Procedimientos Voluntarios Colectivos en el Derecho del Consumo Chileno
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La incorporación de los Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC), fue una de las novedades más importantes de la reforma introducida por la Ley Nº21.081 a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Se trata de un mecanismo alternativo de resolución de conflictos (ADR), que pretende, mediante un proceso de negociación entre el Sernac y el proveedor involucrado, solucionar de manera expedita, completa y transparente, situaciones que puedan implicar una afectación al interés colectivo o difuso de los consumidores.
Esta obra se propone analizar los PVC con énfasis en las cuestiones prácticas que pueden surgir, a partir de la aplicación de la normativa legal y reglamentaria que los regulan, sin renunciar por eso a un análisis de carácter dogmático cuando corresponda. Para ello, se tratan tanto cuestiones procesales como sustantivas, relativas a sus principios y características principales, forma de inicio y término, plazos y contenido del acuerdo, entre otros. Asimismo, se abordan especialmente dos aspectos sustantivos relacionados con estos procedimientos: su ámbito de aplicación, y sus alcances en cuanto método de control de cláusulas abusivas.
Introducción 13
Primera parte:
Regulación del Procedimiento Voluntario Colectivo
1. Antecedentes de los Procedimientos Voluntarios Colectivos: las mediaciones colectivas 17
2. Los Procedimientos Voluntarios Colectivos. Regulación en la Ley Nº 19.496 22
2.1. Cuestiones generales y principios 22
2.1.1. Finalidad del procedimiento 22
2.1.2. Solución expedita 24
2.1.3. Solución completa 26
2.1.3.1. Extensión de la “solución completa”: ¿aspectos civiles e infraccionales? 27
2.1.3.2. Consecuencias del acuerdo a nivel infraccional 32
2.1.4. Solución transparente 39
2.1.5. Principios básicos que guían los PVC 41
2.2. Inicio del procedimiento 43
2.2.1. Sobre el supuesto que habilita el inicio del PVC 48
2.2.2. Prohibición de inicio del PVC 52
2.2.2.1. Acciones colectivas pendientes por los mismos hechos 52
2.2.2.2. Iniciado el PVC no se pueden iniciar acciones colectivas respecto de los mismos hechos 54
2.3. Plazos del PVC 58
2.3.1. Sobre la breve duración de los plazos 60
2.3.2. Plazo para iniciar el PVC y prescripción de las acciones que establece el PVC 61
2.4. Contenido del Acuerdo 62
2.4.1. Reglas generales 62
2.4.2. Algunas cuestiones particulares sobre el contenido del acuerdo 65
2.4.2.1. El cese de la conducta que pudiere haber afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores 65
2.4.2.2. Sobre la necesidad de que se verifique un perjuicio patrimonial como un requisito del PVC 66
2.4.2.3. El daño moral como objeto del acuerdo 69
2.4.2.4. Sobre la exigencia de una solución proporcional al daño causado (artículo 54 P Nº3) 73
2.4.2.5. La forma de cumplimiento del acuerdo 77
2.5. Término del procedimiento 78
2.6. Valor y efectos del acuerdo 80
2. 6.1. Sobre el efecto erga omnes 80
2.6.2. Requisitos para que el acuerdo produzca efectos erga omnes 81
2.6.3. Intervención de terceros en el procedimiento judicial que aprueba el acuerdo alcanzado en el PVC 85
2.6.4. Voluntariedad de someter el acuerdo al juez competente 86
2.6.5. Consecuencias del efecto erga omnes 87
2.6.6. Excepciones al efecto erga omnes 89
2.6.7. Eventual extensión del efecto erga omnes a otros proveedores 91
2.6.8. La reserva de derechos del inciso 5º del artículo 54Q 93
2.6.8.1. El objeto de la reserva 94
2.6.8.2. El plazo para efectuar la reserva 95
2.6.9. Mérito ejecutivo de la Resolución del Sernac 97
2.7. El incumplimiento del acuerdo por parte del proveedor 99
2.8. Aplicación del artículo 24 A de la LPC 101
Segunda parte:
Dos aspectos sustantivos de los Procedimientos Voluntarios Colectivos
1. Ámbito de aplicación de la LPC y los PVC 105
1.1. Cuestiones generales 105
1.2. Materias reguladas por leyes especiales y PVC 108
1.2.1. El PVC suscrito entre el Sernac y Latam 109
1.3. El caso Conadecus con Sernac 112
2. Control de cláusulas abusivas y Procedimientos Voluntarios Colectivos 115
2.1. Introducción 115
2.2. Síntesis de mecanismos de control de cláusulas abusivas 115
2.3. Situación del control de cláusulas abusivas en el ordenamiento jurídico chileno antes de los PVCs 117
2.4. El aporte de los PVCs en materia de control de cláusulas abusivas 119
2.5. El procedimiento voluntario colectivo como mecanismo de control de cláusulas abusivas 119
2.6. Casos en que el PVC ha operado como mecanismo de control de cláusulas abusivas 122
2.6.1. PVC Latam Airlines 123
2.6.2. PVC con Banco Santander 124
2.6.3. Comentarios a los casos Latam y Santander 125
2.7. Presunción de buena fe del artículo 16 letra g) y PVC 128
2.7.1. Naturaleza y configuración legal de la presunción de buena fe del artículo 16 letra g) 129
2.7.2. ¿Qué debe entenderse por “autorización y revisión del contrato respectivo”? 130
2.7.3. El PVC exitoso como base para configurar la presunción legal de buena fe del artículo 16 letra g) 131
Bibliografía citada 135
Normas citadas 140
Jurisprudencia citada 141
Otros documentos citados 142
Abreviaturas 143
Anexos 145
1. Normas del Procedimiento Voluntario Colectivo en la Ley nº 19.496 (LPC) 145
2. Reglamento del Procedimiento Voluntario Colectivo 150
3 in stock
Autor: María Elisa Morales Ortiz Rodrigo Momberg Uribe
Editorial: Tirant lo Blanch
Numero de Paginas: 168
Año de publicación: 2022
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| Settings | Procedimientos Voluntarios Colectivos en el Derecho del Consumo Chileno remove | Principales Aspectos de la Ley 21.430 remove | El Recurso de Revisión remove | Urbanismo y Construcción 3ra Edición Actualizada y Complementada remove | Responsabilidad Civil por Medicamentos Defectuosos remove | Comentario Histórico- Dogmático al Libro IV del Código Civil de Chile, 2 tomos remove |
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| Description | Autor: María Elisa Morales Ortiz Rodrigo Momberg Uribe Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 168 Año de publicación: 2022 | Autor: Carlos Garrido Chacana Editorial: Metropolitana Numero de Paginas: 1200 Año de publicación: 2022 | Autor: Fernando Ugarte Vial Editorial: Ediciones Jurídicas de Santiago Numero de Paginas: 548 Año de publicación: 2022 | Autor: Juan Eduardo Figueroa Valdés Editorial: Ediciones DER Numero de Paginas: 365 Año de publicación: 2022 | Autora: Cynthia Salamanca Leal Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 100 Año de publicación: 2022 | Editor: Carlos Amunátegui Perello Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 2321 Año de publicación: 2022 |
| Content | La incorporación de los Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC), fue una de las novedades más importantes de la reforma introducida por la Ley Nº21.081 a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Se trata de un mecanismo alternativo de resolución de conflictos (ADR), que pretende, mediante un proceso de negociación entre el Sernac y el proveedor involucrado, solucionar de manera expedita, completa y transparente, situaciones que puedan implicar una afectación al interés colectivo o difuso de los consumidores. Esta obra se propone analizar los PVC con énfasis en las cuestiones prácticas que pueden surgir, a partir de la aplicación de la normativa legal y reglamentaria que los regulan, sin renunciar por eso a un análisis de carácter dogmático cuando corresponda. Para ello, se tratan tanto cuestiones procesales como sustantivas, relativas a sus principios y características principales, forma de inicio y término, plazos y contenido del acuerdo, entre otros. Asimismo, se abordan especialmente dos aspectos sustantivos relacionados con estos procedimientos: su ámbito de aplicación, y sus alcances en cuanto método de control de cláusulas abusivas. Introducción 13 Primera parte: Regulación del Procedimiento Voluntario Colectivo 1. Antecedentes de los Procedimientos Voluntarios Colectivos: las mediaciones colectivas 17 2. Los Procedimientos Voluntarios Colectivos. Regulación en la Ley Nº 19.496 22 2.1. Cuestiones generales y principios 22 2.1.1. Finalidad del procedimiento 22 2.1.2. Solución expedita 24 2.1.3. Solución completa 26 2.1.3.1. Extensión de la “solución completa”: ¿aspectos civiles e infraccionales? 27 2.1.3.2. Consecuencias del acuerdo a nivel infraccional 32 2.1.4. Solución transparente 39 2.1.5. Principios básicos que guían los PVC 41 2.2. Inicio del procedimiento 43 2.2.1. Sobre el supuesto que habilita el inicio del PVC 48 2.2.2. Prohibición de inicio del PVC 52 2.2.2.1. Acciones colectivas pendientes por los mismos hechos 52 2.2.2.2. Iniciado el PVC no se pueden iniciar acciones colectivas respecto de los mismos hechos 54 2.3. Plazos del PVC 58 2.3.1. Sobre la breve duración de los plazos 60 2.3.2. Plazo para iniciar el PVC y prescripción de las acciones que establece el PVC 61 2.4. Contenido del Acuerdo 62 2.4.1. Reglas generales 62 2.4.2. Algunas cuestiones particulares sobre el contenido del acuerdo 65 2.4.2.1. El cese de la conducta que pudiere haber afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores 65 2.4.2.2. Sobre la necesidad de que se verifique un perjuicio patrimonial como un requisito del PVC 66 2.4.2.3. El daño moral como objeto del acuerdo 69 2.4.2.4. Sobre la exigencia de una solución proporcional al daño causado (artículo 54 P Nº3) 73 2.4.2.5. La forma de cumplimiento del acuerdo 77 2.5. Término del procedimiento 78 2.6. Valor y efectos del acuerdo 80 2. 6.1. Sobre el efecto erga omnes 80 2.6.2. Requisitos para que el acuerdo produzca efectos erga omnes 81 2.6.3. Intervención de terceros en el procedimiento judicial que aprueba el acuerdo alcanzado en el PVC 85 2.6.4. Voluntariedad de someter el acuerdo al juez competente 86 2.6.5. Consecuencias del efecto erga omnes 87 2.6.6. Excepciones al efecto erga omnes 89 2.6.7. Eventual extensión del efecto erga omnes a otros proveedores 91 2.6.8. La reserva de derechos del inciso 5º del artículo 54Q 93 2.6.8.1. El objeto de la reserva 94 2.6.8.2. El plazo para efectuar la reserva 95 2.6.9. Mérito ejecutivo de la Resolución del Sernac 97 2.7. El incumplimiento del acuerdo por parte del proveedor 99 2.8. Aplicación del artículo 24 A de la LPC 101 Segunda parte: Dos aspectos sustantivos de los Procedimientos Voluntarios Colectivos 1. Ámbito de aplicación de la LPC y los PVC 105 1.1. Cuestiones generales 105 1.2. Materias reguladas por leyes especiales y PVC 108 1.2.1. El PVC suscrito entre el Sernac y Latam 109 1.3. El caso Conadecus con Sernac 112 2. Control de cláusulas abusivas y Procedimientos Voluntarios Colectivos 115 2.1. Introducción 115 2.2. Síntesis de mecanismos de control de cláusulas abusivas 115 2.3. Situación del control de cláusulas abusivas en el ordenamiento jurídico chileno antes de los PVCs 117 2.4. El aporte de los PVCs en materia de control de cláusulas abusivas 119 2.5. El procedimiento voluntario colectivo como mecanismo de control de cláusulas abusivas 119 2.6. Casos en que el PVC ha operado como mecanismo de control de cláusulas abusivas 122 2.6.1. PVC Latam Airlines 123 2.6.2. PVC con Banco Santander 124 2.6.3. Comentarios a los casos Latam y Santander 125 2.7. Presunción de buena fe del artículo 16 letra g) y PVC 128 2.7.1. Naturaleza y configuración legal de la presunción de buena fe del artículo 16 letra g) 129 2.7.2. ¿Qué debe entenderse por “autorización y revisión del contrato respectivo”? 130 2.7.3. El PVC exitoso como base para configurar la presunción legal de buena fe del artículo 16 letra g) 131 Bibliografía citada 135 Normas citadas 140 Jurisprudencia citada 141 Otros documentos citados 142 Abreviaturas 143 Anexos 145 1. Normas del Procedimiento Voluntario Colectivo en la Ley nº 19.496 (LPC) 145 2. Reglamento del Procedimiento Voluntario Colectivo 150 | DescripciónDada la instauración del nuevo régimen proteccional de los derechos del niño, niña y adolescente por la Ley Nº 21.430 y su trascendencia para efectos de la determinación, adopción y ejecución de las distintas medidas de protección, es que se presenta este estudio de los aspectos más relevantes de tal cuerpo legal. Al establecer un nuevo Sistema de Garantías y de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la ley propuso un régimen proteccional que supone la interacción de un conjunto de políticas, instituciones y normas para dichos fines. De ahí, que a modo de comprender los límites de la funciones administrativa y jurisdiccional en tal Sistema el autor hace un análisis completo del régimen instaurado por este cuerpo legal. Es así, que el trabajo que desarrolla en estas páginas busca exponer los principales pormenores del Sistema a fin de proporcionar a sus lectores una visión más o menos completa de aquel para efectos de establecer sus implicancias prácticas. Dentro de las “Normas Generales” de la Ley Nº 21.430 podemos destacar una clara definición de los principales objetivos de la ley como de los obligados por aquella y de las reglas para la aplicación e interpretación de las leyes y normas reglamentarias relativas a los derechos del niño, niña y adolescente. En armonía con lo anterior, dentro de “Principios, Derechos y Garantías” se verán de forma pormenorizada los principios, derechos y garantías que reconoce la ley a los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, en el título relativo a la “Protección Integral” -desarrollada en 4 párrafos-, entre otras cuestiones de interés, se estudiarán los principios rectores de los procesos de protección; las reglas generales para la adopción y aplicación de las medidas reconocidas; los deberes del Estado en relación a la protección integral de los niños (…); las Oficinas Locales de la Niñez, sus funciones y competencias; y las medidas de protección administrativa, los órganos competentes para su adopción, el procedimiento de protección administrativa, la revisión de las medidas, etc. Por último, y como se señaló en un comienzo, por medio de la obra el autor buscó proporcionar un resumen de los principales aspectos de interés de la Ley Nº 21.430, de forma tal, de facilitar la mejor comprensión a sus lectores. ÍNDICE Introducción 1. Estructura de la Ley N° 21.430 (sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia) Normas Generales 1.a.1. Objetivos de la Ley 1.a.1.a. Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 1.a.1.a.1. Características del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 1.a.1.b. Concepto de niño, niña y adolescente 1.a.1.c. Sujetos pasivos 1.a.1.c.1. Rol de la familia 1.a.1.c.2. Rol de la sociedad en general 1.a.1.c.3. Rol de los órganos de la Administración del Estado 1.a.1.c.3.a. Infracción de los órganos del Estado a los deberes que les impone la ley 1.a.2. Aplicación e interpretación de las leyes y normas reglamentarias relativas a los derechos del niño, niña o adolescente. Principales Aspectos de la Ley Nº 21.430 1.a.2.a. Reglas Especiales de Interpretación de la Ley 1.a.2.b. Aplicación de la Ley 1.b. Principios, Derechos y Garantías 1.b.1. De los principios 1.b.1.a. Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho 1.b.1.b. Interés superior del niño, niña o adolescente 1.b.1.c. Igualdad y no discriminación arbitraria 1.b.1.c.1. Deberes de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.d. Fortalecimiento del rol protector de la familia 1.b.1.d.1. Deber del Estado en función del principio 1.b.1.e. Derecho y deber preferente de los padres y/o madres a educar y cuidar a sus hijos 1.b.1.e.1. Deber del Estado en función del principio 1.b.1.f. Autonomía progresiva 1.b.1.g. Efectividad de los derechos 1.b.1.h. Perspectiva de género 1.b.1.i. Responsabilidad de la Administración del Estado 1.b.1.j. Protección social 1.b.1.j.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio. 1.b.1.k. Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de consideración prioritaria 1.b.1.l. Progresividad y no regresividad de los derechos 1.b.1.l.1. Deber del Estado en función del principio 1.b.1.m. Participación social 1.b.1.m.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.n. Inclusión 1.b.1.n.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.ñ. Difusión permanente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 1.b.1.ñ.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.o. Intersectorialidad 1.b.1.p. Participación y colaboración ciudadana . 1.b.2. De los derechos y garantías. 1.b.2.a. Ejercicio de los Derechos Civiles y Políticos 1.b.2.a.1. Deber de los órganos del Estado en función del ejercicio de tales derechos. 1.b.2.b. Derecho a la vida 1.b.2.b.1. Deber del Estado en función del derecho 1.b.2.c. Derecho a un nivel de vida, desarrollo y entorno adecuado 1.b.2.c.1. Deberes de los padres en función del derecho 1.b.2.c.2. Deberes de los órganos del Estado en función del derecho 1.b.2.d. Derecho a la identidad 1.b.2.e. Derecho a vivir en familia . 1.b.2.e.1. Deberes del Estado en función del derecho. 1.b.2.f. Derecho a ser oído. 1.b.2.g. Derecho a la libertad de expresión y comunicación 1.b.2.g.1. Deberes del Estado y de los prestadores de servicios de telecomunicaciones en función de los derechos descritos 1.b.2.h. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión 1.b.2.h.1. Deber del Estado en función del derecho. 1.b.2.i. Derecho a la libertad de asociación y de reunión. 1.b.2.j. Derecho a la participación 1.b.2.j.1. Deber de los órganos del Estado en función del derecho 1.b.2.k. Derecho a la vida privada y a la protección de datos personales. 1.b.2.k.1. Deber de los funcionarios públicos, las organizaciones de la sociedad civil en función del derecho . 1.b.2.l. Derecho a la honra, intimidad y propia imagen. 1.b.2.l.1. Deberes que se imponen en función de tales derechos. 1.b.2.m. Derecho a la información 1.b.2.m.1. Deberes del Estado en función del derecho. 1.b.2.n. Derecho a la protección contra la violencia 1.b.2.ñ. Derecho a la protección contra la explotación económica, la explotación sexual comercial y el trabajo infantil 1.b.2.ñ.1. Deberes de los órganos del Estado en función del derecho 1.b.2.o. Derecho a la salud y a los servicios de salud 1.b.2.o.1. Deberes del Estado en función del derecho. 1.b.2.p. Derecho a atención médica de emergencia. 1.b.2.p.1. Deberes de los centros y servicios de salud en función del derecho. 1.b.2.q. Derecho a la información sobre la salud y el consentimiento informado 1.b.2.q.1. Deberes de los prestadores de salud en función del derecho . 1.b.2.r. Derecho a la educación. 1.b.2.r.1. Deberes del Estado y sus órganos en función del derecho 1.b.2.s. Derecho a la atención a la diversidad educativa . 1.b.2.s.1. Deberes del Estado y sus órganos en función del derecho . 1.b.2.t. Derecho a la seguridad social. 1.b.2.t.1. Deber y restricción en función del derecho. 1.b.2.u. Derecho a la recreación, al deporte y a la participación en la vida cultural y en las artes. 1.b.2.v. Derecho a medidas de prevención y protección del embarazo, maternidad y paternidad 1.b.2.w. Derecho a zonas y equipamientos recreativos. 1.b.2.x. Derechos y deberes en el espacio urbano. 1.b.2.y. Derecho a vivir en un medio ambiente saludable y sostenible, a conocerlo y a disfrutar de él 1.b.2.y.1. Deberes del Estado y de sus órganos en función del derecho . 1.b.2.z. Derecho a la libertad personal y ambulatoria 1.b.2.z.a. Derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva y especialización. 1.b.2.z.a.1. Deberes del Estado y sus órganos en función de los derechos vistos 1.b.2.z.b. Derecho a protección reforzada ante vulneración de derechos y conflicto con la ley. 1.b.2.z.b.1. Rol del Estado y otros órganos en función del derecho . 1.b.2.z.c. Derecho a la protección internacional 1.b.2.z.c.1. Deberes de ciertas autoridades en función del derecho 1.b.2.z.d. Derecho a la protección y defensa como consumidores y usuarios. 1.b.2.z.e. Derecho a bienes, productos o servicios suficientemente seguros para garantizar su inocuidad. 1.b.2.z.f. Derecho a una publicidad responsable 1.b.3. Deberes y responsabilidades. 1.c. De la protección integral. 1.c.1. Normas de aplicación general . 1.c.1.a. Definiciones.. 1.c.1.a.1. Medios de acción . 1.c.1.a.2. Ámbitos de acción. 1.c.1.a.3. Protección especial . 1.c.1.a.4. Procedimiento de la protección de derechos. 1.c.1.a.5. Protección judicial. 1.c.1.a.5.a. Competencia de los Tribunales de Familia en materia de protección de derechos. 1.c.1.a.6. Otras cuestiones vinculadas a la Protección Judicial y Administrativa . 1.c.1.b. Principios rectores de los procesos de protección de derechos. 1.c.1.c. Reglas generales para la adopción y aplicación de medidas de protección administrativas y judiciales. 1.c.1.d. Acción de tutela administrativa de derechos. 1.c.2. Deberes de la administración del Estado . 1.c.3. De las Oficinas Locales de la Niñez. 1.c.3.a. Funciones de las Oficinas Locales de la Niñez . 1.c.3.b. Competencia de las Oficinas Locales de la Niñez. 1.c.4. De las medidas de protección administrativas Cuestión previa . 1.c.4.a. Medidas de protección administrativa . 1.c.4.b. Legalidad de las medidas de protección. 1.c.4.c. Órganos competentes para la adopción de medidas de protección administrativas . 1.c.4.d. Medidas ante el incumplimiento de las medidas de protección administrativas . 1.c.4.e. Derivación de casos entre sedes administrativa y judicial . 1.c.4.f. Procedimiento de protección administrativa 1.c.4.g. Revisión de medidas. 1.c.4.h. Acción de reclamación por ilegalidad. 1.d. Institucionalidad 1.d.1. Institucionalidad del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia . 1.e. De la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción . | Descripción«Esta obra es la primera monografía chilena sobre revisión de sentencias firmes, e incluye el estudio de la institución en sus dos vertientes: civil y penal. Constituye un novedoso aporte a nuestra literatura jurídica, tanto por la exhaustividad de la investigación como por su enorme utilidad práctica. En la primera parte del libro se estudia la historia de la revisión, para luego adentrarse en el examen de su regulación en el sistema jurídico chileno, analizando cada una de las causales, los requisitos que permiten darlas por configuradas y los problemas de interpretación que han surgido de su aplicación, ofreciendo criterios de interpretación y soluciones prácticas a los problemas que enfrentan diariamente abogados litigantes y jueces, siempre a la luz de la historia de la ley, de la doctrina y sobre todo de la jurisprudencia, tanto chilenas como extranjeras, clásicas y actuales. El autor hace un completo estudio de la doctrina y la jurisprudencia sobre revisión durante los ciento veinte años de existencia en nuestro país, además de su regulación en el derecho comparado, con constantes referencias a la opinión de los autores y a las resoluciones de los tribunales de los ordenamientos jurídicos que han ejercido mayor influencia en nuestro derecho: el francés y el español. En el prólogo de la obra, dice el profesor Raúl Tavolari: “así como, entre nosotros, en materia arbitral, no hay operador que deje de recurrir al libro de Patricio Aylwin o si el debate dice relación con el mandato, a la obra de Stitchkin o a la de Alessandri Besa, si el problema fuere la nulidad, en lo sucesivo, este libro constituirá el referente obligado en tramitaciones y decisiones sobre revisión”. Se trata de una obra original y rigurosa que, por la claridad de su exposición y la exhaustividad de su análisis, será de utilidad tanto para abogados litigantes como para jueces y estudiosos del Derecho en genera Autor: Fernando Ugarte Vial | DescripciónTranscurridos casi seis años de la segunda edición del libro Urbanismo y construcción, el autor se ha visto impulsado, por muchos abogados y académicos, a poner al día esta obra, la que, sin lugar a dudas, constituye un valioso apoyo para los alumnos de los programas de postgrado en materia de derecho urbanístico y también para la judicatura y todos los profesionales del sector público y privado que se desempeñan en la industria inmobiliaria en nuestro país. Han sido muchos los cambios legislativos y jurisprudenciales, tanto en sede administrativa como judicial, que justifican plenamente y hacen muy necesaria esta nueva y actualizada edición, la que analiza en detalle las diversas modificaciones normativas y reglamentarias en estos últimos años. En particular, es posible destacar el análisis de la nueva normativa urbanística y pronunciamientos recientes de la Contraloría, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como también las sentencias de los tribunales superiores de justicia y Tribunal Constitucional que vienen a regular e interpretar importantes temáticas propias del derecho urbanístico. Autor: Juan Eduardo Figueroa Valdés Ediciones DER | IndiceDescripciónRESPONSABILIDAD CIVIL POR MEDICAMENTOS DEFECTUOSOSEl presente trabajo tiene por objeto analizar críticamente la regulación de la responsabilidad civil por producto farmacéutico defectuoso en Chile. Al respecto, es la Ley N° 20.850, que crea un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y Rinde Homenaje Póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos, la que incorporó el Título VI al Libro IV del Código Sanitario, a través del cual se regula inéditamente la responsabilidad derivada de los daños ocasionados por medicamentos defectuosos, tanto en el campo de la investigación científica en seres humanos, como en relación a los productos farmacéuticos que han o están siendo comercializados. Sin embargo, a lo largo de este trabajo se viene advirtiendo cómo esta regulación ha sido inadecuada para abordar un tema de esta complejidad. Así, mediante una investigación exploratoria que sigue el método dogmático se intentará exponer las deficiencias originadas en una inadecuada utilización de la técnica legislativa, explicando cómo ellas se constituyen en problemas en la regulación de este tipo de responsabilidad, y que se verifican en aspectos tales como diferencias que devienen en arbitrarias al momento de establecer el factor de imputación o de iniciar el cómputo del plazo de prescripción, además de imponer una carga probatoria de sumo difícil para la víctima, limitando su posibilidad de accionar. | DescripciónEl Código Civil de Bello no es sólo un conjunto de disposiciones a ser interpretadas abstractamente, es también una tradición que cristaliza en normas, una dinámica histórica que florece y madura conforme la experiencia de dos milenios cuaja en un enunciado, el que es vivido por más de ciento sesenta años de vigencia. Este Comentario Histórico Dogmático es el fruto del esfuerzo conjunto de una cuarentena de profesores de Derecho privado que tomaron sobre sus hombros la misión de animar las disposiciones de nuestro Código Civil, de manera que ya no parezcan fotografías de un momento jurídico determinado, sino que se presenten como una imagen cinematográfica, donde el presente se entiende desde el pasado para proyectarse al futuro. Éste es el primer comentario completo al Libro IV de las Obligaciones de el Código Civil Chileno, con la particularidad que elegimos la mirada histórica para acompañar la dogmática. Seguramente a este texto seguirán otros, que contribuirán a dar profundidad a las aguas de nuestro Derecho. |
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