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Derecho Áridos – las competencias municipales en materia de extracción y procesamiento de Áridos: Problemas Contemporáneos

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La industria del árido es una actividad extractiva lucrativa y necesaria para el desarrollo de la infraestructura del país, pero, con un alto impacto social y medioambiental.

En Chile no existe un texto legal que aborde de manera general el «derecho de áridos». En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico cohabitan normas dispersas en distintos cuerpos legales de acuerdo con la naturaleza del suelo del que se extraen los áridos, distinguiéndose entre, propiedad privada, o, bien nacional de uso público y bienes fiscales.

Por otro lado, y conforme a la legislación vigente, la Municipalidad es el órgano responsable de otorgar autorización de extracción de áridos en el cauce de los ríos y esteros, ya sea mediante concesiones o permisos. Además, se encuentra facultada para dictar ordenanzas que regulen la tasa que se deberá pagar por concepto de extracción de áridos, de bienes nacionales de uso público o de pozos lastreros de propiedad particular. Finalmente, la entidad edilicia puede otorgar patente municipal si la actividad contempla algún proceso de elaboración y los bienes son vendidos directamente por el productor; entre otras atribuciones.

En este texto se realiza un análisis teórico-practico de las competencias municipales en los procesos de extracción y procesamiento de áridos, con el objeto de determinar cuáles son los problemas actuales en el ejercicio de aquellas atribuciones, en base a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría y la jurisprudencia judicial más relevante emitida en materia de derecho municipal, identificando la causa o motivo de estas dificultades, y proponiendo posibles vías de solución.

Camilo Eduardo Manríquez Bocaz, es abogado y Magíster en Derecho Público de la Universidad de Concepción, Diplomado en Planificación y Estrategia en Educación para Servicios Locales de Educación Pública de la Universidad de Chile, y Diplo-mado en Derecho del Trabajo de la Universidad Andrés Bello.

Cuenta con experiencia profesional como Asesor Jurídico y Abogado de Municipio y Servicios Públicos. Además, participa como docente en el Diploma Nuevo Sistema de Educación Pública, del Área de Educación Continua del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción.

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Autor: Camilo Eduardo Manríquez Bocaz
Editorial: Editorial Hammurabi
Numero de Paginas: 793
Año de publicación: 2025

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DescriptionAutor: Camilo Eduardo Manríquez Bocaz Editorial: Editorial Hammurabi Numero de Paginas: 793 Año de publicación: 2025Autor: Editorial Hammurabi Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 209 Año de publicación: 2022Autor: Juan Carlos Rauld Farías Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 118 Año de publicación: 2022Autor: Gianni Egidio Piva Torres Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 183 Año de publicación: 2022Autor:  Gonzalo Guerrero Valle Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 219 Año de publicación: 2022Autores: Rodrigo Azócar Simonet – Álvaro Cruz González Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 108 Año de publicación: 2022
ContentINDICE La industria del árido es una actividad extractiva lucrativa y necesaria para el desarrollo de la infraestructura del país, pero, con un alto impacto social y medioambiental. En Chile no existe un texto legal que aborde de manera general el «derecho de áridos». En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico cohabitan normas dispersas en distintos cuerpos legales de acuerdo con la naturaleza del suelo del que se extraen los áridos, distinguiéndose entre, propiedad privada, o, bien nacional de uso público y bienes fiscales. Por otro lado, y conforme a la legislación vigente, la Municipalidad es el órgano responsable de otorgar autorización de extracción de áridos en el cauce de los ríos y esteros, ya sea mediante concesiones o permisos. Además, se encuentra facultada para dictar ordenanzas que regulen la tasa que se deberá pagar por concepto de extracción de áridos, de bienes nacionales de uso público o de pozos lastreros de propiedad particular. Finalmente, la entidad edilicia puede otorgar patente municipal si la actividad contempla algún proceso de elaboración y los bienes son vendidos directamente por el productor; entre otras atribuciones. En este texto se realiza un análisis teórico-practico de las competencias municipales en los procesos de extracción y procesamiento de áridos, con el objeto de determinar cuáles son los problemas actuales en el ejercicio de aquellas atribuciones, en base a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría y la jurisprudencia judicial más relevante emitida en materia de derecho municipal, identificando la causa o motivo de estas dificultades, y proponiendo posibles vías de solución. Camilo Eduardo Manríquez Bocaz, es abogado y Magíster en Derecho Público de la Universidad de Concepción, Diplomado en Planificación y Estrategia en Educación para Servicios Locales de Educación Pública de la Universidad de Chile, y Diplo-mado en Derecho del Trabajo de la Universidad Andrés Bello. Cuenta con experiencia profesional como Asesor Jurídico y Abogado de Municipio y Servicios Públicos. Además, participa como docente en el Diploma Nuevo Sistema de Educación Pública, del Área de Educación Continua del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción.
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Descripción
Visión Jurisprudencial de las SERVIDUMBRES ELÉCTRICAS
Indice Esta obra es un trabajo multidisciplinario en torno a la salud mental infantil. Su pretensión consiste en pensar a un nivel general, la niñez vulnerable, desprotegida y traumatizada que es atendida por los servicios de salud pública del país. Surge fundamentalmente por razones históricas, contingentes e intelectuales. El texto es una respuesta a los múltiples desafíos, problemáticas y conflictos que la unidad de corta estadía psiquiátrica del Hospital Luis Calvo Mackenna enfrentó decisivamente en su trabajo cotidiano con los niños, niñas y adolescentes a los que atendió. El equipo multidisciplinario de dicha unidad, no solo se vio interpelado sistemáticamente por las problemáticas estructurales de la desprotección infantil, sino que también por los dilemas éticos y clínicos que subyacen a las consecuencias del confinamiento, hospitalismo y daño socioemocional de niños internados prolongadamente. En forma recurrente, la unidad clínica de psiquiatría debía lidiar no solo con hospitalizaciones coercitivas del sistema judicial, sino que con internaciones desprovistas de fundamento clínico. Este libro es el resultado de un diálogo fecundo de sus autores. Su valor no solo está dado por la diferencia y transdisciplinariedad de las formas de abordaje técnico de la salud mental de niños, niñas y adolescentes en Chile, cuestión que es valiosa por sí misma, sino porque el libro emergió de un arduo proceso de múltiples experiencias de intervención con la niñez vulnerada. Nociones tales como: institucionalización, castigo, trastornos del sueño, personalidad, trauma, modelo comunitario de salud mental, suplicio, maltrato, neurodesarrollo, privación afectiva temprana y abuso sexual infantil, entre otras, no tan solo reflejan áreas de disímil interés por parte de sus autores, sino que todas ellas convergen críticamente en la esencia del problema, a saber, el daño y sufrimiento psíquico de cientos de niños, niñas y adolescentes.
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DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL

En la presente monografía, se estudia cada tipo penal, desde la estructura del delito, sus elementos normativos, se apoyan en jurisprudencia Española, Colombiana, Chilena, al igual que con la doctrina. Su redacción es de forma didáctica, de tal manera que un estudiante, o un profesional versado le pueda ser fácil su lectura. Los delitos de falsedad documental son aquellos tipos penales que castigan la acción de falsificar, alterar o usar documentos falsos con fines fraudulentos. Estos delitos pueden incluir la fabricación de documentos falsos, la alteración de documentos auténticos, el uso de documentos falsos o alterados, o la impersonación de otra persona mediante el uso de documentación falsa o alterada. En general, la falsedad documental se refiere a la creación o alteración de documentos con el propósito de engañar o defraudar a otras personas o entidades. Los documentos falsos o alterados pueden ser de cualquier tipo, como facturas, títulos universitarios, pasaportes, certificados médicos, etc. Los delitos de falsedad documental suelen ser graves y están tipificados en la mayoría de los ordenamientos jurídicos. La pena prevista por estos delitos depende de la gravedad del hecho y de los daños causados, y puede incluir prisión y multas.
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Descripción
Análisis de su configuración a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
La obra presenta un análisis general y completo de la sentencia de inconstitucionalidad del TC, examinando sus decisiones con el objeto de determinar el nivel de predictibilidad y fijeza que dicho tribunal entrega a sus decisiones en el tiempo. Lo anterior permite estudiar el comportamiento que ha tenido el Tribunal Constitucional en el tiempo, si aquel ha variado y cuáles son las razones que ha enarbolado para hacerlo. Aquello permite conocer el funcionamiento de esa magistratura y cómo aquel ha contribuido para profundizar el correcto desarrollo del sistema institucional, en aras a fortalecer el estado de derecho y la democracia. De esa forma, la obra analiza el valor de la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional como precedente. En tal sentido se determina a quienes obliga, así como también cuál es la parte de aquella que tiene fuerza de precedente. Además, se estudia cómo la magistratura constitucional ha ido recurriendo a sus pronunciamientos anteriores citándolos como precedente. Por último, se finaliza la investigación indicando el valor que posee la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional dentro de las fuentes del Derecho, especificando sus efectos y su valor de cosa juzgada, para luego examinar los efectos de la sentencia en las personas, en el tiempo y en el espacio.
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Descripción
CONTROVERSIAS EN MATERIA LABORAL
I. EXIGENCIA DE TEST PCR CON RESULTADO NEGATIVO A TRABAJADORES II. DEVOLUCIÓN DEL DESCUENTO POR EL APORTE DEL EMPLEADOR A LA AFC III. REQUISITO DE PROCEDENCIA PARA EL PAGO DE LA SEMANA CORRIDA IV. OBLIGACIÓN DEL FISCO DE ENTERAR LAS COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO DE UN VÍNCULO A HONORARIOS CALIFICADO JUDICIALMENTE COMO RELACIÓN LABORAL V. INCORPORACIÓN DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS EN LA BASE DE CÁLCULO DE LA ÚLTIMA REMUNERACIÓN MENSUAL (ARTÍCULO 172) CUANDO FUERON PAGADAS EN FORMA PERMANENTE VI. CALIFICACIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EN LA MODALIDAD DE TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO VII. CONFIGURACIÓN DE LAS CAUSALES DE FALTA DE PROBIDAD E INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO EN CASO DE MALA FE DEL TRABAJADOR VIII. JUSTIFICACIÓN DEL DESPIDO EN JUICIO CUANDO LA CARTA DE DESPIDO NO SATISFACE REQUISITOS LEGALES IX. ACEPTACIÓN DE EXTENSIÓN DE BENEFICIOS Y LA POSIBILIDAD PARA RENUNCIAR A ELLA Y LAS IMPLICANCIAS RESPECTO DEL PAGO DE LA CUOTA SINDICAL X. DISCUSIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD EN LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TRABAJO, EN RELACIÓN A LA SIMILITUD DE LOS FALLOS DE CONTRASTE PARA LA INTERPRETACIÓN DE UNA DETERMINADA MATERIA DE DERECHO XI. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 162 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO (NULIDAD DEL DESPIDO O “LEY BUSTOS”) A LA EMPRESA PRINCIPAL XII. POSIBILIDAD DE RECLAMAR JUDICIALMENTE LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO QUE SE PRONUNCIA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS QUE DEBEN OPERAR DURANTE UNA HUELGA
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