Derecho Áridos – las competencias municipales en materia de extracción y procesamiento de Áridos: Problemas Contemporáneos
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La industria del árido es una actividad extractiva lucrativa y necesaria para el desarrollo de la infraestructura del país, pero, con un alto impacto social y medioambiental.
En Chile no existe un texto legal que aborde de manera general el «derecho de áridos». En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico cohabitan normas dispersas en distintos cuerpos legales de acuerdo con la naturaleza del suelo del que se extraen los áridos, distinguiéndose entre, propiedad privada, o, bien nacional de uso público y bienes fiscales.
Por otro lado, y conforme a la legislación vigente, la Municipalidad es el órgano responsable de otorgar autorización de extracción de áridos en el cauce de los ríos y esteros, ya sea mediante concesiones o permisos. Además, se encuentra facultada para dictar ordenanzas que regulen la tasa que se deberá pagar por concepto de extracción de áridos, de bienes nacionales de uso público o de pozos lastreros de propiedad particular. Finalmente, la entidad edilicia puede otorgar patente municipal si la actividad contempla algún proceso de elaboración y los bienes son vendidos directamente por el productor; entre otras atribuciones.
En este texto se realiza un análisis teórico-practico de las competencias municipales en los procesos de extracción y procesamiento de áridos, con el objeto de determinar cuáles son los problemas actuales en el ejercicio de aquellas atribuciones, en base a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría y la jurisprudencia judicial más relevante emitida en materia de derecho municipal, identificando la causa o motivo de estas dificultades, y proponiendo posibles vías de solución.
Camilo Eduardo Manríquez Bocaz, es abogado y Magíster en Derecho Público de la Universidad de Concepción, Diplomado en Planificación y Estrategia en Educación para Servicios Locales de Educación Pública de la Universidad de Chile, y Diplo-mado en Derecho del Trabajo de la Universidad Andrés Bello.
Cuenta con experiencia profesional como Asesor Jurídico y Abogado de Municipio y Servicios Públicos. Además, participa como docente en el Diploma Nuevo Sistema de Educación Pública, del Área de Educación Continua del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción.
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Autor: Camilo Eduardo Manríquez Bocaz
Editorial: Editorial Hammurabi
Numero de Paginas: 793
Año de publicación: 2025
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| Description | Autor: Camilo Eduardo Manríquez Bocaz Editorial: Editorial Hammurabi Numero de Paginas: 793 Año de publicación: 2025 | Autor: Felipe Silva Urra Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 131 Año de publicación: 2022 | Autor: Editorial Hammurabi Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 210 Año de publicación: 2023 | Autor: Editorial Hammurabi Editorial : Hammurabi Año de Publicación : 2022 Paginas :198 | Autor: Editorial Hammurabi Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 178 Año de publicación: 2022 | Autor: Gianni Egidio Piva Torres Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 183 Año de publicación: 2022 |
| Content | INDICE La industria del árido es una actividad extractiva lucrativa y necesaria para el desarrollo de la infraestructura del país, pero, con un alto impacto social y medioambiental. En Chile no existe un texto legal que aborde de manera general el «derecho de áridos». En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico cohabitan normas dispersas en distintos cuerpos legales de acuerdo con la naturaleza del suelo del que se extraen los áridos, distinguiéndose entre, propiedad privada, o, bien nacional de uso público y bienes fiscales. Por otro lado, y conforme a la legislación vigente, la Municipalidad es el órgano responsable de otorgar autorización de extracción de áridos en el cauce de los ríos y esteros, ya sea mediante concesiones o permisos. Además, se encuentra facultada para dictar ordenanzas que regulen la tasa que se deberá pagar por concepto de extracción de áridos, de bienes nacionales de uso público o de pozos lastreros de propiedad particular. Finalmente, la entidad edilicia puede otorgar patente municipal si la actividad contempla algún proceso de elaboración y los bienes son vendidos directamente por el productor; entre otras atribuciones. En este texto se realiza un análisis teórico-practico de las competencias municipales en los procesos de extracción y procesamiento de áridos, con el objeto de determinar cuáles son los problemas actuales en el ejercicio de aquellas atribuciones, en base a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría y la jurisprudencia judicial más relevante emitida en materia de derecho municipal, identificando la causa o motivo de estas dificultades, y proponiendo posibles vías de solución. Camilo Eduardo Manríquez Bocaz, es abogado y Magíster en Derecho Público de la Universidad de Concepción, Diplomado en Planificación y Estrategia en Educación para Servicios Locales de Educación Pública de la Universidad de Chile, y Diplo-mado en Derecho del Trabajo de la Universidad Andrés Bello. Cuenta con experiencia profesional como Asesor Jurídico y Abogado de Municipio y Servicios Públicos. Además, participa como docente en el Diploma Nuevo Sistema de Educación Pública, del Área de Educación Continua del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. | DescripciónLA OBJECIÓN DE CONCIENCIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL Historia, doctrina y jurisprudencia La presente investigación tiene por objeto sistematizar la historia, doctrina y jurisprudencia sobre el derecho a la objeción de conciencia como un derecho fundamental del ser humano emanado del derecho a la libertad de conciencia. Se analiza desde diferentes perspectivas, ya que la objeción de conciencia es parte intrínseca del ser humano en su factor espiritual, moral, religioso, social, cultura, su papel en la historia y sobre todo en su relación con el derecho público, tanto internacional, a través de los diversos órganos y tratados internacionales de derechos humanos, como su desarrollo a nivel nacional (constitucional y administrativo) en un análisis de los más importantes órganos, instancias y jurisprudencia tanto judicial como administrativa. Se trata en definitiva, de una monografía destinada principalmente a estudiantes, académicos, como también una base doctrinal para la catedra de filosofía del derecho, derechos humanos o fundamentales y la catedra de libertad de conciencia. | Indice Descripción Nº1, 2021. ACCIDENTES DEL TRABAJO Nº2, 2021. DESPIDO INDIRECTO Nº3, 2021. DESPIDO INJUSTIFICADO Nº4, 2021. TUTELA LABORAL Nº5, 2022. FUNCIONARIOS MUNICIPALES Nº6, 2022. CAUSALES DEL ARTÍCULO 160 EN LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Nº7, 2022. PRÁCTICAS ANTISINDICALES Nº8, 2022. CAUSALES DEL ARTÍCULO 159 EN LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Nº9, 2022. CAUSALES DEL ARTÍCULO 161 EN LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Nº10, 2022. ACOSO LABORAL O MOBBING Nº11, 2023. ENFERMEDADES PROFESIONALES | Indice Recopilación seleccionada de jurisprudencia relativa a tutela laboral. |
IndiceVisión Jurisprudencial de las SERVIDUMBRES TRÁNSITO | IndiceDescripciónDELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTALEn la presente monografía, se estudia cada tipo penal, desde la estructura del delito, sus elementos normativos, se apoyan en jurisprudencia Española, Colombiana, Chilena, al igual que con la doctrina. Su redacción es de forma didáctica, de tal manera que un estudiante, o un profesional versado le pueda ser fácil su lectura. Los delitos de falsedad documental son aquellos tipos penales que castigan la acción de falsificar, alterar o usar documentos falsos con fines fraudulentos. Estos delitos pueden incluir la fabricación de documentos falsos, la alteración de documentos auténticos, el uso de documentos falsos o alterados, o la impersonación de otra persona mediante el uso de documentación falsa o alterada. En general, la falsedad documental se refiere a la creación o alteración de documentos con el propósito de engañar o defraudar a otras personas o entidades. Los documentos falsos o alterados pueden ser de cualquier tipo, como facturas, títulos universitarios, pasaportes, certificados médicos, etc. Los delitos de falsedad documental suelen ser graves y están tipificados en la mayoría de los ordenamientos jurídicos. La pena prevista por estos delitos depende de la gravedad del hecho y de los daños causados, y puede incluir prisión y multas. |
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