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Manual de Responsabilidad de los Establecimientos Educacionales, Civil, Penal, Administrativa

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reseña:

Este trabajo explica los distintos tipos de responsabilidades que la legislación establece en relación con los profesionales de la educación que ejercen funciones en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado en relación con los hechos que afecten a los niños, niñas y adolescentes alumnos de dichos establecimientos educacionales, en función de los deberes de cuidado, vigilancia y protección que como Garantes de los Derechos de sus alumnos les corresponden.
Se  analizan las “Obligaciones Legales”, es decir, las disposiciones establecidas en distintos cuerpos normativos, que imponen comportamientos obligatorios a quienes ejercen como profesionales de la educación dentro de una determinada Comunidad Educativa; y las “Responsabilidades”, es decir, las consecuencias jurídicas que trae aparejado el incumplimiento de obligaciones legales, en el ámbito civil, penal, administrativo o contractual-profesional, considerando la normativa legal vigente sobre los Derechos del Niño, especialmente en al ámbito proteccional.
Las obligaciones y responsabilidades de los profesionales de la educación adquieren aún más relevancia institucional con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.430 que obliga a los distintos Órganos de la Administración del Estado, dentro de sus competencias, a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siendo así también los establecimientos educacionales institucionalmente Garantes de Derechos de sus alumnos, y en tal contexto responsables de otorgar garantía y protección integral que posibilite el ejercicio efectivo y goce pleno de los derechos de NNA, en especial los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.
La sistematización y el lenguaje que se utiliza en este trabajo sirva como material de consulta, tanto para profesionales que se desenvuelvan en el ámbito jurídico, como para quienes no, pero que están obligados, o en la necesidad de conocer las materias aquí tratadas, como profesores, directores, orientadores, padres, madres, apoderados, profesionales dedicados al tema de infancia, y el público en general.

 

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Autores: Francia Castro Burgos
Editorial: Metropolitana
Numero de Paginas: 917
Año de publicación: 2024

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NameManual de Responsabilidad de los Establecimientos Educacionales, Civil, Penal, Administrativa removeLa Sentencia de Inconstitucionalidad removeNueva Constitución y Proceso Constituyente removePrivacidad y Protección de Datos Personales. Jurisprudencia Seleccionada y Comentada removeProtección de la Identidad de Género. Perspectivas Internacional y Nacional remove(IN) Admisibilidad, Iniciativa Exclusiva y Presupuesto Público remove
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DescriptionAutores: Francia Castro Burgos Editorial: Metropolitana Numero de Paginas: 917 Año de publicación: 2024Autor: Gonzalo Guerrero Valle Editorial: Hammurabi Año de Publicación: 2022 Paginas :218Autor: Jaime Gajardo Falcón, director Editorial: Rubicón Editores Numero de Paginas: 178 Año de publicación: 2022Autor: Pablo Contreras Vásquez, Michelle Bordachar Benoit, Editorial: Ediciones DER Numero de Paginas: 230 Año de publicación: 2022Autor: Ximena Gauché Marchetti Editorial: Der Ediciones Numero de Paginas: 154 Año de publicación: 2022Autor: Francisco Picón Gutiérrez Editorial : Hammurabi Año de Publicación : 2022 Paginas :115
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reseña:
Este trabajo explica los distintos tipos de responsabilidades que la legislación establece en relación con los profesionales de la educación que ejercen funciones en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado en relación con los hechos que afecten a los niños, niñas y adolescentes alumnos de dichos establecimientos educacionales, en función de los deberes de cuidado, vigilancia y protección que como Garantes de los Derechos de sus alumnos les corresponden. Se  analizan las “Obligaciones Legales”, es decir, las disposiciones establecidas en distintos cuerpos normativos, que imponen comportamientos obligatorios a quienes ejercen como profesionales de la educación dentro de una determinada Comunidad Educativa; y las “Responsabilidades”, es decir, las consecuencias jurídicas que trae aparejado el incumplimiento de obligaciones legales, en el ámbito civil, penal, administrativo o contractual-profesional, considerando la normativa legal vigente sobre los Derechos del Niño, especialmente en al ámbito proteccional. Las obligaciones y responsabilidades de los profesionales de la educación adquieren aún más relevancia institucional con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.430 que obliga a los distintos Órganos de la Administración del Estado, dentro de sus competencias, a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siendo así también los establecimientos educacionales institucionalmente Garantes de Derechos de sus alumnos, y en tal contexto responsables de otorgar garantía y protección integral que posibilite el ejercicio efectivo y goce pleno de los derechos de NNA, en especial los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes. La sistematización y el lenguaje que se utiliza en este trabajo sirva como material de consulta, tanto para profesionales que se desenvuelvan en el ámbito jurídico, como para quienes no, pero que están obligados, o en la necesidad de conocer las materias aquí tratadas, como profesores, directores, orientadores, padres, madres, apoderados, profesionales dedicados al tema de infancia, y el público en general.
 
LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD Análisis de su configuración a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional La obra presenta un análisis general y completo de la sentencia de inconstitucionalidad del TC, examinando sus decisiones con el objeto de determinar el nivel de predictibilidad y fijeza que dicho tribunal entrega a sus decisiones en el tiempo. Lo anterior permite estudiar el comportamiento que ha tenido el Tribunal Constitucional en el tiempo, si aquel ha variado y cuáles son las razones que ha enarbolado para hacerlo. Aquello permite conocer el funcionamiento de esa magistratura y cómo aquel ha contribuido para profundizar el correcto desarrollo del sistema institucional, en aras a fortalecer el estado de derecho y la democracia. De esa forma, la obra analiza el valor de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional como precedente. En tal sentido se determina a quienes obliga, así como también cuál es la parte de aquella que tiene fuerza de precedente. Además, se estudia cómo la magistratura constitucional ha ido recurriendo a sus pronunciamientos anteriores citándolos como precedente. Por último, se finaliza la investigación indicando el valor que posee la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional dentro de las fuentes del Derecho, especificando sus efectos y su valor de cosa juzgada, para luego examinar los efectos de la sentencia en las personas, en el tiempo y en el espacio. INDICE CAPÍTULO I EL CONFLICTO CONSTITUCIONAL I. El Tribunal Constitucional II. El juicio de constitucionalidad y su vinculación con la interpretación constitucional CAPÍTULO II LA NATURALEZA DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD I. Posiciones doctrinarias respecto de la naturaleza de la sentencia de inconstitucionalidad a. La naturaleza anulatoria de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional b. La naturaleza de nulidad de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional c. La naturaleza derogatoria de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional II. La concepción de la Constitución Política acerca de la naturaleza de la sentencia de inconstitucionalidad a. El artículo 93 No 7 b. El artículo 93 No 16 c. El artículo 94 d. ¿Efectos constitutivos o declarativos de inconstitucionalidad? e. La presunción de constitucionalidad de los actos de los órganos del Estado III. La concepción del Tribunal Constitucional acerca de la naturaleza de su sentencia de inconstitucionalidad a. Artículo 93 N° 7 i. No puede haber declaración de inconstitucionalidad sin previa declaración de inaplicabilidad por parte del Tribunal Constitucional ii. La inaplicabilidad no provoca necesariamente la inconstitucionalidad iii. La declaración de inaplicabilidad no obliga al Tribunal Constitucional a ejercitar la acción de inconstitucionalidad iv. La declaración de inconstitucionalidad solo puede referirse al ámbito previamente declarado inaplicable por el propio Tribunal Constitucional v. Presupuestos procesales de la acción de inconstitucionalidad vi. Particularidades de la declaración de inconstitucionalidad vii. La declaración de inconstitucionalidad es el último recurso para asegurar la supremacía constitucional viii. La declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal se funda en los principios de supremacía constitucional, concentración de justicia constitucional, igualdad ante la ley y certeza jurídica ix. La declaración de inconstitucionalidad refleja el respeto hacia el legislador y es garantía del Estado de Derecho x. El Tribunal Constitucional debe buscar interpretaciones que armonicen el sentido del precepto impugnado con la Carta Fundamental xi. Solo cabe declarar la inconstitucionalidad de preceptos legales manifiestamente incompatibles con la Constitución xii. La declaración de inconstitucionalidad conlleva un grado de inseguridad jurídica xiii. Si la declaración de inconstitucionalidad genera efectos más nocivos de los provocados por la propia inconstitucionalidad, será preferible abstenerse de declarar la inconstitucionalidad xiv. Objetivo de la sentencia de inconstitucionalidad xv. Sentido de la declaración de inconstitucionalidad xvi. Efectos de la declaración de inconstitucionalidad xvii. Efectos de la declaración de inconstitucionalidad en los procesos de inaplicabilidad que conoce el Tribunal Constitucional xviii. La declaración de inconstitucionalidad exige que el juez constitucional pondere los efectos de la expulsión del precepto legal del ordenamiento jurídico xix. La declaración de inconstitucionalidad es independiente al examen de inaplicabilidad realizado por el juez constitucional xx. El precepto legal es una unidad de lenguaje que se basta a sí misma b. Artículo 93 Nº 16 i. La declaración de inconstitucionalidad de decretos supremos es una nulidad ii. El vicio de nulidad debe estar incorporado al momento de la dicta-ción de acto impugnado iii. La declaración de inconstitucionalidad de un decreto supremo lo deja sin efecto de pleno derecho iv. La declaración de inconstitucionalidad de un decreto supremo no es un juicio de constitucionalidad de una ley v. El control de constitucionalidad realizado sobre los decretos supre-mos por parte del TC es amplio vi. El examen de constitucionalidad de un decreto supremo realizado por el TC se extiende sobre aspectos formales como sustantivos vii. La sentencia sobre la constitucionalidad de un decreto supremo dictada por el TC tiene efectos erga omnes viii. El examen de constitucionalidad de un decreto supremo no puede extenderse a vicios de legalidad del mismo c. Artículo 94 i. La declaración de inconstitucionalidad posee efectos erga omnes ii. La declaración de inconstitucionalidad no posee efectos retroactivos iii. Las sentencias de inaplicabilidad e inconstitucionalidad tienen y producen efectos diversos iv. La declaración de inconstitucionalidad es una cuestión de distinta naturaleza que la derogación v. Término de vigencia de la ley como consecuencia de una declaración de inconstitucionalidad IV. Conclusiones particulares CAPÍTULO III EL VALOR DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I. El valor jurídico de la sentencia de inconstitucionalidad como precedente a. Requisitos para considerar que se está en presencia de un precedente b. Sujetos obligados por la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional c. Partes de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional que constituyen precedente d. Posibilidad del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto o modificar su propio precedente e. Principios del ordenamiento jurídico que se ven favorecidos por la aplicación del precedente por parte del Tribunal Constitucional i. La aplicación del precedente y el principio de igualdad ii. El precedente y la aplicación del principio de la buena fe iii. El precedente y la seguridad jurídica iv. El precedente del Tribunal Constitucional y el principio de con-fianza legítima de los particulares II. La aplicación por parte del Tribunal Constitucional de sus decisiones anteriores como precedentes constitucionales a. Precedentes en torno a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 93 Nº 7 i. Sentencia Rol Nº 681 (2007), recaída sobre el artículo 116 del Código Tributario ii. Sentencia Rol Nº 590 (2007), recaída sobre el inciso 3º del artículo 416 del Código Procesal Penal iii. Sentencia Rol Nº 1.173 (2009), recaída sobre el inciso 3º del artículo 474 del Código del Trabajo iv. Sentencia Rol Nº 1.345 (2009), recaída sobre el inciso 1º del artículo 171 del Código Sanitario v. Sentencia Rol Nº 1.254 (2009), recaída sobre el artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales vi. Sentencia Rol Nº 1.710 (2010), recaída sobre el artículo 38 ter de la Ley Nº 18.933 vii. Sentencia Rol Nº 2.081 (2013), recaída sobre el artículo 206 del Código Civil viii. Sentencia Rol Nº 6.597 (2019), respecto del inciso segundo del artículo 126 del Código Sanitario ix. Sentencia Rol Nº 4.966 (2020), respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216 x. Sentencia Rol Nº 12.305 (2022), respecto del numeral 3° del artículo 299 del Código de Justicia Militar xi. Sentencia Rol Nº 12.345 (2022), respecto del artículo 2° del Decreto Ley N° 3.643, de 1981, y del artículo 4° del Decreto Ley N° 2.067, de 1977 xii. Sentencia Rol Nº 12.415 (2022), en relación de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 16.441, que crea el Departamento de Isla de Pascua b. Precedentes en torno a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 93 Nº 16 i. Sentencia Rol Nº 124 (1991), recaída sobre el decreto supremo Nº 143, de 31 de enero de 1991, del Ministerio de Justicia ii. Sentencia Rol Nº 146 (1992), recaída sobre el decreto supremo Nº 357, 19 de febrero de 1992, del Ministerio de Obras Públicas iii. Sentencia Rol Nº 245 (1996), recaída sobre el decreto supremo Nº 1, de 6 de agosto de 1996, del Ministerio de Bienes Nacionales iv. Sentencia Rol Nº 254 (1997), recaída sobre el decreto supremo Nº 1.679, de 31 de diciembre de 1996, del Ministerio de Hacienda v. Sentencia Rol Nº 282 (1999), recaída sobre el decreto supremo Nº 1.412, de 21 de agosto de 1998, del Ministerio de Relaciones Exteriores vi. Sentencia Rol Nº 325 (2002), recaída sobre el decreto supremo Nº 20, de 22 de enero de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia vii. Sentencia Rol Nº 370 (2003), recaída sobre el decreto supremo Nº 1, de 8 de enero de 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanis-mo viii. Sentencia Rol Nº 373 (2003), recaída sobre el decreto supremo Nº 66, de 27 de febrero de 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ix. Sentencia Rol Nº 388 (2003), recaída sobre los numerales 2º y 18º del artículo único del decreto supremo Nº 56, de 29 de abril de 2003, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones x. Sentencia Rol Nº 465 (2006), recaída sobre los literales e), f ), g), i), k) y r) del artículo único del decreto supremo Nº 181, de 16 de diciembre de 2005, del Ministerio de Educación xi. Sentencia Rol Nº 591 (2007), recaída sobre la Resolución Exenta Nº 582, de 1º de septiembre de 2006, del Ministerio de Salud xii. Sentencia Rol Nº 740 (2008), recaída sobre el decreto supremo Nº 48, de 3 de febrero de 2007, del Ministerio de Salud xiii. Sentencia Rol Nº 1.035 (2008), recaída sobre los Decretos Supremos que “revisten la forma de unos oficios” y del decreto supremo Nº 1.797, todos de 3 de enero de 2008, del Ministerio de Hacienda .162 xiv. Sentencia Rol Nº 1.153 (2008), recaída sobre los decretos supremos Nº 45 y 46, ambos del Ministerio de Hacienda, de 16 de mayo de 2008 y de 20 de mayo de 2008, respectivamente, y del decreto supremo Nº 583, de 21 de abril de 2008, del Ministerio de Hacienda xv. Sentencia Rol Nº 1.849 (2011), recaída sobre el decreto supremo Nº 264, de 6 de octubre de 2010, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones xvi. Sentencia Rol Nº 4.757 (2018), recaída sobre el decreto supremo Nº 776, de 9 de abril de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública xvii. Sentencia Rol Nº 5.572 (2019), recaída sobre el decreto supremo Nº 67, de 23 de octubre de 2018, del Ministerio de Salud III. El posicionamiento de la sentencia de inconstitucionalidad dentro del sistema de fuentes del Derecho IV. Conclusiones particulares CAPÍTULO IV LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I. Efectos de cosa juzgada de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional II. Efectos de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional en relación a los sujetos obligados a su acatamiento III. Efectos de la sentencia de inconstitucionalidad en el tiempo a. Efectos sobre situaciones jurídicas consolidadas b. Efectos sobre derechos adquiridos c. Efectos sobre potestades d. Efectos sobre actos jurídicos e. Efectos sobre procedimientos pendientes f. Efectos sobre sentencias ejecutoriadas con autoridad de cosa juzgada IV. Efectos de la sentencia de inconstitucionalidad en el espacio V. Conclusiones particulares Conclusiones Generales de la InvestigaciónIndice Descripción Razones, Organización del proceso y Sujetos Constituyentes El 18 de octubre de 2019 Chile comenzó lo que hemos caracterizado como una ruptura constituyente, la cual dio origen al proceso de cambio constitucional actualmente en curso. En este marco, el 25 de octubre pasado se realizó un plebiscito en el que, a pesar de la crisis sanitaria, participó más del 50% de la ciudadanía, de los cuales el 78,2% se manifestó a favor de una Nueva Constitución para Chile, y el 79% expresó que ésta debe ser redactada por un órgano integrado por personas especialmente elegidas para tal efecto “Convención Constitucional”). Este proceso es inédito en nuestra historia y tiene características que lo hacen de especial interés para el constitucionalismo mundial. Es por ello que, con el propósito de contribuir al debate político, Editorial Rubicón organizó un simposio realizado los días 2 y 3 de julio de 2020, en el cual se reunieron profesionales de distintas disciplinas con el propósito de reflexionar en torno a tres ejes: (i) razones de la ruptura constituyente; (ii) proceso constituyente, perspectivas y límites, y (iii) inclusión y nuevos sujetos políticos constituyentes. El resultado de esta actividad son los artículos aquí reunidos, los cuales buscan poner a disposición de una amplia gama de lectores, distintas visiones y perspectivas del proceso, aportando una visión interdisciplinaria del mismo.
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Descripción
Privacidad y protección de datos personales son dos derechos que surgen en respuesta a los nuevos desafíos planteados por el desarrollo de los medios de comunicación y los avances de la tecnología. Ambos tutelan nuestra libertad, autonomía y espacios de autorrealización personal, configurándose como límites a las libertades de expresión e información, entre otros derechos. La Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, fue publicada en 1999, y, pese a más de una década de proyectos de reforma sin éxito, se mantiene vigente. Se trata de un marco normativo que carece de un régimen de infracciones y sanciones adecuado y una autoridad de control independiente, con las competencias idóneas para ejecutar la ley. Ante tal precariedad regulatoria, la forma cómo los tribunales interpretan y aplican las escasas y escuetas reglas que tenemos sobre la materia es de vital importancia. Por ello, la jurisprudencia judicial y administrativa juega un rol esencial al dotar de contenido y sentido a las normas que interpreta, aun cuando las sentencias tengan efectos inter partes. La dogmática, a su vez, se nutre de la casuística del caso concreto para examinar criterios de interpretación y evaluar la aplicación de la norma. Este libro es un intento de reconstrucción de la jurisprudencia para avanzar en una dogmática de la privacidad y de la protección de los datos personales. Para ello, se ha reunido a destacadas expertas y expertos de nuestro país. En estas páginas el lector se encontrará con las dificultades que enfrentan los operadores jurídicos para articular privacidad, autodeterminación informativa, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, honra, libertad de expresión y acceso a la información pública, entre otros derechos. Autores: Pablo Contreras Vásquez, Michelle Bordachar Benoit, Leonardo Ortiz Mesías Ediciones DER
A través de esta obra, el lector logrará identificar algunos elementos conceptuales y normativos necesarios para el reconocimiento de las diversas identidades trans. Las debidas precisiones conceptuales en diferentes categorías analíticas constituyen un elemento indispensable para el abordaje de causas judiciales en que sean llamados a intervenir los tribunales de justicia, especialmente en el marco de la aplicación de los procedimientos que establece la Ley Nº 21.120. También, el texto incluye referencias a estándares internacionales de derechos humanos, relevantes para la protección y promoción de derechos de personas trans, e identifica aspectos centrales de la Ley Nº 21.120, especialmente en lo referido a la definición de identidad de género, principios y garantías asociadas al derecho a la identidad de género y su incidencia en la decisión judicial. Se contemplan, además, referencias a los derechos de personas titulares del derecho a la identidad de género y los tipos de procedimientos establecidos en dicha ley, así como algunas referencias jurisprudenciales. El trabajo realizado busca visibilizar, de forma general, la situación de derechos de las personas trans en Chile, desde un punto de vista social y normativo, procurando ser un aporte de cara al acceso efectivo a la justicia y al respeto y garantía de los principios de igualdad y no discriminación para toda persona.Indice Efectos sobre el balance de competencias presupuestarias y el proceso legislativo Existen distintos elementos que determinan el balance de competencias presupuestarias entre el Poder Legislativo y Ejecutivo. Uno de dichos elementos es la iniciativa exclusiva, es decir, la exigencia de que las discusiones legislativas sobre materias con incidencia presupuestaria tengan origen en el Ejecutivo. En el caso de Chile, si bien existe teóricamente un predominio de la iniciativa exclusiva en comparación a otros países, la práctica legislativa reciente da cuenta de una mayor influencia de los parlamentarios en materias presupuestarias, producto del uso de la declaración de inadmisibilidad. En consecuencia, en la presente investigación se analiza la (in)admisibilidad como una herramienta de control constitucional y presupuestario, buscando demostrar que, en los hechos, puede alterar el balance de competencias presupuestarias y provocar efectos no previstos sobre el proceso legislativo.
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