Contratos públicos – Ley y reglamento
$73.440
A partir del 11 de diciembre de 2023, comenzaron a regir progresivamente las modificaciones introducidas por la Ley Nº 21.634 a la Ley N° 19.886, reformas que tuvieron como objeto central “mejorar la calidad del gasto público” y “aumentar los estándares de probidad y transparencia” a nivel de contratación pública, lo que en los hechos se traduce en una búsqueda de mayor eficiencia en la gestión de la actividad contractual del Estado. A ello, se sumó la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley N° 19.886 -Decreto Supremo N° 661 del Ministerio de Hacienda- el 12 de diciembre de 2024, acorde a los mismos objetivos. Por la magnitud de esta reforma, y tomando en cuenta sus fines, se vuelve necesario abandonar la noción coloquial de “compra pública”, predominante hasta ahora, para hablar en propiedad de “contratos públicos” y de contratación pública”, conceptos de mayor precisión para abarcar el nuevo contexto normativo en materia.
En un marco en que es clave la colaboración público-privada en un modelo de Estado de bienestar, y estando a Administración Pública llamada al cumplimiento de los fines del Estado, la contratación pública es un instrumento de creciente importancia, por ser la herramienta administrativa por excelencia para la obtención de tales objetivos -en especial, concretizando la satisfacción del bien común-. Por todo ello, esta obra efectúa un estudio panorámico y analítico de los nuevos ejes e instituciones sobre los cuales ella se estructura.
PARTE PRIMERA
EXPLICACIÓN SISTEMÁTICA DE LA LEY Y SU REGLAMENTO
I. Antecedentes de la Ley No 19.886
II. Ámbito de aplicación de la Ley No 19.886 y su Reglamento
1. Ámbito de aplicación subjetiva
2. Ámbito de aplicación objetiva
2.1. Contratos a los cuales se les aplica la Ley de Contratación Pública en su totalidad
2.1.1. Contrato de suministro
2.1.2. Contrato de prestación de servicios
2.2. Contratos a los cuales no se les aplica la Ley de Contratación Pública
2.3. Contratos a los cuales se aplica la Ley de Contratación Pública de manera parcial
3. Ámbito de aplicación del Reglamento
III. Principios orientadores de la contratación pública
1. Principio de juridicidad o legalidad
2. Libre concurrencia de los oferentes al concurso público
3. Principio de igualdad de los oferentes o de igualdad ante las bases
4. Principio de competitividad
5. Principio de estricta sujeción a las bases de la licitación
6. Principio de valor por dinero
7. Principio de desigualdad de las partes
8. Principio de la mutabilidad del contrato
9. Principio de equilibrio financiero del contrato
10. Principio de eficiencia y eficacia
11. Principio de probidad
12. Principio de publicidad y transparencia
13. Principio de servicialidad del Estado
14. Principio de buena fe
15. Principio de impugnabilidad
16. Principio de desconcentración de adjudicaciones
17. Principio de promoción de la participación de las empresas de menor tamaño y las cooperativas en el sistema de compras públicas
18. Contratación pública estratégica
19. Contratación fiscalizada administrativamente por la Contraloría General de la República
IV. Sistema de Compras Públicas
1. Dirección de Compras y Contratación Pública
1.1. Funciones de la Dirección de Compras
1.2. Directivas e instrucciones obligatorias de la Dirección
1.3. Supervisión administrativa
2. Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad
3. Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado
3.1. Obligación de regirse por el Sistema de Información
3.2. Información que debe ser publicada en el Sistema
3.3. Políticas y condiciones de uso
3.4. Manual de Procedimientos de Adquisiciones y de Gestión de Contratos
4. Facultades y deberes de los organismos del Estado
4.1. Plan Anual de Compras y Contrataciones
4.1.1. Elaboración del Plan Anual
4.1.2. Modificaciones al Plan Anual
4.1.3. Deber de publicidad
4.1.4. Evaluación del Plan Anual
4.2. Nómina del personal
4.3. Ficha electrónica de la Entidad Compradora
4.4. Del pago a los proveedores
4.5. Reglas de modificación del contrato público
4.6. Sanciones aplicables a los proveedores
4.6.1. Multas
4.6.2. Término anticipado del contrato
4.6.3. Otras medidas de apremio
4.6.4. Procedimiento de aplicación de sanciones
5. Cesión y subcontratación
5.1. Cesión del contrato público
5.2. Subcontratación
6. El Registro de Proveedores
6.1. Sobre los proveedores
6.2. Inscripción en el Registro de Proveedores
6.2.1. Solicitud de inscripción
6.2.2. De la evaluación de los proveedores
6.2.3. Ficha de los proveedores inscritos
6.2.4. Acciones posteriores a la inscripción
6.3. Categorías del Registro de Proveedores
6.4. Inhabilidades para pertenecer al Registro de Proveedores
6.4.1. Causales de inhabilidad para contratar y pertenecer al Registro
6.4.2. Extensión de las inhabilidades
6.4.3. Duración de las inhabilidades
6.4.4. Procedimiento de aplicación de la sanción de inhabilidad
6.4.5. Inhabilidades en los Registros del MOP y MINVU
6.5. Suspensión y eliminación del Registro de Proveedores
6.5.1. Suspensión del Registro
6.5.2. Eliminación del Registro de Proveedores
6.5.3. Efectos de la suspensión o eliminación
6.6. Publicidad del Registro de Proveedores
6.7. Otros registros de contratistas
V. Procedimientos de Contratación Pública
1. Reglas comunes que deben observarse en los procesos de contratación pública
1.1. Requisitos para contratar
1.2. Notificaciones
1.3. Actuaciones previas al inicio del procedimiento de contratación
1.3.1. Determinación de los bienes y servicios a adquirir
1.3.2. Consulta a la plataforma de economía circular
1.3.3. Consulta del catálogo de convenios marco
1.3.4. Determinación del procedimiento y monto de contratación
1.3.5. Análisis técnico y económico
1.4. Autorizaciones presupuestarias
1.5. Formalización de las adquisiciones
2. Licitación pública
2.1. Preparación de las bases de licitación
2.1.1. Contenido mínimo de las bases de la licitación
2.1.2. Contenido adicional de las bases
2.1.3. Contenido especial de las bases
2.2. Publicación de las bases y llamado para presentar ofertas
2.3. Período de consultas y aclaraciones
2.4. Presentación de las ofertas
2.5. Cierre y apertura de las ofertas
2.6. Evaluación de las ofertas
2.6.1. La comisión evaluadora
2.6.2. Posibilidad de subsanar errores u omisiones formales de las ofertas
2.6.3. Causales de inadmisibilidad de las ofertas
2.6.4. Informe final de la comisión evaluadora
2.6.5. Declaración de la licitación pública como desierta
2.7. Adjudicación de la licitación
2.8. Suscripción del contrato
2.9. Normas especiales para la licitación de servicios personales especializados
3. Licitación privada
3.1. Procedencia de la licitación privada
3.2. Particularidades de la licitación privada
4. Trato directo o contratación excepcional directa con publicidad
4.1. Causales de procedencia del trato directo
4.2. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento
4.3. Responsabilidad administrativa
5. Procedimientos especiales de contratación pública
5.1. Compra ágil
5.2. Compra por cotización
5.3. Convenio marco
5.3.1. Procedencia de los convenios marco
5.3.2. Particularidades de las bases de la licitación
5.3.3. Acuerdos complementarios
5.3.4. Catálogo de convenios marco
5.4. Contratos para la innovación
5.5. Diálogo competitivo de innovación
5.6. Subasta inversa electrónica
5.7. Compra coordinada
5.8. Otros procedimientos especiales de contratación
6. Sobre las garantías exigidas para contratar
6.1. Garantía de seriedad de la oferta
6.2. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
6.3. Exención de garantías
6.4. Otras reglas sobre las garantías
VI. De la probidad administrativa y transparencia en la contratación pública
1. Preparación de la contratación pública
2. Limitaciones a la comunicación de los participantes en los procedimientos de contratación pública
3. Causales de inhabilidad relativa para contratar con el Estado
4. Deber de abstención
5. Declaración jurada sobre conflictos de intereses
6. Sanciones al incumplimiento de lo dispuesto en el
CAPÍTULO VII
DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
7. Prohibición de fragmentación
VII. Mecanismos de impugnación o reclamación durante la contratación y ejecución del contrato público
1. Reclamación administrativa
2. Denuncia reservada
3. Acción de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública
4. Acciones ante tribunales ordinarios
VIII. Tribunal de Contratación Pública
1. Aspectos orgánicos del Tribunal
1.1. Integración y duración de sus miembros
1.2. Prohibiciones e inhabilidades
1.2.1. Prohibiciones
1.2.2. Inhabilidades
1.3. Funcionamiento del Tribunal
1.4. Causales de cesación en el cargo
2. Competencia del Tribunal de Contratación Pública
3. Procedimiento ante el Tribunal de Contratación Pública
3.1. Reglas generales
3.1.1. Tramitación electrónica
3.1.2. Cómputo de plazos
3.1.3. Notificaciones
3.1.4. Los incidentes
3.1.5. Exhortos
3.1.6. Comparecencia remota
3.1.7. Régimen de recursos
3.1.8. Aplicación supletoria del CPC
3.2. Forma de inicio del procedimiento
3.2.1. Requisitos de la demanda
3.2.2. Plazo de interposición
3.2.3. Examen de admisibilidad
3.3. Fase de discusión
3.4. Llamado a conciliación
3.5. Término probatorio
3.6. Sentencia definitiva y recursos
3.7. Medidas cautelares
PARTE SEGUNDA
ESQUEMA TEMÁTICO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU REGLAMENTO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO II
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR CON LOS ORGANISMOS DEL ESTADO
CAPÍTULO III
DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN
Párrafo 1 – De los procedimientos de contratación
Párrafo 2 – De las garantías exigidas para contratar
Párrafo 3 – De las facultades de los organismos del Estado
Párrafo 4 – De la cesión y subcontratación
Párrafo 5 – Del registro de proveedores
CAPÍTULO IV
DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS
CAPÍTULO V
DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO VI
DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO VII
DE LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO VIII
COMITÉ DE COMPRAS PÚBLICAS DE INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD
CAPÍTULO IX
DE LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO Y LAS COOPERATIVAS EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS
Párrafo 1 – Disposiciones generales
Párrafo 2 – De la Unión Temporal de Proveedores
Párrafo 3 – Reglas para las empresas de menor tamaño en los procedimientos de contratación
Artículos transitorios (Ley No 21.634)
PARTE TERCERA
CONCLUSIONES
I. Estado de la cuestión
II. Ámbito de aplicación de la Ley de Contratación Pública y su Reglamento
III. Principios orientadores de la contratación pública
IV. Sistema de Compras Públicas
1. Dirección de Compras y Contratación Pública
2. Reglas de modificación del contrato público
3. Término anticipado del contrato
4. El Registro de Proveedores
5. Inhabilidad para pertenecer al Registro de Proveedores
V. Procedimiento de contratación
1. Licitación pública
1.1. Presentación de las ofertas
2. Trato directo o contratación excepcional directa con publicidad
3. Sobre las garantías exigidas para contratar
VI. De la probidad administrativa y transparencia en la contratación pública
1. Preparación de la contratación
2. Causales de inhabilidad relativas para contratar
3. Deber de abstención
VII. Tribunal de Contratación Pública
1. Aspectos orgánicos del Tribunal
2. Competencia del Tribunal
3. Procedimiento ante el Tribunal de Contratación Pública: “Ordinarización” de un procedimiento “breve y sumario”
4. Sobre el déficit de técnica legislativa
PARTE CUARTA
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA
5 in stock
Coordinador : Francisco Zúñiga Urbina
Editorial: Editorial Thomson Reuters
Numero de Paginas: 568
Año de publicación: 2025
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| Description | Coordinador : Francisco Zúñiga Urbina Editorial: Editorial Thomson Reuters Numero de Paginas: 568 Año de publicación: 2025 |
Autor: Críspulo Marmolejo González
Editorial: Thomson Reuters
Numero de Paginas: 222
Año de publicación: 2019
| Autor: Carlos Salinas Bruzzone Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 1384 Año de publicación: 2019 | Autor: Juan Carlos Flores Rivas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 352 Año de publicación: 2021 | Autor: Eduardo Soto Kloss Editorial : Thomson Reuters Año de Publicación : 2022 Paginas :718 | Autores: Leonardo Javier Castillo Cárdenas - Andrés Eduardo Celedón Baeza - Soledad Alejandra Morales Trapp - Juan Bladimiro Santana Soto Editorial : Der Ediciones Año de Publicación : 2022 Paginas :200 |
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A partir del 11 de diciembre de 2023, comenzaron a regir progresivamente las modificaciones introducidas por la Ley Nº 21.634 a la Ley N° 19.886, reformas que tuvieron como objeto central "mejorar la calidad del gasto público" y "aumentar los estándares de probidad y transparencia" a nivel de contratación pública, lo que en los hechos se traduce en una búsqueda de mayor eficiencia en la gestión de la actividad contractual del Estado. A ello, se sumó la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley N° 19.886 -Decreto Supremo N° 661 del Ministerio de Hacienda- el 12 de diciembre de 2024, acorde a los mismos objetivos. Por la magnitud de esta reforma, y tomando en cuenta sus fines, se vuelve necesario abandonar la noción coloquial de "compra pública", predominante hasta ahora, para hablar en propiedad de "contratos públicos" y de contratación pública", conceptos de mayor precisión para abarcar el nuevo contexto normativo en materia.
En un marco en que es clave la colaboración público-privada en un modelo de Estado de bienestar, y estando a Administración Pública llamada al cumplimiento de los fines del Estado, la contratación pública es un instrumento de creciente importancia, por ser la herramienta administrativa por excelencia para la obtención de tales objetivos -en especial, concretizando la satisfacción del bien común-. Por todo ello, esta obra efectúa un estudio panorámico y analítico de los nuevos ejes e instituciones sobre los cuales ella se estructura.
PARTE PRIMERA
EXPLICACIÓN SISTEMÁTICA DE LA LEY Y SU REGLAMENTO
I. Antecedentes de la Ley No 19.886
II. Ámbito de aplicación de la Ley No 19.886 y su Reglamento
1. Ámbito de aplicación subjetiva
2. Ámbito de aplicación objetiva
2.1. Contratos a los cuales se les aplica la Ley de Contratación Pública en su totalidad
2.1.1. Contrato de suministro
2.1.2. Contrato de prestación de servicios
2.2. Contratos a los cuales no se les aplica la Ley de Contratación Pública
2.3. Contratos a los cuales se aplica la Ley de Contratación Pública de manera parcial
3. Ámbito de aplicación del Reglamento
III. Principios orientadores de la contratación pública
1. Principio de juridicidad o legalidad
2. Libre concurrencia de los oferentes al concurso público
3. Principio de igualdad de los oferentes o de igualdad ante las bases
4. Principio de competitividad
5. Principio de estricta sujeción a las bases de la licitación
6. Principio de valor por dinero
7. Principio de desigualdad de las partes
8. Principio de la mutabilidad del contrato
9. Principio de equilibrio financiero del contrato
10. Principio de eficiencia y eficacia
11. Principio de probidad
12. Principio de publicidad y transparencia
13. Principio de servicialidad del Estado
14. Principio de buena fe
15. Principio de impugnabilidad
16. Principio de desconcentración de adjudicaciones
17. Principio de promoción de la participación de las empresas de menor tamaño y las cooperativas en el sistema de compras públicas
18. Contratación pública estratégica
19. Contratación fiscalizada administrativamente por la Contraloría General de la República
IV. Sistema de Compras Públicas
1. Dirección de Compras y Contratación Pública
1.1. Funciones de la Dirección de Compras
1.2. Directivas e instrucciones obligatorias de la Dirección
1.3. Supervisión administrativa
2. Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad
3. Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado
3.1. Obligación de regirse por el Sistema de Información
3.2. Información que debe ser publicada en el Sistema
3.3. Políticas y condiciones de uso
3.4. Manual de Procedimientos de Adquisiciones y de Gestión de Contratos
4. Facultades y deberes de los organismos del Estado
4.1. Plan Anual de Compras y Contrataciones
4.1.1. Elaboración del Plan Anual
4.1.2. Modificaciones al Plan Anual
4.1.3. Deber de publicidad
4.1.4. Evaluación del Plan Anual
4.2. Nómina del personal
4.3. Ficha electrónica de la Entidad Compradora
4.4. Del pago a los proveedores
4.5. Reglas de modificación del contrato público
4.6. Sanciones aplicables a los proveedores
4.6.1. Multas
4.6.2. Término anticipado del contrato
4.6.3. Otras medidas de apremio
4.6.4. Procedimiento de aplicación de sanciones
5. Cesión y subcontratación
5.1. Cesión del contrato público
5.2. Subcontratación
6. El Registro de Proveedores
6.1. Sobre los proveedores
6.2. Inscripción en el Registro de Proveedores
6.2.1. Solicitud de inscripción
6.2.2. De la evaluación de los proveedores
6.2.3. Ficha de los proveedores inscritos
6.2.4. Acciones posteriores a la inscripción
6.3. Categorías del Registro de Proveedores
6.4. Inhabilidades para pertenecer al Registro de Proveedores
6.4.1. Causales de inhabilidad para contratar y pertenecer al Registro
6.4.2. Extensión de las inhabilidades
6.4.3. Duración de las inhabilidades
6.4.4. Procedimiento de aplicación de la sanción de inhabilidad
6.4.5. Inhabilidades en los Registros del MOP y MINVU
6.5. Suspensión y eliminación del Registro de Proveedores
6.5.1. Suspensión del Registro
6.5.2. Eliminación del Registro de Proveedores
6.5.3. Efectos de la suspensión o eliminación
6.6. Publicidad del Registro de Proveedores
6.7. Otros registros de contratistas
V. Procedimientos de Contratación Pública
1. Reglas comunes que deben observarse en los procesos de contratación pública
1.1. Requisitos para contratar
1.2. Notificaciones
1.3. Actuaciones previas al inicio del procedimiento de contratación
1.3.1. Determinación de los bienes y servicios a adquirir
1.3.2. Consulta a la plataforma de economía circular
1.3.3. Consulta del catálogo de convenios marco
1.3.4. Determinación del procedimiento y monto de contratación
1.3.5. Análisis técnico y económico
1.4. Autorizaciones presupuestarias
1.5. Formalización de las adquisiciones
2. Licitación pública
2.1. Preparación de las bases de licitación
2.1.1. Contenido mínimo de las bases de la licitación
2.1.2. Contenido adicional de las bases
2.1.3. Contenido especial de las bases
2.2. Publicación de las bases y llamado para presentar ofertas
2.3. Período de consultas y aclaraciones
2.4. Presentación de las ofertas
2.5. Cierre y apertura de las ofertas
2.6. Evaluación de las ofertas
2.6.1. La comisión evaluadora
2.6.2. Posibilidad de subsanar errores u omisiones formales de las ofertas
2.6.3. Causales de inadmisibilidad de las ofertas
2.6.4. Informe final de la comisión evaluadora
2.6.5. Declaración de la licitación pública como desierta
2.7. Adjudicación de la licitación
2.8. Suscripción del contrato
2.9. Normas especiales para la licitación de servicios personales especializados
3. Licitación privada
3.1. Procedencia de la licitación privada
3.2. Particularidades de la licitación privada
4. Trato directo o contratación excepcional directa con publicidad
4.1. Causales de procedencia del trato directo
4.2. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento
4.3. Responsabilidad administrativa
5. Procedimientos especiales de contratación pública
5.1. Compra ágil
5.2. Compra por cotización
5.3. Convenio marco
5.3.1. Procedencia de los convenios marco
5.3.2. Particularidades de las bases de la licitación
5.3.3. Acuerdos complementarios
5.3.4. Catálogo de convenios marco
5.4. Contratos para la innovación
5.5. Diálogo competitivo de innovación
5.6. Subasta inversa electrónica
5.7. Compra coordinada
5.8. Otros procedimientos especiales de contratación
6. Sobre las garantías exigidas para contratar
6.1. Garantía de seriedad de la oferta
6.2. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
6.3. Exención de garantías
6.4. Otras reglas sobre las garantías
VI. De la probidad administrativa y transparencia en la contratación pública
1. Preparación de la contratación pública
2. Limitaciones a la comunicación de los participantes en los procedimientos de contratación pública
3. Causales de inhabilidad relativa para contratar con el Estado
4. Deber de abstención
5. Declaración jurada sobre conflictos de intereses
6. Sanciones al incumplimiento de lo dispuesto en el
CAPÍTULO VII
DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
7. Prohibición de fragmentación
VII. Mecanismos de impugnación o reclamación durante la contratación y ejecución del contrato público
1. Reclamación administrativa
2. Denuncia reservada
3. Acción de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública
4. Acciones ante tribunales ordinarios
VIII. Tribunal de Contratación Pública
1. Aspectos orgánicos del Tribunal
1.1. Integración y duración de sus miembros
1.2. Prohibiciones e inhabilidades
1.2.1. Prohibiciones
1.2.2. Inhabilidades
1.3. Funcionamiento del Tribunal
1.4. Causales de cesación en el cargo
2. Competencia del Tribunal de Contratación Pública
3. Procedimiento ante el Tribunal de Contratación Pública
3.1. Reglas generales
3.1.1. Tramitación electrónica
3.1.2. Cómputo de plazos
3.1.3. Notificaciones
3.1.4. Los incidentes
3.1.5. Exhortos
3.1.6. Comparecencia remota
3.1.7. Régimen de recursos
3.1.8. Aplicación supletoria del CPC
3.2. Forma de inicio del procedimiento
3.2.1. Requisitos de la demanda
3.2.2. Plazo de interposición
3.2.3. Examen de admisibilidad
3.3. Fase de discusión
3.4. Llamado a conciliación
3.5. Término probatorio
3.6. Sentencia definitiva y recursos
3.7. Medidas cautelares
PARTE SEGUNDA
ESQUEMA TEMÁTICO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU REGLAMENTO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO II
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR CON LOS ORGANISMOS DEL ESTADO
CAPÍTULO III
DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN
Párrafo 1 - De los procedimientos de contratación
Párrafo 2 - De las garantías exigidas para contratar
Párrafo 3 - De las facultades de los organismos del Estado
Párrafo 4 - De la cesión y subcontratación
Párrafo 5 - Del registro de proveedores
CAPÍTULO IV
DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS
CAPÍTULO V
DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO VI
DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO VII
DE LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO VIII
COMITÉ DE COMPRAS PÚBLICAS DE INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD
CAPÍTULO IX
DE LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO Y LAS COOPERATIVAS EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS
Párrafo 1 - Disposiciones generales
Párrafo 2 - De la Unión Temporal de Proveedores
Párrafo 3 - Reglas para las empresas de menor tamaño en los procedimientos de contratación
Artículos transitorios (Ley No 21.634)
PARTE TERCERA
CONCLUSIONES
I. Estado de la cuestión
II. Ámbito de aplicación de la Ley de Contratación Pública y su Reglamento
III. Principios orientadores de la contratación pública
IV. Sistema de Compras Públicas
1. Dirección de Compras y Contratación Pública
2. Reglas de modificación del contrato público
3. Término anticipado del contrato
4. El Registro de Proveedores
5. Inhabilidad para pertenecer al Registro de Proveedores
V. Procedimiento de contratación
1. Licitación pública
1.1. Presentación de las ofertas
2. Trato directo o contratación excepcional directa con publicidad
3. Sobre las garantías exigidas para contratar
VI. De la probidad administrativa y transparencia en la contratación pública
1. Preparación de la contratación
2. Causales de inhabilidad relativas para contratar
3. Deber de abstención
VII. Tribunal de Contratación Pública
1. Aspectos orgánicos del Tribunal
2. Competencia del Tribunal
3. Procedimiento ante el Tribunal de Contratación Pública: “Ordinarización” de un procedimiento “breve y sumario”
4. Sobre el déficit de técnica legislativa
PARTE CUARTA
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA
|
Descripción
Este libro se construye a partir del supuesto que el más importante insumo conceptual de los estudios sobre regulación económica viene dado por el Análisis Económico del Derecho. Se busca explorar el contenido de la alianza entre el derecho y la regulación económica, a partir de la idea de que dicha interacción fortalece la libertad económica, como un valor relevante para la democracia y el progreso de los pueblos. Ambos enfoques -en conjunto- son necesarios y útiles para lograr ese objetivo último. Una necesaria integración de ambas disciplinas contribuye a maximizar el bienestar individual y el de la sociedad en su conjunto. Esta integración abona la necesidad de desmontar la argumentación de que las economías más libres y prósperas suelen vivir cada vez más apartadas del Derecho. Un entramado de normas y entidades que regulen razonablemente las actividades económicas y custodien la libre competencia necesariamente expanden los beneficios de una economía de mercado.
Este texto pretende probar que es necesaria una perspectiva teórica de comprensión del modelo de agencias reguladoras en Chile; que ésta debe fundamentarse en la aplicación de algunas categorías conceptuales del Análisis Económico del Derecho al Derecho Administrativo; y que esta nueva configuración puede fortalecer una mejora en la calidad regulatoria y la obtención de un mejor equilibrio entre eficiencia de los mercados y bienestar de usuarios y consumidores. Se busca plantear y dar solución a problemas jurídicos que nacen a partir de las diversas configuraciones de entidades supervisoras y reguladoras de mercados. Se exploran esos diversos modelos con el objeto de contrastarlos con el modelo de superintendencias chilenas, dominante en la actual estructura jurídico-administrativa chilena.
Para tales efectos, se recurre a la determinación de conceptos jurídicos y económicos, algunos de los cuales se encuentran presentes en informes de organismos internacionales como la OECD. Para probar que es necesaria una nueva configuración del modelo de agencias reguladoras en Chile, se analiza su situación actual, explorando el modelo y régimen legal de los principales órganos reguladores económicos. Para probar que esta nueva configuración debe fundamentarse en la aplicación de algunas categorías conceptuales del Análisis Económico del Derecho al Derecho Administrativo, se examinarán los conceptos fundamentales propuestos en esta investigación y se contrastarán con el modo de comprensión del Derecho Regulatorio en Estados Unidos y Europa.
Críspulo Marmolejo González
| indiceAnálisis Crítico de las Prerrogativas Sancionatorias del EstadoBases para la Comprensión Autónoma del Derecho Sancionador Regulatorio en ChileLa presente obra se hace cargo de la evolución de los poderes de sanción de la Administración en Chile, para cuyos efectos analiza esta en el Derecho Administrativo nacional y en el Derecho Administrativo español, máxime cuando la evolución del derecho peninsular ha servido de sustento jurídico para la actual comprensión de las prerrogativas administrativo-sancionatorias en nuestro país. Esta investigación presenta una interesante sistematización de las diversas teorías que se han formulado en Chile para la inteligencia de dichas prerrogativas, dedicando un estudio especial a lo que el autor denomina “teoría de la crítica formal a la radicación de poderes de sanción en la Administración pública”, cuyo sustento se halla en la tesis del ius puniendi estatal único del Estado, posición mayoritariamente aceptada por la doctrina ius administrativa y la jurisprudencia constitucional, administrativa y judicial. El autor efectúa una propuesta innovadora al presentar una relectura de la actividad sustancial de la Administración, advirtiendo la existencia –en el marco de lo que denomina “actividad de intervención”– de un “nuevo derecho sancionatorio en el ámbito de los mercados regulados”, que goza de autonomía respecto de las garantías de orden penal. Cabe destacar, también, el esfuerzo realizado en orden a identificar los principios jurídicos que informarían un “nuevo” Derecho Administrativo Sancionador Regulatorio. La presente obra viene a llenar un sensible vacío referido a un análisis sistemático de los poderes de sanción de la Administración, avanzando decididamente hacia una concepción autónoma del Derecho Sancionador Regulatorio respecto del Derecho Penal, evidenciando las limitaciones de la tesis del ius puniendi estatal único para la comprensión de las diversas manifestaciones del poder de sanción de la Administración. | Abre el presente libro el capítulo I que recoge el artículo “Licitación pública: ¿Es el procedimiento ordinario de contratación administrativa?”. En este artículo se trata de contestar la interrogante de si la licitación pública es el procedimiento general para formar la voluntad contractual del Estado o si las causales de licitación privada o el trato directo son lo suficientemente amplias para que el Estado puede eximirse de la licitación pública. Se arriba a la conclusión de que algunas de las causales de trato directo, en la forma que se encuentran reguladas, son demasiado amplias y que deben ser revisadas para impedir que se sorteen la licitación sin una motivación suficiente. En el capítulo II se pasa revista a los principios de la licitación pública. En primer lugar, se analiza el principio de libre concurrencia de los oferentes, el sistema de registro de los oferentes para limitar las ofertas temerarias y seleccionar la oferta más conveniente. A su vez, se analizan las prácticas atentatorias de la libre concurrencia, extraídas de la práctica administrativa y de la jurisprudencia administrativa. En segundo lugar, revisamos el principio de igualdad de los oferentes tanto al momento de selección del contratista como durante la ejecución del contrato administrativo. Finalmente, se analiza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, sus límites y relación con otros principios de la licitación pública. En el capítulo III se analiza desde una visión crítica la inhabilidad regulada en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Se analizan cómo las nuevas exigencias derivadas de la contratación administrativa estratégica, mediante la cual el Estado incorpora elementos exógenos para satisfacer necesidades tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas licitantes o el respeto del medio ambiente, pueden generar impactos complejos en la contratación administrativa. En el capítulo IV relativo a las bases de licitación como medio de prueba en la litigación pública contractual, planteamos la tesis de que las bases de licitación no son el único medio de prueba válido para acreditar el sentido y alcance de las obligaciones contractuales, no obstante, su importancia. Esta tesis se funda en que generalmente la estructura y articulación de las bases de licitación es un rol que le corresponde íntegramente al Estado, que se puede convertir en un instrumento perverso para diagnosticar el cumplimiento o incumplimiento ocurrido durante la ejecución del contrato administrativo. En el capítulo V se estudia el principio de probidad administrativa en la fase de evaluación de ofertas de la licitación pública. Sustentamos que las licitaciones públicas deben regirse por el principio de buena fe, bajo la creencia objetiva de que sus miembros deben actuar con honradez y sujetos a una conducta recta, en el sentido de privilegiar el interés público sobre el privado al momento de seleccionar la oferta más conveniente para la satisfacción de la necesidad pública, quedando prohibida la incorporación de elementos o la omisión de requisitos no previstos ni en la ley ni en las bases de licitación, que puedan generar situaciones de privilegios entre los oferentes. En el capítulo VI se analiza el régimen jurídico que regula la contratación administrativa de las empresas públicas en nuestro Derecho Administrativo, en sus distintas etapas, a saber, licitación, ejecución y terminación. Específicamente, se analiza si los contratos suscritos por las distintas empresas públicas existentes en nuestro país se encuentran sometidas exclusivamente a “la legislación común aplicable a los particulares” o las empresas públicas en su actividad contractual deben respetar ciertas normas y principios del derecho administrativo, como cualquier órgano que integra la Administración Pública. El capítulo VII tiene por objeto analizar la tesis sustentada por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema, que afirman que las multas en los contratos administrativos ostentan la naturaleza de cláusulas penales de origen contractual, y cuya aplicación se canaliza a través de la simple ejecución de una cláusula contractual. | «Esta obra, cuyo primer tomo se public a ahora y al que seguirá n, en breve, un segundo tomo, sobre el acto administrativo, y un tercero, sobre la responsabilidad del Estado, con- tiene las enseñanzas que por mas de cincuenta años ha venido impartiendo el profesor Soto Kloss, primero en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (1971-1997) y luego en la Universidad Católica de Chile (desde 1973 hasta ahora). Siempre actualizado y con una perspectiva sustancial (no meramente procedimental o positivist a), estudia los “fundamentos” del derecho administ rativo, anclados en la persona human a (fundamen- to, principio y fin de toda sociedad, de todo Estado, de todo derecho), y desde la perspecti- va de considerarlo no como un derecho del Estado (como si fuera un derecho estatutario), sino como un derecho de las personas, para hacer posible la efectividad del ejercicio de sus derechos fundamentales frente al Estado o la Administración, cuyos innumerables tentáculos pueden llegar —no pocas veces— a hacer ilusorio tal ejercicio para el común de los ciudadanos, sobre todo en épocas de intervencionismo o estatismo, que devienen subrepticiamente totalitarios. Comprende una perspectiva del derecho como lo justo —es decir, lo debido a otro— y como un orden que abarca los órdenes natural, sociopolítico y jurídico propiamente tal, y que se concreta a través de principios que, al modo de axiom as (primeros principios de la razón, tanto especulativa como práctica, demostrativos por sí mismos), permiten concretar en la práctica la justicia en las relaciones ciudadanos- Estado, siempre bajo la tutela jurisdiccional efectiva de los tribunales de justicia, inamovibles, independientes e imparciales, sin los cuales no hay ni derecho, ni justicia ni paz en la comunidad política. De allí que la estructura de este tomo primero esté articulada sobre los fundamentos y principios del derecho administrativo, teniendo como eje central la persona humana y luego la organización de la administración del Estado, en su fundamento jurídico-constitucional, los principios que la vertebran y las personas jurídicas que la komponen. Esta visión aparece particularmente útil para abogados en ejercicio profesional ante la Administración y para jueces que deben decidir los litigios que enfrentan a ciudadanos con el Estado, así como también para docentes del ramo, sin perjuicio de que puede otorgar a los alumnos de Derecho una seria formación intelectual, dadas las perspectivas históricas y filosóficas que se plantean.» ÍNDICE Prólogo INTRODUCCIÓN I. Algunas precisiones sobre la posición de los juristas frente al derecho. (Hacia un finalismo realista) II. El derecho público ¿Por qué tan desconocido? Anexo 1. Estatismo y desprecio de la persona humana Anexo 2. Sobre el coloniaje e injertos extrajerizantes III. La idea de derecho administrativo. Una visión sustancial y finalista (el derecho como lo justo) 1. Visión sustancial 1.1. Derecho 1.2. Administrativo 1.3. Derecho Administrativo 1.4. El Derecho Administrativo: Pinceladas Históricas/Existencia y Desarrollo 2. Visión finalista 3. Los fundamentos del Derecho Administrativo. Una visión iusnaturalista 4. Características del Derecho Administrativo chileno IV. ¿Qué es administrar? (Un tópico para administrativistas) Introducción 1. Administrar es una actividad propiamente subordinada V. Relaciones entre administración y derecho Anexo: Adversus Haereses PRIMERA PARTE BASES FUNDAMENTALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO CHILENO (BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD) CAPÍTULO I EL ORDEN NATURAL, SOCIAL Y POLÍTICO I. La idea de orden y de orden natural 1. Y ¿qué es el orden? 2. Y ¿a qué se refiere el “orden natural”? 3. Elementos de la noción de orden 4. ¿Cuál es ese orden? 5. “Orden natural”, primer principio de la razón práctica II. Moral y derecho: una aproximación a sus relaciones 1. Lo que nos dice la experiencia diaria de la vida 2. Lo que nos dice la experiencia común y el conocimiento científico 3. Conclusión Anexo 1. Sobre la naturaleza del hombre Anexo 2. El hombre, ser racional Anexo 3. El hombre, ser libre Anexo 4. Sobre la conciencia del hombre III. La persona humana 1. La noción de persona 2. Su inserción en el Derecho 3. La persona que está por nacer y su protección en el Derecho chileno 4. La persona en la Constitución (con especial referencia a la que está por nacer) IV. La primacía de la persona humana, principio fundamental del derecho público chileno Introducción 1. La dignidad de la persona humana: noción. La visión veterotestamentaria 1.1. La dignidad del hombre 1.2. Los antecedentes veterotestamentaria de la dignidad del hombre 1.2.1. El respeto a la persona 1.2.2. El respeto por los bienes de la persona 1.2.3. El respeto por la verdad 1.3. Conclusión 3. El fundamento de la dignidad humana 4. La primacía de la persona humana en el derecho positivo 5. La primacía de la persona y la consecuencial servicialidad del Estado, se manifiesta en la práctica societaria en la primacía de la iniciativa privada en las actividades humanas 6. ¿En qué se manifiesta la primacía de la persona humana? Anexo. La dignidad de la persona humana que está por nacer. Su protección en la jurisprudencia judicial y contralora CAPÍTULO II LA FAMILIA, CÉLULA FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD HUMANA I. La familia: notas sobre su juridicidad 1. La noción de familia 2. Los derechos fundamentales de la familia 3. La familia en la Constitución Política 3.1. La familia en la Constitución de 1980 3.2. ¿De dónde arranca esta formulación que establece la Constitución respecto de la familia? 4. Conclusiones Anexo I. La píldora asesina ante la Constitución Anexo II: El llamado aborto terapéutico: un nuevo atentado contra la persona que está por nacer CAPÍTULO III LA CARACTERÍSTICA SOCIAL DE LA PERSONA HUMANA Y SUS MANIFESTACIONES Introducción: en el pensamiento clásico y cristiano (la doctrina pontificia) I. La autonomía de los grupos intermedios y en especial de las universidades privadas Introducción 1. La Constitución y los grupos intermedios: antecedentes en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución 2. Su reconocimiento, amparo y garantía constitucional: mecanismos que los hacen efectivos 3. El artículo 1º inciso 3º de la Constitución: sentido y alcance 4. La autonomía de los grupos intermedios: su contenido 5. La jurisprudencia de los Tribunales de la República 6. Conclusiones II. El principio de subsidiariedad 1. Terminología 2. Fundamento 3. En qué consiste 4. Su concreción 5. En la Constitución de 1980 5.1. En las actas de la Comisión Ortúzar 5.2. El principio de subsidiariedad en el texto de la Constitución de 1980 Anexo: El principio de subsidiariedad, principio fundamental del orden político III. La actividad económica en la Constitución Política de la República de Chile. (La primacía de la persona humana) IV. La servicialidad del Estado, base esencial de la institucionalidad 1. Introducción 2. La terminología empleada: “servicialidad” 3. La naturaleza del concepto 3.1. Precisiones 3.2. Su génesis 3.3. Fundamentación 3.4. Su concreción práctica 3.4.1. Para el legislador 3.4.2. Para el administrador Conclusiones Anexo I. Apología de la servicialidad de la autoridad Anexo II. La corrupción administrativa 1990-2010, un recuento SEGUNDA PARTE EL ORDEN JURÍDICO CAPÍTULO I LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO CAPÍTULO II LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL CAPÍTULO III EL PRINCIPIO DE JURIDICIDAD Introducción I. Noción 1. Sujeción 2. Integral 3. A derecho 4. De los órganos del Estado Anexo 1. Suspensión, restricción. Nociones claves para la debida defensa de los derechos fundamentales Anexo 2. La Ley Nº 19.368, un ejemplo de ley inconstitucional, por violación del procedimiento de su elaboración Anexo 3. La suspensión del ejercicio de potestades ¿es conforme con la Constitución? CAPÍTULO IV LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO EN CHILE I. La administración del Estado 1. En la Constitución 2. En la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575 3. En la Ley Nº 10.336 4. Una visión propiamente jurídica II. Los principios organizativos de la administración del Estado 1. La Competencia Introducción 1.1. Noción 1.2. Características 1.3. Modalidades 1.4. Materia y territorio 2. La Jerarquía (Principio básico de la organización administrativa del Estado) Introducción 2.1. El término 2.2. Noción 2.3. Fuentes 2.4. Componentes 2.5. El poder jerárquico 2.6. El deber de obediencia en la Administración del Estado 2.6.1. El término “obedecer” 2.6.2. La terminología normativa 2.6.3. La fuente normativa 2.6.4. En qué consiste el deber de obediencia 2.6.5. ¿Y si la orden comporta la comisión de un delito? 3. La centralización Introducción: noción y atenuaciones 3.1. La delegación en el derecho administrativo chileno (Nociones fundamentales) 3.1.1. Noción 3.1.2. Origen de la delegación 3.1.3. Fundamentos 3.1.4. Contenido 3.1.5. Forma de delegar 3.1.6. Características 3.1.7. Control y responsabilidad en la delegación 3.1.8. Delegata potestas delegari non potest 3.1.9. La delegación de firma 3.2. La desconcentración en el derecho administrativo chileno Introducción 3.2.1. Noción 3.2.2. Ámbito de aplicación 3.2.3. Fundamentos 3.2.4. Origen 3.2.5. Contenido 3.2.6. Formas 3.2.7. Control 3.2.8. Responsabilidad 3.2.9. Extinción 3.3. La descentralización Introducción 3.3.1. Noción 3.3.2. Origen 3.3.3. Duración 3.3.4. Ámbito de procedencia 3.3.5. Lo que significa “personificar” 3.3.6. Tipos de descentralización 3.3.7. Control sobre los organismos descentralizados 3.3.8. Responsabilidad de los organismos descentralizados 3.3.9. Representación 3.3.10. Extinción III. Las personas jurídicas administrativas del Estado 1. Fisco 2. Municipalidades 3. Instituciones 4. Empresas del Estado 5. Gobiernos Regionales Anexo. Las Sociedades del Estado: Listado de organismos de la Administración del Estado (ministerios, servicios dependientes y personificados) IV. Las llamadas sociedades del Estado 1. Cuando se habla de “sociedades del Estado” ¿de qué se habla en Chile? 2. Precisiones terminológicas 3. Un tipo heterogéneo 4. Lo que caracteriza a las llamadas “sociedades del Estado” 5. Conclusiones Anexo. Sociedades anónimas del Estado | La presente obra tiene por objeto ser una herramienta de apoyo para el estudio del principio de transparencia y acceso a la información, que permita conocer y aplicar aquellas nociones destinadas a mejorar el acceso a la justicia bajo el imperativo de justicia abierta y transparente. La idea de “justicia abierta” se enmarca dentro del concepto de “gobierno abierto” como manifestación moderna de la democracia, que propone una nueva representación de los procesos basados en los pilares de transparencia y participación ciudadana. Por su parte, la open justice se ha desarrollado bajo la creciente aplicación de buenas prácticas judiciales, propiciando los datos abiertos y la colaboración judicial, además de las innovaciones tecnológicas. Todos estos temas serán abordados y revisados en el desarrollo del presente trabajo |
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