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Derecho Administrativo. Tomo III

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INDICE

Incluye Ley Nº 21.180, sobre Transformación Digital del Estado
En esta obra se enfocará en estudiar la Ley Nº 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Asimismo, examine el surgimiento del procedimiento administrativo electrónico a la luz de las modificaciones necesarias por la Ley Nº 21.180, y la adaptación del procedimiento administrativo al nuevo Estado digital. Así, es un libro sobre el Procedimiento Administrativo de tramitación de papel y digital. De esta forma, cobra especial relevancia en este estudio el análisis de los principios del procedimiento administrativo –y la irrupción de nuevos principios como son los de neutralidad tecnológica, de actualización, de equivalencia funcional, de fidelidad, de interoperabilidad y de cooperación–, las reglas comunes, el procedimiento propiamente tal y la institución del silencio administrativo. Se examinará no obstante el conjunto de reformas que se han introducido a dicho marco normativo en el proceso de digitalización del Estado que se concreta con la Ley Nº 21.180.Hasta la entrada completa en vigencia de las reformas de esta ley a todos los organismos de la Administración del Estado, lo que ocurrirá no obstante el 11 de noviembre de 2024, se hace indispensable examinar el procedimiento administrativo “predigitalización” y el “nuevo post digitalización” , en tanto la normativa aludida entra en vigencia. Asimismo, en el del procedimiento administrativo “nuevo post digitalización” se hace necesario aludir a normas que complementan el estudio de regulación de la Ley Nº 21.180, por un lado; el DFL Nº 1, de 6 de abril de 2021,

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Autor: Cristóbal Osorio Vargas
Editorial: Der Ediciones
Numero de Paginas: 690
Año de publicación: 2022

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DescriptionAutor: Cristóbal Osorio Vargas Editorial: Der Ediciones Numero de Paginas: 690 Año de publicación: 2022Autor: Juan Carlos Flores Rivas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 352 Año de publicación: 2021Autores: Jaime Arancibia Mattar, Juan Carlos Flores Rivas y Rosa Fernanda Gómez González Editorial : Der Ediciones Año de Publicación : 2022 Paginas :252Autor: Carlos Salinas Bruzzone Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 1384 Año de publicación: 2019Autor: Alejandro Cárcamo Righetti Editorial: Ediciones Jurídicas de Santiago Numero de Paginas: 221 Año de publicación: 2022Autor: Equipo Editorial Thomson Reuters Editorial : Thomson Reuters Año de Publicación : 2022 Paginas :250
ContentINDICE Incluye Ley Nº 21.180, sobre Transformación Digital del Estado En esta obra se enfocará en estudiar la Ley Nº 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Asimismo, examine el surgimiento del procedimiento administrativo electrónico a la luz de las modificaciones necesarias por la Ley Nº 21.180, y la adaptación del procedimiento administrativo al nuevo Estado digital. Así, es un libro sobre el Procedimiento Administrativo de tramitación de papel y digital. De esta forma, cobra especial relevancia en este estudio el análisis de los principios del procedimiento administrativo –y la irrupción de nuevos principios como son los de neutralidad tecnológica, de actualización, de equivalencia funcional, de fidelidad, de interoperabilidad y de cooperación–, las reglas comunes, el procedimiento propiamente tal y la institución del silencio administrativo. Se examinará no obstante el conjunto de reformas que se han introducido a dicho marco normativo en el proceso de digitalización del Estado que se concreta con la Ley Nº 21.180.Hasta la entrada completa en vigencia de las reformas de esta ley a todos los organismos de la Administración del Estado, lo que ocurrirá no obstante el 11 de noviembre de 2024, se hace indispensable examinar el procedimiento administrativo “predigitalización” y el “nuevo post digitalización” , en tanto la normativa aludida entra en vigencia. Asimismo, en el del procedimiento administrativo “nuevo post digitalización” se hace necesario aludir a normas que complementan el estudio de regulación de la Ley Nº 21.180, por un lado; el DFL Nº 1, de 6 de abril de 2021,

Abre el presente libro el capítulo I que recoge el artículo “Licitación pública: ¿Es el procedimiento ordinario de contratación administrativa?”. En este artículo se trata de contestar la interrogante de si la licitación pública es el procedimiento general para formar la voluntad contractual del Estado o si las causales de licitación privada o el trato directo son lo suficientemente amplias para que el Estado puede eximirse de la licitación pública. Se arriba a la conclusión de que algunas de las causales de trato directo, en la forma que se encuentran reguladas, son demasiado amplias y que deben ser revisadas para impedir que se sorteen la licitación sin una motivación suficiente.

En el capítulo II se pasa revista a los principios de la licitación pública. En primer lugar, se analiza el principio de libre concurrencia de los oferentes, el sistema de registro de los oferentes para limitar las ofertas temerarias y seleccionar la oferta más conveniente. A su vez, se analizan las prácticas atentatorias de la libre concurrencia, extraídas de la práctica administrativa y de la jurisprudencia administrativa. En segundo lugar, revisamos el principio de igualdad de los oferentes tanto al momento de selección del contratista como durante la ejecución del contrato administrativo. Finalmente, se analiza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, sus límites y relación con otros principios de la licitación pública.

En el capítulo III se analiza desde una visión crítica la inhabilidad regulada en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Se analizan cómo las nuevas exigencias derivadas de la contratación administrativa estratégica, mediante la cual el Estado incorpora elementos exógenos para satisfacer necesidades tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas licitantes o el respeto del medio ambiente, pueden generar impactos complejos en la contratación administrativa.

En el capítulo IV relativo a las bases de licitación como medio de prueba en la litigación pública contractual, planteamos la tesis de que las bases de licitación no son el único medio de prueba válido para acreditar el sentido y alcance de las obligaciones contractuales, no obstante, su importancia. Esta tesis se funda en que generalmente la estructura y articulación de las bases de licitación es un rol que le corresponde íntegramente al Estado, que se puede convertir en un instrumento perverso para diagnosticar el cumplimiento o incumplimiento ocurrido durante la ejecución del contrato administrativo.

En el capítulo V se estudia el principio de probidad administrativa en la fase de evaluación de ofertas de la licitación pública. Sustentamos que las licitaciones públicas deben regirse por el principio de buena fe, bajo la creencia objetiva de que sus miembros deben actuar con honradez y sujetos a una conducta recta, en el sentido de privilegiar el interés público sobre el privado al momento de seleccionar la oferta más conveniente para la satisfacción de la necesidad pública, quedando prohibida la incorporación de elementos o la omisión de requisitos no previstos ni en la ley ni en las bases de licitación, que puedan generar situaciones de privilegios entre los oferentes.

En el capítulo VI se analiza el régimen jurídico que regula la contratación administrativa de las empresas públicas en nuestro Derecho Administrativo, en sus distintas etapas, a saber, licitación, ejecución y terminación. Específicamente, se analiza si los contratos suscritos por las distintas empresas públicas existentes en nuestro país se encuentran sometidas exclusivamente a “la legislación común aplicable a los particulares” o las empresas públicas en su actividad contractual deben respetar ciertas normas y principios del derecho administrativo, como cualquier órgano que integra la Administración Pública.

El capítulo VII tiene por objeto analizar la tesis sustentada por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema, que afirman que las multas en los contratos administrativos ostentan la naturaleza de cláusulas penales de origen contractual, y cuya aplicación se canaliza a través de la simple ejecución de una cláusula contractual.

Esta obra analiza descriptivamente las principales modificaciones introducidas a la Ley N°19.880 (2003), que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado (LBPA), por la Ley N°21.180 (2019), sobre Transformación Digital del Estado, que incorpora significativas reformas a la regulación existente en materia de procedimiento administrativo. La reforma constituye una ocasión propicia para abordar las distintas cuestiones relacionadas con la obligatoriedad de la tramitación electrónica, los principios incorporados por la ley, las notificaciones electrónicas y el expediente administrativo digital. Si bien esta ley regula de manera directa la forma en que se desarrollarán las actuaciones administrativas desde un soporte papel a uno electrónico, esta transformación también conlleva una serie de cambios sustantivos relacionados con la manera en cómo las personas y funcionarios públicos se relacionan con la Administración del Estado (derechos en un contexto digital, manejo y almacenamiento de datos, ciberseguridad, uso de inteligencia artificial, entre otros). De ahí la importancia de analizar las modificaciones que la ley incorpora.

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Análisis Crítico de las Prerrogativas Sancionatorias del Estado

Bases para la Comprensión Autónoma del Derecho Sancionador Regulatorio en Chile
La presente obra se hace cargo de la evolución de los poderes de sanción de la Administración en Chile, para cuyos efectos analiza esta en el Derecho Administrativo nacional y en el Derecho Administrativo español, máxime cuando la evolución del derecho peninsular ha servido de sustento jurídico para la actual comprensión de las prerrogativas administrativo-sancionatorias en nuestro país. Esta investigación presenta una interesante sistematización de las diversas teorías que se han formulado en Chile para la inteligencia de dichas prerrogativas, dedicando un estudio especial a lo que el autor denomina “teoría de la crítica formal a la radicación de poderes de sanción en la Administración pública”, cuyo sustento se halla en la tesis del ius puniendi estatal único del Estado, posición mayoritariamente aceptada por la doctrina ius administrativa y la jurisprudencia constitucional, administrativa y judicial. El autor efectúa una propuesta innovadora al presentar una relectura de la actividad sustancial de la Administración, advirtiendo la existencia –en el marco de lo que denomina “actividad de intervención”– de un “nuevo derecho sancionatorio en el ámbito de los mercados regulados”, que goza de autonomía respecto de las garantías de orden penal. Cabe destacar, también, el esfuerzo realizado en orden a identificar los principios jurídicos que informarían un “nuevo” Derecho Administrativo Sancionador Regulatorio. La presente obra viene a llenar un sensible vacío referido a un análisis sistemático de los poderes de sanción de la Administración, avanzando decididamente hacia una concepción autónoma del Derecho Sancionador Regulatorio respecto del Derecho Penal, evidenciando las limitaciones de la tesis del ius puniendi estatal único para la comprensión de las diversas manifestaciones del poder de sanción de la Administración.
INDICE El presente libro se estructura procurando seguir el ismo orden de materias contenidas en la Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, revisando y analizando en algunos aspectos, críticamente dicha regulación. En cada uno de sus acápites se procura dar especial énfasis en la revisión de los principales criterios jurisprudenciales que se han formulado en la materia, por sobre los aspectos puramente doctrinarios.Descripción Procedimientos Administrativos de la Ley N° 19.880 Recursos Administrativos Accesos a la Información Pública de la Ley N° 20.2845 En esta nueva edición de Estrategia y Práctica Profesional: Derecho Administrativo se tratan las siguientes temáticas: FORMULARIOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LEY Nº 19.880 • Solicitud de información • Procedimiento • Deber de abstención RECURSOS ADMINISTRATIVOS • Recurso de reposición • Recurso de revisión • Recurso jerárquico FORMULARIOS RELACIONADOS SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA LEY Nº 20.285 • Acceso a la información • Entrega de información • Denegación de información • Formulación de descargos • Reclamación de ilegalidad • Requerimientos para subsanar solicitud de información • Solicitud de amparo a derecho de acceso a la información Esta obra mantiene su carácter completamente práctico al reunir en un volumen toda la documentación necesaria para el ejercicio profesional en esta materia, complementada con normativa, jurisprudencia administrativa y judicial aplicables a cada formulario. Autores: Equipo Editorial Thomson Reuters Thomson Reuters ÍNDICE Presentación CAPÍTULO I FORMULARIOS RELACIONADOS A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LEY Nº 19.880 1. Persona solicita información 2. Persona solicita responsabilidad 3. Remisión de solicitud a autoridad competente (por falta de competencia del órgano requerido) 4. Solicitud de inicio de procedimiento 5. Solicitud para eximirse de presentar documento en poder de la Administración 6. Solicitud para eximirse de presentar documento que no corresponde al procedimiento 7. Solicitud para practicar acto de instrucción en forma compatible con obligaciones laborales o profesionales 8. Deber de abstención. Por amistad o enemistad íntima 9. Deber de abstención. Por asociación 10. Deber de abstención. Por haber sido testigo o perito 11. Deber de abstención. Por interés 12. Deber de abstención. Por servicios actuales 13. Promoción de la abstención. Por amistad íntima o enemistad manifiesta 14. Promoción de la abstención. Por asociación 15. Promoción de la abstención. Por haber sido perito o testigo en el procedimiento 16. Promoción de la abstención. Por interés 17. Promoción de la abstención. Por parentesco 18. Promoción de la abstención. Por servicios profesionales pasados 19. Promoción de la abstención. Por servicios 20. Resolución que se pronuncia sobre comunicación de deber de abstención 21. Acompaña documento necesario para iniciar procedimiento 22. Acompaña documento 23. Alega defecto de tramitación 24. Alega defecto y pide responsabilidad 25. Interesado acompaña documento 26. Interesado alega defecto 27. Interesado solicita ampliación de plazo 28. Interesado solicita conocer estado de tramitación de procedimiento 29. Interesado solicita copia autorizada de los documentos del expediente 30. Interesado solicita devolución de originales 31. Persona acompaña documento 32. Persona formula alegación 33. Subsana falta 34. Acto administrativo que resuelve recurso administrativo 35. Acto administrativo que afecta derechos de particulares 36. Resolución que subsana vicios de actos administrativos CAPÍTULO II RECURSOS ADMINISTRATIVOS 37. Recurso de reposición. Acto de mero trámite que hace imposible continuar el procedimiento 38. Recurso de reposición. Acto de mero trámite que produce indefensión 39. Recurso de reposición 40. Recurso de revisión (aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto ignorados al momento de dictación del acto) 41. Recurso de revisión (aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto que no fue posible acompañar) 42. Recurso de revisión (declaración de documentos o testimonios falsos por sentencia con anterioridad a la resolución, que se desconocía) 43. Recurso de revisión (declaración de documentos o testimonios falsos por sentencia con posterioridad a la resolución) 44. Recurso de revisión (manifiesto error de hecho) 45. Recurso de revisión (Que la resolución se hubiere dictado sin el debido emplazamiento) 46. Recurso de revisión (Que por sentencia ejecutoriada se haya declarado que el acto se dictó como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta) 47. Recurso jerárquico I 48. Recurso jerárquico II 49. Recurso jerárquico. Acto de mero trámite que hace imposible continuar el procedimiento CAPÍTULO III FORMULARIOS RELACIONADOS SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA LEY Nº 20.285 50. Acceso a la información, por apoderado del solicitante, con voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica 51. Acceso a la información, por apoderado del solicitante 52. Acceso a la información, por el solicitante, con voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica 53. Acceso a la información, por el solicitante 54. Caso en que la información solicitada está permanentemente a disposición del público 55. Caso en que la información solicitada pertenece a múltiples organismos 56. Caso en que la información solicitada se refiere a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar derechos de terceros 57. Caso en que no es posible individualizar al órgano competente 58. Deniega acceso a información (por causal de secreto o reserva, artículo 21, número 5) 59. Deniega acceso a información (por causales de secreto o reserva, artículo 21, números 1, 2, 3 y 4) 60. Deniega acceso a información (por oposición de terceros) 61. Entrega información sujeta a pago de costos directos de reproducción 62. Entrega información 63. Escrito de oposición a la entrega de información 64. Formulación de descargos por autoridad reclamada (por denegación de la información sin oposición de tercero) 65. Formulación de descargos por autoridad reclamada (por falta de respuesta, que se ha dado en forma positiva) 66. Prórroga por otros diez días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud de información 67. Reclamación de ilegalidad del art. 28 Ley Nº 20.285 68. Remisión de solicitud a autoridad competente (por falta de competencia del órgano requerido) 69. Remisión de solicitud a autoridad competente (por no poseer los documentos solicitados) 70. Requerimiento para subsanar solicitud de información (por falta de identificación clara de la información requerida) 71. Requerimiento para subsanar solicitud de información (por falta de identificación del solicitante y de su apoderado en su caso) 72. Solicitud de amparo a derecho de acceso a la información (en caso de oposición de tercero) 73. Solicitud de amparo a derecho de acceso a la información (por denegación de la información sin oposición de tercero) 74. Solicitud de amparo a derecho de acceso a la información (por falta de respuesta y sin prórroga) 75. Solicitud de amparo a derecho de acceso a la información (por falta de respuesta, con prórroga) 76. Subsanación de falta de solicitud de acceso a la información 77. Tercero presenta observaciones (por denegación de la información en caso de oposición de este)
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