Algunas cuestiones de derecho procesal administrativo y ley N° 20.285

El artículo 28 de la Ley N° 20.285, Sobre acceso a la información pública ¿Un tema solo de legitimidad? ¿O acaso la administración no puede ejercer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva?

En este trabajo adentraremos en el derecho de acción como derecho público subjetivo, los conceptos de partes y su problemática actual, pero en lo que ahora nos interesa exploraremos su vinculación con el Derecho Administrativo, en especial con el sentido del artículo 28 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.

Comenzaremos con un café en un breve coloquio con la historia de Chile, al menos con aquella que ha significado nuestra evolución como sociedad del último siglo.

Nos empaparemos del litisconsorcio necesario y explicaremos por qué aquellas instituciones centralizadas del ordenamiento jurídico chileno, que aun careciendo de alguno de los atributos de la personalidad -como Carabineros de Chile a título meramente ejemplar- sí pueden comparecer ante los tribunales de justicia en defensa de sus intereses legítimos, al ser precisamente titulares de derechos públicos subjetivos, buscando acceder a la tutela jurisdiccional efectiva.

Estudiaremos la tutela diferenciada.

Razonaremos en todo ello sobre la base del debido proceso, a partir de la garantía fundamental del artículo 19, N° 3 de nuestra Carta Política y del enfoque jurisprudencial en nuestro sistema normativo, como también nutriéndonos del marco que proporciona la jurisprudencia de la C.I.D.H, por aplicación del artículo 5° de nuestra Constitución Política de la República.

Reflexionaremos, finalmente, nuevamente sobre el valor del precedente y de la jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico.

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1 El problema de lo contencioso administrativo
1.1.1 Un café con la historia
1.1.2 La Carta de 1833 y algunos de sus hitos hacia fines del siglo XIX
1.1.3 La Constitución Política de 1925
1.1.4 El contencioso administrativo de nuestros días, o la competencia de la justicia ordinaria para conocer de la actividad de la Administración. El escenario pre y post 11.9.1973

1.2 La Administración como parte. Un tema de igualdad y de debido proceso. Revisión jurisprudencial
1.2.1 La Jurisprudencia Judicial
1.2.2 La Jurisprudencia constitucional

1.3 La tutela judicial efectiva o la constitucionalización de los derechos fundamentales en el marco de las garantías del proceso
1.3.1 Algo del Derecho Comparado
1.3.1.1 España
1.3.1.2 Perú
1.3.1.3 Venezuela
1.3.1.4 Colombia
1.3.1.5 Brasil
1.3.1.6 Uruguay
1.3.1.7 Argentina
1.3.2 En nuestro ordenamiento jurídico

1.4 Una mirada desde la óptica de la Convención Interamericana de DD.HH.
1.4.1 Qué entiende la CADH por debido proceso legal
1.4.2 El derecho a ser oído
1.4.3 Derecho a un Tribunal independiente, imparcial y competente
1.4.4 Derecho a ser juzgado en un plazo razonable
1.4.5 Derecho a una resolución motivada
1.4.6 Previsibilidad de la sanción

CAPÍTULO II
EL DERECHO DE ACCIÓN

2.1 La acción. Un derecho público subjetivo

2.2 Las acciones y el tipo de tutela jurídica que persiguen
2.2.1 La acción de condena
2.2.2 La acción declarativa o de mera declaración
2.2.3 La acción constitutiva

CAPÍTULO III
UNA APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE PARTES Y LEGITIMACIÓN. EL PROBLEMA DEL LITISCONSORCIO NECESARIO

3.1 Las partes y la legitimación
3.1.1 Revisión Jurisprudencial
3.1.2 Consideraciones doctrinales
3.1.3 El litisconsorcio necesario

3.2 El Estado como parte y su capacidad. Adelantando conceptos
3.2.1 Generalidades. La personificación del Derecho Administrativo y el principio de juridicidad
3.2.2 El Estado como parte y la complejidad de la litigación pública

CAPÍTULO IV
LOS DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS

4.1 Generalidades
4.2 La obra de Jellinek

CAPÍTULO V
¿Y SI HABLAMOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY N° 20.285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?

5.1 Un punto de partida
5.2 Contencioso administrativo de ilegalidad Rol N° 119-2021. Carabineros de Chile / Consejo para la Transparencia
5.3 Conflictos de intereses. O cómo nos hacemos cargo de las situaciones jurídicas de desventaja. Nuestra posición frente a dos interrogantes