Procedimientos Civiles Especiales, 2a Edición

INDICE 

TEXTO EN PREVENTA
Disponible a partir del 26 de NOVIEMBRE

I. Proceso y procedimiento

La noción del proceso es fundamental para el estudio del derecho procesal, porque es la única forma en que los jueces pueden desarrollar la función que la Constitución Política les encomienda. En algún momento se le consideró el principal objeto de estudio del derecho procesal y de ahí su denominación, que persiste hasta nuestros días, aun cuando para el derecho procesal moderno es aceptado que el concepto fundamental es el de jurisdicción, en tanto que el proceso no es más –ni menos– que el instrumento para su ejercicio. El proceso entonces es el instrumento puesto por el Estado para que los órganos jurisdiccionales cumplan su función institucional y es, además, un instrumento necesario, pues no existe otra forma para el ejercicio de dicha función, debiendo recordarse a este respecto el mandato constitucional de que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo tramitado en forma legal. La noción de proceso y especialmente la de procedimiento denotan la idea de desenvolvimiento, de sucesión de actos en el tiempo. El proceso, por su naturaleza, se compone de una pluralidad de actos, jamás de uno solo. La combinación de estos actos conduce al concepto de procedimiento, entendido como la coordinación de varios actos autónomos con vistas a la producción de un efecto jurídico final (Carnelutti). La coordinación de estos actos consiste, según Guasp, en que cada acto es presupuesto de admisibilidad del acto siguiente –con excepción del último– y condición de la eficacia del acto precedente –salvo el primero–. El proceso jurisdiccional está configurado como una actividad reglada, tanto en la forma como debe desarrollarse cuanto en los requisitos formales y de fondo que deben reunir los actos que lo conforman. Nuestra Constitución opta por entregar al legislador la potestad de regular la actividad jurisdiccional. Como señala Bordalí, “El proceso en su aspecto formal, es decir, el procedimiento, debe ser una actividad ordenada por reglas, pero éstas… no pueden emanar de cualquier autoridad, sino exclusivamente del legislador”. La forma en que se desarrolla el proceso se conoce como procedimiento. Aunque ambas tienen una misma raíz etimológica, la voz procedimiento tiende a destacar la forma externa que asume la actividad procesal, se trata de una consideración meramente formal del proceso. Como no existe una única forma en que se desarrolla el proceso, no hay, por consiguiente, un único procedimiento, sino que, por el contrario, existe una variedad de ellos que atiende a diversos aspectos y justifica que se hable de procedimientos ordinarios y especiales.

II. Los procedimientos especiales y las modalidades procesales

Desde un punto de vista teórico, sería perfectamente posible que la actividad jurisdiccional del Estado pudiera articularse por medio de un único tipo de proceso declarativo, pero la existencia de un único proceso no pasa de ser algo teórico y en ningún ordenamiento ocurre así. En todos los sistemas se ha estimado conveniente la regulación de diversas alternativas procedimentales para la tramitación del proceso de declaración. De esta forma, en nuestro ordenamiento han proliferado los juicios especiales, es decir, contiendas judiciales que tienen una tramitación especial y que han sido establecidos para resolver sobre pretensiones que tienen un objeto específico y determinado. Si los juicios ordinarios son aptos para conocer de cualquier objeto procesal, los especiales tienen un objeto determinado.

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