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Manual Práctico de Derecho Procesal, Académico Profesional Primera Parte Orgánico y Funcional
$34.200
La presente obra está destinada a entregar al lector una guía para tener una visión clara y completa de todo el Derecho Procesal Civil, Penal, Concursal, Laboral, Familia y Policía Local, en Consultas y Respuestas, con mas de 5.000 interrogantes planteadas y desarrolladas hasta su solución.
Dividida en tres partes, esta primera entrega del destacado jurista y profesor Luis Marambio, realiza un exhaustivo análisis de las diversas materias que constituyen la parte general del Derecho Procesal, cuales son el concepto y las fuentes del Derecho Procesal, la jurisdicción, la competencia de los tribunales y sus instancias, las bases de la organización de los tribunales, generalidades del Poder Judicial, y los tribunales y su organización, y el derecho procesal funcional, el proceso judicial, y las disposiciones comunes a todo procedimiento.
Este trabajo fue realizado consultando diferentes fuentes en la materia, lo que será de gran utilidad para los Abogados y Profesionales del Derecho, como para los Estudiantes, especialmente aquellos que se encuentran en la última etapa de la carrera y estén por rendir su Examen de Grado. Este trabajo será un gran aporte para los Abogados y personas que desarrollan sus actividades en el ámbito jurídico y ciencias afines que deseen aproximarse o profundizar en el estudio del Derecho.
5 disponibles
Autor: Luis Andrés Marambio Herrera
Editorial :Metropolitana
Año de Publicación : 2023
Páginas: 400
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| Description | Autor: Luis Andrés Marambio Herrera Editorial :Metropolitana Año de Publicación : 2023 Páginas: 400 | Autor: Joaquín Andrés Muñoz Ayarza Editorial: Metropolitana Año de Publicación: 2019 Paginas :152 | Autor: Carlos Garrido Chacana Editorial: Metropolitana Año de Publicación: 2022 Paginas :122 | Autor: Juan José López Editorial: Metropolitana Año de Publicación: 2021 Paginas :320 | Autores: José Cornejo Aguiar, Iván Guevara Vásquez, Gianni Piva Torres Editorial: Metropolitana Año de Publicación: 2021 Paginas :442 | Autor: Carlos Garrido Chacana Editorial: Metropolitana Numero de Paginas: 1200 Año de publicación: 2022 |
| Content | INDICE La presente obra está destinada a entregar al lector una guía para tener una visión clara y completa de todo el Derecho Procesal Civil, Penal, Concursal, Laboral, Familia y Policía Local, en Consultas y Respuestas, con mas de 5.000 interrogantes planteadas y desarrolladas hasta su solución. Dividida en tres partes, esta primera entrega del destacado jurista y profesor Luis Marambio, realiza un exhaustivo análisis de las diversas materias que constituyen la parte general del Derecho Procesal, cuales son el concepto y las fuentes del Derecho Procesal, la jurisdicción, la competencia de los tribunales y sus instancias, las bases de la organización de los tribunales, generalidades del Poder Judicial, y los tribunales y su organización, y el derecho procesal funcional, el proceso judicial, y las disposiciones comunes a todo procedimiento. Este trabajo fue realizado consultando diferentes fuentes en la materia, lo que será de gran utilidad para los Abogados y Profesionales del Derecho, como para los Estudiantes, especialmente aquellos que se encuentran en la última etapa de la carrera y estén por rendir su Examen de Grado. Este trabajo será un gran aporte para los Abogados y personas que desarrollan sus actividades en el ámbito jurídico y ciencias afines que deseen aproximarse o profundizar en el estudio del Derecho. | Su Prueba y Determinación en el Proceso La delimitación del lucro cesante ha sido, desde siempre, una cuestión de difícil determinación. Problemas sobre su conceptualización conceptualización y prueba se arrastran históricamente en práctica todas la latitudes. En el caso de nuestro país, se evidencia que los tribunales son reacios a otorgar esta partida. El rechazo frecuente -generalmente por falta de prueba, aducen los tribunales, pues exigen una certidumbre muy fuerte de esta clase de daños-, hace difícil fijar criterios o estándares que permitan a los operadores forales anticiparse al debate judicial desde el plano y de prueba. La obra que presentamos, de autoría de Joaquin Muñoz, profesor de derecho Civil de la Universidad católica Silva Henríquez, intenta de alguna manera acercarse a las dificultades planteadas y ayudar, tanto a jueces como abogados, a establecer forma de cálculo del lucro cesante. Esta obra está dividida en cuatro capítulos, introductorios, contextualizan histórico dogmáticamente el lucro cesante en el Código Civil. Los restantes, se refieren a los temas que representan las mayores dificultades. Por un lado, la determinación (capítulo tercero)y su prueba (capítulo cuarto). Como se puede ver, esta es una obra de gran interés práctico. El lucro cesante presenta problemas todos los días en tribunales, tanto para jueces como para abogados. Sin duda, la exposición ordenará a los profesionales del foro en tener una idea más acabada de qué es el daño moral, cómo se determina y cómo se prueba. Esto, ya es un avance importante.Felicitamos al autor por su esfuerzo en esta tarea, tan esquiva por la dogmática nacional, y esperamos que esta sea la primera de muchas obras en el futuro. La naciente trayectoria académica del autor así lo presagia. | Indice Principales aspectos de la ley 21.302. Crea el Servicio Nacional de Protección especializada a la niñez y adolescencia. Dada la trascendencia que para los efectos de la ejecución de las distintas medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes tiene la promulgación de la Ley 21.302, es que en esta oportunidad el autor se avocó al estudio de los principales aspectos de este cuerpo legal. Si bien la normativa instaura una nueva institucionalidad, que viene a remplazar al Servicio Nacional de Menores, más importante que la creación de aquella es la incorporación de mecanismos tendientes a resguardar la responsabilidad de la institución como de los organismos acreditados frente al rol que deben desempeñar en la ejecución de las distintas líneas de acción previstas en las Leyes 20.032 y 21.302. Es así, que podemos destacar la clara definición del objeto del Servicio como de su responsabilidad y los diversos principios rectores de actuación. En lo que respecta a la “Protección especializada” la ley ha definido las distintas líneas de acción, programa de protección especializada y proyectos destinados a la cobertura de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, incluyendo a sus familias, o a quienes tengan su cuidado, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, también vino a innovar en el sentido de establecer la obligación del Servicio de llevar ciertos registros y sistema de información relativos a los sujetos de atención y sus familias con el fin de obtener una aplicación adecuada de las medidas que se adopten para el caso particular. Por otro lado, y con el fin de resguardar el uso adecuado de la información relativa a los niños, niñas y adolescentes como de sus familias, es que se ha establecido la obligación de reserva y confidencialidad de la misma, regulando pormenorizadamente las consecuencias de su infracción, entre otras cuestiones de interés relativas al tema. En armonía con lo anterior, se vino a reglar un sistema de evaluación y supervisión que proporciona una serie de instrumentos que permiten la fiscalización eficiente de la ejecución de los programas de protección especializada a fin de constatar posibles infracciones a las obligaciones del Servicio y sus colaboradores acreditados, y eventualmente, aplicar las sanciones que procedan conforme al procedimiento que regla el mismo cuerpo legal. Por último, y como señala el autor, por medio de la obra se buscó proporcionar a sus lectores un resumen de los principales aspectos de la Ley 21.302 vinculados a las líneas de acción destinadas a la ejecución de las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes. | Indice Este trabajo presenta una concepción igualitaria del derecho a la salud, cuyas bases se encuentran en el sistema internacional de los derechos humanos y en el valor de la solidaridad que caracteriza a los derechos sociales. en una primera parte, se explora el contenido ético del derecho a la salud y el debate que ha originado en la tradición igualitarista, con el fin de determinar el contenido del derecho a la salud. El modo preciso en que sea definido a nivel político es jurídicamente relevante, pues se sugiere que el derecho constitucional es sensible a un modelo fundado en el acceso a un mínimo decente de servicios sanitarios, o bien, en el acceso universal e igualitario a ciertas prestaciones que son esenciales para las personas. En una segunda parte, se critica la comprensión del derecho a la protección de la salud consagrado en la Constitución, según ha sido entendido por la doctrina tradicional y en virtud del desarrollo jurisprudencial, debido al reconocimiento de su justiciabilidad por el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios. Esta concepción igualitaria del derecho a la salud hace posible concordar y evaluar el régimen legal que configura nuestro sistema sanitario, así como aportar elementos para un futuro cambio constitucional. | Indice Es hoy imposible afirmar que en Latinoamérica sólo se ejercen el poder punitivo dentro de los límites señalados normativamente. Quizá desde la criminología más o menos radicalizada pueda sostenerse que se trata de un fenómeno mundial, pero incluso admitiendo esta observación, lo cierto es que en nuestra región las manifestaciones ilícitas del poder punitivo son muy evidentes. Machísimos de esos ilícitos consiste en delitos cometidos por funcionarios, la gran mayoría impunes, o sea que, en la práctica, son tratados como conductas atípicas. Entre los formados en el derecho suele reiterarse la afirmación de que una cosa es la doctrina y otra la práctica del derecho penal, esgrimida como explicación de la desilusión de quienes, como estudiantes, encontraron en el derecho penal a su primera novia, pero luego siguieron otros caminos científicos o profesionales. | DescripciónDada la instauración del nuevo régimen proteccional de los derechos del niño, niña y adolescente por la Ley Nº 21.430 y su trascendencia para efectos de la determinación, adopción y ejecución de las distintas medidas de protección, es que se presenta este estudio de los aspectos más relevantes de tal cuerpo legal. Al establecer un nuevo Sistema de Garantías y de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la ley propuso un régimen proteccional que supone la interacción de un conjunto de políticas, instituciones y normas para dichos fines. De ahí, que a modo de comprender los límites de la funciones administrativa y jurisdiccional en tal Sistema el autor hace un análisis completo del régimen instaurado por este cuerpo legal. Es así, que el trabajo que desarrolla en estas páginas busca exponer los principales pormenores del Sistema a fin de proporcionar a sus lectores una visión más o menos completa de aquel para efectos de establecer sus implicancias prácticas. Dentro de las “Normas Generales” de la Ley Nº 21.430 podemos destacar una clara definición de los principales objetivos de la ley como de los obligados por aquella y de las reglas para la aplicación e interpretación de las leyes y normas reglamentarias relativas a los derechos del niño, niña y adolescente. En armonía con lo anterior, dentro de “Principios, Derechos y Garantías” se verán de forma pormenorizada los principios, derechos y garantías que reconoce la ley a los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, en el título relativo a la “Protección Integral” -desarrollada en 4 párrafos-, entre otras cuestiones de interés, se estudiarán los principios rectores de los procesos de protección; las reglas generales para la adopción y aplicación de las medidas reconocidas; los deberes del Estado en relación a la protección integral de los niños (…); las Oficinas Locales de la Niñez, sus funciones y competencias; y las medidas de protección administrativa, los órganos competentes para su adopción, el procedimiento de protección administrativa, la revisión de las medidas, etc. Por último, y como se señaló en un comienzo, por medio de la obra el autor buscó proporcionar un resumen de los principales aspectos de interés de la Ley Nº 21.430, de forma tal, de facilitar la mejor comprensión a sus lectores. ÍNDICE Introducción 1. Estructura de la Ley N° 21.430 (sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia) Normas Generales 1.a.1. Objetivos de la Ley 1.a.1.a. Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 1.a.1.a.1. Características del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 1.a.1.b. Concepto de niño, niña y adolescente 1.a.1.c. Sujetos pasivos 1.a.1.c.1. Rol de la familia 1.a.1.c.2. Rol de la sociedad en general 1.a.1.c.3. Rol de los órganos de la Administración del Estado 1.a.1.c.3.a. Infracción de los órganos del Estado a los deberes que les impone la ley 1.a.2. Aplicación e interpretación de las leyes y normas reglamentarias relativas a los derechos del niño, niña o adolescente. Principales Aspectos de la Ley Nº 21.430 1.a.2.a. Reglas Especiales de Interpretación de la Ley 1.a.2.b. Aplicación de la Ley 1.b. Principios, Derechos y Garantías 1.b.1. De los principios 1.b.1.a. Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho 1.b.1.b. Interés superior del niño, niña o adolescente 1.b.1.c. Igualdad y no discriminación arbitraria 1.b.1.c.1. Deberes de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.d. Fortalecimiento del rol protector de la familia 1.b.1.d.1. Deber del Estado en función del principio 1.b.1.e. Derecho y deber preferente de los padres y/o madres a educar y cuidar a sus hijos 1.b.1.e.1. Deber del Estado en función del principio 1.b.1.f. Autonomía progresiva 1.b.1.g. Efectividad de los derechos 1.b.1.h. Perspectiva de género 1.b.1.i. Responsabilidad de la Administración del Estado 1.b.1.j. Protección social 1.b.1.j.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio. 1.b.1.k. Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de consideración prioritaria 1.b.1.l. Progresividad y no regresividad de los derechos 1.b.1.l.1. Deber del Estado en función del principio 1.b.1.m. Participación social 1.b.1.m.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.n. Inclusión 1.b.1.n.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.ñ. Difusión permanente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 1.b.1.ñ.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.o. Intersectorialidad 1.b.1.p. Participación y colaboración ciudadana . 1.b.2. De los derechos y garantías. 1.b.2.a. Ejercicio de los Derechos Civiles y Políticos 1.b.2.a.1. Deber de los órganos del Estado en función del ejercicio de tales derechos. 1.b.2.b. Derecho a la vida 1.b.2.b.1. Deber del Estado en función del derecho 1.b.2.c. Derecho a un nivel de vida, desarrollo y entorno adecuado 1.b.2.c.1. Deberes de los padres en función del derecho 1.b.2.c.2. Deberes de los órganos del Estado en función del derecho 1.b.2.d. Derecho a la identidad 1.b.2.e. Derecho a vivir en familia . 1.b.2.e.1. Deberes del Estado en función del derecho. 1.b.2.f. Derecho a ser oído. 1.b.2.g. Derecho a la libertad de expresión y comunicación 1.b.2.g.1. Deberes del Estado y de los prestadores de servicios de telecomunicaciones en función de los derechos descritos 1.b.2.h. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión 1.b.2.h.1. Deber del Estado en función del derecho. 1.b.2.i. Derecho a la libertad de asociación y de reunión. 1.b.2.j. Derecho a la participación 1.b.2.j.1. Deber de los órganos del Estado en función del derecho 1.b.2.k. Derecho a la vida privada y a la protección de datos personales. 1.b.2.k.1. Deber de los funcionarios públicos, las organizaciones de la sociedad civil en función del derecho . 1.b.2.l. Derecho a la honra, intimidad y propia imagen. 1.b.2.l.1. Deberes que se imponen en función de tales derechos. 1.b.2.m. Derecho a la información 1.b.2.m.1. Deberes del Estado en función del derecho. 1.b.2.n. Derecho a la protección contra la violencia 1.b.2.ñ. Derecho a la protección contra la explotación económica, la explotación sexual comercial y el trabajo infantil 1.b.2.ñ.1. Deberes de los órganos del Estado en función del derecho 1.b.2.o. Derecho a la salud y a los servicios de salud 1.b.2.o.1. Deberes del Estado en función del derecho. 1.b.2.p. Derecho a atención médica de emergencia. 1.b.2.p.1. Deberes de los centros y servicios de salud en función del derecho. 1.b.2.q. Derecho a la información sobre la salud y el consentimiento informado 1.b.2.q.1. Deberes de los prestadores de salud en función del derecho . 1.b.2.r. Derecho a la educación. 1.b.2.r.1. Deberes del Estado y sus órganos en función del derecho 1.b.2.s. Derecho a la atención a la diversidad educativa . 1.b.2.s.1. Deberes del Estado y sus órganos en función del derecho . 1.b.2.t. Derecho a la seguridad social. 1.b.2.t.1. Deber y restricción en función del derecho. 1.b.2.u. Derecho a la recreación, al deporte y a la participación en la vida cultural y en las artes. 1.b.2.v. Derecho a medidas de prevención y protección del embarazo, maternidad y paternidad 1.b.2.w. Derecho a zonas y equipamientos recreativos. 1.b.2.x. Derechos y deberes en el espacio urbano. 1.b.2.y. Derecho a vivir en un medio ambiente saludable y sostenible, a conocerlo y a disfrutar de él 1.b.2.y.1. Deberes del Estado y de sus órganos en función del derecho . 1.b.2.z. Derecho a la libertad personal y ambulatoria 1.b.2.z.a. Derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva y especialización. 1.b.2.z.a.1. Deberes del Estado y sus órganos en función de los derechos vistos 1.b.2.z.b. Derecho a protección reforzada ante vulneración de derechos y conflicto con la ley. 1.b.2.z.b.1. Rol del Estado y otros órganos en función del derecho . 1.b.2.z.c. Derecho a la protección internacional 1.b.2.z.c.1. Deberes de ciertas autoridades en función del derecho 1.b.2.z.d. Derecho a la protección y defensa como consumidores y usuarios. 1.b.2.z.e. Derecho a bienes, productos o servicios suficientemente seguros para garantizar su inocuidad. 1.b.2.z.f. Derecho a una publicidad responsable 1.b.3. Deberes y responsabilidades. 1.c. De la protección integral. 1.c.1. Normas de aplicación general . 1.c.1.a. Definiciones.. 1.c.1.a.1. Medios de acción . 1.c.1.a.2. Ámbitos de acción. 1.c.1.a.3. Protección especial . 1.c.1.a.4. Procedimiento de la protección de derechos. 1.c.1.a.5. Protección judicial. 1.c.1.a.5.a. Competencia de los Tribunales de Familia en materia de protección de derechos. 1.c.1.a.6. Otras cuestiones vinculadas a la Protección Judicial y Administrativa . 1.c.1.b. Principios rectores de los procesos de protección de derechos. 1.c.1.c. Reglas generales para la adopción y aplicación de medidas de protección administrativas y judiciales. 1.c.1.d. Acción de tutela administrativa de derechos. 1.c.2. Deberes de la administración del Estado . 1.c.3. De las Oficinas Locales de la Niñez. 1.c.3.a. Funciones de las Oficinas Locales de la Niñez . 1.c.3.b. Competencia de las Oficinas Locales de la Niñez. 1.c.4. De las medidas de protección administrativas Cuestión previa . 1.c.4.a. Medidas de protección administrativa . 1.c.4.b. Legalidad de las medidas de protección. 1.c.4.c. Órganos competentes para la adopción de medidas de protección administrativas . 1.c.4.d. Medidas ante el incumplimiento de las medidas de protección administrativas . 1.c.4.e. Derivación de casos entre sedes administrativa y judicial . 1.c.4.f. Procedimiento de protección administrativa 1.c.4.g. Revisión de medidas. 1.c.4.h. Acción de reclamación por ilegalidad. 1.d. Institucionalidad 1.d.1. Institucionalidad del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia . 1.e. De la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción . |
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