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Manual de Responsabilidad de los Establecimientos Educacionales, Civil, Penal, Administrativa
$72.500
reseña:
Este trabajo explica los distintos tipos de responsabilidades que la legislación establece en relación con los profesionales de la educación que ejercen funciones en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado en relación con los hechos que afecten a los niños, niñas y adolescentes alumnos de dichos establecimientos educacionales, en función de los deberes de cuidado, vigilancia y protección que como Garantes de los Derechos de sus alumnos les corresponden.
Se analizan las “Obligaciones Legales”, es decir, las disposiciones establecidas en distintos cuerpos normativos, que imponen comportamientos obligatorios a quienes ejercen como profesionales de la educación dentro de una determinada Comunidad Educativa; y las “Responsabilidades”, es decir, las consecuencias jurídicas que trae aparejado el incumplimiento de obligaciones legales, en el ámbito civil, penal, administrativo o contractual-profesional, considerando la normativa legal vigente sobre los Derechos del Niño, especialmente en al ámbito proteccional.
Las obligaciones y responsabilidades de los profesionales de la educación adquieren aún más relevancia institucional con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.430 que obliga a los distintos Órganos de la Administración del Estado, dentro de sus competencias, a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siendo así también los establecimientos educacionales institucionalmente Garantes de Derechos de sus alumnos, y en tal contexto responsables de otorgar garantía y protección integral que posibilite el ejercicio efectivo y goce pleno de los derechos de NNA, en especial los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.
La sistematización y el lenguaje que se utiliza en este trabajo sirva como material de consulta, tanto para profesionales que se desenvuelvan en el ámbito jurídico, como para quienes no, pero que están obligados, o en la necesidad de conocer las materias aquí tratadas, como profesores, directores, orientadores, padres, madres, apoderados, profesionales dedicados al tema de infancia, y el público en general.
8 in stock
Autores: Francia Castro Burgos
Editorial: Metropolitana
Numero de Paginas: 917
Año de publicación: 2024
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| Settings | Manual de Responsabilidad de los Establecimientos Educacionales, Civil, Penal, Administrativa remove | Derechos Colectivos en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional remove | En Defensa de la Constitución -Versión Proview remove | La Sentencia de Inconstitucionalidad remove | Protección de la Identidad de Género. Perspectivas Internacional y Nacional remove | Familias, infancia y Constitución remove |
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| Description | Autores: Francia Castro Burgos Editorial: Metropolitana Numero de Paginas: 917 Año de publicación: 2024 | Autor: Javier Esteban Leiva Albornoz Editorial: El Jurista Numero de Paginas: 113 Año de publicación: 2018 | Autor: Raúl Bertelsen Repetto Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas:184 Año de publicación: 2020 | Autor: Gonzalo Guerrero Valle Editorial: Hammurabi Año de Publicación: 2022 Paginas :218 | Autor: Ximena Gauché Marchetti Editorial: Der Ediciones Numero de Paginas: 154 Año de publicación: 2022 | Autores: Ester Valenzuela Rivera, Juan Pablo González Jansana, Miguel Cillero Bruñol Editorial : Thomson Reuters Año de Publicación : 2022 Paginas :832 |
| Content | INDICE
reseña:
Este trabajo explica los distintos tipos de responsabilidades que la legislación establece en relación con los profesionales de la educación que ejercen funciones en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado en relación con los hechos que afecten a los niños, niñas y adolescentes alumnos de dichos establecimientos educacionales, en función de los deberes de cuidado, vigilancia y protección que como Garantes de los Derechos de sus alumnos les corresponden.
Se analizan las “Obligaciones Legales”, es decir, las disposiciones establecidas en distintos cuerpos normativos, que imponen comportamientos obligatorios a quienes ejercen como profesionales de la educación dentro de una determinada Comunidad Educativa; y las “Responsabilidades”, es decir, las consecuencias jurídicas que trae aparejado el incumplimiento de obligaciones legales, en el ámbito civil, penal, administrativo o contractual-profesional, considerando la normativa legal vigente sobre los Derechos del Niño, especialmente en al ámbito proteccional.
Las obligaciones y responsabilidades de los profesionales de la educación adquieren aún más relevancia institucional con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.430 que obliga a los distintos Órganos de la Administración del Estado, dentro de sus competencias, a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siendo así también los establecimientos educacionales institucionalmente Garantes de Derechos de sus alumnos, y en tal contexto responsables de otorgar garantía y protección integral que posibilite el ejercicio efectivo y goce pleno de los derechos de NNA, en especial los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.
La sistematización y el lenguaje que se utiliza en este trabajo sirva como material de consulta, tanto para profesionales que se desenvuelvan en el ámbito jurídico, como para quienes no, pero que están obligados, o en la necesidad de conocer las materias aquí tratadas, como profesores, directores, orientadores, padres, madres, apoderados, profesionales dedicados al tema de infancia, y el público en general.
| La construcción del Estado democrático de derechos ha ido de la mano del desarrollo de los derechos humanos. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, progresivamente se ha avanzado en la profundización democrática al constatarse que el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, era imprescindible y no suficiente para asegurar las necesidades básicas de las personas y posibilitar su desarrollo conjugando la libertad con la igualdad.
I.- Introducción II.- Cuando lo colectivo se manifiesta: Un antecedente histórico. III.- Algunas manifestaciones comparadas: Algunos criterios desde España y Perú IV.- El caso Chileno: La evolución del concepto de los Derechos Colectivos en la doctrina nacional V.- El tratamiento en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los Derechos Colectivos VI.- Conclusiones VII.- Bibliografía Autor: Javier Esteban Leiva Albornoz Ediciones Jurídicas El Jurista | indice Prueba la elaboración de una nueva Constitución, o si rechaza esa opción. Estamos ante una decisión crucial, mantener la Constitución vigente, cuyo contenido conocemos y cuya aplicación ha experimentado el país durante décadas, o bien, rechazarla y enfrentar un proceso constituyente de impredecible resultado. El autor expone en estas páginas las razones principales que, a su juicio, existen para mantener el actual texto constitucional. Lo hace de un modo breve, centrado en las materias principales de las que se ocupa la Constitución y, también, en las críticas que recibe con más frecuencia. Sus argumentos se basan en su experiencia como miembro de la Comisión de Estudios de la Constitución vigente, Ministro y Presidente del Tribunal Constitucional de Chile y profesor de Derecho Constitucional durante más de cuarenta años. Autor: Raúl Bertelsen Repetto | LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD Análisis de su configuración a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional La obra presenta un análisis general y completo de la sentencia de inconstitucionalidad del TC, examinando sus decisiones con el objeto de determinar el nivel de predictibilidad y fijeza que dicho tribunal entrega a sus decisiones en el tiempo. Lo anterior permite estudiar el comportamiento que ha tenido el Tribunal Constitucional en el tiempo, si aquel ha variado y cuáles son las razones que ha enarbolado para hacerlo. Aquello permite conocer el funcionamiento de esa magistratura y cómo aquel ha contribuido para profundizar el correcto desarrollo del sistema institucional, en aras a fortalecer el estado de derecho y la democracia. De esa forma, la obra analiza el valor de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional como precedente. En tal sentido se determina a quienes obliga, así como también cuál es la parte de aquella que tiene fuerza de precedente. Además, se estudia cómo la magistratura constitucional ha ido recurriendo a sus pronunciamientos anteriores citándolos como precedente. Por último, se finaliza la investigación indicando el valor que posee la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional dentro de las fuentes del Derecho, especificando sus efectos y su valor de cosa juzgada, para luego examinar los efectos de la sentencia en las personas, en el tiempo y en el espacio. INDICE CAPÍTULO I EL CONFLICTO CONSTITUCIONAL I. El Tribunal Constitucional II. El juicio de constitucionalidad y su vinculación con la interpretación constitucional CAPÍTULO II LA NATURALEZA DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD I. Posiciones doctrinarias respecto de la naturaleza de la sentencia de inconstitucionalidad a. La naturaleza anulatoria de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional b. La naturaleza de nulidad de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional c. La naturaleza derogatoria de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional II. La concepción de la Constitución Política acerca de la naturaleza de la sentencia de inconstitucionalidad a. El artículo 93 No 7 b. El artículo 93 No 16 c. El artículo 94 d. ¿Efectos constitutivos o declarativos de inconstitucionalidad? e. La presunción de constitucionalidad de los actos de los órganos del Estado III. La concepción del Tribunal Constitucional acerca de la naturaleza de su sentencia de inconstitucionalidad a. Artículo 93 N° 7 i. No puede haber declaración de inconstitucionalidad sin previa declaración de inaplicabilidad por parte del Tribunal Constitucional ii. La inaplicabilidad no provoca necesariamente la inconstitucionalidad iii. La declaración de inaplicabilidad no obliga al Tribunal Constitucional a ejercitar la acción de inconstitucionalidad iv. La declaración de inconstitucionalidad solo puede referirse al ámbito previamente declarado inaplicable por el propio Tribunal Constitucional v. Presupuestos procesales de la acción de inconstitucionalidad vi. Particularidades de la declaración de inconstitucionalidad vii. La declaración de inconstitucionalidad es el último recurso para asegurar la supremacía constitucional viii. La declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal se funda en los principios de supremacía constitucional, concentración de justicia constitucional, igualdad ante la ley y certeza jurídica ix. La declaración de inconstitucionalidad refleja el respeto hacia el legislador y es garantía del Estado de Derecho x. El Tribunal Constitucional debe buscar interpretaciones que armonicen el sentido del precepto impugnado con la Carta Fundamental xi. Solo cabe declarar la inconstitucionalidad de preceptos legales manifiestamente incompatibles con la Constitución xii. La declaración de inconstitucionalidad conlleva un grado de inseguridad jurídica xiii. Si la declaración de inconstitucionalidad genera efectos más nocivos de los provocados por la propia inconstitucionalidad, será preferible abstenerse de declarar la inconstitucionalidad xiv. Objetivo de la sentencia de inconstitucionalidad xv. Sentido de la declaración de inconstitucionalidad xvi. Efectos de la declaración de inconstitucionalidad xvii. Efectos de la declaración de inconstitucionalidad en los procesos de inaplicabilidad que conoce el Tribunal Constitucional xviii. La declaración de inconstitucionalidad exige que el juez constitucional pondere los efectos de la expulsión del precepto legal del ordenamiento jurídico xix. La declaración de inconstitucionalidad es independiente al examen de inaplicabilidad realizado por el juez constitucional xx. El precepto legal es una unidad de lenguaje que se basta a sí misma b. Artículo 93 Nº 16 i. La declaración de inconstitucionalidad de decretos supremos es una nulidad ii. El vicio de nulidad debe estar incorporado al momento de la dicta-ción de acto impugnado iii. La declaración de inconstitucionalidad de un decreto supremo lo deja sin efecto de pleno derecho iv. La declaración de inconstitucionalidad de un decreto supremo no es un juicio de constitucionalidad de una ley v. El control de constitucionalidad realizado sobre los decretos supre-mos por parte del TC es amplio vi. El examen de constitucionalidad de un decreto supremo realizado por el TC se extiende sobre aspectos formales como sustantivos vii. La sentencia sobre la constitucionalidad de un decreto supremo dictada por el TC tiene efectos erga omnes viii. El examen de constitucionalidad de un decreto supremo no puede extenderse a vicios de legalidad del mismo c. Artículo 94 i. La declaración de inconstitucionalidad posee efectos erga omnes ii. La declaración de inconstitucionalidad no posee efectos retroactivos iii. Las sentencias de inaplicabilidad e inconstitucionalidad tienen y producen efectos diversos iv. La declaración de inconstitucionalidad es una cuestión de distinta naturaleza que la derogación v. Término de vigencia de la ley como consecuencia de una declaración de inconstitucionalidad IV. Conclusiones particulares CAPÍTULO III EL VALOR DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I. El valor jurídico de la sentencia de inconstitucionalidad como precedente a. Requisitos para considerar que se está en presencia de un precedente b. Sujetos obligados por la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional c. Partes de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional que constituyen precedente d. Posibilidad del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto o modificar su propio precedente e. Principios del ordenamiento jurídico que se ven favorecidos por la aplicación del precedente por parte del Tribunal Constitucional i. La aplicación del precedente y el principio de igualdad ii. El precedente y la aplicación del principio de la buena fe iii. El precedente y la seguridad jurídica iv. El precedente del Tribunal Constitucional y el principio de con-fianza legítima de los particulares II. La aplicación por parte del Tribunal Constitucional de sus decisiones anteriores como precedentes constitucionales a. Precedentes en torno a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 93 Nº 7 i. Sentencia Rol Nº 681 (2007), recaída sobre el artículo 116 del Código Tributario ii. Sentencia Rol Nº 590 (2007), recaída sobre el inciso 3º del artículo 416 del Código Procesal Penal iii. Sentencia Rol Nº 1.173 (2009), recaída sobre el inciso 3º del artículo 474 del Código del Trabajo iv. Sentencia Rol Nº 1.345 (2009), recaída sobre el inciso 1º del artículo 171 del Código Sanitario v. Sentencia Rol Nº 1.254 (2009), recaída sobre el artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales vi. Sentencia Rol Nº 1.710 (2010), recaída sobre el artículo 38 ter de la Ley Nº 18.933 vii. Sentencia Rol Nº 2.081 (2013), recaída sobre el artículo 206 del Código Civil viii. Sentencia Rol Nº 6.597 (2019), respecto del inciso segundo del artículo 126 del Código Sanitario ix. Sentencia Rol Nº 4.966 (2020), respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216 x. Sentencia Rol Nº 12.305 (2022), respecto del numeral 3° del artículo 299 del Código de Justicia Militar xi. Sentencia Rol Nº 12.345 (2022), respecto del artículo 2° del Decreto Ley N° 3.643, de 1981, y del artículo 4° del Decreto Ley N° 2.067, de 1977 xii. Sentencia Rol Nº 12.415 (2022), en relación de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 16.441, que crea el Departamento de Isla de Pascua b. Precedentes en torno a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 93 Nº 16 i. Sentencia Rol Nº 124 (1991), recaída sobre el decreto supremo Nº 143, de 31 de enero de 1991, del Ministerio de Justicia ii. Sentencia Rol Nº 146 (1992), recaída sobre el decreto supremo Nº 357, 19 de febrero de 1992, del Ministerio de Obras Públicas iii. Sentencia Rol Nº 245 (1996), recaída sobre el decreto supremo Nº 1, de 6 de agosto de 1996, del Ministerio de Bienes Nacionales iv. Sentencia Rol Nº 254 (1997), recaída sobre el decreto supremo Nº 1.679, de 31 de diciembre de 1996, del Ministerio de Hacienda v. Sentencia Rol Nº 282 (1999), recaída sobre el decreto supremo Nº 1.412, de 21 de agosto de 1998, del Ministerio de Relaciones Exteriores vi. Sentencia Rol Nº 325 (2002), recaída sobre el decreto supremo Nº 20, de 22 de enero de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia vii. Sentencia Rol Nº 370 (2003), recaída sobre el decreto supremo Nº 1, de 8 de enero de 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanis-mo viii. Sentencia Rol Nº 373 (2003), recaída sobre el decreto supremo Nº 66, de 27 de febrero de 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ix. Sentencia Rol Nº 388 (2003), recaída sobre los numerales 2º y 18º del artículo único del decreto supremo Nº 56, de 29 de abril de 2003, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones x. Sentencia Rol Nº 465 (2006), recaída sobre los literales e), f ), g), i), k) y r) del artículo único del decreto supremo Nº 181, de 16 de diciembre de 2005, del Ministerio de Educación xi. Sentencia Rol Nº 591 (2007), recaída sobre la Resolución Exenta Nº 582, de 1º de septiembre de 2006, del Ministerio de Salud xii. Sentencia Rol Nº 740 (2008), recaída sobre el decreto supremo Nº 48, de 3 de febrero de 2007, del Ministerio de Salud xiii. Sentencia Rol Nº 1.035 (2008), recaída sobre los Decretos Supremos que “revisten la forma de unos oficios” y del decreto supremo Nº 1.797, todos de 3 de enero de 2008, del Ministerio de Hacienda .162 xiv. Sentencia Rol Nº 1.153 (2008), recaída sobre los decretos supremos Nº 45 y 46, ambos del Ministerio de Hacienda, de 16 de mayo de 2008 y de 20 de mayo de 2008, respectivamente, y del decreto supremo Nº 583, de 21 de abril de 2008, del Ministerio de Hacienda xv. Sentencia Rol Nº 1.849 (2011), recaída sobre el decreto supremo Nº 264, de 6 de octubre de 2010, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones xvi. Sentencia Rol Nº 4.757 (2018), recaída sobre el decreto supremo Nº 776, de 9 de abril de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública xvii. Sentencia Rol Nº 5.572 (2019), recaída sobre el decreto supremo Nº 67, de 23 de octubre de 2018, del Ministerio de Salud III. El posicionamiento de la sentencia de inconstitucionalidad dentro del sistema de fuentes del Derecho IV. Conclusiones particulares CAPÍTULO IV LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I. Efectos de cosa juzgada de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional II. Efectos de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional en relación a los sujetos obligados a su acatamiento III. Efectos de la sentencia de inconstitucionalidad en el tiempo a. Efectos sobre situaciones jurídicas consolidadas b. Efectos sobre derechos adquiridos c. Efectos sobre potestades d. Efectos sobre actos jurídicos e. Efectos sobre procedimientos pendientes f. Efectos sobre sentencias ejecutoriadas con autoridad de cosa juzgada IV. Efectos de la sentencia de inconstitucionalidad en el espacio V. Conclusiones particulares Conclusiones Generales de la Investigación | A través de esta obra, el lector logrará identificar algunos elementos conceptuales y normativos necesarios para el reconocimiento de las diversas identidades trans. Las debidas precisiones conceptuales en diferentes categorías analíticas constituyen un elemento indispensable para el abordaje de causas judiciales en que sean llamados a intervenir los tribunales de justicia, especialmente en el marco de la aplicación de los procedimientos que establece la Ley Nº 21.120. También, el texto incluye referencias a estándares internacionales de derechos humanos, relevantes para la protección y promoción de derechos de personas trans, e identifica aspectos centrales de la Ley Nº 21.120, especialmente en lo referido a la definición de identidad de género, principios y garantías asociadas al derecho a la identidad de género y su incidencia en la decisión judicial. Se contemplan, además, referencias a los derechos de personas titulares del derecho a la identidad de género y los tipos de procedimientos establecidos en dicha ley, así como algunas referencias jurisprudenciales. El trabajo realizado busca visibilizar, de forma general, la situación de derechos de las personas trans en Chile, desde un punto de vista social y normativo, procurando ser un aporte de cara al acceso efectivo a la justicia y al respeto y garantía de los principios de igualdad y no discriminación para toda persona. | Esta obra colectiva es una publicación conjunta del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI), Familias Ahora y el Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown que tiene por objeto plantear distintas reflexiones académicas en torno al proceso constituyente chileno y los derechos de niños, niñas y adolescentes en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño. Una constitución, en su calidad de norma suprema del ordenamiento jurídico, organiza al poder, reconoce derechos y regula las bases principales de la vida en sociedad, entre otros fines. Todos estos aspectos resultan fundamentales para el debido resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, por lo que la presente publicación constituye un aporte multidisciplinario en torno a instituciones y figuras jurídicas de la mayor relevancia en materia de niñez y adolescencia, como es la regulación sobre la familia, la importancia del resguardo de sus derechos, cuáles son las obligaciones del Estado en este campo o la incorporación en la nueva Constitución de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, como el interés superior, el derecho a ser oídos y oídas, la igualdad y no discriminación, y el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo |
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