Algunas cuestiones de derecho procesal administrativo y ley N° 20.285
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El artículo 28 de la Ley N° 20.285, Sobre acceso a la información pública ¿Un tema solo de legitimidad? ¿O acaso la administración no puede ejercer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva?
En este trabajo adentraremos en el derecho de acción como derecho público subjetivo, los conceptos de partes y su problemática actual, pero en lo que ahora nos interesa exploraremos su vinculación con el Derecho Administrativo, en especial con el sentido del artículo 28 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.
Comenzaremos con un café en un breve coloquio con la historia de Chile, al menos con aquella que ha significado nuestra evolución como sociedad del último siglo.
Nos empaparemos del litisconsorcio necesario y explicaremos por qué aquellas instituciones centralizadas del ordenamiento jurídico chileno, que aun careciendo de alguno de los atributos de la personalidad -como Carabineros de Chile a título meramente ejemplar- sí pueden comparecer ante los tribunales de justicia en defensa de sus intereses legítimos, al ser precisamente titulares de derechos públicos subjetivos, buscando acceder a la tutela jurisdiccional efectiva.
Estudiaremos la tutela diferenciada.
Razonaremos en todo ello sobre la base del debido proceso, a partir de la garantía fundamental del artículo 19, N° 3 de nuestra Carta Política y del enfoque jurisprudencial en nuestro sistema normativo, como también nutriéndonos del marco que proporciona la jurisprudencia de la C.I.D.H, por aplicación del artículo 5° de nuestra Constitución Política de la República.
Reflexionaremos, finalmente, nuevamente sobre el valor del precedente y de la jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico.
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 El problema de lo contencioso administrativo
1.1.1 Un café con la historia
1.1.2 La Carta de 1833 y algunos de sus hitos hacia fines del siglo XIX
1.1.3 La Constitución Política de 1925
1.1.4 El contencioso administrativo de nuestros días, o la competencia de la justicia ordinaria para conocer de la actividad de la Administración. El escenario pre y post 11.9.1973
1.2 La Administración como parte. Un tema de igualdad y de debido proceso. Revisión jurisprudencial
1.2.1 La Jurisprudencia Judicial
1.2.2 La Jurisprudencia constitucional
1.3 La tutela judicial efectiva o la constitucionalización de los derechos fundamentales en el marco de las garantías del proceso
1.3.1 Algo del Derecho Comparado
1.3.1.1 España
1.3.1.2 Perú
1.3.1.3 Venezuela
1.3.1.4 Colombia
1.3.1.5 Brasil
1.3.1.6 Uruguay
1.3.1.7 Argentina
1.3.2 En nuestro ordenamiento jurídico
1.4 Una mirada desde la óptica de la Convención Interamericana de DD.HH.
1.4.1 Qué entiende la CADH por debido proceso legal
1.4.2 El derecho a ser oído
1.4.3 Derecho a un Tribunal independiente, imparcial y competente
1.4.4 Derecho a ser juzgado en un plazo razonable
1.4.5 Derecho a una resolución motivada
1.4.6 Previsibilidad de la sanción
CAPÍTULO II
EL DERECHO DE ACCIÓN
2.1 La acción. Un derecho público subjetivo
2.2 Las acciones y el tipo de tutela jurídica que persiguen
2.2.1 La acción de condena
2.2.2 La acción declarativa o de mera declaración
2.2.3 La acción constitutiva
CAPÍTULO III
UNA APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE PARTES Y LEGITIMACIÓN. EL PROBLEMA DEL LITISCONSORCIO NECESARIO
3.1 Las partes y la legitimación
3.1.1 Revisión Jurisprudencial
3.1.2 Consideraciones doctrinales
3.1.3 El litisconsorcio necesario
3.2 El Estado como parte y su capacidad. Adelantando conceptos
3.2.1 Generalidades. La personificación del Derecho Administrativo y el principio de juridicidad
3.2.2 El Estado como parte y la complejidad de la litigación pública
CAPÍTULO IV
LOS DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS
4.1 Generalidades
4.2 La obra de Jellinek
CAPÍTULO V
¿Y SI HABLAMOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY N° 20.285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?
5.1 Un punto de partida
5.2 Contencioso administrativo de ilegalidad Rol N° 119-2021. Carabineros de Chile / Consejo para la Transparencia
5.3 Conflictos de intereses. O cómo nos hacemos cargo de las situaciones jurídicas de desventaja. Nuestra posición frente a dos interrogantes
5 disponibles
Autor: Jorge A. Ramírez Ibarra
Editorial: Editorial Hammurabi
Numero de Paginas: 213
Año de publicación: 2025
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| Settings | Algunas cuestiones de derecho procesal administrativo y ley N° 20.285 remove | Boletín de Jurisprudencia de Derecho Laboral. Funcionarios Municipales N° 5 remove | Libre competencia y acuerdos de exclusividad remove | Derecho Internacional de América Latina remove | Procedimiento Concursal. Rechazo de la Solicitud de Liquidación Voluntaria en la Ley N° 20.720 remove | Boletín de Jurisprudencia de Derecho Laboral N° 8 Causales del Artículo 159 en la Terminación del Contrato remove |
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| Description | Autor: Jorge A. Ramírez Ibarra Editorial: Editorial Hammurabi Numero de Paginas: 213 Año de publicación: 2025 | Autor: Editorial Hammurabi Editorial : Hammurabi Año de Publicación : 2022 Paginas :198 | Autor: Cristóbal Lema Abarca Editorial: Editorial Hammurabi Numero de Paginas: 184 Año de publicación: 2022 | Autor: María Déborah Ramírez Rondón Editorial : Hammurabi Año de Publicación : 2022 Paginas :214 | Autor: Ismael González Cerda Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 118 Año de publicación: 2022 | Autor: Editorial Hammurabi Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 190 Año de publicación: 2022 |
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El artículo 28 de la Ley N° 20.285, Sobre acceso a la información pública ¿Un tema solo de legitimidad? ¿O acaso la administración no puede ejercer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva?
En este trabajo adentraremos en el derecho de acción como derecho público subjetivo, los conceptos de partes y su problemática actual, pero en lo que ahora nos interesa exploraremos su vinculación con el Derecho Administrativo, en especial con el sentido del artículo 28 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.
Comenzaremos con un café en un breve coloquio con la historia de Chile, al menos con aquella que ha significado nuestra evolución como sociedad del último siglo.
Nos empaparemos del litisconsorcio necesario y explicaremos por qué aquellas instituciones centralizadas del ordenamiento jurídico chileno, que aun careciendo de alguno de los atributos de la personalidad -como Carabineros de Chile a título meramente ejemplar- sí pueden comparecer ante los tribunales de justicia en defensa de sus intereses legítimos, al ser precisamente titulares de derechos públicos subjetivos, buscando acceder a la tutela jurisdiccional efectiva.
Estudiaremos la tutela diferenciada.
Razonaremos en todo ello sobre la base del debido proceso, a partir de la garantía fundamental del artículo 19, N° 3 de nuestra Carta Política y del enfoque jurisprudencial en nuestro sistema normativo, como también nutriéndonos del marco que proporciona la jurisprudencia de la C.I.D.H, por aplicación del artículo 5° de nuestra Constitución Política de la República.
Reflexionaremos, finalmente, nuevamente sobre el valor del precedente y de la jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico.
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 El problema de lo contencioso administrativo
1.1.1 Un café con la historia
1.1.2 La Carta de 1833 y algunos de sus hitos hacia fines del siglo XIX
1.1.3 La Constitución Política de 1925
1.1.4 El contencioso administrativo de nuestros días, o la competencia de la justicia ordinaria para conocer de la actividad de la Administración. El escenario pre y post 11.9.1973
1.2 La Administración como parte. Un tema de igualdad y de debido proceso. Revisión jurisprudencial
1.2.1 La Jurisprudencia Judicial
1.2.2 La Jurisprudencia constitucional
1.3 La tutela judicial efectiva o la constitucionalización de los derechos fundamentales en el marco de las garantías del proceso
1.3.1 Algo del Derecho Comparado
1.3.1.1 España
1.3.1.2 Perú
1.3.1.3 Venezuela
1.3.1.4 Colombia
1.3.1.5 Brasil
1.3.1.6 Uruguay
1.3.1.7 Argentina
1.3.2 En nuestro ordenamiento jurídico
1.4 Una mirada desde la óptica de la Convención Interamericana de DD.HH.
1.4.1 Qué entiende la CADH por debido proceso legal
1.4.2 El derecho a ser oído
1.4.3 Derecho a un Tribunal independiente, imparcial y competente
1.4.4 Derecho a ser juzgado en un plazo razonable
1.4.5 Derecho a una resolución motivada
1.4.6 Previsibilidad de la sanción
CAPÍTULO II
EL DERECHO DE ACCIÓN
2.1 La acción. Un derecho público subjetivo
2.2 Las acciones y el tipo de tutela jurídica que persiguen
2.2.1 La acción de condena
2.2.2 La acción declarativa o de mera declaración
2.2.3 La acción constitutiva
CAPÍTULO III
UNA APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE PARTES Y LEGITIMACIÓN. EL PROBLEMA DEL LITISCONSORCIO NECESARIO
3.1 Las partes y la legitimación
3.1.1 Revisión Jurisprudencial
3.1.2 Consideraciones doctrinales
3.1.3 El litisconsorcio necesario
3.2 El Estado como parte y su capacidad. Adelantando conceptos
3.2.1 Generalidades. La personificación del Derecho Administrativo y el principio de juridicidad
3.2.2 El Estado como parte y la complejidad de la litigación pública
CAPÍTULO IV
LOS DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS
4.1 Generalidades
4.2 La obra de Jellinek
CAPÍTULO V
¿Y SI HABLAMOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY N° 20.285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?
5.1 Un punto de partida
5.2 Contencioso administrativo de ilegalidad Rol N° 119-2021. Carabineros de Chile / Consejo para la Transparencia
5.3 Conflictos de intereses. O cómo nos hacemos cargo de las situaciones jurídicas de desventaja. Nuestra posición frente a dos interrogantes
| Indice Recopilación seleccionada de jurisprudencia relativa a tutela laboral. | Indice Descripción Este estudio trata sobre los acuerdos de exclusividad, aquellos a través de los cuales se prohíbe a un comprador adquirir bienes o servicios de los competidores del vendedor exclusivo; fenómeno común que se observa principalmente en la cadena de distribución de bienes y, en menor medida, de servicios. Normalmente, la preocupación del derecho de la competencia respecto a este comportamiento es que las empresas dominantes pueden emplearlos para excluir anticompetitivamente a sus rivales. Además, se plantea que cuando los acuerdos de exclusividad son usados por todos o la mayoría de los agentes económicos de un mercado, estos también pueden relajar la competencia y propiciar una colusión en el mercado afectado y, en caso de que los acuerdos de exclusividad sean pactados con distribuidores, perjudicar o dificultar las elecciones de los consumidores. A pesar de lo anterior, esta práctica puede ser utilizada con propósitos procompetitivos, pues es comúnmente aceptado que los acuerdos de exclusividad permiten disminuir los costos de transacción de las partes involucradas o solucionar un eventual problema de cautividad y, si son parte de un contrato de distribución, eliminar un posible problema de parasitismo o fomentar la competencia por la distribución. Debido a que los acuerdos de exclusividad tienen el potencial para ocasionar efectos anticompetitivos y procompetitivos, se propone, en línea con parte de la jurisprudencia y doctrina comparada y con las decisiones más recientes de las autoridades de nuestro país, que estos se analicen conforme a la regla de la razón, test que correspondería aplicar sin importar el poder de mercado que detente el vendedor exclusivo. | Indice DERECHO INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Aportes del pensamiento iusinternacional de Andrés Bello “Si se me permitiera imprimir mi primera sensación frente a ella no dudaría en calificarla, aun antes de extraordinaria, profunda, clarificadora, desde mi óptica latina como seductora porque toma posición frente a debates jurídicos, invita a degustar sus reflexiones para profundizar y gozarla. Jurídicamente es novedosa porque trae al escenario la reciente y profunda reforma al Code civil francés del 2016, de cuyo contenido somos vigilantes los latinoamericanos por la introducción de tantas primicias de originalidad al llevar al área contractual los avances de la jurisprudencia de Casación, en tanto verdadera bandera del renacimiento del Derecho Privado … La construcción sistemática del incumplimiento es una de las cuestiones más escabrosas en su planteamiento como requisito esencial y especial conducente a la resolución del contrato … Si bien para el civilista muchos de los conceptos referidos a la resolución del contrato, como va desde la rescisión hasta la nulidad, en cuyos senderos muchas veces la jurisprudencia muestra muchos traspiés, principalmente por los cambios de integración de los magistrados de una época con otra, de unos más cultos y otros menos, la labor del autor se orienta hacia una tarea didáctica, un planteamiento clarificador, subrayando, dejando la emoción de leer a un verdadero Maestro…”. (Prólogo del Dr. Ricardo Zeledón Zeledón, exmagistrado del Tribunal Supremo de Costa Rica, catedrático de la Universidad de Costa Rica, expresidente de la Academia costarricense de Derecho, Presidente del Comité Americano de Derecho Agrario, Presidente Emérito de la Unión Mundial de Derecho Agrario y Miembro de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de España). | Indice-Libro-PC-Rechazo Análisis jurisprudencial de sentencias dictadas entre el año 2015 y 2021 En esta obra, que se encuentra en el marco de realización de tesis de Magíster en Derecho Privado de la Universidad de Concepción durante el año 2021-2022, se analizan los factores más comunes que inciden en el juez concursal para rechazar una solicitud de liquidación voluntaria en la ley N.º 20.720. Esta probanza se realizará desde la óptica jurisprudencial, en su labor descriptiva, de sistematización y con un énfasis de sentencia lata, mediante la sistematización de 57 sentencias de primera, segunda instancia y de la Excelentísima Corte Suprema entre el año 2015 y 2021. Este análisis evidenciará la tendencia que siguen nuestros tribunales de justicia nacionales hacia la acreditación de insolvencia del deudor a través de los antecedentes exigidos en el artículo 115 y 273, de tal manera de rechazar una solicitud sino se acredita aquella, siendo insuficiente su sola confesión espontánea. Entre los factores se destacan: el tribunal al cual se presenta la solicitud, juicios pendientes y cantidad de juicios a considerarse, sala de la Corte Suprema y su conformación, entre otros. Sin duda, ayudará a los abogados y abogadas a revisar los criterios de nuestros tribunales de justicia al momento de presentar su solicitud de liquidación voluntaria y los fundamentos doctrinales y jurisprudenciales de éstos al momento de resolver por su negativa. Para el abogado que tramita procedimientos concursales, conocer los factores más comunes de rechazo de solicitudes de liquidación voluntaria constituye una herramienta fundamental para prever el éxito de la acción que pretende ejercitar. De ese modo, puede asesorar mejor a su cliente, podrá fundamentar adecuadamente la solicitud de liquidación y, en su caso, recurrir fundadamente contra la resolución que niega lugar a la solicitud. Desde el punto de vista dogmático, la respuesta es muy importante para juzgar la calidad y conveniencia práctica de la norma en vigor, de cara a futuros cambios legislativos. | IndiceEditorial HammurabiEditorial Hammurabi º1, 2021. ACCIDENTES DEL TRABAJO Nº2, 2021. DESPIDO INDIRECTO Nº3, 2021. DESPIDO INJUSTIFICADO Nº4, 2021. TUTELA LABORAL Nº5, 2022. FUNCIONARIOS MUNICIPALES Nº6, 2022. CAUSALES DEL ARTÍCULO 160 EN LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Nº7, 2022. PRÁCTICAS ANTISINDICALES Nº8, 2022. CAUSALES DEL ARTÍCULO 159 EN LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO |
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