Responsabilidad Administrativa y Procedimientos Disciplinarios- Manual De Estudio
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El presente texto aborda, desde una perspectiva teórica y práctica, una de las temáticas que mayor conflictividad genera al interior de la Administración del Estado, como lo es, la responsabilidad administrativa y los procedimientos disciplinarios. Así, ponemos a disposición de la comunidad jurídica y académica, un material de estudio obligado para alumnos de pregrado y para los operadores jurídicos en general –jueces, abogados e interesados en el derecho administrativo–, así como para las autoridades y funcionarios públicos.
A lo largo del libro, se examinan aspectos como el concepto de responsabilidad –y, en particular, la administrativa o disciplinaria–, sus fundamentos, los principios que rigen el ejercicio de la potestad sancionatoria disciplinaria, realizando un análisis dogmático y jurisprudencial de las normas que regulan los procedimientos administrativos disciplinarios.
Este nuevo libro, breve desde el punto de vista de su extensión, constituye una revisión de aquellas instituciones y elementos que consideramos resultan necesarios para comprender la forma bajo la cual se hace –o, debe hacerse– efectiva la responsabilidad funcionaria, respetando estándares que garanticen los derechos de los servidores públicos.
Si bien, el análisis se realiza esencialmente a partir de lo dispuesto en la Ley Nº 18.834, Sobre Estatuto Administrativo, lo consignado, con leves matices, es susceptible de ser aplicado tanto en los procedimientos disciplinarios instruidos a la luz de la Ley Nº 18.883, Aprueba Estatuto Administrativo para funcionarios municipales; conforme a la Ley Nº 10.336, De Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República; o regidos por cualquier cuerpo legal estatutario especial.
El mérito del trabajo está en la exploración y estudio de las principales temáticas actuales que forman parte de la responsabilidad administrativa y los procedimientos disciplinarios, consignando los criterios jurisprudenciales centrales y exponiendo nuestras ideas en aquellos ámbitos en que nos parece pertinente.
Cabe advertir que el libro cita extensa jurisprudencia administrativa, la cual ha sido obtenida desde el sitio electrónico de la Contraloría General de la República (www.contraloria.cl), así como de publicaciones que la misma entidad ha realizado del Estatuto Administrativo, textos que son citados en la bibliografía del presente libro.
I. EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. EN PARTICULAR, LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O DISCIPLINARIA
1. Noción, fundamentos y tipos de responsabilidad
2. La responsabilidad administrativa o disciplinaria
2.1. Generalidades
2.2. Enunciación deberes funcionarios
2.3. Obligaciones generales
2.4. Obligaciones especiales
2.5. Prohibiciones
II. LAS GARANTÍAS Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DISCIPLINARIA
1. Noción y fundamento de la potestad disciplinaria
2. Marco o bases constitucionales
3. Las garantías o principios que constituyen límite y/u orientan el ejercicio de la potestad disciplinaria
3.1. Principio de legalidad de las sanciones
3.2. Principio de interdicción de la arbitrariedad
3.3. Principio del debido procedimiento o debido juzgamiento
3.4. Principio de la debida defensa
3.5. Principio de proporcionalidad de la sanción
3.6. Principio pro reo
3.7. Principio de la inexcusabilidad
3.8. Principio de independencia de la sanción
3.9. Principio de instancias diferenciadas
3.10. Principio de universalidad
3.11. Principio de tipicidad
3.12. Principio non bis in idem o no dos veces por la misma causa
III. LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS: LA INVESTIGACIÓN SUMARIA
1. Aspectos generales: noción, fundamento y características
2. Etapa de iniciación o instrucción
3. Etapa indagatoria
4. Etapa acusatoria
5. Etapa resolutiva
6. Etapa de impugnación
IV. LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS: EL SUMARIO ADMINISTRATIVO
1. Aspectos generales: Noción, fundamento y características
2. Etapa de iniciación o instrucción
3. Etapa indagatoria
4. Etapa acusatoria
5. Etapa resolutiva
6. Etapa de impugnación
V. LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
1. Aspectos generales
2. Causales
2.1. La muerte del funcionario
2.2. La cesación de funciones
2.3. El cumplimiento de la sanción
2.4. La prescripción de la acción disciplinaria
VI. LOS MECANISMOS DE CONTROL DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DISCIPLINARIA
1. Aspectos generales
2. Recursos administrativos
3. Solicitudes de revisión del acto administrativo sancionatorio
4. El reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República
5. La acción de protección de garantías constitucionales
6. Otras acciones jurisdiccionales contenciosas administrativas
7. El déficit de control en el ejercicio de la potestad disciplinaria
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Autor: Alejandro Cárcamo Righetti
Editorial: EJS
Numero de Paginas: 233
Año de publicación: 2024
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| Description | Autor: Alejandro Cárcamo Righetti Editorial: EJS Numero de Paginas: 233 Año de publicación: 2024 | Autores: Rodrigo Silva Montes - María Oriana Martínez Lavín Editorial: EJS Numero de Paginas: 506 Año de publicación: 2022 | Autor: Francisco Javier Aldunate Ramos Editorial: EJS Año de Publicación: 2022 Paginas :1191 | Autor: Carlos Salinas Bruzzone Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 1384 Año de publicación: 2019 | Autor: Juan Carlos Flores Rivas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 352 Año de publicación: 2021 | Autor: Juan Ignacio Trabaglia Editorial: Olejnik Numero de Paginas: 112 Año de publicación: 2022 |
| Content | El presente texto aborda, desde una perspectiva teórica y práctica, una de las temáticas que mayor conflictividad genera al interior de la Administración del Estado, como lo es, la responsabilidad administrativa y los procedimientos disciplinarios. Así, ponemos a disposición de la comunidad jurídica y académica, un material de estudio obligado para alumnos de pregrado y para los operadores jurídicos en general –jueces, abogados e interesados en el derecho administrativo–, así como para las autoridades y funcionarios públicos. A lo largo del libro, se examinan aspectos como el concepto de responsabilidad –y, en particular, la administrativa o disciplinaria–, sus fundamentos, los principios que rigen el ejercicio de la potestad sancionatoria disciplinaria, realizando un análisis dogmático y jurisprudencial de las normas que regulan los procedimientos administrativos disciplinarios. Este nuevo libro, breve desde el punto de vista de su extensión, constituye una revisión de aquellas instituciones y elementos que consideramos resultan necesarios para comprender la forma bajo la cual se hace –o, debe hacerse– efectiva la responsabilidad funcionaria, respetando estándares que garanticen los derechos de los servidores públicos. Si bien, el análisis se realiza esencialmente a partir de lo dispuesto en la Ley Nº 18.834, Sobre Estatuto Administrativo, lo consignado, con leves matices, es susceptible de ser aplicado tanto en los procedimientos disciplinarios instruidos a la luz de la Ley Nº 18.883, Aprueba Estatuto Administrativo para funcionarios municipales; conforme a la Ley Nº 10.336, De Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República; o regidos por cualquier cuerpo legal estatutario especial. El mérito del trabajo está en la exploración y estudio de las principales temáticas actuales que forman parte de la responsabilidad administrativa y los procedimientos disciplinarios, consignando los criterios jurisprudenciales centrales y exponiendo nuestras ideas en aquellos ámbitos en que nos parece pertinente. Cabe advertir que el libro cita extensa jurisprudencia administrativa, la cual ha sido obtenida desde el sitio electrónico de la Contraloría General de la República (www.contraloria.cl), así como de publicaciones que la misma entidad ha realizado del Estatuto Administrativo, textos que son citados en la bibliografía del presente libro. I. EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. EN PARTICULAR, LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O DISCIPLINARIA 1. Noción, fundamentos y tipos de responsabilidad 2. La responsabilidad administrativa o disciplinaria 2.1. Generalidades 2.2. Enunciación deberes funcionarios 2.3. Obligaciones generales 2.4. Obligaciones especiales 2.5. Prohibiciones II. LAS GARANTÍAS Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DISCIPLINARIA 1. Noción y fundamento de la potestad disciplinaria 2. Marco o bases constitucionales 3. Las garantías o principios que constituyen límite y/u orientan el ejercicio de la potestad disciplinaria 3.1. Principio de legalidad de las sanciones 3.2. Principio de interdicción de la arbitrariedad 3.3. Principio del debido procedimiento o debido juzgamiento 3.4. Principio de la debida defensa 3.5. Principio de proporcionalidad de la sanción 3.6. Principio pro reo 3.7. Principio de la inexcusabilidad 3.8. Principio de independencia de la sanción 3.9. Principio de instancias diferenciadas 3.10. Principio de universalidad 3.11. Principio de tipicidad 3.12. Principio non bis in idem o no dos veces por la misma causa III. LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS: LA INVESTIGACIÓN SUMARIA 1. Aspectos generales: noción, fundamento y características 2. Etapa de iniciación o instrucción 3. Etapa indagatoria 4. Etapa acusatoria 5. Etapa resolutiva 6. Etapa de impugnación IV. LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS: EL SUMARIO ADMINISTRATIVO 1. Aspectos generales: Noción, fundamento y características 2. Etapa de iniciación o instrucción 3. Etapa indagatoria 4. Etapa acusatoria 5. Etapa resolutiva 6. Etapa de impugnación V. LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 1. Aspectos generales 2. Causales 2.1. La muerte del funcionario 2.2. La cesación de funciones 2.3. El cumplimiento de la sanción 2.4. La prescripción de la acción disciplinaria VI. LOS MECANISMOS DE CONTROL DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DISCIPLINARIA 1. Aspectos generales 2. Recursos administrativos 3. Solicitudes de revisión del acto administrativo sancionatorio 4. El reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República 5. La acción de protección de garantías constitucionales 6. Otras acciones jurisdiccionales contenciosas administrativas 7. El déficit de control en el ejercicio de la potestad disciplinaria | Migrar, es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales, en consecuencia, el proceso de inmigración tiene dos aspectos fundamentales para las personas: Tomar la decisión de irse y elegir el lugar donde instalarse. Chile ha mantenido a través de su historia la atracción para personas que buscan nuevas oportunidades y que han entregado su aporte al desarrollo de la tierra que los acogió. El 20 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.325, denominada Ley de Migración y Extranjería. Se trata de un intento de legislación orgánica del tema; deroga varios cuerpos legales y modifica otros tantos. Nuestra legislación, y esta ley en particular (Título XIII), también se ocupa de los chilenos en el exterior | Ley N°18.834 - Explicado y comentado El artículo 6° de la Ley N°10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, previene que corresponde exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen. De acuerdo con lo anterior, solo las decisiones y dictámenes de la Contraloría General de la República serán los medios que podrán hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa. Es así que las materias referidas al personal de la Administración del Estado se encuentran contenidas en el Estatuto Administrativo, el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales y/o en estatutos especiales (ejemplo del personal del Congreso Nacional, que reconocen una misma raíz jurídica, el Estatuto de Personal del Ministerio Público y otros). Por ello su interpretación y adecuación a casos concretos alcanza una importancia fundamental a efectos de la resolución de controversias que puedan suscitarse en el seno de distintas entidades públicas. Esta obra busca dar cuenta de esta jurisprudencia administrativa, tomando como base el trabajo liderado en las últimas décadas por la Contraloría General de la República y distintos autores en derecho público, destacando el modelo de don Rolando Pantoja Bauzá. En el último tiempo el Estatuto Administrativo ha sido objeto de numerosas modificaciones las que principalmente han sido dirigidas a incorporar de manera expresa el principio de probidad administrativa al ejercicio de la función pública, regular los concursos de ingreso a la Administración y otras materias, sin considerar, por ejemplo, la estabilidad en el empleo, al menos de manera seria y formal, siendo los avances judiciales y de jurisprudencia administrativa los más relevantes en estos puntos, los que se han ido recogiendo en diversos dictámenes de Contraloría. Este es un repositorio actualizado de jurisprudencia administrativa en los artículos más sensibles que este contiene, libro con pretensión de constituirse en material de consulta para estudiantes y abogados, pero principalmente para funcionarios que quieran conocer más en detalle el funcionamiento de la Administración del Estado, conociendo su “piedra basal”, esto es, la estructura legal de gestión de personal y su normativa aplicable. | indiceAnálisis Crítico de las Prerrogativas Sancionatorias del EstadoBases para la Comprensión Autónoma del Derecho Sancionador Regulatorio en ChileLa presente obra se hace cargo de la evolución de los poderes de sanción de la Administración en Chile, para cuyos efectos analiza esta en el Derecho Administrativo nacional y en el Derecho Administrativo español, máxime cuando la evolución del derecho peninsular ha servido de sustento jurídico para la actual comprensión de las prerrogativas administrativo-sancionatorias en nuestro país. Esta investigación presenta una interesante sistematización de las diversas teorías que se han formulado en Chile para la inteligencia de dichas prerrogativas, dedicando un estudio especial a lo que el autor denomina “teoría de la crítica formal a la radicación de poderes de sanción en la Administración pública”, cuyo sustento se halla en la tesis del ius puniendi estatal único del Estado, posición mayoritariamente aceptada por la doctrina ius administrativa y la jurisprudencia constitucional, administrativa y judicial. El autor efectúa una propuesta innovadora al presentar una relectura de la actividad sustancial de la Administración, advirtiendo la existencia –en el marco de lo que denomina “actividad de intervención”– de un “nuevo derecho sancionatorio en el ámbito de los mercados regulados”, que goza de autonomía respecto de las garantías de orden penal. Cabe destacar, también, el esfuerzo realizado en orden a identificar los principios jurídicos que informarían un “nuevo” Derecho Administrativo Sancionador Regulatorio. La presente obra viene a llenar un sensible vacío referido a un análisis sistemático de los poderes de sanción de la Administración, avanzando decididamente hacia una concepción autónoma del Derecho Sancionador Regulatorio respecto del Derecho Penal, evidenciando las limitaciones de la tesis del ius puniendi estatal único para la comprensión de las diversas manifestaciones del poder de sanción de la Administración. | Abre el presente libro el capítulo I que recoge el artículo “Licitación pública: ¿Es el procedimiento ordinario de contratación administrativa?”. En este artículo se trata de contestar la interrogante de si la licitación pública es el procedimiento general para formar la voluntad contractual del Estado o si las causales de licitación privada o el trato directo son lo suficientemente amplias para que el Estado puede eximirse de la licitación pública. Se arriba a la conclusión de que algunas de las causales de trato directo, en la forma que se encuentran reguladas, son demasiado amplias y que deben ser revisadas para impedir que se sorteen la licitación sin una motivación suficiente. En el capítulo II se pasa revista a los principios de la licitación pública. En primer lugar, se analiza el principio de libre concurrencia de los oferentes, el sistema de registro de los oferentes para limitar las ofertas temerarias y seleccionar la oferta más conveniente. A su vez, se analizan las prácticas atentatorias de la libre concurrencia, extraídas de la práctica administrativa y de la jurisprudencia administrativa. En segundo lugar, revisamos el principio de igualdad de los oferentes tanto al momento de selección del contratista como durante la ejecución del contrato administrativo. Finalmente, se analiza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, sus límites y relación con otros principios de la licitación pública. En el capítulo III se analiza desde una visión crítica la inhabilidad regulada en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Se analizan cómo las nuevas exigencias derivadas de la contratación administrativa estratégica, mediante la cual el Estado incorpora elementos exógenos para satisfacer necesidades tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas licitantes o el respeto del medio ambiente, pueden generar impactos complejos en la contratación administrativa. En el capítulo IV relativo a las bases de licitación como medio de prueba en la litigación pública contractual, planteamos la tesis de que las bases de licitación no son el único medio de prueba válido para acreditar el sentido y alcance de las obligaciones contractuales, no obstante, su importancia. Esta tesis se funda en que generalmente la estructura y articulación de las bases de licitación es un rol que le corresponde íntegramente al Estado, que se puede convertir en un instrumento perverso para diagnosticar el cumplimiento o incumplimiento ocurrido durante la ejecución del contrato administrativo. En el capítulo V se estudia el principio de probidad administrativa en la fase de evaluación de ofertas de la licitación pública. Sustentamos que las licitaciones públicas deben regirse por el principio de buena fe, bajo la creencia objetiva de que sus miembros deben actuar con honradez y sujetos a una conducta recta, en el sentido de privilegiar el interés público sobre el privado al momento de seleccionar la oferta más conveniente para la satisfacción de la necesidad pública, quedando prohibida la incorporación de elementos o la omisión de requisitos no previstos ni en la ley ni en las bases de licitación, que puedan generar situaciones de privilegios entre los oferentes. En el capítulo VI se analiza el régimen jurídico que regula la contratación administrativa de las empresas públicas en nuestro Derecho Administrativo, en sus distintas etapas, a saber, licitación, ejecución y terminación. Específicamente, se analiza si los contratos suscritos por las distintas empresas públicas existentes en nuestro país se encuentran sometidas exclusivamente a “la legislación común aplicable a los particulares” o las empresas públicas en su actividad contractual deben respetar ciertas normas y principios del derecho administrativo, como cualquier órgano que integra la Administración Pública. El capítulo VII tiene por objeto analizar la tesis sustentada por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema, que afirman que las multas en los contratos administrativos ostentan la naturaleza de cláusulas penales de origen contractual, y cuya aplicación se canaliza a través de la simple ejecución de una cláusula contractual. | El autor uruguayo de esta obras señala que entre los nuevos escenarios situacionales se encuentra presente el Estado y dentro de este, la Administración Pública. Su misión vicarial frente a una sociedad cada vez más urgida por los tiempos, debe transitar por los carriles de la tecnología de la información y el conocimiento, lo cual permitirá el ingreso virtual de la Administración Pública de manera permanente e indetenible en el ámbito vital de los individuos. El acto administrativo, manifestación par excellence de aquella, debe dejar atrás los rígidos moldes formales, pero sin olvidar que el centro de su actividad es y será siempre el ser humano, en su búsqueda incesante de alcanzar los cánones de bienestar particular en armonía con el bien general. El acto administrativo electrónico latu sensu y dentro de este los actos administrativos electrónicos sincrónicos y automáticos, constituyen la evidencia de esa necesidad impostergable, que permita en los tiempos que corren una Administración Pública dotada de celeridad, transparencia, seguridad y respeto por los Derechos Fundamentales. |
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