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Código de derecho de la seguridad privada

$45.490

Autor: Patricio Iglesias Coronel
Editorial: Libromar
Numero de Paginas: 659
Año de publicación: 2026

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TODA LA NORMATIVA QUE SE PRESENTA EN ESTE LIBRO SE ENCUENTRA REVISADA Y ACTUALIZADA AL DÍA 1 DE MARZO DE 2026.

CAPÍTULO I
MARCO CONSTITUCIONAL

I.1. Constitución Política de la República (Art. pertinentes)

CAPÍTULO II
SEGURIDAD PRIVADA LEY NO 21.659 Y NORMAS REGLAMENTARIAS

II.1. Ley No 21.659 sobre Seguridad Privada

II.2. Decreto No 209, aprueba Reglamento de Seguridad Privada de la Ley No 21.659 sobre Seguridad Privada

II.3. Decreto No 208, aprueba Reglamento de Eventos Masivos de la Ley No 21.659 sobre Seguridad Privada

II.4. Resolución No 1.820, exenta aprueba matriz de factores de riesgo en seguridad privada para la clasificación de entidades en el marco de la Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada

II.5. Resolución No 1.977, aprueba instrucciones generales para la actividad de seguridad privada relativa a la custodia y transporte de carga sobredimensionada

II.6. Resolución Exenta No 2.099, aprueba instrucciones generales para el transporte de valores por vía fluvial, lacustre o marítima

II.7. Resolución Exenta No 2.100, aprueba formulario de solicitud y acta descriptiva para la autorización de eventos masivos en el marco de la Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada

II.8. Resolución Exenta No 2.121, aprueba procedimiento y determina las zonas urbanas en que las operaciones de transporte de valores serán consideradas de alto riesgo

II.9. Resolución Exenta No 2.183, aprueba instrucciones generales sobre capacitación y exámenes en seguridad privada, aplicables a vigilantes privados, guardias de seguridad, porteros, nocheros, rondines u otros de similar carácter, cuya autoridad fiscalizadora es Carabineros de Chile

II.10. Resolución Exenta No 2.277, aprueba instrucciones generales sobre procedimiento de autorización de planes, programas, perfiles de ingreso y egreso de los cursos de capacitación en materia de seguridad privada y sobre la solicitud de exámenes

II.11. Resolución Exenta No 2.310, aprueba instrucciones generales sobre transitoriedad de la Ley No 21.659 y del Decreto No 209, de 2024, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba reglamento de Seguridad Privada

II.12. Resolución No 396, aprueba instrucciones generales sobre capacitación y exámenes en seguridad privada, aplicables a vigilantes privados, guardias de seguridad, porteros, nocheros, rondines u otros de similar carácter, cuya autoridad fiscalizadora es la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante

CAPÍTULO III
SEGURIDAD PRIVADA DECRETO LEY NO 3.607 Y NORMAS REGLAMENTARIAS

III.1. Decreto Ley No 3.607, deroga DL. No 194, de 1973, y establece nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes privados

III.2. Ley No 19.303, establece obligaciones a entidades que indica, en materia de seguridad de las personas

CAPÍTULO IV
AUTORIDADES FISCALIZADORAS

Párrafo 1. Autoridades Fiscalizadoras Específicas Ley de Seguridad Privada

IV.1.1. Ley No 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile (Art. pertinentes)

IV.1.2. Decrero con Fuerza de Ley No 292, aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante (Art. pertinentes)

IV.1.3. Ley No 16.752, fija organización y funciones y establece disposiciones generales a la Dirección General de Aeronáutica Civil (Art. pertinentes)

IV.1.4. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

Párrafo 2. Autoridades Rectoras Seguridad Privada

IV.2.1. Ley No 21.730, crea el Ministerio de Seguridad Pública (Art. pertinentes)

IV.2.2. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

Párrafo 3. Autoridades Fiscalizadoras Ley sobre Control de Armas y Explosivos

IV.3.1. Decreto No 400, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 17.798, sobre Control de Armas (Art. pertinentes)

Párrafo 4. Autoridades Fiscalizadoras Eventos Masivos

IV.4.1. Decreto con Fuerza de Ley No 1-19175, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado y actualizado de la Ley No 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (Art. pertinentes)

IV.4.2. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

Párrafo 5. Autoridades fiscalizadoras generales

IV.5.1. Autoridad Fiscalizadora Sanitaria

IV.5.1.1. Código Sanitario (Art. pertinentes)

IV.5.2. Autoridad Fiscalizadora Laboral

IV.5.2.1. Código del Trabajo (Art. pertinentes)

IV.5.2.2. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

IV.5.3. Autoridad Fiscalizadora del Tránsito

IV.5.3.1. Ley No 18.290, de Tránsito (Art. pertinentes)

CAPÍTULO V
IMPLEMENTOS A FISCALIZAR

Párrafo 1. Armas de Fuego y Munición

V.1.1. Decreto No 400, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 17.798, sobre Control de Armas. (Art. pertinentes)

V.1.2. Decreto No 83, aprueba Reglamento Complementario de la Ley No 17.798, sobre Control de Armas de y Elementos Similares. (Art. pertinentes)

V.1.3. Decreto Ley No 3.356, fija normas uniformes para ser aplicadas a los Señores Generales, Almirantes y Suboficiales Mayores en Retiros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Ministerio de Defensa Nacional

V.1.4. Código Penal (Art. pertinentes)

Párrafo 2. Armas No Letales

V.2.1. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

V.2.2. Decreto No 209, aprueba Reglamento de Seguridad Privada de la Ley No 21.659 sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

Párrafo 3. Drones

V.3.1. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

V.3.2. Decreto No 209, aprueba Reglamento de Seguridad Privada de la Ley No 21.659 sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

Párrafo 4. Cajeros Automáticos

V.4.1. Ley No 20.601, aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos

V.4.2. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

V.4.3. Decreto No 209, aprueba Reglamento de Seguridad

Privada de la Ley No 21.659 sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

V.4.4. Decreto No 222, regula medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación y operación de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero de cualquier especie

Párrafo 5. Desfibriladores

V.5.1. Ley No 21.156, establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica

V.5.2. Decreto No 56, aprueba reglamento sobre la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles  en los establecimientos y recintos que indica, de acuerdo a lo establecido por la Ley No 21.156 (Art. pertinentes)

Párrafo 6. Seguros

V.6.1. Código de Comercio (Art. pertinentes)

CAPÍTULO VI
CASINOS DE JUEGO

VI.1. Ley No 19.995, establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego (Art. pertinentes)

VI.2. Decreto No 287, reglamento de funcionamiento y fiscalización de casinos de juego (Art. pertinentes)

CAPÍTULO VII
FUNERALES DE RIESGO

VII.1. Ley No 21.717, establece normas para la realización de funerales de riesgo y modifica otros cuerpos legales

VII.2. Decreto No 56, aprueba reglamento que establece la metodología y los antecedentes para calificar un funeral como de riesgo, así como otras materias relacionadas establecidas en la Ley No 21.717

CAPÍTULO VIII
FÚTBOL PROFESIONAL

VIII.1. Ley No 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. (Art. pertinentes)

VIII.2. Decreto No 1.046, aprueba reglamento de la Ley No 19.327, que establece derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional (Art. pertinentes)

CAPÍTULO IX
EVENTOS MASIVOS

IX.1. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

IX.2. Decreto No 208, aprueba reglamento de eventos masivos de la Ley No 21.659 sobre Seguridad Privada

CAPÍTULO X
DERECHOS FUNDAMENTALES

X.1. Constitución Política de la República de Chile (Art. pertinentes)

X.2. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

X.3. Decreto con Fuerza de Ley No 3, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 19.496, que establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (Art. pertinentes)

X.4. Ley No 20.422, establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad (Art. pertinentes)

X.5. Ley No 20.609, establece medidas contra la discriminación (Art. pertinentes)

X.6. Ley No 21.559, regula el acceso a servicios sanitarios y atención preferente a personas con enfermedades inflamatorias intestinales, promueve su conocimiento y la no discriminación

X.7. Ley No 19.628, sobre protección de la vida privada (Art. pertinentes)

X.8. Decreto con Fuerza de Ley No 1, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo (Art. pertinentes)

X.9. Decreto No 209, aprueba Reglamento de Seguridad Privada de la Ley No 21.675 sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

X.10. Ley No 21.675, estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género (Art. pertinentes)

CAPÍTULO XI
PROCEDIMIENTOS

Párrafo 1. Procedimientos administrativos

XI.1.1. Ley No 19.880, establece bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado

XI.1.2. Ley No 20.285, sobre acceso a la Información Pública, Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Art. pertinentes)

XI.1.3. Ley No 20.730, regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios (Art. pertinentes)

XI.1.4. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada, Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Art. pertinentes)

Párrafo 2. Procedimiento judicial

XI.2.1. Ley No 18.287, establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local

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TODA LA NORMATIVA QUE SE PRESENTA EN ESTE LIBRO SE ENCUENTRA REVISADA Y ACTUALIZADA AL DÍA 1 DE MARZO DE 2026.

CAPÍTULO I MARCO CONSTITUCIONAL

I.1. Constitución Política de la República (Art. pertinentes)

CAPÍTULO II SEGURIDAD PRIVADA LEY NO 21.659 Y NORMAS REGLAMENTARIAS

II.1. Ley No 21.659 sobre Seguridad Privada

II.2. Decreto No 209, aprueba Reglamento de Seguridad Privada de la Ley No 21.659 sobre Seguridad Privada

II.3. Decreto No 208, aprueba Reglamento de Eventos Masivos de la Ley No 21.659 sobre Seguridad Privada

II.4. Resolución No 1.820, exenta aprueba matriz de factores de riesgo en seguridad privada para la clasificación de entidades en el marco de la Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada

II.5. Resolución No 1.977, aprueba instrucciones generales para la actividad de seguridad privada relativa a la custodia y transporte de carga sobredimensionada

II.6. Resolución Exenta No 2.099, aprueba instrucciones generales para el transporte de valores por vía fluvial, lacustre o marítima

II.7. Resolución Exenta No 2.100, aprueba formulario de solicitud y acta descriptiva para la autorización de eventos masivos en el marco de la Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada

II.8. Resolución Exenta No 2.121, aprueba procedimiento y determina las zonas urbanas en que las operaciones de transporte de valores serán consideradas de alto riesgo

II.9. Resolución Exenta No 2.183, aprueba instrucciones generales sobre capacitación y exámenes en seguridad privada, aplicables a vigilantes privados, guardias de seguridad, porteros, nocheros, rondines u otros de similar carácter, cuya autoridad fiscalizadora es Carabineros de Chile

II.10. Resolución Exenta No 2.277, aprueba instrucciones generales sobre procedimiento de autorización de planes, programas, perfiles de ingreso y egreso de los cursos de capacitación en materia de seguridad privada y sobre la solicitud de exámenes

II.11. Resolución Exenta No 2.310, aprueba instrucciones generales sobre transitoriedad de la Ley No 21.659 y del Decreto No 209, de 2024, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba reglamento de Seguridad Privada

II.12. Resolución No 396, aprueba instrucciones generales sobre capacitación y exámenes en seguridad privada, aplicables a vigilantes privados, guardias de seguridad, porteros, nocheros, rondines u otros de similar carácter, cuya autoridad fiscalizadora es la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante

CAPÍTULO III SEGURIDAD PRIVADA DECRETO LEY NO 3.607 Y NORMAS REGLAMENTARIAS

III.1. Decreto Ley No 3.607, deroga DL. No 194, de 1973, y establece nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes privados

III.2. Ley No 19.303, establece obligaciones a entidades que indica, en materia de seguridad de las personas

CAPÍTULO IV AUTORIDADES FISCALIZADORAS

Párrafo 1. Autoridades Fiscalizadoras Específicas Ley de Seguridad Privada

IV.1.1. Ley No 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile (Art. pertinentes)

IV.1.2. Decrero con Fuerza de Ley No 292, aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante (Art. pertinentes)

IV.1.3. Ley No 16.752, fija organización y funciones y establece disposiciones generales a la Dirección General de Aeronáutica Civil (Art. pertinentes)

IV.1.4. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

Párrafo 2. Autoridades Rectoras Seguridad Privada

IV.2.1. Ley No 21.730, crea el Ministerio de Seguridad Pública (Art. pertinentes)

IV.2.2. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

Párrafo 3. Autoridades Fiscalizadoras Ley sobre Control de Armas y Explosivos

IV.3.1. Decreto No 400, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 17.798, sobre Control de Armas (Art. pertinentes)

Párrafo 4. Autoridades Fiscalizadoras Eventos Masivos

IV.4.1. Decreto con Fuerza de Ley No 1-19175, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado y actualizado de la Ley No 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (Art. pertinentes)

IV.4.2. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

Párrafo 5. Autoridades fiscalizadoras generales

IV.5.1. Autoridad Fiscalizadora Sanitaria

IV.5.1.1. Código Sanitario (Art. pertinentes)

IV.5.2. Autoridad Fiscalizadora Laboral

IV.5.2.1. Código del Trabajo (Art. pertinentes)

IV.5.2.2. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

IV.5.3. Autoridad Fiscalizadora del Tránsito

IV.5.3.1. Ley No 18.290, de Tránsito (Art. pertinentes)

CAPÍTULO V IMPLEMENTOS A FISCALIZAR

Párrafo 1. Armas de Fuego y Munición

V.1.1. Decreto No 400, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 17.798, sobre Control de Armas. (Art. pertinentes)

V.1.2. Decreto No 83, aprueba Reglamento Complementario de la Ley No 17.798, sobre Control de Armas de y Elementos Similares. (Art. pertinentes)

V.1.3. Decreto Ley No 3.356, fija normas uniformes para ser aplicadas a los Señores Generales, Almirantes y Suboficiales Mayores en Retiros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Ministerio de Defensa Nacional

V.1.4. Código Penal (Art. pertinentes)

Párrafo 2. Armas No Letales

V.2.1. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

V.2.2. Decreto No 209, aprueba Reglamento de Seguridad Privada de la Ley No 21.659 sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

Párrafo 3. Drones

V.3.1. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

V.3.2. Decreto No 209, aprueba Reglamento de Seguridad Privada de la Ley No 21.659 sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

Párrafo 4. Cajeros Automáticos

V.4.1. Ley No 20.601, aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos

V.4.2. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

V.4.3. Decreto No 209, aprueba Reglamento de Seguridad

Privada de la Ley No 21.659 sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

V.4.4. Decreto No 222, regula medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación y operación de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero de cualquier especie

Párrafo 5. Desfibriladores

V.5.1. Ley No 21.156, establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica

V.5.2. Decreto No 56, aprueba reglamento sobre la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles  en los establecimientos y recintos que indica, de acuerdo a lo establecido por la Ley No 21.156 (Art. pertinentes)

Párrafo 6. Seguros

V.6.1. Código de Comercio (Art. pertinentes)

CAPÍTULO VI CASINOS DE JUEGO

VI.1. Ley No 19.995, establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego (Art. pertinentes)

VI.2. Decreto No 287, reglamento de funcionamiento y fiscalización de casinos de juego (Art. pertinentes)

CAPÍTULO VII FUNERALES DE RIESGO

VII.1. Ley No 21.717, establece normas para la realización de funerales de riesgo y modifica otros cuerpos legales

VII.2. Decreto No 56, aprueba reglamento que establece la metodología y los antecedentes para calificar un funeral como de riesgo, así como otras materias relacionadas establecidas en la Ley No 21.717

CAPÍTULO VIII FÚTBOL PROFESIONAL

VIII.1. Ley No 19.327, de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. (Art. pertinentes)

VIII.2. Decreto No 1.046, aprueba reglamento de la Ley No 19.327, que establece derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional (Art. pertinentes)

CAPÍTULO IX EVENTOS MASIVOS

IX.1. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

IX.2. Decreto No 208, aprueba reglamento de eventos masivos de la Ley No 21.659 sobre Seguridad Privada

CAPÍTULO X DERECHOS FUNDAMENTALES

X.1. Constitución Política de la República de Chile (Art. pertinentes)

X.2. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

X.3. Decreto con Fuerza de Ley No 3, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 19.496, que establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (Art. pertinentes)

X.4. Ley No 20.422, establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad (Art. pertinentes)

X.5. Ley No 20.609, establece medidas contra la discriminación (Art. pertinentes)

X.6. Ley No 21.559, regula el acceso a servicios sanitarios y atención preferente a personas con enfermedades inflamatorias intestinales, promueve su conocimiento y la no discriminación

X.7. Ley No 19.628, sobre protección de la vida privada (Art. pertinentes)

X.8. Decreto con Fuerza de Ley No 1, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo (Art. pertinentes)

X.9. Decreto No 209, aprueba Reglamento de Seguridad Privada de la Ley No 21.675 sobre Seguridad Privada (Art. pertinentes)

X.10. Ley No 21.675, estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género (Art. pertinentes)

CAPÍTULO XI PROCEDIMIENTOS

Párrafo 1. Procedimientos administrativos

XI.1.1. Ley No 19.880, establece bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado

XI.1.2. Ley No 20.285, sobre acceso a la Información Pública, Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Art. pertinentes)

XI.1.3. Ley No 20.730, regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios (Art. pertinentes)

XI.1.4. Ley No 21.659, sobre Seguridad Privada, Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Art. pertinentes)

Párrafo 2. Procedimiento judicial

XI.2.1. Ley No 18.287, establece procedimiento ante los Juzgados de Policía Local

Autor: Carlos Salinas Bruzzone Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 1384 Año de publicación: 2019Autor: Gabriel Enrique Celis Danzinger Editorial: El Jurista Numero de Paginas: 562 Año de publicación: 2018Autor: Juan Ignacio Trabaglia Editorial:  Olejnik Numero de Paginas: 112 Año de publicación: 2022Autor: Juan Carlos Flores Rivas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 352 Año de publicación: 2021Autor: Francisco Javier Aldunate Ramos Editorial: EJS Año de Publicación: 2022 Paginas :1191
ContentAutor: Patricio Iglesias Coronel Editorial: Libromar Numero de Paginas: 659 Año de publicación: 2026

indice

Análisis Crítico de las Prerrogativas Sancionatorias del Estado

Bases para la Comprensión Autónoma del Derecho Sancionador Regulatorio en Chile
La presente obra se hace cargo de la evolución de los poderes de sanción de la Administración en Chile, para cuyos efectos analiza esta en el Derecho Administrativo nacional y en el Derecho Administrativo español, máxime cuando la evolución del derecho peninsular ha servido de sustento jurídico para la actual comprensión de las prerrogativas administrativo-sancionatorias en nuestro país. Esta investigación presenta una interesante sistematización de las diversas teorías que se han formulado en Chile para la inteligencia de dichas prerrogativas, dedicando un estudio especial a lo que el autor denomina “teoría de la crítica formal a la radicación de poderes de sanción en la Administración pública”, cuyo sustento se halla en la tesis del ius puniendi estatal único del Estado, posición mayoritariamente aceptada por la doctrina ius administrativa y la jurisprudencia constitucional, administrativa y judicial. El autor efectúa una propuesta innovadora al presentar una relectura de la actividad sustancial de la Administración, advirtiendo la existencia –en el marco de lo que denomina “actividad de intervención”– de un “nuevo derecho sancionatorio en el ámbito de los mercados regulados”, que goza de autonomía respecto de las garantías de orden penal. Cabe destacar, también, el esfuerzo realizado en orden a identificar los principios jurídicos que informarían un “nuevo” Derecho Administrativo Sancionador Regulatorio. La presente obra viene a llenar un sensible vacío referido a un análisis sistemático de los poderes de sanción de la Administración, avanzando decididamente hacia una concepción autónoma del Derecho Sancionador Regulatorio respecto del Derecho Penal, evidenciando las limitaciones de la tesis del ius puniendi estatal único para la comprensión de las diversas manifestaciones del poder de sanción de la Administración.
Colección de Derecho Administrativos. La presente investigación aborda uno de los capítulos tradicionales que integran el Derecho Administrativo general, cual es, la contratación administrativa y los contratos administrativos, como expresión de la actividad formal de la Administración del Estado, cuyo enfoque se sitúa en el contexto de nuestro ordenamiento jurídico interno, principalmente a partir de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento, la Ley del MOP y el Reglamento de Contratos de Obra Pública, la Ley de Concesiones de Obra Pública y su Reglamento, analizadas, por cierto, en el contexto de otras fuentes jurídicas, como la Constitución Política, los tratados internacionales pertinentes, la Ley N° 18.575, la Ley N° 19.880, la Ley N° 20.285, y la Ley de Administración Financiera del Estado Decreto Ley N° 1.263, así como la jurisprudencia constitucional, judicial y administrativa, sin perjuicio de recurrir también a la doctrina nacional e internacional. Se trata en definitiva, de una obra destinada principalmente a académicos y profesores de la cátedra de Derecho Administrativo, como también a los abogados, administradores públicos, estudiantes de Derecho, y a todos los servidores y funcionarios que se desempeñan en los órganos de la Administración del Estado. El primer capítulo aborda los fundamentos de la contratación administrativa, vale decir, lo denominada teoría o parte general, conformada por los conceptos, características, clasificaciones y elementos de los contratos administrativos, así como los principios jurídicos y procedimientos de contratación pública, luego, los efectos de tales contratos, el control de los mismos, su régimen de extinción y finalmente, los mecanismos de solución de controversias. Los capítulos siguientes se abocan a la parte especial, es decir, al estudio de los contratos administrativos en particular. El segundo apartado se ocupa de los contratos de suministro y prestación de servicios, con especial énfasis en aquellos sometidos al régimen normativo de la Ley de Compras Públicas. A su turno, el tercero y el cuarto apartado abordan, respectivamente, los contratos de obra pública, principalmente aquellos regidos por la normativa del MOP-, y de concesiones de esta obra pública, aquellos que regula la Ley concesiones y su Reglamento. Por su parte el quinto capítulo, analiza la estructura del contrato de concesiones de servicio público, incursionando en algunas de las modalidades de concesiones de servicio público que contempla nuestro ordenamiento jurídico administrativo. En definitiva, se trata de un texto pedagógico de estudio, cuyo índice temático se ajusta a los programas universitarios definidos para dicha materia por las Facultades de Derecho y Ciencia Jurídicas, y que por tanto privilegia el enfoque didáctico y sistemático sobre la materia, desde la perspectiva de la asignatura de Derecho Administrativo impartida-como curso de pregrado- en la carrera de Derecho. Ediciones Jurídicas El Jurista  El autor uruguayo de esta obras señala que entre los nuevos escenarios situacionales se encuentra presente el Estado y dentro de este, la Administración Pública. Su misión vicarial frente a una sociedad cada vez más urgida por los tiempos, debe transitar por los carriles de la tecnología de la información y el conocimiento, lo cual permitirá el ingreso virtual de la Administración Pública de manera permanente e indetenible en el ámbito vital de los individuos. El acto administrativo, manifestación par excellence de aquella, debe dejar atrás los rígidos moldes formales, pero sin olvidar que el centro de su actividad es y será siempre el ser humano, en su búsqueda incesante de alcanzar los cánones de bienestar particular en armonía con el bien general. El acto administrativo electrónico latu sensu y dentro de este los actos administrativos electrónicos sincrónicos y automáticos, constituyen la evidencia de esa necesidad impostergable, que permita en los tiempos que corren una Administración Pública dotada de celeridad, transparencia, seguridad y respeto por los Derechos Fundamentales.  

Abre el presente libro el capítulo I que recoge el artículo “Licitación pública: ¿Es el procedimiento ordinario de contratación administrativa?”. En este artículo se trata de contestar la interrogante de si la licitación pública es el procedimiento general para formar la voluntad contractual del Estado o si las causales de licitación privada o el trato directo son lo suficientemente amplias para que el Estado puede eximirse de la licitación pública. Se arriba a la conclusión de que algunas de las causales de trato directo, en la forma que se encuentran reguladas, son demasiado amplias y que deben ser revisadas para impedir que se sorteen la licitación sin una motivación suficiente.

En el capítulo II se pasa revista a los principios de la licitación pública. En primer lugar, se analiza el principio de libre concurrencia de los oferentes, el sistema de registro de los oferentes para limitar las ofertas temerarias y seleccionar la oferta más conveniente. A su vez, se analizan las prácticas atentatorias de la libre concurrencia, extraídas de la práctica administrativa y de la jurisprudencia administrativa. En segundo lugar, revisamos el principio de igualdad de los oferentes tanto al momento de selección del contratista como durante la ejecución del contrato administrativo. Finalmente, se analiza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, sus límites y relación con otros principios de la licitación pública.

En el capítulo III se analiza desde una visión crítica la inhabilidad regulada en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Se analizan cómo las nuevas exigencias derivadas de la contratación administrativa estratégica, mediante la cual el Estado incorpora elementos exógenos para satisfacer necesidades tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas licitantes o el respeto del medio ambiente, pueden generar impactos complejos en la contratación administrativa.

En el capítulo IV relativo a las bases de licitación como medio de prueba en la litigación pública contractual, planteamos la tesis de que las bases de licitación no son el único medio de prueba válido para acreditar el sentido y alcance de las obligaciones contractuales, no obstante, su importancia. Esta tesis se funda en que generalmente la estructura y articulación de las bases de licitación es un rol que le corresponde íntegramente al Estado, que se puede convertir en un instrumento perverso para diagnosticar el cumplimiento o incumplimiento ocurrido durante la ejecución del contrato administrativo.

En el capítulo V se estudia el principio de probidad administrativa en la fase de evaluación de ofertas de la licitación pública. Sustentamos que las licitaciones públicas deben regirse por el principio de buena fe, bajo la creencia objetiva de que sus miembros deben actuar con honradez y sujetos a una conducta recta, en el sentido de privilegiar el interés público sobre el privado al momento de seleccionar la oferta más conveniente para la satisfacción de la necesidad pública, quedando prohibida la incorporación de elementos o la omisión de requisitos no previstos ni en la ley ni en las bases de licitación, que puedan generar situaciones de privilegios entre los oferentes.

En el capítulo VI se analiza el régimen jurídico que regula la contratación administrativa de las empresas públicas en nuestro Derecho Administrativo, en sus distintas etapas, a saber, licitación, ejecución y terminación. Específicamente, se analiza si los contratos suscritos por las distintas empresas públicas existentes en nuestro país se encuentran sometidas exclusivamente a “la legislación común aplicable a los particulares” o las empresas públicas en su actividad contractual deben respetar ciertas normas y principios del derecho administrativo, como cualquier órgano que integra la Administración Pública.

El capítulo VII tiene por objeto analizar la tesis sustentada por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema, que afirman que las multas en los contratos administrativos ostentan la naturaleza de cláusulas penales de origen contractual, y cuya aplicación se canaliza a través de la simple ejecución de una cláusula contractual.

Ley N°18.834 - Explicado y comentado El artículo 6° de la Ley N°10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, previene que corresponde exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen. De acuerdo con lo anterior, solo las decisiones y dictámenes de la Contraloría General de la República serán los medios que podrán hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa. Es así que las materias referidas al personal de la Administración del Estado se encuentran contenidas en el Estatuto Administrativo, el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales y/o en estatutos especiales (ejemplo del personal del Congreso Nacional, que reconocen una misma raíz jurídica, el Estatuto de Personal del Ministerio Público y otros). Por ello su interpretación y adecuación a casos concretos alcanza una importancia fundamental a efectos de la resolución de controversias que puedan suscitarse en el seno de distintas entidades públicas. Esta obra busca dar cuenta de esta jurisprudencia administrativa, tomando como base el trabajo liderado en las últimas décadas por la Contraloría General de la República y distintos autores en derecho público, destacando el modelo de don Rolando Pantoja Bauzá. En el último tiempo el Estatuto Administrativo ha sido objeto de numerosas modificaciones las que principalmente han sido dirigidas a incorporar de manera expresa el principio de probidad administrativa al ejercicio de la función pública, regular los concursos de ingreso a la Administración y otras materias, sin considerar, por ejemplo, la estabilidad en el empleo, al menos de manera seria y formal, siendo los avances judiciales y de jurisprudencia administrativa los más relevantes en estos puntos, los que se han ido recogiendo en diversos dictámenes de Contraloría. Este es un repositorio actualizado de jurisprudencia administrativa en los artículos más sensibles que este contiene, libro con pretensión de constituirse en material de consulta para estudiantes y abogados, pero principalmente para funcionarios que quieran conocer más en detalle el funcionamiento de la Administración del Estado, conociendo su “piedra basal”, esto es, la estructura legal de gestión de personal y su normativa aplicable.
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