Manual de Estudio Procedimiento Administrativo
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Esta obra se ordena según las materias contenidas en la Ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, revisando y analizando –en algunos aspectos, críticamente– dicha regulación.
En cada uno de sus acápites se procura dar especial énfasis en la revisión de los principales criterios jurisprudenciales que se han formulado en la materia, por sobre los aspectos puramente doctrinarios.
Se compone de un acápite introductorio en el cual se abordan diversos aspectos generales relativos a la actividad formal de la Administración del Estado, las fuentes y antecedentes de la Ley N°19.880, así como algunas referencias a la importancia del procedimiento y del acto administrativo en el derecho administrativo nacional.
Se revisan y analizan las disposiciones generales de la Ley N°19.880, dentro de lo cual destaca su ámbito de aplicación, el concepto de acto administrativo y algunos criterios de clasificación, así como los principios que rigen y ordenan el procedimiento administrativo en ella regulado.
Se examinan y analizan las normas básicas referentes al procedimiento administrativo, destacando su concepto legal, las disposiciones relativas al uso de medios electrónicos, la capacidad para actuar, la calidad de interesado y la constitución del poder, los plazos administrativos y sus reglas, finalizando con el estudio detallado de cada una de las etapas del procedimiento administrativo: iniciación, instrucción y finalización.
También se estudian las normas relativas a la comunicación del acto administrativo –notificación y publicación–, así como aquellas referidas a la ejecución de este.
Finalmente, se revisan y comentan las disposiciones que inciden en los mecanismos de revisión de los actos administrativos, tales como la invalidación, la revocación y los recursos administrativos de reposición, jerárquico y extraordinario de revisión.
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Autor: Alejandro Cárcamo Righetti
Editorial: EJS
Año de Publicación: 2022
Paginas :221
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| Description | Autor: Alejandro Cárcamo Righetti Editorial: EJS Año de Publicación: 2022 Paginas :221 | Autor: Juan Carlos Flores Rivas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 352 Año de publicación: 2021 |
Autor: Críspulo Marmolejo González
Editorial: Thomson Reuters
Numero de Paginas: 222
Año de publicación: 2019
| Autor: Juan Carlos Flores Rivas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 352 Año de publicación: 2021 | Autores: Rodrigo Silva Montes - María Oriana Martínez Lavín Editorial: EJS Numero de Paginas: 506 Año de publicación: 2022 | Autor: Gabriel Celis Danzinger Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 230 Año de publicación: 2022 |
| Content | Esta obra se ordena según las materias contenidas en la Ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, revisando y analizando –en algunos aspectos, críticamente– dicha regulación. En cada uno de sus acápites se procura dar especial énfasis en la revisión de los principales criterios jurisprudenciales que se han formulado en la materia, por sobre los aspectos puramente doctrinarios. Se compone de un acápite introductorio en el cual se abordan diversos aspectos generales relativos a la actividad formal de la Administración del Estado, las fuentes y antecedentes de la Ley N°19.880, así como algunas referencias a la importancia del procedimiento y del acto administrativo en el derecho administrativo nacional. Se revisan y analizan las disposiciones generales de la Ley N°19.880, dentro de lo cual destaca su ámbito de aplicación, el concepto de acto administrativo y algunos criterios de clasificación, así como los principios que rigen y ordenan el procedimiento administrativo en ella regulado. Se examinan y analizan las normas básicas referentes al procedimiento administrativo, destacando su concepto legal, las disposiciones relativas al uso de medios electrónicos, la capacidad para actuar, la calidad de interesado y la constitución del poder, los plazos administrativos y sus reglas, finalizando con el estudio detallado de cada una de las etapas del procedimiento administrativo: iniciación, instrucción y finalización. También se estudian las normas relativas a la comunicación del acto administrativo –notificación y publicación–, así como aquellas referidas a la ejecución de este. Finalmente, se revisan y comentan las disposiciones que inciden en los mecanismos de revisión de los actos administrativos, tales como la invalidación, la revocación y los recursos administrativos de reposición, jerárquico y extraordinario de revisión. | Abre el presente libro el capítulo I que recoge el artículo “Licitación pública: ¿Es el procedimiento ordinario de contratación administrativa?”. En este artículo se trata de contestar la interrogante de si la licitación pública es el procedimiento general para formar la voluntad contractual del Estado o si las causales de licitación privada o el trato directo son lo suficientemente amplias para que el Estado puede eximirse de la licitación pública. Se arriba a la conclusión de que algunas de las causales de trato directo, en la forma que se encuentran reguladas, son demasiado amplias y que deben ser revisadas para impedir que se sorteen la licitación sin una motivación suficiente. En el capítulo II se pasa revista a los principios de la licitación pública. En primer lugar, se analiza el principio de libre concurrencia de los oferentes, el sistema de registro de los oferentes para limitar las ofertas temerarias y seleccionar la oferta más conveniente. A su vez, se analizan las prácticas atentatorias de la libre concurrencia, extraídas de la práctica administrativa y de la jurisprudencia administrativa. En segundo lugar, revisamos el principio de igualdad de los oferentes tanto al momento de selección del contratista como durante la ejecución del contrato administrativo. Finalmente, se analiza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, sus límites y relación con otros principios de la licitación pública. En el capítulo III se analiza desde una visión crítica la inhabilidad regulada en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Se analizan cómo las nuevas exigencias derivadas de la contratación administrativa estratégica, mediante la cual el Estado incorpora elementos exógenos para satisfacer necesidades tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas licitantes o el respeto del medio ambiente, pueden generar impactos complejos en la contratación administrativa. En el capítulo IV relativo a las bases de licitación como medio de prueba en la litigación pública contractual, planteamos la tesis de que las bases de licitación no son el único medio de prueba válido para acreditar el sentido y alcance de las obligaciones contractuales, no obstante, su importancia. Esta tesis se funda en que generalmente la estructura y articulación de las bases de licitación es un rol que le corresponde íntegramente al Estado, que se puede convertir en un instrumento perverso para diagnosticar el cumplimiento o incumplimiento ocurrido durante la ejecución del contrato administrativo. En el capítulo V se estudia el principio de probidad administrativa en la fase de evaluación de ofertas de la licitación pública. Sustentamos que las licitaciones públicas deben regirse por el principio de buena fe, bajo la creencia objetiva de que sus miembros deben actuar con honradez y sujetos a una conducta recta, en el sentido de privilegiar el interés público sobre el privado al momento de seleccionar la oferta más conveniente para la satisfacción de la necesidad pública, quedando prohibida la incorporación de elementos o la omisión de requisitos no previstos ni en la ley ni en las bases de licitación, que puedan generar situaciones de privilegios entre los oferentes. En el capítulo VI se analiza el régimen jurídico que regula la contratación administrativa de las empresas públicas en nuestro Derecho Administrativo, en sus distintas etapas, a saber, licitación, ejecución y terminación. Específicamente, se analiza si los contratos suscritos por las distintas empresas públicas existentes en nuestro país se encuentran sometidas exclusivamente a “la legislación común aplicable a los particulares” o las empresas públicas en su actividad contractual deben respetar ciertas normas y principios del derecho administrativo, como cualquier órgano que integra la Administración Pública. El capítulo VII tiene por objeto analizar la tesis sustentada por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema, que afirman que las multas en los contratos administrativos ostentan la naturaleza de cláusulas penales de origen contractual, y cuya aplicación se canaliza a través de la simple ejecución de una cláusula contractual. |
Descripción
Este libro se construye a partir del supuesto que el más importante insumo conceptual de los estudios sobre regulación económica viene dado por el Análisis Económico del Derecho. Se busca explorar el contenido de la alianza entre el derecho y la regulación económica, a partir de la idea de que dicha interacción fortalece la libertad económica, como un valor relevante para la democracia y el progreso de los pueblos. Ambos enfoques -en conjunto- son necesarios y útiles para lograr ese objetivo último. Una necesaria integración de ambas disciplinas contribuye a maximizar el bienestar individual y el de la sociedad en su conjunto. Esta integración abona la necesidad de desmontar la argumentación de que las economías más libres y prósperas suelen vivir cada vez más apartadas del Derecho. Un entramado de normas y entidades que regulen razonablemente las actividades económicas y custodien la libre competencia necesariamente expanden los beneficios de una economía de mercado.
Este texto pretende probar que es necesaria una perspectiva teórica de comprensión del modelo de agencias reguladoras en Chile; que ésta debe fundamentarse en la aplicación de algunas categorías conceptuales del Análisis Económico del Derecho al Derecho Administrativo; y que esta nueva configuración puede fortalecer una mejora en la calidad regulatoria y la obtención de un mejor equilibrio entre eficiencia de los mercados y bienestar de usuarios y consumidores. Se busca plantear y dar solución a problemas jurídicos que nacen a partir de las diversas configuraciones de entidades supervisoras y reguladoras de mercados. Se exploran esos diversos modelos con el objeto de contrastarlos con el modelo de superintendencias chilenas, dominante en la actual estructura jurídico-administrativa chilena.
Para tales efectos, se recurre a la determinación de conceptos jurídicos y económicos, algunos de los cuales se encuentran presentes en informes de organismos internacionales como la OECD. Para probar que es necesaria una nueva configuración del modelo de agencias reguladoras en Chile, se analiza su situación actual, explorando el modelo y régimen legal de los principales órganos reguladores económicos. Para probar que esta nueva configuración debe fundamentarse en la aplicación de algunas categorías conceptuales del Análisis Económico del Derecho al Derecho Administrativo, se examinarán los conceptos fundamentales propuestos en esta investigación y se contrastarán con el modo de comprensión del Derecho Regulatorio en Estados Unidos y Europa.
Críspulo Marmolejo González
| Abre el presente libro el capítulo I que recoge el artículo “Licitación pública: ¿Es el procedimiento ordinario de contratación administrativa?”. En este artículo se trata de contestar la interrogante de si la licitación pública es el procedimiento general para formar la voluntad contractual del Estado o si las causales de licitación privada o el trato directo son lo suficientemente amplias para que el Estado puede eximirse de la licitación pública. Se arriba a la conclusión de que algunas de las causales de trato directo, en la forma que se encuentran reguladas, son demasiado amplias y que deben ser revisadas para impedir que se sorteen la licitación sin una motivación suficiente. En el capítulo II se pasa revista a los principios de la licitación pública. En primer lugar, se analiza el principio de libre concurrencia de los oferentes, el sistema de registro de los oferentes para limitar las ofertas temerarias y seleccionar la oferta más conveniente. A su vez, se analizan las prácticas atentatorias de la libre concurrencia, extraídas de la práctica administrativa y de la jurisprudencia administrativa. En segundo lugar, revisamos el principio de igualdad de los oferentes tanto al momento de selección del contratista como durante la ejecución del contrato administrativo. Finalmente, se analiza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, sus límites y relación con otros principios de la licitación pública. En el capítulo III se analiza desde una visión crítica la inhabilidad regulada en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Se analizan cómo las nuevas exigencias derivadas de la contratación administrativa estratégica, mediante la cual el Estado incorpora elementos exógenos para satisfacer necesidades tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas licitantes o el respeto del medio ambiente, pueden generar impactos complejos en la contratación administrativa. En el capítulo IV relativo a las bases de licitación como medio de prueba en la litigación pública contractual, planteamos la tesis de que las bases de licitación no son el único medio de prueba válido para acreditar el sentido y alcance de las obligaciones contractuales, no obstante, su importancia. Esta tesis se funda en que generalmente la estructura y articulación de las bases de licitación es un rol que le corresponde íntegramente al Estado, que se puede convertir en un instrumento perverso para diagnosticar el cumplimiento o incumplimiento ocurrido durante la ejecución del contrato administrativo. En el capítulo V se estudia el principio de probidad administrativa en la fase de evaluación de ofertas de la licitación pública. Sustentamos que las licitaciones públicas deben regirse por el principio de buena fe, bajo la creencia objetiva de que sus miembros deben actuar con honradez y sujetos a una conducta recta, en el sentido de privilegiar el interés público sobre el privado al momento de seleccionar la oferta más conveniente para la satisfacción de la necesidad pública, quedando prohibida la incorporación de elementos o la omisión de requisitos no previstos ni en la ley ni en las bases de licitación, que puedan generar situaciones de privilegios entre los oferentes. En el capítulo VI se analiza el régimen jurídico que regula la contratación administrativa de las empresas públicas en nuestro Derecho Administrativo, en sus distintas etapas, a saber, licitación, ejecución y terminación. Específicamente, se analiza si los contratos suscritos por las distintas empresas públicas existentes en nuestro país se encuentran sometidas exclusivamente a “la legislación común aplicable a los particulares” o las empresas públicas en su actividad contractual deben respetar ciertas normas y principios del derecho administrativo, como cualquier órgano que integra la Administración Pública. El capítulo VII tiene por objeto analizar la tesis sustentada por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema, que afirman que las multas en los contratos administrativos ostentan la naturaleza de cláusulas penales de origen contractual, y cuya aplicación se canaliza a través de la simple ejecución de una cláusula contractual. | Migrar, es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales, en consecuencia, el proceso de inmigración tiene dos aspectos fundamentales para las personas: Tomar la decisión de irse y elegir el lugar donde instalarse. Chile ha mantenido a través de su historia la atracción para personas que buscan nuevas oportunidades y que han entregado su aporte al desarrollo de la tierra que los acogió. El 20 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.325, denominada Ley de Migración y Extranjería. Se trata de un intento de legislación orgánica del tema; deroga varios cuerpos legales y modifica otros tantos. Nuestra legislación, y esta ley en particular (Título XIII), también se ocupa de los chilenos en el exterior | La presente investigación aborda uno de los capítulos tradicionales que integran el Derecho Administrativo, parte general, cual es, el procedimiento administrativo ordinario o general, como expresión de la actividad formal de la Administración del Estado, cuyo enfoque se sitúa en el contexto de nuestro ordenamiento jurídico interno, principalmente a partir de la Ley Nº 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos que regulan los actos de la Administración del Estado, así como la jurisprudencia –constitucional, judicial y administrativa– emitida con ocasión de la aplicación de dicho cuerpo legal, a casi 20 años de su entrada en vigencia, sin perjuicio de recurrir también a la doctrina jurídica nacional e internacional, como elemento de apoyo. Se trata de un curso destinado, por una parte, a los estudiantes de pregrado en la cátedra de Derecho Administrativo, sin perjuicio de que puede ser consultado también por aquellos profesionales que cursan estudios de postítulo o posgrado relativos a dicha disciplina, por lo que su utilización es factible, tanto desde la perspectiva del pregrado como del posgrado. Por otra parte, el texto pretende ser de utilidad para todos aquellos abogados, administradores públicos y demás profesionales que se desempeñan dentro de los cuadros orgánicos que integran la Administración y que deban instruir procedimientos administrativos, cualquiera sea su naturaleza –generales o especiales, reglados o simplificados, etcétera–. Lo anterior adquiere relevancia, atendido el carácter de “supletorio” o “común” que caracteriza al procedimiento administrativo ordinario o general regulado en la indicada Ley Nº 19.880, en cuyo examen hemos incorporado también el análisis de la reforma digital introducida por la Ley Nº 21.180, texto legal que a la fecha no ha sido objeto de estudio alguno por nuestra doctrina, y que a contar de junio de 2022 ha entrado en vigencia parcial y diferida, pero que sucesiva y gradualmente irá siendo implementado en la totalidad de los Servicios Públicos. En cuanto a la estructura del manual, el primer capítulo, denominado “introducción al procedimiento administrativo” aborda los fundamentos de la actividad administrativa formal, que comprende concepto, fundamentación, características, clasificaciones y funciones del procedimiento administrativo, a los principios jurídicos aplicables y los derechos de las personas frente a la Administración, vale decir, lo denominada teoría o parte general del procedimiento administrativo. El capítulo segundo se aboca al análisis de la estructura del procedimiento administrativo general, el cual abarca las normas comunes a todo procedimiento, las etapas del procedimiento administrativo general, el silencio administrativo y los recursos administrativos. En definitiva, se trata de un texto pedagógico de estudio, cuyo índice temático se ajusta a los programas universitarios definidos para dicha materia por las Facultades de Derecho y Ciencias Jurídicas, y que, por tanto, privilegia el enfoque didáctico y sistemático sobre la materia, desde la perspectiva de la asignatura de Derecho Administrativo impartida –como curso de pregrado–, en la carrera de Derecho, pero que también pretende cubrir un vacío teórico-práctico en nuestra doctrina y con ello servir de orientación práctica y forense en el ámbito de los operadores jurídicos de los numerosos y diversos procedimientos administrativos que día a día se tramitan al interior de la Administración Pública. Autor: Gabriel Celis Danzinger Thomson Reuters ÍNDICE Presentación CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SECCIÓN I LA ACTIVIDAD FORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO El procedimiento administrativo como actividad formal de la Administración del Estado I. El procedimiento administrativo Concepto de procedimiento administrativo Bases constitucionales del procedimiento administrativo Características del procedimiento administrativo Clasificación de los procedimientos administrativos A. De acuerdo con su impulso B. En atención a su independencia C. En atención al número de interesados en el procedimiento D. En atención a los sujetos que intervienen E. Procedimiento administrativo general y procedimientos administrativos especiales F. En atención al grado de regulación del procedimiento Funciones del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo general Generalidades Ámbito de aplicación material de la ley de bases de los procedimientos administrativos Ámbito de aplicación subjetivo de la ley de bases de los procedimientos administrativos Organismos excluidos de la aplicación de la Ley Nº 19.880 Exclusión de la aplicación de la Ley Nº 19.880 del trámite de toma de razón SECCIÓN II LOS PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO I. Generalidades Función interpretativa y vigencia normativa de los principios del procedimiento administrativo II. Los principios del procedimiento administrativo: análisis en particular Enumeración de los principios generales del procedimiento administrativo 1. Principio de escrituración La escrituración del procedimiento y de los actos administrativos Excepción al principio de escrituración 2. Principio de gratuidad La gratuidad de la función pública en el procedimiento Excepciones al principio de gratuidad Infracción al principio de gratuidad: la aceptación de donativos, ventajas o privilegios 3. Principios de impulsión de oficio y de celeridad Oficiosidad y celeridad del procedimiento La oficiosidad y celeridad se extienden a las diversas fases del procedimiento Orden de despacho de los expedientes originados a solicitud de interesados Infracciones a los principios de impulsión de oficio y de celeridad 4. Principio conclusivo Principio in dubio pro acto Infracciones al principio conclusivo 5. Principio de economía procedimental Economía procedimental. Principios y normas procedimentales destinadas a concretar la economía procedimental Principio de concentración del procedimiento Comunicación del plazo establecido y demás menciones que indica la Ley Nº 19.880 al órgano requerido de algún trámite Principio de insuspensibilidad del procedimiento Otras aplicaciones normativas de la economía procedimental Infracción al principio de economía procedimental. Contravención del deber de eficiencia 6. Principio de contradictoriedad Principio de la contradicción El derecho a defensa material El derecho a defensa técnica Obligación de adoptar medidas para el cumplimiento de los principios de contradicción e igualdad 7. Principio de imparcialidad La imparcialidad como exigencia de la interdicción de la arbitrariedad y de la probidad. Análisis Infracción al principio de imparcialidad: la participación en decisiones en que falte imparcialidad La fundamentación de los actos A. Actos que afecten los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio B. Actos que resuelvan recursos administrativos C. Actos que se dicten reconociendo el término del procedimiento por una causal extraordinaria, distinta de la resolución final D. La resolución final, es decir, los actos de decisión material 8. Principio de abstención El principio de abstención como concreción del principio de imparcialidad Infracción al principio de abstención Inhabilitación de los funcionarios por falta de imparcialidad Abstención por propia iniciativa del funcionario Incidente de recusación promovido por el interesado 9. Principio de la no formalización Principio de informalidad procedimental. Análisis Principio de juridicidad y principio de no formalización Aplicaciones normativas de la no formalización Principio de conservación del acto administrativo El principio de trascendencia procedimental El principio de subsanación: la convalidación y la conversión del acto administrativo El principio de los actos separables 10. Principio de inexcusabilidad La inexcusabilidad administrativa La inexcusabilidad formal: regla de competencia La inexcusabilidad material Resolución de inadmisibilidad de una solicitud y rechazo de plano Excepciones al principio de inexcusabilidad material Diferencias entre el principio conclusivo y el principio de inexcusabilidad 11. Principio de impugnabilidad La impugnabilidad de los actos administrativos Procedencia del principio de impugnabilidad Medios de impugnación de los actos administrativos Excepciones al principio de impugnabilidad Inimpugnabilidad de los actos trámite Los actos de reemplazo Infracción al principio de impugnabilidad 12. Principios de transparencia y de publicidad Transparencia y publicidad administrativa Restricciones de la transparencia y publicidad 13. Principios generales relativos a los medios electrónicos Enumeración de los principios generales relativos a los medios electrónicos 13.1. Principio de neutralidad tecnológica 13.2. Principio de actualización 13.3. Principio de equivalencia funcional 13.4. Principio de fidelidad 13.5. Principio de interoperabilidad 13.6. Principio de cooperación SECCIÓN III LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN I. Generalidades Naturaleza jurídica de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración II. Los derechos de las personas: análisis en particular Enumeración de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración 1. Conocer el estado de tramitación de los procedimientos. Obtener copia y devolución de los originales 2. Identificar a las autoridades y al personal 3. Acompañar documentos electrónicos 4. Eximirse de presentar documentos 5. Acceder a los actos administrativos y sus documentos 6. Ser tratados con respeto y deferencia 7. Formular alegaciones y aportar documentos 8. Exigir responsabilidades de la administración y del personal 9. Obtener información acerca de requisitos jurídicos o técnicos 10. Otros derechos reconocidos en la constitución y las leyes CAPÍTULO II EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL DE LA LEY N° 19.880 SECCIÓN I ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SECCIÓN I-A GENERALIDADES El procedimiento administrativo ordinario Enumeración de las etapas del procedimiento administrativo SECCIÓN I-B NORMAS COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO I. Generalidades Enumeración de las disposiciones comunes a las etapas del procedimiento administrativo II. Análisis de las normas comunes a las etapas de todo procedimiento administrativo 1. Los sujetos del procedimiento 1.1. La Administración del Estado 1.2. Los interesados 1.2.1. Capacidad para actuar como interesado 1.2.2. Tipos de interesados 1.2.3. Los apoderados 2. Los plazos del procedimiento Concepto de plazo administrativo Características de los plazos administrativos Naturaleza de los plazos del procedimiento administrativo Cómputo de los plazos del procedimiento administrativo Plazos internos del procedimiento administrativo Plazo máximo de sustanciación del procedimiento administrativo Ampliación de los plazos del procedimiento administrativo Reducción de los plazos del procedimiento administrativo: el procedimiento de urgencia 3. El expediente administrativo Noción de expediente administrativo Contenido del expediente administrativo Ingreso de las solicitudes, formularios o documentos al expediente electrónico Debe llevarse un registro actualizado de las actuaciones al que tendrán acceso los interesados Uso obligatorio de plataformas electrónicas Remisión de documentos e información 4. Las medidas provisionales Concepto de medidas provisionales Características de las medidas provisionales Clasificación de las medidas provisionales 4.1. Medidas provisionales una vez iniciado el procedimiento 4.2. Medidas provisionales previas al procedimiento 4.3. Normas comunes a las medidas provisionales 5. Los incidentes administrativos 5.1. Generalidades 5.2. La acumulación o desacumulación de procedimientos 6. La comunicación de los actos administrativos 6.1. Generalidades 6.2. Formas de comunicación de los actos 6.2.1. La publicación 6.2.2. Las notificaciones SECCIÓN I-C ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL I. Etapa de iniciación del procedimiento La etapa de iniciación y los principios de oficiosidad e inexcusabilidad Modalidades de inicio del procedimiento 1. Inicio de oficio 2. Inicio a solicitud del interesado II. Etapa de instrucción del procedimiento 1. Los actos de instrucción 2. La prueba en la fase instrucción 2.1. El peso de la prueba 2.2. Los medios de prueba y su valoración 2.3. El término probatorio 2.4. La rendición de la prueba 2.5. Los informes 2.6. Período de información pública III. Etapa de finalización del procedimiento La etapa de finalización y el principio conclusivo Concepto de causales de conclusión del procedimiento Enumeración de las causales de conclusión del procedimiento Clasificación de las causales de conclusión del procedimiento Se requiere un acto que deje constancia de los motivos de la finalización 1. Causal natural la resolución final La decisión material o resolución final Cuestiones conexas a la resolución final Contenido de la resolución final Plazo para dictar la resolución final La inexcusabilidad material La aceptación de informes o dictámenes sirve de motivación a la resolución final terminal Límites materiales de la resolución final 2. Causales anormales Generalidades Enumeración de las causales anormales de finalización del procedimiento 2.1. El desistimiento de la solicitud 2.2. La renuncia del derecho 2.3. El abandono del procedimiento 2.4. La imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevinientes 2.5. Otras causales anormales de término del procedimiento IV. Fases adicionales del procedimiento SECCIÓN I-D EL SILENCIO ADMINISTRATIVO I. Generalidades El silencio administrativo como consecuencia de la inactividad de la Administración Concepto de silencio administrativo Bases constitucionales y normativas del silencio administrativo Regulación del silencio administrativo en nuestro ordenamiento jurídico Características del silencio administrativo Requisitos del silencio administrativo Efectos del silencio administrativo II. Modalidades del silencio administrativo Clasificación del silencio administrativo 1. El silencio positivo Concepto de silencio positivo Requisitos del silencio positivo Límites al silencio positivo Certificación del silencio positivo 2. El silencio negativo Concepto de silencio negativo Requisitos del silencio negativo Certificación del silencio negativo Diferencias entre el silencio positivo y el silencio negativo SECCIÓN II LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS I. Generalidades Los medios de impugnación de los actos administrativos Los recursos administrativos como medio de impugnación de los actos y fase impugnatoria del procedimiento administrativo Concepto de recurso administrativo Fundamento de los recursos administrativos Naturaleza jurídica de los recursos administrativos Características de los recursos administrativos Clasificación de los recursos administrativos Diferencias entre los recursos administrativos y la invalidación II. Régimen de recursos administrativos Enumeración de los recursos administrativos 1. El recurso de reposición 1.1. Generalidades 1.2. Procedimiento 2. El recurso jerárquico 2.1. Generalidades 2.2. Procedimiento 3. El recurso de revisión 3.1. Generalidades 3.2. Procedimiento 4. El recurso de aclaración o rectificación 4.1. Generalidades 4.2. Procedimiento 5. Normas comunes a los recursos administrativos 5.1. Motivación de los actos que resuelven recursos administrativos 5.2. Orden de prelación de los medios de impugnación de los actos administrativos 5.3. Notificación a los demás interesados sobre la interposición de los recursos administrativos 5.4. Corrección de vicios procedimentales en la fase de recursos 5.5. Principio de no suspensión del procedimiento 5.6. Publicidad de los actos que acogen recursos administrativos |
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