Algunas cuestiones de derecho procesal administrativo y ley N° 20.285
$28.000
El artículo 28 de la Ley N° 20.285, Sobre acceso a la información pública ¿Un tema solo de legitimidad? ¿O acaso la administración no puede ejercer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva?
En este trabajo adentraremos en el derecho de acción como derecho público subjetivo, los conceptos de partes y su problemática actual, pero en lo que ahora nos interesa exploraremos su vinculación con el Derecho Administrativo, en especial con el sentido del artículo 28 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.
Comenzaremos con un café en un breve coloquio con la historia de Chile, al menos con aquella que ha significado nuestra evolución como sociedad del último siglo.
Nos empaparemos del litisconsorcio necesario y explicaremos por qué aquellas instituciones centralizadas del ordenamiento jurídico chileno, que aun careciendo de alguno de los atributos de la personalidad -como Carabineros de Chile a título meramente ejemplar- sí pueden comparecer ante los tribunales de justicia en defensa de sus intereses legítimos, al ser precisamente titulares de derechos públicos subjetivos, buscando acceder a la tutela jurisdiccional efectiva.
Estudiaremos la tutela diferenciada.
Razonaremos en todo ello sobre la base del debido proceso, a partir de la garantía fundamental del artículo 19, N° 3 de nuestra Carta Política y del enfoque jurisprudencial en nuestro sistema normativo, como también nutriéndonos del marco que proporciona la jurisprudencia de la C.I.D.H, por aplicación del artículo 5° de nuestra Constitución Política de la República.
Reflexionaremos, finalmente, nuevamente sobre el valor del precedente y de la jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico.
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 El problema de lo contencioso administrativo
1.1.1 Un café con la historia
1.1.2 La Carta de 1833 y algunos de sus hitos hacia fines del siglo XIX
1.1.3 La Constitución Política de 1925
1.1.4 El contencioso administrativo de nuestros días, o la competencia de la justicia ordinaria para conocer de la actividad de la Administración. El escenario pre y post 11.9.1973
1.2 La Administración como parte. Un tema de igualdad y de debido proceso. Revisión jurisprudencial
1.2.1 La Jurisprudencia Judicial
1.2.2 La Jurisprudencia constitucional
1.3 La tutela judicial efectiva o la constitucionalización de los derechos fundamentales en el marco de las garantías del proceso
1.3.1 Algo del Derecho Comparado
1.3.1.1 España
1.3.1.2 Perú
1.3.1.3 Venezuela
1.3.1.4 Colombia
1.3.1.5 Brasil
1.3.1.6 Uruguay
1.3.1.7 Argentina
1.3.2 En nuestro ordenamiento jurídico
1.4 Una mirada desde la óptica de la Convención Interamericana de DD.HH.
1.4.1 Qué entiende la CADH por debido proceso legal
1.4.2 El derecho a ser oído
1.4.3 Derecho a un Tribunal independiente, imparcial y competente
1.4.4 Derecho a ser juzgado en un plazo razonable
1.4.5 Derecho a una resolución motivada
1.4.6 Previsibilidad de la sanción
CAPÍTULO II
EL DERECHO DE ACCIÓN
2.1 La acción. Un derecho público subjetivo
2.2 Las acciones y el tipo de tutela jurídica que persiguen
2.2.1 La acción de condena
2.2.2 La acción declarativa o de mera declaración
2.2.3 La acción constitutiva
CAPÍTULO III
UNA APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE PARTES Y LEGITIMACIÓN. EL PROBLEMA DEL LITISCONSORCIO NECESARIO
3.1 Las partes y la legitimación
3.1.1 Revisión Jurisprudencial
3.1.2 Consideraciones doctrinales
3.1.3 El litisconsorcio necesario
3.2 El Estado como parte y su capacidad. Adelantando conceptos
3.2.1 Generalidades. La personificación del Derecho Administrativo y el principio de juridicidad
3.2.2 El Estado como parte y la complejidad de la litigación pública
CAPÍTULO IV
LOS DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS
4.1 Generalidades
4.2 La obra de Jellinek
CAPÍTULO V
¿Y SI HABLAMOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY N° 20.285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?
5.1 Un punto de partida
5.2 Contencioso administrativo de ilegalidad Rol N° 119-2021. Carabineros de Chile / Consejo para la Transparencia
5.3 Conflictos de intereses. O cómo nos hacemos cargo de las situaciones jurídicas de desventaja. Nuestra posición frente a dos interrogantes
5 disponibles
Autor: Jorge A. Ramírez Ibarra
Editorial: Editorial Hammurabi
Numero de Paginas: 213
Año de publicación: 2025
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| Name | Algunas cuestiones de derecho procesal administrativo y ley N° 20.285 remove | Procedimiento Concursal. Rechazo de la Solicitud de Liquidación Voluntaria en la Ley N° 20.720 remove | Criterios Jurisprudenciales para Determinar la Proporcionalidad o no de una Multa Impuesta en Virtud del Código Sanitario remove | La Motivación. Principio General del Derecho Público remove | Responsabilidad De Proteger. Edición Pocket remove | Ordenamiento Territorial Del Borde Costero remove |
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| Description | Autor: Jorge A. Ramírez Ibarra Editorial: Editorial Hammurabi Numero de Paginas: 213 Año de publicación: 2025 | Autor: Ismael González Cerda Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 118 Año de publicación: 2022 | Autor: María José Jordán Palet Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 105 Año de publicación: 2022 | Autor: Alejandro Gómez Sotomayor Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 118 Año de publicación: 2022 | Autor: Luis Manuel Marcano Salazar Editorial: Hammurabi Año de Publicación : 2022 Paginas : 107 | Autor: Natalia Rodríguez Donoso Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 100 Año de publicación: 2022 |
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El artículo 28 de la Ley N° 20.285, Sobre acceso a la información pública ¿Un tema solo de legitimidad? ¿O acaso la administración no puede ejercer el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva?
En este trabajo adentraremos en el derecho de acción como derecho público subjetivo, los conceptos de partes y su problemática actual, pero en lo que ahora nos interesa exploraremos su vinculación con el Derecho Administrativo, en especial con el sentido del artículo 28 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.
Comenzaremos con un café en un breve coloquio con la historia de Chile, al menos con aquella que ha significado nuestra evolución como sociedad del último siglo.
Nos empaparemos del litisconsorcio necesario y explicaremos por qué aquellas instituciones centralizadas del ordenamiento jurídico chileno, que aun careciendo de alguno de los atributos de la personalidad -como Carabineros de Chile a título meramente ejemplar- sí pueden comparecer ante los tribunales de justicia en defensa de sus intereses legítimos, al ser precisamente titulares de derechos públicos subjetivos, buscando acceder a la tutela jurisdiccional efectiva.
Estudiaremos la tutela diferenciada.
Razonaremos en todo ello sobre la base del debido proceso, a partir de la garantía fundamental del artículo 19, N° 3 de nuestra Carta Política y del enfoque jurisprudencial en nuestro sistema normativo, como también nutriéndonos del marco que proporciona la jurisprudencia de la C.I.D.H, por aplicación del artículo 5° de nuestra Constitución Política de la República.
Reflexionaremos, finalmente, nuevamente sobre el valor del precedente y de la jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico.
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 El problema de lo contencioso administrativo
1.1.1 Un café con la historia
1.1.2 La Carta de 1833 y algunos de sus hitos hacia fines del siglo XIX
1.1.3 La Constitución Política de 1925
1.1.4 El contencioso administrativo de nuestros días, o la competencia de la justicia ordinaria para conocer de la actividad de la Administración. El escenario pre y post 11.9.1973
1.2 La Administración como parte. Un tema de igualdad y de debido proceso. Revisión jurisprudencial
1.2.1 La Jurisprudencia Judicial
1.2.2 La Jurisprudencia constitucional
1.3 La tutela judicial efectiva o la constitucionalización de los derechos fundamentales en el marco de las garantías del proceso
1.3.1 Algo del Derecho Comparado
1.3.1.1 España
1.3.1.2 Perú
1.3.1.3 Venezuela
1.3.1.4 Colombia
1.3.1.5 Brasil
1.3.1.6 Uruguay
1.3.1.7 Argentina
1.3.2 En nuestro ordenamiento jurídico
1.4 Una mirada desde la óptica de la Convención Interamericana de DD.HH.
1.4.1 Qué entiende la CADH por debido proceso legal
1.4.2 El derecho a ser oído
1.4.3 Derecho a un Tribunal independiente, imparcial y competente
1.4.4 Derecho a ser juzgado en un plazo razonable
1.4.5 Derecho a una resolución motivada
1.4.6 Previsibilidad de la sanción
CAPÍTULO II
EL DERECHO DE ACCIÓN
2.1 La acción. Un derecho público subjetivo
2.2 Las acciones y el tipo de tutela jurídica que persiguen
2.2.1 La acción de condena
2.2.2 La acción declarativa o de mera declaración
2.2.3 La acción constitutiva
CAPÍTULO III
UNA APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE PARTES Y LEGITIMACIÓN. EL PROBLEMA DEL LITISCONSORCIO NECESARIO
3.1 Las partes y la legitimación
3.1.1 Revisión Jurisprudencial
3.1.2 Consideraciones doctrinales
3.1.3 El litisconsorcio necesario
3.2 El Estado como parte y su capacidad. Adelantando conceptos
3.2.1 Generalidades. La personificación del Derecho Administrativo y el principio de juridicidad
3.2.2 El Estado como parte y la complejidad de la litigación pública
CAPÍTULO IV
LOS DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS
4.1 Generalidades
4.2 La obra de Jellinek
CAPÍTULO V
¿Y SI HABLAMOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY N° 20.285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?
5.1 Un punto de partida
5.2 Contencioso administrativo de ilegalidad Rol N° 119-2021. Carabineros de Chile / Consejo para la Transparencia
5.3 Conflictos de intereses. O cómo nos hacemos cargo de las situaciones jurídicas de desventaja. Nuestra posición frente a dos interrogantes
| Indice-Libro-PC-Rechazo Análisis jurisprudencial de sentencias dictadas entre el año 2015 y 2021 En esta obra, que se encuentra en el marco de realización de tesis de Magíster en Derecho Privado de la Universidad de Concepción durante el año 2021-2022, se analizan los factores más comunes que inciden en el juez concursal para rechazar una solicitud de liquidación voluntaria en la ley N.º 20.720. Esta probanza se realizará desde la óptica jurisprudencial, en su labor descriptiva, de sistematización y con un énfasis de sentencia lata, mediante la sistematización de 57 sentencias de primera, segunda instancia y de la Excelentísima Corte Suprema entre el año 2015 y 2021. Este análisis evidenciará la tendencia que siguen nuestros tribunales de justicia nacionales hacia la acreditación de insolvencia del deudor a través de los antecedentes exigidos en el artículo 115 y 273, de tal manera de rechazar una solicitud sino se acredita aquella, siendo insuficiente su sola confesión espontánea. Entre los factores se destacan: el tribunal al cual se presenta la solicitud, juicios pendientes y cantidad de juicios a considerarse, sala de la Corte Suprema y su conformación, entre otros. Sin duda, ayudará a los abogados y abogadas a revisar los criterios de nuestros tribunales de justicia al momento de presentar su solicitud de liquidación voluntaria y los fundamentos doctrinales y jurisprudenciales de éstos al momento de resolver por su negativa. Para el abogado que tramita procedimientos concursales, conocer los factores más comunes de rechazo de solicitudes de liquidación voluntaria constituye una herramienta fundamental para prever el éxito de la acción que pretende ejercitar. De ese modo, puede asesorar mejor a su cliente, podrá fundamentar adecuadamente la solicitud de liquidación y, en su caso, recurrir fundadamente contra la resolución que niega lugar a la solicitud. Desde el punto de vista dogmático, la respuesta es muy importante para juzgar la calidad y conveniencia práctica de la norma en vigor, de cara a futuros cambios legislativos. | Indice Estándar de proporcionalidad de una multa impuesta en virtud del Código Sanitario según la jurisprudencia chilena Uno de los límites de esta potestad sancionatoria es que esta sea ejercida conforme al principio de proporcionalidad al momento de determinar el quantum específico de la multa. En nuestro derecho existe una regulación sancionatoria deficiente en materia sanitaria por cuanto no se regula mayormente criterios de graduación para la determinación específica de la multa a ser impuesta en virtud del art. 174 inciso I del Código Sanitario. Dada la situación anterior es que el presente trabajo tiene por objeto analizar y sintetizar los criterios que han señalado los tribunales de justicia como relevantes para calificar como proporcional o no una multa aplicada por el Instituto de Salud Pública. Aquello será realizado en miras a formular diversas preguntas que debiese realizarse la autoridad sanitaria al momento de determinar el quantum de una multa aplicada en virtud del art. 174 inciso I del Código Sanitario, para que dicha decisión sea conforme al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria. Es así como, en una primera parte, se describirá el estado actual sancionatorio en materia sanitaria y la insuficiencia normativa que ésta presenta respecto de los criterios de graduación de multas y su relación con el principio de proporcionalidad. Posteriormente, se analizarán y sistematizarán los criterios jurisprudenciales de 22 casos judiciales en donde los tribunales se pronunciaron respecto de la proporcionalidad o no de una multa aplicada por el Instituto de Salud Pública en virtud del art. 174 inciso I del Código Sanitario. A raíz de dicho análisis se formulará lo que se denominará “preguntas del examen de proporcionalidad” con el propósito de otorgarle criterios a la autoridad sanitaria al momento de determinar el quantum de una multa conforme a dicho principio. | Indice El autor hace un estudio pormenorizado de la motivación, como un principio general del Derecho Público, en tres clases de actos públicos; actos administrativos, actos judiciales y legislativos. La visión de la obra es particularista, estableciendo que estamos en presencia de un principio, un derecho y una obligación, por lo tanto, el ciudadano tiene la posibilidad de exigir su cumplimiento. El tema en la sociedad actual ha cobrado un redoblado interés. El derecho administrativo autoritario hoy no resiste los embates y exigencias de una sociedad empoderada que exige a sus autoridades transparentar, a cabalidad, los motivos de sus decisiones. Hemos pasado de una época en que la regla general era la no exteriorización de los fundamentos de los actos a otra en que la regla general es, por el contrario, la publicidad de dichos fundamentos. El autor llega a considerar a la motivación un verdadero y auténtico principio general del derecho público chileno. Pero, no sólo referido a los actos administrativos, sino a todos los actos de los órganos del Estado. La motivación, desde un punto de vista más técnico, ha devenido en un requisito esencial de los actos de la administración, cuya omisión compromete absolutamente la validez de tales actos. | Indice Esta obra espera generar una discusión en torno a un tema tan controvertido como la intervención militar, por razones humanitarias, frente a la noción de refugio originado por un Estado fallido autocrático. El refugio como proceso social, de múltiples consecuencias, representa un sistema complejo y, dada la existencia de Estados fallidos que devienen en autocracias y dictaduras, sus efectos humanitarios son susceptibles de políticas de carácter global-regional, que posibilitan la aplicación de medidas drásticas y colectivas como la intervención humanitaria sobre la base axiológico-normativa de la Responsabilidad de Proteger. La observación del refugio como fenómeno sociológico de impacto jurídico-político internacional se realizará a partir de un tablero de tres niveles: lo internacional económico, lo doméstico burocrático y lo individual-valorativo-psicosocial. El lente con el cual se observa el fenómeno del Refugio reside en variables del paradigma de la complejidad (Morin: 1993) y la teoría del sistema mundo (Wallerstein: 1979), paradigmas que se complementan y permiten comprender el fenómeno objeto de estudio. Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el refugio como institución del Derecho Internacional Púbico y los instrumentos internacionales que regulan sus efectos es observarlo no como una consecuencia, sino como un proceso. | Indice Descripción Problemas y desafíos a la luz de la normativa vigente La presente investigación aborda la regulación del borde costero del litoral chileno. Para esto se revisan las normas jurídicas vigentes, los principales instrumentos de planificación territorial y las zonas de protección especial. También se abordarán aspectos problemáticos, tales como la jerarquía e incompatibilidad entre normas, los procedimientos de participación ciudadana existentes, la superposición de organismos o estatutos jurídicos aplicables en un territorio determinado y la existencia de zonas costeras sin regulación. De esta forma, se pretende obtener una visión general de la regulación vigente, buscando un cierto grado de sistematicidad entre los mecanismos actuales de ordenación del territorio litoral y formas de generar mayor equilibrio entre las comunidades, ecosistemas, intereses privados y públicos, como una forma de contribuir al desarrollo armónico del país y a una mayor calidad de vida de sus habitantes. |
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