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Algunas cuestiones de derecho procesal administrativo y ley N° 20.285

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El artículo 28 de la Ley N° 20.285, Sobre acceso a la información pública ¿Un tema solo de legitimidad? ¿O acaso la administración no puede ejercer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva?

En este trabajo adentraremos en el derecho de acción como derecho público subjetivo, los conceptos de partes y su problemática actual, pero en lo que ahora nos interesa exploraremos su vinculación con el Derecho Administrativo, en especial con el sentido del artículo 28 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.

Comenzaremos con un café en un breve coloquio con la historia de Chile, al menos con aquella que ha significado nuestra evolución como sociedad del último siglo.

Nos empaparemos del litisconsorcio necesario y explicaremos por qué aquellas instituciones centralizadas del ordenamiento jurídico chileno, que aun careciendo de alguno de los atributos de la personalidad -como Carabineros de Chile a título meramente ejemplar- sí pueden comparecer ante los tribunales de justicia en defensa de sus intereses legítimos, al ser precisamente titulares de derechos públicos subjetivos, buscando acceder a la tutela jurisdiccional efectiva.

Estudiaremos la tutela diferenciada.

Razonaremos en todo ello sobre la base del debido proceso, a partir de la garantía fundamental del artículo 19, N° 3 de nuestra Carta Política y del enfoque jurisprudencial en nuestro sistema normativo, como también nutriéndonos del marco que proporciona la jurisprudencia de la C.I.D.H, por aplicación del artículo 5° de nuestra Constitución Política de la República.

Reflexionaremos, finalmente, nuevamente sobre el valor del precedente y de la jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico.

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1 El problema de lo contencioso administrativo
1.1.1 Un café con la historia
1.1.2 La Carta de 1833 y algunos de sus hitos hacia fines del siglo XIX
1.1.3 La Constitución Política de 1925
1.1.4 El contencioso administrativo de nuestros días, o la competencia de la justicia ordinaria para conocer de la actividad de la Administración. El escenario pre y post 11.9.1973

1.2 La Administración como parte. Un tema de igualdad y de debido proceso. Revisión jurisprudencial
1.2.1 La Jurisprudencia Judicial
1.2.2 La Jurisprudencia constitucional

 

1.3 La tutela judicial efectiva o la constitucionalización de los derechos fundamentales en el marco de las garantías del proceso
1.3.1 Algo del Derecho Comparado
1.3.1.1 España
1.3.1.2 Perú
1.3.1.3 Venezuela
1.3.1.4 Colombia
1.3.1.5 Brasil
1.3.1.6 Uruguay
1.3.1.7 Argentina
1.3.2 En nuestro ordenamiento jurídico

1.4 Una mirada desde la óptica de la Convención Interamericana de DD.HH.
1.4.1 Qué entiende la CADH por debido proceso legal
1.4.2 El derecho a ser oído
1.4.3 Derecho a un Tribunal independiente, imparcial y competente
1.4.4 Derecho a ser juzgado en un plazo razonable
1.4.5 Derecho a una resolución motivada
1.4.6 Previsibilidad de la sanción

CAPÍTULO II
EL DERECHO DE ACCIÓN

2.1 La acción. Un derecho público subjetivo

2.2 Las acciones y el tipo de tutela jurídica que persiguen
2.2.1 La acción de condena
2.2.2 La acción declarativa o de mera declaración
2.2.3 La acción constitutiva

CAPÍTULO III
UNA APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE PARTES Y LEGITIMACIÓN. EL PROBLEMA DEL LITISCONSORCIO NECESARIO

3.1 Las partes y la legitimación
3.1.1 Revisión Jurisprudencial
3.1.2 Consideraciones doctrinales
3.1.3 El litisconsorcio necesario

3.2 El Estado como parte y su capacidad. Adelantando conceptos
3.2.1 Generalidades. La personificación del Derecho Administrativo y el principio de juridicidad
3.2.2 El Estado como parte y la complejidad de la litigación pública

CAPÍTULO IV
LOS DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS

4.1 Generalidades
4.2 La obra de Jellinek

CAPÍTULO V
¿Y SI HABLAMOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY N° 20.285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?

5.1 Un punto de partida
5.2 Contencioso administrativo de ilegalidad Rol N° 119-2021. Carabineros de Chile / Consejo para la Transparencia
5.3 Conflictos de intereses. O cómo nos hacemos cargo de las situaciones jurídicas de desventaja. Nuestra posición frente a dos interrogantes

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Autor: Jorge A. Ramírez Ibarra
Editorial: Editorial Hammurabi
Numero de Paginas: 213
Año de publicación: 2025

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DescriptionAutor: Jorge A. Ramírez Ibarra Editorial: Editorial Hammurabi Numero de Paginas: 213 Año de publicación: 2025Autores: Rodrigo Azócar Simonet – Álvaro Cruz González Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 108 Año de publicación: 2022Autor: Cristóbal Lema Abarca Editorial: Editorial Hammurabi Numero de Paginas: 184 Año de publicación: 2022Autor: María Déborah Ramírez Rondón Editorial : Hammurabi Año de Publicación  : 2022 Paginas :214Autor: Luis Manuel Marcano Salazar Editorial: Hammurabi Año de Publicación : 2022 Paginas : 107Autor: Gianni Egidio Piva Torres Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 240 Año de publicación: 2022
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El artículo 28 de la Ley N° 20.285, Sobre acceso a la información pública ¿Un tema solo de legitimidad? ¿O acaso la administración no puede ejercer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva? En este trabajo adentraremos en el derecho de acción como derecho público subjetivo, los conceptos de partes y su problemática actual, pero en lo que ahora nos interesa exploraremos su vinculación con el Derecho Administrativo, en especial con el sentido del artículo 28 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública. Comenzaremos con un café en un breve coloquio con la historia de Chile, al menos con aquella que ha significado nuestra evolución como sociedad del último siglo. Nos empaparemos del litisconsorcio necesario y explicaremos por qué aquellas instituciones centralizadas del ordenamiento jurídico chileno, que aun careciendo de alguno de los atributos de la personalidad -como Carabineros de Chile a título meramente ejemplar- sí pueden comparecer ante los tribunales de justicia en defensa de sus intereses legítimos, al ser precisamente titulares de derechos públicos subjetivos, buscando acceder a la tutela jurisdiccional efectiva. Estudiaremos la tutela diferenciada. Razonaremos en todo ello sobre la base del debido proceso, a partir de la garantía fundamental del artículo 19, N° 3 de nuestra Carta Política y del enfoque jurisprudencial en nuestro sistema normativo, como también nutriéndonos del marco que proporciona la jurisprudencia de la C.I.D.H, por aplicación del artículo 5° de nuestra Constitución Política de la República. Reflexionaremos, finalmente, nuevamente sobre el valor del precedente y de la jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico. CAPÍTULO I GENERALIDADES 1.1 El problema de lo contencioso administrativo 1.1.1 Un café con la historia 1.1.2 La Carta de 1833 y algunos de sus hitos hacia fines del siglo XIX 1.1.3 La Constitución Política de 1925 1.1.4 El contencioso administrativo de nuestros días, o la competencia de la justicia ordinaria para conocer de la actividad de la Administración. El escenario pre y post 11.9.1973 1.2 La Administración como parte. Un tema de igualdad y de debido proceso. Revisión jurisprudencial 1.2.1 La Jurisprudencia Judicial 1.2.2 La Jurisprudencia constitucional   1.3 La tutela judicial efectiva o la constitucionalización de los derechos fundamentales en el marco de las garantías del proceso 1.3.1 Algo del Derecho Comparado 1.3.1.1 España 1.3.1.2 Perú 1.3.1.3 Venezuela 1.3.1.4 Colombia 1.3.1.5 Brasil 1.3.1.6 Uruguay 1.3.1.7 Argentina 1.3.2 En nuestro ordenamiento jurídico 1.4 Una mirada desde la óptica de la Convención Interamericana de DD.HH. 1.4.1 Qué entiende la CADH por debido proceso legal 1.4.2 El derecho a ser oído 1.4.3 Derecho a un Tribunal independiente, imparcial y competente 1.4.4 Derecho a ser juzgado en un plazo razonable 1.4.5 Derecho a una resolución motivada 1.4.6 Previsibilidad de la sanción CAPÍTULO II EL DERECHO DE ACCIÓN 2.1 La acción. Un derecho público subjetivo 2.2 Las acciones y el tipo de tutela jurídica que persiguen 2.2.1 La acción de condena 2.2.2 La acción declarativa o de mera declaración 2.2.3 La acción constitutiva CAPÍTULO III UNA APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE PARTES Y LEGITIMACIÓN. EL PROBLEMA DEL LITISCONSORCIO NECESARIO 3.1 Las partes y la legitimación 3.1.1 Revisión Jurisprudencial 3.1.2 Consideraciones doctrinales 3.1.3 El litisconsorcio necesario 3.2 El Estado como parte y su capacidad. Adelantando conceptos 3.2.1 Generalidades. La personificación del Derecho Administrativo y el principio de juridicidad 3.2.2 El Estado como parte y la complejidad de la litigación pública CAPÍTULO IV LOS DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS 4.1 Generalidades 4.2 La obra de Jellinek CAPÍTULO V ¿Y SI HABLAMOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY N° 20.285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA? 5.1 Un punto de partida 5.2 Contencioso administrativo de ilegalidad Rol N° 119-2021. Carabineros de Chile / Consejo para la Transparencia 5.3 Conflictos de intereses. O cómo nos hacemos cargo de las situaciones jurídicas de desventaja. Nuestra posición frente a dos interrogantes
Indice
Descripción
CONTROVERSIAS EN MATERIA LABORAL
I. EXIGENCIA DE TEST PCR CON RESULTADO NEGATIVO A TRABAJADORES II. DEVOLUCIÓN DEL DESCUENTO POR EL APORTE DEL EMPLEADOR A LA AFC III. REQUISITO DE PROCEDENCIA PARA EL PAGO DE LA SEMANA CORRIDA IV. OBLIGACIÓN DEL FISCO DE ENTERAR LAS COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO DE UN VÍNCULO A HONORARIOS CALIFICADO JUDICIALMENTE COMO RELACIÓN LABORAL V. INCORPORACIÓN DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS EN LA BASE DE CÁLCULO DE LA ÚLTIMA REMUNERACIÓN MENSUAL (ARTÍCULO 172) CUANDO FUERON PAGADAS EN FORMA PERMANENTE VI. CALIFICACIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EN LA MODALIDAD DE TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO VII. CONFIGURACIÓN DE LAS CAUSALES DE FALTA DE PROBIDAD E INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO EN CASO DE MALA FE DEL TRABAJADOR VIII. JUSTIFICACIÓN DEL DESPIDO EN JUICIO CUANDO LA CARTA DE DESPIDO NO SATISFACE REQUISITOS LEGALES IX. ACEPTACIÓN DE EXTENSIÓN DE BENEFICIOS Y LA POSIBILIDAD PARA RENUNCIAR A ELLA Y LAS IMPLICANCIAS RESPECTO DEL PAGO DE LA CUOTA SINDICAL X. DISCUSIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD EN LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TRABAJO, EN RELACIÓN A LA SIMILITUD DE LOS FALLOS DE CONTRASTE PARA LA INTERPRETACIÓN DE UNA DETERMINADA MATERIA DE DERECHO XI. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 162 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO (NULIDAD DEL DESPIDO O “LEY BUSTOS”) A LA EMPRESA PRINCIPAL XII. POSIBILIDAD DE RECLAMAR JUDICIALMENTE LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO QUE SE PRONUNCIA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS QUE DEBEN OPERAR DURANTE UNA HUELGA
Indice   Descripción Este estudio trata sobre los acuerdos de exclusividad, aquellos a través de los cuales se prohíbe a un comprador adquirir bienes o servicios de los competidores del vendedor exclusivo; fenómeno común que se observa principalmente en la cadena de distribución de bienes y, en menor medida, de servicios. Normalmente, la preocupación del derecho de la competencia respecto a este comportamiento es que las empresas dominantes pueden emplearlos para excluir anticompetitivamente a sus rivales. Además, se plantea que cuando los acuerdos de exclusividad son usados por todos o la mayoría de los agentes económicos de un mercado, estos también pueden relajar la competencia y propiciar una colusión en el mercado afectado y, en caso de que los acuerdos de exclusividad sean pactados con distribuidores, perjudicar o dificultar las elecciones de los consumidores. A pesar de lo anterior, esta práctica puede ser utilizada con propósitos procompetitivos, pues es comúnmente aceptado que los acuerdos de exclusividad permiten disminuir los costos de transacción de las partes involucradas o solucionar un eventual problema de cautividad y, si son parte de un contrato de distribución, eliminar un posible problema de parasitismo o fomentar la competencia por la distribución. Debido a que los acuerdos de exclusividad tienen el potencial para ocasionar efectos anticompetitivos y procompetitivos, se propone, en línea con parte de la jurisprudencia y doctrina comparada y con las decisiones más recientes de las autoridades de nuestro país, que estos se analicen conforme a la regla de la razón, test que correspondería aplicar sin importar el poder de mercado que detente el vendedor exclusivo.Indice DERECHO INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Aportes del pensamiento iusinternacional de Andrés Bello “Si se me permitiera imprimir mi primera sensación frente a ella no dudaría en calificarla, aun antes de extraordinaria, profunda, clarificadora, desde mi óptica latina como seductora porque toma posición frente a debates jurídicos, invita a degustar sus reflexiones para profundizar y gozarla. Jurídicamente es novedosa porque trae al escenario la reciente y profunda reforma al Code civil francés del 2016, de cuyo contenido somos vigilantes los latinoamericanos por la introducción de tantas primicias de originalidad al llevar al área contractual los avances de la jurisprudencia de Casación, en tanto verdadera bandera del renacimiento del Derecho Privado … La construcción sistemática del incumplimiento es una de las cuestiones más escabrosas en su planteamiento como requisito esencial y especial conducente a la resolución del contrato … Si bien para el civilista muchos de los conceptos referidos a la resolución del contrato, como va desde la rescisión hasta la nulidad, en cuyos senderos muchas veces la jurisprudencia muestra muchos traspiés, principalmente por los cambios de integración de los magistrados de una época con otra, de unos más cultos y otros menos, la labor del autor se orienta hacia una tarea didáctica, un planteamiento clarificador, subrayando, dejando la emoción de leer a un verdadero Maestro…”. (Prólogo del Dr. Ricardo Zeledón Zeledón, exmagistrado del Tribunal Supremo de Costa Rica, catedrático de la Universidad de Costa Rica, expresidente de la Academia costarricense de Derecho, Presidente del Comité Americano de Derecho Agrario, Presidente Emérito de la Unión Mundial de Derecho Agrario y Miembro de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de España).Indice Esta obra espera generar una discusión en torno a un tema tan controvertido como la intervención militar, por razones humanitarias, frente a la noción de refugio originado por un Estado fallido autocrático. El refugio como proceso social, de múltiples consecuencias, representa un sistema complejo y, dada la existencia de Estados fallidos que devienen en autocracias y dictaduras, sus efectos humanitarios son susceptibles de políticas de carácter global-regional, que posibilitan la aplicación de medidas drásticas y colectivas como la intervención humanitaria sobre la base axiológico-normativa de la Responsabilidad de Proteger. La observación del refugio como fenómeno sociológico de impacto jurídico-político internacional se realizará a partir de un tablero de tres niveles: lo internacional económico, lo doméstico burocrático y lo individual-valorativo-psicosocial. El lente con el cual se observa el fenómeno del Refugio reside en variables del paradigma de la complejidad (Morin: 1993) y la teoría del sistema mundo (Wallerstein: 1979), paradigmas que se complementan y permiten comprender el fenómeno objeto de estudio. Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el refugio como institución del Derecho Internacional Púbico y los instrumentos internacionales que regulan sus efectos es observarlo no como una consecuencia, sino como un proceso.
Indice
 
Descripción
El presente diccionario, es concebido como una herramienta que contribuirá con los abogados, estudiantes de derechos y ciencias afines, brindando un detallado análisis de los diversos conceptos que lo integran. El DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, incluye una destacada visión de los conceptos jurídicos, resaltándose que se incluyen en el mismo concepto modernos de reciente data para el derecho, como los derivados de las redes sociales. Inspirado en el derecho hispano, recoge la presente obra, vocabulario de diversos países de nuestro continente, y en especial referencia al castellano, como idioma oficial de nuestros países. En este diccionario, el lector encontrar conceptos de las diversas ramas que inteIndice-Libro-DdCJran las ciencias jurídicas y de aquellas que le son afines. En fin, la presente obra, es de carácter amplio, ya que no solo se circunscribe al saber del derecho, sino se integran conceptos de ciencias afines, como la criminalística, criminología, y medicina legal, entre otras. En Valencia del Rey a los 10 días de mes de Septiembre del año 2022.
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