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La Prueba Ilícita en la Jurisprudencia de la Corte Suprema

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El enjuiciamiento sobre la licitud de la prueba es el enjuiciamiento del procedimiento mismo de investigación, únicamente que observado desde y en función de sus productos o frutos, es decir, a partir del resultado concreto y asible de la investigación -la prueba- retrospectivamente se controla todo el procedimiento que llevó a esa consecuencia.

El estudio de la prueba ilícita nos fuerza al del procedimiento, principalmente -mas no exclusivamente- de su etapa de investigación, y de las condiciones y requisitos para que sus actuaciones no afecten ilegítimamente derechos fundamentales.

Dada esa vastedad, la casuística sobre la prueba ilícita es literalmente infinita, por lo que ordenar y sistematizar todos los casos es una tarea inabordable e impracticable, y en verdad poco provechosa, pues diariamente surge una infracción distinta que escapa a las clasificaciones vigentes.

Útil en cambio resulta identificar criterios comunes que nuestra jurisprudencia ha delineado para censurar la prueba ilícita, distinguirla de la prueba irregular, definir sus efectos directos e indirectos, reconocer excepciones a estos últimos e identificar las distintas instancias y herramientas para reclamar su ineficacia.

Tal es este desarrollo y peso que tiene la prueba ilícita, que su estudio resulta hoy inexcusable para quien pretenda desempeñarse con propiedad en el sistema de justicia criminal, cualquiera sea el rol que en él cumpla, sobre todo si las discusiones sobre la licitud de las actuaciones de investigación y persecución, junto a las referentes a la valoración de los antecedentes y de la prueba -según la etapa del proceso-, superan con holgura a las de la aplicación del derecho penal sustantivo, que ha sido relegado a controversias aisladas y ocasionales.

Y es al trabajo cotidiano de operadores e intervinientes del proceso penal que esta investigación busca contribuir, esencialmente mediante la sistematización de los criterios seguidos por la Corte Suprema en materia de prueba ilícita y en otras conexas y circundantes a esta, expuestos en sus sentencias dictadas hasta junio del año 2022, de manera de entregar un conjunto estructurado que facilite el acceso y comprensión de dichos pronunciamientos.

La exposición y sistematización referida se acompaña de comentarios del autor, en los que luego de las explicaciones y conceptualizaciones obligatorias se efectúa un análisis crítico de la jurisprudencia revisada, resaltando sus aciertos y proponiendo otras interpretaciones cuando se discrepa de lo decidido, para lo cual acude y se apoya en la doctrina nacional y en el derecho comparado.

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Autor: Manuel Rodríguez Vega
Editorial: Rubicon Editores
Numero de Paginas: 379
Año de publicación: 2022

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NameLa Prueba Ilícita en la Jurisprudencia de la Corte Suprema removeLa Objeción de Conciencia Como Derecho Fundamental, Historia, Doctrina y Jurisprudencia removeCódigo Tributario 2022. Edición Oficial removeLa tutela judicial de los derechos fundamentales removeBreve Historia del Justo Precio desde la Antiguedad Hasta la Escolastica Tardia removeNorma General Antielusiva y Derechos del Constituyente – ¿Procedimiento Obligatorio para el Fisco? remove
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DescriptionAutor: Manuel Rodríguez Vega Editorial: Rubicon Editores Numero de Paginas: 379 Año de publicación: 2022Autor: Felipe Silva Urra Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 131 Año de publicación: 2022Autor:  Editorial Jurídica de Chile Editorial :Jurídica de Chile Año de Publicación  : 2022 Paginas :745Autor: Jorge Larroucau Torres Editorial : Der Año de Publicación  : 2022 Paginas :412Autor: Miguel Angel Sepulveda Comas Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 116 Año de publicación: 2022Autor: Jorge González Varas Editorial : EJS Año de Publicación  : 2022 Paginas :374
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El enjuiciamiento sobre la licitud de la prueba es el enjuiciamiento del procedimiento mismo de investigación, únicamente que observado desde y en función de sus productos o frutos, es decir, a partir del resultado concreto y asible de la investigación -la prueba- retrospectivamente se controla todo el procedimiento que llevó a esa consecuencia. El estudio de la prueba ilícita nos fuerza al del procedimiento, principalmente -mas no exclusivamente- de su etapa de investigación, y de las condiciones y requisitos para que sus actuaciones no afecten ilegítimamente derechos fundamentales. Dada esa vastedad, la casuística sobre la prueba ilícita es literalmente infinita, por lo que ordenar y sistematizar todos los casos es una tarea inabordable e impracticable, y en verdad poco provechosa, pues diariamente surge una infracción distinta que escapa a las clasificaciones vigentes. Útil en cambio resulta identificar criterios comunes que nuestra jurisprudencia ha delineado para censurar la prueba ilícita, distinguirla de la prueba irregular, definir sus efectos directos e indirectos, reconocer excepciones a estos últimos e identificar las distintas instancias y herramientas para reclamar su ineficacia. Tal es este desarrollo y peso que tiene la prueba ilícita, que su estudio resulta hoy inexcusable para quien pretenda desempeñarse con propiedad en el sistema de justicia criminal, cualquiera sea el rol que en él cumpla, sobre todo si las discusiones sobre la licitud de las actuaciones de investigación y persecución, junto a las referentes a la valoración de los antecedentes y de la prueba -según la etapa del proceso-, superan con holgura a las de la aplicación del derecho penal sustantivo, que ha sido relegado a controversias aisladas y ocasionales. Y es al trabajo cotidiano de operadores e intervinientes del proceso penal que esta investigación busca contribuir, esencialmente mediante la sistematización de los criterios seguidos por la Corte Suprema en materia de prueba ilícita y en otras conexas y circundantes a esta, expuestos en sus sentencias dictadas hasta junio del año 2022, de manera de entregar un conjunto estructurado que facilite el acceso y comprensión de dichos pronunciamientos. La exposición y sistematización referida se acompaña de comentarios del autor, en los que luego de las explicaciones y conceptualizaciones obligatorias se efectúa un análisis crítico de la jurisprudencia revisada, resaltando sus aciertos y proponiendo otras interpretaciones cuando se discrepa de lo decidido, para lo cual acude y se apoya en la doctrina nacional y en el derecho comparado.
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LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL Historia, doctrina y jurisprudencia La presente investigación tiene por objeto sistematizar la historia, doctrina y jurisprudencia sobre el derecho a la objeción de conciencia como un derecho fundamental del ser humano emanado del derecho a la libertad de conciencia. Se analiza desde diferentes perspectivas, ya que la objeción de conciencia es parte intrínseca del ser humano en su factor espiritual, moral, religioso, social, cultura, su papel en la historia y sobre todo en su relación con el derecho público, tanto internacional, a través de los diversos órganos y tratados internacionales de derechos humanos, como su desarrollo a nivel nacional (constitucional y administrativo) en un análisis de los más importantes órganos, instancias y jurisprudencia tanto judicial como administrativa. Se trata en definitiva, de una monografía destinada principalmente a estudiantes, académicos, como también una base doctrinal para la catedra de filosofía del derecho, derechos humanos o fundamentales y la catedra de libertad de conciencia.

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Trigésima quinta Edición Oficial. Aprobada por Decreto Exento Nº 1688, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Apéndice Actualizado al 31 de Agosto de 2022 Esta Edición Oficial ha sido preparada por la Comisión Permanente de Códigos de la República de la Editorial Jurídica de Chile, presidida por el profesor don Juan Colombo Campbell e integrada además por los siguientes profesores: Enrique Barros Bourie Juna Colombo Campbell Alfredo Etcheberry Orthusteguy Ana María García Barzelatto Rafael Gómez Balmaceda Héctor Humeres Noguer María Teresa Infante Caffi Cristían Maturana Miquel Arturo Prado Puga Domingo Valdés Prieto Paulino Varas Alfonso En representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Paula Recabarren Lewin   Editorial Jurídica de Chile
Indice La protección de los derechos fundamentales del artículo 20 de la Constitución de 1980, ha sido por más de cuarenta años una tutela judicial de urgencia que ha permitido amparar el ejercicio de los derechos de las personas. Esta obra describe en profundidad el sistema chileno de protección de los derechos fundamentales en materias civiles, destacándose por su enfoque práctico, dirigido a litigantes, jueces y a quienes deseen profundizar en esta materia, gracias al lenguaje claro y ameno con que se aborda cada tema. Se estudia el contenido y los alcances del juicio de protección dentro de la justicia civil chilena, y para ello su autor ha realizado un exhaustivo estudio jurisprudencial que analiza más de cuatro décadas de fallos de protección, desde 1977 a la fecha, permitiendo al lector observar una jurisprudencia en constante evolución y que ha incorporado elementos que dificultan definir a la protección de un modo preciso. Esto repercute directamente en uno de los asuntos centrales que se abordan en este libro: el ámbito de aplicación del juicio de protección y la manera en que se coordina con otros juicios y con las vías administrativas a disposición de las personasIndice Descripción La obra tiene como finalidad abordar la noción de justo precio como sustento doctrinal del mecanismo rescisorio de la lesión enorme en el contrato de compraventa, a través de un recorrido histórico con el fin de dilucidar el origen y sentido de la idea de justo precio, su configuración, transformaciones y proyecciones a lo largo de los siglos previos a la codificación liberal. La investigación es de suma relevancia, toda vez que sus implicancias no sólo son estrictamente jurídicas, pues la discusión sobre la justicia de los precios implica dialogar con la historia, la filosofía y la economía.La presente obra tiene por objeto principal presentar el fenómeno de las brechas que permiten la elusión tributaria y abordar analíticamente la utilidad de perseguirlas a través de la Norma General Anti-elusiva en cuanto es una de las formas que se utilizan para estrechar o suprimir las brechas ya mencionadas y sus efectos. El autor considera que, cuando pesa sobre un contribuyente la posibilidad de haber realizado actos constitutivos de elusión tributaria o de fraude tributario, surge la necesidad para el Fisco de indagar si existe o no existe elusión en la conducta desplegada por ese contribuyente. Son analizadas las nociones de ciudadano, ciudadanía, contribuyente, potestad tributaria, límites a la potestad tributaria, garantías de los contribuyentes, justo y racional procedimiento, normas anti-elusivas, formas de aplicación de las normas anti-elusivas en diferentes jurisdicciones, utilidad en los resultados de las mismas, interpretación de las normas jurídicas anti-elusivas reconociéndolas como normas jurídicas, lenguaje y verdad, bien común, gobernanza local, democracia, sociedad democrática, estado y derecho. Se detalla la necesidad de un procedimiento objetivo para la aplicación de las normas jurídicas anti-elusivas en que sean efectivamente respetadas las garantías del contribuyente u acatada la potestad tributaria del Estado. Solamente con un equilibrio de dichos factores las brechas elusivas podrán ser perseguidas con la eficacia que se requiere para mejorar los rendimientos tributarios. El texto considera que las normas jurídicas anti-elusivas requieren de conocimientos relevantes sobre las mismas tanto al momento de elaborarlas como a momento de interpretarlas y aplicarlas, motivo por el cual se efectúa el análisis del procedimiento y de las reglas de interpretación aplicables a las normas generales anti-elusivas por considerar esa revisión un antecedente ineludible en la estructura tributaria anti-elusiva. Así, son examinados los sistemas anti-elusivos de distintos países, tales como Brasil; Chile; Italia; Francia; España; Alemania; Inglaterra; Estados Unidos; Nueva Zelandia; Australia, entre otros. El tratamiento de aspectos doctrinarios; de derecho comparado; legales; sociales; jurisprudenciales y jurídicos en general constituyen uno de los aportes interesantes, si bien no el único, de la obra que se presenta. Finalmente se plantea que el respeto de la Potestad Tributaria y de las garantías de los contribuyentes requieren considerar que el Estado contemporáneo para poder cumplir sus fines debe estar construido sobre las bases de una sociedad democrática o, en otros términos, esos elementos deben ser contextualizados dentro de un Estado de Derecho, Democrático y Social que ampare el Bien Común, y que otorgue respuesta y satisfacción a los derechos de sus habitantes, sean o no contribuyentes, y con cargo a la contribución de las personas que tengan capacidad para ello, fundamentado en el principio de solidaridad y respetando la creatividad del ser humano. El autor espera contribuir al estudio de los medios jurídicos para perseguir la elusión tributaria en una perspectiva de modesto e intenso aporte.
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