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Los procedimientos especiales de contratación – bajo la ley De Compras públicas
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Gabriel Celis Danzinger. Es abogado, Doctor en Derecho por la Universidad de Talca. Magíster en Derecho con mención en Derecho Público por la Universidad de Chile; Master en Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha; Postítulo en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca; Curso de especialización sobre régimen anticorrupción en la Universidad Complutense de Madrid.
En su actividad universitaria se ha desempeñado como profesor de Derecho Político, Constitucional, Administrativo, Derecho Internacional Público, Derecho Ambiental y Filosofía del Derecho. En la actualidad es profesor de planta en la U. de Talca en las cátedras de Derecho Político, Constitucional y Administrativo. Es académico de postgrado en los siguientes magister: en Derecho con mención en Derecho Administrativo de la: Universidad de Talca; en Derecho Administrativo de la Universidad de Los Andes; en Derecho de la Universidad de Gates en Derecho con mención en Derecho Público de la Universidad de Atacama; en Derecho Público de la Universidad de central de Chile; en Derecho Público de la Universidad Finis Terrae; y en Derecho Público de la Universidad Santo Director de la Escuela de la Derecho de la Universidad de Talca; y profesor del Postítulo en Contratación Pública universidad de Chile.
Ha publicado diversos artículos académicos en revistas vinculadas al Derecho Público y autor de 38 libros, referidos a las diversas disciplinas que integran el Derecho Público, centrándose en materias de Derecho Administrativo.
Jorge Ortega Gutiérrez. AAbogado. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario. Máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha y Magíster en Derecho Público por la Universidad Finis Terrae.
Es miembro de la Asociación de Derecho Administrativo de Chile (ADAD) y de la Red Iberoamericana de Contratación Pública (REDICOP).
Ha ejercido como académico en la Universidad Andrés Bello, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Universidad Miguel de Cervantes y en la Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
Es autor de «La Autonomía Municipal» y coautor del «Manual de Convenio Marco» y del «Código de Contratación Administrativa» publicados por esta editorial.
Actualmente, se desempeña como Jefe de la Sección de Sanciones Contractuales en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
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Autores: Gabriel Celis Danzinger – Jorge Ortega Gutiérrez
Editorial: Hammurabi
Numero de Paginas: 233
Año de publicación: 2025
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| Settings | Los procedimientos especiales de contratación - bajo la ley De Compras públicas remove | Libre competencia y acuerdos de exclusividad remove | Procedimiento Concursal. Rechazo de la Solicitud de Liquidación Voluntaria en la Ley N° 20.720 remove | La Motivación. Principio General del Derecho Público remove | Ordenamiento Territorial Del Borde Costero remove | La Sentencia de Inconstitucionalidad remove |
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| Description | Autores: Gabriel Celis Danzinger – Jorge Ortega Gutiérrez Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 233 Año de publicación: 2025 | Autor: Cristóbal Lema Abarca Editorial: Editorial Hammurabi Numero de Paginas: 184 Año de publicación: 2022 | Autor: Ismael González Cerda Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 118 Año de publicación: 2022 | Autor: Alejandro Gómez Sotomayor Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 118 Año de publicación: 2022 | Autor: Natalia Rodríguez Donoso Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 100 Año de publicación: 2022 | Autor: Gonzalo Guerrero Valle Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 219 Año de publicación: 2022 |
| Content | INDICE Gabriel Celis Danzinger. Es abogado, Doctor en Derecho por la Universidad de Talca. Magíster en Derecho con mención en Derecho Público por la Universidad de Chile; Master en Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha; Postítulo en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca; Curso de especialización sobre régimen anticorrupción en la Universidad Complutense de Madrid. En su actividad universitaria se ha desempeñado como profesor de Derecho Político, Constitucional, Administrativo, Derecho Internacional Público, Derecho Ambiental y Filosofía del Derecho. En la actualidad es profesor de planta en la U. de Talca en las cátedras de Derecho Político, Constitucional y Administrativo. Es académico de postgrado en los siguientes magister: en Derecho con mención en Derecho Administrativo de la: Universidad de Talca; en Derecho Administrativo de la Universidad de Los Andes; en Derecho de la Universidad de Gates en Derecho con mención en Derecho Público de la Universidad de Atacama; en Derecho Público de la Universidad de central de Chile; en Derecho Público de la Universidad Finis Terrae; y en Derecho Público de la Universidad Santo Director de la Escuela de la Derecho de la Universidad de Talca; y profesor del Postítulo en Contratación Pública universidad de Chile. Ha publicado diversos artículos académicos en revistas vinculadas al Derecho Público y autor de 38 libros, referidos a las diversas disciplinas que integran el Derecho Público, centrándose en materias de Derecho Administrativo. Jorge Ortega Gutiérrez. AAbogado. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario. Máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha y Magíster en Derecho Público por la Universidad Finis Terrae. Es miembro de la Asociación de Derecho Administrativo de Chile (ADAD) y de la Red Iberoamericana de Contratación Pública (REDICOP). Ha ejercido como académico en la Universidad Andrés Bello, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Universidad Miguel de Cervantes y en la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Es autor de «La Autonomía Municipal» y coautor del «Manual de Convenio Marco» y del «Código de Contratación Administrativa» publicados por esta editorial. Actualmente, se desempeña como Jefe de la Sección de Sanciones Contractuales en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. | Indice Descripción Este estudio trata sobre los acuerdos de exclusividad, aquellos a través de los cuales se prohíbe a un comprador adquirir bienes o servicios de los competidores del vendedor exclusivo; fenómeno común que se observa principalmente en la cadena de distribución de bienes y, en menor medida, de servicios. Normalmente, la preocupación del derecho de la competencia respecto a este comportamiento es que las empresas dominantes pueden emplearlos para excluir anticompetitivamente a sus rivales. Además, se plantea que cuando los acuerdos de exclusividad son usados por todos o la mayoría de los agentes económicos de un mercado, estos también pueden relajar la competencia y propiciar una colusión en el mercado afectado y, en caso de que los acuerdos de exclusividad sean pactados con distribuidores, perjudicar o dificultar las elecciones de los consumidores. A pesar de lo anterior, esta práctica puede ser utilizada con propósitos procompetitivos, pues es comúnmente aceptado que los acuerdos de exclusividad permiten disminuir los costos de transacción de las partes involucradas o solucionar un eventual problema de cautividad y, si son parte de un contrato de distribución, eliminar un posible problema de parasitismo o fomentar la competencia por la distribución. Debido a que los acuerdos de exclusividad tienen el potencial para ocasionar efectos anticompetitivos y procompetitivos, se propone, en línea con parte de la jurisprudencia y doctrina comparada y con las decisiones más recientes de las autoridades de nuestro país, que estos se analicen conforme a la regla de la razón, test que correspondería aplicar sin importar el poder de mercado que detente el vendedor exclusivo. | Indice-Libro-PC-Rechazo Análisis jurisprudencial de sentencias dictadas entre el año 2015 y 2021 En esta obra, que se encuentra en el marco de realización de tesis de Magíster en Derecho Privado de la Universidad de Concepción durante el año 2021-2022, se analizan los factores más comunes que inciden en el juez concursal para rechazar una solicitud de liquidación voluntaria en la ley N.º 20.720. Esta probanza se realizará desde la óptica jurisprudencial, en su labor descriptiva, de sistematización y con un énfasis de sentencia lata, mediante la sistematización de 57 sentencias de primera, segunda instancia y de la Excelentísima Corte Suprema entre el año 2015 y 2021. Este análisis evidenciará la tendencia que siguen nuestros tribunales de justicia nacionales hacia la acreditación de insolvencia del deudor a través de los antecedentes exigidos en el artículo 115 y 273, de tal manera de rechazar una solicitud sino se acredita aquella, siendo insuficiente su sola confesión espontánea. Entre los factores se destacan: el tribunal al cual se presenta la solicitud, juicios pendientes y cantidad de juicios a considerarse, sala de la Corte Suprema y su conformación, entre otros. Sin duda, ayudará a los abogados y abogadas a revisar los criterios de nuestros tribunales de justicia al momento de presentar su solicitud de liquidación voluntaria y los fundamentos doctrinales y jurisprudenciales de éstos al momento de resolver por su negativa. Para el abogado que tramita procedimientos concursales, conocer los factores más comunes de rechazo de solicitudes de liquidación voluntaria constituye una herramienta fundamental para prever el éxito de la acción que pretende ejercitar. De ese modo, puede asesorar mejor a su cliente, podrá fundamentar adecuadamente la solicitud de liquidación y, en su caso, recurrir fundadamente contra la resolución que niega lugar a la solicitud. Desde el punto de vista dogmático, la respuesta es muy importante para juzgar la calidad y conveniencia práctica de la norma en vigor, de cara a futuros cambios legislativos. | Indice El autor hace un estudio pormenorizado de la motivación, como un principio general del Derecho Público, en tres clases de actos públicos; actos administrativos, actos judiciales y legislativos. La visión de la obra es particularista, estableciendo que estamos en presencia de un principio, un derecho y una obligación, por lo tanto, el ciudadano tiene la posibilidad de exigir su cumplimiento. El tema en la sociedad actual ha cobrado un redoblado interés. El derecho administrativo autoritario hoy no resiste los embates y exigencias de una sociedad empoderada que exige a sus autoridades transparentar, a cabalidad, los motivos de sus decisiones. Hemos pasado de una época en que la regla general era la no exteriorización de los fundamentos de los actos a otra en que la regla general es, por el contrario, la publicidad de dichos fundamentos. El autor llega a considerar a la motivación un verdadero y auténtico principio general del derecho público chileno. Pero, no sólo referido a los actos administrativos, sino a todos los actos de los órganos del Estado. La motivación, desde un punto de vista más técnico, ha devenido en un requisito esencial de los actos de la administración, cuya omisión compromete absolutamente la validez de tales actos. | Indice Descripción Problemas y desafíos a la luz de la normativa vigente La presente investigación aborda la regulación del borde costero del litoral chileno. Para esto se revisan las normas jurídicas vigentes, los principales instrumentos de planificación territorial y las zonas de protección especial. También se abordarán aspectos problemáticos, tales como la jerarquía e incompatibilidad entre normas, los procedimientos de participación ciudadana existentes, la superposición de organismos o estatutos jurídicos aplicables en un territorio determinado y la existencia de zonas costeras sin regulación. De esta forma, se pretende obtener una visión general de la regulación vigente, buscando un cierto grado de sistematicidad entre los mecanismos actuales de ordenación del territorio litoral y formas de generar mayor equilibrio entre las comunidades, ecosistemas, intereses privados y públicos, como una forma de contribuir al desarrollo armónico del país y a una mayor calidad de vida de sus habitantes. |
Indice
DescripciónAnálisis de su configuración a partir de la jurisprudencia del Tribunal ConstitucionalLa obra presenta un análisis general y completo de la sentencia de inconstitucionalidad del TC, examinando sus decisiones con el objeto de determinar el nivel de predictibilidad y fijeza que dicho tribunal entrega a sus decisiones en el tiempo. Lo anterior permite estudiar el comportamiento que ha tenido el Tribunal Constitucional en el tiempo, si aquel ha variado y cuáles son las razones que ha enarbolado para hacerlo. Aquello permite conocer el funcionamiento de esa magistratura y cómo aquel ha contribuido para profundizar el correcto desarrollo del sistema institucional, en aras a fortalecer el estado de derecho y la democracia. De esa forma, la obra analiza el valor de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional como precedente. En tal sentido se determina a quienes obliga, así como también cuál es la parte de aquella que tiene fuerza de precedente. Además, se estudia cómo la magistratura constitucional ha ido recurriendo a sus pronunciamientos anteriores citándolos como precedente. Por último, se finaliza la investigación indicando el valor que posee la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional dentro de las fuentes del Derecho, especificando sus efectos y su valor de cosa juzgada, para luego examinar los efectos de la sentencia en las personas, en el tiempo y en el espacio. |
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