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Procedimientos Civiles Especiales, 2a Edición

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TEXTO EN PREVENTA
Disponible a partir del 26 de NOVIEMBRE

 

I. Proceso y procedimiento

La noción del proceso es fundamental para el estudio del derecho procesal, porque es la única forma en que los jueces pueden desarrollar la función que la Constitución Política les encomienda. En algún momento se le consideró el principal objeto de estudio del derecho procesal y de ahí su denominación, que persiste hasta nuestros días, aun cuando para el derecho procesal moderno es aceptado que el concepto fundamental es el de jurisdicción, en tanto que el proceso no es más –ni menos– que el instrumento para su ejercicio. El proceso entonces es el instrumento puesto por el Estado para que los órganos jurisdiccionales cumplan su función institucional y es, además, un instrumento necesario, pues no existe otra forma para el ejercicio de dicha función, debiendo recordarse a este respecto el mandato constitucional de que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo tramitado en forma legal. La noción de proceso y especialmente la de procedimiento denotan la idea de desenvolvimiento, de sucesión de actos en el tiempo. El proceso, por su naturaleza, se compone de una pluralidad de actos, jamás de uno solo. La combinación de estos actos conduce al concepto de procedimiento, entendido como la coordinación de varios actos autónomos con vistas a la producción de un efecto jurídico final (Carnelutti). La coordinación de estos actos consiste, según Guasp, en que cada acto es presupuesto de admisibilidad del acto siguiente –con excepción del último– y condición de la eficacia del acto precedente –salvo el primero–. El proceso jurisdiccional está configurado como una actividad reglada, tanto en la forma como debe desarrollarse cuanto en los requisitos formales y de fondo que deben reunir los actos que lo conforman. Nuestra Constitución opta por entregar al legislador la potestad de regular la actividad jurisdiccional. Como señala Bordalí, “El proceso en su aspecto formal, es decir, el procedimiento, debe ser una actividad ordenada por reglas, pero éstas… no pueden emanar de cualquier autoridad, sino exclusivamente del legislador”. La forma en que se desarrolla el proceso se conoce como procedimiento. Aunque ambas tienen una misma raíz etimológica, la voz procedimiento tiende a destacar la forma externa que asume la actividad procesal, se trata de una consideración meramente formal del proceso. Como no existe una única forma en que se desarrolla el proceso, no hay, por consiguiente, un único procedimiento, sino que, por el contrario, existe una variedad de ellos que atiende a diversos aspectos y justifica que se hable de procedimientos ordinarios y especiales.

II. Los procedimientos especiales y las modalidades procesales

 

Desde un punto de vista teórico, sería perfectamente posible que la actividad jurisdiccional del Estado pudiera articularse por medio de un único tipo de proceso declarativo, pero la existencia de un único proceso no pasa de ser algo teórico y en ningún ordenamiento ocurre así. En todos los sistemas se ha estimado conveniente la regulación de diversas alternativas procedimentales para la tramitación del proceso de declaración. De esta forma, en nuestro ordenamiento han proliferado los juicios especiales, es decir, contiendas judiciales que tienen una tramitación especial y que han sido establecidos para resolver sobre pretensiones que tienen un objeto específico y determinado. Si los juicios ordinarios son aptos para conocer de cualquier objeto procesal, los especiales tienen un objeto determinado.

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Autores: Carlos Hidalgo Muñoz – Gonzalo cortéz M – Günter Bosser  V
Editorial: Thomson Reuters
Numero de Paginas: 580
Año de publicación: 2024

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DescriptionAutores: Carlos Hidalgo Muñoz - Gonzalo cortéz M - Günter Bosser  V Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 580 Año de publicación: 2024Autor:  Diego Rodríguez Gutiérrez Editorial: Ediciones DER Numero de Paginas: 152 Año de publicación: 2022Autor: Gianni Egidio Piva Torres Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 240 Año de publicación: 2022Autores: Iván Hunter Ampuero, Edinson Lara Aguayo Editorial : Der Año de Publicación  : 2022 Paginas :496Autora: Cynthia Salamanca Leal Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 100 Año de publicación: 2022Autor: Felipe Silva Urra Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 131 Año de publicación: 2022
ContentINDICE  TEXTO EN PREVENTA Disponible a partir del 26 de NOVIEMBRE   I. Proceso y procedimiento La noción del proceso es fundamental para el estudio del derecho procesal, porque es la única forma en que los jueces pueden desarrollar la función que la Constitución Política les encomienda. En algún momento se le consideró el principal objeto de estudio del derecho procesal y de ahí su denominación, que persiste hasta nuestros días, aun cuando para el derecho procesal moderno es aceptado que el concepto fundamental es el de jurisdicción, en tanto que el proceso no es más –ni menos– que el instrumento para su ejercicio. El proceso entonces es el instrumento puesto por el Estado para que los órganos jurisdiccionales cumplan su función institucional y es, además, un instrumento necesario, pues no existe otra forma para el ejercicio de dicha función, debiendo recordarse a este respecto el mandato constitucional de que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo tramitado en forma legal. La noción de proceso y especialmente la de procedimiento denotan la idea de desenvolvimiento, de sucesión de actos en el tiempo. El proceso, por su naturaleza, se compone de una pluralidad de actos, jamás de uno solo. La combinación de estos actos conduce al concepto de procedimiento, entendido como la coordinación de varios actos autónomos con vistas a la producción de un efecto jurídico final (Carnelutti). La coordinación de estos actos consiste, según Guasp, en que cada acto es presupuesto de admisibilidad del acto siguiente –con excepción del último– y condición de la eficacia del acto precedente –salvo el primero–. El proceso jurisdiccional está configurado como una actividad reglada, tanto en la forma como debe desarrollarse cuanto en los requisitos formales y de fondo que deben reunir los actos que lo conforman. Nuestra Constitución opta por entregar al legislador la potestad de regular la actividad jurisdiccional. Como señala Bordalí, “El proceso en su aspecto formal, es decir, el procedimiento, debe ser una actividad ordenada por reglas, pero éstas... no pueden emanar de cualquier autoridad, sino exclusivamente del legislador”. La forma en que se desarrolla el proceso se conoce como procedimiento. Aunque ambas tienen una misma raíz etimológica, la voz procedimiento tiende a destacar la forma externa que asume la actividad procesal, se trata de una consideración meramente formal del proceso. Como no existe una única forma en que se desarrolla el proceso, no hay, por consiguiente, un único procedimiento, sino que, por el contrario, existe una variedad de ellos que atiende a diversos aspectos y justifica que se hable de procedimientos ordinarios y especiales. II. Los procedimientos especiales y las modalidades procesales   Desde un punto de vista teórico, sería perfectamente posible que la actividad jurisdiccional del Estado pudiera articularse por medio de un único tipo de proceso declarativo, pero la existencia de un único proceso no pasa de ser algo teórico y en ningún ordenamiento ocurre así. En todos los sistemas se ha estimado conveniente la regulación de diversas alternativas procedimentales para la tramitación del proceso de declaración. De esta forma, en nuestro ordenamiento han proliferado los juicios especiales, es decir, contiendas judiciales que tienen una tramitación especial y que han sido establecidos para resolver sobre pretensiones que tienen un objeto específico y determinado. Si los juicios ordinarios son aptos para conocer de cualquier objeto procesal, los especiales tienen un objeto determinado.

Descripción

La presente obra tiene por objeto exponer las principales instituciones de nuestra actual legislación concursal y de insolvencia (Ley N° 20.720). A través de un análisis sustantivo y adjetivo del concurso en Chile, se abordan los procedimientos aplicables a empresas deudoras y personas, su más relevante jurisprudencia y los criterios doctrinales más importantes respecto de su inteligencia e interpretación. En la primera parte, se describe brevemente la evolución del derecho concursal en nuestro país y la necesidad del legislador de reformar el estatuto concursal, para posteriormente dedicar un capítulo a los aspectos generales de la Ley Nº 20.720, su ámbito de aplicación, estructura y disposiciones comunes a los procedimientos que contempla. Asimismo, se detalla cada una de las herramientas contempladas en la ley, distinguiendo entre procesos de reestructuración patrimonial (reorganización de empresa deudora y renegociación de persona deudora) y aquellos de liquidación de activos (liquidación de empresa y persona deudora). Por último, se analiza el tratamiento de las acciones revocatorias concursales. Autor: Diego Rodríguez Gutiérrez Ediciones DER
  1. INSOLVENCIA EN CHILE
1.1. Breve reseña a la evolución del derecho concursal chileno A) Libro Cuarto del Código de Comercio de Ocampo (1867) y Ley No 4.558, de 1929 B) Ley No 18.175 y sus principales reformas 1.2. Ley No 20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas Deudoras 1.3. La nueva justicia concursal en cifras, a ocho años de su entrada en vigencia 1.4. Boletín 13802-03, proyecto de ley que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la Ley No 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas
  1. LEY NO 20.720 SOBRE LIQUIDACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE EMPRESA Y PERSONAS DEUDORAS. GENERALIDADES
2.1. Ámbito de aplicación 2.2. Supuesto objetivo. Insolvencia en Chile 2.3. Supuesto subjetivo 2.4. Estructura 2.5. Disposiciones generales a los procedimientos A) Definiciones B) Competencia C) Recursos D) Incidentes E) Notificaciones F) Plazos G) Exigibilidad 2.6. Administradores concursales. Veedor y liquidador A) Veedor B) Liquidador
  1. PROCEDIMIENTOS DE REORGANIZACIÓN DE EMPRESA DEUDORA Y DE RENEGOCIACIÓN DE PERSONA DEUDORA
3.1. Procedimiento de Reorganización de Empresa Deudora A) Objetivos 3.2. Tramitación del Procedimiento de Reorganización A) Antecedentes B) Nominación del veedor C) ¿Relatar/acreditar insolvencia? Prerrogativas del juez D) Resolución de reorganización E) Protección financiera concursal a. Efectos judiciales b. Efectos contractuales c. Efectos administrativos d. Plazos F) Financiamiento y continuación de actividades durante la protección financiera concursal a. Continuidad del suministro (art. 72) b. Venta de activos y contratación de préstamos (art. 74) c. Valoración y fiscalización de activos G) Fase de acuerdo a. Verificación e impugnación de créditos i. Verificación ii. Impugnación b. Presentación de la propuesta c. Examen de la propuesta por parte del veedor d. Conocimiento y votación de la propuesta H) Efectos del acuerdo I) Ineficacia del acuerdo a. Rechazo b. Impugnación c. Nulidad d. Incumplimiento 3.3. Procedimiento de Renegociación de Persona Deudora A) Ámbito de aplicación B) Requisitos C) Solicitud de inicio del procedimiento D) Etapas del procedimiento a. Resolución de admisibilidad i. Efectos de la resolución b. Audiencia de determinación del pasivo c. Audiencia de renegociación d. Audiencia de ejecución E) Impugnación de los acuerdos de renegociación y de ejecución F) Resolución de término
  1. PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE EMPRESA Y PERSONA DEUDORA4.1. Clases de liquidaciones A) Liquidación voluntaria a. Antecedentes que deben acompañar la solicitud b. Tramitación B) Liquidación refleja C) Liquidación forzada a. Causales de liquidación forzada b. Tramitación de la solicitud c. Audiencia inicial d. Juicio de oposición i. Admisibilidad de la oposición ii. Audiencia de prueba iii. Audiencia de fallo 4.2. Efectos de la resolución de liquidación A) Efectos sobre los bienes B) Efectos respecto de las obligaciones C) Efectos respecto de los juicios D) Efectos respecto de los contratos 4.3. Determinación del pasivo A) Verificación ordinaria B) Objeción e impugnación de créditos C) Verificación extraordinaria 4.4. Realización de los activos A) Realización simplificada o sumaria B) Realización ordinaria C) Normas especiales de realización del activo a. Oferta de compra directa b. Leasing 4.5. Término del procedimiento concursal de liquidación A) Por dictación de la resolución de término B) Por acuerdo de reorganización judicial 5. ACCIONES REVOCATORIAS CONCURSALES5.1. Aspectos generales 5.2. Revocabilidad objetiva A) Causales B) La actuación jurisdiccional 5.3. Revocabilidad subjetiva A) Requisitos de la revocabilidad subjetiva 5.4. Revocabilidad y las reformas a los pactos o estatutos sociales 5.5. Revocación de actos ejecutados o contratos celebrados por una persona deudora 5.6. Sentencia de revocabilidad y sus efectos A) Efectos entre las partes B) Efectos respecto de terceros 5.7. Recursos 5.8. Costas y recompensas
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Descripción
El presente diccionario, es concebido como una herramienta que contribuirá con los abogados, estudiantes de derechos y ciencias afines, brindando un detallado análisis de los diversos conceptos que lo integran. El DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, incluye una destacada visión de los conceptos jurídicos, resaltándose que se incluyen en el mismo concepto modernos de reciente data para el derecho, como los derivados de las redes sociales. Inspirado en el derecho hispano, recoge la presente obra, vocabulario de diversos países de nuestro continente, y en especial referencia al castellano, como idioma oficial de nuestros países. En este diccionario, el lector encontrar conceptos de las diversas ramas que inteIndice-Libro-DdCJran las ciencias jurídicas y de aquellas que le son afines. En fin, la presente obra, es de carácter amplio, ya que no solo se circunscribe al saber del derecho, sino se integran conceptos de ciencias afines, como la criminalística, criminología, y medicina legal, entre otras. En Valencia del Rey a los 10 días de mes de Septiembre del año 2022.
Indice El presente texto constituye un esfuerzo académico cuyo objetivo es servir de base para el aprendizaje y aplicación de los recursos procesales civiles, entendidos en su sentido más clásico, esto es, como mecanismos de reacción puestos a favor de los litigantes para impugnar una resolución judicial que les cause un agravio. Sin renunciar a los propósitos de la academia, este manual realiza una lectura moderna de las instituciones procesales vigentes, utilizando, además, un lenguaje claro y sencillo, sin limitarse a repetir y parafrasear las normas legales. La metodología usada para su elaboración consiste en un análisis que incorpora los criterios y estándares jurisprudenciales, en un diálogo con la doctrina más relevante, especialmente en los problemas interpretativos y de aplicación de las normas que regulan los recursos procesales. De esta forma, sus autores buscan señalar al lector aquellas coordenadas jurídicas en las que se desarrollan las controversias acerca del alcance de las normas que tipifican causales de casación o regulan su procedencia, realizando una novedosa contribución al quehacer judicial, académico y profesional.
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RESPONSABILIDAD CIVIL POR MEDICAMENTOS DEFECTUOSOS
El presente trabajo tiene por objeto analizar críticamente la regulación de la responsabilidad civil por producto farmacéutico defectuoso en Chile. Al respecto, es la Ley N° 20.850, que crea un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y Rinde Homenaje Póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos, la que incorporó el Título VI al Libro IV del Código Sanitario, a través del cual se regula inéditamente la responsabilidad derivada de los daños ocasionados por medicamentos defectuosos, tanto en el campo de la investigación científica en seres humanos, como en relación a los productos farmacéuticos que han o están siendo comercializados. Sin embargo, a lo largo de este trabajo se viene advirtiendo cómo esta regulación ha sido inadecuada para abordar un tema de esta complejidad. Así, mediante una investigación exploratoria que sigue el método dogmático se intentará exponer las deficiencias originadas en una inadecuada utilización de la técnica legislativa, explicando cómo ellas se constituyen en problemas en la regulación de este tipo de responsabilidad, y que se verifican en aspectos tales como diferencias que devienen en arbitrarias al momento de establecer el factor de imputación o de iniciar el cómputo del plazo de prescripción, además de imponer una carga probatoria de sumo difícil para la víctima, limitando su posibilidad de accionar.
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LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL Historia, doctrina y jurisprudencia La presente investigación tiene por objeto sistematizar la historia, doctrina y jurisprudencia sobre el derecho a la objeción de conciencia como un derecho fundamental del ser humano emanado del derecho a la libertad de conciencia. Se analiza desde diferentes perspectivas, ya que la objeción de conciencia es parte intrínseca del ser humano en su factor espiritual, moral, religioso, social, cultura, su papel en la historia y sobre todo en su relación con el derecho público, tanto internacional, a través de los diversos órganos y tratados internacionales de derechos humanos, como su desarrollo a nivel nacional (constitucional y administrativo) en un análisis de los más importantes órganos, instancias y jurisprudencia tanto judicial como administrativa. Se trata en definitiva, de una monografía destinada principalmente a estudiantes, académicos, como también una base doctrinal para la catedra de filosofía del derecho, derechos humanos o fundamentales y la catedra de libertad de conciencia.
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