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Curso De Tramitación Electrónica – Análisis De La Ley N° 20.886, Sobre Tramitación Digital De Los Procesos Judiciales Civiles
$23.990
Autor: Rodrigo Silva Montes
Editorial: EJS
Numero de Paginas: 199
Año de publicación: 2025
Nos encontramos en presencia de un cambio de soporte de papel a lo electrónico y solamente respecto de algunas de las actuaciones que se realizan en nuestros procedimientos, sin que por ello se extienda obviamente con semejante generalidad a los medios audiovisuales que deberían regir las audiencias en todos los procesos, lugar donde es notoria y constituye la mejor demostración del atraso de nuestros procedimientos civiles escritos.
De allí que hacer extensiva la tramitación electrónica a los juicios escritos no puede entenderse como una dilación a la llegada de la necesaria modernización según los principios que rigen los procesos orales, que deben ajustarse a una composición orgánica y reglas procesales muy diversos a los que actualmente los rigen.
Sin embargo, la información que nos deberá brindar la tramitación electrónica deberá poner de manifiesto que nuestros actuales tribunales civiles dedican la mayoría de su tiempo, atendida su actual composición, a la solución de problemas de naturaleza que no revisten un carácter propiamente jurisdiccional como debe ser la atención de público, las soluciones de problemas de carácter administrativo, y principalmente la decisión de aspectos de naturaleza que distan mucho de la labor de adjudicador, como lo son muchas de las funciones de la ejecución que se entrega a los tribunales por una decisión legislativa más que por la esencia que implica el ejercicio de la jurisdicción. Por eso es que se ha dicho que para que sea eficaz la sentencia o un título ejecutivo necesitamos más ejecución y menos juicio, única forma de satisfacer expeditamente el crédito que contiene el título.
- DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS PROCESOS JUDICIALES
- Generalidades
1.1. Ámbito de aplicación
1.2. Conceptos básicos - Principios formativos
A. Principio de equivalencia funcional del soporte electrónico
B. Principio de fidelidad
C. Principio de publicidad
D. Principio de la buena fe
E. Principio de actualización de sistemas informáticos
F. Principio de cooperación
G. El Auto Acordado 71/2016
a. Legalidad y competencia
b. Responsabilidad
c. Eficiencia
d. Rotación de funciones
e. Concentración de audiencias
f. Celeridad y oportunidad en la decisión - Uso obligatorio del sistema informático, respaldo y conservación
3.1. Sujeto pasivo del mandato legal
3.2. Contenido del mandato
3.3. Registro
3.4. Conservación
A. Ente responsable
B. Respaldo - Firma electrónica
4.1. Sujetos pasivos del mandato
4.2. Responsabilidad
4.3. Falta de autorización
4.4. Copias autorizadas - Presentación de demandas y escritos
5.1. Regla general
5.2. Excepción
A. Cuando las “circunstancias” así lo requieran
B. Se trate de una persona “autorizada por el tribunal” por carecer de los medios tecnológicos necesarios - Presentación de documentos
6.1. Documentos electrónicos
6.2. Documentos no electrónicos
6.3. Títulos ejecutivos
6.4. Apercibimiento - Patrocinio y poder electrónico
7.1. Patrocinio
7.2. Mandato judicial - Otras formas de notificación
- Registro de actuaciones de receptores
9.1. Carga de registrarse
9.2. Oportunidad para informar
9.3. Registro georreferenciado
9.4. Registro fotográfico o de video
9.5. Facultad de la Corte Suprema
9.6. Sanciones a los receptores - Exhortos
10.1. Regla general
10.2. Excepción - Oficios y comunicaciones judiciales
11.1. Regla general
11.2. Excepción - DE LA MODIFICACIÓN DE DIVERSOS CUERPOS LEGALES
II.I. De las modificaciones al Código de Procedimiento Civil
- Substitución de los artículos 29 y 30 (formación del proceso, de su custodia y de su comunicación a las partes)
A. Del artículo 29
a. Concepto
b. Registro y conservación
c. Eliminación de antecedentes - Del artículo 30
a. Legislación que se modifica
b. Suma - Derogación del artículo 31, sobre las copias
- Substitución del artículo 33 del CPC (sobre la presentación de escritos)
A. De lo que se elimina
B. De los cambios - Modificaciones al artículo 34 (eliminación de “escritos en papel”)
- Derogación del artículo 35 (sobre el desglose de fojas del expediente)
- Reemplazo de los artículos 36 y 37
6.1. En cuanto al artículo 36 (custodia del expediente)
6.2. En cuanto al artículo 37 (de la entrega del expediente a terceros) - Modificación del artículo 46 (sobre la notificación “personal especial”)
- De las notificaciones por el “Estado Diario Electrónico”
- Del artículo 57 (certificación de las diligencias de notificación)
- De las actuaciones judiciales
10.1. Testimonio en la carpeta electrónica
10.2. Comunicaciones entre tribunales - Del privilegio de pobreza
- De las resoluciones judiciales
12.1. Aviso de sentencia definitiva
12.2. Suspensión de la vista de la causa; y recusación de abogados integrantes
12.3. Firma electrónica de las resoluciones judiciales
12.4. Fallos separados o parciales - De la apelación
13.1. Del llamado “falso recurso de hecho”
13.2. Remisión de los antecedentes al tribunal ad quem
13.3. Solicitud de alegatos
13.4. Certificado de ingreso
13.5. Examen de admisibilidad del recurso de apelación
13.6. Del Recurso de Hecho
A. Plazo
B. Petición de la carpeta electrónica
C. Fallo
13.7. De la prescripción de la apelación
13.8. Inadmisibilidad del recurso de apelación
13.9. Adhesión a la apelación
13.10. De las notificaciones
13.11. De los informes en derecho - De la Tabla de Emplazamientos
- De la conciliación
- Prueba documental electrónica
- Prueba testimonial
- De las observaciones a la prueba en el juicio ejecutivo
- Del recurso de casación
19.1. Eliminación de causales
19.2. De los efectos del recurso de casación
19.3. Examen de admisibilidad
19.4. Certificado de ingreso y comparecencia
II.II. De las modificaciones al Código Orgánico de Tribunales
- De los acuerdos
2. De la competencia
3. De la integración
4. De los relatores
5. De los secretarios
6. De los “receptores ad hoc”
7. De los receptores
8. Del juramento de nuevos abogados
9. Medidas disciplinarias
ANEXOS
- Ley No 20.886, que modifica al Código de Procedimiento Civil, para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, publicada en el Diario Oficial No 41.335, de fecha 18 de diciembre de 2015
2. Auto Acordado No 37-2016, para la Aplicación en el Poder Judicial de la Ley No 20.886, que Establece la Tramitación Digital de los Procedimientos Judiciales, dictado por la Corte Suprema el 15 de abril de 2016, y publicado en el Diario Oficial No 41.439, del 22 de abril de 2016
3. Auto Acordado No 71-2016, que regula el funcionamiento de tribunales que tramitan electrónicamente, dictado por la Corte Suprema el 16 de junio de 2016, y publicado en el Diario Oficial No 41.503, del 8 de julio de 2016
4. Convenio de Budapest, Hungría, sobre ciberdelincuencia
5. Auto Acordado No 13-2021, de la Corte Suprema, publicado en el Diario Oficial de 22 de enero de 2021, sobre remates judiciales de inmuebles mediante videoconferencias
6. Auto Acordado No 271-2021, de la Corte Suprema, publicado en el Diario Oficial de 18 de diciembre de 2021, sobre audiencias y vistas de causas por videoconferencias
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| Description | Nos encontramos en presencia de un cambio de soporte de papel a lo electrónico y solamente respecto de algunas de las actuaciones que se realizan en nuestros procedimientos, sin que por ello se extienda obviamente con semejante generalidad a los medios audiovisuales que deberían regir las audiencias en todos los procesos, lugar donde es notoria y constituye la mejor demostración del atraso de nuestros procedimientos civiles escritos. De allí que hacer extensiva la tramitación electrónica a los juicios escritos no puede entenderse como una dilación a la llegada de la necesaria modernización según los principios que rigen los procesos orales, que deben ajustarse a una composición orgánica y reglas procesales muy diversos a los que actualmente los rigen. Sin embargo, la información que nos deberá brindar la tramitación electrónica deberá poner de manifiesto que nuestros actuales tribunales civiles dedican la mayoría de su tiempo, atendida su actual composición, a la solución de problemas de naturaleza que no revisten un carácter propiamente jurisdiccional como debe ser la atención de público, las soluciones de problemas de carácter administrativo, y principalmente la decisión de aspectos de naturaleza que distan mucho de la labor de adjudicador, como lo son muchas de las funciones de la ejecución que se entrega a los tribunales por una decisión legislativa más que por la esencia que implica el ejercicio de la jurisdicción. Por eso es que se ha dicho que para que sea eficaz la sentencia o un título ejecutivo necesitamos más ejecución y menos juicio, única forma de satisfacer expeditamente el crédito que contiene el título.
II.I. De las modificaciones al Código de Procedimiento Civil
II.II. De las modificaciones al Código Orgánico de Tribunales
ANEXOS
| Autor: Jorge González Varas Editorial : EJS Año de Publicación : 2022 Paginas :374 | Autor: Mauricio Torres Jáuregui Editorial: EJS Año de Publicación: 2022 Paginas :238 | Autor: Máximo Pacheco Gómez Editorial: EJS Numero de Paginas: 2032 Año de publicación: 2022 | Autor: Alejandro Cárcamo Righetti Editorial: Ediciones Jurídicas de Santiago Numero de Paginas: 221 Año de publicación: 2022 | Autores: Rodrigo Silva Montes - María Oriana Martínez Lavín Editorial: EJS Numero de Paginas: 506 Año de publicación: 2022 |
| Content | Autor: Rodrigo Silva Montes Editorial: EJS Numero de Paginas: 199 Año de publicación: 2025 | La presente obra tiene por objeto principal presentar el fenómeno de las brechas que permiten la elusión tributaria y abordar analíticamente la utilidad de perseguirlas a través de la Norma General Anti-elusiva en cuanto es una de las formas que se utilizan para estrechar o suprimir las brechas ya mencionadas y sus efectos. El autor considera que, cuando pesa sobre un contribuyente la posibilidad de haber realizado actos constitutivos de elusión tributaria o de fraude tributario, surge la necesidad para el Fisco de indagar si existe o no existe elusión en la conducta desplegada por ese contribuyente. Son analizadas las nociones de ciudadano, ciudadanía, contribuyente, potestad tributaria, límites a la potestad tributaria, garantías de los contribuyentes, justo y racional procedimiento, normas anti-elusivas, formas de aplicación de las normas anti-elusivas en diferentes jurisdicciones, utilidad en los resultados de las mismas, interpretación de las normas jurídicas anti-elusivas reconociéndolas como normas jurídicas, lenguaje y verdad, bien común, gobernanza local, democracia, sociedad democrática, estado y derecho. Se detalla la necesidad de un procedimiento objetivo para la aplicación de las normas jurídicas anti-elusivas en que sean efectivamente respetadas las garantías del contribuyente u acatada la potestad tributaria del Estado. Solamente con un equilibrio de dichos factores las brechas elusivas podrán ser perseguidas con la eficacia que se requiere para mejorar los rendimientos tributarios. El texto considera que las normas jurídicas anti-elusivas requieren de conocimientos relevantes sobre las mismas tanto al momento de elaborarlas como a momento de interpretarlas y aplicarlas, motivo por el cual se efectúa el análisis del procedimiento y de las reglas de interpretación aplicables a las normas generales anti-elusivas por considerar esa revisión un antecedente ineludible en la estructura tributaria anti-elusiva. Así, son examinados los sistemas anti-elusivos de distintos países, tales como Brasil; Chile; Italia; Francia; España; Alemania; Inglaterra; Estados Unidos; Nueva Zelandia; Australia, entre otros. El tratamiento de aspectos doctrinarios; de derecho comparado; legales; sociales; jurisprudenciales y jurídicos en general constituyen uno de los aportes interesantes, si bien no el único, de la obra que se presenta. Finalmente se plantea que el respeto de la Potestad Tributaria y de las garantías de los contribuyentes requieren considerar que el Estado contemporáneo para poder cumplir sus fines debe estar construido sobre las bases de una sociedad democrática o, en otros términos, esos elementos deben ser contextualizados dentro de un Estado de Derecho, Democrático y Social que ampare el Bien Común, y que otorgue respuesta y satisfacción a los derechos de sus habitantes, sean o no contribuyentes, y con cargo a la contribución de las personas que tengan capacidad para ello, fundamentado en el principio de solidaridad y respetando la creatividad del ser humano. El autor espera contribuir al estudio de los medios jurídicos para perseguir la elusión tributaria en una perspectiva de modesto e intenso aporte. | INDICE Este libro es producto de una tesis de pregrado, titulada «El pensamiento conservador en la Constitución chilena de 1980», qué fue escrita entre los años 2013 y 2015. El centro de esta obra es mostrar que el problema principal de la Constitución de 1980 no es necesariamente su y legitimidad de origen, ni específicamente sus enclaves antidemocráticos. Ellos no son sino expresiones de un asunto mayor: la influencia del pensamiento conservador presenten en la redacción de la Constitución. Esto puede no parecer problemático, hasta que se tiene a la vista una sociedad que se ha vuelto cada vez más exigente en cuanto a reformas económicas y sociales se refiere; para esta sociedad una constitución conservadora está vista como poco representativa. Han pasado más de 5 años desde que la tesis original fue escrita, y cómo es natural, los procesos sociales han modificado la situación en la que nos encontramos. por esta razón, El lector encontrará, además, reflexiones sobre el significado del proceso constituyente iniciado por la expresidenta Bachelet, además de esbozar algunas luces sobre el proceso constituyente 2020 por estallido social, en concordancia con las principales tesis formuladas en el cuerpo de este libro. | Descripción
Los académicos que han actualizado la presente obra han querido seguir el camino que inició el profesor Máximo Pacheco Gómez, ex Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Doctor Honoris Causa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia y Vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que se crea una recopilación y sistematización de documentos básicos sobre Derechos Humanos, que comprende desde la Carta Magna (1215) hasta normativa aplicable en nuestros días.
Se han considerado fuentes de relevancia, provenientes de instituciones como Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de la Organización Internacional del Trabajo, entre otras. El objetivo es generar una obra de utilidad para juristas, estudiantes, académicos, abogados, jueces, servidores públicos; en general, para quienes estén interesados o que su quehacer tenga relación con los Derechos Humanos.
En la actualización se ha tenido especial énfasis en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que tengan vigencia internacional. Ello, dado que por vía del artículo 5 de la Constitución Política de Chile pasan a ser parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, aplicables. Como también, porque tendrán que considerarse por la Convención Constitucional que redactará la Nueva Constitución, de acuerdo con el artículo 135 del mismo texto citado. En ese contexto, además junto al Tratado de Viena y a los mismos preceptos constitucionales de los demás países que dan importancia al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la obra puede ser un aporte internacional.
Asimismo, se ha incluido normativa de Derechos Humanos que, sin haber sido ratificada aún por Chile o faltando su vigencia internacional, es menester conocerla. Es probable que en un futuro próximo integren el ordenamiento jurídico chileno.
Además, se han agregado, al igual que en la obra original, documentos que, sin ser tratados internacionales, tienen significancia en materia de Derechos Humanos, como declaraciones, recomendaciones y proclamaciones de principios de instituciones de relevancia.
| INDICE El presente libro se estructura procurando seguir el ismo orden de materias contenidas en la Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, revisando y analizando en algunos aspectos, críticamente dicha regulación. En cada uno de sus acápites se procura dar especial énfasis en la revisión de los principales criterios jurisprudenciales que se han formulado en la materia, por sobre los aspectos puramente doctrinarios. | Migrar, es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales, en consecuencia, el proceso de inmigración tiene dos aspectos fundamentales para las personas: Tomar la decisión de irse y elegir el lugar donde instalarse. Chile ha mantenido a través de su historia la atracción para personas que buscan nuevas oportunidades y que han entregado su aporte al desarrollo de la tierra que los acogió. El 20 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.325, denominada Ley de Migración y Extranjería. Se trata de un intento de legislación orgánica del tema; deroga varios cuerpos legales y modifica otros tantos. Nuestra legislación, y esta ley en particular (Título XIII), también se ocupa de los chilenos en el exterior |
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