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Derecho a la Educación

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Discusión legislativa y texto definitivo de la Ley N°21.091 sobre educación superior

El libro busca conceptualizar el derecho a la educación como un derecho fundamental, humano y social y analizar si es que dicho concepto fue o no recogido tanto en la discusión parlamentaria como en el texto definitivo de la ley 21.091 sobre educación superior. Para ello, aborda la regulación del derecho a la educación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la Constitución y a nivel legal. En esa línea de ideas, la autora busca explicar como el derecho a la educación ha sido históricamente mal entendido como un bien de consumo desde el proceso de privatización de la educación superior iniciado en la década de los 80. Luego, se analiza la discusión parlamentaria de la ley 21.091 mediante el análisis de las sesiones realizadas durante su tramitación. Además de ello, se realizaron entrevistas personales a los diputados señores Jaime Bellolio, Giorgio Jackson y Cristina Girardi quienes al momento de la tramitación de esta ley, eran diputados miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Se pudo concluir que la discusión parlamentaria recoge parcialmente el concepto de derecho a la educación en los términos en que se definió en esta investigación. Al respecto, solo algunos parlamentarios lograron definir a la educación como un derecho social, contrastándolo con los bienes de consumo. Sin embargo, ninguno comprendió la tridimensionalidad en el concepto de derecho a la educación. En cuanto a la ley en estudio, esta define de manera inédita en nuestra legislación la educación superior como un derecho, sin embargo, el concepto adoptado por la ley es insuficiente, ya que no fue contemplada la tridimensionalidad del concepto. Además se pudo concluir que las normas que regulan la gratuidad presentan una serie de dificultades. En efecto, hay normas que limitan la universalidad del derecho a la educación, y en general se rigen bajo lógicas mercantiles. Así, también se observó la incertidumbre que genera el mecanismo de financiamiento de la Ley, la cual no da claridad de cuando se alcanzará la gratuidad universal.

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Autor: Rocío Fondón González
Editorial: Hammurabi
Año de Publicación: 2022
Paginas :140

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NameDerecho a la Educación removeCódigo de Procedimiento Civil 2022. Edición Oficial. Especial para Estudiantes removeCódigo de Procedimiento Civil de Chile con títulos de artículos e índice analítico (Anillado) removeResponsabilidad Civil por Medicamentos Defectuosos removeCódigo Aeronáutico 2021. Edición Oficial removeRecursos procesales civiles. Doctrina y Jurisprudencia remove
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DescriptionAutor: Rocío Fondón González Editorial: Hammurabi Año de Publicación: 2022 Paginas :140Autor: Tirant lo Blach Editorial :Tirant lo Blach Año de Publicación  : 2022 Paginas :358  Autora: Cynthia Salamanca Leal Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 100 Año de publicación: 2022Autor: Editorial Juridica Editorial: Juridica Numero de Paginas: 326 Año de publicación:2022Autores: Iván Hunter Ampuero, Edinson Lara Aguayo Editorial : Der Año de Publicación  : 2022 Paginas :496
ContentIndice Discusión legislativa y texto definitivo de la Ley N°21.091 sobre educación superior El libro busca conceptualizar el derecho a la educación como un derecho fundamental, humano y social y analizar si es que dicho concepto fue o no recogido tanto en la discusión parlamentaria como en el texto definitivo de la ley 21.091 sobre educación superior. Para ello, aborda la regulación del derecho a la educación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la Constitución y a nivel legal. En esa línea de ideas, la autora busca explicar como el derecho a la educación ha sido históricamente mal entendido como un bien de consumo desde el proceso de privatización de la educación superior iniciado en la década de los 80. Luego, se analiza la discusión parlamentaria de la ley 21.091 mediante el análisis de las sesiones realizadas durante su tramitación. Además de ello, se realizaron entrevistas personales a los diputados señores Jaime Bellolio, Giorgio Jackson y Cristina Girardi quienes al momento de la tramitación de esta ley, eran diputados miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Se pudo concluir que la discusión parlamentaria recoge parcialmente el concepto de derecho a la educación en los términos en que se definió en esta investigación. Al respecto, solo algunos parlamentarios lograron definir a la educación como un derecho social, contrastándolo con los bienes de consumo. Sin embargo, ninguno comprendió la tridimensionalidad en el concepto de derecho a la educación. En cuanto a la ley en estudio, esta define de manera inédita en nuestra legislación la educación superior como un derecho, sin embargo, el concepto adoptado por la ley es insuficiente, ya que no fue contemplada la tridimensionalidad del concepto. Además se pudo concluir que las normas que regulan la gratuidad presentan una serie de dificultades. En efecto, hay normas que limitan la universalidad del derecho a la educación, y en general se rigen bajo lógicas mercantiles. Así, también se observó la incertidumbre que genera el mecanismo de financiamiento de la Ley, la cual no da claridad de cuando se alcanzará la gratuidad universal.Vigésima quinta Edición Oficial aprobada por Decreto exento N° 1592, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Apéndice actualizado al 10 enero de 2022 Texto completo del Código de Procedimiento Civil, más un Apéndice con las siguientes normas complementarias especialmente seleccionadas para la utilidad de los alumnos:
  • Ley Nº 18.120, Normas sobre comparecencia en juicio.
  • Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la forma de las sentencias.
  • Ley Nº 20.066, Establece Ley de Violencia Intrafamiliar.
  • Ley Nº 19.968, Crea los Tribunales de Familia.
  • Ley N° 20.886, Modifica el Código de Procedimiento Civil, para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales (Sólo Título I), de 18 de diciembre de 2015.
  • Ley N° 21.120, Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género
  Esta Edición Oficial ha sido preparada por la Comisión Permanente de Códigos de la República de la Editorial Jurídica de Chile, presidida por el profesor Héctor Humeres Noguer e integrada además por los siguientes profesores: Juan Manuel Baraona Sainz Enrique Barros Bourie Juan Colombo Campbell Alfredo Etcheberry Orthusteguy Ana María García Barzelatto Rafael Gómez Balmaceda Héctor Humeres Noguer María Teresa Infante Caffi Cristían Maturana Miquel Arturo Prado Puga Domingo Valdés Prieto Paulino Varas Alfonso En representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Paula Recabarren Lewi
Incluye las modificaciones introducidas por las Leyes N°s 21.379, 21.389 y 21.394 Ley Nº 18.120. Establece normas sobre comparecencia en juicio y modifica los artículos 4º del Código de Procedimiento Civil y 523 del Código Orgánico de Tribunales Ley Nº 14.908. Sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias Decreto Nº 23. Promulga convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero Texto refundido del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales Auto acordado de la Corte Suprema sobre la forma de las sentencias Auto acordado de la Corte Suprema sobre vista de la causa Ley Nº 18.101. Fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos Ley núm. 20.886. Modifica el Código de Procedimiento Civil, para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales Ley núm. 21.226. Establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile
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Descripción
RESPONSABILIDAD CIVIL POR MEDICAMENTOS DEFECTUOSOS
El presente trabajo tiene por objeto analizar críticamente la regulación de la responsabilidad civil por producto farmacéutico defectuoso en Chile. Al respecto, es la Ley N° 20.850, que crea un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y Rinde Homenaje Póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos, la que incorporó el Título VI al Libro IV del Código Sanitario, a través del cual se regula inéditamente la responsabilidad derivada de los daños ocasionados por medicamentos defectuosos, tanto en el campo de la investigación científica en seres humanos, como en relación a los productos farmacéuticos que han o están siendo comercializados. Sin embargo, a lo largo de este trabajo se viene advirtiendo cómo esta regulación ha sido inadecuada para abordar un tema de esta complejidad. Así, mediante una investigación exploratoria que sigue el método dogmático se intentará exponer las deficiencias originadas en una inadecuada utilización de la técnica legislativa, explicando cómo ellas se constituyen en problemas en la regulación de este tipo de responsabilidad, y que se verifican en aspectos tales como diferencias que devienen en arbitrarias al momento de establecer el factor de imputación o de iniciar el cómputo del plazo de prescripción, además de imponer una carga probatoria de sumo difícil para la víctima, limitando su posibilidad de accionar.
Descripción
Séptima Edición Oficial. Aprobada por Decreto Exento Nº 3653, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Apéndice Actualizado al 25 de Septiembre de 2021 Esta Edición Oficial ha sido preparada por la Comisión Permanente de Códigos de la República de la Editorial Jurídica de Chile, presidida por el profesor don Juan Colombo Campbell e integrada además por los siguientes profesores: Juan Manuel Baraona Sainz Enrique Barros Bourie Jun Colombo Campbell Alfredo Etcheberry Orthusteguy Ana María García Barzelatto Rafael Gómez Balmaceda Héctor Humeres Noguer María Teresa Infante Caffi Cristían Maturana Miquel Arturo Prado Puga Domingo Valdés Prieto Paulino Varas Alfonso En representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Paula Recabarren Lewin   Editorial Jurídica de Chile
Indice El presente texto constituye un esfuerzo académico cuyo objetivo es servir de base para el aprendizaje y aplicación de los recursos procesales civiles, entendidos en su sentido más clásico, esto es, como mecanismos de reacción puestos a favor de los litigantes para impugnar una resolución judicial que les cause un agravio. Sin renunciar a los propósitos de la academia, este manual realiza una lectura moderna de las instituciones procesales vigentes, utilizando, además, un lenguaje claro y sencillo, sin limitarse a repetir y parafrasear las normas legales. La metodología usada para su elaboración consiste en un análisis que incorpora los criterios y estándares jurisprudenciales, en un diálogo con la doctrina más relevante, especialmente en los problemas interpretativos y de aplicación de las normas que regulan los recursos procesales. De esta forma, sus autores buscan señalar al lector aquellas coordenadas jurídicas en las que se desarrollan las controversias acerca del alcance de las normas que tipifican causales de casación o regulan su procedencia, realizando una novedosa contribución al quehacer judicial, académico y profesional.
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