Derechos Humanos y Derecho Administrativo
$105.500
Esta obra recoge un amplio conjunto de trabajos elaborados con la valiosa aportación de numerosos expertos en Derecho Administrativo de Iberoamérica, que conforman un panorama completo de la estrecha relación que existe entre el Derecho Administrativo, la dignidad humana y los derechos humanos de ella derivados. A través de los distintos y profundos estudios que contiene este libro se tratan aspectos de gran relevancia e interés estructurados en seis grandes bloques temáticos: la centralidad de la persona en el Estado de Derecho, la garantía de los derechos humanos frente a la Administración, la exigibilidad de los derechos humanos ante la Administración, los derechos humanos generales frente a la actuación administrativa, los derechos humanos específicos en los procedimientos administrativos, y la actualidad de los derechos sociales. La funcionalidad y significación jurídica de los derechos fundamentales ha venido, afortunadamente, a alterar la esencia de un Derecho Administrativo quizás demasiado apegado a una perspectiva estática de la autotutela que requería de una nueva explicación, de una justificación a la luz de los parámetros y criterios constitucionales. Por eso, el tratamiento de los derechos fundamentales de la persona es una de las principales expresiones de un nuevo Derecho Administrativo al que hay que acercarse desde la Constitución para proyectar su luz sobre el conjunto de las instituciones, conceptos y categorías de nuestra área de conocimiento. Y consideramos por ello que esta es una de las grandes aportaciones de este libro, que resultará de gran interés para todos los estudiosos de esta materia.
Índice
PRÓLOGO
Prólogo 19
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Carlos Delpiazzo Rodríguez
María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo
Gladys Camacho Cépeda
Claudio Moraga Klenner
Natalia Marina Muñoz Chiu
I. CENTRALIDAD DE LA PERSONA EN EL ESTADO DE DERECHO
(la dignidad humana como fuente de los derechos; deberes que impone la buena administración; desafíos actuales y futuros)
Elementos para la constitucionalización y justiciabilidad del derecho fundamental a una buena administración 23
Manlio Fabio Casarín León
Desafíos a la centralidad del administrado que plantea la transformación digital de la administración 43
Carlos E. Delpiazzo
La dignidad humana y el bien común como fundamentos del Derecho Administrativo y la deriva autoritaria en Venezuela 71
José Ignacio Hernández G.
La dignidad humana como fuente de reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales, a personas al servicio de las fuerzas armadas y de orden, en el Estado de Derecho 95
Ramón Huidobro Salas
La dignidad de la persona como fuente de derecho en el Estado Social de Derecho 113
Leonardo Massimino
La dignidad como fuente de los derechos personales 135
Ismael Mata
El derecho a una buena administración en los ordenamientos español, de la Unión Europea e internacional 159
José Antonio Moreno Molina
La dignidad humana y los principios generales del Derecho 177
Carlos R. Ríos Gautier
Derecho Administrativo y Constitución de 1978 197
Jaime Rodríguez-Arana
Centralidad de la persona humana, su dignidad como fuente. Reconocimiento internacional y en Uruguay. Proyecciones en la relación privada y ante las nuevas tecnologías 217
Felipe Rotondo
Centralidad de la persona en el Estado de Derecho. Deberes que impone la buena administración: deber de pronunciamiento expreso y fundado 247
Adriana Taller
II. GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN
(tutela administrativa efectiva; tutela jurisdiccional efectiva)
Regulación inteligente para la protección de los derechos fundamentales 267
Analía Antik
La tutela administrativa efectiva y el debido procedimiento administrativo en El Salvador 293
Miguel Ángel Cardoza Ayala
Hacia una efectiva tutela administrativa 315
Miriam Mabel Ivanega
Tutela administrativa y el principio de non bis in ídem. Una perspectiva desde el ordenamiento jurídico salvadoreño 335
Henry Alexander Mejía
La ejecución de la sentencia contencioso administrativa cómo garantía de tutela de los derechos sociales fundamentales: “el pleito testigo” 351
Armando Enrique Mena Castro
La protección de los Derechos Humanos en la ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Nicaragua 399
Karlos Navarro Medal
El derecho a la tutela administrativa efectiva en el Derecho argentino 429
Pablo Esteban Perrino
Garantía de los derechos humanos frente a la Administración. Tutela Jurisdiccional Efectiva 465
Graciela Ruocco
Garantía de los derechos humanos frente a la Administración. Tutela Administrativa Efectiva 483
Cristina Vázquez
Diseño del procedimiento administrativo a la luz de las garantías convencionales y los derechos humanos 513
Jaime Andrés Villacreses Valle
Tutela administrativa efectiva de los derechos y extensión de los efectos de las sentencias de unificación jurisprudencial en Colombia 537
William Zambrano Cetina
III. EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN
(marco general; respuestas específicas)
El derecho humano a la educación (Su exigibilidad ante la Administración) 571
Jorge Albertsen
Relaciones entre derechos humanos y Derecho Administrativo: perspectivas y cometidos del administrativista 597
Javier Barnes
La concreción de los derechos fundamentales desde el Derecho Administrativo 613
Luis José Béjar Rivera
Las transformaciones hacia un Derecho Administrativo humano 625
Alfonso Buteler
El acceso a medicamentos y servicios de salud desde la judicialización (¿el inútil juicio a la Administración Pública?) 647
Christian Campos Monge
La independencia de los comités de ética de la investigación 661
Marta Franch
Paula Martín
La fortificación del Derecho Digital bajo las pautas del Estado de Derecho 683
Nancy Nelly González Sanmiguel
Derechos Fundamentales y Litigación Pública 705
Claudio Moraga Klenner
El derecho humano a la ética pública 729
Ximena Pinto Nerón
El Derecho Administrativo en la realización de los derechos humanos 751
Armando Rodríguez García
Reivindicación de la ley como delimitadora de los derechos humanos 779
Natalia Veloso Giribaldi
IV. DERECHOS HUMANOS GENERALES FRENTE A LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
(libertad e igualdad; subsidiariedad y solidaridad; otros)
La renovada lucha por la igualdad en la modernidad de los algoritmos en la sede administrativa 823
Gladys Camacho Cépeda
La dignidad de la persona y el bien común. Sus proyecciones sobre el Derecho Administrativo y el principio de subsidiariedad 845
Pedro José Jorge Coviello
Los derechos del consumidor como derechos fundamentales 873
Javier A. Echevarría Vargas
La buena administración de la gestión pública y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 895
Martín Galli Basualdo
La prevención administrativa en derechos humanos 923
Pablo Gutiérrez Colantuono
El derecho humano de propiedad 947
Víctor Rafael Hernández-Mendible
Servicios públicos y regulación eficiente de la Administración Pública Digital 969
Vivian Cristina Lima López Valle
Derecho, seguridad humana y gestión pública 989
Carlos Fernando Matute González
El derecho fundamental de acceso igualitario a la función pública 1017
Juan Carlos Moron Urbina
Retos sobre la protección de los derechos humanos frente a la Administración 1043
Laura Ospina Mejía
Subsidiariedad en la segunda reforma previsional uruguaya 1067
Miguel Pezzutti
Los Derechos Humanos frente a la actuación administrativa. Principios de libertad e igualdad 1105
Mariella Saettone Montero
V. DERECHOS HUMANOS ESPECÍFICOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
(debido procedimiento; confianza legítima; otros)
Derecho a una buena Administración, la tutela administrativa efectiva y el debido proceso administrativo 1129
Juan Domingo Alfonzo Paradisi
El respeto a la dignidad humana en los procesos administrativos en Panamá 1159
Víctor Leonel Benavides Pinilla
Presunción de inocencia y estándares probatorios en el Derecho Administrativo mexicano. Las sanciones contravencionales 1189
Gerardo Centeno Canto
Debido procedimiento previo y suspensión de oficio de los efectos del acto administrativo irregular estable 1219
Fernando Gabriel Comadira
El principio de presunción de inocencia en el procedimiento administrativo sancionador externo 1301
Pablo Daniel Cruz
El principio del debido procedimiento administrativo en el Perú 1323
Jorge Danós Ordóñez
Derechos exigibles ante los procedimientos administrativos de tercera generación: información y participación 1351
Gabriel Delpiazzo Antón
El principio de confianza legítima como rector de la función administrativa en el sistema jurídico colombiano: una modalidad de derecho humano que implica garantía y protección 1373
Ciro Nolberto Güechá Medina
Precedente administrativo. Confianza legítima y la doctrina del acto propio 1397
Adrián A. Gutiérrez
La admisibilidad del escrito de interposición en el procedimiento contencioso-administrativo por vulneración de los derechos fundamentales de la persona: perspectivas jurisprudenciales ante la desafortunada tendencia a la inadmisión 1427
José Ignacio Herce Maza
El principio de confianza legítima y su gravitación como derecho humano en el procedimiento administrativo 1455
Luis Eduardo Rey Vázquez
El debido procedimiento: aspectos conceptuales y su aplicación en Colombia/ 1479
Libardo Rodríguez Rodríguez
Una mirada retrospectiva al debido proceso en el procedimiento administrativo venezolano: del Proyecto de 1965 a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de 1981. 1503
Miguel Ángel Torrealba Sánchez
VI. ACTUALIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES
(su alcance; su desarrollo; su aplicación)
Actualidad de los derechos sociales. Su desarrollo. Las dificultades para la medición objetiva de su progresividad, conforme a las Observaciones y Recomendaciones de los órganos supranacionales de control 1545
Raquel Cynthia Alianak
Alcance de los derechos sociales 1559
Hernán A. Celorrio
Derechos humanos y Derecho Administrativo: los derechos sociales y las compras públicas en Honduras 1583
Héctor Martín Cerrato
Derechos sociales fundamentales, servicios sociales y derecho de la competencia. Especial referencia a la enseñanza 1597
Augusto Durán Martínez
La protección de los derechos económicos, sociales y culturales a la luz de las actuaciones administrativas 1619
Luis Ferney Moreno
Os direitos fundamentais sociais e o mínimo existencial: desafíos de uma equação político-jurídica 1637
Rogério Gesta Leal
La regulación de los datos personales: algunas consideraciones en relación a los derechos sociales fundamentales 1667
Federico Morandini
La educación como requerimiento para la buena administración 1689
Alejandro Pérez Hualde
El desafío actual del Derecho Disciplinario para el logro de una buena administración 1711
José Roberto Sappa
8 disponibles
Coordinadores: Jaime Rodríguez-Arana M. – Carlos Delpiazzo Rodríguez – María del Carmen Rodríguez M. – Gladys Camacho C. – Claudio Moraga K. – Natalina Marina Muñoz C.
Editorial: Tirant lo Blanch
Numero de Paginas: 1741
Año de publicación: 2023
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| Description | Coordinadores: Jaime Rodríguez-Arana M. - Carlos Delpiazzo Rodríguez - María del Carmen Rodríguez M. - Gladys Camacho C. - Claudio Moraga K. - Natalina Marina Muñoz C. Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 1741 Año de publicación: 2023 | Autora: Carola Paz Cotroneo Ormeño Editorial: IUS CIVILE Año de Publicación: 2022 Paginas :266 |
Autor: Críspulo Marmolejo González
Editorial: Thomson Reuters
Numero de Paginas: 222
Año de publicación: 2019
| Autor: Equipo Editorial Thomson Reuters Editorial : Thomson Reuters Año de Publicación : 2022 Paginas :250 | Autor: Juan Carlos Flores Rivas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 352 Año de publicación: 2021 | Autor: Eduardo Soto Kloss Editorial : Thomson Reuters Año de Publicación : 2022 Paginas :718 |
| Content | Esta obra recoge un amplio conjunto de trabajos elaborados con la valiosa aportación de numerosos expertos en Derecho Administrativo de Iberoamérica, que conforman un panorama completo de la estrecha relación que existe entre el Derecho Administrativo, la dignidad humana y los derechos humanos de ella derivados. A través de los distintos y profundos estudios que contiene este libro se tratan aspectos de gran relevancia e interés estructurados en seis grandes bloques temáticos: la centralidad de la persona en el Estado de Derecho, la garantía de los derechos humanos frente a la Administración, la exigibilidad de los derechos humanos ante la Administración, los derechos humanos generales frente a la actuación administrativa, los derechos humanos específicos en los procedimientos administrativos, y la actualidad de los derechos sociales. La funcionalidad y significación jurídica de los derechos fundamentales ha venido, afortunadamente, a alterar la esencia de un Derecho Administrativo quizás demasiado apegado a una perspectiva estática de la autotutela que requería de una nueva explicación, de una justificación a la luz de los parámetros y criterios constitucionales. Por eso, el tratamiento de los derechos fundamentales de la persona es una de las principales expresiones de un nuevo Derecho Administrativo al que hay que acercarse desde la Constitución para proyectar su luz sobre el conjunto de las instituciones, conceptos y categorías de nuestra área de conocimiento. Y consideramos por ello que esta es una de las grandes aportaciones de este libro, que resultará de gran interés para todos los estudiosos de esta materia. Índice PRÓLOGO Prólogo 19 Jaime Rodríguez-Arana Muñoz Carlos Delpiazzo Rodríguez María del Carmen Rodríguez Martín-Retortillo Gladys Camacho Cépeda Claudio Moraga Klenner Natalia Marina Muñoz Chiu I. CENTRALIDAD DE LA PERSONA EN EL ESTADO DE DERECHO (la dignidad humana como fuente de los derechos; deberes que impone la buena administración; desafíos actuales y futuros) Elementos para la constitucionalización y justiciabilidad del derecho fundamental a una buena administración 23 Manlio Fabio Casarín León Desafíos a la centralidad del administrado que plantea la transformación digital de la administración 43 Carlos E. Delpiazzo La dignidad humana y el bien común como fundamentos del Derecho Administrativo y la deriva autoritaria en Venezuela 71 José Ignacio Hernández G. La dignidad humana como fuente de reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales, a personas al servicio de las fuerzas armadas y de orden, en el Estado de Derecho 95 Ramón Huidobro Salas La dignidad de la persona como fuente de derecho en el Estado Social de Derecho 113 Leonardo Massimino La dignidad como fuente de los derechos personales 135 Ismael Mata El derecho a una buena administración en los ordenamientos español, de la Unión Europea e internacional 159 José Antonio Moreno Molina La dignidad humana y los principios generales del Derecho 177 Carlos R. Ríos Gautier Derecho Administrativo y Constitución de 1978 197 Jaime Rodríguez-Arana Centralidad de la persona humana, su dignidad como fuente. Reconocimiento internacional y en Uruguay. Proyecciones en la relación privada y ante las nuevas tecnologías 217 Felipe Rotondo Centralidad de la persona en el Estado de Derecho. Deberes que impone la buena administración: deber de pronunciamiento expreso y fundado 247 Adriana Taller II. GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN (tutela administrativa efectiva; tutela jurisdiccional efectiva) Regulación inteligente para la protección de los derechos fundamentales 267 Analía Antik La tutela administrativa efectiva y el debido procedimiento administrativo en El Salvador 293 Miguel Ángel Cardoza Ayala Hacia una efectiva tutela administrativa 315 Miriam Mabel Ivanega Tutela administrativa y el principio de non bis in ídem. Una perspectiva desde el ordenamiento jurídico salvadoreño 335 Henry Alexander Mejía La ejecución de la sentencia contencioso administrativa cómo garantía de tutela de los derechos sociales fundamentales: “el pleito testigo” 351 Armando Enrique Mena Castro La protección de los Derechos Humanos en la ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Nicaragua 399 Karlos Navarro Medal El derecho a la tutela administrativa efectiva en el Derecho argentino 429 Pablo Esteban Perrino Garantía de los derechos humanos frente a la Administración. Tutela Jurisdiccional Efectiva 465 Graciela Ruocco Garantía de los derechos humanos frente a la Administración. Tutela Administrativa Efectiva 483 Cristina Vázquez Diseño del procedimiento administrativo a la luz de las garantías convencionales y los derechos humanos 513 Jaime Andrés Villacreses Valle Tutela administrativa efectiva de los derechos y extensión de los efectos de las sentencias de unificación jurisprudencial en Colombia 537 William Zambrano Cetina III. EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN (marco general; respuestas específicas) El derecho humano a la educación (Su exigibilidad ante la Administración) 571 Jorge Albertsen Relaciones entre derechos humanos y Derecho Administrativo: perspectivas y cometidos del administrativista 597 Javier Barnes La concreción de los derechos fundamentales desde el Derecho Administrativo 613 Luis José Béjar Rivera Las transformaciones hacia un Derecho Administrativo humano 625 Alfonso Buteler El acceso a medicamentos y servicios de salud desde la judicialización (¿el inútil juicio a la Administración Pública?) 647 Christian Campos Monge La independencia de los comités de ética de la investigación 661 Marta Franch Paula Martín La fortificación del Derecho Digital bajo las pautas del Estado de Derecho 683 Nancy Nelly González Sanmiguel Derechos Fundamentales y Litigación Pública 705 Claudio Moraga Klenner El derecho humano a la ética pública 729 Ximena Pinto Nerón El Derecho Administrativo en la realización de los derechos humanos 751 Armando Rodríguez García Reivindicación de la ley como delimitadora de los derechos humanos 779 Natalia Veloso Giribaldi IV. DERECHOS HUMANOS GENERALES FRENTE A LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA (libertad e igualdad; subsidiariedad y solidaridad; otros) La renovada lucha por la igualdad en la modernidad de los algoritmos en la sede administrativa 823 Gladys Camacho Cépeda La dignidad de la persona y el bien común. Sus proyecciones sobre el Derecho Administrativo y el principio de subsidiariedad 845 Pedro José Jorge Coviello Los derechos del consumidor como derechos fundamentales 873 Javier A. Echevarría Vargas La buena administración de la gestión pública y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 895 Martín Galli Basualdo La prevención administrativa en derechos humanos 923 Pablo Gutiérrez Colantuono El derecho humano de propiedad 947 Víctor Rafael Hernández-Mendible Servicios públicos y regulación eficiente de la Administración Pública Digital 969 Vivian Cristina Lima López Valle Derecho, seguridad humana y gestión pública 989 Carlos Fernando Matute González El derecho fundamental de acceso igualitario a la función pública 1017 Juan Carlos Moron Urbina Retos sobre la protección de los derechos humanos frente a la Administración 1043 Laura Ospina Mejía Subsidiariedad en la segunda reforma previsional uruguaya 1067 Miguel Pezzutti Los Derechos Humanos frente a la actuación administrativa. Principios de libertad e igualdad 1105 Mariella Saettone Montero V. DERECHOS HUMANOS ESPECÍFICOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (debido procedimiento; confianza legítima; otros) Derecho a una buena Administración, la tutela administrativa efectiva y el debido proceso administrativo 1129 Juan Domingo Alfonzo Paradisi El respeto a la dignidad humana en los procesos administrativos en Panamá 1159 Víctor Leonel Benavides Pinilla Presunción de inocencia y estándares probatorios en el Derecho Administrativo mexicano. Las sanciones contravencionales 1189 Gerardo Centeno Canto Debido procedimiento previo y suspensión de oficio de los efectos del acto administrativo irregular estable 1219 Fernando Gabriel Comadira El principio de presunción de inocencia en el procedimiento administrativo sancionador externo 1301 Pablo Daniel Cruz El principio del debido procedimiento administrativo en el Perú 1323 Jorge Danós Ordóñez Derechos exigibles ante los procedimientos administrativos de tercera generación: información y participación 1351 Gabriel Delpiazzo Antón El principio de confianza legítima como rector de la función administrativa en el sistema jurídico colombiano: una modalidad de derecho humano que implica garantía y protección 1373 Ciro Nolberto Güechá Medina Precedente administrativo. Confianza legítima y la doctrina del acto propio 1397 Adrián A. Gutiérrez La admisibilidad del escrito de interposición en el procedimiento contencioso-administrativo por vulneración de los derechos fundamentales de la persona: perspectivas jurisprudenciales ante la desafortunada tendencia a la inadmisión 1427 José Ignacio Herce Maza El principio de confianza legítima y su gravitación como derecho humano en el procedimiento administrativo 1455 Luis Eduardo Rey Vázquez El debido procedimiento: aspectos conceptuales y su aplicación en Colombia/ 1479 Libardo Rodríguez Rodríguez Una mirada retrospectiva al debido proceso en el procedimiento administrativo venezolano: del Proyecto de 1965 a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de 1981. 1503 Miguel Ángel Torrealba Sánchez VI. ACTUALIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES (su alcance; su desarrollo; su aplicación) Actualidad de los derechos sociales. Su desarrollo. Las dificultades para la medición objetiva de su progresividad, conforme a las Observaciones y Recomendaciones de los órganos supranacionales de control 1545 Raquel Cynthia Alianak Alcance de los derechos sociales 1559 Hernán A. Celorrio Derechos humanos y Derecho Administrativo: los derechos sociales y las compras públicas en Honduras 1583 Héctor Martín Cerrato Derechos sociales fundamentales, servicios sociales y derecho de la competencia. Especial referencia a la enseñanza 1597 Augusto Durán Martínez La protección de los derechos económicos, sociales y culturales a la luz de las actuaciones administrativas 1619 Luis Ferney Moreno Os direitos fundamentais sociais e o mínimo existencial: desafíos de uma equação político-jurídica 1637 Rogério Gesta Leal La regulación de los datos personales: algunas consideraciones en relación a los derechos sociales fundamentales 1667 Federico Morandini La educación como requerimiento para la buena administración 1689 Alejandro Pérez Hualde El desafío actual del Derecho Disciplinario para el logro de una buena administración 1711 José Roberto Sappa | En la actualidad, el Estado compra, construye y se asocia con privados con una intensidad que no le conocíamos. Cada vez son mayores los volúmenes de compra que demandan los Órganos de la Administración del Estado y más variadas las obras que el Estado necesita construir y/o administrar con la ayuda de los particulares. Para alcanzar un desarrollo óptimo de esta nueva forma de gobernar –en ayuda con el sector privado– y que las asociaciones públicas-privadas sean beneficiosas tanto para la Administración Pública como para los particulares, es necesario que las reglas que regulan el procedimiento de formación de voluntad y ejecución del contrato administrativo sean claras y conocidas por las partes. En este contexto, la jurisprudencia y la doctrina juegan un rol importante. Ante la limitada capacidad de las Leyes y los Reglamentos para prever todas las situaciones que pueden darse, el rol de la jurisprudencia y la doctrina es colmar ese vacío con decisiones que sean adecuadas a los principios jurídicos que regulan la materia. Así, en lo que respecta a la contratación administrativa, se espera que el contenido de los principios introducidos por la LBCASYPS –tales como, igualdad de los oferentes, estricta sujeción a las bases y libre concurrencia de los oferentes– sea finalmente definido por un desarrollo jurisprudencial y académico robusto, coherente y fundamentado. Pretender que sea la propia LBCASYPS o su Reglamento los encargados de definir el contenido de dichos principios, es un despropósito. Debido a lo anterior, llama la atención que, a más de 10 años de la dictación de la Ley N° 19.886 (LBCASYPS), aún no exista certeza sobre el contenido de algunos de sus principios basales, como lo es, por ejemplo, el principio de igualdad de los oferentes. En concreto, es común ver en la jurisprudencia tanto administrativa como judicial que este principio es utilizado por los particulares como un broche de oro en sus respectivas demandas o denuncias, en las que en base a muy pocos fundamentos y apelando a un sentimiento común de justicia, se alega que cualquier tipo de infracción al CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E IGUALDAD DE LOS OFERENTES EN CHILE ordenamiento jurídico constituye una trasgresión al principio de igualdad. Y por el otro lado, advertimos que la CGR o el Tribunal encargado de resolver el conflicto, en no pocas ocasiones, hace suyo dichos argumentos y a través de una escasa fundamentación y desarrollo del principio, declara si éste ha sido transgredido o no. Por su parte, la doctrina nacional tampoco ha realizado esfuerzos por sistematizar el principio de igualdad de los oferentes y ello se ve reflejado en las escasas o casi inexistentes obras que lo tratan con profundidad. En este ámbito, el principal objeto de este estudio es sistematizar el contenido del principio de igualdad de los oferentes y definir sus características y efectos, determinando, por ejemplo, quién es el obligado, en qué tipo de cláusulas normativas y reglamentarias se encuentra regulado, a qué tipo de igualdad estamos hablando cuando nos referimos a la igualdad entre los oferentes y si se trata de una igualdad establecida como principio y/o valor general o como un derecho individual de los particulares. Aclarado lo anterior, estaremos en condiciones de establecer líneas o parámetros bajo los cuales podrá señalarse que el principio de igualdad ha sido infringido y, por el contrario, definir cuándo este principio no ha sido violado. Con este estudio, además, pretendemos analizar los parámetros o guías dictados por la jurisprudencia (administrativa y judicial) y la doctrina, para efectos de determinar si las decisiones o soluciones dictadas por aquellas se adecuan o no al contenido del principio de igualdad de los oferentes. Para alcanzar las conclusiones recién referidas, en primer término, estimamos necesario estudiar el contexto en el cual surgen y se desarrollan los contratos administrativos. Por esta razón, en el Primer Capítulo nos referiremos a la actividad contractual de la Administración –por oposición a su actividad unilateral de dictar actos administrativos– y cómo es que, en definitiva, la asociación entre el mundo público y privado –principalmente a través de los contratos– ha mutado la forma de gobernar y el concepto de administrado. Esta primera parte del Primer Capítulo finaliza con un análisis de los beneficios y costos de las asociaciones públicas y privadas. Estudiada la actividad contractual de la Administración, en la segunda parte de este Capítulo nos referiremos al contrato administrativo, específicamente, a su concepto, características y clasificación, destacando las particularidades de este tipo de acuerdo de voluntades que lo diferencian de los contratos celebrados bajo el régimen civil. Analizados los distintos tipos de contratos administrativos que se encuentran regulados por el ordenamiento jurídico nacional, en el Segundo Capítulo estudiaremos específicamente los contratos administrativos celebrados bajo la LBCASYPS. Así, en la primera parte de este Capítulo el objeto de estudio será la propia Ley y su Reglamento, centrándonos en Introducción definir las novedades que introdujo la dictación de la LBCASYPS. Luego, la segunda parte del Capítulo trata los aspectos conceptuales del contrato de suministro y prestación de servicios y la tercera parte se refiere a cada uno de los procedimientos de contratación administrativa regulados por la LBCASYPS y su Reglamento –esto son, la licitación pública, la licitación privada, el trato directo, la compra ágil, el convenio marco y el proceso de gran compra vía convenio marco–, destacando los principales problemas y desafíos que se han presentado en cada una de estas etapas. El Segundo Capítulo finaliza con un breve análisis de los principios introducidos por la LBCASYPS –el principio de estricta sujeción a las bases y el principio de libre concurrencia– para dar pie al análisis del principio objeto del presente estudio. Así, una vez definido el marco teórico del presente estudio –esto es, la actividad contractual y los contratos administrativos celebrados bajo la LBCASYPS y su Reglamento– el Tercer Capítulo se refiere de manera específica al principio de igualdad de los oferentes. Para efectos de definir el objeto del estudio, estimamos pertinente, en primer lugar, referirnos a los aspectos conceptuales de este principio. Así, en esta primera parte del Capítulo se analizan –con el fin de una comparación posterior– las distintas concepciones del principio de igualdad en materia constitucional, para luego analizar los diferentes entendimientos del principio de igualdad de los oferentes. La segunda parte de este Capítulo constituye un estudio de las manifestaciones y excepciones al principio comento, utilizando como parámetro las regulaciones, la jurisprudencia y la doctrina que existen sobre la materia. Para efectos de un correcto entendimiento, este análisis se encuentra expuesto por orden cronológico, según las principales etapas de los procedimientos administrativos de contratación y busca poner en evidencia cómo es que, en la práctica, se ha aplicado el principio de igualdad de los oferentes. Asimismo, este estudio busca levantar algunas inconsistencias en la jurisprudencia judicial y administrativa Autora: Carola Paz Cotroneo Ormeño Editorial IUS CIVILE Índice Tabla de abreviaturas………………………………………… 9 Introducción………………………………………………. 11 Capítulo I LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA……….. 15 Primera Parte FUNDAMENTOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN……….. 15 I. Relevancia de la contratación administrativa……………………. 15 II. El origen de la actividad contractual de la Administración………….. 17 III. La actividad contractual de la Administración como una nueva forma de administrar. . . . . . . 20 IV. Beneficios de la asociación público-privada…………………….. 24 1. Generaría mayor competencia, aumentando los incentivos para prestar el servicio de manera eficiente…………………………… 25 2. Dotaría de mayor transparencia, publicidad y “accountability” a los procesos de compra y negociación…………………………… 27 3. Mejoraría la calidad de los servicios gracias al conocimiento e infraestructura del sector privado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4. Aumentaría la participación y adherencia de los ciudadanos a las decisiones gubernamentales……………………………….. 29 V. Críticas a la asociación público-privada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1. La asociación pública-privada no generaría mayor competencia ni sería más eficiente……………………………………….. 31 ÍNDICE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E IGUALDAD DE LOS OFERENTES EN CHILE 258 2. Los privados no se encontrarían sujetos a los valores de transparencia, publicidad y “accountability” con la misma intensidad que el sector público . … . . . . . . . . . . . . . . 33 3. Los conflictos de intereses entre las metas públicas y privadas impedirían mejorar la calidad de los bienes y servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4. No sería efectivo que aumentaría la participación y adherencia de los ciudadanos a las decisiones gubernamentales………………… 36 Segunda Parte EL CONTRATO ADMINISTRATIVO. . . . . . . . . . . . . . . 38 I. Concepto de contrato administrativo…………………………. 38 II. Características del contrato administrativo…………………….. 39 1. El contrato administrativo se encuentra sometido a un régimen de Derecho Público en unión con herramientas del Derecho Privado…… 40 2. Tiene por objeto satisfacer una necesidad pública…………….. 42 3. Los efectos del contrato administrativo se definen en razón del interés público involucrado y pueden incluso alcanzar a terceros……….. 43 4. Es un contrato “intuito personae” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 5. Dispone de cláusulas exorbitantes en favor de la Administración….. 45 5.1. El poder de interpretación unilateral del contrato………… 47 5.2. El poder de dirección, fiscalización, inspección y control……. 48 5.3. El poder sancionatorio o correctivo de la Administración…… 49 5.4. El poder de modificación unilateral del contrato (“ius variandi”). . 50 5.5. El poder de terminación unilateral del contrato. . . . . . . . . . . . . . 52 III. Clases de contratos que celebra la administración: con transferencia de funciones públicas y sin transferencia de funciones públicas………… 54 1. Contratos en que existe transferencia de funciones públicas al sector privado… … 55 2. Contratos en que no existe transferencia de funciones públicas al sector privado. . . . … … 58 IV. Tipos de contratos administrativos regulados por el ordenamiento jurídico chileno……. 60 1. Contrato de obra pública regulado en la LOCMOP y el RCOP……. 61 2. Contrato de concesión………………………………… 62 2.1. Contrato de concesión de obra pública regulado por la LCOP y el RLCOP… 63 2.2. Contrato de concesión de servicio público………………. 65 2.3. Contrato de concesión municipal bajo la LOCM………….. 66 Índice 259 Capítulo II EL CONTRATO DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO LA LBCASYPS Y SU REGLAMENTO… 69 Primera Parte LA LBCASYPS Y SU REGLAMENTO…………… 69 I. Los orígenes de la LBCASYPS y su Reglamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 II. Objetivos de la LBCASYPS y su Reglamento……………………. 70 1. Lograr un uso eficiente de los recursos públicos……………… 70 2. Utilizar las compras públicas como una herramienta para ejecutar Políticas públicas sustentables e inclusivas…………………… 73 III. Aplicación de la LBCASYPS y su Reglamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 1. Ámbito de aplicación material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 2. Ámbito de aplicación subjetivo…………………………… 76 IV. Características de la LBCASYPS…………………………….. 78 1. Es una Ley de bases…………………………………… 78 2. Es una norma de aplicación directa……………………….. 79 3. Constituye un cuerpo de principios y reglas jurídicas aplicables supletoriamente a otros tipos de contratos administrativos………….. 79 V. La nueva institucionalidad que introdujo la LBCASYPS……………. 80 1. TCP………………………………………………. 80 2. DCYCP……………………………………………. 87 3. Sistema de Información……………………………….. 88 3.1. Obligación de inscripción en el Registro Electrónico de contratistas o proveedores . . . . 89 3.2. Obligación de contratar electrónicamente………………. 89 3.3. Obligación de suministrar información básica……………. 90 Segunda Parte ASPECTOS CONCEPTUALES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. . . . . . . . . 91 I. Concepto……………………………………………… 91 II. Características…………………………………………. 92 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E IGUALDAD DE LOS OFERENTES EN CHILE 260 Tercera Parte LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA REGULADOS POR LA LBCASYPS Y SU REGLAMENTO……. 92 I. La licitación pública……………………………………… 94 1. Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 2. Procedencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3. Características………………………………………. 98 3.1. Es un procedimiento concursal abierto………………… 98 3.2. Es un mecanismo de carácter obligatorio……………….. 98 4. Principales etapas……………………………………. 99 4.1. Preparación o elaboración de las bases de licitación……….. 99 4.2. El llamado o aviso a participar en la licitación pública……… 105 4.3. Período de consultas y aclaraciones……………………. 106 4.4. Presentación y recepción de ofertas…………………… 107 4.5. Apertura de ofertas……………………………….. 109 4.6. Evaluación de las ofertas……………………………. 110 4.7. Adjudicación del contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.8. Perfeccionamiento del contrato……………………… 116 II. Licitación privada……………………………………….. 117 1. Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 2. Procedencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 3. Características………………………………………. 119 3.1. Es un procedimiento concursal cerrado………………… 119 3.2. Es un mecanismo de carácter excepcional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 3.3. Subsidiariamente le son aplicables las normas de la licitación pública…. 120 4. Principales etapas……………………………………. 120 4.1. Dictación y publicación de la resolución fundada que dispone la licitación privada…… 120 4.2. Preparación y elaboración de las bases de licitación privada….. 121 4.3. Invitación a participar……………………………… 121 4.4. Recepción y evaluación de ofertas…………………….. 122 4.5. Adjudicación y perfeccionamiento del contrato………….. 123 III. Trato o contratación directa……………………………….. 123 1. Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 2. Procedencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Índice 261 3. Características………………………………………. 125 3.1. No es un procedimiento concursal, sino una negociación directa. 125 3.2. Es un mecanismo de carácter excepcional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 3.3. Subsidiariamente, le son aplicables las normas de la licitación pública y privada. 127 4. Principales etapas……………………………………. 127 4.1. Cotizaciones previas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 4.2. Dictación y publicación de la resolución fundada por medio de la cual se procede al trato directo e identificación del contratante. 128 4.3. Celebración del contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 IV. Compra Ágil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 1. Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 2. Procedencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3. Características………………………………………. 131 3.1. Es un procedimiento concursal cerrado………………… 131 3.2. Es un mecanismo de carácter obligatorio……………….. 132 3.3. Subsidiariamente, le son aplicables las normas de la licitación privada………………………………………… 132 4. Principales etapas……………………………………. 132 4.1. Requerimiento de 3 cotizaciones……………………… 132 4.2. Emisión y posterior aceptación de la orden de compra……… 133 V. Convenio marco…………… 133 1. Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 2. Procedencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 3. Características………………………………………. 135 3.1. En ciertos aspectos es un mecanismo de carácter Concursal y, en otros, es una negociación……..135 3.2. Es un procedimiento obligatorio……………………… 136 4. Principales etapas……………………………………. 137 4.1. Suscripción del convenio marco por la DCYCP. . . . . . . . . . . . . . . 137 4.2. Suscripción del convenio marco por la entidad licitante…….. 139 VI. Gran compra vía convenio marco……………………………. 139 1. Concepto………………………………………. 139 2. Procedencia…………………………………….. 140 3. Características…………………………………… 140 3.1. En ciertos aspectos es un procedimiento concursal abierto y en otros es cerrado …………… 141 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E IGUALDAD DE LOS OFERENTES EN CHILE 262 3.2. Es un procedimiento obligatorio……………………… 141 3.3. Supletoriamente, se le aplican todas las disposiciones del RLBCASYPS…………………………………….. 141 4. Principales etapas……………………………………. 141 4.1. Comunicación de la intención de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 4.2. Presentación y evaluación de ofertas…………………… 142 4.3. Adjudicación, dictación del acto administrativo y suscripción del acuerdo complementario…………………………… 143 Cuarta Parte LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA LBCASYPS Y SU REGLAMENTO………….. 144 I. Principio de estricta sujeción a las bases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 II. Principio de libre concurrencia……………………………… 147 Capítulo III EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LOS OFERENTES. . . . . 151 Primera Parte ASPECTOS CONCEPTUALES DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LOS OFERENTES………………… 151 I. El principio de igualdad en la CPR…………………………… 151 1. Igualdad general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 2. La igualdad como protección de bienes públicos importantes. . . . . . . 156 3. Igualdad como no discriminación por factores pertenecientes a grupos…. 156 4. Igualdad como obligación positiva de promover la igualdad de oportunidades……… 158 II. El principio de igualdad en las contrataciones administrativas………. 159 III. Elementos sustantivos (dimensión formal) del principio de igualdad de los oferentes regulado en el artículo 9 de la LOCBGAE……….. 161 IV. La tautología del contenido del principio de igualdad de los oferentes en La jurisprudencia del TCP y la CGR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 V. Distintas concepciones del principio de igualdad de los oferentes. . . . . . . 167 1. El principio de igualdad de los oferentes entendido como una igualdad de trato….. 167 263 2. El principio de igualdad de los oferentes entendido como una prohibición de privilegios… 168 3. El principio de igualdad de los oferentes entendido como una garantía de imparcialidad… 169 4. El principio de igualdad de los oferentes entendido como una garantía de igualdad de oportunidades. . . . . 170 5. El principio de igualdad de los oferentes como igual sujeción a las base. .. . .. . . . 171 VI. Infracciones al principio de igualdad de los oferentes…………….. 172 1. Otorgar un privilegio a un oferente en desmedro del resto de los proponentes…………………………………………… 173 2. Establecer un trato desigual entre los oferentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 3. Causar un perjuicio al resto de los participantes………………. 177 4. Dejar a un oferente en desventaja respecto con el resto………… 177 5. Comparar ofertas que no resultan del todo comparables……….. 178 Segunda Parte MANIFESTACIONES Y EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LOS OFERENTES………….. 179 I. Fase preparatoria a la licitación…………………………….. 179 1. El estudio de mercado previo debe efectuarse considerando a todos los Oferentes…………………………………………… 180 2. El diseño de las bases debe efectuarse con confidencialidad……… 180 3. La entidad licitante debe utilizar el procedimiento de contratación Administrativa que la LBCASYPS y el RLBCASYPS determinan para cada Caso en particular…………………………………….. 181 II. Elaboración, diseño y publicación de las bases de la licitación……….. 182 1. Las bases deben estar formuladas con un lenguaje preciso y directo…………. 183 2. El orden de prelación que existe entre los documentos que rigen la Licitación no puede ser modificado……………………….. 184 3. El contenido de las bases no puede ser objeto de negociaciones entre La Administración y el oferente…………………………… 185 4. Las condiciones y reglas fijadas en las bases no pueden establecer diferencias arbitrarias entre los proponentes……………………. 186 5. Las características o estándares de los bienes o servicios solicitados deben Ser descritos de manera objetiva………………………….. 188 5.1. Las bases no pueden solicitar marcas específicas………….. 189 5.2. No se pueden describir los bienes o servicios requeridos de manera tal que sólo un proveedor pueda cumplir con dichas exigencias. 191 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA E IGUALDAD DE LOS OFERENTES EN CHILE 264 6. El contenido de las bases no puede ser modificado, sino muy limitadamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 5.1. El contenido de las bases puede ser modificado antes del cierre De la recepción de las ofertas siempre que se otorgue un plazo Prudencial a los proveedores para adecuar sus propuestas…… 193 5.2. Luego del cierre de la recepción de las ofertas, el contenido de Las bases no puede ser modificado, a menos que se resguarden los Eventuales derechos de los oferentes…………………… 194 5.3. El contenido de las bases no puede ser modificado durante el Periodo de preguntas y aclaraciones…………………… 196 5.4. En caso de que una licitación pública o privada sea declarada Desierta, el contenido de las bases de la nueva licitación o trato Directo no puede ser modificado……………………… 197 III. Llamado a los oferentes…………………………………… 198 1. El llamado debe ser público y gratuito……………………… 199 2. El llamado debe ser abierto…………………………….. 200 IV. Presentación de ofertas…………………………………… 202 1. Las ofertas deben someterse a los requisitos exigidos en las bases…. 203 1.1. Excepción: pueden aceptarse las ofertas que no cumplen con los Requisitos formales, no esenciales, exigidos en las bases. . . . . . . . 204 2. Las ofertas deben contener todos los documentos y antecedentes exigidos En las bases, por lo que no pueden admitirse ofertas incompletas…. 207 2.1. No procede la aceptación de ofertas incompletas, aun cuando las Omisiones hayan sido justificadas por el oferente afectado…… 208 2.2. No procede aceptar ofertas incompletas, aun cuando la entidad Licitante cuente con los documentos omitidos por haber sido presentados en licitaciones anteriores……………………. 209 2.3. No procede que la entidad licitante acepte documentos equivalentes a los solicitados en los respectivos pliegos ……………….. 209 2.4. No procede la aceptación de ofertas incompletas amparándose en Que los archivos digitales contenían errores técnicos……….. 210 2.5. Excepción: pueden aceptarse ofertas incompletas siempre y cuando La omisión recaiga en aspectos formales, no esenciales exigidos en Las bases. . . . . . . 211 3. Las ofertas no pueden ofrecer bienes o servicios adicionales a los solicitados, aun cuando aquel ofrecimiento no implique un mayor gasto Para la Administración…………… 211 4. Las ofertas deben ser presentadas dentro del plazo establecido en las Bases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 5. No pueden admitirse modificaciones a las ofertas…………….. 214 Índice 265 5.1. Primera excepción: facultad de la autoridad licitante para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales . . . . . . . . 215 5.2. Segunda excepción: facultad de la entidad licitante para solicitar Aclaraciones de las ofertas………………………….. 219 6. Cada oferente tiene el derecho a presentar una sola oferta………. 221 V. Las garantías o cauciones………………………………….. 223 1. La entidad licitante debe solicitar a todos los oferentes una garantía que Cumpla con las mismas condiciones……………………….. 223 1.1. Todos los oferentes deben presentar una garantía…………. 223 1.2. Las garantías presentadas por los oferentes deben cumplir con las mismas Condiciones……………………………… 223 2. El monto de las garantías no debe significar una discriminación arbitraria para las empresas y oferentes más pequeños…………………. 225 VI. Evaluación de las ofertas………………………………….. 226 1. La evaluación de las ofertas debe realizarse por medio de una comisión Imparcial…………………………………………… 227 1.1. Los miembros de la Comisión Evaluadora no pueden tener conflictos de interés…………………………………. 227 1.2. Prohibición de contacto entre los miembros de la Comisión Evaluadora y los oferentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 2. La evaluación de las ofertas debe efectuarse de conformidad con los Criterios, puntajes y ponderaciones establecidos en las bases……… 230 3. Las ofertas deben ser evaluadas en base a criterios objetivos……… 233 VII. Adjudicación y ejecución del contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 1. La adjudicación debe realizarse de conformidad con los mecanismos Definidos en las bases………………………………….. 238 2. El pago del contrato debe realizarse de conformidad a lo estipulado en las bases…………………………………………… 239 3. El contrato no puede ser modificado………………………. 239 3.1. Primera excepción: los contratos administrativos pueden ser Objeto de modificaciones cuando así lo permitan las bases y/o el Contrato……………………….. 241 3.2. Segunda excepción: los contratos administrativos pueden ser objeto de modificaciones en caso de que ocurra un caso fortuito o fuerza mayor………………………………………….243 3.3. Tercera excepción: los contratos administrativos pueden ser objeto de modificaciones que no alteren su esencia. . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Conclusiones……………………………………………… 247 Bibliografía……………………………………………….. 249 |
Descripción
Este libro se construye a partir del supuesto que el más importante insumo conceptual de los estudios sobre regulación económica viene dado por el Análisis Económico del Derecho. Se busca explorar el contenido de la alianza entre el derecho y la regulación económica, a partir de la idea de que dicha interacción fortalece la libertad económica, como un valor relevante para la democracia y el progreso de los pueblos. Ambos enfoques -en conjunto- son necesarios y útiles para lograr ese objetivo último. Una necesaria integración de ambas disciplinas contribuye a maximizar el bienestar individual y el de la sociedad en su conjunto. Esta integración abona la necesidad de desmontar la argumentación de que las economías más libres y prósperas suelen vivir cada vez más apartadas del Derecho. Un entramado de normas y entidades que regulen razonablemente las actividades económicas y custodien la libre competencia necesariamente expanden los beneficios de una economía de mercado.
Este texto pretende probar que es necesaria una perspectiva teórica de comprensión del modelo de agencias reguladoras en Chile; que ésta debe fundamentarse en la aplicación de algunas categorías conceptuales del Análisis Económico del Derecho al Derecho Administrativo; y que esta nueva configuración puede fortalecer una mejora en la calidad regulatoria y la obtención de un mejor equilibrio entre eficiencia de los mercados y bienestar de usuarios y consumidores. Se busca plantear y dar solución a problemas jurídicos que nacen a partir de las diversas configuraciones de entidades supervisoras y reguladoras de mercados. Se exploran esos diversos modelos con el objeto de contrastarlos con el modelo de superintendencias chilenas, dominante en la actual estructura jurídico-administrativa chilena.
Para tales efectos, se recurre a la determinación de conceptos jurídicos y económicos, algunos de los cuales se encuentran presentes en informes de organismos internacionales como la OECD. Para probar que es necesaria una nueva configuración del modelo de agencias reguladoras en Chile, se analiza su situación actual, explorando el modelo y régimen legal de los principales órganos reguladores económicos. Para probar que esta nueva configuración debe fundamentarse en la aplicación de algunas categorías conceptuales del Análisis Económico del Derecho al Derecho Administrativo, se examinarán los conceptos fundamentales propuestos en esta investigación y se contrastarán con el modo de comprensión del Derecho Regulatorio en Estados Unidos y Europa.
Críspulo Marmolejo González
| Descripción Procedimientos Administrativos de la Ley N° 19.880 Recursos Administrativos Accesos a la Información Pública de la Ley N° 20.2845 En esta nueva edición de Estrategia y Práctica Profesional: Derecho Administrativo se tratan las siguientes temáticas: FORMULARIOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LEY Nº 19.880 • Solicitud de información • Procedimiento • Deber de abstención RECURSOS ADMINISTRATIVOS • Recurso de reposición • Recurso de revisión • Recurso jerárquico FORMULARIOS RELACIONADOS SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA LEY Nº 20.285 • Acceso a la información • Entrega de información • Denegación de información • Formulación de descargos • Reclamación de ilegalidad • Requerimientos para subsanar solicitud de información • Solicitud de amparo a derecho de acceso a la información Esta obra mantiene su carácter completamente práctico al reunir en un volumen toda la documentación necesaria para el ejercicio profesional en esta materia, complementada con normativa, jurisprudencia administrativa y judicial aplicables a cada formulario. Autores: Equipo Editorial Thomson Reuters Thomson Reuters ÍNDICE Presentación CAPÍTULO I FORMULARIOS RELACIONADOS A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LEY Nº 19.880 1. Persona solicita información 2. Persona solicita responsabilidad 3. Remisión de solicitud a autoridad competente (por falta de competencia del órgano requerido) 4. Solicitud de inicio de procedimiento 5. Solicitud para eximirse de presentar documento en poder de la Administración 6. Solicitud para eximirse de presentar documento que no corresponde al procedimiento 7. Solicitud para practicar acto de instrucción en forma compatible con obligaciones laborales o profesionales 8. Deber de abstención. Por amistad o enemistad íntima 9. Deber de abstención. Por asociación 10. Deber de abstención. Por haber sido testigo o perito 11. Deber de abstención. Por interés 12. Deber de abstención. Por servicios actuales 13. Promoción de la abstención. Por amistad íntima o enemistad manifiesta 14. Promoción de la abstención. Por asociación 15. Promoción de la abstención. Por haber sido perito o testigo en el procedimiento 16. Promoción de la abstención. Por interés 17. Promoción de la abstención. Por parentesco 18. Promoción de la abstención. Por servicios profesionales pasados 19. Promoción de la abstención. Por servicios 20. Resolución que se pronuncia sobre comunicación de deber de abstención 21. Acompaña documento necesario para iniciar procedimiento 22. Acompaña documento 23. Alega defecto de tramitación 24. Alega defecto y pide responsabilidad 25. Interesado acompaña documento 26. Interesado alega defecto 27. Interesado solicita ampliación de plazo 28. Interesado solicita conocer estado de tramitación de procedimiento 29. Interesado solicita copia autorizada de los documentos del expediente 30. Interesado solicita devolución de originales 31. Persona acompaña documento 32. Persona formula alegación 33. Subsana falta 34. Acto administrativo que resuelve recurso administrativo 35. Acto administrativo que afecta derechos de particulares 36. Resolución que subsana vicios de actos administrativos CAPÍTULO II RECURSOS ADMINISTRATIVOS 37. Recurso de reposición. Acto de mero trámite que hace imposible continuar el procedimiento 38. Recurso de reposición. Acto de mero trámite que produce indefensión 39. Recurso de reposición 40. Recurso de revisión (aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto ignorados al momento de dictación del acto) 41. Recurso de revisión (aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto que no fue posible acompañar) 42. Recurso de revisión (declaración de documentos o testimonios falsos por sentencia con anterioridad a la resolución, que se desconocía) 43. Recurso de revisión (declaración de documentos o testimonios falsos por sentencia con posterioridad a la resolución) 44. Recurso de revisión (manifiesto error de hecho) 45. Recurso de revisión (Que la resolución se hubiere dictado sin el debido emplazamiento) 46. Recurso de revisión (Que por sentencia ejecutoriada se haya declarado que el acto se dictó como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta) 47. Recurso jerárquico I 48. Recurso jerárquico II 49. Recurso jerárquico. Acto de mero trámite que hace imposible continuar el procedimiento CAPÍTULO III FORMULARIOS RELACIONADOS SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA LEY Nº 20.285 50. Acceso a la información, por apoderado del solicitante, con voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica 51. Acceso a la información, por apoderado del solicitante 52. Acceso a la información, por el solicitante, con voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica 53. Acceso a la información, por el solicitante 54. Caso en que la información solicitada está permanentemente a disposición del público 55. Caso en que la información solicitada pertenece a múltiples organismos 56. Caso en que la información solicitada se refiere a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar derechos de terceros 57. Caso en que no es posible individualizar al órgano competente 58. Deniega acceso a información (por causal de secreto o reserva, artículo 21, número 5) 59. Deniega acceso a información (por causales de secreto o reserva, artículo 21, números 1, 2, 3 y 4) 60. Deniega acceso a información (por oposición de terceros) 61. Entrega información sujeta a pago de costos directos de reproducción 62. Entrega información 63. Escrito de oposición a la entrega de información 64. Formulación de descargos por autoridad reclamada (por denegación de la información sin oposición de tercero) 65. Formulación de descargos por autoridad reclamada (por falta de respuesta, que se ha dado en forma positiva) 66. Prórroga por otros diez días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud de información 67. Reclamación de ilegalidad del art. 28 Ley Nº 20.285 68. Remisión de solicitud a autoridad competente (por falta de competencia del órgano requerido) 69. Remisión de solicitud a autoridad competente (por no poseer los documentos solicitados) 70. Requerimiento para subsanar solicitud de información (por falta de identificación clara de la información requerida) 71. Requerimiento para subsanar solicitud de información (por falta de identificación del solicitante y de su apoderado en su caso) 72. Solicitud de amparo a derecho de acceso a la información (en caso de oposición de tercero) 73. Solicitud de amparo a derecho de acceso a la información (por denegación de la información sin oposición de tercero) 74. Solicitud de amparo a derecho de acceso a la información (por falta de respuesta y sin prórroga) 75. Solicitud de amparo a derecho de acceso a la información (por falta de respuesta, con prórroga) 76. Subsanación de falta de solicitud de acceso a la información 77. Tercero presenta observaciones (por denegación de la información en caso de oposición de este) | Abre el presente libro el capítulo I que recoge el artículo “Licitación pública: ¿Es el procedimiento ordinario de contratación administrativa?”. En este artículo se trata de contestar la interrogante de si la licitación pública es el procedimiento general para formar la voluntad contractual del Estado o si las causales de licitación privada o el trato directo son lo suficientemente amplias para que el Estado puede eximirse de la licitación pública. Se arriba a la conclusión de que algunas de las causales de trato directo, en la forma que se encuentran reguladas, son demasiado amplias y que deben ser revisadas para impedir que se sorteen la licitación sin una motivación suficiente. En el capítulo II se pasa revista a los principios de la licitación pública. En primer lugar, se analiza el principio de libre concurrencia de los oferentes, el sistema de registro de los oferentes para limitar las ofertas temerarias y seleccionar la oferta más conveniente. A su vez, se analizan las prácticas atentatorias de la libre concurrencia, extraídas de la práctica administrativa y de la jurisprudencia administrativa. En segundo lugar, revisamos el principio de igualdad de los oferentes tanto al momento de selección del contratista como durante la ejecución del contrato administrativo. Finalmente, se analiza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, sus límites y relación con otros principios de la licitación pública. En el capítulo III se analiza desde una visión crítica la inhabilidad regulada en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Se analizan cómo las nuevas exigencias derivadas de la contratación administrativa estratégica, mediante la cual el Estado incorpora elementos exógenos para satisfacer necesidades tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas licitantes o el respeto del medio ambiente, pueden generar impactos complejos en la contratación administrativa. En el capítulo IV relativo a las bases de licitación como medio de prueba en la litigación pública contractual, planteamos la tesis de que las bases de licitación no son el único medio de prueba válido para acreditar el sentido y alcance de las obligaciones contractuales, no obstante, su importancia. Esta tesis se funda en que generalmente la estructura y articulación de las bases de licitación es un rol que le corresponde íntegramente al Estado, que se puede convertir en un instrumento perverso para diagnosticar el cumplimiento o incumplimiento ocurrido durante la ejecución del contrato administrativo. En el capítulo V se estudia el principio de probidad administrativa en la fase de evaluación de ofertas de la licitación pública. Sustentamos que las licitaciones públicas deben regirse por el principio de buena fe, bajo la creencia objetiva de que sus miembros deben actuar con honradez y sujetos a una conducta recta, en el sentido de privilegiar el interés público sobre el privado al momento de seleccionar la oferta más conveniente para la satisfacción de la necesidad pública, quedando prohibida la incorporación de elementos o la omisión de requisitos no previstos ni en la ley ni en las bases de licitación, que puedan generar situaciones de privilegios entre los oferentes. En el capítulo VI se analiza el régimen jurídico que regula la contratación administrativa de las empresas públicas en nuestro Derecho Administrativo, en sus distintas etapas, a saber, licitación, ejecución y terminación. Específicamente, se analiza si los contratos suscritos por las distintas empresas públicas existentes en nuestro país se encuentran sometidas exclusivamente a “la legislación común aplicable a los particulares” o las empresas públicas en su actividad contractual deben respetar ciertas normas y principios del derecho administrativo, como cualquier órgano que integra la Administración Pública. El capítulo VII tiene por objeto analizar la tesis sustentada por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema, que afirman que las multas en los contratos administrativos ostentan la naturaleza de cláusulas penales de origen contractual, y cuya aplicación se canaliza a través de la simple ejecución de una cláusula contractual. | «Esta obra, cuyo primer tomo se public a ahora y al que seguirá n, en breve, un segundo tomo, sobre el acto administrativo, y un tercero, sobre la responsabilidad del Estado, con- tiene las enseñanzas que por mas de cincuenta años ha venido impartiendo el profesor Soto Kloss, primero en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (1971-1997) y luego en la Universidad Católica de Chile (desde 1973 hasta ahora). Siempre actualizado y con una perspectiva sustancial (no meramente procedimental o positivist a), estudia los “fundamentos” del derecho administ rativo, anclados en la persona human a (fundamen- to, principio y fin de toda sociedad, de todo Estado, de todo derecho), y desde la perspecti- va de considerarlo no como un derecho del Estado (como si fuera un derecho estatutario), sino como un derecho de las personas, para hacer posible la efectividad del ejercicio de sus derechos fundamentales frente al Estado o la Administración, cuyos innumerables tentáculos pueden llegar —no pocas veces— a hacer ilusorio tal ejercicio para el común de los ciudadanos, sobre todo en épocas de intervencionismo o estatismo, que devienen subrepticiamente totalitarios. Comprende una perspectiva del derecho como lo justo —es decir, lo debido a otro— y como un orden que abarca los órdenes natural, sociopolítico y jurídico propiamente tal, y que se concreta a través de principios que, al modo de axiom as (primeros principios de la razón, tanto especulativa como práctica, demostrativos por sí mismos), permiten concretar en la práctica la justicia en las relaciones ciudadanos- Estado, siempre bajo la tutela jurisdiccional efectiva de los tribunales de justicia, inamovibles, independientes e imparciales, sin los cuales no hay ni derecho, ni justicia ni paz en la comunidad política. De allí que la estructura de este tomo primero esté articulada sobre los fundamentos y principios del derecho administrativo, teniendo como eje central la persona humana y luego la organización de la administración del Estado, en su fundamento jurídico-constitucional, los principios que la vertebran y las personas jurídicas que la komponen. Esta visión aparece particularmente útil para abogados en ejercicio profesional ante la Administración y para jueces que deben decidir los litigios que enfrentan a ciudadanos con el Estado, así como también para docentes del ramo, sin perjuicio de que puede otorgar a los alumnos de Derecho una seria formación intelectual, dadas las perspectivas históricas y filosóficas que se plantean.» ÍNDICE Prólogo INTRODUCCIÓN I. Algunas precisiones sobre la posición de los juristas frente al derecho. (Hacia un finalismo realista) II. El derecho público ¿Por qué tan desconocido? Anexo 1. Estatismo y desprecio de la persona humana Anexo 2. Sobre el coloniaje e injertos extrajerizantes III. La idea de derecho administrativo. Una visión sustancial y finalista (el derecho como lo justo) 1. Visión sustancial 1.1. Derecho 1.2. Administrativo 1.3. Derecho Administrativo 1.4. El Derecho Administrativo: Pinceladas Históricas/Existencia y Desarrollo 2. Visión finalista 3. Los fundamentos del Derecho Administrativo. Una visión iusnaturalista 4. Características del Derecho Administrativo chileno IV. ¿Qué es administrar? (Un tópico para administrativistas) Introducción 1. Administrar es una actividad propiamente subordinada V. Relaciones entre administración y derecho Anexo: Adversus Haereses PRIMERA PARTE BASES FUNDAMENTALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO CHILENO (BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD) CAPÍTULO I EL ORDEN NATURAL, SOCIAL Y POLÍTICO I. La idea de orden y de orden natural 1. Y ¿qué es el orden? 2. Y ¿a qué se refiere el “orden natural”? 3. Elementos de la noción de orden 4. ¿Cuál es ese orden? 5. “Orden natural”, primer principio de la razón práctica II. Moral y derecho: una aproximación a sus relaciones 1. Lo que nos dice la experiencia diaria de la vida 2. Lo que nos dice la experiencia común y el conocimiento científico 3. Conclusión Anexo 1. Sobre la naturaleza del hombre Anexo 2. El hombre, ser racional Anexo 3. El hombre, ser libre Anexo 4. Sobre la conciencia del hombre III. La persona humana 1. La noción de persona 2. Su inserción en el Derecho 3. La persona que está por nacer y su protección en el Derecho chileno 4. La persona en la Constitución (con especial referencia a la que está por nacer) IV. La primacía de la persona humana, principio fundamental del derecho público chileno Introducción 1. La dignidad de la persona humana: noción. La visión veterotestamentaria 1.1. La dignidad del hombre 1.2. Los antecedentes veterotestamentaria de la dignidad del hombre 1.2.1. El respeto a la persona 1.2.2. El respeto por los bienes de la persona 1.2.3. El respeto por la verdad 1.3. Conclusión 3. El fundamento de la dignidad humana 4. La primacía de la persona humana en el derecho positivo 5. La primacía de la persona y la consecuencial servicialidad del Estado, se manifiesta en la práctica societaria en la primacía de la iniciativa privada en las actividades humanas 6. ¿En qué se manifiesta la primacía de la persona humana? Anexo. La dignidad de la persona humana que está por nacer. Su protección en la jurisprudencia judicial y contralora CAPÍTULO II LA FAMILIA, CÉLULA FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD HUMANA I. La familia: notas sobre su juridicidad 1. La noción de familia 2. Los derechos fundamentales de la familia 3. La familia en la Constitución Política 3.1. La familia en la Constitución de 1980 3.2. ¿De dónde arranca esta formulación que establece la Constitución respecto de la familia? 4. Conclusiones Anexo I. La píldora asesina ante la Constitución Anexo II: El llamado aborto terapéutico: un nuevo atentado contra la persona que está por nacer CAPÍTULO III LA CARACTERÍSTICA SOCIAL DE LA PERSONA HUMANA Y SUS MANIFESTACIONES Introducción: en el pensamiento clásico y cristiano (la doctrina pontificia) I. La autonomía de los grupos intermedios y en especial de las universidades privadas Introducción 1. La Constitución y los grupos intermedios: antecedentes en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución 2. Su reconocimiento, amparo y garantía constitucional: mecanismos que los hacen efectivos 3. El artículo 1º inciso 3º de la Constitución: sentido y alcance 4. La autonomía de los grupos intermedios: su contenido 5. La jurisprudencia de los Tribunales de la República 6. Conclusiones II. El principio de subsidiariedad 1. Terminología 2. Fundamento 3. En qué consiste 4. Su concreción 5. En la Constitución de 1980 5.1. En las actas de la Comisión Ortúzar 5.2. El principio de subsidiariedad en el texto de la Constitución de 1980 Anexo: El principio de subsidiariedad, principio fundamental del orden político III. La actividad económica en la Constitución Política de la República de Chile. (La primacía de la persona humana) IV. La servicialidad del Estado, base esencial de la institucionalidad 1. Introducción 2. La terminología empleada: “servicialidad” 3. La naturaleza del concepto 3.1. Precisiones 3.2. Su génesis 3.3. Fundamentación 3.4. Su concreción práctica 3.4.1. Para el legislador 3.4.2. Para el administrador Conclusiones Anexo I. Apología de la servicialidad de la autoridad Anexo II. La corrupción administrativa 1990-2010, un recuento SEGUNDA PARTE EL ORDEN JURÍDICO CAPÍTULO I LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO CAPÍTULO II LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL CAPÍTULO III EL PRINCIPIO DE JURIDICIDAD Introducción I. Noción 1. Sujeción 2. Integral 3. A derecho 4. De los órganos del Estado Anexo 1. Suspensión, restricción. Nociones claves para la debida defensa de los derechos fundamentales Anexo 2. La Ley Nº 19.368, un ejemplo de ley inconstitucional, por violación del procedimiento de su elaboración Anexo 3. La suspensión del ejercicio de potestades ¿es conforme con la Constitución? CAPÍTULO IV LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO EN CHILE I. La administración del Estado 1. En la Constitución 2. En la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575 3. En la Ley Nº 10.336 4. Una visión propiamente jurídica II. Los principios organizativos de la administración del Estado 1. La Competencia Introducción 1.1. Noción 1.2. Características 1.3. Modalidades 1.4. Materia y territorio 2. La Jerarquía (Principio básico de la organización administrativa del Estado) Introducción 2.1. El término 2.2. Noción 2.3. Fuentes 2.4. Componentes 2.5. El poder jerárquico 2.6. El deber de obediencia en la Administración del Estado 2.6.1. El término “obedecer” 2.6.2. La terminología normativa 2.6.3. La fuente normativa 2.6.4. En qué consiste el deber de obediencia 2.6.5. ¿Y si la orden comporta la comisión de un delito? 3. La centralización Introducción: noción y atenuaciones 3.1. La delegación en el derecho administrativo chileno (Nociones fundamentales) 3.1.1. Noción 3.1.2. Origen de la delegación 3.1.3. Fundamentos 3.1.4. Contenido 3.1.5. Forma de delegar 3.1.6. Características 3.1.7. Control y responsabilidad en la delegación 3.1.8. Delegata potestas delegari non potest 3.1.9. La delegación de firma 3.2. La desconcentración en el derecho administrativo chileno Introducción 3.2.1. Noción 3.2.2. Ámbito de aplicación 3.2.3. Fundamentos 3.2.4. Origen 3.2.5. Contenido 3.2.6. Formas 3.2.7. Control 3.2.8. Responsabilidad 3.2.9. Extinción 3.3. La descentralización Introducción 3.3.1. Noción 3.3.2. Origen 3.3.3. Duración 3.3.4. Ámbito de procedencia 3.3.5. Lo que significa “personificar” 3.3.6. Tipos de descentralización 3.3.7. Control sobre los organismos descentralizados 3.3.8. Responsabilidad de los organismos descentralizados 3.3.9. Representación 3.3.10. Extinción III. Las personas jurídicas administrativas del Estado 1. Fisco 2. Municipalidades 3. Instituciones 4. Empresas del Estado 5. Gobiernos Regionales Anexo. Las Sociedades del Estado: Listado de organismos de la Administración del Estado (ministerios, servicios dependientes y personificados) IV. Las llamadas sociedades del Estado 1. Cuando se habla de “sociedades del Estado” ¿de qué se habla en Chile? 2. Precisiones terminológicas 3. Un tipo heterogéneo 4. Lo que caracteriza a las llamadas “sociedades del Estado” 5. Conclusiones Anexo. Sociedades anónimas del Estado |
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