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Derecho a la Educación

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Discusión legislativa y texto definitivo de la Ley N°21.091 sobre educación superior

El libro busca conceptualizar el derecho a la educación como un derecho fundamental, humano y social y analizar si es que dicho concepto fue o no recogido tanto en la discusión parlamentaria como en el texto definitivo de la ley 21.091 sobre educación superior. Para ello, aborda la regulación del derecho a la educación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la Constitución y a nivel legal. En esa línea de ideas, la autora busca explicar como el derecho a la educación ha sido históricamente mal entendido como un bien de consumo desde el proceso de privatización de la educación superior iniciado en la década de los 80. Luego, se analiza la discusión parlamentaria de la ley 21.091 mediante el análisis de las sesiones realizadas durante su tramitación. Además de ello, se realizaron entrevistas personales a los diputados señores Jaime Bellolio, Giorgio Jackson y Cristina Girardi quienes al momento de la tramitación de esta ley, eran diputados miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Se pudo concluir que la discusión parlamentaria recoge parcialmente el concepto de derecho a la educación en los términos en que se definió en esta investigación. Al respecto, solo algunos parlamentarios lograron definir a la educación como un derecho social, contrastándolo con los bienes de consumo. Sin embargo, ninguno comprendió la tridimensionalidad en el concepto de derecho a la educación. En cuanto a la ley en estudio, esta define de manera inédita en nuestra legislación la educación superior como un derecho, sin embargo, el concepto adoptado por la ley es insuficiente, ya que no fue contemplada la tridimensionalidad del concepto. Además se pudo concluir que las normas que regulan la gratuidad presentan una serie de dificultades. En efecto, hay normas que limitan la universalidad del derecho a la educación, y en general se rigen bajo lógicas mercantiles. Así, también se observó la incertidumbre que genera el mecanismo de financiamiento de la Ley, la cual no da claridad de cuando se alcanzará la gratuidad universal.

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Autor: Rocío Fondón González
Editorial: Hammurabi
Año de Publicación: 2022
Paginas :140

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DescriptionAutor: Rocío Fondón González Editorial: Hammurabi Año de Publicación: 2022 Paginas :140Autor: Carlos Garrido Chacana Editorial: Metropolitana  Numero de Paginas: 1200 Año de publicación: 2022Autor:  Diego Rodríguez Gutiérrez Editorial: Ediciones DER Numero de Paginas: 152 Año de publicación: 2022Autora: Cynthia Salamanca Leal Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 100 Año de publicación: 2022Autor: Felipe Silva Urra Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 131 Año de publicación: 2022Autores:  Lorena Donoso Abarca - Carlos Reusser Monsálvez Editorial: DER Ediciones Numero de Paginas: 1224 Año de publicación: 2022
ContentIndice Discusión legislativa y texto definitivo de la Ley N°21.091 sobre educación superior El libro busca conceptualizar el derecho a la educación como un derecho fundamental, humano y social y analizar si es que dicho concepto fue o no recogido tanto en la discusión parlamentaria como en el texto definitivo de la ley 21.091 sobre educación superior. Para ello, aborda la regulación del derecho a la educación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la Constitución y a nivel legal. En esa línea de ideas, la autora busca explicar como el derecho a la educación ha sido históricamente mal entendido como un bien de consumo desde el proceso de privatización de la educación superior iniciado en la década de los 80. Luego, se analiza la discusión parlamentaria de la ley 21.091 mediante el análisis de las sesiones realizadas durante su tramitación. Además de ello, se realizaron entrevistas personales a los diputados señores Jaime Bellolio, Giorgio Jackson y Cristina Girardi quienes al momento de la tramitación de esta ley, eran diputados miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Se pudo concluir que la discusión parlamentaria recoge parcialmente el concepto de derecho a la educación en los términos en que se definió en esta investigación. Al respecto, solo algunos parlamentarios lograron definir a la educación como un derecho social, contrastándolo con los bienes de consumo. Sin embargo, ninguno comprendió la tridimensionalidad en el concepto de derecho a la educación. En cuanto a la ley en estudio, esta define de manera inédita en nuestra legislación la educación superior como un derecho, sin embargo, el concepto adoptado por la ley es insuficiente, ya que no fue contemplada la tridimensionalidad del concepto. Además se pudo concluir que las normas que regulan la gratuidad presentan una serie de dificultades. En efecto, hay normas que limitan la universalidad del derecho a la educación, y en general se rigen bajo lógicas mercantiles. Así, también se observó la incertidumbre que genera el mecanismo de financiamiento de la Ley, la cual no da claridad de cuando se alcanzará la gratuidad universal.
Descripción
Dada la instauración del nuevo régimen proteccional de los derechos del niño, niña y adolescente por la Ley Nº 21.430 y su trascendencia para efectos de la determinación, adopción y ejecución de las distintas medidas de protección, es que se presenta este estudio de los aspectos más relevantes de tal cuerpo legal. Al establecer un nuevo Sistema de Garantías y de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la ley propuso un régimen proteccional que supone la interacción de un conjunto de políticas, instituciones y normas para dichos fines. De ahí, que a modo de comprender los límites de la funciones administrativa y jurisdiccional en tal Sistema el autor hace un análisis completo del régimen instaurado por este cuerpo legal. Es así, que el trabajo que desarrolla en estas páginas busca exponer los principales pormenores del Sistema a fin de proporcionar a sus lectores una visión más o menos completa de aquel para efectos de establecer sus implicancias prácticas. Dentro de las “Normas Generales” de la Ley Nº 21.430 podemos destacar una clara definición de los principales objetivos de la ley como de los obligados por aquella y de las reglas para la aplicación e interpretación de las leyes y normas reglamentarias relativas a los derechos del niño, niña y adolescente. En armonía con lo anterior, dentro de “Principios, Derechos y Garantías” se verán de forma pormenorizada los principios, derechos y garantías que reconoce la ley a los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, en el título relativo a la “Protección Integral” -desarrollada en 4 párrafos-, entre otras cuestiones de interés, se estudiarán los principios rectores de los procesos de protección; las reglas generales para la adopción y aplicación de las medidas reconocidas; los deberes del Estado en relación a la protección integral de los niños (…); las Oficinas Locales de la Niñez, sus funciones y competencias; y las medidas de protección administrativa, los órganos competentes para su adopción, el procedimiento de protección administrativa, la revisión de las medidas, etc. Por último, y como se señaló en un comienzo, por medio de la obra el autor buscó proporcionar un resumen de los principales aspectos de interés de la Ley Nº 21.430, de forma tal, de facilitar la mejor comprensión a sus lectores. ÍNDICE Introducción 1. Estructura de la Ley N° 21.430 (sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia) Normas Generales 1.a.1. Objetivos de la Ley 1.a.1.a. Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 1.a.1.a.1. Características del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 1.a.1.b. Concepto de niño, niña y adolescente 1.a.1.c. Sujetos pasivos 1.a.1.c.1. Rol de la familia 1.a.1.c.2. Rol de la sociedad en general 1.a.1.c.3. Rol de los órganos de la Administración del Estado 1.a.1.c.3.a. Infracción de los órganos del Estado a los deberes que les impone la ley 1.a.2. Aplicación e interpretación de las leyes y normas reglamentarias relativas a los derechos del niño, niña o adolescente. Principales Aspectos de la Ley Nº 21.430 1.a.2.a. Reglas Especiales de Interpretación de la Ley 1.a.2.b. Aplicación de la Ley 1.b. Principios, Derechos y Garantías 1.b.1. De los principios 1.b.1.a. Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho 1.b.1.b. Interés superior del niño, niña o adolescente 1.b.1.c. Igualdad y no discriminación arbitraria 1.b.1.c.1. Deberes de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.d. Fortalecimiento del rol protector de la familia 1.b.1.d.1. Deber del Estado en función del principio 1.b.1.e. Derecho y deber preferente de los padres y/o madres a educar y cuidar a sus hijos 1.b.1.e.1. Deber del Estado en función del principio 1.b.1.f. Autonomía progresiva 1.b.1.g. Efectividad de los derechos 1.b.1.h. Perspectiva de género 1.b.1.i. Responsabilidad de la Administración del Estado 1.b.1.j. Protección social 1.b.1.j.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio. 1.b.1.k. Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de consideración prioritaria 1.b.1.l. Progresividad y no regresividad de los derechos 1.b.1.l.1. Deber del Estado en función del principio 1.b.1.m. Participación social 1.b.1.m.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.n. Inclusión 1.b.1.n.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.ñ. Difusión permanente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 1.b.1.ñ.1. Deber de los órganos del Estado en función del principio 1.b.1.o. Intersectorialidad 1.b.1.p. Participación y colaboración ciudadana . 1.b.2. De los derechos y garantías. 1.b.2.a. Ejercicio de los Derechos Civiles y Políticos 1.b.2.a.1. Deber de los órganos del Estado en función del ejercicio de tales derechos. 1.b.2.b. Derecho a la vida 1.b.2.b.1. Deber del Estado en función del derecho 1.b.2.c. Derecho a un nivel de vida, desarrollo y entorno adecuado 1.b.2.c.1. Deberes de los padres en función del derecho 1.b.2.c.2. Deberes de los órganos del Estado en función del derecho 1.b.2.d. Derecho a la identidad 1.b.2.e. Derecho a vivir en familia . 1.b.2.e.1. Deberes del Estado en función del derecho. 1.b.2.f. Derecho a ser oído. 1.b.2.g. Derecho a la libertad de expresión y comunicación 1.b.2.g.1. Deberes del Estado y de los prestadores de servicios de telecomunicaciones en función de los derechos descritos 1.b.2.h. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión 1.b.2.h.1. Deber del Estado en función del derecho. 1.b.2.i. Derecho a la libertad de asociación y de reunión. 1.b.2.j. Derecho a la participación 1.b.2.j.1. Deber de los órganos del Estado en función del derecho 1.b.2.k. Derecho a la vida privada y a la protección de datos personales. 1.b.2.k.1. Deber de los funcionarios públicos, las organizaciones de la sociedad civil en función del derecho . 1.b.2.l. Derecho a la honra, intimidad y propia imagen. 1.b.2.l.1. Deberes que se imponen en función de tales derechos. 1.b.2.m. Derecho a la información 1.b.2.m.1. Deberes del Estado en función del derecho. 1.b.2.n. Derecho a la protección contra la violencia 1.b.2.ñ. Derecho a la protección contra la explotación económica, la explotación sexual comercial y el trabajo infantil 1.b.2.ñ.1. Deberes de los órganos del Estado en función del derecho 1.b.2.o. Derecho a la salud y a los servicios de salud 1.b.2.o.1. Deberes del Estado en función del derecho. 1.b.2.p. Derecho a atención médica de emergencia. 1.b.2.p.1. Deberes de los centros y servicios de salud en función del derecho. 1.b.2.q. Derecho a la información sobre la salud y el consentimiento informado 1.b.2.q.1. Deberes de los prestadores de salud en función del derecho . 1.b.2.r. Derecho a la educación. 1.b.2.r.1. Deberes del Estado y sus órganos en función del derecho 1.b.2.s. Derecho a la atención a la diversidad educativa . 1.b.2.s.1. Deberes del Estado y sus órganos en función del derecho . 1.b.2.t. Derecho a la seguridad social. 1.b.2.t.1. Deber y restricción en función del derecho. 1.b.2.u. Derecho a la recreación, al deporte y a la participación en la vida cultural y en las artes. 1.b.2.v. Derecho a medidas de prevención y protección del embarazo, maternidad y paternidad 1.b.2.w. Derecho a zonas y equipamientos recreativos. 1.b.2.x. Derechos y deberes en el espacio urbano. 1.b.2.y. Derecho a vivir en un medio ambiente saludable y sostenible, a conocerlo y a disfrutar de él 1.b.2.y.1. Deberes del Estado y de sus órganos en función del derecho . 1.b.2.z. Derecho a la libertad personal y ambulatoria 1.b.2.z.a. Derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva y especialización. 1.b.2.z.a.1. Deberes del Estado y sus órganos en función de los derechos vistos 1.b.2.z.b. Derecho a protección reforzada ante vulneración de derechos y conflicto con la ley. 1.b.2.z.b.1. Rol del Estado y otros órganos en función del derecho . 1.b.2.z.c. Derecho a la protección internacional 1.b.2.z.c.1. Deberes de ciertas autoridades en función del derecho 1.b.2.z.d. Derecho a la protección y defensa como consumidores y usuarios. 1.b.2.z.e. Derecho a bienes, productos o servicios suficientemente seguros para garantizar su inocuidad. 1.b.2.z.f. Derecho a una publicidad responsable 1.b.3. Deberes y responsabilidades. 1.c. De la protección integral. 1.c.1. Normas de aplicación general . 1.c.1.a. Definiciones.. 1.c.1.a.1. Medios de acción . 1.c.1.a.2. Ámbitos de acción. 1.c.1.a.3. Protección especial . 1.c.1.a.4. Procedimiento de la protección de derechos. 1.c.1.a.5. Protección judicial. 1.c.1.a.5.a. Competencia de los Tribunales de Familia en materia de protección de derechos. 1.c.1.a.6. Otras cuestiones vinculadas a la Protección Judicial y Administrativa . 1.c.1.b. Principios rectores de los procesos de protección de derechos. 1.c.1.c. Reglas generales para la adopción y aplicación de medidas de protección administrativas y judiciales. 1.c.1.d. Acción de tutela administrativa de derechos. 1.c.2. Deberes de la administración del Estado . 1.c.3. De las Oficinas Locales de la Niñez. 1.c.3.a. Funciones de las Oficinas Locales de la Niñez . 1.c.3.b. Competencia de las Oficinas Locales de la Niñez. 1.c.4. De las medidas de protección administrativas Cuestión previa . 1.c.4.a. Medidas de protección administrativa . 1.c.4.b. Legalidad de las medidas de protección. 1.c.4.c. Órganos competentes para la adopción de medidas de protección administrativas . 1.c.4.d. Medidas ante el incumplimiento de las medidas de protección administrativas . 1.c.4.e. Derivación de casos entre sedes administrativa y judicial . 1.c.4.f. Procedimiento de protección administrativa 1.c.4.g. Revisión de medidas. 1.c.4.h. Acción de reclamación por ilegalidad. 1.d. Institucionalidad 1.d.1. Institucionalidad del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia . 1.e. De la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción .

Descripción

La presente obra tiene por objeto exponer las principales instituciones de nuestra actual legislación concursal y de insolvencia (Ley N° 20.720). A través de un análisis sustantivo y adjetivo del concurso en Chile, se abordan los procedimientos aplicables a empresas deudoras y personas, su más relevante jurisprudencia y los criterios doctrinales más importantes respecto de su inteligencia e interpretación. En la primera parte, se describe brevemente la evolución del derecho concursal en nuestro país y la necesidad del legislador de reformar el estatuto concursal, para posteriormente dedicar un capítulo a los aspectos generales de la Ley Nº 20.720, su ámbito de aplicación, estructura y disposiciones comunes a los procedimientos que contempla. Asimismo, se detalla cada una de las herramientas contempladas en la ley, distinguiendo entre procesos de reestructuración patrimonial (reorganización de empresa deudora y renegociación de persona deudora) y aquellos de liquidación de activos (liquidación de empresa y persona deudora). Por último, se analiza el tratamiento de las acciones revocatorias concursales. Autor: Diego Rodríguez Gutiérrez Ediciones DER
  1. INSOLVENCIA EN CHILE
1.1. Breve reseña a la evolución del derecho concursal chileno A) Libro Cuarto del Código de Comercio de Ocampo (1867) y Ley No 4.558, de 1929 B) Ley No 18.175 y sus principales reformas 1.2. Ley No 20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas Deudoras 1.3. La nueva justicia concursal en cifras, a ocho años de su entrada en vigencia 1.4. Boletín 13802-03, proyecto de ley que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la Ley No 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas
  1. LEY NO 20.720 SOBRE LIQUIDACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE EMPRESA Y PERSONAS DEUDORAS. GENERALIDADES
2.1. Ámbito de aplicación 2.2. Supuesto objetivo. Insolvencia en Chile 2.3. Supuesto subjetivo 2.4. Estructura 2.5. Disposiciones generales a los procedimientos A) Definiciones B) Competencia C) Recursos D) Incidentes E) Notificaciones F) Plazos G) Exigibilidad 2.6. Administradores concursales. Veedor y liquidador A) Veedor B) Liquidador
  1. PROCEDIMIENTOS DE REORGANIZACIÓN DE EMPRESA DEUDORA Y DE RENEGOCIACIÓN DE PERSONA DEUDORA
3.1. Procedimiento de Reorganización de Empresa Deudora A) Objetivos 3.2. Tramitación del Procedimiento de Reorganización A) Antecedentes B) Nominación del veedor C) ¿Relatar/acreditar insolvencia? Prerrogativas del juez D) Resolución de reorganización E) Protección financiera concursal a. Efectos judiciales b. Efectos contractuales c. Efectos administrativos d. Plazos F) Financiamiento y continuación de actividades durante la protección financiera concursal a. Continuidad del suministro (art. 72) b. Venta de activos y contratación de préstamos (art. 74) c. Valoración y fiscalización de activos G) Fase de acuerdo a. Verificación e impugnación de créditos i. Verificación ii. Impugnación b. Presentación de la propuesta c. Examen de la propuesta por parte del veedor d. Conocimiento y votación de la propuesta H) Efectos del acuerdo I) Ineficacia del acuerdo a. Rechazo b. Impugnación c. Nulidad d. Incumplimiento 3.3. Procedimiento de Renegociación de Persona Deudora A) Ámbito de aplicación B) Requisitos C) Solicitud de inicio del procedimiento D) Etapas del procedimiento a. Resolución de admisibilidad i. Efectos de la resolución b. Audiencia de determinación del pasivo c. Audiencia de renegociación d. Audiencia de ejecución E) Impugnación de los acuerdos de renegociación y de ejecución F) Resolución de término
  1. PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE EMPRESA Y PERSONA DEUDORA4.1. Clases de liquidaciones A) Liquidación voluntaria a. Antecedentes que deben acompañar la solicitud b. Tramitación B) Liquidación refleja C) Liquidación forzada a. Causales de liquidación forzada b. Tramitación de la solicitud c. Audiencia inicial d. Juicio de oposición i. Admisibilidad de la oposición ii. Audiencia de prueba iii. Audiencia de fallo 4.2. Efectos de la resolución de liquidación A) Efectos sobre los bienes B) Efectos respecto de las obligaciones C) Efectos respecto de los juicios D) Efectos respecto de los contratos 4.3. Determinación del pasivo A) Verificación ordinaria B) Objeción e impugnación de créditos C) Verificación extraordinaria 4.4. Realización de los activos A) Realización simplificada o sumaria B) Realización ordinaria C) Normas especiales de realización del activo a. Oferta de compra directa b. Leasing 4.5. Término del procedimiento concursal de liquidación A) Por dictación de la resolución de término B) Por acuerdo de reorganización judicial 5. ACCIONES REVOCATORIAS CONCURSALES5.1. Aspectos generales 5.2. Revocabilidad objetiva A) Causales B) La actuación jurisdiccional 5.3. Revocabilidad subjetiva A) Requisitos de la revocabilidad subjetiva 5.4. Revocabilidad y las reformas a los pactos o estatutos sociales 5.5. Revocación de actos ejecutados o contratos celebrados por una persona deudora 5.6. Sentencia de revocabilidad y sus efectos A) Efectos entre las partes B) Efectos respecto de terceros 5.7. Recursos 5.8. Costas y recompensas
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Descripción
RESPONSABILIDAD CIVIL POR MEDICAMENTOS DEFECTUOSOS
El presente trabajo tiene por objeto analizar críticamente la regulación de la responsabilidad civil por producto farmacéutico defectuoso en Chile. Al respecto, es la Ley N° 20.850, que crea un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y Rinde Homenaje Póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos, la que incorporó el Título VI al Libro IV del Código Sanitario, a través del cual se regula inéditamente la responsabilidad derivada de los daños ocasionados por medicamentos defectuosos, tanto en el campo de la investigación científica en seres humanos, como en relación a los productos farmacéuticos que han o están siendo comercializados. Sin embargo, a lo largo de este trabajo se viene advirtiendo cómo esta regulación ha sido inadecuada para abordar un tema de esta complejidad. Así, mediante una investigación exploratoria que sigue el método dogmático se intentará exponer las deficiencias originadas en una inadecuada utilización de la técnica legislativa, explicando cómo ellas se constituyen en problemas en la regulación de este tipo de responsabilidad, y que se verifican en aspectos tales como diferencias que devienen en arbitrarias al momento de establecer el factor de imputación o de iniciar el cómputo del plazo de prescripción, además de imponer una carga probatoria de sumo difícil para la víctima, limitando su posibilidad de accionar.
Descripción
LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL Historia, doctrina y jurisprudencia La presente investigación tiene por objeto sistematizar la historia, doctrina y jurisprudencia sobre el derecho a la objeción de conciencia como un derecho fundamental del ser humano emanado del derecho a la libertad de conciencia. Se analiza desde diferentes perspectivas, ya que la objeción de conciencia es parte intrínseca del ser humano en su factor espiritual, moral, religioso, social, cultura, su papel en la historia y sobre todo en su relación con el derecho público, tanto internacional, a través de los diversos órganos y tratados internacionales de derechos humanos, como su desarrollo a nivel nacional (constitucional y administrativo) en un análisis de los más importantes órganos, instancias y jurisprudencia tanto judicial como administrativa. Se trata en definitiva, de una monografía destinada principalmente a estudiantes, académicos, como también una base doctrinal para la catedra de filosofía del derecho, derechos humanos o fundamentales y la catedra de libertad de conciencia.
Descripción
Bajo el concepto protección de datos personales se engloba un conjunto de principios y normas relativas a la recolección, almacenamiento y difusión de la información referida a las personas naturales, que se ha venido desarrollando en los sistemas jurídicos de derecho continental europeo desde 1983 en adelante, y que no tiene otro fin que evitar la vulneración de todos los derechos fundamentales de las personas a través del tratamiento abusivo de sus propios datos. Nuestro país, que no es ajeno a esta realidad, ya en 1999, a través de la Ley Nº 19.628, persiguió este mismo objetivo, aunque hoy se encuentra en un necesario proceso de revisión, dado que su texto ha sido superado tanto por el desarrollo tecnológico como por los estándares internacionales aplicables en la materia. De la actual regulación y sus modificaciones, así como de las directrices futuras de este nuevo derecho fundamental, los autores dan detallada cuenta en el presente libro.
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