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Algunas cuestiones de derecho procesal administrativo y ley N° 20.285

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El artículo 28 de la Ley N° 20.285, Sobre acceso a la información pública ¿Un tema solo de legitimidad? ¿O acaso la administración no puede ejercer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva?

En este trabajo adentraremos en el derecho de acción como derecho público subjetivo, los conceptos de partes y su problemática actual, pero en lo que ahora nos interesa exploraremos su vinculación con el Derecho Administrativo, en especial con el sentido del artículo 28 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.

Comenzaremos con un café en un breve coloquio con la historia de Chile, al menos con aquella que ha significado nuestra evolución como sociedad del último siglo.

Nos empaparemos del litisconsorcio necesario y explicaremos por qué aquellas instituciones centralizadas del ordenamiento jurídico chileno, que aun careciendo de alguno de los atributos de la personalidad -como Carabineros de Chile a título meramente ejemplar- sí pueden comparecer ante los tribunales de justicia en defensa de sus intereses legítimos, al ser precisamente titulares de derechos públicos subjetivos, buscando acceder a la tutela jurisdiccional efectiva.

Estudiaremos la tutela diferenciada.

Razonaremos en todo ello sobre la base del debido proceso, a partir de la garantía fundamental del artículo 19, N° 3 de nuestra Carta Política y del enfoque jurisprudencial en nuestro sistema normativo, como también nutriéndonos del marco que proporciona la jurisprudencia de la C.I.D.H, por aplicación del artículo 5° de nuestra Constitución Política de la República.

Reflexionaremos, finalmente, nuevamente sobre el valor del precedente y de la jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico.

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1 El problema de lo contencioso administrativo
1.1.1 Un café con la historia
1.1.2 La Carta de 1833 y algunos de sus hitos hacia fines del siglo XIX
1.1.3 La Constitución Política de 1925
1.1.4 El contencioso administrativo de nuestros días, o la competencia de la justicia ordinaria para conocer de la actividad de la Administración. El escenario pre y post 11.9.1973

1.2 La Administración como parte. Un tema de igualdad y de debido proceso. Revisión jurisprudencial
1.2.1 La Jurisprudencia Judicial
1.2.2 La Jurisprudencia constitucional

 

1.3 La tutela judicial efectiva o la constitucionalización de los derechos fundamentales en el marco de las garantías del proceso
1.3.1 Algo del Derecho Comparado
1.3.1.1 España
1.3.1.2 Perú
1.3.1.3 Venezuela
1.3.1.4 Colombia
1.3.1.5 Brasil
1.3.1.6 Uruguay
1.3.1.7 Argentina
1.3.2 En nuestro ordenamiento jurídico

1.4 Una mirada desde la óptica de la Convención Interamericana de DD.HH.
1.4.1 Qué entiende la CADH por debido proceso legal
1.4.2 El derecho a ser oído
1.4.3 Derecho a un Tribunal independiente, imparcial y competente
1.4.4 Derecho a ser juzgado en un plazo razonable
1.4.5 Derecho a una resolución motivada
1.4.6 Previsibilidad de la sanción

CAPÍTULO II
EL DERECHO DE ACCIÓN

2.1 La acción. Un derecho público subjetivo

2.2 Las acciones y el tipo de tutela jurídica que persiguen
2.2.1 La acción de condena
2.2.2 La acción declarativa o de mera declaración
2.2.3 La acción constitutiva

CAPÍTULO III
UNA APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE PARTES Y LEGITIMACIÓN. EL PROBLEMA DEL LITISCONSORCIO NECESARIO

3.1 Las partes y la legitimación
3.1.1 Revisión Jurisprudencial
3.1.2 Consideraciones doctrinales
3.1.3 El litisconsorcio necesario

3.2 El Estado como parte y su capacidad. Adelantando conceptos
3.2.1 Generalidades. La personificación del Derecho Administrativo y el principio de juridicidad
3.2.2 El Estado como parte y la complejidad de la litigación pública

CAPÍTULO IV
LOS DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS

4.1 Generalidades
4.2 La obra de Jellinek

CAPÍTULO V
¿Y SI HABLAMOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY N° 20.285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?

5.1 Un punto de partida
5.2 Contencioso administrativo de ilegalidad Rol N° 119-2021. Carabineros de Chile / Consejo para la Transparencia
5.3 Conflictos de intereses. O cómo nos hacemos cargo de las situaciones jurídicas de desventaja. Nuestra posición frente a dos interrogantes

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Autor: Jorge A. Ramírez Ibarra
Editorial: Editorial Hammurabi
Numero de Paginas: 213
Año de publicación: 2025

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DescriptionAutor: Jorge A. Ramírez Ibarra Editorial: Editorial Hammurabi Numero de Paginas: 213 Año de publicación: 2025Autor: Editorial Hammurabi Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 178 Año de publicación: 2022Autor: Natalia Rodríguez Donoso Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 100 Año de publicación: 2022Autor: Editorial Hammurabi Editorial : Hammurabi Año de Publicación  : 2022 Paginas :198Autor: María Déborah Ramírez Rondón Editorial : Hammurabi Año de Publicación  : 2022 Paginas :214Autor: Alejandro Gómez Sotomayor Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 118 Año de publicación: 2022
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El artículo 28 de la Ley N° 20.285, Sobre acceso a la información pública ¿Un tema solo de legitimidad? ¿O acaso la administración no puede ejercer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva? En este trabajo adentraremos en el derecho de acción como derecho público subjetivo, los conceptos de partes y su problemática actual, pero en lo que ahora nos interesa exploraremos su vinculación con el Derecho Administrativo, en especial con el sentido del artículo 28 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública. Comenzaremos con un café en un breve coloquio con la historia de Chile, al menos con aquella que ha significado nuestra evolución como sociedad del último siglo. Nos empaparemos del litisconsorcio necesario y explicaremos por qué aquellas instituciones centralizadas del ordenamiento jurídico chileno, que aun careciendo de alguno de los atributos de la personalidad -como Carabineros de Chile a título meramente ejemplar- sí pueden comparecer ante los tribunales de justicia en defensa de sus intereses legítimos, al ser precisamente titulares de derechos públicos subjetivos, buscando acceder a la tutela jurisdiccional efectiva. Estudiaremos la tutela diferenciada. Razonaremos en todo ello sobre la base del debido proceso, a partir de la garantía fundamental del artículo 19, N° 3 de nuestra Carta Política y del enfoque jurisprudencial en nuestro sistema normativo, como también nutriéndonos del marco que proporciona la jurisprudencia de la C.I.D.H, por aplicación del artículo 5° de nuestra Constitución Política de la República. Reflexionaremos, finalmente, nuevamente sobre el valor del precedente y de la jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico. CAPÍTULO I GENERALIDADES 1.1 El problema de lo contencioso administrativo 1.1.1 Un café con la historia 1.1.2 La Carta de 1833 y algunos de sus hitos hacia fines del siglo XIX 1.1.3 La Constitución Política de 1925 1.1.4 El contencioso administrativo de nuestros días, o la competencia de la justicia ordinaria para conocer de la actividad de la Administración. El escenario pre y post 11.9.1973 1.2 La Administración como parte. Un tema de igualdad y de debido proceso. Revisión jurisprudencial 1.2.1 La Jurisprudencia Judicial 1.2.2 La Jurisprudencia constitucional   1.3 La tutela judicial efectiva o la constitucionalización de los derechos fundamentales en el marco de las garantías del proceso 1.3.1 Algo del Derecho Comparado 1.3.1.1 España 1.3.1.2 Perú 1.3.1.3 Venezuela 1.3.1.4 Colombia 1.3.1.5 Brasil 1.3.1.6 Uruguay 1.3.1.7 Argentina 1.3.2 En nuestro ordenamiento jurídico 1.4 Una mirada desde la óptica de la Convención Interamericana de DD.HH. 1.4.1 Qué entiende la CADH por debido proceso legal 1.4.2 El derecho a ser oído 1.4.3 Derecho a un Tribunal independiente, imparcial y competente 1.4.4 Derecho a ser juzgado en un plazo razonable 1.4.5 Derecho a una resolución motivada 1.4.6 Previsibilidad de la sanción CAPÍTULO II EL DERECHO DE ACCIÓN 2.1 La acción. Un derecho público subjetivo 2.2 Las acciones y el tipo de tutela jurídica que persiguen 2.2.1 La acción de condena 2.2.2 La acción declarativa o de mera declaración 2.2.3 La acción constitutiva CAPÍTULO III UNA APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE PARTES Y LEGITIMACIÓN. EL PROBLEMA DEL LITISCONSORCIO NECESARIO 3.1 Las partes y la legitimación 3.1.1 Revisión Jurisprudencial 3.1.2 Consideraciones doctrinales 3.1.3 El litisconsorcio necesario 3.2 El Estado como parte y su capacidad. Adelantando conceptos 3.2.1 Generalidades. La personificación del Derecho Administrativo y el principio de juridicidad 3.2.2 El Estado como parte y la complejidad de la litigación pública CAPÍTULO IV LOS DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS 4.1 Generalidades 4.2 La obra de Jellinek CAPÍTULO V ¿Y SI HABLAMOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY N° 20.285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA? 5.1 Un punto de partida 5.2 Contencioso administrativo de ilegalidad Rol N° 119-2021. Carabineros de Chile / Consejo para la Transparencia 5.3 Conflictos de intereses. O cómo nos hacemos cargo de las situaciones jurídicas de desventaja. Nuestra posición frente a dos interrogantes
Indice
 
Visión Jurisprudencial de las SERVIDUMBRES TRÁNSITO
Indice Descripción Problemas y desafíos a la luz de la normativa vigente La presente investigación aborda la regulación del borde costero del litoral chileno. Para esto se revisan las normas jurídicas vigentes, los principales instrumentos de planificación territorial y las zonas de protección especial. También se abordarán aspectos problemáticos, tales como la jerarquía e incompatibilidad entre normas, los procedimientos de participación ciudadana existentes, la superposición de organismos o estatutos jurídicos aplicables en un territorio determinado y la existencia de zonas costeras sin regulación. De esta forma, se pretende obtener una visión general de la regulación vigente, buscando un cierto grado de sistematicidad entre los mecanismos actuales de ordenación del territorio litoral y formas de generar mayor equilibrio entre las comunidades, ecosistemas, intereses privados y públicos, como una forma de contribuir al desarrollo armónico del país y a una mayor calidad de vida de sus habitantes.Indice Recopilación seleccionada de jurisprudencia relativa a tutela laboral.Indice DERECHO INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Aportes del pensamiento iusinternacional de Andrés Bello “Si se me permitiera imprimir mi primera sensación frente a ella no dudaría en calificarla, aun antes de extraordinaria, profunda, clarificadora, desde mi óptica latina como seductora porque toma posición frente a debates jurídicos, invita a degustar sus reflexiones para profundizar y gozarla. Jurídicamente es novedosa porque trae al escenario la reciente y profunda reforma al Code civil francés del 2016, de cuyo contenido somos vigilantes los latinoamericanos por la introducción de tantas primicias de originalidad al llevar al área contractual los avances de la jurisprudencia de Casación, en tanto verdadera bandera del renacimiento del Derecho Privado … La construcción sistemática del incumplimiento es una de las cuestiones más escabrosas en su planteamiento como requisito esencial y especial conducente a la resolución del contrato … Si bien para el civilista muchos de los conceptos referidos a la resolución del contrato, como va desde la rescisión hasta la nulidad, en cuyos senderos muchas veces la jurisprudencia muestra muchos traspiés, principalmente por los cambios de integración de los magistrados de una época con otra, de unos más cultos y otros menos, la labor del autor se orienta hacia una tarea didáctica, un planteamiento clarificador, subrayando, dejando la emoción de leer a un verdadero Maestro…”. (Prólogo del Dr. Ricardo Zeledón Zeledón, exmagistrado del Tribunal Supremo de Costa Rica, catedrático de la Universidad de Costa Rica, expresidente de la Academia costarricense de Derecho, Presidente del Comité Americano de Derecho Agrario, Presidente Emérito de la Unión Mundial de Derecho Agrario y Miembro de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de España).Indice El autor hace un estudio pormenorizado de la motivación, como un principio general del Derecho Público, en tres clases de actos públicos; actos administrativos, actos judiciales y legislativos. La visión de la obra es particularista, estableciendo que estamos en presencia de un principio, un derecho y una obligación, por lo tanto, el ciudadano tiene la posibilidad de exigir su cumplimiento. El tema en la sociedad actual ha cobrado un redoblado interés. El derecho administrativo autoritario hoy no resiste los embates y exigencias de una sociedad empoderada que exige a sus autoridades transparentar, a cabalidad, los motivos de sus decisiones. Hemos pasado de una época en que la regla general era la no exteriorización de los fundamentos de los actos a otra en que la regla general es, por el contrario, la publicidad de dichos fundamentos. El autor llega a considerar a la motivación un verdadero y auténtico principio general del derecho público chileno. Pero, no sólo referido a los actos administrativos, sino a todos los actos de los órganos del Estado. La motivación, desde un punto de vista más técnico, ha devenido en un requisito esencial de los actos de la administración, cuya omisión compromete absolutamente la validez de tales actos.
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