La Prueba Ilícita en la Jurisprudencia de la Corte Suprema

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El enjuiciamiento sobre la licitud de la prueba es el enjuiciamiento del procedimiento mismo de investigación, únicamente que observado desde y en función de sus productos o frutos, es decir, a partir del resultado concreto y asible de la investigación -la prueba- retrospectivamente se controla todo el procedimiento que llevó a esa consecuencia.

El estudio de la prueba ilícita nos fuerza al del procedimiento, principalmente -mas no exclusivamente- de su etapa de investigación, y de las condiciones y requisitos para que sus actuaciones no afecten ilegítimamente derechos fundamentales.

Dada esa vastedad, la casuística sobre la prueba ilícita es literalmente infinita, por lo que ordenar y sistematizar todos los casos es una tarea inabordable e impracticable, y en verdad poco provechosa, pues diariamente surge una infracción distinta que escapa a las clasificaciones vigentes.

Útil en cambio resulta identificar criterios comunes que nuestra jurisprudencia ha delineado para censurar la prueba ilícita, distinguirla de la prueba irregular, definir sus efectos directos e indirectos, reconocer excepciones a estos últimos e identificar las distintas instancias y herramientas para reclamar su ineficacia.

Tal es este desarrollo y peso que tiene la prueba ilícita, que su estudio resulta hoy inexcusable para quien pretenda desempeñarse con propiedad en el sistema de justicia criminal, cualquiera sea el rol que en él cumpla, sobre todo si las discusiones sobre la licitud de las actuaciones de investigación y persecución, junto a las referentes a la valoración de los antecedentes y de la prueba -según la etapa del proceso-, superan con holgura a las de la aplicación del derecho penal sustantivo, que ha sido relegado a controversias aisladas y ocasionales.

Y es al trabajo cotidiano de operadores e intervinientes del proceso penal que esta investigación busca contribuir, esencialmente mediante la sistematización de los criterios seguidos por la Corte Suprema en materia de prueba ilícita y en otras conexas y circundantes a esta, expuestos en sus sentencias dictadas hasta junio del año 2022, de manera de entregar un conjunto estructurado que facilite el acceso y comprensión de dichos pronunciamientos.

La exposición y sistematización referida se acompaña de comentarios del autor, en los que luego de las explicaciones y conceptualizaciones obligatorias se efectúa un análisis crítico de la jurisprudencia revisada, resaltando sus aciertos y proponiendo otras interpretaciones cuando se discrepa de lo decidido, para lo cual acude y se apoya en la doctrina nacional y en el derecho comparado.

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Autor: Manuel Rodríguez Vega
Editorial: Rubicon Editores
Numero de Paginas: 379
Año de publicación: 2022

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NameLa Prueba Ilícita en la Jurisprudencia de la Corte Suprema removeDelitos de Falsedad Documental removeBoletín de Jurisprudencia de Derecho Laboral Nº11, 2023. Enfermedades Profesionales removeLa tutela judicial de los derechos fundamentales removeResponsabilidad Civil por Medicamentos Defectuosos removeCódigo Procesal Penal 2022. Edición Oficial remove
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DescriptionAutor: Manuel Rodríguez Vega Editorial: Rubicon Editores Numero de Paginas: 379 Año de publicación: 2022Autor: Gianni Egidio Piva Torres Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 183 Año de publicación: 2022Autor: Editorial Hammurabi Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 210 Año de publicación: 2023Autor: Jorge Larroucau Torres Editorial : Der Año de Publicación  : 2022 Paginas :412Autora: Cynthia Salamanca Leal Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 100 Año de publicación: 2022Autor:  Editorial Jurídica de Chile Editorial :Jurídica de Chile Año de Publicación  : 2022 Paginas :389
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El enjuiciamiento sobre la licitud de la prueba es el enjuiciamiento del procedimiento mismo de investigación, únicamente que observado desde y en función de sus productos o frutos, es decir, a partir del resultado concreto y asible de la investigación -la prueba- retrospectivamente se controla todo el procedimiento que llevó a esa consecuencia. El estudio de la prueba ilícita nos fuerza al del procedimiento, principalmente -mas no exclusivamente- de su etapa de investigación, y de las condiciones y requisitos para que sus actuaciones no afecten ilegítimamente derechos fundamentales. Dada esa vastedad, la casuística sobre la prueba ilícita es literalmente infinita, por lo que ordenar y sistematizar todos los casos es una tarea inabordable e impracticable, y en verdad poco provechosa, pues diariamente surge una infracción distinta que escapa a las clasificaciones vigentes. Útil en cambio resulta identificar criterios comunes que nuestra jurisprudencia ha delineado para censurar la prueba ilícita, distinguirla de la prueba irregular, definir sus efectos directos e indirectos, reconocer excepciones a estos últimos e identificar las distintas instancias y herramientas para reclamar su ineficacia. Tal es este desarrollo y peso que tiene la prueba ilícita, que su estudio resulta hoy inexcusable para quien pretenda desempeñarse con propiedad en el sistema de justicia criminal, cualquiera sea el rol que en él cumpla, sobre todo si las discusiones sobre la licitud de las actuaciones de investigación y persecución, junto a las referentes a la valoración de los antecedentes y de la prueba -según la etapa del proceso-, superan con holgura a las de la aplicación del derecho penal sustantivo, que ha sido relegado a controversias aisladas y ocasionales. Y es al trabajo cotidiano de operadores e intervinientes del proceso penal que esta investigación busca contribuir, esencialmente mediante la sistematización de los criterios seguidos por la Corte Suprema en materia de prueba ilícita y en otras conexas y circundantes a esta, expuestos en sus sentencias dictadas hasta junio del año 2022, de manera de entregar un conjunto estructurado que facilite el acceso y comprensión de dichos pronunciamientos. La exposición y sistematización referida se acompaña de comentarios del autor, en los que luego de las explicaciones y conceptualizaciones obligatorias se efectúa un análisis crítico de la jurisprudencia revisada, resaltando sus aciertos y proponiendo otras interpretaciones cuando se discrepa de lo decidido, para lo cual acude y se apoya en la doctrina nacional y en el derecho comparado.
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DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL

En la presente monografía, se estudia cada tipo penal, desde la estructura del delito, sus elementos normativos, se apoyan en jurisprudencia Española, Colombiana, Chilena, al igual que con la doctrina. Su redacción es de forma didáctica, de tal manera que un estudiante, o un profesional versado le pueda ser fácil su lectura. Los delitos de falsedad documental son aquellos tipos penales que castigan la acción de falsificar, alterar o usar documentos falsos con fines fraudulentos. Estos delitos pueden incluir la fabricación de documentos falsos, la alteración de documentos auténticos, el uso de documentos falsos o alterados, o la impersonación de otra persona mediante el uso de documentación falsa o alterada. En general, la falsedad documental se refiere a la creación o alteración de documentos con el propósito de engañar o defraudar a otras personas o entidades. Los documentos falsos o alterados pueden ser de cualquier tipo, como facturas, títulos universitarios, pasaportes, certificados médicos, etc. Los delitos de falsedad documental suelen ser graves y están tipificados en la mayoría de los ordenamientos jurídicos. La pena prevista por estos delitos depende de la gravedad del hecho y de los daños causados, y puede incluir prisión y multas.
Indice Descripción Nº1, 2021. ACCIDENTES DEL TRABAJO Nº2, 2021. DESPIDO INDIRECTO Nº3, 2021. DESPIDO INJUSTIFICADO Nº4, 2021. TUTELA LABORAL Nº5, 2022. FUNCIONARIOS MUNICIPALES Nº6, 2022. CAUSALES DEL ARTÍCULO 160 EN LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Nº7, 2022. PRÁCTICAS ANTISINDICALES Nº8, 2022. CAUSALES DEL ARTÍCULO 159 EN LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Nº9, 2022. CAUSALES DEL ARTÍCULO 161 EN LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Nº10, 2022. ACOSO LABORAL O MOBBING Nº11, 2023. ENFERMEDADES PROFESIONALESIndice La protección de los derechos fundamentales del artículo 20 de la Constitución de 1980, ha sido por más de cuarenta años una tutela judicial de urgencia que ha permitido amparar el ejercicio de los derechos de las personas. Esta obra describe en profundidad el sistema chileno de protección de los derechos fundamentales en materias civiles, destacándose por su enfoque práctico, dirigido a litigantes, jueces y a quienes deseen profundizar en esta materia, gracias al lenguaje claro y ameno con que se aborda cada tema. Se estudia el contenido y los alcances del juicio de protección dentro de la justicia civil chilena, y para ello su autor ha realizado un exhaustivo estudio jurisprudencial que analiza más de cuatro décadas de fallos de protección, desde 1977 a la fecha, permitiendo al lector observar una jurisprudencia en constante evolución y que ha incorporado elementos que dificultan definir a la protección de un modo preciso. Esto repercute directamente en uno de los asuntos centrales que se abordan en este libro: el ámbito de aplicación del juicio de protección y la manera en que se coordina con otros juicios y con las vías administrativas a disposición de las personas
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RESPONSABILIDAD CIVIL POR MEDICAMENTOS DEFECTUOSOS
El presente trabajo tiene por objeto analizar críticamente la regulación de la responsabilidad civil por producto farmacéutico defectuoso en Chile. Al respecto, es la Ley N° 20.850, que crea un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y Rinde Homenaje Póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos, la que incorporó el Título VI al Libro IV del Código Sanitario, a través del cual se regula inéditamente la responsabilidad derivada de los daños ocasionados por medicamentos defectuosos, tanto en el campo de la investigación científica en seres humanos, como en relación a los productos farmacéuticos que han o están siendo comercializados. Sin embargo, a lo largo de este trabajo se viene advirtiendo cómo esta regulación ha sido inadecuada para abordar un tema de esta complejidad. Así, mediante una investigación exploratoria que sigue el método dogmático se intentará exponer las deficiencias originadas en una inadecuada utilización de la técnica legislativa, explicando cómo ellas se constituyen en problemas en la regulación de este tipo de responsabilidad, y que se verifican en aspectos tales como diferencias que devienen en arbitrarias al momento de establecer el factor de imputación o de iniciar el cómputo del plazo de prescripción, además de imponer una carga probatoria de sumo difícil para la víctima, limitando su posibilidad de accionar.
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Décima Séptima Edición Oficial. Aprobada por Decreto Exento Nº 1459, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Apéndice Actualizado al 31 de Agosto de 2022 Esta Edición Oficial ha sido preparada por la Comisión Permanente de Códigos de la República de la Editorial Jurídica de Chile, presidida por el profesor don Juan Colombo Campbell e integrada además por los siguientes profesores: Enrique Barros Bourie Juan Colombo Campbell Ricardo Escobar Calderón Alfredo Etcheberry Orthusteguy Ana María García Barzelatto Rafael Gómez Balmaceda Héctor Humeres Noguer María Teresa Infante Caffi Cristían Maturana Miquel Arturo Prado Puga Domingo Valdés Prieto Paulino Varas Alfonso En representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Paula Recabarren Lewin
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