Nueva Ley De Compras Públicas- Análisis de Cambios Introducidos Por Ley N° 21.634
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La contratación pública, y en particular los contratos de suministro y prestación de servicios (compras públicas), constituyen la forma más intensa de interacción público-privada, tanto por las importantes transferencias de recursos como por constituir al privado en un colaborador de la Administración del Estado en la satisfacción de necesidades públicas concretas.
Dicha relación público-privada ha migrado desde un modelo centralizado hacia un modelo descentralizado de toma de decisiones respecto del qué, cómo, cuándo, cuánto y qué contratar, no exento de dificultades en lo que respecta a la eficiencia, transparencia y buenas prácticas al momento de seleccionar al privado que contratará a título oneroso con la Administración.
La obra constituye un primer esfuerzo por sistematizar la reforma más profunda que ha tenido en sus más de 20 años la normativa sobre compras públicas, centrada en la Ley N° 19.886 de 2003 y, como tal, constituye un tremendo desafío en lo que respecta a su implementación para los distintos operadores del sistema de mercado público.
Algunos de los tópicos destacados a lo largo de la publicación, que confrontan la legislación actual con los cambios introducidos por la Ley N° 21.634 son las transformaciones en torno al ámbito de aplicación objetivo y subjetivo, el profundo análisis de temas relevantes como la probidad, transparencia y gestión de conflictos de intereses, economía circular y reutilización, robustecimiento de ChileCompra y la ampliación de la competencia del Tribunal de Contratación Pública, entre otros.
INTRODUCCIÓN: EVOLUCIÓN E HISTORIA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN CHILE
OBJETIVO DE ESTA OBRA
CAPÍTULO I
AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA “NUEVA LEY DE COMPRAS”
1. Antecedentes
2. Incorporación de corporaciones municipales y fundaciones
3. Aplicación de la Ley N° 19.886 a las empresas públicas y sociedades del Estado
3.1. Régimen aplicable a las empresas y sociedades del Estado: desafíos iniciales
3.2. Régimen aplicable a las empresas y sociedades del Estado: modificaciones introducidas por la Ley Nº 21.647
4. Poder Judicial, otros tribunales de la República y Servicio Electoral
5. Congreso Nacional
6. Contraloría General de la República
7. Autonomías constitucionales
8. Resumen de los órganos sometidos a la “Nueva Ley de Compras Públicas”
9. Aplicación de la Ley N° 19.886 a los contratos de obra pública
10. Entrada en vigencia
CAPÍTULO II
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
1. Antecedentes
2. Naturaleza jurídica, orgánica e instalación de ChileCompra
3. Funciones, atribuciones y competencias
4. Exigencia de declaración de patrimonio e intereses para funcionarios directivos y profesionales de ChileCompra
CAPÍTULO III
EL TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
1. Antecedentes
2. Antecedentes del Tribunal de Contratación Pública
3.1. Prohibiciones e inhabilidades de los jueces
3.2. Remuneración de los jueces del Tribunal
3.3. Causales de cesación en el cargo de los jueces del Tribunal de Contratación Pública
3.4. Dotación de funcionarios del Tribunal
4. Sobre la competencia del Tribunal de Contratación Pública
5. Sobre el procedimiento ante el Tribunal de Contratación Pública
5.1. Fase probatoria
5.2. Fase resolutiva
5.3. Medidas cautelares
5.4. Acción de indemnización de perjuicio
5.5. Régimen recursivo
5.6. Sobre el procedimiento de tramitación electrónica ante el Tribunal
6. Sobre las estadísticas del Tribunal
CAPÍTULO IV
EL NUEVO CAPÍTULO VII SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
1. Antecedentes
2. Artículo 35 bis: Preparación de la contratación administrativa
3. Artículo 35 ter: Limitaciones a la comunicación de los participantes en los procedimientos de contratación pública
4. Artículo 35 quáter: Causales de inhabilidad relativa
5. Artículo 35 quinquies: Deber de abstención
6. Artículo 35 sexies: Sanciones al incumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo VII
7. Artículo 35 septies: Nuevas inhabilidades para ser parte del Registro de Proveedores
8. Artículo 35 octies: Ejecución de inhabilidades
9. Artículo 35 nonies: Declaración jurada sobre conflictos de interés
10. Artículo 35 decies: Potestad de la Contraloría Genera de la República
11. Síntesis
CAPÍTULO V
LA MODERNIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. INNOVACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY Nº 21.634
1. Antecedentes
2. Modificaciones a la Ley N° 19.886 dirigidas a la Modernización del Sistema de Contratación Pública: Eficiencia, participación de MIPYMES y sostenibilidad e innovación
3. Medidas por una mayor eficiencia en el gasto público: Licitación pública como regla general y restricciones al trato directo
4. Medidas por una mayor eficiencia en el gasto público: Nuevos procedimientos de contratación y mejora a convenios marco
4.1. Compra ágil
4.2. Compra por cotización
4.3. Convenio marco
4.4. Contratos para la innovación
4.5. Diálogo Competitivo de Innovación
4.6. Subasta Inversa Electrónica
5. Medidas para impulsar la participación de MIPYMES y otros grupos subrepresentados en la contratación pública
6. Medidas dirigidas al fomento de la innovación y sustentabilidad
7. La Nueva Ley sobre Economía Circular en la adquisición de bienes y servicios del Estado
ANEXOS
Tabla 1: Tabla comparativa modificación Ley N° 19.886 de “Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios”
Anexo 2: Índice doctrinario sobre la Ley de Compras Públicas, Ley Nº 19.886
1. Libros y artículos
2. Tesis
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Autores: José Luis Lara Arroyo – María José Luna Bravo
Editorial: Der Ediciones
Numero de Paginas: 320
Año de publicación: 2024
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| Description | Autores: José Luis Lara Arroyo - María José Luna Bravo Editorial: Der Ediciones Numero de Paginas: 320 Año de publicación: 2024 |
Autor: Críspulo Marmolejo González
Editorial: Thomson Reuters
Numero de Paginas: 222
Año de publicación: 2019
| Autor: Gabriel Enrique Celis Danzinger Editorial: El Jurista Numero de Paginas: 562 Año de publicación: 2018 | Autores: Jaime Arancibia Mattar, Juan Carlos Flores Rivas y Rosa Fernanda Gómez González Editorial : Der Ediciones Año de Publicación : 2022 Paginas :252 | Autor: Carlos Salinas Bruzzone Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 1384 Año de publicación: 2019 | Autor: Juan Carlos Flores Rivas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 352 Año de publicación: 2021 |
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La contratación pública, y en particular los contratos de suministro y prestación de servicios (compras públicas), constituyen la forma más intensa de interacción público-privada, tanto por las importantes transferencias de recursos como por constituir al privado en un colaborador de la Administración del Estado en la satisfacción de necesidades públicas concretas.
Dicha relación público-privada ha migrado desde un modelo centralizado hacia un modelo descentralizado de toma de decisiones respecto del qué, cómo, cuándo, cuánto y qué contratar, no exento de dificultades en lo que respecta a la eficiencia, transparencia y buenas prácticas al momento de seleccionar al privado que contratará a título oneroso con la Administración.
La obra constituye un primer esfuerzo por sistematizar la reforma más profunda que ha tenido en sus más de 20 años la normativa sobre compras públicas, centrada en la Ley N° 19.886 de 2003 y, como tal, constituye un tremendo desafío en lo que respecta a su implementación para los distintos operadores del sistema de mercado público.
Algunos de los tópicos destacados a lo largo de la publicación, que confrontan la legislación actual con los cambios introducidos por la Ley N° 21.634 son las transformaciones en torno al ámbito de aplicación objetivo y subjetivo, el profundo análisis de temas relevantes como la probidad, transparencia y gestión de conflictos de intereses, economía circular y reutilización, robustecimiento de ChileCompra y la ampliación de la competencia del Tribunal de Contratación Pública, entre otros.
INTRODUCCIÓN: EVOLUCIÓN E HISTORIA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN CHILE
OBJETIVO DE ESTA OBRA
CAPÍTULO I
AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA “NUEVA LEY DE COMPRAS”
1. Antecedentes
2. Incorporación de corporaciones municipales y fundaciones
3. Aplicación de la Ley N° 19.886 a las empresas públicas y sociedades del Estado
3.1. Régimen aplicable a las empresas y sociedades del Estado: desafíos iniciales
3.2. Régimen aplicable a las empresas y sociedades del Estado: modificaciones introducidas por la Ley Nº 21.647
4. Poder Judicial, otros tribunales de la República y Servicio Electoral
5. Congreso Nacional
6. Contraloría General de la República
7. Autonomías constitucionales
8. Resumen de los órganos sometidos a la “Nueva Ley de Compras Públicas”
9. Aplicación de la Ley N° 19.886 a los contratos de obra pública
10. Entrada en vigencia
CAPÍTULO II
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
1. Antecedentes
2. Naturaleza jurídica, orgánica e instalación de ChileCompra
3. Funciones, atribuciones y competencias
4. Exigencia de declaración de patrimonio e intereses para funcionarios directivos y profesionales de ChileCompra
CAPÍTULO III
EL TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
1. Antecedentes
2. Antecedentes del Tribunal de Contratación Pública
3.1. Prohibiciones e inhabilidades de los jueces
3.2. Remuneración de los jueces del Tribunal
3.3. Causales de cesación en el cargo de los jueces del Tribunal de Contratación Pública
3.4. Dotación de funcionarios del Tribunal
4. Sobre la competencia del Tribunal de Contratación Pública
5. Sobre el procedimiento ante el Tribunal de Contratación Pública
5.1. Fase probatoria
5.2. Fase resolutiva
5.3. Medidas cautelares
5.4. Acción de indemnización de perjuicio
5.5. Régimen recursivo
5.6. Sobre el procedimiento de tramitación electrónica ante el Tribunal
6. Sobre las estadísticas del Tribunal
CAPÍTULO IV
EL NUEVO CAPÍTULO VII SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
1. Antecedentes
2. Artículo 35 bis: Preparación de la contratación administrativa
3. Artículo 35 ter: Limitaciones a la comunicación de los participantes en los procedimientos de contratación pública
4. Artículo 35 quáter: Causales de inhabilidad relativa
5. Artículo 35 quinquies: Deber de abstención
6. Artículo 35 sexies: Sanciones al incumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo VII
7. Artículo 35 septies: Nuevas inhabilidades para ser parte del Registro de Proveedores
8. Artículo 35 octies: Ejecución de inhabilidades
9. Artículo 35 nonies: Declaración jurada sobre conflictos de interés
10. Artículo 35 decies: Potestad de la Contraloría Genera de la República
11. Síntesis
CAPÍTULO V
LA MODERNIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. INNOVACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY Nº 21.634
1. Antecedentes
2. Modificaciones a la Ley N° 19.886 dirigidas a la Modernización del Sistema de Contratación Pública: Eficiencia, participación de MIPYMES y sostenibilidad e innovación
3. Medidas por una mayor eficiencia en el gasto público: Licitación pública como regla general y restricciones al trato directo
4. Medidas por una mayor eficiencia en el gasto público: Nuevos procedimientos de contratación y mejora a convenios marco
4.1. Compra ágil
4.2. Compra por cotización
4.3. Convenio marco
4.4. Contratos para la innovación
4.5. Diálogo Competitivo de Innovación
4.6. Subasta Inversa Electrónica
5. Medidas para impulsar la participación de MIPYMES y otros grupos subrepresentados en la contratación pública
6. Medidas dirigidas al fomento de la innovación y sustentabilidad
7. La Nueva Ley sobre Economía Circular en la adquisición de bienes y servicios del Estado
ANEXOS
Tabla 1: Tabla comparativa modificación Ley N° 19.886 de “Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios”
Anexo 2: Índice doctrinario sobre la Ley de Compras Públicas, Ley Nº 19.886
1. Libros y artículos
2. Tesis
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Descripción
Este libro se construye a partir del supuesto que el más importante insumo conceptual de los estudios sobre regulación económica viene dado por el Análisis Económico del Derecho. Se busca explorar el contenido de la alianza entre el derecho y la regulación económica, a partir de la idea de que dicha interacción fortalece la libertad económica, como un valor relevante para la democracia y el progreso de los pueblos. Ambos enfoques -en conjunto- son necesarios y útiles para lograr ese objetivo último. Una necesaria integración de ambas disciplinas contribuye a maximizar el bienestar individual y el de la sociedad en su conjunto. Esta integración abona la necesidad de desmontar la argumentación de que las economías más libres y prósperas suelen vivir cada vez más apartadas del Derecho. Un entramado de normas y entidades que regulen razonablemente las actividades económicas y custodien la libre competencia necesariamente expanden los beneficios de una economía de mercado.
Este texto pretende probar que es necesaria una perspectiva teórica de comprensión del modelo de agencias reguladoras en Chile; que ésta debe fundamentarse en la aplicación de algunas categorías conceptuales del Análisis Económico del Derecho al Derecho Administrativo; y que esta nueva configuración puede fortalecer una mejora en la calidad regulatoria y la obtención de un mejor equilibrio entre eficiencia de los mercados y bienestar de usuarios y consumidores. Se busca plantear y dar solución a problemas jurídicos que nacen a partir de las diversas configuraciones de entidades supervisoras y reguladoras de mercados. Se exploran esos diversos modelos con el objeto de contrastarlos con el modelo de superintendencias chilenas, dominante en la actual estructura jurídico-administrativa chilena.
Para tales efectos, se recurre a la determinación de conceptos jurídicos y económicos, algunos de los cuales se encuentran presentes en informes de organismos internacionales como la OECD. Para probar que es necesaria una nueva configuración del modelo de agencias reguladoras en Chile, se analiza su situación actual, explorando el modelo y régimen legal de los principales órganos reguladores económicos. Para probar que esta nueva configuración debe fundamentarse en la aplicación de algunas categorías conceptuales del Análisis Económico del Derecho al Derecho Administrativo, se examinarán los conceptos fundamentales propuestos en esta investigación y se contrastarán con el modo de comprensión del Derecho Regulatorio en Estados Unidos y Europa.
Críspulo Marmolejo González
| Colección de Derecho Administrativos. La presente investigación aborda uno de los capítulos tradicionales que integran el Derecho Administrativo general, cual es, la contratación administrativa y los contratos administrativos, como expresión de la actividad formal de la Administración del Estado, cuyo enfoque se sitúa en el contexto de nuestro ordenamiento jurídico interno, principalmente a partir de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento, la Ley del MOP y el Reglamento de Contratos de Obra Pública, la Ley de Concesiones de Obra Pública y su Reglamento, analizadas, por cierto, en el contexto de otras fuentes jurídicas, como la Constitución Política, los tratados internacionales pertinentes, la Ley N° 18.575, la Ley N° 19.880, la Ley N° 20.285, y la Ley de Administración Financiera del Estado Decreto Ley N° 1.263, así como la jurisprudencia constitucional, judicial y administrativa, sin perjuicio de recurrir también a la doctrina nacional e internacional. Se trata en definitiva, de una obra destinada principalmente a académicos y profesores de la cátedra de Derecho Administrativo, como también a los abogados, administradores públicos, estudiantes de Derecho, y a todos los servidores y funcionarios que se desempeñan en los órganos de la Administración del Estado. El primer capítulo aborda los fundamentos de la contratación administrativa, vale decir, lo denominada teoría o parte general, conformada por los conceptos, características, clasificaciones y elementos de los contratos administrativos, así como los principios jurídicos y procedimientos de contratación pública, luego, los efectos de tales contratos, el control de los mismos, su régimen de extinción y finalmente, los mecanismos de solución de controversias. Los capítulos siguientes se abocan a la parte especial, es decir, al estudio de los contratos administrativos en particular. El segundo apartado se ocupa de los contratos de suministro y prestación de servicios, con especial énfasis en aquellos sometidos al régimen normativo de la Ley de Compras Públicas. A su turno, el tercero y el cuarto apartado abordan, respectivamente, los contratos de obra pública, principalmente aquellos regidos por la normativa del MOP-, y de concesiones de esta obra pública, aquellos que regula la Ley concesiones y su Reglamento. Por su parte el quinto capítulo, analiza la estructura del contrato de concesiones de servicio público, incursionando en algunas de las modalidades de concesiones de servicio público que contempla nuestro ordenamiento jurídico administrativo. En definitiva, se trata de un texto pedagógico de estudio, cuyo índice temático se ajusta a los programas universitarios definidos para dicha materia por las Facultades de Derecho y Ciencia Jurídicas, y que por tanto privilegia el enfoque didáctico y sistemático sobre la materia, desde la perspectiva de la asignatura de Derecho Administrativo impartida-como curso de pregrado- en la carrera de Derecho. Ediciones Jurídicas El Jurista | Esta obra analiza descriptivamente las principales modificaciones introducidas a la Ley N°19.880 (2003), que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado (LBPA), por la Ley N°21.180 (2019), sobre Transformación Digital del Estado, que incorpora significativas reformas a la regulación existente en materia de procedimiento administrativo. La reforma constituye una ocasión propicia para abordar las distintas cuestiones relacionadas con la obligatoriedad de la tramitación electrónica, los principios incorporados por la ley, las notificaciones electrónicas y el expediente administrativo digital. Si bien esta ley regula de manera directa la forma en que se desarrollarán las actuaciones administrativas desde un soporte papel a uno electrónico, esta transformación también conlleva una serie de cambios sustantivos relacionados con la manera en cómo las personas y funcionarios públicos se relacionan con la Administración del Estado (derechos en un contexto digital, manejo y almacenamiento de datos, ciberseguridad, uso de inteligencia artificial, entre otros). De ahí la importancia de analizar las modificaciones que la ley incorpora. | indiceAnálisis Crítico de las Prerrogativas Sancionatorias del EstadoBases para la Comprensión Autónoma del Derecho Sancionador Regulatorio en ChileLa presente obra se hace cargo de la evolución de los poderes de sanción de la Administración en Chile, para cuyos efectos analiza esta en el Derecho Administrativo nacional y en el Derecho Administrativo español, máxime cuando la evolución del derecho peninsular ha servido de sustento jurídico para la actual comprensión de las prerrogativas administrativo-sancionatorias en nuestro país. Esta investigación presenta una interesante sistematización de las diversas teorías que se han formulado en Chile para la inteligencia de dichas prerrogativas, dedicando un estudio especial a lo que el autor denomina “teoría de la crítica formal a la radicación de poderes de sanción en la Administración pública”, cuyo sustento se halla en la tesis del ius puniendi estatal único del Estado, posición mayoritariamente aceptada por la doctrina ius administrativa y la jurisprudencia constitucional, administrativa y judicial. El autor efectúa una propuesta innovadora al presentar una relectura de la actividad sustancial de la Administración, advirtiendo la existencia –en el marco de lo que denomina “actividad de intervención”– de un “nuevo derecho sancionatorio en el ámbito de los mercados regulados”, que goza de autonomía respecto de las garantías de orden penal. Cabe destacar, también, el esfuerzo realizado en orden a identificar los principios jurídicos que informarían un “nuevo” Derecho Administrativo Sancionador Regulatorio. La presente obra viene a llenar un sensible vacío referido a un análisis sistemático de los poderes de sanción de la Administración, avanzando decididamente hacia una concepción autónoma del Derecho Sancionador Regulatorio respecto del Derecho Penal, evidenciando las limitaciones de la tesis del ius puniendi estatal único para la comprensión de las diversas manifestaciones del poder de sanción de la Administración. | Abre el presente libro el capítulo I que recoge el artículo “Licitación pública: ¿Es el procedimiento ordinario de contratación administrativa?”. En este artículo se trata de contestar la interrogante de si la licitación pública es el procedimiento general para formar la voluntad contractual del Estado o si las causales de licitación privada o el trato directo son lo suficientemente amplias para que el Estado puede eximirse de la licitación pública. Se arriba a la conclusión de que algunas de las causales de trato directo, en la forma que se encuentran reguladas, son demasiado amplias y que deben ser revisadas para impedir que se sorteen la licitación sin una motivación suficiente. En el capítulo II se pasa revista a los principios de la licitación pública. En primer lugar, se analiza el principio de libre concurrencia de los oferentes, el sistema de registro de los oferentes para limitar las ofertas temerarias y seleccionar la oferta más conveniente. A su vez, se analizan las prácticas atentatorias de la libre concurrencia, extraídas de la práctica administrativa y de la jurisprudencia administrativa. En segundo lugar, revisamos el principio de igualdad de los oferentes tanto al momento de selección del contratista como durante la ejecución del contrato administrativo. Finalmente, se analiza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, sus límites y relación con otros principios de la licitación pública. En el capítulo III se analiza desde una visión crítica la inhabilidad regulada en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Se analizan cómo las nuevas exigencias derivadas de la contratación administrativa estratégica, mediante la cual el Estado incorpora elementos exógenos para satisfacer necesidades tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas licitantes o el respeto del medio ambiente, pueden generar impactos complejos en la contratación administrativa. En el capítulo IV relativo a las bases de licitación como medio de prueba en la litigación pública contractual, planteamos la tesis de que las bases de licitación no son el único medio de prueba válido para acreditar el sentido y alcance de las obligaciones contractuales, no obstante, su importancia. Esta tesis se funda en que generalmente la estructura y articulación de las bases de licitación es un rol que le corresponde íntegramente al Estado, que se puede convertir en un instrumento perverso para diagnosticar el cumplimiento o incumplimiento ocurrido durante la ejecución del contrato administrativo. En el capítulo V se estudia el principio de probidad administrativa en la fase de evaluación de ofertas de la licitación pública. Sustentamos que las licitaciones públicas deben regirse por el principio de buena fe, bajo la creencia objetiva de que sus miembros deben actuar con honradez y sujetos a una conducta recta, en el sentido de privilegiar el interés público sobre el privado al momento de seleccionar la oferta más conveniente para la satisfacción de la necesidad pública, quedando prohibida la incorporación de elementos o la omisión de requisitos no previstos ni en la ley ni en las bases de licitación, que puedan generar situaciones de privilegios entre los oferentes. En el capítulo VI se analiza el régimen jurídico que regula la contratación administrativa de las empresas públicas en nuestro Derecho Administrativo, en sus distintas etapas, a saber, licitación, ejecución y terminación. Específicamente, se analiza si los contratos suscritos por las distintas empresas públicas existentes en nuestro país se encuentran sometidas exclusivamente a “la legislación común aplicable a los particulares” o las empresas públicas en su actividad contractual deben respetar ciertas normas y principios del derecho administrativo, como cualquier órgano que integra la Administración Pública. El capítulo VII tiene por objeto analizar la tesis sustentada por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema, que afirman que las multas en los contratos administrativos ostentan la naturaleza de cláusulas penales de origen contractual, y cuya aplicación se canaliza a través de la simple ejecución de una cláusula contractual. |
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