no es previsible la producción de nuevos daños? 278 ii. Desde que se conoce todo el daño: ¿el resultado definitivo? 280 D. Daños Agravados 281 1. La noción de los daños agravados 281 2. El inicio del cómputo para los daños agravados 283 E. Diferidos o tardíos (¿y sobrevenidos?) 284 1. La noción de los daños diferidos o tardíos (¿y sobrevenidos?) 284 2. El inicio del cómputo para los daños diferidos o tardíos (¿y sobrevenidos?) 286 Sección 2: Diligencia e impedimentos en el criterio del conocimiento 288 I. Conocimiento efectivo y la “razonable posibilidad de información” 290 A. El estándar de diligencia 296 B. Los efectos 302 1. El inicio del cómputo de la víctima diligente/negligente 302 2. La carga de la prueba del conocimiento 305 II. Impedimentos y problemas que surgen a propósito de la cognoscibilidad 308 A. El impedimento de la víctima: contra non valentem agere non courrit praescriptio 308 B. La mala fe 322 1. Fraude del autor 322 2. Ceguera deliberada 326 Conclusiones de la segunda parte 327 Conclusiones generales 331 Bibliografía citada 339 Normas e instrumentos citados 357 Jurisprudencia citada 361 | DescripciónDada la instauración del nuevo régimen proteccional de los derechos del niño, niña y adolescente por la Ley Nº 21.430 y su trascendencia para efectos de la determinación, adopción y ejecución de las distintas medidas de protección, es que se presenta este estudio de los aspectos más relevantes de tal cuerpo legal. Al establecer un nuevo Sistema de Garantías y de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la ley propuso un régimen proteccional que supone la interacción de un conjunto de políticas, instituciones y normas para dichos fines. De ahí, que a modo de comprender los límites de la funciones administrativa y jurisdiccional en tal Sistema el autor hace un análisis completo del régimen instaurado por este cuerpo legal. Es así, que el trabajo que desarrolla en estas páginas busca exponer los principales pormenores del Sistema a fin de proporcionar a sus lectores una visión más o menos completa de aquel para efectos de establecer sus implicancias prácticas. Dentro de las “Normas Generales” de la Ley Nº 21.430 podemos destacar una clara definición de los principales objetivos de la ley como de los obligados por aquella y de las reglas para la aplicación e interpretación de las leyes y normas reglamentarias relativas a los derechos del niño, niña y adolescente. En armonía con lo anterior, dentro de “Principios, Derechos y Garantías” se verán de forma pormenorizada los principios, derechos y garantías que reconoce la ley a los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, en el título relativo a la “Protección Integral” -desarrollada en 4 párrafos-, entre otras cuestiones de interés, se estudiarán los principios rectores de los procesos de protección; las reglas generales para la adopción y aplicación de las medidas reconocidas; los deberes del Estado en relación a la protección integral de los niños (…); las Oficinas Locales de la Niñez, sus funciones y competencias; y las medidas de protección administrativa, los órganos competentes para su adopción, el procedimiento de protección administrativa, la revisión de las medidas, etc. Por último, y como se señaló en un comienzo, por medio de la obra el autor buscó proporcionar un resumen de los principales aspectos de interés de la Ley Nº 21.430, de forma tal, de facilitar la mejor comprensión a sus lectores. ÍNDICE Introducción 1. Estructura de la Ley N° 21.430 (sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia) Normas Generales 1.a.1. Objetivos de la Ley 1.a.1.a. Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 1.a.1.a.1. Características del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 1.a.1.b. Concepto de niño, niña y adolescente 1.a.1.c. Sujetos pasivos 1.a.1.c.1. Rol de la familia 1.a.1.c.2. Rol de la sociedad en general 1.a.1.c.3. Rol de los órganos de la Administración del Estado 1.a.1.c.3.a. Infracción de los órganos del Estado a los deberes que les impone la ley 1.a.2. Aplicación e interpretación de las leyes y normas reglamentarias relativas a los derechos del niño, niña o adolescente. Principales Aspectos de la Ley Nº 21.430 1.a.2.a. Reglas Especiales de Interpretación de la Ley 1.a.2.b. Aplicación de la Ley 1.b. Principios, Derechos y Garantías 1.b.1. De los principios 1.b.1.a. Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho 1.b.1.b. Interés superior del niño, niña o adolescente 1.b.1.c. Igualdad y no discriminación arbitraria 1.b.1.c.1. Deberes de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.d. Fortalecimiento del rol protector de la familia 1.b.1.d.1. Deber del Estado en función del principio 1.b.1.e. Derecho y deber preferente de los padres y/o madres a educar y cuidar a sus hijos 1.b.1.e.1. Deber del Estado en función del principio 1.b.1.f. Autonomía progresiva 1.b.1.g. Efectividad de los derechos 1.b.1.h. Perspectiva de género 1.b.1.i. Responsabilidad de la Administración del Estado 1.b.1.j. Protección social 1.b.1.j.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio. 1.b.1.k. Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de consideración prioritaria 1.b.1.l. Progresividad y no regresividad de los derechos 1.b.1.l.1. Deber del Estado en función del principio 1.b.1.m. Participación social 1.b.1.m.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.n. Inclusión 1.b.1.n.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.ñ. Difusión permanente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 1.b.1.ñ.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.o. Intersectorialidad 1.b.1.p. Participación y colaboración ciudadana . 1.b.2. De los derechos y garantías. 1.b.2.a. Ejercicio de los Derechos Civiles y Políticos 1.b.2.a.1. Deber de los órganos del Estado en función del ejercicio de tales derechos. 1.b.2.b. Derecho a la vida 1.b.2.b.1. Deber del Estado en función del derecho 1.b.2.c. Derecho a un nivel de vida, desarrollo y entorno adecuado 1.b.2.c.1. Deberes de los padres en función del derecho 1.b.2.c.2. Deberes de los órganos del Estado en función del derecho 1.b.2.d. Derecho a la identidad 1.b.2.e. Derecho a vivir en familia . 1.b.2.e.1. Deberes del Estado en función del derecho. 1.b.2.f. Derecho a ser oído. 1.b.2.g. Derecho a la libertad de expresión y comunicación 1.b.2.g.1. Deberes del Estado y de los prestadores de servicios de telecomunicaciones en función de los derechos descritos 1.b.2.h. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión 1.b.2.h.1. Deber del Estado en función del derecho. 1.b.2.i. Derecho a la libertad de asociación y de reunión. 1.b.2.j. Derecho a la participación 1.b.2.j.1. Deber de los órganos del Estado en función del derecho 1.b.2.k. Derecho a la vida privada y a la protección de datos personales. 1.b.2.k.1. Deber de los funcionarios públicos, las organizaciones de la sociedad civil en función del derecho . 1.b.2.l. Derecho a la honra, intimidad y propia imagen. 1.b.2.l.1. Deberes que se imponen en función de tales derechos. 1.b.2.m. Derecho a la información 1.b.2.m.1. Deberes del Estado en función del derecho. 1.b.2.n. Derecho a la protección contra la violencia 1.b.2.ñ. Derecho a la protección contra la explotación económica, la explotación sexual comercial y el trabajo infantil 1.b.2.ñ.1. Deberes de los órganos del Estado en función del derecho 1.b.2.o. Derecho a la salud y a los servicios de salud 1.b.2.o.1. Deberes del Estado en función del derecho. 1.b.2.p. Derecho a atención médica de emergencia. 1.b.2.p.1. Deberes de los centros y servicios de salud en función del derecho. 1.b.2.q. Derecho a la información sobre la salud y el consentimiento informado 1.b.2.q.1. Deberes de los prestadores de salud en función del derecho . 1.b.2.r. Derecho a la educación. 1.b.2.r.1. Deberes del Estado y sus órganos en función del derecho 1.b.2.s. Derecho a la atención a la diversidad educativa . 1.b.2.s.1. Deberes del Estado y sus órganos en función del derecho . 1.b.2.t. Derecho a la seguridad social. 1.b.2.t.1. Deber y restricción en función del derecho. 1.b.2.u. Derecho a la recreación, al deporte y a la participación en la vida cultural y en las artes. 1.b.2.v. Derecho a medidas de prevención y protección del embarazo, maternidad y paternidad 1.b.2.w. Derecho a zonas y equipamientos recreativos. 1.b.2.x. Derechos y deberes en el espacio urbano. 1.b.2.y. Derecho a vivir en un medio ambiente saludable y sostenible, a conocerlo y a disfrutar de él 1.b.2.y.1. Deberes del Estado y de sus órganos en función del derecho . 1.b.2.z. Derecho a la libertad personal y ambulatoria 1.b.2.z.a. Derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva y especialización. 1.b.2.z.a.1. Deberes del Estado y sus órganos en función de los derechos vistos 1.b.2.z.b. Derecho a protección reforzada ante vulneración de derechos y conflicto con la ley. 1.b.2.z.b.1. Rol del Estado y otros órganos en función del derecho . 1.b.2.z.c. Derecho a la protección internacional 1.b.2.z.c.1. Deberes de ciertas autoridades en función del derecho 1.b.2.z.d. Derecho a la protección y defensa como consumidores y usuarios. 1.b.2.z.e. Derecho a bienes, productos o servicios suficientemente seguros para garantizar su inocuidad. 1.b.2.z.f. Derecho a una publicidad responsable 1.b.3. Deberes y responsabilidades. 1.c. De la protección integral. 1.c.1. Normas de aplicación general . 1.c.1.a. Definiciones.. 1.c.1.a.1. Medios de acción . 1.c.1.a.2. Ámbitos de acción. 1.c.1.a.3. Protección especial . 1.c.1.a.4. Procedimiento de la protección de derechos. 1.c.1.a.5. Protección judicial. 1.c.1.a.5.a. Competencia de los Tribunales de Familia en materia de protección de derechos. 1.c.1.a.6. Otras cuestiones vinculadas a la Protección Judicial y Administrativa . 1.c.1.b. Principios rectores de los procesos de protección de derechos. 1.c.1.c. Reglas generales para la adopción y aplicación de medidas de protección administrativas y judiciales. 1.c.1.d. Acción de tutela administrativa de derechos. 1.c.2. Deberes de la administración del Estado . 1.c.3. De las Oficinas Locales de la Niñez. 1.c.3.a. Funciones de las Oficinas Locales de la Niñez . 1.c.3.b. Competencia de las Oficinas Locales de la Niñez. 1.c.4. De las medidas de protección administrativas Cuestión previa . 1.c.4.a. Medidas de protección administrativa . 1.c.4.b. Legalidad de las medidas de protección. 1.c.4.c. Órganos competentes para la adopción de medidas de protección administrativas . 1.c.4.d. Medidas ante el incumplimiento de las medidas de protección administrativas . 1.c.4.e. Derivación de casos entre sedes administrativa y judicial . 1.c.4.f. Procedimiento de protección administrativa 1.c.4.g. Revisión de medidas. 1.c.4.h. Acción de reclamación por ilegalidad. 1.d. Institucionalidad 1.d.1. Institucionalidad del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia . 1.e. De la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción . | DescripciónLA OBJECIÓN DE CONCIENCIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL Historia, doctrina y jurisprudencia La presente investigación tiene por objeto sistematizar la historia, doctrina y jurisprudencia sobre el derecho a la objeción de conciencia como un derecho fundamental del ser humano emanado del derecho a la libertad de conciencia. Se analiza desde diferentes perspectivas, ya que la objeción de conciencia es parte intrínseca del ser humano en su factor espiritual, moral, religioso, social, cultura, su papel en la historia y sobre todo en su relación con el derecho público, tanto internacional, a través de los diversos órganos y tratados internacionales de derechos humanos, como su desarrollo a nivel nacional (constitucional y administrativo) en un análisis de los más importantes órganos, instancias y jurisprudencia tanto judicial como administrativa. Se trata en definitiva, de una monografía destinada principalmente a estudiantes, académicos, como también una base doctrinal para la catedra de filosofía del derecho, derechos humanos o fundamentales y la catedra de libertad de conciencia. | Vigésima quinta Edición Oficial aprobada por Decreto exento N° 1592, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Apéndice actualizado al 10 enero de 2022
Texto completo del Código de Procedimiento Civil, más un Apéndice con las siguientes normas complementarias especialmente seleccionadas para la utilidad de los alumnos:
| IndiceDescripciónVisión Jurisprudencial de las SERVIDUMBRES ELÉCTRICAS | DescripciónSéptima Edición Oficial. Aprobada por Decreto Exento Nº 3653, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Apéndice Actualizado al 25 de Septiembre de 2021 Esta Edición Oficial ha sido preparada por la Comisión Permanente de Códigos de la República de la Editorial Jurídica de Chile, presidida por el profesor don Juan Colombo Campbell e integrada además por los siguientes profesores: Juan Manuel Baraona Sainz Enrique Barros Bourie Jun Colombo Campbell Alfredo Etcheberry Orthusteguy Ana María García Barzelatto Rafael Gómez Balmaceda Héctor Humeres Noguer María Teresa Infante Caffi Cristían Maturana Miquel Arturo Prado Puga Domingo Valdés Prieto Paulino Varas Alfonso En representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Paula Recabarren Lewin Editorial Jurídica de Chile | ||
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