La expulsión de los viejos. La edad como causal de cese de funciones públicas
$39.990
Autores: Jose Luis Alliende Leiva – Alejandro Torres Mussatto – Verónica Pérez Alliende
Editorial: Hammurabi
Numero de Paginas: 326
Año de publicación: 2025
3 disponibles
La presente obra aborda con rigurosidad y profundidad un fenómeno que, pese a su enorme relevancia, ha sido escasamente examinado en el debate jurídico nacional: la desvinculación obligatoria de funcionarios públicos por el solo cumplimiento de una determinada edad.
Desde la Constitución Política de 1980, distintas reformas han introducido límites etarios —generalmente fijados en 75 años— para el ejercicio de funciones en diversas autoridades, magistrados y auxiliares de la administración de justicia. Este proceso, inicialmente acotado a ciertos cargos, se ha ido expandiendo de manera constante durante las últimas décadas.
Su punto de mayor inflexión se produce con la dictación del artículo 90 de la ley N° 21.724 (3 de enero de 2025), que establece que, a partir del 1 de enero de 2027, cesarán en sus funciones todos los funcionarios públicos que cumplan los 75 años de edad, siempre que trabajen en organismos acogidos al sistema de incentivo al retiro.
Frente a este cambio estructural, los autores emprenden un estudio exhaustivo que combina historia constitucional, revisión legislativa, análisis de políticas públicas y estándares internacionales. El libro reconstruye, paso a paso, cómo se configuró el actual paradigma que vincula envejecimiento con pérdida de idoneidad, revelando la fragilidad empírica de sus supuestos y la expansión progresiva de un estereotipo institucionalizado.
A partir de un minucioso examen de textos constitucionales, leyes, antecedentes legislativos, jurisprudencia y documentos obtenidos mediante la Ley de Transparencia, esta obra permite comprender:
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La génesis del límite etario en la Comisión de Estudio de la Constitución de 1980, incluidas sus justificaciones iniciales —eficiencia, deterioro cognitivo y renovación de cargos—, todas insuficientemente acreditadas.
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La multiplicación normativa del límite de edad, que ha sido extendido a ministros de tribunales superiores, fiscales, contralores, consejeros del Estado, jueces tributarios y aduaneros, funcionarios del Servicio Exterior y numerosos demás cargos públicos.
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La evaluación constitucional del límite de edad, confrontándolo con la igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación, la carrera funcionaria y la estabilidad laboral.
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El examen del tema desde el derecho internacional, particularmente a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
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La inconsistencia del límite etario con las políticas públicas contemporáneas, especialmente en un país que envejece aceleradamente y que exige estrategias modernas de inclusión laboral para personas mayores.
La obra revela que la decisión de cesar funciones por edad —ajena a evaluaciones individuales y no acompañada de evidencia empírica robusta— constituye una política pública altamente cuestionable en términos de razonabilidad, proporcionalidad y coherencia con los compromisos internacionales del Estado.
Con cuatro capítulos y un índice temático que abarca antecedentes constitucionales, estándares internacionales, estudios comparados y análisis estadísticos, este libro se convierte en una herramienta imprescindible para:
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estudiosos del derecho público,
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legisladores y equipos técnicos,
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magistrados y funcionarios,
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organismos de control y fiscalización, y
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académicos y profesionales de políticas públicas interesados en el envejecimiento, la no discriminación y la función pública.
La expulsión de los viejos no es solo un estudio jurídico: es una invitación a repensar los principios que deben orientar la relación entre el Estado y sus trabajadores, y una interpelación directa a las instituciones para avanzar hacia políticas que respeten la dignidad, la igualdad y los derechos de las personas mayores.
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La presente obra aborda con rigurosidad y profundidad un fenómeno que, pese a su enorme relevancia, ha sido escasamente examinado en el debate jurídico nacional: la desvinculación obligatoria de funcionarios públicos por el solo cumplimiento de una determinada edad. Desde la Constitución Política de 1980, distintas reformas han introducido límites etarios —generalmente fijados en 75 años— para el ejercicio de funciones en diversas autoridades, magistrados y auxiliares de la administración de justicia. Este proceso, inicialmente acotado a ciertos cargos, se ha ido expandiendo de manera constante durante las últimas décadas. Frente a este cambio estructural, los autores emprenden un estudio exhaustivo que combina historia constitucional, revisión legislativa, análisis de políticas públicas y estándares internacionales. El libro reconstruye, paso a paso, cómo se configuró el actual paradigma que vincula envejecimiento con pérdida de idoneidad, revelando la fragilidad empírica de sus supuestos y la expansión progresiva de un estereotipo institucionalizado. A partir de un minucioso examen de textos constitucionales, leyes, antecedentes legislativos, jurisprudencia y documentos obtenidos mediante la Ley de Transparencia, esta obra permite comprender:
La obra revela que la decisión de cesar funciones por edad —ajena a evaluaciones individuales y no acompañada de evidencia empírica robusta— constituye una política pública altamente cuestionable en términos de razonabilidad, proporcionalidad y coherencia con los compromisos internacionales del Estado. Con cuatro capítulos y un índice temático que abarca antecedentes constitucionales, estándares internacionales, estudios comparados y análisis estadísticos, este libro se convierte en una herramienta imprescindible para:
La expulsión de los viejos no es solo un estudio jurídico: es una invitación a repensar los principios que deben orientar la relación entre el Estado y sus trabajadores, y una interpelación directa a las instituciones para avanzar hacia políticas que respeten la dignidad, la igualdad y los derechos de las personas mayores. | Coordinadora: María Cristina Gajardo Harboe Editorial: Der Ediciones Numero de Paginas: 194 Año de publicación: 2022 | Autor: RODRIGO BENAVIDES CASTELLÓN Editorial: El Jurista Numero de Paginas: 626 Año de publicación: 2018 | Autor: Rodrigo Azócar Simonet Editorial: Hammurabi Numero de Paginas:338 Año de publicación: 2022 | Autor: Editorial Hammurabi Editorial : Hammurabi Año de Publicación : 2022 Paginas :198 | Autor: Cayetano Núñez González Editorial: Tirant lo Blanch Año de Publicación: 2022 Paginas :184 |
| Content | Autores: Jose Luis Alliende Leiva - Alejandro Torres Mussatto - Verónica Pérez Alliende Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 326 Año de publicación: 2025 | INDICE ACTAS 1. El recurso de casación para unificación de doctrina en la jurisdicción social española: caracterización general y puntos críticos, Joaquín García Murcia 2. Vacíos y tensiones del recurso de unificación de jurisprudencia, María Cristina Gajardo Harboe 3. Experiencia de aplicación del recurso de casación para unificación de doctrina, Ignacio García-Perrote 4. Evolución del recurso de unificación de jurisprudencia visto desde la experiencia de la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile, Andrea Muñoz Sánchez 5. Contenido y alcance de la sentencia dictada en recurso de casación para unificación de doctrina, José Antonio Fernández Avilés-Victoria Rodríguez-Rico Roldán 6. Diez razones para la existencia del recurso de unificación de jurisprudencia, Cristian Maturana Miquel | El siguiente trabajo, sin pretender ser un tratado de salud ocupacional, aspira a ser una fuente de documentación e información para aquellos que deben hacerse cargo de trabajadores enfrentados a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En tal sentido es un libro que si bien se refiere a los problemas médico legales en Chile, será de aporte a legislaciones de otras latitudes en lo referente a estas materias, por la universalidad y transversalidad de su contenido. Por lo mismo, este texto será de provecho para los profesionales médicos, abogados, prevencionistas de riesgo, empleadores, representantes sindicales y —no menos importantes— los trabajadores, principales actores de dichos eventos. CONTENIDO: CAPÍTULO I. LEY N° 16.744: ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES CAPÍTULO II. EL SEGURO SOCIAL DE LA LEY N° 16.744 CAPÍTULO III. ACCIDENTES DEL TRABAJO CAPÍTULO IV. ENFERMEDADES PROFESIONALES CAPÍTULO V. LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES Y LOS RIESGOS CAPÍTULO VI. PROGRAMA MÉDICO Y DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LAS EMPRESAS CAPÍTULO VII. CASOS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES CAPÍTULO VIII. EXPOSICIÓN A RIESGOS DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS CAPÍTULO IX. CASO DE VIRUS HANTA (VH) CAPÍTULO X. LAS ENFERMEDADES LABORALES POR EXPOSICIÓN A AGENTES FÍSICOS: MOVIMIENTO, FRICCIÓN Y COMPRENSIÓN CAPÍTULO XI. LA NEUROSIS LABORAL Y EL ACOSO MORAL CAPÍTULO XII. LA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL POR RUIDOS CAPÍTULO XIII. LA NEUMOCONIOSIS CAPÍTULO XIV. ÚLTIMAS REFLEXIONES | Indice
Descripción
Incorpora explicación de las últimas modificaciones | Indice Recopilación seleccionada de jurisprudencia relativa a tutela laboral. | El derecho a la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental de las personas trabajadoras, tal y como de manera reciente ha sido declarado por la Organización Internacional del Trabajo. La configuración de un elenco de obligaciones empresariales que se dediquen a garantizar en el entorno laboral el derecho a la vida y a la integridad personal es una exigencia a los poderes públicos, tanto desde la perspectiva de fomentar una adecuada cultura preventiva, como de disponer de una legislación que proporcione certeza y seguridad jurídica a este objetivo. Chile dispone una adecuada normativa de prevención de riesgos laborales, si bien requiere de algunas necesidades de actualización y mejora. De entrada, quizás sea tiempo de ratificar el Convenio 155 de la OIT, así como otros más recientes como son el Convenio 189 dedicado al trabajo doméstico y el 190 sobre violencia y acoso en el trabajo. Conviene también dedicar un esfuerzo a resolver las dificultades aplicativas que la normativa presenta, así como a las que la nueva realidad productiva está generando. Esta es la pretensión de este trabajo, realizar una revisión del ordenamiento jurídico preventivo en Chile, partiendo del artículo 184 del Código del Trabajo como clave de bóveda legislativa, valorando sus problemas aplicativos e intentando proporcionar algunas soluciones, tenido en cuenta las opiniones doctrinales y los pronunciamientos judiciales. INTRODUCCIÓN: ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EL MARCO NORMATIVO CHILENO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2.1 El fundamento constitucional 2.2 Las normas internacionales 2.2.1 La preocupación de las normas internacionales del trabajo por la prevención de riesgos laborales 2.2.2 El Convenio 155 y la Recomendación 184 de la OIT 2.2.3 Las normas internacionales del trabajo en Chile 2.3 Las normas legales y reglamentarias EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS PREVENTIVAS 3.1 El ámbito objetivo de la protección: cuestiones conceptuales y terminológicas 3.2 Los aspectos subjetivos de la prevención de riesgos 3.2.1 Prevención de riesgos y trabajo independiente 3.2.1.1 La relación preventiva entre la empresa contratante y el trabajador independiente 3.2.1.2 La autoprotección del trabajador independiente 3.2.2 Colectivos con normas preventivas especiales LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL 4.1 El deber de seguridad como obligación general 4.1.1 El deber de seguridad empresarial es intransferible, aunque de gestión técnica y participativa 4.1.2 La naturaleza mixta (público-privada) del deber de seguridad 4.2 El deber de seguridad como obligación de medios 4.2.1 La diligencia debida como criterio de imputación de la responsabilidad 4.2.2 Criterios intrínsecos y extrínsecos para la valoración hermenéutica de la conducta empresarial 4.2.2.1 La fuerza mayor y el caso fortuito 4.2.2.2 La conducta de tercero inevitable 4.3 Las conductas del trabajador y el contenido de la deuda de seguridad 4.3.1 El deber de colaboración de la persona trabajadora y el poder de dirección empresarial 4.3.2 Las conductas previsibles: las distracciones y la imprudencia profesional 4.3.3 Las conductas imprevisibles: la imprudencia temeraria y el dolo 4.3.4 La responsabilidad empresarial “in vigilando” EL ALCANCE DE LA DEUDA DE SEGURIDAD 5.1 La máxima eficacia consiste en evitar los riesgos 5.1.1 La existencia de riesgos laborales en la actividad productiva: niveles preventivos compatibles 5.1.2 La incompatibilidad entre el riesgo laboral y la actividad productiva: el riesgo grave e inminente 5.2 La razonabilidad técnica como estándar de protección EL CONTENIDO DE LA DEUDA DE SEGURIDAD Y LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 6.1 La vigilancia de la salud 6.1.1 La razonabilidad del examen médico y su carácter obligatorio o voluntario 6.1.1.1 La razonabilidad preventiva del examen médico 6.1.1.2 La necesidad y obligatoriedad del examen médico 6.1.2 Examen médico y derecho a la intimidad 6.2 Las consecuencias contractuales de la vigilancia de la salud 6.2.1 La adaptación del trabajo a la persona 6.2.2 La movilidad de la persona trabajadora por riesgo laboral 6.2.3 La protección de la maternidad LA COORDINACIÓN PREVENTIVA ENTRE DIVERSOS EMPRESARIOS 7.1 Supuestos de coordinación empresarial en el derecho preventivo europeo 7.2 Supuestos de coordinación empresarial en el derecho preventivo chileno 7.2.1 El ámbito de la coordinación empresarial 7.2.2 Alcance y contenido de la obligación de coordinar en el supuesto de contratas y subcontratas 7.2.3 Las responsabilidades de los diferentes empleadores en la cadena. |
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