El principio de supremacía de la realidad en el derecho administrativo chileno
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En la última década, la Contraloría General de la República ha realizado importantes innovaciones jurisprudenciales respecto a la aplicación del principio de primacía (o supremacía) de la realidad en diversas materias, llegando a presentarlo como un verdadero principio del derecho administrativo.
Esto ha generado la creación de vasta jurisprudencia, la cual va desde imponer a la autoridad la modificación de las contrataciones de ciertos docentes, hasta extender el régimen de derecho público a entidades privadas como las corporaciones municipales de desarrollo social. Sin embargo, la naturaleza de un principio jurídico, que tiene origen en el derecho del trabajo, parece contravenir a priori las máximas del derecho administrativo.
Esta obra aborda lo que se entiende en la ciencia del Derecho por un “principio de derecho” y, por tanto, si un principio propio del derecho laboral se puede trasladar al derecho administrativo. De esta forma, se indaga en los límites de esa aplicación y las posibilidades de hacer ese traslado, analizando cada una de las posibilidades que se han imaginado dentro del derecho administrativo chileno.
Finalmente, se estudian las líneas jurisprudenciales en donde la Contraloría ha aplicado este principio, considerando su legalidad, para luego plantear una discusión sobre su utilidad en la determinación de la procedencia del vicio de desviación y el efecto que se produce a raíz de la aplicación del principio de juridicidad.
CAPÍTULO I
LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD COMO PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO
1. Cuestiones preliminares
2. Los principios generales y el derecho administrativo. Un recuento
3. Los principios generales del derecho, su concepto, clasificación y alcances
4. Los principios generales del derecho administrativo, su reconocimiento y creación, y de la posibilidad de admitir a la primacía de la realidad como tal
CAPÍTULO II
EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA (O SUPREMACÍA) DE LA REALIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO
1. Cuestiones preliminares
2. La summa divisio entre derecho público y derecho privado y la adopción de principios jurídicos foráneos al derecho administrativo
3. Dogmática jurídica del Principio de la primacía de la realidad en el Derecho Administrativo
4. El principio de la primacía de la realidad como máxima exorbitante a la summa divisio entre derecho público y derecho privado. El carácter estatutario del Derecho del Trabajo
5. El Principio de la primacía de la realidad en el Derecho del Trabajo. Concepto, origen y alcances
6. Análisis crítico de las disconformidades entre el nomen juris chos en el derecho del trabajo
7. La simulación relativa en la teoría del acto administrativo sus dificultades doctrinarias
8. Irregularidades similares para la aplicación de la primacía de la realidad. Los ilícitos atípicos en Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero
CAPÍTULO II
LA DESVIACIÓN DE PODER Y LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD
1. Nociones preliminares
2. La desviación de poder como vicio del acto administrativo
3. Desviación de poder: tesis subjetiva versus tesis objetiva
4. Compatibilidad de desviación de poder con el control de legalidad través de los principios generales del derecho
5. La desviación de poder en la jurisprudencia judicial
6. El control del vicio de desviación de poder a través del principio primacía de la realidad
CAPÍTULO IV
LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD Y LA VÍA ADMINISTRATIVA. ESTUDIOS SOBRE SU PROCEDENCIA EN LA LEY N° 19.880
1. Cuestiones preliminares
2. El problema de desviación de poder como vicio de nulidad del acto administrativo en materia de conservación, convalidación y conversión del acto
3. Primera opción administrativa: el principio de conservación administrativos los actos administrativos
4. Segunda opción administrativa: La convalidación del acto administrativo
5. Tercera posibilidad administrativa: la conversión del acto administrativo
CAPÍTULO V
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SU FUNCIÓN DICTAMINADORA. CONCEPTO Y ALCANCES
1. Cuestiones preliminares
CAPÍTULO VI
EL PRINCIPIO DE LA REALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA
1. Cuestiones preliminares
2. Primera línea jurisprudencial de la primacía de la realidad. Estatuto docente y funciones que solo pueden ser desempeñadas por el personal contratado
3. Segunda línea jurisprudencial de la primacía de la realidad. El “caso CONAF” y la creación de servicios públicos por vía jurisprudencial]
4. Tercera línea jurisprudencial de la primacía de la realidad. El personal contratado a honorarios y la aplicación del código del trabajo
5. Cuarta línea jurisprudencial. La “supremacía” de la realidad y la extensión del régimen de derecho público a las corporaciones municipales de desarrollo social
Bibliografía
Doctrina
Normativa e instrumentos citados
Jurisprudencia citada
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Autor: Ignacio Basaure Rojo
Editorial: DER Ediciones
Numero de Paginas: 260
Año de publicación: 2024
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| Description | Autor: Ignacio Basaure Rojo Editorial: DER Ediciones Numero de Paginas: 260 Año de publicación: 2024 | Autor: Francisco Javier Aldunate Ramos Editorial: EJS Año de Publicación: 2022 Paginas :1191 | Autor: Juan Carlos Flores Rivas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 352 Año de publicación: 2021 | Autora: María Loreto Bobadilla Toledo Editorial: EJS Año de Publicación: 2022 Paginas :132 | Autor: Francisco Agüero Vargas Editorial : Der Año de Publicación : 2022 Paginas :600 | Autores: Jaime Arancibia Mattar, Juan Carlos Flores Rivas y Rosa Fernanda Gómez González Editorial : Der Ediciones Año de Publicación : 2022 Paginas :252 |
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En la última década, la Contraloría General de la República ha realizado importantes innovaciones jurisprudenciales respecto a la aplicación del principio de primacía (o supremacía) de la realidad en diversas materias, llegando a presentarlo como un verdadero principio del derecho administrativo.
Esto ha generado la creación de vasta jurisprudencia, la cual va desde imponer a la autoridad la modificación de las contrataciones de ciertos docentes, hasta extender el régimen de derecho público a entidades privadas como las corporaciones municipales de desarrollo social. Sin embargo, la naturaleza de un principio jurídico, que tiene origen en el derecho del trabajo, parece contravenir a priori las máximas del derecho administrativo.
Esta obra aborda lo que se entiende en la ciencia del Derecho por un “principio de derecho” y, por tanto, si un principio propio del derecho laboral se puede trasladar al derecho administrativo. De esta forma, se indaga en los límites de esa aplicación y las posibilidades de hacer ese traslado, analizando cada una de las posibilidades que se han imaginado dentro del derecho administrativo chileno.
Finalmente, se estudian las líneas jurisprudenciales en donde la Contraloría ha aplicado este principio, considerando su legalidad, para luego plantear una discusión sobre su utilidad en la determinación de la procedencia del vicio de desviación y el efecto que se produce a raíz de la aplicación del principio de juridicidad.
CAPÍTULO I
LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD COMO PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO
1. Cuestiones preliminares
2. Los principios generales y el derecho administrativo. Un recuento
3. Los principios generales del derecho, su concepto, clasificación y alcances
4. Los principios generales del derecho administrativo, su reconocimiento y creación, y de la posibilidad de admitir a la primacía de la realidad como tal
CAPÍTULO II
EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA (O SUPREMACÍA) DE LA REALIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO
1. Cuestiones preliminares
2. La summa divisio entre derecho público y derecho privado y la adopción de principios jurídicos foráneos al derecho administrativo
3. Dogmática jurídica del Principio de la primacía de la realidad en el Derecho Administrativo
4. El principio de la primacía de la realidad como máxima exorbitante a la summa divisio entre derecho público y derecho privado. El carácter estatutario del Derecho del Trabajo
5. El Principio de la primacía de la realidad en el Derecho del Trabajo. Concepto, origen y alcances
6. Análisis crítico de las disconformidades entre el nomen juris chos en el derecho del trabajo
7. La simulación relativa en la teoría del acto administrativo sus dificultades doctrinarias
8. Irregularidades similares para la aplicación de la primacía de la realidad. Los ilícitos atípicos en Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero
CAPÍTULO II
LA DESVIACIÓN DE PODER Y LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD
1. Nociones preliminares
2. La desviación de poder como vicio del acto administrativo
3. Desviación de poder: tesis subjetiva versus tesis objetiva
4. Compatibilidad de desviación de poder con el control de legalidad través de los principios generales del derecho
5. La desviación de poder en la jurisprudencia judicial
6. El control del vicio de desviación de poder a través del principio primacía de la realidad
CAPÍTULO IV
LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD Y LA VÍA ADMINISTRATIVA. ESTUDIOS SOBRE SU PROCEDENCIA EN LA LEY N° 19.880
1. Cuestiones preliminares
2. El problema de desviación de poder como vicio de nulidad del acto administrativo en materia de conservación, convalidación y conversión del acto
3. Primera opción administrativa: el principio de conservación administrativos los actos administrativos
4. Segunda opción administrativa: La convalidación del acto administrativo
5. Tercera posibilidad administrativa: la conversión del acto administrativo
CAPÍTULO V
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SU FUNCIÓN DICTAMINADORA. CONCEPTO Y ALCANCES
1. Cuestiones preliminares
CAPÍTULO VI
EL PRINCIPIO DE LA REALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA
1. Cuestiones preliminares
2. Primera línea jurisprudencial de la primacía de la realidad. Estatuto docente y funciones que solo pueden ser desempeñadas por el personal contratado
3. Segunda línea jurisprudencial de la primacía de la realidad. El "caso CONAF" y la creación de servicios públicos por vía jurisprudencial]
4. Tercera línea jurisprudencial de la primacía de la realidad. El personal contratado a honorarios y la aplicación del código del trabajo
5. Cuarta línea jurisprudencial. La "supremacía" de la realidad y la extensión del régimen de derecho público a las corporaciones municipales de desarrollo social
Bibliografía
Doctrina
Normativa e instrumentos citados
Jurisprudencia citada
| Ley N°18.834 - Explicado y comentado El artículo 6° de la Ley N°10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, previene que corresponde exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen. De acuerdo con lo anterior, solo las decisiones y dictámenes de la Contraloría General de la República serán los medios que podrán hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa. Es así que las materias referidas al personal de la Administración del Estado se encuentran contenidas en el Estatuto Administrativo, el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales y/o en estatutos especiales (ejemplo del personal del Congreso Nacional, que reconocen una misma raíz jurídica, el Estatuto de Personal del Ministerio Público y otros). Por ello su interpretación y adecuación a casos concretos alcanza una importancia fundamental a efectos de la resolución de controversias que puedan suscitarse en el seno de distintas entidades públicas. Esta obra busca dar cuenta de esta jurisprudencia administrativa, tomando como base el trabajo liderado en las últimas décadas por la Contraloría General de la República y distintos autores en derecho público, destacando el modelo de don Rolando Pantoja Bauzá. En el último tiempo el Estatuto Administrativo ha sido objeto de numerosas modificaciones las que principalmente han sido dirigidas a incorporar de manera expresa el principio de probidad administrativa al ejercicio de la función pública, regular los concursos de ingreso a la Administración y otras materias, sin considerar, por ejemplo, la estabilidad en el empleo, al menos de manera seria y formal, siendo los avances judiciales y de jurisprudencia administrativa los más relevantes en estos puntos, los que se han ido recogiendo en diversos dictámenes de Contraloría. Este es un repositorio actualizado de jurisprudencia administrativa en los artículos más sensibles que este contiene, libro con pretensión de constituirse en material de consulta para estudiantes y abogados, pero principalmente para funcionarios que quieran conocer más en detalle el funcionamiento de la Administración del Estado, conociendo su “piedra basal”, esto es, la estructura legal de gestión de personal y su normativa aplicable. | Abre el presente libro el capítulo I que recoge el artículo “Licitación pública: ¿Es el procedimiento ordinario de contratación administrativa?”. En este artículo se trata de contestar la interrogante de si la licitación pública es el procedimiento general para formar la voluntad contractual del Estado o si las causales de licitación privada o el trato directo son lo suficientemente amplias para que el Estado puede eximirse de la licitación pública. Se arriba a la conclusión de que algunas de las causales de trato directo, en la forma que se encuentran reguladas, son demasiado amplias y que deben ser revisadas para impedir que se sorteen la licitación sin una motivación suficiente. En el capítulo II se pasa revista a los principios de la licitación pública. En primer lugar, se analiza el principio de libre concurrencia de los oferentes, el sistema de registro de los oferentes para limitar las ofertas temerarias y seleccionar la oferta más conveniente. A su vez, se analizan las prácticas atentatorias de la libre concurrencia, extraídas de la práctica administrativa y de la jurisprudencia administrativa. En segundo lugar, revisamos el principio de igualdad de los oferentes tanto al momento de selección del contratista como durante la ejecución del contrato administrativo. Finalmente, se analiza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, sus límites y relación con otros principios de la licitación pública. En el capítulo III se analiza desde una visión crítica la inhabilidad regulada en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Se analizan cómo las nuevas exigencias derivadas de la contratación administrativa estratégica, mediante la cual el Estado incorpora elementos exógenos para satisfacer necesidades tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas licitantes o el respeto del medio ambiente, pueden generar impactos complejos en la contratación administrativa. En el capítulo IV relativo a las bases de licitación como medio de prueba en la litigación pública contractual, planteamos la tesis de que las bases de licitación no son el único medio de prueba válido para acreditar el sentido y alcance de las obligaciones contractuales, no obstante, su importancia. Esta tesis se funda en que generalmente la estructura y articulación de las bases de licitación es un rol que le corresponde íntegramente al Estado, que se puede convertir en un instrumento perverso para diagnosticar el cumplimiento o incumplimiento ocurrido durante la ejecución del contrato administrativo. En el capítulo V se estudia el principio de probidad administrativa en la fase de evaluación de ofertas de la licitación pública. Sustentamos que las licitaciones públicas deben regirse por el principio de buena fe, bajo la creencia objetiva de que sus miembros deben actuar con honradez y sujetos a una conducta recta, en el sentido de privilegiar el interés público sobre el privado al momento de seleccionar la oferta más conveniente para la satisfacción de la necesidad pública, quedando prohibida la incorporación de elementos o la omisión de requisitos no previstos ni en la ley ni en las bases de licitación, que puedan generar situaciones de privilegios entre los oferentes. En el capítulo VI se analiza el régimen jurídico que regula la contratación administrativa de las empresas públicas en nuestro Derecho Administrativo, en sus distintas etapas, a saber, licitación, ejecución y terminación. Específicamente, se analiza si los contratos suscritos por las distintas empresas públicas existentes en nuestro país se encuentran sometidas exclusivamente a “la legislación común aplicable a los particulares” o las empresas públicas en su actividad contractual deben respetar ciertas normas y principios del derecho administrativo, como cualquier órgano que integra la Administración Pública. El capítulo VII tiene por objeto analizar la tesis sustentada por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema, que afirman que las multas en los contratos administrativos ostentan la naturaleza de cláusulas penales de origen contractual, y cuya aplicación se canaliza a través de la simple ejecución de una cláusula contractual. | Con la publicación y entrada en vigor de la Ley N°21.325, de Migración y Extranjería, el estatuto normativo de las personas migrantes que arriban a nuestras fronteras o que ya se encuentran desarrollando sus vidas al interior del territorio nacional, se ha visto fuertemente alterado. Tal circunstancia se torna de particular relevancia cuando afecta directamente a la vida y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias. Esta obra colectiva centra su foco de atención en las principales novedades que este texto legal incorpora en nuestro ordenamiento jurídico y que inciden en el devenir diario de la niñez y la adolescencia migrante y sus contextos familiares. Todo ello sin renunciar a plantear las dudas, carencias y lagunas que del análisis de la Ley de Migración y Extranjería se han suscitado entre los diferentes autores y autoras partícipes de la misma. Confiamos que este libro se convierta en un texto de consulta obligatoria cuando de los derechos de las personas migrantes y sus familias se trate, especialmente para funcionarías y funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones, de la Subsecretaría de la Niñez, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, personal de las oficinas migrantes de las Municipalidades, profesionales y voluntarios de las organizaciones de infancia y de migrantes y promigrantes de la sociedad civil, abogados litigantes, académicos, investigadores, estudiantes, y público en general interesado en esta materia. INMIGRANTES EN CHILE: ENTRE EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA DISCRECIONALIDAD DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Alexis Mondaca Miranda LOS PRINCIPIOS EN MATERIA DE FAMILIA Y LA POLÍTICA NACIONAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA DE LA LEY No 21.325 Marcos Andrade Moreno MOVILIDAD HUMANA INTERNACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: REQUISITOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PAÍS Y VISADO DE RESIDENCIA TEMPORAL Isaac Ravetllat Ballesté NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN CHILE: DERECHO A LA SALUD Y A LA EDUCACIÓN Natalia González Cifuentes INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO/A EN LA NUEVA REGULACIÓN MIGRATORIA EN CHILE. DESAFÍOS EN LAS MEDIDAS DE EXPULSIÓN, RECONDUCCIÓN Y RETORNO ASISTIDO Juliana S. Díaz Pantoja - Jairo E. Lucero Pantoja LA PERSONA EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA Y SU CONSIDERACIÓN COMO CONSUMIDOR HIPERVULNERABLE Edison Ramiro Calahorano Latorre | INDICE Una Forma de Control Judicial de la intervención Estatal en la EconomíaEsta obra aborda un tema omitido en la doctrina nacional, como es la existencia de un tribunal con competencia para conocer asuntos económicos, rol que cumple el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). El autor revisa exhaustivamente la jurisprudencia y práctica del TDLC y la Corte Suprema respecto del control de la actividad administrativa, dividiendo su investigación en cuatro partes: en la primera, aborda cuestiones sobre la intervención del Estado en la economía y aspectos históricos que permiten entender cómo se llegó a controlar la actividad estatal por el sistema de libre competencia y los aspectos de diseño institucional que permiten esa revisión. En la segunda parte, examina el ámbito del contencioso-administrativo del TDLC, que no solo incluye la actividad jurisdiccional contenciosa, sino también la judicial no contenciosa. En la tercera parte, pesquisa el alcance y eficacia de las decisiones dictadas por el TDLC al controlar la actividad estatal, esencialmente, sentencias y resoluciones dictadas en el marco de la potestad consultiva, así como la tutela cautelar contra la Administración. Finalmente, en la cuarta parte, se estudian los criterios sustantivos que subyacen a las decisiones del TDLC al juzgar la actividad estatal. Este trabajo será de gran utilidad para abogados en ejercicio profesional que buscan sedes judiciales para debatir asuntos con la Administración, especialmente en materia económica, como una sede alternativa al Tribunal de Contratación Pública o Contraloría General de la República, y también para los profesionales que se dedican a la litigación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o que se relacionan con la Fiscalía Nacional Económica en sus investigaciones u operaciones de concentración (fusiones), entre otros. | Esta obra analiza descriptivamente las principales modificaciones introducidas a la Ley N°19.880 (2003), que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado (LBPA), por la Ley N°21.180 (2019), sobre Transformación Digital del Estado, que incorpora significativas reformas a la regulación existente en materia de procedimiento administrativo. La reforma constituye una ocasión propicia para abordar las distintas cuestiones relacionadas con la obligatoriedad de la tramitación electrónica, los principios incorporados por la ley, las notificaciones electrónicas y el expediente administrativo digital. Si bien esta ley regula de manera directa la forma en que se desarrollarán las actuaciones administrativas desde un soporte papel a uno electrónico, esta transformación también conlleva una serie de cambios sustantivos relacionados con la manera en cómo las personas y funcionarios públicos se relacionan con la Administración del Estado (derechos en un contexto digital, manejo y almacenamiento de datos, ciberseguridad, uso de inteligencia artificial, entre otros). De ahí la importancia de analizar las modificaciones que la ley incorpora. |
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