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Curso de procedimiento constitucional

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El presente Curso de Procedimiento Constitucional nace y se basa, en alguna medida, en el Manual de Procedímiento Constitucional, que en cuatro ediciones anteriores presentaron sus autores-don Rodrigo Silva Montes y don Francisco Vega Méndez-, publicadas por la Editorial Jurídica de Chile.

En esta ocasión les presentamos una nueva edición, actualizada, distinta, conformada en gran medida con los apuntes de clases de ambos profesores, bajo el sello de Ediciones Jurídicas de Santiago.

En palabras de los propios autores, este ejemplar constituye una “guía de estudio a estudiantes y abogados respecto del procedimiento y tramitación de las diversas pretensiones y recursos llamados a proteger y garantizar el ejercicio de aquellos derechos garantizados en la Constitución Política y otros cuerpos de jerarquía constitucional”.

A los capítulos ya incluidos en las ediciones anteriores se ha incorporado, en este caso, un Capítulo XXIV, relativo al Amparo Judicial del Derecho de Aprovechamiento de Aguas, tratado en los artículos 181 y siguientes del Código de Aguas; para terminar con un Capítulo XXV, sobre la Acción de Habeas Data o de Amparo Informático.

I. DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES

Del procedimiento de tutela laboral (arts. 485 y ss. del Código del Trabajo)

1. Ámbito de aplicación

2. Requisitos de procedencia
2.1. En relación al primer caso
2.2. En relación al segundo caso
2.3. Requisitos

3. Características de este procedimiento
3.1. Es incompatible con la “Acción de Protección Constitucional” (art. 485 del Código del Trabajo)
3.2. Aplicación limitada (art. 487 del Código del Trabajo)
3.3. Preferencia para su conocimiento y fallo (art. 488)
3.4. Amplitud de titular (art. 486)

4. Procedimiento
4.1. Del inicio del proceso
4.2. Oportunidad para incoar el proceso
4.3. Requisitos de la denunci
4.4. Providencia del jue

5. Tramitación
5.1. Suspensión de los efectos del acto impugnado (art. 492)
5.2. Informe de la Inspección del Trabajo (art. 489 del Código del Trabajo)

6. Onus probandi

7. De la sentencia
7.1. Oportunidad para dictarla (art. 494 del Código del Trabajo)
7.2. Requisitos de la sentencia

8. Efectos de la sentencia definitiva
8.1. Si la denuncia es rechazada
8.2. Si esta es acogida

9. Recursos (art. 488)

II. DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

1. Concepto

2. Derechos protegidos

3. Requisitos

4. Características
4.1. Amplitud de casos protegidos
4.2. Amplitud en cuanto al titular
4.3. Amplitud en cuanto a la legitimación pasiva
4.4. Es compatible con otras acciones y recursos
4.5. No exige el cumplimiento de mayores formalidades

5. Competencia

6. Plazo para interponerlo

7. Tramitación
7.1. Examen de admisibilidad
7.2. Orden de no innovar
7.3. Petición de informe(s)
7.4. Plazo para informar
7.5. Acumulación de recursos
7.6. De la vista de la causa
7.7. Suspensión de la vista de la causa
7.8. Notificaciones
7.9. Preferencia para su vista y fallo

8. De la sentencia
8.1. Plazo para dictarla
8.2. Sana crítica
8.3. Costas
8.4. Notificación

9. Recursos
9.1. Plazo
9.2. Requisitos de la apelación
9.4. Facultades especiales
9.5. Preferencia
9.6. Notificación

10. Ejecutoria del fallo

11. Cumplimiento de la sentencia

III. DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

1. De la acción de protección ambiental
2. Casos de aplicación
3. Procedimiento

IV. DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE RECLAMO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES DE CARÁCTER TRIBUTARIO (arts. 155 y ss. del Código Tributario)

1. Ámbito de aplicación
2. Legislación aplicable
3. Requisitos del reclamo
4. Competencia
5. Incompatibilidad con el llamado “recurso constitucional de protección”
6. Examen de admisibilidad (art. 156 del C.T.) y fase de discusión
7. Fase de discusión y de prueba
8. Término de prueba
9. Fase de fallo
10. Recurso de apelación

V. DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES DE CARÁCTER ADUANERO

1. Ámbito de aplicación
2. Legislación aplicable
3. Requisitos del reclamo
4. Competencia
5. Incompatibilidad con el llamado “Recurso Constitucional de Protección”
6. Examen de admisibilidad (art. 129 L de la Ord. de Aduanas) y fase de discusión
7. Fase de prueba
8. Término de prueba
9. Fase de fallo
10. Recurso de apelación

VI. DE LA ACCIÓN DE “NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA”

1. Concepto

2. Elementos de la discriminación arbitraria

3. Objetivos o propósitos de esta ley

4. Del procedimiento
4.1. Legislación aplicable
4.2. Tribunal competente
4.3. Titular de la acción. Legitimación activa más o menos amplia
De la fase de discusión
4.4. Plazo de interposición (art. 5o)
4.5. De la forma de interposición
4.6. Examen de admisibilidad
4.7. Notificación
4.8. Término de emplazamiento
4.9. Citación a una primera audiencia
4.10. Recursos en contra del “auto de prueba”
4.11. Oferta de prueba
4.12. Citación a segunda audiencia
4.13. Medios de prueba, y sus límites
4.14. Apreciación de la prueba
4.15. Suspensión y finalización del proceso. Fase de fallo

VII. PROCEDIMIENTO PENAL ESPECIAL RELATIVO A PERSONAS QUE GOZAN DE FUERO CONSTITUCIONAL (arts. 416 y ss. del Código Procesal Penal)

1. Presupuestos necesarios para que proceda la aplicación de este procedimiento
2. Personas sujetas a fuero
3. Procedimiento
4. Del fallo y sus efectos
5. Recursos (art. 418 del CPP)

VIII. QUERELLA DE CAPÍTULOS (arts. 424 y ss. del Código Procesal Penal)

1. Concepto
2. Requisitos
3. Casos de flagrancia
4. Tramitación
5. De la sentencia y sus efectos
6. Recursos (art. 427 del CPP)

IX. DEL RECURSO DE AMPARO

De las medidas cautelares personales (arts. 122 y ss. del CPP)
Concepto
Características
Del procedimiento

IX.I. AMPARO ANTE EL JUEZ DE GARANTÍA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL)

1. Derechos y garantías de todo imputado
2. Derechos y garantías del imputado privado de libertad

IX.II. AMPARO ANTE LA CORTE DE APELACIONES RESPECTIVA (ART. 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA)

1. Concepto

2. Legitimación activa amplia

3. Casos en que procede

3.1. El arresto
3.2. La detención (arts. 125 y ss. del Código Procesal Penal)
3.3. La prisión preventiva (arts. 139 y ss. del Código Procesal Penal)
3.4. Reglas y requisitos comunes a la detención y la prisión preventiva
3.5. De la citación
3.6. Otras medidas “cautelares personales” (artículos 155 y 156 del Código Procesal Penal)

4. Objeto del recurso

5. Del Procedimiento
5.1. Legislación aplicable
5.2. Requisitos de admisibilidad
5.3. Providencias al recurso
5.4. Fase de fallo
Efectos de la sentencia que acoge el recurso (art. 311 del Código de Procedimiento Penal)
5.5. Recursos

X. INAPLICABILIDAD DE UN PRECEPTO LEGAL

1. Concepto

2. Tribunal competente

3. Legitimación procesal activa

4. Procedimiento
4.1. Fase de discusión

5. La sentencia en sede de inaplicabilidad

6. Efectos de la sentencia de inaplicabilidad

7. Impugnación

XI. DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO LEGAL DECLARADO INAPLICABLE

1. Configuración de la declaración de inconstitucionalidad

2. Características de la acción de inconstitucionalidad

3. Normas especiales de procedimiento
3.1. Legitimación procesal activa en cuestiones de inconstitucionalidad
3.2. Requisitos para que sea acogida a tramitación la acción de inconstitucionalidad
3.3. Requisitos de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad
3.4. La sentencia de inconstitucionalidad

XII. INTRODUCCIÓN GENERAL SOBRE NULIDADES ADMINISTRATIVAS

1. Introducción
2. Vías judiciales y administrativas de impugnación de actos de la administración del Estado

XIII. NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO

1. Antecedentes
2. Concepto y objetivos
3. Ámbito de aplicación de la nulidad de derecho público
4. Características de la nulidad de derecho público
5. Tribunal competente y legitimación procesal
6. Procedimiento
7. Efectos de la sentencia de nulidad

XIV. RECLAMO DE ILEGALIDAD MUNICIPAL

1. Concepto de reclamo de ilegalidad municipal

2. Requisitos de procedencia del reclamo de ilegalidad municipal
2.1. Existencia de una resolución u omisión del alcalde o de los funcionarios municipales
2.2. Ilegalidad de la resolución u omisión del alcalde o de funcionarios municipales
2.3. Legitimación procesal activa
2.4. Agotamiento de la vía administrativa

3. Vía judicial ante la Corte de Apelaciones respectiva
3.1. Requisitos para la interposición del reclamo ante la Corte de Apelaciones
3.2. Etapa de discusión
3.3. Etapa de prueba
3.4. Etapa de sentencia
3.5. Etapa de cumplimiento de la sentencia

3.6. Recursos contra la sentencia de la Corte de Apelaciones

XV. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE AUTOS ACORDADOS

1. Antecedentes sobre autos acordados

2. Configuración del control constitucional de autos acordado

3. Tribunal competente

4. Normas constitucionales de procedimiento

5. Normas legales sobre procedimiento de constitucionalidad de autos acordados
5.1. Requisitos para que el requerimiento sea acogido a tramitación
5.2. Admisibilidad del requerimiento
5.3. Sentencia sobre constitucionalidad de autos acordados

XVI. ACCIONES ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

1. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos

2. Diferente legitimación procesal activa ante la Comisión y la Corte

3. Tribunal competente

4. Etapa previa: Procedimiento ante la Comisión
4.1. La petición y la comunicación ante la Comisión como presupuestos procesales para acceder a la Corte
4.2. Requisitos para que una petición o comunicación sea admitida por la Comisión
4.3. Tramitación de las peticiones o comunicaciones ante la Comisión
4.4. Posibilidad de solución amistosa

5. Procedimiento ante la Corte
5.1. Competencia y funciones de la Corte
5.2. Fase de discusión ante la Corte: Etapa escrita

6. Fase de prueba: Procedimiento oral
6.1. Lista definitiva de declarantes
6.2. Objeciones a testigos
6.3. Ofrecimiento, citación y comparecencia de declarantes
6.4. Recusación de peritos
6.5. Audiencia
6.6. Normas sobre preguntas durante los debates
6.7. Normas sobre protección de presuntas víctimas, testigos, peritos, representantes y asesores legales
6.8. Incomparecencia o falsa deposición
6.9. Actas de las audiencias
6.10. Alegatos finales escritos
6.11. Admisión de la prueba rendida ante la Comisión y admisión excepcional de prueba
6.12. Diligencias probatorias de oficio
6.13. Prueba incompleta o ilegible
6.14. Desistimiento, reconocimiento y solución amistosa

7. Etapa de sentencia
7.1. Pronunciamiento y comunicación de la sentencia
7.2. Solicitud de interpretación
7.3. Rectificación de errores en sentencias y otras decisiones
7.4. Etapa de ejecución de la sentencia
Del fallo de la Corte y de su cumplimiento

XVII. DEL LLAMADO RECURSO O ACCIÓN DE AMPARO ECONÓMICO

1. Concepto
2. Legislación aplicable
3. Legitimación activa amplia
4. Objeto del recurso
5. Tribunal competente
6. Procedimiento
7. Del fallo
8. Apelación y consulta

XVIII. DE LA RECLAMACIÓN POR PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD

1. Concepto

2. Legitimación activa amplia

3. Casos de aplicación
3.1. Que haya un “acto o resolución de autoridad administrativa”
3.2. Es necesario que tal acto o resolución “prive o desconozca” la nacionalidad chilena a determinada persona
3.3. Plazo para recurrir

4. Tribunal competente

5. Tramitación

XIX. ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL

1. Concepto

2. Legislación aplicable

3. Requisitos
3.1. Titular de la pretensión
3.2. Que se haya dictado alguna de las siguientes resoluciones judiciales a su respecto

4. Tribunal competente

5. Objeto de la acción
6. Tramitación
6.1. Del plazo para impetrar la “solicitud”
6.3. Instrumentos fundantes
6.4. Otros antecedentes
6.5. Examen de admisibilidad de la solicitud
6.6. “Vista al Fiscal”

 

7. Fase de fallo
7.1. Medidas o diligencias
7.2. Regla general: Cuenta
7.3. Excepción: Vista de la causa
7.4. Medidas para mejor resolver
7.5. Costas

XX. DE LA “ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL”

1. Antecedentes

2. Causales que autorizan acusación constitucional contra el Presidente de la República
2.1. Por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación
2.2. Por actos de su administración que hayan infringido abiertamente la Constitución o las leyes
2.3. Diferencias de procedimiento respecto del Presidente de la República

3. Causales que autorizan acusación constitucional contra los ministros de Estado
3.1. Haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación
3.2. Infracción de la Constitución
3.3. Infracción de las leyes
3.4. Haber dejado sin ejecución a la Constitución o a las leyes
3.5. Comisión de delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno

4. Causal que autoriza la acusación constitucional contra los magistrados de los tribunales superiores de justicia y el Contralor General de la República

5. Causales que autorizan la acusación de generales o almirantes de las fuerzas de la defensa nacional

6. Causales que autorizan la acusación de los intendentes, gobernadores y de la autoridad que ejerza el Gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis

7. Formulación de la acusación

8. Tramitación de la acusación en la Comisión

9. Tramitación de la acusación en la Cámara de Diputados
9.1. Efectos jurídicos de la declaración de la admisibilidad de la acusación

10. Tramitación de la Acusación Constitucional en el Senado

11. Efectos jurídicos de la declaración de culpabilidad de la Acusación Constitucional por el Senado

12. Evaluación crítica de la acusación constitucional

XXI. DEL RECLAMO DE LEGALIDAD DEL “ACTO EXPROPIATORIO”

1. Concepto

2. Titular del reclamo

3. Causa del reclamo

4. Legislación aplicable

5. Tribunal competente

6. Objeto del reclamo

7. Procedimiento
7.1. Notificaciones
7.2. Facultad privativa del juez
7.3. Apelación

XXII. DEL RECLAMO DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR LA EXPROPIACIÓN

1. Concepto

2. Titular del reclamo

3. Legislación aplicable

4. Del procedimiento
4.1. Concepto
4.2. Plazo para reclamar
4.3. Requisitos de la demanda
4.4. Providencia a la demanda
4.5. De la contestación al reclamo
4.6. De la fase de prueba
4.7. De la fase de fallo
4.8. De la impugnación del fallo

XXIII. DE LA RECLAMACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA “CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL”

1. Concepto

2. Ámbito de aplicación de la Reclamación
2.1. Regla General
2.2. Excepciones, o limitaciones

3. Reglas de la Constitución Política
3.1. Tribunal competente
3.2. Quórum
3.3. Plazo
3.4. Requisitos formales: Causal
3.5. Del fallo
A. Plazo para dictarlo
B. Contenido
3.6. Recursos

4. Del Auto Acordado de la Corte Suprema
4.1. De la Reclamación
A. Objeto
B. Legislación aplicable
C. Plazos
D. Del libelo
E. Ingreso
4.2. Resolución del Presidente, sorteo e informe
A. Certificado de ingreso
B. Citación a audiencia pública
C. Sorteo
D. Notificación
E. Presidencia
4.3. Examen de admisibilidad
4.4. Solicitud de informes
4.5. Notificación
4.6. Término de emplazamiento
4.7 Contenido de los informes
A. Del informe de los requirentes
B. Del informe del Presidente de la Convención
4.8. Convocatoria al tribunal y audiencia
A. De la fase de discusión
B. De la fase de prueba
a. Incorporación de la prueba a la carpeta
b. Improcedencia de pruebas testimonial y pericial
c. Diligencias; y medidas para mejor resolver
d. Apreciación de la prueba
C. De la fase de fallo
a. Plazo
b. Contenido
D. Impugnación de la sentencia
E. Notificación
F. Comunicación al Presidente de la Convención
4.9. Plazo máximo de tramitación
4.10. Archivo

XXIV. DEL AMPARO JUDICIAL DEL DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

1. Concepto
2. Del Amparo Judicial
3. Tribunal competente
4. Formalidades
5. Habilitación especial
6. Requisitos de la solicitud
7. Antecedentes
8. Decreto de admisibilidad
9. Notificación
10. Término de emplazamiento
11. Prueba
12. Fallo
13. Notificación
14. Apelación

XXV. DEL HABEAS DATA O AMPARO INFORMÁTICO

Sección 1
El Habeas Data en Chile

Sección 2
Características de la acción de la Ley No 19.628

Sección 3
Tutela del derecho a la autodeterminación informática

Sección 4
Acción de Habeas Data y Acción de Protección

Sección 5
Legitimación Procesal en el Habeas Data

Sección 6
Tramitación de la Acción de Habeas Data

1. Procedimiento General, regular u ordinario
2. Procedimiento Especial
3. Procedimiento residual
4. Efectos de la sentencia del Habeas Data

Sección 7
Evaluación crítica del Habeas Data en Chile

ANEXOS

Anexo No 1
Ley No 21.200. Modifica el Capítulo XV de la Constitución Política de la República

Anexo No 2
Corte Suprema. Acta No 75-2021

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Autores: Rodrigo Silva Montes – Francisco Vega Méndez
Editorial: EJS
Numero de Paginas: 395
Año de publicación: 2025

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DescriptionAutores: Rodrigo Silva Montes - Francisco Vega Méndez Editorial: EJS Numero de Paginas: 395 Año de publicación: 2025Autor: Gonzalo Guerrero Valle Editorial: Hammurabi Año de Publicación: 2022 Paginas :218Autor: Raúl Bertelsen Repetto Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas:184 Año de publicación: 2020Autor: Javier Esteban Leiva Albornoz Editorial: El Jurista Numero de Paginas: 113 Año de publicación: 2018Autores: Lorena Donoso Abarca - Carlos Reusser Monsálvez Editorial: Der Ediciones Año de Publicación: 2022 Paginas :224Autor:  Gonzalo Guerrero Valle Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 219 Año de publicación: 2022
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El presente Curso de Procedimiento Constitucional nace y se basa, en alguna medida, en el Manual de Procedímiento Constitucional, que en cuatro ediciones anteriores presentaron sus autores-don Rodrigo Silva Montes y don Francisco Vega Méndez-, publicadas por la Editorial Jurídica de Chile. En esta ocasión les presentamos una nueva edición, actualizada, distinta, conformada en gran medida con los apuntes de clases de ambos profesores, bajo el sello de Ediciones Jurídicas de Santiago. En palabras de los propios autores, este ejemplar constituye una "guía de estudio a estudiantes y abogados respecto del procedimiento y tramitación de las diversas pretensiones y recursos llamados a proteger y garantizar el ejercicio de aquellos derechos garantizados en la Constitución Política y otros cuerpos de jerarquía constitucional". A los capítulos ya incluidos en las ediciones anteriores se ha incorporado, en este caso, un Capítulo XXIV, relativo al Amparo Judicial del Derecho de Aprovechamiento de Aguas, tratado en los artículos 181 y siguientes del Código de Aguas; para terminar con un Capítulo XXV, sobre la Acción de Habeas Data o de Amparo Informático. I. DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES Del procedimiento de tutela laboral (arts. 485 y ss. del Código del Trabajo) 1. Ámbito de aplicación 2. Requisitos de procedencia 2.1. En relación al primer caso 2.2. En relación al segundo caso 2.3. Requisitos 3. Características de este procedimiento 3.1. Es incompatible con la “Acción de Protección Constitucional” (art. 485 del Código del Trabajo) 3.2. Aplicación limitada (art. 487 del Código del Trabajo) 3.3. Preferencia para su conocimiento y fallo (art. 488) 3.4. Amplitud de titular (art. 486) 4. Procedimiento 4.1. Del inicio del proceso 4.2. Oportunidad para incoar el proceso 4.3. Requisitos de la denunci 4.4. Providencia del jue 5. Tramitación 5.1. Suspensión de los efectos del acto impugnado (art. 492) 5.2. Informe de la Inspección del Trabajo (art. 489 del Código del Trabajo) 6. Onus probandi 7. De la sentencia 7.1. Oportunidad para dictarla (art. 494 del Código del Trabajo) 7.2. Requisitos de la sentencia 8. Efectos de la sentencia definitiva 8.1. Si la denuncia es rechazada 8.2. Si esta es acogida 9. Recursos (art. 488) II. DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 1. Concepto 2. Derechos protegidos 3. Requisitos 4. Características 4.1. Amplitud de casos protegidos 4.2. Amplitud en cuanto al titular 4.3. Amplitud en cuanto a la legitimación pasiva 4.4. Es compatible con otras acciones y recursos 4.5. No exige el cumplimiento de mayores formalidades 5. Competencia 6. Plazo para interponerlo 7. Tramitación 7.1. Examen de admisibilidad 7.2. Orden de no innovar 7.3. Petición de informe(s) 7.4. Plazo para informar 7.5. Acumulación de recursos 7.6. De la vista de la causa 7.7. Suspensión de la vista de la causa 7.8. Notificaciones 7.9. Preferencia para su vista y fallo 8. De la sentencia 8.1. Plazo para dictarla 8.2. Sana crítica 8.3. Costas 8.4. Notificación 9. Recursos 9.1. Plazo 9.2. Requisitos de la apelación 9.4. Facultades especiales 9.5. Preferencia 9.6. Notificación 10. Ejecutoria del fallo 11. Cumplimiento de la sentencia III. DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 1. De la acción de protección ambiental 2. Casos de aplicación 3. Procedimiento IV. DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE RECLAMO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES DE CARÁCTER TRIBUTARIO (arts. 155 y ss. del Código Tributario) 1. Ámbito de aplicación 2. Legislación aplicable 3. Requisitos del reclamo 4. Competencia 5. Incompatibilidad con el llamado “recurso constitucional de protección” 6. Examen de admisibilidad (art. 156 del C.T.) y fase de discusión 7. Fase de discusión y de prueba 8. Término de prueba 9. Fase de fallo 10. Recurso de apelación V. DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES DE CARÁCTER ADUANERO 1. Ámbito de aplicación 2. Legislación aplicable 3. Requisitos del reclamo 4. Competencia 5. Incompatibilidad con el llamado “Recurso Constitucional de Protección” 6. Examen de admisibilidad (art. 129 L de la Ord. de Aduanas) y fase de discusión 7. Fase de prueba 8. Término de prueba 9. Fase de fallo 10. Recurso de apelación VI. DE LA ACCIÓN DE “NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA” 1. Concepto 2. Elementos de la discriminación arbitraria 3. Objetivos o propósitos de esta ley 4. Del procedimiento 4.1. Legislación aplicable 4.2. Tribunal competente 4.3. Titular de la acción. Legitimación activa más o menos amplia De la fase de discusión 4.4. Plazo de interposición (art. 5o) 4.5. De la forma de interposición 4.6. Examen de admisibilidad 4.7. Notificación 4.8. Término de emplazamiento 4.9. Citación a una primera audiencia 4.10. Recursos en contra del “auto de prueba” 4.11. Oferta de prueba 4.12. Citación a segunda audiencia 4.13. Medios de prueba, y sus límites 4.14. Apreciación de la prueba 4.15. Suspensión y finalización del proceso. Fase de fallo VII. PROCEDIMIENTO PENAL ESPECIAL RELATIVO A PERSONAS QUE GOZAN DE FUERO CONSTITUCIONAL (arts. 416 y ss. del Código Procesal Penal) 1. Presupuestos necesarios para que proceda la aplicación de este procedimiento 2. Personas sujetas a fuero 3. Procedimiento 4. Del fallo y sus efectos 5. Recursos (art. 418 del CPP) VIII. QUERELLA DE CAPÍTULOS (arts. 424 y ss. del Código Procesal Penal) 1. Concepto 2. Requisitos 3. Casos de flagrancia 4. Tramitación 5. De la sentencia y sus efectos 6. Recursos (art. 427 del CPP) IX. DEL RECURSO DE AMPARO De las medidas cautelares personales (arts. 122 y ss. del CPP) Concepto Características Del procedimiento IX.I. AMPARO ANTE EL JUEZ DE GARANTÍA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL) 1. Derechos y garantías de todo imputado 2. Derechos y garantías del imputado privado de libertad IX.II. AMPARO ANTE LA CORTE DE APELACIONES RESPECTIVA (ART. 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA) 1. Concepto 2. Legitimación activa amplia 3. Casos en que procede 3.1. El arresto 3.2. La detención (arts. 125 y ss. del Código Procesal Penal) 3.3. La prisión preventiva (arts. 139 y ss. del Código Procesal Penal) 3.4. Reglas y requisitos comunes a la detención y la prisión preventiva 3.5. De la citación 3.6. Otras medidas “cautelares personales” (artículos 155 y 156 del Código Procesal Penal) 4. Objeto del recurso 5. Del Procedimiento 5.1. Legislación aplicable 5.2. Requisitos de admisibilidad 5.3. Providencias al recurso 5.4. Fase de fallo Efectos de la sentencia que acoge el recurso (art. 311 del Código de Procedimiento Penal) 5.5. Recursos X. INAPLICABILIDAD DE UN PRECEPTO LEGAL 1. Concepto 2. Tribunal competente 3. Legitimación procesal activa 4. Procedimiento 4.1. Fase de discusión 5. La sentencia en sede de inaplicabilidad 6. Efectos de la sentencia de inaplicabilidad 7. Impugnación XI. DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO LEGAL DECLARADO INAPLICABLE 1. Configuración de la declaración de inconstitucionalidad 2. Características de la acción de inconstitucionalidad 3. Normas especiales de procedimiento 3.1. Legitimación procesal activa en cuestiones de inconstitucionalidad 3.2. Requisitos para que sea acogida a tramitación la acción de inconstitucionalidad 3.3. Requisitos de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad 3.4. La sentencia de inconstitucionalidad XII. INTRODUCCIÓN GENERAL SOBRE NULIDADES ADMINISTRATIVAS 1. Introducción 2. Vías judiciales y administrativas de impugnación de actos de la administración del Estado XIII. NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO 1. Antecedentes 2. Concepto y objetivos 3. Ámbito de aplicación de la nulidad de derecho público 4. Características de la nulidad de derecho público 5. Tribunal competente y legitimación procesal 6. Procedimiento 7. Efectos de la sentencia de nulidad XIV. RECLAMO DE ILEGALIDAD MUNICIPAL 1. Concepto de reclamo de ilegalidad municipal 2. Requisitos de procedencia del reclamo de ilegalidad municipal 2.1. Existencia de una resolución u omisión del alcalde o de los funcionarios municipales 2.2. Ilegalidad de la resolución u omisión del alcalde o de funcionarios municipales 2.3. Legitimación procesal activa 2.4. Agotamiento de la vía administrativa 3. Vía judicial ante la Corte de Apelaciones respectiva 3.1. Requisitos para la interposición del reclamo ante la Corte de Apelaciones 3.2. Etapa de discusión 3.3. Etapa de prueba 3.4. Etapa de sentencia 3.5. Etapa de cumplimiento de la sentencia 3.6. Recursos contra la sentencia de la Corte de Apelaciones XV. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE AUTOS ACORDADOS 1. Antecedentes sobre autos acordados 2. Configuración del control constitucional de autos acordado 3. Tribunal competente 4. Normas constitucionales de procedimiento 5. Normas legales sobre procedimiento de constitucionalidad de autos acordados 5.1. Requisitos para que el requerimiento sea acogido a tramitación 5.2. Admisibilidad del requerimiento 5.3. Sentencia sobre constitucionalidad de autos acordados XVI. ACCIONES ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 1. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos 2. Diferente legitimación procesal activa ante la Comisión y la Corte 3. Tribunal competente 4. Etapa previa: Procedimiento ante la Comisión 4.1. La petición y la comunicación ante la Comisión como presupuestos procesales para acceder a la Corte 4.2. Requisitos para que una petición o comunicación sea admitida por la Comisión 4.3. Tramitación de las peticiones o comunicaciones ante la Comisión 4.4. Posibilidad de solución amistosa 5. Procedimiento ante la Corte 5.1. Competencia y funciones de la Corte 5.2. Fase de discusión ante la Corte: Etapa escrita 6. Fase de prueba: Procedimiento oral 6.1. Lista definitiva de declarantes 6.2. Objeciones a testigos 6.3. Ofrecimiento, citación y comparecencia de declarantes 6.4. Recusación de peritos 6.5. Audiencia 6.6. Normas sobre preguntas durante los debates 6.7. Normas sobre protección de presuntas víctimas, testigos, peritos, representantes y asesores legales 6.8. Incomparecencia o falsa deposición 6.9. Actas de las audiencias 6.10. Alegatos finales escritos 6.11. Admisión de la prueba rendida ante la Comisión y admisión excepcional de prueba 6.12. Diligencias probatorias de oficio 6.13. Prueba incompleta o ilegible 6.14. Desistimiento, reconocimiento y solución amistosa 7. Etapa de sentencia 7.1. Pronunciamiento y comunicación de la sentencia 7.2. Solicitud de interpretación 7.3. Rectificación de errores en sentencias y otras decisiones 7.4. Etapa de ejecución de la sentencia Del fallo de la Corte y de su cumplimiento XVII. DEL LLAMADO RECURSO O ACCIÓN DE AMPARO ECONÓMICO 1. Concepto 2. Legislación aplicable 3. Legitimación activa amplia 4. Objeto del recurso 5. Tribunal competente 6. Procedimiento 7. Del fallo 8. Apelación y consulta XVIII. DE LA RECLAMACIÓN POR PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD 1. Concepto 2. Legitimación activa amplia 3. Casos de aplicación 3.1. Que haya un “acto o resolución de autoridad administrativa” 3.2. Es necesario que tal acto o resolución “prive o desconozca” la nacionalidad chilena a determinada persona 3.3. Plazo para recurrir 4. Tribunal competente 5. Tramitación XIX. ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL 1. Concepto 2. Legislación aplicable 3. Requisitos 3.1. Titular de la pretensión 3.2. Que se haya dictado alguna de las siguientes resoluciones judiciales a su respecto 4. Tribunal competente 5. Objeto de la acción 6. Tramitación 6.1. Del plazo para impetrar la “solicitud” 6.3. Instrumentos fundantes 6.4. Otros antecedentes 6.5. Examen de admisibilidad de la solicitud 6.6. “Vista al Fiscal”   7. Fase de fallo 7.1. Medidas o diligencias 7.2. Regla general: Cuenta 7.3. Excepción: Vista de la causa 7.4. Medidas para mejor resolver 7.5. Costas XX. DE LA “ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL” 1. Antecedentes 2. Causales que autorizan acusación constitucional contra el Presidente de la República 2.1. Por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación 2.2. Por actos de su administración que hayan infringido abiertamente la Constitución o las leyes 2.3. Diferencias de procedimiento respecto del Presidente de la República 3. Causales que autorizan acusación constitucional contra los ministros de Estado 3.1. Haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación 3.2. Infracción de la Constitución 3.3. Infracción de las leyes 3.4. Haber dejado sin ejecución a la Constitución o a las leyes 3.5. Comisión de delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno 4. Causal que autoriza la acusación constitucional contra los magistrados de los tribunales superiores de justicia y el Contralor General de la República 5. Causales que autorizan la acusación de generales o almirantes de las fuerzas de la defensa nacional 6. Causales que autorizan la acusación de los intendentes, gobernadores y de la autoridad que ejerza el Gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis 7. Formulación de la acusación 8. Tramitación de la acusación en la Comisión 9. Tramitación de la acusación en la Cámara de Diputados 9.1. Efectos jurídicos de la declaración de la admisibilidad de la acusación 10. Tramitación de la Acusación Constitucional en el Senado 11. Efectos jurídicos de la declaración de culpabilidad de la Acusación Constitucional por el Senado 12. Evaluación crítica de la acusación constitucional XXI. DEL RECLAMO DE LEGALIDAD DEL “ACTO EXPROPIATORIO” 1. Concepto 2. Titular del reclamo 3. Causa del reclamo 4. Legislación aplicable 5. Tribunal competente 6. Objeto del reclamo 7. Procedimiento 7.1. Notificaciones 7.2. Facultad privativa del juez 7.3. Apelación XXII. DEL RECLAMO DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR LA EXPROPIACIÓN 1. Concepto 2. Titular del reclamo 3. Legislación aplicable 4. Del procedimiento 4.1. Concepto 4.2. Plazo para reclamar 4.3. Requisitos de la demanda 4.4. Providencia a la demanda 4.5. De la contestación al reclamo 4.6. De la fase de prueba 4.7. De la fase de fallo 4.8. De la impugnación del fallo XXIII. DE LA RECLAMACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA “CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL” 1. Concepto 2. Ámbito de aplicación de la Reclamación 2.1. Regla General 2.2. Excepciones, o limitaciones 3. Reglas de la Constitución Política 3.1. Tribunal competente 3.2. Quórum 3.3. Plazo 3.4. Requisitos formales: Causal 3.5. Del fallo A. Plazo para dictarlo B. Contenido 3.6. Recursos 4. Del Auto Acordado de la Corte Suprema 4.1. De la Reclamación A. Objeto B. Legislación aplicable C. Plazos D. Del libelo E. Ingreso 4.2. Resolución del Presidente, sorteo e informe A. Certificado de ingreso B. Citación a audiencia pública C. Sorteo D. Notificación E. Presidencia 4.3. Examen de admisibilidad 4.4. Solicitud de informes 4.5. Notificación 4.6. Término de emplazamiento 4.7 Contenido de los informes A. Del informe de los requirentes B. Del informe del Presidente de la Convención 4.8. Convocatoria al tribunal y audiencia A. De la fase de discusión B. De la fase de prueba a. Incorporación de la prueba a la carpeta b. Improcedencia de pruebas testimonial y pericial c. Diligencias; y medidas para mejor resolver d. Apreciación de la prueba C. De la fase de fallo a. Plazo b. Contenido D. Impugnación de la sentencia E. Notificación F. Comunicación al Presidente de la Convención 4.9. Plazo máximo de tramitación 4.10. Archivo XXIV. DEL AMPARO JUDICIAL DEL DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS 1. Concepto 2. Del Amparo Judicial 3. Tribunal competente 4. Formalidades 5. Habilitación especial 6. Requisitos de la solicitud 7. Antecedentes 8. Decreto de admisibilidad 9. Notificación 10. Término de emplazamiento 11. Prueba 12. Fallo 13. Notificación 14. Apelación XXV. DEL HABEAS DATA O AMPARO INFORMÁTICO Sección 1 El Habeas Data en Chile Sección 2 Características de la acción de la Ley No 19.628 Sección 3 Tutela del derecho a la autodeterminación informática Sección 4 Acción de Habeas Data y Acción de Protección Sección 5 Legitimación Procesal en el Habeas Data Sección 6 Tramitación de la Acción de Habeas Data 1. Procedimiento General, regular u ordinario 2. Procedimiento Especial 3. Procedimiento residual 4. Efectos de la sentencia del Habeas Data Sección 7 Evaluación crítica del Habeas Data en Chile ANEXOS Anexo No 1 Ley No 21.200. Modifica el Capítulo XV de la Constitución Política de la República Anexo No 2 Corte Suprema. Acta No 75-2021
LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD Análisis de su configuración a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional La obra presenta un análisis general y completo de la sentencia de inconstitucionalidad del TC, examinando sus decisiones con el objeto de determinar el nivel de predictibilidad y fijeza que dicho tribunal entrega a sus decisiones en el tiempo. Lo anterior permite estudiar el comportamiento que ha tenido el Tribunal Constitucional en el tiempo, si aquel ha variado y cuáles son las razones que ha enarbolado para hacerlo. Aquello permite conocer el funcionamiento de esa magistratura y cómo aquel ha contribuido para profundizar el correcto desarrollo del sistema institucional, en aras a fortalecer el estado de derecho y la democracia. De esa forma, la obra analiza el valor de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional como precedente. En tal sentido se determina a quienes obliga, así como también cuál es la parte de aquella que tiene fuerza de precedente. Además, se estudia cómo la magistratura constitucional ha ido recurriendo a sus pronunciamientos anteriores citándolos como precedente. Por último, se finaliza la investigación indicando el valor que posee la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional dentro de las fuentes del Derecho, especificando sus efectos y su valor de cosa juzgada, para luego examinar los efectos de la sentencia en las personas, en el tiempo y en el espacio. INDICE CAPÍTULO I EL CONFLICTO CONSTITUCIONAL I. El Tribunal Constitucional II. El juicio de constitucionalidad y su vinculación con la interpretación constitucional CAPÍTULO II LA NATURALEZA DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD I. Posiciones doctrinarias respecto de la naturaleza de la sentencia de inconstitucionalidad a. La naturaleza anulatoria de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional b. La naturaleza de nulidad de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional c. La naturaleza derogatoria de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional II. La concepción de la Constitución Política acerca de la naturaleza de la sentencia de inconstitucionalidad a. El artículo 93 No 7 b. El artículo 93 No 16 c. El artículo 94 d. ¿Efectos constitutivos o declarativos de inconstitucionalidad? e. La presunción de constitucionalidad de los actos de los órganos del Estado III. La concepción del Tribunal Constitucional acerca de la naturaleza de su sentencia de inconstitucionalidad a. Artículo 93 N° 7 i. No puede haber declaración de inconstitucionalidad sin previa declaración de inaplicabilidad por parte del Tribunal Constitucional ii. La inaplicabilidad no provoca necesariamente la inconstitucionalidad iii. La declaración de inaplicabilidad no obliga al Tribunal Constitucional a ejercitar la acción de inconstitucionalidad iv. La declaración de inconstitucionalidad solo puede referirse al ámbito previamente declarado inaplicable por el propio Tribunal Constitucional v. Presupuestos procesales de la acción de inconstitucionalidad vi. Particularidades de la declaración de inconstitucionalidad vii. La declaración de inconstitucionalidad es el último recurso para asegurar la supremacía constitucional viii. La declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal se funda en los principios de supremacía constitucional, concentración de justicia constitucional, igualdad ante la ley y certeza jurídica ix. La declaración de inconstitucionalidad refleja el respeto hacia el legislador y es garantía del Estado de Derecho x. El Tribunal Constitucional debe buscar interpretaciones que armonicen el sentido del precepto impugnado con la Carta Fundamental xi. Solo cabe declarar la inconstitucionalidad de preceptos legales manifiestamente incompatibles con la Constitución xii. La declaración de inconstitucionalidad conlleva un grado de inseguridad jurídica xiii. Si la declaración de inconstitucionalidad genera efectos más nocivos de los provocados por la propia inconstitucionalidad, será preferible abstenerse de declarar la inconstitucionalidad xiv. Objetivo de la sentencia de inconstitucionalidad xv. Sentido de la declaración de inconstitucionalidad xvi. Efectos de la declaración de inconstitucionalidad xvii. Efectos de la declaración de inconstitucionalidad en los procesos de inaplicabilidad que conoce el Tribunal Constitucional xviii. La declaración de inconstitucionalidad exige que el juez constitucional pondere los efectos de la expulsión del precepto legal del ordenamiento jurídico xix. La declaración de inconstitucionalidad es independiente al examen de inaplicabilidad realizado por el juez constitucional xx. El precepto legal es una unidad de lenguaje que se basta a sí misma b. Artículo 93 Nº 16 i. La declaración de inconstitucionalidad de decretos supremos es una nulidad ii. El vicio de nulidad debe estar incorporado al momento de la dicta-ción de acto impugnado iii. La declaración de inconstitucionalidad de un decreto supremo lo deja sin efecto de pleno derecho iv. La declaración de inconstitucionalidad de un decreto supremo no es un juicio de constitucionalidad de una ley v. El control de constitucionalidad realizado sobre los decretos supre-mos por parte del TC es amplio vi. El examen de constitucionalidad de un decreto supremo realizado por el TC se extiende sobre aspectos formales como sustantivos vii. La sentencia sobre la constitucionalidad de un decreto supremo dictada por el TC tiene efectos erga omnes viii. El examen de constitucionalidad de un decreto supremo no puede extenderse a vicios de legalidad del mismo c. Artículo 94 i. La declaración de inconstitucionalidad posee efectos erga omnes ii. La declaración de inconstitucionalidad no posee efectos retroactivos iii. Las sentencias de inaplicabilidad e inconstitucionalidad tienen y producen efectos diversos iv. La declaración de inconstitucionalidad es una cuestión de distinta naturaleza que la derogación v. Término de vigencia de la ley como consecuencia de una declaración de inconstitucionalidad IV. Conclusiones particulares CAPÍTULO III EL VALOR DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I. El valor jurídico de la sentencia de inconstitucionalidad como precedente a. Requisitos para considerar que se está en presencia de un precedente b. Sujetos obligados por la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional c. Partes de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional que constituyen precedente d. Posibilidad del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto o modificar su propio precedente e. Principios del ordenamiento jurídico que se ven favorecidos por la aplicación del precedente por parte del Tribunal Constitucional i. La aplicación del precedente y el principio de igualdad ii. El precedente y la aplicación del principio de la buena fe iii. El precedente y la seguridad jurídica iv. El precedente del Tribunal Constitucional y el principio de con-fianza legítima de los particulares II. La aplicación por parte del Tribunal Constitucional de sus decisiones anteriores como precedentes constitucionales a. Precedentes en torno a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 93 Nº 7 i. Sentencia Rol Nº 681 (2007), recaída sobre el artículo 116 del Código Tributario ii. Sentencia Rol Nº 590 (2007), recaída sobre el inciso 3º del artículo 416 del Código Procesal Penal iii. Sentencia Rol Nº 1.173 (2009), recaída sobre el inciso 3º del artículo 474 del Código del Trabajo iv. Sentencia Rol Nº 1.345 (2009), recaída sobre el inciso 1º del artículo 171 del Código Sanitario v. Sentencia Rol Nº 1.254 (2009), recaída sobre el artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales vi. Sentencia Rol Nº 1.710 (2010), recaída sobre el artículo 38 ter de la Ley Nº 18.933 vii. Sentencia Rol Nº 2.081 (2013), recaída sobre el artículo 206 del Código Civil viii. Sentencia Rol Nº 6.597 (2019), respecto del inciso segundo del artículo 126 del Código Sanitario ix. Sentencia Rol Nº 4.966 (2020), respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216 x. Sentencia Rol Nº 12.305 (2022), respecto del numeral 3° del artículo 299 del Código de Justicia Militar xi. Sentencia Rol Nº 12.345 (2022), respecto del artículo 2° del Decreto Ley N° 3.643, de 1981, y del artículo 4° del Decreto Ley N° 2.067, de 1977 xii. Sentencia Rol Nº 12.415 (2022), en relación de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 16.441, que crea el Departamento de Isla de Pascua b. Precedentes en torno a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 93 Nº 16 i. Sentencia Rol Nº 124 (1991), recaída sobre el decreto supremo Nº 143, de 31 de enero de 1991, del Ministerio de Justicia ii. Sentencia Rol Nº 146 (1992), recaída sobre el decreto supremo Nº 357, 19 de febrero de 1992, del Ministerio de Obras Públicas iii. Sentencia Rol Nº 245 (1996), recaída sobre el decreto supremo Nº 1, de 6 de agosto de 1996, del Ministerio de Bienes Nacionales iv. Sentencia Rol Nº 254 (1997), recaída sobre el decreto supremo Nº 1.679, de 31 de diciembre de 1996, del Ministerio de Hacienda v. Sentencia Rol Nº 282 (1999), recaída sobre el decreto supremo Nº 1.412, de 21 de agosto de 1998, del Ministerio de Relaciones Exteriores vi. Sentencia Rol Nº 325 (2002), recaída sobre el decreto supremo Nº 20, de 22 de enero de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia vii. Sentencia Rol Nº 370 (2003), recaída sobre el decreto supremo Nº 1, de 8 de enero de 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanis-mo viii. Sentencia Rol Nº 373 (2003), recaída sobre el decreto supremo Nº 66, de 27 de febrero de 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ix. Sentencia Rol Nº 388 (2003), recaída sobre los numerales 2º y 18º del artículo único del decreto supremo Nº 56, de 29 de abril de 2003, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones x. Sentencia Rol Nº 465 (2006), recaída sobre los literales e), f ), g), i), k) y r) del artículo único del decreto supremo Nº 181, de 16 de diciembre de 2005, del Ministerio de Educación xi. Sentencia Rol Nº 591 (2007), recaída sobre la Resolución Exenta Nº 582, de 1º de septiembre de 2006, del Ministerio de Salud xii. Sentencia Rol Nº 740 (2008), recaída sobre el decreto supremo Nº 48, de 3 de febrero de 2007, del Ministerio de Salud xiii. Sentencia Rol Nº 1.035 (2008), recaída sobre los Decretos Supremos que “revisten la forma de unos oficios” y del decreto supremo Nº 1.797, todos de 3 de enero de 2008, del Ministerio de Hacienda .162 xiv. Sentencia Rol Nº 1.153 (2008), recaída sobre los decretos supremos Nº 45 y 46, ambos del Ministerio de Hacienda, de 16 de mayo de 2008 y de 20 de mayo de 2008, respectivamente, y del decreto supremo Nº 583, de 21 de abril de 2008, del Ministerio de Hacienda xv. Sentencia Rol Nº 1.849 (2011), recaída sobre el decreto supremo Nº 264, de 6 de octubre de 2010, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones xvi. Sentencia Rol Nº 4.757 (2018), recaída sobre el decreto supremo Nº 776, de 9 de abril de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública xvii. Sentencia Rol Nº 5.572 (2019), recaída sobre el decreto supremo Nº 67, de 23 de octubre de 2018, del Ministerio de Salud III. El posicionamiento de la sentencia de inconstitucionalidad dentro del sistema de fuentes del Derecho IV. Conclusiones particulares CAPÍTULO IV LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I. Efectos de cosa juzgada de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional II. Efectos de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional en relación a los sujetos obligados a su acatamiento III. Efectos de la sentencia de inconstitucionalidad en el tiempo a. Efectos sobre situaciones jurídicas consolidadas b. Efectos sobre derechos adquiridos c. Efectos sobre potestades d. Efectos sobre actos jurídicos e. Efectos sobre procedimientos pendientes f. Efectos sobre sentencias ejecutoriadas con autoridad de cosa juzgada IV. Efectos de la sentencia de inconstitucionalidad en el espacio V. Conclusiones particulares Conclusiones Generales de la Investigaciónindice Prueba la elaboración de una nueva Constitución, o si rechaza esa opción. Estamos ante una decisión crucial, mantener la Constitución vigente, cuyo contenido conocemos y cuya aplicación ha experimentado el país durante décadas, o bien, rechazarla y enfrentar un proceso constituyente de impredecible resultado. El autor expone en estas páginas las razones principales que, a su juicio, existen para mantener el actual texto constitucional. Lo hace de un modo breve, centrado en las materias principales de las que se ocupa la Constitución y, también, en las críticas que recibe con más frecuencia. Sus argumentos se basan en su experiencia como miembro de la Comisión de Estudios de la Constitución vigente, Ministro y Presidente del Tribunal Constitucional de Chile y profesor de Derecho Constitucional durante más de cuarenta años. Autor: Raúl Bertelsen RepettoLa construcción del Estado democrático de derechos ha ido de la mano del desarrollo de los derechos humanos. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, progresivamente se ha avanzado en la profundización democrática al constatarse que el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, era imprescindible y no suficiente para asegurar las necesidades básicas de las personas y posibilitar su desarrollo conjugando la libertad con la igualdad.
I.-  Introducción II.- Cuando lo colectivo se manifiesta: Un antecedente histórico. III.- Algunas manifestaciones comparadas: Algunos criterios desde España y Perú IV.- El caso Chileno: La evolución del concepto de los Derechos Colectivos en la doctrina nacional V.- El tratamiento en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los Derechos Colectivos VI.- Conclusiones VII.- Bibliografía   Autor: Javier Esteban Leiva Albornoz Ediciones Jurídicas El Jurista
Bajo el concepto protección de datos personales se engloba un conjunto de principios y normas relativas a la recolección, almacenamiento y difusión de la información referida a las personas naturales, que se ha venido desarrollando en los sistemas jurídicos de derecho continental europeo desde 1983 en adelante, y que no tiene otro fin que evitar la vulneración de todos los derechos fundamentales de las personas a través del tratamiento abusivo de sus propios datos. Nuestro país, que no es ajeno a esta realidad, ya en 1999, a través de la Ley Nº 19.628, persiguió este mismo objetivo, aunque hoy se encuentra en un necesario proceso de revisión, dado que su texto ha sido superado tanto por el desarrollo tecnológico como por los estándares internacionales aplicables en la materia. De la actual regulación y sus modificaciones, así como de las directrices futuras de este nuevo derecho fundamental, los autores dan detallada cuenta en el presente libro.
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Análisis de su configuración a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
La obra presenta un análisis general y completo de la sentencia de inconstitucionalidad del TC, examinando sus decisiones con el objeto de determinar el nivel de predictibilidad y fijeza que dicho tribunal entrega a sus decisiones en el tiempo. Lo anterior permite estudiar el comportamiento que ha tenido el Tribunal Constitucional en el tiempo, si aquel ha variado y cuáles son las razones que ha enarbolado para hacerlo. Aquello permite conocer el funcionamiento de esa magistratura y cómo aquel ha contribuido para profundizar el correcto desarrollo del sistema institucional, en aras a fortalecer el estado de derecho y la democracia. De esa forma, la obra analiza el valor de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional como precedente. En tal sentido se determina a quienes obliga, así como también cuál es la parte de aquella que tiene fuerza de precedente. Además, se estudia cómo la magistratura constitucional ha ido recurriendo a sus pronunciamientos anteriores citándolos como precedente. Por último, se finaliza la investigación indicando el valor que posee la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional dentro de las fuentes del Derecho, especificando sus efectos y su valor de cosa juzgada, para luego examinar los efectos de la sentencia en las personas, en el tiempo y en el espacio.
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