Estatuto Administrativos Para Funcionarios Municipales- Doctrina y Jurisprudencia
$76.000
Esta obra se constituye como una herramienta práctica fundamental para todos los operadores que se desempeñan en la administración local en Chile, incluyendo a nuestros alcaldes, concejales, directores y, desde luego, a los propios funcionarios públicos municipales.
La estructura y orden en que se presenta el contenido busca facilitar su análisis y comprensión, sumado a la incorporación de una selección de jurisprudencia judicial y administrativa de la Contraloría General de la República más relevante —que ha sido revisada y actualizada para esta edición— son elementos que, reunidos y articulados por sus autores, se transforman en una obra indispensable para el estudio de esta materia.
CAPÍTULO I
ASPECTOS DOCTRINARIOS GENERALES
1. Aproximaciones al concepto de Estatuto Administrativo
2. Funcionario público
3. Vínculo jurídico estatutario
4. Carrera Funcionaria
5. Personal afecto al Código del Trabajo
6. Contratos de honorarios
6.1. Aspectos generales
6.2. Algunos alcances de la Contraloría General de la República en relación con los contratos de honorarios
A) En cuanto a la naturaleza
B) En cuanto a los derechos que se pueden conceder a los trabajadores a honorarios
C) En cuanto a cumplimiento de una jornada de trabajo
D) Cometidos que se pueden encomendar a honorarios
E) De la duración y término del contrato
F) Artículos 74 y siguientes de la ley N° 21.526
7. Contratación a honorarios para la prestación de servicios en programas comunitarios
8. Acerca del principio de confianza legítima
8.1. Fundamentos constitucionales del principio de confianza legítima
8.2. Fundamentos a nivel legislativo y vía principios generales del derecho del principio de confianza legítima
8.3. El principio de confianza legítima y su aplicación en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República
8.4. El principio de confianza legítima y su aplicación en la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia
8.5. El cambio de criterio de la Corte Suprema en relación a la duración del vínculo de la contrata para la aplicación del principio de confianza legítima
8.6. Consideraciones finales sobre el principio de confianza legítima en relación a la renovación o término del vínculo estatutario de cargos a contrata
9. Tutela laboral
CAPÍTULO II
ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Artículos 1 al 14
TÍTULO II. DE LA CARRERA FUNCIONARIA
PÁRRAFO 1° DEL INGRESO
Artículos 15 al 21
PÁRRAFO 2° DE LA CAPACITACIÓN
Artículos 22 al 28
PÁRRAFO 3° DE LAS CALIFICACIONES
Artículos 29 al 50
PÁRRAFO 4° DE LAS PROMOCIONES
Artículos 51 al 57
CAPÍTULO III
CONCEPTUALIZACIONES BÁSICAS SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES FUNCIONARIAS
1. Derechos y obligaciones de los funcionarios
2. Clasificación de los derechos fundamentales del trabajador
2.1. Derechos fundamentales laborales en sentido estricto
2.2. Derechos fundamentales del trabajador en base a la ciudadanía laboral
3. Obligaciones funcionarias
TÍTULO III. DE LAS OBLIGACIONES FUNCIONARIAS
PÁRRAFO 1° NORMAS GENERALES
Artículos 58 al 61
PÁRRAFO 2° DE LA JORNADA DE TRABAJO
Artículos 62 al 69
PÁRRAFO 3° DE LAS DESTINACIONES. COMISIONES DE SERVIIO Y COMETIDOS FUNCIONARIOS
Artículos 70 al 75
PÁRRAFO 4° DE LA SUBROGACIÓN
Artículos 76 al 81
PÁRRAFO 5° DE LAS PROHIBICIONES
Artículo 82
PÁRRAFO 6° DE LAS INCOMPATIBILIDADES
Artículos 83 a 86
TÍTULO IV
DE LOS DERECHOS FUNCIONARIOS
PÁRRAFO 1° NORMAS GENERALES
Artículos 87 a 91
PÁRRAFO 2° DE LAS REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES
Artículos 92 a 100
PÁRRAFO 3°. DE LAS REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES
Artículos 101 a 106
PÁRRAFO 4° DE LOS PERMISOS
Artículos 107 a 109
PÁRRAFO 5° DE LAS LICENCIAS MÉDICAS
Artículos 110 a 112
PÁRRAFO 6° DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
Artículos 110 a 117
CAPÍTULO IV
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES
1. Investigación sumaria y sumario administrativo
2. Concepto de responsabilidad administrativa
3. Principios que rigen la responsabilidad administrativa
3.1. Principio de la independencia de sanciones
3.2. Principio del debido proceso
3.3. Principio del derecho a defensa
3.4. Principio de legalidad
3.5. Principio de la proporcionalidad de las sanciones
3.6. Principio pro reo
3.7. Principio de la inexcusabilidad o desconocimiento de las obligaciones
4. Procedimientos administrativos disciplinarios. Investigación sumaria
4.1. Definición y características
4.2. Procedimiento (artículos 124 y 125 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales)
5. Sumario administrativo
5.1. Definición y características
5.2. Procedimiento (artículos 124 y 125 del Estatuto para Funcionarios Municipales)
5.3. Excepciones en que la propia Contraloría General de la República instruye investigaciones o sumarios administrativos
6. Sumarios instruidos por Contraloría General de la República
7. Responsabilidad penal funcionarios públicos
7.1. Independencia de las responsabilidades en materia penal
A) ¿Puede una misma conducta tener asignada, al mismo tiempo, una medida disciplinaria administrativa y una sanción penal?
7.2. Delitos que atentan contra la imparcialidad en el ejercicio de la función pública
A) Cohecho
a. Cohecho por el cumplimiento de un deber (artículo 248 del Código Penal)
b. Cohecho por la infracción de un deber (artículo 248 bis del Código Penal)
c. Cohecho por la comisión de un delito funcionario (artículo 249 del Código Penal)
d. Soborno (artículo 250 del Código Penal)
B) Tráfico de influencias
7.3. Delitos que atentan contra los aspectos patrimoniales de la función pública
A) Malversación de bienes o fondos
a. Sustracción de fondos (artículo 233 del Código Penal)
b. Sustracción de fondos culposa (artículo 234 del Código Penal)
c. Sustracción de fondos culposo (artículo 234 del Código Penal)
c. Sustracción de fondos con reintegro (artículo 235 del Código Penal)
d. Desviación de fondos públicos (artículo 236 del Código Penal)
e. Negativa a realizar un pago debido (artículo 237 del Código Penal)
f. Extensión de las normas anteriores a fondos municipales y establecimientos públicos de instrucción o beneficiencia (artículo 238 del Código Penal)
B) Fraude al Fisco
C) Negociación incompatible
D) El incremento patrimonial relevante e injustificado
7.4. Delitos que afectan la confianza pública depositada en los funcionarios
A) Infidelidad en la custodia de documentos
B) Violación de secretos
C) Abusos contra particulares
a) Vejaciones o apremios (artículo 255 del Código Penal)
b. Denegación de servicio (artículo 256 del Código Penal)
c. Solicitud de favores sexuales (artículos 258 y 259 del Código Penal)
7.5. Algunas normas comunes incorporadas al Código Penal por la ley N° 21.121
7.6. Delitos que afectan el buen funcionamiento de la Administración
A) Nombramientos ilegales
B) Usurpación de atribuciones
C) Resistencia y desobediencia
D) Denegación de auxilio y abandono de destino
8. Responsabilidad civil de los funcionarios públicos
8.1. Régimen de responsabilidad civil aplicable a los funcionarios públicos
8.2. Sanción aplicable a un funcionario que es responsable civilmente
8.3. Requisitos que exige la ley para aplicar la responsabilidad civil a los funcionarios
8.4. La responsabilidad civil de los funcionarios públicos
8.5. Medios existen para hacer efectiva la responsabilidad civil
8.6. Plazo de prescripción de la acción
8.7. La Contraloría General de la República y el examen de cuentas. Casos en que procede iniciar un juicio de cuentas
A) Materia de reparo
B) Objetivo del examen de los expedientes
C) Plazo de prescripción de esta acción
D) Efecto que produce el plazo de prescripción del juicio de cuentas
E) Eventual responsabilidad penal de este juicio
F) Eventual responsabilidad administrativa de este juicio
G) Integración del tribunal encargado de desarrollar el juicio de cuentas
H) Procedimiento del juicio de cuentas
8.8. ¿Cómo se puede exigir el cumplimiento de la sentencia de condena?
8.9. ¿Cuáles son las sanciones aplicables a un funcionario que incumple la obligación de pagar una cierta cantidad de dinero como consecuencia de la sentencia condenatoria?
8.10. Límite al ejercicio de la acción del juicio de cuentas
TÍTULO V
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Artículos 118 a 143
TÍTULO VI
DE LA CESACIÓN DE FUNCIONES
Artículos 144 a 152
TÍTULO VII
EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Artículos 153 a 155
TÍTULO FINAL
DISPOSICIONES VARIAS
Artículos 156 a 160
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículos 1 a 17
8 disponibles
Autores: César Rojas Ríos – Andrés Chacón Romero
Editorial: DER Ediciones
Numero de Paginas: 870
Año de publicación: 2024
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| Description | Autores: César Rojas Ríos - Andrés Chacón Romero Editorial: DER Ediciones Numero de Paginas: 870 Año de publicación: 2024 | Autor: Gabriel Celis Danzinger Editorial : Thomson Reuters Año de Publicación : 2022 Paginas :604 | Autor: Carlos Salinas Bruzzone Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 1384 Año de publicación: 2019 | Autores: Rodrigo Silva Montes - María Oriana Martínez Lavín Editorial: EJS Numero de Paginas: 506 Año de publicación: 2022 | Autor: Juan Carlos Flores Rivas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 352 Año de publicación: 2021 | Autores: Leonardo Javier Castillo Cárdenas - Andrés Eduardo Celedón Baeza - Soledad Alejandra Morales Trapp - Juan Bladimiro Santana Soto Editorial : Der Ediciones Año de Publicación : 2022 Paginas :200 |
| Content |
Esta obra se constituye como una herramienta práctica fundamental para todos los operadores que se desempeñan en la administración local en Chile, incluyendo a nuestros alcaldes, concejales, directores y, desde luego, a los propios funcionarios públicos municipales.
La estructura y orden en que se presenta el contenido busca facilitar su análisis y comprensión, sumado a la incorporación de una selección de jurisprudencia judicial y administrativa de la Contraloría General de la República más relevante —que ha sido revisada y actualizada para esta edición— son elementos que, reunidos y articulados por sus autores, se transforman en una obra indispensable para el estudio de esta materia.
CAPÍTULO I
ASPECTOS DOCTRINARIOS GENERALES
1. Aproximaciones al concepto de Estatuto Administrativo
2. Funcionario público
3. Vínculo jurídico estatutario
4. Carrera Funcionaria
5. Personal afecto al Código del Trabajo
6. Contratos de honorarios
6.1. Aspectos generales
6.2. Algunos alcances de la Contraloría General de la República en relación con los contratos de honorarios
A) En cuanto a la naturaleza
B) En cuanto a los derechos que se pueden conceder a los trabajadores a honorarios
C) En cuanto a cumplimiento de una jornada de trabajo
D) Cometidos que se pueden encomendar a honorarios
E) De la duración y término del contrato
F) Artículos 74 y siguientes de la ley N° 21.526
7. Contratación a honorarios para la prestación de servicios en programas comunitarios
8. Acerca del principio de confianza legítima
8.1. Fundamentos constitucionales del principio de confianza legítima
8.2. Fundamentos a nivel legislativo y vía principios generales del derecho del principio de confianza legítima
8.3. El principio de confianza legítima y su aplicación en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República
8.4. El principio de confianza legítima y su aplicación en la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia
8.5. El cambio de criterio de la Corte Suprema en relación a la duración del vínculo de la contrata para la aplicación del principio de confianza legítima
8.6. Consideraciones finales sobre el principio de confianza legítima en relación a la renovación o término del vínculo estatutario de cargos a contrata
9. Tutela laboral
CAPÍTULO II
ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Artículos 1 al 14
TÍTULO II. DE LA CARRERA FUNCIONARIA
PÁRRAFO 1° DEL INGRESO
Artículos 15 al 21
PÁRRAFO 2° DE LA CAPACITACIÓN
Artículos 22 al 28
PÁRRAFO 3° DE LAS CALIFICACIONES
Artículos 29 al 50
PÁRRAFO 4° DE LAS PROMOCIONES
Artículos 51 al 57
CAPÍTULO III
CONCEPTUALIZACIONES BÁSICAS SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES FUNCIONARIAS
1. Derechos y obligaciones de los funcionarios
2. Clasificación de los derechos fundamentales del trabajador
2.1. Derechos fundamentales laborales en sentido estricto
2.2. Derechos fundamentales del trabajador en base a la ciudadanía laboral
3. Obligaciones funcionarias
TÍTULO III. DE LAS OBLIGACIONES FUNCIONARIAS
PÁRRAFO 1° NORMAS GENERALES
Artículos 58 al 61
PÁRRAFO 2° DE LA JORNADA DE TRABAJO
Artículos 62 al 69
PÁRRAFO 3° DE LAS DESTINACIONES. COMISIONES DE SERVIIO Y COMETIDOS FUNCIONARIOS
Artículos 70 al 75
PÁRRAFO 4° DE LA SUBROGACIÓN
Artículos 76 al 81
PÁRRAFO 5° DE LAS PROHIBICIONES
Artículo 82
PÁRRAFO 6° DE LAS INCOMPATIBILIDADES
Artículos 83 a 86
TÍTULO IV
DE LOS DERECHOS FUNCIONARIOS
PÁRRAFO 1° NORMAS GENERALES
Artículos 87 a 91
PÁRRAFO 2° DE LAS REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES
Artículos 92 a 100
PÁRRAFO 3°. DE LAS REMUNERACIONES Y ASIGNACIONES
Artículos 101 a 106
PÁRRAFO 4° DE LOS PERMISOS
Artículos 107 a 109
PÁRRAFO 5° DE LAS LICENCIAS MÉDICAS
Artículos 110 a 112
PÁRRAFO 6° DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
Artículos 110 a 117
CAPÍTULO IV
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES
1. Investigación sumaria y sumario administrativo
2. Concepto de responsabilidad administrativa
3. Principios que rigen la responsabilidad administrativa
3.1. Principio de la independencia de sanciones
3.2. Principio del debido proceso
3.3. Principio del derecho a defensa
3.4. Principio de legalidad
3.5. Principio de la proporcionalidad de las sanciones
3.6. Principio pro reo
3.7. Principio de la inexcusabilidad o desconocimiento de las obligaciones
4. Procedimientos administrativos disciplinarios. Investigación sumaria
4.1. Definición y características
4.2. Procedimiento (artículos 124 y 125 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales)
5. Sumario administrativo
5.1. Definición y características
5.2. Procedimiento (artículos 124 y 125 del Estatuto para Funcionarios Municipales)
5.3. Excepciones en que la propia Contraloría General de la República instruye investigaciones o sumarios administrativos
6. Sumarios instruidos por Contraloría General de la República
7. Responsabilidad penal funcionarios públicos
7.1. Independencia de las responsabilidades en materia penal
A) ¿Puede una misma conducta tener asignada, al mismo tiempo, una medida disciplinaria administrativa y una sanción penal?
7.2. Delitos que atentan contra la imparcialidad en el ejercicio de la función pública
A) Cohecho
a. Cohecho por el cumplimiento de un deber (artículo 248 del Código Penal)
b. Cohecho por la infracción de un deber (artículo 248 bis del Código Penal)
c. Cohecho por la comisión de un delito funcionario (artículo 249 del Código Penal)
d. Soborno (artículo 250 del Código Penal)
B) Tráfico de influencias
7.3. Delitos que atentan contra los aspectos patrimoniales de la función pública
A) Malversación de bienes o fondos
a. Sustracción de fondos (artículo 233 del Código Penal)
b. Sustracción de fondos culposa (artículo 234 del Código Penal)
c. Sustracción de fondos culposo (artículo 234 del Código Penal)
c. Sustracción de fondos con reintegro (artículo 235 del Código Penal)
d. Desviación de fondos públicos (artículo 236 del Código Penal)
e. Negativa a realizar un pago debido (artículo 237 del Código Penal)
f. Extensión de las normas anteriores a fondos municipales y establecimientos públicos de instrucción o beneficiencia (artículo 238 del Código Penal)
B) Fraude al Fisco
C) Negociación incompatible
D) El incremento patrimonial relevante e injustificado
7.4. Delitos que afectan la confianza pública depositada en los funcionarios
A) Infidelidad en la custodia de documentos
B) Violación de secretos
C) Abusos contra particulares
a) Vejaciones o apremios (artículo 255 del Código Penal)
b. Denegación de servicio (artículo 256 del Código Penal)
c. Solicitud de favores sexuales (artículos 258 y 259 del Código Penal)
7.5. Algunas normas comunes incorporadas al Código Penal por la ley N° 21.121
7.6. Delitos que afectan el buen funcionamiento de la Administración
A) Nombramientos ilegales
B) Usurpación de atribuciones
C) Resistencia y desobediencia
D) Denegación de auxilio y abandono de destino
8. Responsabilidad civil de los funcionarios públicos
8.1. Régimen de responsabilidad civil aplicable a los funcionarios públicos
8.2. Sanción aplicable a un funcionario que es responsable civilmente
8.3. Requisitos que exige la ley para aplicar la responsabilidad civil a los funcionarios
8.4. La responsabilidad civil de los funcionarios públicos
8.5. Medios existen para hacer efectiva la responsabilidad civil
8.6. Plazo de prescripción de la acción
8.7. La Contraloría General de la República y el examen de cuentas. Casos en que procede iniciar un juicio de cuentas
A) Materia de reparo
B) Objetivo del examen de los expedientes
C) Plazo de prescripción de esta acción
D) Efecto que produce el plazo de prescripción del juicio de cuentas
E) Eventual responsabilidad penal de este juicio
F) Eventual responsabilidad administrativa de este juicio
G) Integración del tribunal encargado de desarrollar el juicio de cuentas
H) Procedimiento del juicio de cuentas
8.8. ¿Cómo se puede exigir el cumplimiento de la sentencia de condena?
8.9. ¿Cuáles son las sanciones aplicables a un funcionario que incumple la obligación de pagar una cierta cantidad de dinero como consecuencia de la sentencia condenatoria?
8.10. Límite al ejercicio de la acción del juicio de cuentas
TÍTULO V
DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Artículos 118 a 143
TÍTULO VI
DE LA CESACIÓN DE FUNCIONES
Artículos 144 a 152
TÍTULO VII
EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Artículos 153 a 155
TÍTULO FINAL
DISPOSICIONES VARIAS
Artículos 156 a 160
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículos 1 a 17
| Indice El presente texto tiene por objeto una versión sistemática y actualizada sobre el denomina – do Derecho de Compras Públicas, referido particularmente a la categoría de los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, con especial énfasis en el régimen de la Ley Nº 19.886 y su Reglamento, sin excluir, la revisión de otros sistemas normativos de adquisiciones y servicios especiales para la Administración del Estado. El trabajo, privilegia un enfoque pragmático, profesional y forense, de manera que, el prisma de estudio se centra en una sistematización de la normativa legal y reglamentaria sobre compras públicas, adoptando un enfoque operativo, a la luz de los criterios adoptados por la jurisprudencia judicial, constitucional y administrativa, por lo que sus principales destina – tarios naturales son abogados y profesionales que participan en este tipo de contrataciones o brindan asesoría, dentro o fuera de la Administración Pública. Finalmente, cabe destacar que, a diferencia de otros trabajos anteriores, en esta oportunidad, el autor ha incursionado en la fase contractual o de ejecución del contrato de suministro y/o servicios, con especial hincapié, en el régimen sancionatorio y de aplicación de multas. | indiceAnálisis Crítico de las Prerrogativas Sancionatorias del EstadoBases para la Comprensión Autónoma del Derecho Sancionador Regulatorio en ChileLa presente obra se hace cargo de la evolución de los poderes de sanción de la Administración en Chile, para cuyos efectos analiza esta en el Derecho Administrativo nacional y en el Derecho Administrativo español, máxime cuando la evolución del derecho peninsular ha servido de sustento jurídico para la actual comprensión de las prerrogativas administrativo-sancionatorias en nuestro país. Esta investigación presenta una interesante sistematización de las diversas teorías que se han formulado en Chile para la inteligencia de dichas prerrogativas, dedicando un estudio especial a lo que el autor denomina “teoría de la crítica formal a la radicación de poderes de sanción en la Administración pública”, cuyo sustento se halla en la tesis del ius puniendi estatal único del Estado, posición mayoritariamente aceptada por la doctrina ius administrativa y la jurisprudencia constitucional, administrativa y judicial. El autor efectúa una propuesta innovadora al presentar una relectura de la actividad sustancial de la Administración, advirtiendo la existencia –en el marco de lo que denomina “actividad de intervención”– de un “nuevo derecho sancionatorio en el ámbito de los mercados regulados”, que goza de autonomía respecto de las garantías de orden penal. Cabe destacar, también, el esfuerzo realizado en orden a identificar los principios jurídicos que informarían un “nuevo” Derecho Administrativo Sancionador Regulatorio. La presente obra viene a llenar un sensible vacío referido a un análisis sistemático de los poderes de sanción de la Administración, avanzando decididamente hacia una concepción autónoma del Derecho Sancionador Regulatorio respecto del Derecho Penal, evidenciando las limitaciones de la tesis del ius puniendi estatal único para la comprensión de las diversas manifestaciones del poder de sanción de la Administración. | Migrar, es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales, en consecuencia, el proceso de inmigración tiene dos aspectos fundamentales para las personas: Tomar la decisión de irse y elegir el lugar donde instalarse. Chile ha mantenido a través de su historia la atracción para personas que buscan nuevas oportunidades y que han entregado su aporte al desarrollo de la tierra que los acogió. El 20 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.325, denominada Ley de Migración y Extranjería. Se trata de un intento de legislación orgánica del tema; deroga varios cuerpos legales y modifica otros tantos. Nuestra legislación, y esta ley en particular (Título XIII), también se ocupa de los chilenos en el exterior | Abre el presente libro el capítulo I que recoge el artículo “Licitación pública: ¿Es el procedimiento ordinario de contratación administrativa?”. En este artículo se trata de contestar la interrogante de si la licitación pública es el procedimiento general para formar la voluntad contractual del Estado o si las causales de licitación privada o el trato directo son lo suficientemente amplias para que el Estado puede eximirse de la licitación pública. Se arriba a la conclusión de que algunas de las causales de trato directo, en la forma que se encuentran reguladas, son demasiado amplias y que deben ser revisadas para impedir que se sorteen la licitación sin una motivación suficiente. En el capítulo II se pasa revista a los principios de la licitación pública. En primer lugar, se analiza el principio de libre concurrencia de los oferentes, el sistema de registro de los oferentes para limitar las ofertas temerarias y seleccionar la oferta más conveniente. A su vez, se analizan las prácticas atentatorias de la libre concurrencia, extraídas de la práctica administrativa y de la jurisprudencia administrativa. En segundo lugar, revisamos el principio de igualdad de los oferentes tanto al momento de selección del contratista como durante la ejecución del contrato administrativo. Finalmente, se analiza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, sus límites y relación con otros principios de la licitación pública. En el capítulo III se analiza desde una visión crítica la inhabilidad regulada en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Se analizan cómo las nuevas exigencias derivadas de la contratación administrativa estratégica, mediante la cual el Estado incorpora elementos exógenos para satisfacer necesidades tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas licitantes o el respeto del medio ambiente, pueden generar impactos complejos en la contratación administrativa. En el capítulo IV relativo a las bases de licitación como medio de prueba en la litigación pública contractual, planteamos la tesis de que las bases de licitación no son el único medio de prueba válido para acreditar el sentido y alcance de las obligaciones contractuales, no obstante, su importancia. Esta tesis se funda en que generalmente la estructura y articulación de las bases de licitación es un rol que le corresponde íntegramente al Estado, que se puede convertir en un instrumento perverso para diagnosticar el cumplimiento o incumplimiento ocurrido durante la ejecución del contrato administrativo. En el capítulo V se estudia el principio de probidad administrativa en la fase de evaluación de ofertas de la licitación pública. Sustentamos que las licitaciones públicas deben regirse por el principio de buena fe, bajo la creencia objetiva de que sus miembros deben actuar con honradez y sujetos a una conducta recta, en el sentido de privilegiar el interés público sobre el privado al momento de seleccionar la oferta más conveniente para la satisfacción de la necesidad pública, quedando prohibida la incorporación de elementos o la omisión de requisitos no previstos ni en la ley ni en las bases de licitación, que puedan generar situaciones de privilegios entre los oferentes. En el capítulo VI se analiza el régimen jurídico que regula la contratación administrativa de las empresas públicas en nuestro Derecho Administrativo, en sus distintas etapas, a saber, licitación, ejecución y terminación. Específicamente, se analiza si los contratos suscritos por las distintas empresas públicas existentes en nuestro país se encuentran sometidas exclusivamente a “la legislación común aplicable a los particulares” o las empresas públicas en su actividad contractual deben respetar ciertas normas y principios del derecho administrativo, como cualquier órgano que integra la Administración Pública. El capítulo VII tiene por objeto analizar la tesis sustentada por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema, que afirman que las multas en los contratos administrativos ostentan la naturaleza de cláusulas penales de origen contractual, y cuya aplicación se canaliza a través de la simple ejecución de una cláusula contractual. | La presente obra tiene por objeto ser una herramienta de apoyo para el estudio del principio de transparencia y acceso a la información, que permita conocer y aplicar aquellas nociones destinadas a mejorar el acceso a la justicia bajo el imperativo de justicia abierta y transparente. La idea de “justicia abierta” se enmarca dentro del concepto de “gobierno abierto” como manifestación moderna de la democracia, que propone una nueva representación de los procesos basados en los pilares de transparencia y participación ciudadana. Por su parte, la open justice se ha desarrollado bajo la creciente aplicación de buenas prácticas judiciales, propiciando los datos abiertos y la colaboración judicial, además de las innovaciones tecnológicas. Todos estos temas serán abordados y revisados en el desarrollo del presente trabajo |
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