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Formularios básicos de las relaciones de los ciudadanos con la Administración del Estado

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Tal vez, uno de los principales problemas que tiene un abogado que comienza a desarrollar una práctica profesional dentro del inmenso mundo del Derecho Administrativo chileno es el enfrentarse, sin una mayor guía o apoyo, a una gran diversidad de formas, canales, actuaciones y solicitudes que pueden ser utilizadas al momento de interactuar con los distintos órganos de la Administración del Estado.
En Chile, como bien se sabe, el Derecho Administrativo reviste de una característica que lo dota de complejidad: su legislación no se encuentra codificada ni debidamente sistematizada de manera oficial, pudiendo catalogarse de heterogénea o compleja. Esto permite comprender que esta rama del Derecho Público reviste de una estructura normativa confusa, con reglas y principios dispersos en distintos cuerpos jurídicos de rangos variados (supralegales, legales y, hasta, infralegales), provenientes de órganos externos (como el Congreso Nacional y la jurisprudencia administrativa emitida por la Contraloría General) y de los propios órganos de la Administración del Estado (los que van desde Reglamentos presidenciales, hasta ordenanzas municipales, circulares e instrucciones, entre otras).
Como señala el profesor Jorge Bermúdez1, una de las principales características del Derecho Administrativo chileno es, justamente, su carencia de ordenación, aspecto que, a la larga, desincentiva a una debida adecuación y coordinación entre las distintas instituciones jurídicas que dan vida a esta rama del Derecho, constituidos principalmente para brindar un servicio público o satisfacer un interés general en miras asistir a las personas2.
Un ejemplo claro de lo que se expone se encuentra en el denominado “Derecho Administrativo Sancionador”, área que, debido a la falta de orden y sistematización, ha sido fructífera en la creación de una gran diversidad de procedimientos administrativos sancionadores singulares, estructurados con distintas reglas formales y etapas procedi1
Bermúdez Soto, Jorge (2014): Derecho administrativo general. 3ª edición. Santiago, Thomson Reuters, pp. 49-50; Bermúdez Soto, Jorge (2012): Las relaciones entre el derecho administrativo y el derecho común. Derecho positivo, doctrina y jurisprudencia. Santiago, Thomson Reuters, pp. 46-51.
2 Valdivia Olivares, José Miguel (2018): Manual de derecho administrativo. Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 45-47.
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Gaspar Jenkins Peña y Lillo
mentales. Según el profesor Carlos Carmona3, el principal desafío que debe abordar una investigación académica sobre los mecanismos existentes sobre estos procedimientos es “descubrirlos en la multiplicidad de leyes en que están contenidos”, puesto que, según sus estudios, al año 2003 se podían pesquisar cerca de 78 acciones o medios de impugnación diferentes contra decisiones u omisiones de la Administración Pública; y solo tres años después, el profesor Alejandro Vergara4 incrementaba la lista identificando 124 acciones o medios de impugnación.
Lo anterior hace sencillo concluir que el sistema administrativo nacional está plagado de leyes que crean y regulan procedimientos sancionatorios desde una perspectiva particularizada, sin considerar la necesidad de construir marcos generales que fijen criterios procedimentales genéricos o basales que permitan al ciudadano identificar un piso común sobre el cual se construirán los contencioso-administrativos a los que se enfrentará cuando interactúe con la Administración5. Esto provoca que el administrado, cuando deba impugnar un acto estatal que le genere un perjuicio de manera ilegítima, tendrá a su disposición una serie numerosa de alternativas sobre las cuales echar mano, todas las cuales apuntan a conseguir un objetivo similar, pero que tienen grandes diferencias desde la perspectiva de la conveniencia, la oportunidad y la estrategia forense, ámbitos que solo un especialista podría ponderar con seriedad. Entre estas alternativas encontraremos el recurso de protección, la acción de nulidad de derecho público, acciones contencioso-administrativas especiales, recursos administrativos, procedimientos invalidatorios y revocatorios, entre tantas otras6.
La dispersión de las leyes y reglamentos que dan forma al Derecho Administrativo nacional crea, así, distintas necesidades. Una de ellas es la que ha asumido la doctrina y la jurisprudencia, las que han logrado, con bastantes esfuerzos, elaborar los cimientos de una organización sistémica del Derecho Administrativo en base a principios generales del Derecho7, que han permitido una ordenación material a través del reconocimiento de categorías, conceptos, valores y garantías con vocación de crear un sistema jurídico propiamente tal8.
3 Carmona Santander, Carlos (2005): “El contencioso administrativo entre 1990-2003”, en Juan Carlos Ferrada Bórquez (coordinador): La justicia administrativa. Santiago, Lexis Nexis, pp. 183-240.
4 Vergara Blanco, Alejandro (2006): Código administrativo general. 2ª edición. Santiago, Lexis Nexis, pp. 41-52.
5 Osorio Vargas, Cristóbal (2017): Manual de procedimiento administrativo sancionador. Parte general. 2ª edición revisada, aumentada y actualizada. Santiago, Thomson Reuters, p. 467.
6 Aróstica Maldonado, Iván (2008): “Los contenciosos administrativos especiales en la legislación chilena”, en Ius Publicum, Universidad Santo Tomás, Nº 20, pp. 85-86.
7 Silva Cimma, Enrique (2009): Derecho administrativo chileno y comparado. Introducción y fuentes. 5ª edición revisada y actualizada. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, pp. 297-299.
8 Ver al Derecho Administrativo como un sistema implica reconocer que, dentro de ella, se encontrará una idea ordenadora cuya pretensión es la creación de un sustrato racionalizador y analítico derivado de las instituciones y soluciones singulares que permitan construcción de principios generales del Derecho de una forma inductiva (Schmidt-Assmann, Eberhard [2003]: La teoría general del derecho administrativo como sistema. Objeto y fundamentos de la construcción sistemática. Madrid, Marcial Pons, pp. 1-3). Véase, además, Bermúdez Soto, Jorge (2014): Derecho administrativo general. 3ª edición. Santiago, Thomson Reuters, pp. 49-50; Bermúdez Soto, Jorge (2012): Las relaciones entre
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Presentación
Sin embargo, una segunda se manifestará ante los ojos del ciudadano ?y del operador jurídico no especializado?, el que, al momento de interactuar con los distintos servicios públicos, se verá enfrentado a una pluralidad de normas jurídicas de las más diversas índoles, generando una gran dificultad, ahora, respecto de su conocimiento e identificación. Es completamente esperable que, ante este panorama, el particular carente de una comprensión jurídica profunda sobre el sistema (o, incluso, contando con él) vea mermada su posibilidad de conocer, a cabalidad y suficiencia, el Derecho que sea aplicable al problema específico que lo aqueje, o identificar, sin mayor duda, el organismo público al cuál ha de conducirse para realizar solicitudes, tramites o reclamaciones9.
El trabajo realizado por los profesores Diego Miranda y Javier Valdés se adentra, justamente, en las profundidades de este segundo problema. El libro que el lector tiene en sus manos ofrece a abogados y demás operadores jurídicos, así como a todas las personas, un conjunto de herramientas y formatos que permiten a la población tener a su disposición un insumo relevante capaz de mejorar la forma en que se interactúa, tradicionalmente, dentro del Derecho Administrativo nacional, contando con modelos actualizados de los formularios y acciones mayormente utilizados en la práctica forense, tanto para la realización de solicitudes y peticiones, como para impugnar o cuestionar una decisión de la autoridad.
De esta manera, el lector encontrará en la presente obra una gran variedad de escritos dirigidos a los más diversos organismos integrantes de la Administración Pública, así como para ante las principales entidades que interactúan con ellos desde distintos ámbitos (como la Contraloría General de República, el Consejo para la Transparencia, Superintendencias, o, inclusive, los Tribunales de Justicia), que podrán ser consultados como apoyo o guía. Estos formatos han sido elaborados considerando la práctica actual, tanto desde la perspectiva de la tramitación administrativa, como respecto del litigio contencioso-administrativo, tan relevante en estos días producto del aumento exponencial de los procedimientos administrativos sancionadores.
Por eso es importante mencionar que ambos autores cuentan con una experiencia destacada en la materia, tanto desde la reflexión académica, como desde el trabajo profesional. El profesor Diego Miranda Reyes es Abogado de la Universidad de Concepción, y Magíster en Derecho, LLM, de la Pontificia Universidad Católica (misma casa de estudio donde, actualmente, realiza sus estudios de Doctorado), y ha desarrollado una extensa carrera como investigador en los más diversos ámbitos del Derecho Público nacional, contando con varias publicaciones a su haber. También ha ejercido como abogado litigante especializado en estos asuntos, y pone a disposición dichos conocimientos para sus nuevos desafíos colaborando en organismos de la Administración del Estado con competencia medioambiental. Esta experiencia se ve complementada por su rol docente y académico, el derecho administrativo y el derecho común. Derecho positivo, doctrina y jurisprudencia. Santiago, Thomson Reuters, pp. 49-51.
9 Esta problemática da pie a que el entramado jurídico corra el riesgo de ser apreciado como un “laberinto misterioso e impenetrable” por la población (Accatino Scagliotti, Daniela [1999]: “La conocibilidad del Derecho y la extinción de los abogados”, en Revista de Derecho, Universidad Austral de Chile, vol. X, p. 8).
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Gaspar Jenkins Peña y Lillo
en donde destaca su labor como profesor en la Clínica Jurídica de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica.
A su vez, el profesor Javier Valdés Torres, Abogado de la Universidad de Chile (casa en la que actualmente realiza sus estudios de Magíster en Derecho), se ha destacado en el mundo académico desde sus tiempos como ayudante de investigación y de cátedra de destacados profesores, ejerciendo actualmente como docente en el curso de Lógica de las Normas de la Universidad de Chile y en la Clínica Jurídica de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica. En paralelo, el profesor Valdés ha consolidado una importante carrera como litigante en áreas relacionadas al Derecho Público, habiéndose desempeñado como tal para equipos de Derecho Público y Derecho Regulatorio en varios estudios jurídicos prestigiosos del país, así como también trabajando como funcionario en servicios públicos de relevancia nacional.
La pretensión de esta obra es, por ende, la de compartir la destacada experiencia que los profesores Miranda y Valdés han logrado construir durante sus años de ejercicio y estudio, poniendo a disposición de los lectores una meticulosa selección de textos forenses de la mayor utilidad, perfeccionados y adecuados para el ejercicio profesional actual. Por ello este trabajo, sin lugar a dudas, se consolidará como una obra de consulta obligada, tanto para profesionales del Derecho como para todos aquellos interesados en interactuar de la mejor forma con la autoridad administrativa.
Gaspar Jenkins Peña y Lill o
Profesor de Derecho Constitucional
Centro de Justicia Constitucional
Universidad del Desarrollo
15 de septiembre de 2021

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Autores : Diego Miranda Reyes – Javier Valdés Torres
Editorial: Tirant lo Blanch
Numero de Paginas: 133
Año de publicación: 2022

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NameFormularios básicos de las relaciones de los ciudadanos con la Administración del Estado removeEstudios de Derecho del Consumidor IV. X Jornadas Nacionales de Derecho del Consumo removeCódigo de Procedimiento Civil de Chile con títulos de artículos e índice analítico (Anillado) removeEstándar Probatorio en Libre Competencia removeDerecho Bancario y Financiero de Chile removeJusticia social. Conceptos, teorías y problemas remove
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DescriptionAutores : Diego Miranda Reyes - Javier Valdés Torres Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 133 Año de publicación: 2022

Autor: Nathalie Walker Silva - Carolina Schiele Manzor Editorial : Tirant lo Blanch Año de Publicación : 2022 Paginas :436

Autor: Tirant lo Blach Editorial :Tirant lo Blach Año de Publicación  : 2022 Paginas :358  Autor: Óscar Gárate Maudier Editorial: Editorial Tirant Lo Blanch Numero de Paginas: 184 Año de publicación: 2022Autor: Jaime Gallegos Zúñiga Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 408 Año de publicación: 2022Autor: Pablo Aguayo Westwood Editorial : Tirant lo Blanch Año de Publicación  : 2022 Paginas :128
ContentTal vez, uno de los principales problemas que tiene un abogado que comienza a desarrollar una práctica profesional dentro del inmenso mundo del Derecho Administrativo chileno es el enfrentarse, sin una mayor guía o apoyo, a una gran diversidad de formas, canales, actuaciones y solicitudes que pueden ser utilizadas al momento de interactuar con los distintos órganos de la Administración del Estado. En Chile, como bien se sabe, el Derecho Administrativo reviste de una característica que lo dota de complejidad: su legislación no se encuentra codificada ni debidamente sistematizada de manera oficial, pudiendo catalogarse de heterogénea o compleja. Esto permite comprender que esta rama del Derecho Público reviste de una estructura normativa confusa, con reglas y principios dispersos en distintos cuerpos jurídicos de rangos variados (supralegales, legales y, hasta, infralegales), provenientes de órganos externos (como el Congreso Nacional y la jurisprudencia administrativa emitida por la Contraloría General) y de los propios órganos de la Administración del Estado (los que van desde Reglamentos presidenciales, hasta ordenanzas municipales, circulares e instrucciones, entre otras). Como señala el profesor Jorge Bermúdez1, una de las principales características del Derecho Administrativo chileno es, justamente, su carencia de ordenación, aspecto que, a la larga, desincentiva a una debida adecuación y coordinación entre las distintas instituciones jurídicas que dan vida a esta rama del Derecho, constituidos principalmente para brindar un servicio público o satisfacer un interés general en miras asistir a las personas2. Un ejemplo claro de lo que se expone se encuentra en el denominado "Derecho Administrativo Sancionador", área que, debido a la falta de orden y sistematización, ha sido fructífera en la creación de una gran diversidad de procedimientos administrativos sancionadores singulares, estructurados con distintas reglas formales y etapas procedi1 Bermúdez Soto, Jorge (2014): Derecho administrativo general. 3ª edición. Santiago, Thomson Reuters, pp. 49-50; Bermúdez Soto, Jorge (2012): Las relaciones entre el derecho administrativo y el derecho común. Derecho positivo, doctrina y jurisprudencia. Santiago, Thomson Reuters, pp. 46-51. 2 Valdivia Olivares, José Miguel (2018): Manual de derecho administrativo. Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 45-47. 10 Gaspar Jenkins Peña y Lillo mentales. Según el profesor Carlos Carmona3, el principal desafío que debe abordar una investigación académica sobre los mecanismos existentes sobre estos procedimientos es "descubrirlos en la multiplicidad de leyes en que están contenidos", puesto que, según sus estudios, al año 2003 se podían pesquisar cerca de 78 acciones o medios de impugnación diferentes contra decisiones u omisiones de la Administración Pública; y solo tres años después, el profesor Alejandro Vergara4 incrementaba la lista identificando 124 acciones o medios de impugnación. Lo anterior hace sencillo concluir que el sistema administrativo nacional está plagado de leyes que crean y regulan procedimientos sancionatorios desde una perspectiva particularizada, sin considerar la necesidad de construir marcos generales que fijen criterios procedimentales genéricos o basales que permitan al ciudadano identificar un piso común sobre el cual se construirán los contencioso-administrativos a los que se enfrentará cuando interactúe con la Administración5. Esto provoca que el administrado, cuando deba impugnar un acto estatal que le genere un perjuicio de manera ilegítima, tendrá a su disposición una serie numerosa de alternativas sobre las cuales echar mano, todas las cuales apuntan a conseguir un objetivo similar, pero que tienen grandes diferencias desde la perspectiva de la conveniencia, la oportunidad y la estrategia forense, ámbitos que solo un especialista podría ponderar con seriedad. Entre estas alternativas encontraremos el recurso de protección, la acción de nulidad de derecho público, acciones contencioso-administrativas especiales, recursos administrativos, procedimientos invalidatorios y revocatorios, entre tantas otras6. La dispersión de las leyes y reglamentos que dan forma al Derecho Administrativo nacional crea, así, distintas necesidades. Una de ellas es la que ha asumido la doctrina y la jurisprudencia, las que han logrado, con bastantes esfuerzos, elaborar los cimientos de una organización sistémica del Derecho Administrativo en base a principios generales del Derecho7, que han permitido una ordenación material a través del reconocimiento de categorías, conceptos, valores y garantías con vocación de crear un sistema jurídico propiamente tal8. 3 Carmona Santander, Carlos (2005): "El contencioso administrativo entre 1990-2003", en Juan Carlos Ferrada Bórquez (coordinador): La justicia administrativa. Santiago, Lexis Nexis, pp. 183-240. 4 Vergara Blanco, Alejandro (2006): Código administrativo general. 2ª edición. Santiago, Lexis Nexis, pp. 41-52. 5 Osorio Vargas, Cristóbal (2017): Manual de procedimiento administrativo sancionador. Parte general. 2ª edición revisada, aumentada y actualizada. Santiago, Thomson Reuters, p. 467. 6 Aróstica Maldonado, Iván (2008): "Los contenciosos administrativos especiales en la legislación chilena", en Ius Publicum, Universidad Santo Tomás, Nº 20, pp. 85-86. 7 Silva Cimma, Enrique (2009): Derecho administrativo chileno y comparado. Introducción y fuentes. 5ª edición revisada y actualizada. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, pp. 297-299. 8 Ver al Derecho Administrativo como un sistema implica reconocer que, dentro de ella, se encontrará una idea ordenadora cuya pretensión es la creación de un sustrato racionalizador y analítico derivado de las instituciones y soluciones singulares que permitan construcción de principios generales del Derecho de una forma inductiva (Schmidt-Assmann, Eberhard [2003]: La teoría general del derecho administrativo como sistema. Objeto y fundamentos de la construcción sistemática. Madrid, Marcial Pons, pp. 1-3). Véase, además, Bermúdez Soto, Jorge (2014): Derecho administrativo general. 3ª edición. Santiago, Thomson Reuters, pp. 49-50; Bermúdez Soto, Jorge (2012): Las relaciones entre 11 Presentación Sin embargo, una segunda se manifestará ante los ojos del ciudadano ?y del operador jurídico no especializado?, el que, al momento de interactuar con los distintos servicios públicos, se verá enfrentado a una pluralidad de normas jurídicas de las más diversas índoles, generando una gran dificultad, ahora, respecto de su conocimiento e identificación. Es completamente esperable que, ante este panorama, el particular carente de una comprensión jurídica profunda sobre el sistema (o, incluso, contando con él) vea mermada su posibilidad de conocer, a cabalidad y suficiencia, el Derecho que sea aplicable al problema específico que lo aqueje, o identificar, sin mayor duda, el organismo público al cuál ha de conducirse para realizar solicitudes, tramites o reclamaciones9. El trabajo realizado por los profesores Diego Miranda y Javier Valdés se adentra, justamente, en las profundidades de este segundo problema. El libro que el lector tiene en sus manos ofrece a abogados y demás operadores jurídicos, así como a todas las personas, un conjunto de herramientas y formatos que permiten a la población tener a su disposición un insumo relevante capaz de mejorar la forma en que se interactúa, tradicionalmente, dentro del Derecho Administrativo nacional, contando con modelos actualizados de los formularios y acciones mayormente utilizados en la práctica forense, tanto para la realización de solicitudes y peticiones, como para impugnar o cuestionar una decisión de la autoridad. De esta manera, el lector encontrará en la presente obra una gran variedad de escritos dirigidos a los más diversos organismos integrantes de la Administración Pública, así como para ante las principales entidades que interactúan con ellos desde distintos ámbitos (como la Contraloría General de República, el Consejo para la Transparencia, Superintendencias, o, inclusive, los Tribunales de Justicia), que podrán ser consultados como apoyo o guía. Estos formatos han sido elaborados considerando la práctica actual, tanto desde la perspectiva de la tramitación administrativa, como respecto del litigio contencioso-administrativo, tan relevante en estos días producto del aumento exponencial de los procedimientos administrativos sancionadores. Por eso es importante mencionar que ambos autores cuentan con una experiencia destacada en la materia, tanto desde la reflexión académica, como desde el trabajo profesional. El profesor Diego Miranda Reyes es Abogado de la Universidad de Concepción, y Magíster en Derecho, LLM, de la Pontificia Universidad Católica (misma casa de estudio donde, actualmente, realiza sus estudios de Doctorado), y ha desarrollado una extensa carrera como investigador en los más diversos ámbitos del Derecho Público nacional, contando con varias publicaciones a su haber. También ha ejercido como abogado litigante especializado en estos asuntos, y pone a disposición dichos conocimientos para sus nuevos desafíos colaborando en organismos de la Administración del Estado con competencia medioambiental. Esta experiencia se ve complementada por su rol docente y académico, el derecho administrativo y el derecho común. Derecho positivo, doctrina y jurisprudencia. Santiago, Thomson Reuters, pp. 49-51. 9 Esta problemática da pie a que el entramado jurídico corra el riesgo de ser apreciado como un "laberinto misterioso e impenetrable" por la población (Accatino Scagliotti, Daniela [1999]: "La conocibilidad del Derecho y la extinción de los abogados", en Revista de Derecho, Universidad Austral de Chile, vol. X, p. 8). 12 Gaspar Jenkins Peña y Lillo en donde destaca su labor como profesor en la Clínica Jurídica de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica. A su vez, el profesor Javier Valdés Torres, Abogado de la Universidad de Chile (casa en la que actualmente realiza sus estudios de Magíster en Derecho), se ha destacado en el mundo académico desde sus tiempos como ayudante de investigación y de cátedra de destacados profesores, ejerciendo actualmente como docente en el curso de Lógica de las Normas de la Universidad de Chile y en la Clínica Jurídica de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica. En paralelo, el profesor Valdés ha consolidado una importante carrera como litigante en áreas relacionadas al Derecho Público, habiéndose desempeñado como tal para equipos de Derecho Público y Derecho Regulatorio en varios estudios jurídicos prestigiosos del país, así como también trabajando como funcionario en servicios públicos de relevancia nacional. La pretensión de esta obra es, por ende, la de compartir la destacada experiencia que los profesores Miranda y Valdés han logrado construir durante sus años de ejercicio y estudio, poniendo a disposición de los lectores una meticulosa selección de textos forenses de la mayor utilidad, perfeccionados y adecuados para el ejercicio profesional actual. Por ello este trabajo, sin lugar a dudas, se consolidará como una obra de consulta obligada, tanto para profesionales del Derecho como para todos aquellos interesados en interactuar de la mejor forma con la autoridad administrativa. Gaspar Jenkins Peña y Lill o Profesor de Derecho Constitucional Centro de Justicia Constitucional Universidad del Desarrollo 15 de septiembre de 2021La obra que el lector tiene en sus manos se presenta estructurada en siete partes o ejes temáticos, que otorgan coherencia interna al tratamiento de las materias y facilitan su consulta. Cada eje temático cuenta con la versión corregida y aumentada de las ponencias presentadas por destacados académicos en las X Jornadas Nacionales de Derecho del Consumo, organizadas por la Universidad Andrés Bello y efectuadas los días 10 y 11 de diciembre de 2020. Las materias que se exploran en los ejes temáticos se centran en el análisis de diversos problemas y desafíos actuales que se originan para el Derecho del Consumo en el ámbito de la relación de consumo, el desarrollo de nuevas tecnologías, la actividad financiera, la contratación, la responsabilidad civil y, finalmente, las particularidades que presentan los procedimientos de solución de conflictos establecidos en el área, en contraste con el Derecho común. Confiamos que las futuras versiones de las Jornadas Nacionales de Derecho del Consumo sigan entregando tan generosos frutos como las colaboraciones que aquí se presentan bajo el sello de la editorial Tirant lo Blanch. Asimismo, recomendamos la atenta lectura de las interesantes aportaciones que esta instancia de reunión académica brinda año a año y que robustecen el estudio de esta dinámica disciplina. Índice Presentación 17 I. La relación de consumo El cumplimiento de un contrato de consumo frente a una pandemia: principios generales I. Introducción 21 1. El examen de la imposibilidad en el caso fortuito 21 1.1. Imposibilidad permanente e imposibilidad temporal 22 1.2. Imposibilidad absoluta e imposibilidad relativa 23 2. Incidencia del evento excepcional en el contrato de consumo 24 2.1. La conservación del contrato y la adecuación de la prestación 24 2.2. El incumplimiento y la extinción del vínculo como situaciones excepcionales 25 2.2.1. La frustración de las expectativas del consumidor-acreedor 26 2.2.2. La opción del proveedor 27 Conclusiones 28 Bibliografía citada 28 Notas sobre la relación de consumo en Chile a propósito de los servicios funerarios y su relación con el daño emocional de los deudos I. Introducción 31 II. La relación de consumo en los servicios funerarios 32 1. De la hipervulnerabilidad del consumidor en la contratación de servicios funerarios 36 2. Deberes del proveedor del servicio funerario 38 III. Previsibilidad del daño emocional y molestias 41 IV. Conclusiones 44 Bibliografía citada 44 Jurisprudencia citada 45 Normas citadas 46 II. Tecnología y consumo Inteligencia artificial: algunos desafíos en materia de consumo Introducción 49 I. La expansión del consumo implicará una mayor oferta de bienes y servicios y, por consiguiente, requerirá de ciudadanos empoderados y una mejor educación para el consumo 53 II. Una mayor expansión del consumo demandará más y mejores respuestas ante los requerimientos de los consumidores 55 III. En tercer lugar, es preciso reflexionar en torno a una mayor seguridad en el consumo, especialmente cuando se vincula a la entrega y uso de datos personales 56 Bibliografía citada 59 Publicidad nativa e influencers: un análisis de su procedencia y límites a partir de la protección de los consumidores en el derecho chileno Introducción 61 I. La publicidad nativa: procedencia y límites en el derecho chileno 64 II. Los influencers: procedencia y límites en el derecho chileno 69 III. La tutela del consumidor frente a la publicidad nativa ilícita y a los influencers 76 Conclusiones 78 Bibliografía citada 79 Jurisprudencia citada 83 Aplicación de la normativa de protección al consumidor a los actos de publicidad y consumo en las redes sociales I. La imposibilidad práctica de la aplicación de la ley en actos de consumo en las redes sociales 85 1. El acceso a la tecnología e internet 85 2. Nuestra legislación, ¿está preparada para este tipo de relaciones comerciales en plataformas digitales? 86 II. Problema del enforcement o imposibilidad práctica de hacer valer la ley en el ambiente digital 87 1. Dificultades para aplicar la norma en el ambiente digital 87 2. ¿Qué hacen las plataformas digitales? La alternativa de la autorregulación en las plataformas digitales 88 III. Actos de consumo en redes sociales 88 1. Dificultad para identificar al proveedor 88 2. Caso del influencer 89 3. Caso de las “tiendas virtuales” que no cumplen con la normativa de protección al consumidor 90 IV. Tenue regulación en Chile 91 V. Conclusiones 92 Bibliografía citada 94 Jurisprudencia citada 95 Normas citadas 95 III. Actividad financiera en materia de consumo “Conducta de mercado” y protección de los derechos de los consumidores financieros: comentarios preliminares a la nueva arquitectura interna de la comisión para el mercado financiero y su interacción con el “SERNAC financiero” I. Introducción 99 II. La supervisión conductual y la protección de los derechos de los consumidores 104 III. El (re)diseño institucional de la comisión para el mercado financiero 108 IV. La tensión de la nueva arquitectura propuesta por la cmf en relación con el “SERNAC financiero” 113 Bibliografía citada 115 Fiscalización, supervisión y resguardo de la actividad financiera en materia de consumo: entre el SERNAC y la “nueva” CMF I. Introducción 117 II. ¿Cómo resguardar al consumidor de productos y servicios financieros? 121 III. ¿Quién resguarda al consumidor de productos y servicios financieros? 125 IV. Propuesta de encaje y solución 130 V. Conclusiones 136 Bibliografía citada 138 Jurisprudencia citada 141 El cuestionamiento de las consecuencias jurídicas que abre el estado de insolvencia, bajo el modelo del Código Civil y de consumo, desde el punto de vista del sobreendeudamiento de los deudores consumidores I. Introducción: descripción del problema objeto de estudio 143 II. La regulación de la insolvencia en el CC y sus consecuencias jurídicas 147 III. La regulación de la insolvencia en la LPDC y sus consecuencias jurídicas 149 IV. Principales conclusiones reflexivas 153 Bibliografía citada 154 Reflexiones para una armonización del Derecho de Consumo con el Derecho Concursal ante la necesidad de prevención del sobreendeudamiento e insolvencia futura del consumidor I. Introducción 157 II. Una actual contradicción de la regulación de consumidores a partir de los mecanismos para la prevención del sobreendeudamiento del consumidor 159 1. El traspaso del riesgo de insolvencia al consumidor en virtud del deber de información precontractual 159 2. Irresponsabilidad del prestamista en la insolvencia futura del consumidor y su relación con las cláusulas abusivas 164 III. Falta de coherencia del régimen de consumo y concursal vinculado a la buena fe del consumidor futuro deudor 168 IV. Algunas reflexiones sobre coherencia entre un deber de información, un deber de evaluación de la solvencia del consumidor, y sus alcances en el procedimiento concursal de persona natural 171 1. Necesidad de coherencia entre una evaluación de la solvencia al tiempo de la contratación y la evaluación de la solvencia al momento del concurso 172 2. Consecuencias para el consumidor concursado dependiendo del enfoque del contenido de la evaluación de la solvencia 175 3. El mantenimiento del traspaso del riesgo de insolvencia al consumidor a pesar de un deber de evaluación de solvencia 179 4. El mantenimiento de la irresponsabilidad del prestamista a pesar de un deber de evaluación de solvencia 187 V. Conclusiones 190 Bibliografía citada 191 Normas citadas 195 IV. Contratación y consumo Cláusulas abusivas entre empresarios: algunos criterios de asimetría presentes en el ordenamiento jurídico chileno* I. Algunas notas introductorias 199 II. Tres ejemplos de cláusulas abusivas entre empresarios en el ordenamiento jurídico chileno 201 1. Aplicación del artículo 16 de la Ley N°19.496 a relaciones entre micro o pequeños empresarios por disposición del artículo 9 en relación al artículo 2 de la Ley N°20.416 202 2. Artículos 1 y 2 de la Ley N°21.236, que “regula la portabilidad financiera” 205 3. Artículo 2 de la Ley N°19.983, Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura o Ley sobre pago a 30 días o Ley de pago oportuno 206 Conclusión 208 Bibliografía citada 208 Normas citadas 209 Bases para la realización de un control judicial preventivo del contenido de condiciones generales de contratación I. Introducción 211 II. Control general del contenido de cláusulas no negociadas en el ordenamiento jurídico chileno. Bases para un control judicial preventivo 212 III. Atisbos de control judicial preventivo en la jurisprudencia nacional 215 IV. Algunas consideraciones dogmáticas en relacion con el control judicial preventivo 217 Bibliografia citada 219 Normas citadas 221 Jurisprudencia citada 221 Por una aplicación de las normas de la ley de consumo a los contratos preparatorios en la comercialización de viviendas en verde, en blanco y en pre-venta I. Introducción 223 II. Las ventas en verde, en blanco y en pre-venta 224 III. Actos preparatorios de uso frecuente en las ventas en verde 226 IV. La aplicación de la lpdc a los actos preparatorios del contrato de compraventa 229 1. Existencia de una relación de consumo 230 2. El espíritu del legislador 232 3. El principio pro–consumidor 233 4. La norma utiliza un concepto comercial, no jurídico 234 V. Conclusiones 236 Bibliografía citada 237 Jurisprudencia citada 239 Contenido y efectos de la cláusula de satisfacción garantizada o garantía de satisfacción: una propuesta en el derecho chileno Introducción 241 I. “Si no te gusta, devolvemos tu dinero” 242 II. ¿Es la satisfacción garantizada una cuestión de falta de conformidad? 245 III. Ejercicio y efectos de la cláusula de satisfacción garantizada 248 Conclusiones 254 Bibliografía citada 255 La ausencia de consentimiento del artículo 12 a de la Ley N°19.496 I. Introducción 259 II. Ámbito de aplicación y supuesto del artículo 12 a LPDC 261 1. El ámbito de aplicación: los contratos click-wrap 261 2. El supuesto del artículo 12 A LPDC 262 2.1. La accesibilidad 262 2.2. La comprensibilidad 263 2.3. La disponibilidad 264 3. La métrica del consumidor medio 265 III. Operatividad de la ausencia de consentimiento 266 1. Panorama extranjero 266 2. Situación en la LPDC 267 IV. Conclusiones 271 Bibliografía citada 272 Normas citadas 273 Jurisprudencia citada 273 V. Responsabilidad civil y consumo La negligencia en la responsabilidad civil por productos y servicios defectuosos: una brecha entre la teoría y la práctica I. Introducción 277 II. Los grupos de casos 277 1. Venta de alimentos en mal estado 277 2. Hurtos y daños a la propiedad en estacionamientos 278 III. ¿Qué tienen en común estos casos? 279 1. Irrelevancia de la existencia de un acto jurídico oneroso entre el demandante y el demandado para efectos de la responsabilidad civil 279 2. La negligencia se da por establecida a partir del hecho de verificarse el defecto 280 IV. ¿Qué diferencias se advierten en estos casos? 281 1. Vinculación del proveedor demandado con el producto o servicio 281 2. Mecanismo para dar por probada la negligencia 282 V. Conclusión 284 Bibliografía citada 284 Normas citadas 285 Régimen de responsabilidad en materia de consumidor* I. Concepto de responsabilidad y criterios en los que se fundan los regímenes 287 II. Régimen de responsabilidad en materia de consumidor 293 III. Conclusiones 299 Bibliografía citada 299 Jurisprudencia citada 305 Notas sobre el “daño moral colectivo” implementado por la Ley 21.081 Introducción 307 I. Los intereses supraindividuales 307 II. La noción de daño moral colectivo 309 III. La comprensión del legislador del daño moral colectivo a través de la ley 21.081 310 IV. La dignidad de los consumidores como base para construir el daño moral colectivo 312 Conclusiones 315 Bibliografía citada 316 Normas citadas 317 Jurisprudencia citada 317 Nota sobre la relación entre el art. 24 inc. 5to, y el Art 53 C, letra C de la Ley 19.496; con especial interés en la agravante relativa al riesgo a la seguridad de los consumidores Introducción 319 I. ¿Resultan necesarias todas las circunstancias del inc. 5to del art. 24, Para que pueda ser ordenada la indemnización punitiva? 321 1. En cuanto al mencionado enfoque teleológico 321 2. En cuanto al recurso a la dignidad 321 II. Riesgos a la seguridad de los consumidores: ¿aun sin daños? 324 1. En cuanto al defecto informativo y sus consecuencias nocivas exteriorizadas. Una lectura desde la integración de riesgos comunicables 325 2. En cuanto al defecto informativo sin consecuencias nocivas exteriorizadas, ¿es indemnizable el denominado “daño a la autonomía” del consumidor? 329 III. ¿Una confusa aplicabilidad de la agravante en referencia más allá de los límites de la Ley Nº19.496? 333 Conclusión 333 Bibliografía citada 335 Normas citadas 337 Jurisprudencia citada 337 Interés colectivo, interés difuso y daños Bibliografía citada 350 VI. Prueba y procedimientos Presunciones que favorecen al consumidor en juicios por responsabilidad civil contractual I. Introducción 355 II. Presunciones y principios que favorecen al consumidor en juicios por responsabilidad civil contractual 356 1. Conflicto referido a la normativa aplicable: Ley de Protección de los consumidores en oposición a la Ley General de Urbanismo y Construcción 356 2. ¿Qué régimen probatorio resultaba aplicable? ¿Quién y qué aspectos debían probarse? 361 3. La conformidad en el derecho de consumo en oposición al pago en Derecho civil 363 4. El principio pro consumidor 367 Conclusiones 370 Bibliografía citada 371 Normas citadas 372 Jurisprudencia citada 372 Notas sobre algunos efectos personales del abandono del producto en manos del proveedor I. Introducción 373 1. Continuación del problema investigado 373 2. Objeto del trabajo 373 3. Importancia 374 4. Literatura jurídica 375 5. Hipótesis 378 6. Plan de estudio 378 II. Situación del contrato de consumo con anterioridad al vencimiento del plazo legal 378 III. Situación del contrato de consumo con posterioridad al vencimiento del plazo legal 382 IV. Conclusiones 388 Bibliografía citada 388 Normas citadas 392 VII. Acciones y procedimientos colectivos Sanciones por infracciones al acuerdo en el procedimiento voluntario colectivo I. Procedimiento voluntario colectivo, incumplimiento e infracción de su acuerdo 395 II. El acuerdo del artículo 54 p de la ley nº19.496 Y sus efectos 396 III. Efecto infraccional del incumplimiento del acuerdo en el procedimiento voluntario colectivo 397 IV. Tribunal competente para conocer de la infracción al acuerdo 398 V. Sanción aplicable al incumplimiento 399 1. La sanción por incumplimiento es independiente de las acciones para obtener el cumplimiento del acuerdo 400 2. Efectos del acuerdo erga omnes respecto de las infracciones cometidas por el proveedor que dieron origen al procedimiento voluntario colectivo 400 3. La sanción por incumplimiento es solo respecto al acuerdo en el procedimiento voluntario colectivo, y no al incumplimiento de acuerdos en sede judicial 401 Bibliografía citada 401 Normas citadas 402 Jurisprudencia citada 403 En favor de mecanismos alternativos (o indirectos) para la distribución de indemnizaciones, reparaciones, devoluciones y compensaciones por afectaciones a los intereses colectivos y difusos Introducción 405 I. Compatibilidad de los mecanismos alternativos de distribución con el principio de reparación integral del daño. Propuesta de interpretación del artículo 3 letra e) de la LPDC 406 II. Reconocimiento legal de mecanismos alternativos de distribución en la Ley Nº19.496 408 Conclusiones 410 Bibliografía citada 411 El examen de admisibilidad de las acciones colectivas. Un tránsito normativo radical desde el rigor hacia la simplicidad I. Introducción 413 II. Sobre la evolución cronológica que ha experimentado la etapa de admisibilidad en el procedimiento especial en protección del interés colectivo o difuso de la LPDC 414 1. El rigor: La Ley N°19.955 de 2004 414 2. La eliminación del examen de admisibilidad en las acciones colectivas derivadas de la LGUC por fallas o defectos en la construcción: La Ley N°20.443 de 2010 415 3. La excesiva dilación de los juicios colectivos que dio lugar a la reforma de la LPDC: La Ley N°20.543 de 2011 418 4. La simplicidad: La Ley N°21.081 del 2018 421 5. Tabla Resumen 423 III. Panorama jurisprudencial, discusiones y desafíos tras el reformado artículo 52 de la LPDC 424 IV. Comentarios finales 429 Bibliografía 429 Normas citadas 430 Jurisprudencia citada 431Incluye las modificaciones introducidas por las Leyes N°s 21.379, 21.389 y 21.394 Ley Nº 18.120. Establece normas sobre comparecencia en juicio y modifica los artículos 4º del Código de Procedimiento Civil y 523 del Código Orgánico de Tribunales Ley Nº 14.908. Sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias Decreto Nº 23. Promulga convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero Texto refundido del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales Auto acordado de la Corte Suprema sobre la forma de las sentencias Auto acordado de la Corte Suprema sobre vista de la causa Ley Nº 18.101. Fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos Ley núm. 20.886. Modifica el Código de Procedimiento Civil, para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales Ley núm. 21.226. Establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile
Descripción
El llamado «derecho probatorio» ha tenido un auge en los últimos años en Chile. Esto ha permitido que la «teoría de la prueba» avance desde un lugar secundario en los estudios del proceso y las condiciones para dictar una sentencia racionalmente justificada a un punto importante, en el cual se reivindica una comprensión científica de las decisiones que son adoptadas en el marco de procesos judiciales y administrativos. El estudio sobre estándares probatorios tiene un lugar fundamental en dicho proceso, resultando un punto insoslayable del análisis de los fundamentos de dichas decisiones y su racionalidad. La presente obra, analiza los aspectos centrales sobre la defición de estándares probatorios, para abordar su definición en los procesos contenciosos que son conocidos a partir de la revisión de conductas anticompetitivas. Su desarrollo pretende argumentar, desde la teoría racional de la prueba, acerca de cuáles son los presupuestos para una formulación satisfactoria sobre los estándares probatorios en materia de (libre) competencia. Se examinan así, los fundamentos de los diversos estándares que son aplicados en materias civil penal y administrativa, para luego aproximarse hacia la formulación de los estándares que a juicio del autor, son aplicables a efectos de comprobar conductas anticompetitivas. Autor: Óscar Gárate Maudier Editorial Tirant Lo Blanch 
CAPÍTULO I ESTÁNDARES PROBATORIOS: DEFINICIÓN, SU NECESIDAD Y LAS FUNCIONES QUE CUMPLE 1.1. Definición de EdP y la necesidad de su existencia 1.2. Criterios para la determinación del EdP 1.3. Funciones del estándar probatorio 1.3.1. Función de distribución de errores – F(x)DE 1.3.2. Función de suficiencia – F(x)S 1.3.2.1. Cargas de persuasión en general 13.2.2. Suficiencia probatoria – carga probatoria 1.3.3. Función heurística – F(x)H CAPÍTULO II ESTÁNDARES PROBATORIOS EN SEDE CIVIL, ADMINISTRATIVA Y PENAL 2.1. Aspectos generales de los estándares probatorios aplicados en sede civil, administrativa y penal 2.1. Estándar penal 2.3. Estándar(es) civil(es) 2.4. Estándar administrativo sancionador – infraccional CAPÍTULO III ESTÁNDAR PROBATORIO EN LIBRE COMPETENCIA 3.1. Aspectos generales del estándar en competencia 3.2. Objetivos y sanciones del Derecho de la Competencia 3.3. El estándar de prueba en la jurisprudencia mayoritaria y su evolución 3.3.1. Primera etapa jurisprudencial: Instalación del TDLC–Farmacias 3.3.2. Segunda etapa jurisprudencial: El caso Farmacias y la formulación de PCyC+ 3.3.3. Tercera etapa jurisprudencial: Consolidación del EdP de PCyC+ 3.4. Disensiones Jurisprudenciales sobre la regla de PCYC+ 3.4.1. Primera disensión: Consideraciones relativas al EdP de conductas anticompetitivas y su aproximación jurisprudencial 3.4.2. Segunda disensión: Las prevenciones minoritarias en los casos Papeles y Suero fisiológico 3.5. El debate doctrinal sobre el estándar de prueba en sede de competencia
  El libro desarrolla, desde normas positivas, el Derecho Bancario y Financiero de Chile, estructurando sistemáticamente los preceptos aplicables, acompañados por diversos pronunciamientos de nuestros tribunales, como también por las reflexiones que, sobre estos asuntos, han efectuado autoras y autores nacionales. Es una obra que voluntariamente ha sido concebida sin atender a profusas discusiones académicas locales y tampoco al Derecho comparado, puesto que se buscó conseguir un instrumento fundamentalmente práctico, que presente estructurada y racionalmente los aspectos centrales de la fragmentada regulación bancaria y financiera, permitiendo exhibir un panorama global y actualizado de esta área en Chile. Índice Abreviaturas Introducción general. I. Introducción 1. La normativa de la banca hoy, aspectos generales 2. Los bancos en Chile 3. Algo de historia. II. Orden económico internacional 1. Fondo Monetario Internacional (FMI). 2. Grupo Banco Mundial 2.1. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 2.2. Asociación Internacional de Fomento 2.3. Corporación Financiera Internacional 2.4. Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 2.5. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 3. Banco Interamericano de Desarrollo 4. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe 5. Banco de Pagos Internacionales (BPI). 6. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD). 7. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI 8. Normativa multilateral III. Entidades reguladoras y de fiscalización nacionales 1. Banco Central 1.1. Consideraciones generales 1.2. Dirección y Administración 1.2.1. Remoción de los consejeros 1.3. Facultades del BCCh 12 Índice 1.3.1. Regulación de la cantidad de dinero en circulación y de crédito 1.3.2. Regulación del sistema financiero y del mercado de capitales 1.3.3. Facultades para cautelar la estabilidad del sistema financiero 1.3.4. Funciones del Banco Central como agente fiscal 1.3.5. Atribuciones en materia internacional 1.3.6. Facultades en materia de operaciones de cambios internacionales. 1.3.7. Limitaciones cambiarias 1.3.8. Restricciones cambiarias 1.3.9. Otras atribuciones y deberes 1.4. Procedimiento de reclamación a las decisiones del BCCh 2. Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) 3. Comisión para el Mercado Financiero (CMF). 3.1. Antecedentes 3.2. CMF, aspectos generales 3.3. Consejo de la CMF 3.3.1. Incompatibilidades 3.3.2. Deberes de abstención 3.3.3. Causales de remoción 3.3.4. Régimen post empleo 3.4. Atribuciones del Consejo de la CMF 3.5. Otras atribuciones de la CMF 3.6. Sujetos fiscalizados 3.7. Unidad de Investigación 3.8. Proceso sancionatorio 3.8.1. Determinación del rango y monto de las multas 3.8.2. Prescripción de las multas y demás sanciones 3.8.3. Procedimiento sancionatorio 3.8.3.1. Normas Comunes 3.8.3.2. Procedimiento General 3.8.3.2.1 Actuaciones Previas e Inicio del Procedimiento 3.8.3.3. Procedimiento Simplificado 3.8.3.4. De la Colaboración del Presunto Infractor Índice 13 3.8.3.5. Disposiciones Generales 3.8.3.6. De los recursos 3.8.3.6.1 Reposición 3.8.3.6.2 Reclamo de ilegalidad general 3.8.3.6.3 Reclamo de ilegalidad contra sanciones 4. Unidad de Análisis Financiero (UAF). 4.1. Atribuciones de la UAF 4.2. Sujetos obligados a informar a la UAF 4.2.1. Oficial de cumplimiento 4.3. Deberes relacionados con el conocimiento de los clientes 4.4. Alcances del deber de informar y medidas cautelares que pueden adoptarse 4.5. Sujetos fiscalizados preliminarmente por el Servicio Nacional de Aduanas (SNA). 4.6. Prohibición de informar al afectado o terceros 4.7. Operación sospechosa 4.8. Infracciones y sanciones 4.9. Procedimiento sancionatorio administrativo 4.9.1. Plazos de prescripción IV. Bancos, aspectos orgánicos y de funcionamiento general 1. Constitución de un Banco. 1.1. Régimen societario 1.2. Antecedentes a presentar. 1.3. Requisitos para accionistas fundadores y controladores 1.4. Autorización provisional 1.5. Menciones de los estatutos 1.6. Otorgamiento de garantía y pago del capital 1.7. Autorización de existencia 1.8. Análisis de los recursos con los que se cuentan y del plan de negocios. 1.9. Autorización para funcionar. 1.10. Otorgamiento de licencia en caso de institución financiera constituida en el extranjero. 14 Índice 2. Sucursales de bancos constituidos en el extranjero 3. Representaciones de bancos constituidos como agentes de negocios 4. Funcionamiento de los bancos 5. Apertura de oficinas 6. Exclusividad del giro bancario y su protección 7. Administración de los bancos 7.1. Disposiciones generales 7.2. Incompatibilidades 7.3. Elección 7.4. Funcionamiento 7.5. Responsabilidades 8. Aportes y acciones 8.1. Adquisiciones por más del 10% del capital de un banco 8.2. Exigencias especiales para accionistas controladores 8.3. Junta de Accionistas 9. Capital, reservas y dividendos 9.1. Repartos de dividendos 10. Clasificación de gestión y solvencia 11. Encaje y reserva técnica 12. Relación entre activos y patrimonio 13. Bancos de importancia sistémica 14. Sociedades filiales en el país 14.1. Procedimiento para constituir una sociedad filial. 15. Sociedades de apoyo al giro 16. Operaciones en el exterior 17. Medidas para la regularización temprana 18. Liquidación forzosa 19. Garantía estatal de los depósitos V. Banco del Estado y cooperativas de ahorro y crédito 1. Banco del Estado 2. Cooperativas de ahorro y crédito Índice 15 VI. Cuenta corriente bancaria, cuenta vista, tarjetas de pago y fraudes en transacciones electrónicas 1. Cuenta corriente bancaria 1.1. Características del contrato de cuenta corriente bancaria 1.2. Obligaciones básicas del banco 1.3. Apertura de una cuenta corriente bancaria 1.4. Acreditación de las sumas depositadas en la cuenta corriente bancaria 1.5. Órdenes de pago 1.5.1. Cheque 1.5.1.1. Cheque al portador 1.5.1.2. Cheque a la orden 1.5.1.3. Cheque nominativo 1.5.1.4. Forma de extender el cheque 1.5.1.5. Responsabilidades ante cheques falsificados 1.5.1.6. Obligaciones del librador 1.5.1.7. Plazo de pago de los cheques. 1.5.1.8. Orden de no pago. 1.5.1.9. Disposiciones varias. 1.5.1.10. Pérdida, hurto o robo de cheque. 1.5.1.11. Protesto de cheque. 1.5.1.11.1 Datos que debe contener el acta de protesto. 1.6. Cargos y comisiones 1.7. Término de cuenta corriente bancaria 1.8. Cuenta corriente bancaria en moneda extranjera 2. Cuentas a la vista 2.1. Características 2.2. Apertura de cuenta vista 2.3. Funcionamiento de la cuenta vista 2.4. Estados de cuenta 2.5. Duración de la cuenta vista 3. Tarjetas de pago 3.1. Intervinientes en la operatoria de las tarjetas de pago 16 Índice 3.1.1.1. Empresa Emisora de Tarjetas 3.1.1.2. Empresa Operadora 3.1.1.3. Entidades afiliadas 3.1.2. Contenido de los contratos que se celebren. 3.1.3. Pago a entidades afiliadas 3.2. Tarjetas de crédito 3.3. Tarjetas de débito 3.4. Tarjetas de pago con provisión de fondos 3.4.1. Emisión y operación de medios de pago con provisión de fondos por entidades no bancarias 4. Responsabilidad de titulares o usuarios de tarjetas de pago y en transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude 4.1. Fraudes en transacciones electrónicas 4.2. Avisos en caso de verificarse un fraude. 4.3. Cambios relevantes de la Ley 21.234, de 2020. 4.4. Medidas de seguridad 4.5. Conductas que constituyen fraude en tarjetas de pago y en transacciones electrónicas VII. Crédito bancario, limitaciones y operaciones de crédito de dinero. 1. Crédito bancario, limitaciones generales 1.1. Forma de computar las obligaciones de una persona 1.2. Crédito a una misma persona 1.2.1. Excepciones en términos agregados 1.2.2. Excepción especial de obras públicas 1.3. Créditos relacionados a la propiedad o administración del banco 1.4. Acciones de propia emisión 1.5. Créditos a directores o apoderados generales del propio banco 1.6. Otras limitaciones relacionadas con facultades de disposición 1.6.1. Adquisición de bienes 1.6.2. Comprometer responsabilidad por obligaciones de terceros 2. Operaciones de crédito de dinero 2.1. Capital, intereses, comisiones y reajustes Índice 17 2.1.1. Reajustes 2.1.2. Ausencia de límites de interés 2.1.3. Otros aspectos sobre los intereses 2.1.4. Comisiones 2.1.5. Presunciones sobre intereses pagados 2.1.6. Interés corriente 2.1.7. Interés máximo convencional 2.1.8. Anatocismo 2.2. Oportunidad del pago 2.3. Obligaciones en moneda extranjera o expresadas en moneda extranjera. VIII. Secreto y reserva bancaria 1. Secreto bancario 2. Reserva bancaria 3. Levantamiento del secreto por orden de los tribunales 4. Levantamiento del secreto en ejercicio de facultades fiscalizadoras de la CMF 4.1. Posibilidad del Fiscal de la CMF de acceder a información 4.2. Información a la CMF en términos globales y eliminación de documentos. 5. Oportunidad en que debe entregarse la información 6. Levantamiento del secreto o reserva en el ámbito tributario 6.1. Solicitudes directas del SII 6.2. Deberes establecidos por la Ley 21.453, de 2022, que modifica el CT obligando a bancos y a otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al SII 6.3. Información referente a remesas, pagos, egresos o ingresos de fondos a, o desde el exterior 6.4. Convenios internacionales IX. Derecho del consumidor financiero 1. Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) 18 Índice 2. Ámbito de aplicación de la LPDC 3. Escenario previo a la Ley 20.555 4. Derechos generales del consumidor financiero 4.1. Recibir la información del costo total del producto o servicio 4.2. Conocer las condiciones objetivas que el proveedor establece, previa y públicamente, para acceder al crédito y para otras operaciones financieras 4.3. La oportuna liberación de las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, una vez extinguidas éstas 4.4. Elegir al tasador de los bienes ofrecidos en garantía, entre las alternativas que le presente la institución financiera 4.5. Conocer la liquidación total del crédito, a su solo requerimiento 4.6. Acudir siempre ante el tribunal competente conforme a las disposiciones establecidas en la LPDC 4.7. Los demás derechos establecidos en las leyes referidas a derechos de los consumidores, en especial, aquellos previstos en la LOCD. 5. Cuestiones precontractuales, información, contenido de las cláusulas y otros asuntos 5.1. Normas relativas a sobrendeudamiento 5.2. Información que debe suministrarse en toda operación de consumo 5.3. Información que debe brindarse en contratos de adhesión de productos y servicios financieros 5.4. Ficha para garantes de créditos 5.5. Prohibición de otorgar mandatos en blanco e irrevocables 5.6. Prohibición de ofrecer productos o servicios de manera atada 5.7. Contrataciones condicionadas al uso de determinados medios de pago 5.8. Intereses 5.9. Posibilidad de concretar los pagos 5.10. Cotizaciones 5.11. Cargo automático en cuenta 5.12. Información sobre cobro de bienes y servicios ya prestados 5.13. Renovación, restitución o reposición del soporte físico 5.14. Cláusulas abusivas 5.15. Término anticipado 5.15.1. Certificado de liquidación para término anticipado 5.16. Retraso del término de servicios financieros Índice 19 5.17. Alzamiento de garantías 5.17.1. Hipoteca específica 5.17.2. Hipoteca general 5.17.3. Escrituras e inscripciones 5.17.4. Prendas 5.17.5. Disposiciones comunes. 5.18. Cobranzas extrajudiciales 5.18.1. Gastos de las cobranzas extrajudiciales 5.18.2. Procedimientos de cobranza extrajudicial 5.18.3. Principios que deben respetarse en el desarrollo de las cobranzas extrajudiciales 5.18.4. Registro de las actuaciones 5.18.5. Aspectos procesales de las cobranzas. 6. Sanciones generales aplicables a los proveedores de servicios o productos financieros 7. Portabilidad Financiera 7.1. Modalidades de los procesos de portabilidad 7.2. Solicitud de portabilidad 7.3. Oferta de portabilidad financiera 7.4. Aceptación de la oferta de portabilidad financiera 7.5. Contratación de productos y servicios financieros 7.6. Cumplimiento del mandato de término 7.7. Responsabilidad por término o cierre de productos 7.8. Forma de realizar el pago al proveedor inicial 7.9. Proceso de portabilidad financiera con subrogación 7.10. Solemnidades del nuevo crédito 7.10.1. Reglas especiales para cauciones con cláusula de garantía general 7.10.2. Reglas especiales para cauciones sin cláusula de garantía general 7.10.3. Garantías bajo sistema registral 7.10.4. Cargos o derechos 7.11. Devengo de intereses del nuevo crédito 7.12. Régimen contravencional 20 Índice X. Algunas operaciones puntuales de los bancos 1. Descuento 2. Factoraje o Factoring 2.1. Plazo para el pago de una factura y normas protectoras de proveedores. 2.2. Factura irrevocablemente aceptada 2.3. Cesión de la factura. 2.4. Mérito ejecutivo 3. Leasing 3.1. Clases de leasing 3.1.1. Leasing operativo 3.1.2. Leasing financiero o de intermediación 3.1.2.1. Características del leasing financiero 3.1.2.2. Lease-back 4. Boleta bancaria de garantía 4.1. Modalidades de las boletas bancarias de garantía 4.2. Naturaleza jurídica 4.3. Pago y extinción de la boleta bancaria de garantía. 5. Vale Vista 6. Operaciones en comercio exterior 6.1. Órdenes de pago transfronterizas 6.1.1. Órdenes de pago simple 6.1.2. Órdenes de pago documentarias 6.2. Remesas o cobranzas 6.3. Crédito documentario 6.3.1. Intervinientes 6.3.2. Principios rectores centrales 6.3.3. Cláusulas de exoneración de responsabilidad Bibliografía Anexo de normativa Leyes Índice 21 Decretos con Fuerza de Ley Decretos Leyes Decretos supremos. Otras fuentes Anexo de jurisprudencia Tribunal Constitucional Corte Suprema Cortes de Apelaciones Contraloría General de la República Anexo de enlaces electrónicos  Lo que hoy llamamos justicia distributiva es una idea moderna que difiere de la noción antigua elaborada hace ya varios siglos por Aristóteles. Cabe destacar que parte importante del actual debate sobre la justicia distributiva se centra tanto en la cantidad de recursos a garantizar como en el grado de intervención del Estado para que esos recursos sean distribuidos. Parte importante de los textos que componen este libro provienen de los materiales que el autor ha elaborado en los últimos años para los cursos de Justicia social y Teorías de la justicia que ha dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ÍNDICE Prefacio Introducción: La idea de justicia social 1. ¿Justicia social o justicia distributiva? 2. Justicia social: ¿concepto o concepción? Primera parte TEORÍAS I. Justicia como equidad Preliminares 1. La propuesta de Rawls 2. La concepción general y la concepción especial de la justicia 2.1. Los argumentos 2.1.1. El argumento intuitivo a favor de la igualdad de oportunidades 2.1.2. El argumento del contrato social 2.3. La coherencia de los dos extremos y la idea de equilibrio reflexivo 3. Críticas a la teoría de Rawls II. Justicia como justo título Preliminares 1. La propuesta de Nozick 2. Críticas a la teoría de Nozick III. La igualdad de recursos Preliminares 1. ¿Igualdad de qué? La respuesta de Ronald Dworkin 2. Críticas a la teoría de Dworkin IV. Justicia social: ¿redistribución o reconocimiento? Preliminares 1. La doble dimensión de la injusticia 2. Las propuestas 2.1. Nancy Fraser: más allá de los paradigmas de redistribución y reconocimiento 2.2. Axel Honneth: redistribución como reconocimiento Segunda parte PROBLEMAS V. Igualdad de oportunidades en educación superior Preliminares 1. Igualdad formal de oportunidades 2. Equitativa igualdad de oportunidad como igualdad democrática 2.1. La dimensión conceptual 2.2. La dimensión institucional 3. El argumento de la eficacia educativa en contextos de diversidad 4. Una insensible sociedad meritocrática VI. Cuotas de género y representación Preliminares 1. Representación femenina en los órganos políticos representativos: ¿Cuotas o paridad? Análisis desde perspectivas de justicia social 2. Análisis desde diferentes teorías de la justicia VII. El trabajo sexual como un problema de justicia social Preliminares 2. El debate sobre trabajo sexual 2.1. La posición abolicionista 2.2. La legalización del trabajo sexual 3. La triple dimensión de la justicia social: redistribución, reconocimiento y representación Referencias
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