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Integridad Pública
$66.000
Autor: Francisco Javier Aldunate Ramos
Editorial: Libromar
Numero de Paginas: 620
Año de publicación: 2026
3 disponibles
En momento históricos como el que vivimos, en el cual la desconfianza en las instituciones públicas y la duda acerca de los intereses que sirven los personeros públicos, es vital enfrentarnos al problema de la integridad pública y como este concepto engloba diversas acciones y elementos que no sólo apuntan a la probidad administrativa como un “deber actuar” dentro de la Administración del Estado, sino también a una cultura ética y política que brega contra la corrupción.
La integridad pública, como nos señala Francisco Aldunate en este libro, es más que una mirada al sector público y a sus funcionarios, es una mirada también al sector privado y a la sociedad en su conjunto y cómo nos relacionamos. Cuando entendemos que la corrupción es una enfermedad que puede nacer en cada uno de nosotros y que nos afecta a todos, como personas, como organizaciones, como sociedad y finalmente como país, entendemos la necesidad de definir e implementar acciones que no solo reaccionen a la corrupción, sino que sirvan dentro de un ecosistema de control y ética, para prevenir conductas corruptas.
PROBIDAD ADMINISTRATIVA / INTEGRIDAD PÚBLICA
PREVENCIÓN CONFLICTOS DE INTERÉS
PROTECCIÓN AL FUNCIONARIO DENUNCIANTE
FUNCIÓN PÚBLICA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
CAPÍTULO I
CONCEPTOS GENERALES
- Preámbulo. La integridad pública, al parecer no basta con el estricto cumplimiento del principio de probidad administrativa
- Panorama en torno a la probidad y corrupción en Chile. Un “paisaje” desolador3. Integridad pública
• Función Pública
• Recursos Públicos
• Transparencia
• Política
• Sector Privado - ¿Qué debemos entender por corrupción?
- Enfoques para arribar a un concepto de probidad
1. Desde el punto de vista de la ética del Servicio Público
2. Desde el punto de vista de la ciencia de la administración
3. Desde el punto de vista del derecho6. Probidad y Corrupción
• Significado del término probidad
• Significado de la voz corrupción
• Distintas connotaciones de la corrupción
a) Corrupción individual
b) Corrupción generalizada en el Estado
c) Sistémica, subsistémica y dispersa
d) Política y administrativa
e) Individual y corporativa7. Consagración en el derecho positivo del principio de probidad y transparencia
• Inhabilidades
• Incompatibilidades - Ámbito de aplicación del principio de probidad ¿Quiénes están sujetos al principio de probidad?
- La transgresión al principio de ética o probidad es una realidad con la que la sociedad convive
- El Whistleblowing
- Compliance
- Contraloría General de la RepúblicaCAPÍTULO II
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FUNCIÓN PÚBLICA - Breve introducción
2. ¿Qué entendemos por administración y administración pública?
3. La función pública
4. Regulación normativa de la función pública
5. Principios que informan la función pública
6. Principios jurídicos que informan la función públicaCAPÍTULO III
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA LAS OBLIGACIONES FUNCIONARIAS - Consideraciones generales2. Garantías o principios que constituyen límite y/u orientan el ejercicio de la potestad disciplinaria
a) El debido proceso
b) El derecho a defensa
c) Independencia de las sanciones
d) La proporcionalidad de las sanciones
e) La legalidad de las sanciones
f) El principio pro reo
g) Imparcialidad y Objetividad
h) Instancias diferenciadas
i) Universalidad
j) El principio de inexcusabilidad
k) Principio de Interdicción de la Arbitrariedad3. Deberes y obligaciones funcionarias
4. Revisión de las obligaciones funcionarias
• Artículo 61. Serán obligaciones de cada funcionario
• Obligaciones propias de autoridades y jefaturas (artículo 64) - Prohibiciones funcionarias
- Persecución de la responsabilidad administrativa
- Órganos competentes
- ProcedimientoCAPÍTULO IV
ESTATUTO DE PROTECCIÓN AL FUNCIONARIO/A QUE DENUNCIA. PILAR PARA AVANZAR EN UN ECOSISTEMA DE INTEGRIDAD - Introducción
- Aplicación del estatuto de protección. Artículos 90a y 90b del estatuto administrativo en caso de denuncias, por acoso o maltrato laboral y/o acoso sexual
- Resumen estatuto de protección. Obligaciones que nacen en el ámbito administrativo y penal, conforme lo dispone la Ley No 21.643
• ¿Qué ordena la ley respecto a la canalización de las denuncias sobre faltas a la probidad y corrupción?
• ¿Qué debe contener la denuncia?
• ¿La protección es un derecho del denunciante? .
• ¿Qué sigue después de la denuncia?
• ¿Qué pasa si la Contraloría advierte un delito?
• ¿Cómo opera la reserva de la denuncia?
• ¿El personal de la administración del Estado tiene el deber de denunciar?
• ¿Qué medidas preventivas de protección existen a favor del personal de la administración del Estado?
• ¿Puede un denunciante alegar que sufrió represalias?
• ¿Cómo opera la cooperación eficaz?
• ¿Se puede denunciar a empresas a través del canal?
• ¿Qué cambio se incorpora al estatuto administrativo?
• ¿Cómo se mantendrá la reserva de identidad en los procesos penales?
• ¿El imputado puede pedir que se anule la reserva de identidad del denunciante?
• ¿Qué sanciones se aplican por denuncias maliciosamente falsas?CAPÍTULO V
NORMATIVA SOBRE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. MANIFESTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA - Prevención de conflictos de interés
a. Conflicto real
b. Conflicto aparente
c. Conflicto potencial - Inhabilidades de ingreso
- Inhabilidades de ingreso relacionadas con el principio de probidad administrativa
• Cese anterior en un cargo público por mala calificación o por destitución
• Condena por crimen o simple delito o inhabilitación para ejercer funciones o cargos públicos
• Conflictos de interés (contratos, litigios y parentesco)
– Contratistas
– Litigantes
– Familiares
– Dependencia de las drogas - Inhabilidad/prohibición especial Ley No 19.995
- Prohibiciones en el marco de la ley de probidad
- ¿Cómo acredita una persona no estar incluida en alguna causal de inhabilidad?
- ¿Qué pasa si de todas formas se nombra o contrata a una persona que incurre en una causal de inhabilidad? El funcionario de hecho
- ¿Se aplican estas inhabilidades a las personas contratadas a honorarios o según el Código del Trabajo?
- Personas contratadas mediante un contrato del trabajo
- ¿Qué pasa si alguna de las inhabilidades relacionadas directamente con la probidad se presenta después que la persona ingresó a la administración?
- Incompatibilidades
• Incompatibilidad entre empleos públicos - Ley No 20.880
• Autoridades y funcionarios obligados a presentar la declaración de intereses y la declaración de patrimonio
• Oportunidad de la declaración
• Forma de realizar la declaración
• Contenido del formulario
• Contenido de la declaración
• Responsabilidades y sanciones por infracciones al deber de efectuar la declaración de intereses y patrimonio de las autoridades y funcionarios de la administración del Estado
• Procedimiento sancionatorio, en caso de incumplimiento del deber de declarar
• Infracciones a las normas de mandato y obligaciones de enajenar
• El mandato de administración
• De las enajenaciones a que obliga esta ley - Ley No 20.730
• ¿Qué es una gestión de interés particular?
• Sujetos pasivos de lobby
• ¿Sobre qué decisiones puede ejercerse el lobby?
• ¿Qué deberes tienen los sujetos pasivos?
• ¿En qué consiste la obligación de registro de los sujetos pasivos?
• ¿Qué sanciones contempla la ley para los sujetos pasivos que no cumplen con los deberes establecidos en la ley?
• ¿Qué actividades no regula la ley? - Ley No 21.634
• Canal de denuncia reservada - Ley No 20.285CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS - Conceptos introductorios
- La potestad disciplinaria. Fundamentos3. Modificaciones introducidas por la Ley Karin, a los procedimientos disciplinarios
a) El acoso sexual
b) El acoso laboral
c) La violencia en el trabajo - Procedimientos disciplinarios
- La investigación sumaria
A. Instalación del investigador
B. Etapa indagatoria
C. Etapa acusatoria
D. Información a la autoridad superior
E. Etapa resolutiva
F. Etapa de impugnación
– Características de la investigación sumaria
– Objeto de la investigación sumaria
– Notificaciones durante la investigación sumaria
– Sanciones
– Los plazos
– Paso a sumario administrativo - El sumario administrativo
- Descripción esquemática de la tramitación de un sumario administrativo
• Etapa Indagatoria
• Etapa Acusatoria
• Etapa Informativa
• Etapa Resolutiva
• Etapa de Recursiva - Las medidas o sanciones disciplinarias
• La censura
• La multa
• La suspensión
• La destitución
• Autoridad llamada a instruir sumario administrativo
• Características del sumario administrativo
– Inicio de sumario administrativo
– Designación de fiscal ad hoc
– Foliación del sumario
– Notificaciones dentro del sumario
– Recusación o implicancia del fiscal o del actuario
– Facultades del fiscal
– Plazo de investigación
– Suspensión de funciones
– Término de la etapa de investigación
– Sobreseimiento
– Formulación de cargos
– Notificación de cargos
– Solicitud de rendición de prueba
– Dictamen del fiscal
– Remisión de antecedentes a justicia ordinaria
– Impugnación de la resolución
– Vicios de procedimiento
• Tramitación de los procedimientos disciplinarios. Modelo esquemático
• Breve descripción de las características de los procedimientos disciplinarios
• Boletín No 17927-06
• Formularios para la tramitación de procedimientos disciplinarios
1. Instruye investigación sumaria o sumario administrativo
2. Formulario de aceptación del cargo
3. Citación a declarar
4. Acta de Declaración
5. Acta de notificación personal
6. Formulación de cargos
7. Dictamen fiscal
8. Acoge recusación
9. Acta de careo
10. Destinación transitoria del inculpado
11. Suspensión del inculpado
12. Cierre investigación
13. Copia expediente
14. Modelo tipo certificación actuaciones
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| Description | En momento históricos como el que vivimos, en el cual la desconfianza en las instituciones públicas y la duda acerca de los intereses que sirven los personeros públicos, es vital enfrentarnos al problema de la integridad pública y como este concepto engloba diversas acciones y elementos que no sólo apuntan a la probidad administrativa como un “deber actuar” dentro de la Administración del Estado, sino también a una cultura ética y política que brega contra la corrupción.
La integridad pública, como nos señala Francisco Aldunate en este libro, es más que una mirada al sector público y a sus funcionarios, es una mirada también al sector privado y a la sociedad en su conjunto y cómo nos relacionamos. Cuando entendemos que la corrupción es una enfermedad que puede nacer en cada uno de nosotros y que nos afecta a todos, como personas, como organizaciones, como sociedad y finalmente como país, entendemos la necesidad de definir e implementar acciones que no solo reaccionen a la corrupción, sino que sirvan dentro de un ecosistema de control y ética, para prevenir conductas corruptas.
PROBIDAD ADMINISTRATIVA / INTEGRIDAD PÚBLICA
PREVENCIÓN CONFLICTOS DE INTERÉS
PROTECCIÓN AL FUNCIONARIO DENUNCIANTE
FUNCIÓN PÚBLICA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
CAPÍTULO I
CONCEPTOS GENERALES
|
Autor: Críspulo Marmolejo González
Editorial: Thomson Reuters
Numero de Paginas: 222
Año de publicación: 2019
| Autores: Rodrigo Silva Montes - María Oriana Martínez Lavín Editorial: EJS Numero de Paginas: 506 Año de publicación: 2022 | Autor: Juan Carlos Flores Rivas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 352 Año de publicación: 2021 | Autor: Gabriel Celis Danzinger Editorial : Thomson Reuters Año de Publicación : 2022 Paginas :604 | Autor: Cristóbal Osorio Vargas Editorial: Der Ediciones Numero de Paginas: 690 Año de publicación: 2022 |
| Content | Autor: Francisco Javier Aldunate Ramos Editorial: Libromar Numero de Paginas: 620 Año de publicación: 2026 |
Descripción
Este libro se construye a partir del supuesto que el más importante insumo conceptual de los estudios sobre regulación económica viene dado por el Análisis Económico del Derecho. Se busca explorar el contenido de la alianza entre el derecho y la regulación económica, a partir de la idea de que dicha interacción fortalece la libertad económica, como un valor relevante para la democracia y el progreso de los pueblos. Ambos enfoques -en conjunto- son necesarios y útiles para lograr ese objetivo último. Una necesaria integración de ambas disciplinas contribuye a maximizar el bienestar individual y el de la sociedad en su conjunto. Esta integración abona la necesidad de desmontar la argumentación de que las economías más libres y prósperas suelen vivir cada vez más apartadas del Derecho. Un entramado de normas y entidades que regulen razonablemente las actividades económicas y custodien la libre competencia necesariamente expanden los beneficios de una economía de mercado.
Este texto pretende probar que es necesaria una perspectiva teórica de comprensión del modelo de agencias reguladoras en Chile; que ésta debe fundamentarse en la aplicación de algunas categorías conceptuales del Análisis Económico del Derecho al Derecho Administrativo; y que esta nueva configuración puede fortalecer una mejora en la calidad regulatoria y la obtención de un mejor equilibrio entre eficiencia de los mercados y bienestar de usuarios y consumidores. Se busca plantear y dar solución a problemas jurídicos que nacen a partir de las diversas configuraciones de entidades supervisoras y reguladoras de mercados. Se exploran esos diversos modelos con el objeto de contrastarlos con el modelo de superintendencias chilenas, dominante en la actual estructura jurídico-administrativa chilena.
Para tales efectos, se recurre a la determinación de conceptos jurídicos y económicos, algunos de los cuales se encuentran presentes en informes de organismos internacionales como la OECD. Para probar que es necesaria una nueva configuración del modelo de agencias reguladoras en Chile, se analiza su situación actual, explorando el modelo y régimen legal de los principales órganos reguladores económicos. Para probar que esta nueva configuración debe fundamentarse en la aplicación de algunas categorías conceptuales del Análisis Económico del Derecho al Derecho Administrativo, se examinarán los conceptos fundamentales propuestos en esta investigación y se contrastarán con el modo de comprensión del Derecho Regulatorio en Estados Unidos y Europa.
Críspulo Marmolejo González
| Migrar, es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales, en consecuencia, el proceso de inmigración tiene dos aspectos fundamentales para las personas: Tomar la decisión de irse y elegir el lugar donde instalarse. Chile ha mantenido a través de su historia la atracción para personas que buscan nuevas oportunidades y que han entregado su aporte al desarrollo de la tierra que los acogió. El 20 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.325, denominada Ley de Migración y Extranjería. Se trata de un intento de legislación orgánica del tema; deroga varios cuerpos legales y modifica otros tantos. Nuestra legislación, y esta ley en particular (Título XIII), también se ocupa de los chilenos en el exterior | Abre el presente libro el capítulo I que recoge el artículo “Licitación pública: ¿Es el procedimiento ordinario de contratación administrativa?”. En este artículo se trata de contestar la interrogante de si la licitación pública es el procedimiento general para formar la voluntad contractual del Estado o si las causales de licitación privada o el trato directo son lo suficientemente amplias para que el Estado puede eximirse de la licitación pública. Se arriba a la conclusión de que algunas de las causales de trato directo, en la forma que se encuentran reguladas, son demasiado amplias y que deben ser revisadas para impedir que se sorteen la licitación sin una motivación suficiente. En el capítulo II se pasa revista a los principios de la licitación pública. En primer lugar, se analiza el principio de libre concurrencia de los oferentes, el sistema de registro de los oferentes para limitar las ofertas temerarias y seleccionar la oferta más conveniente. A su vez, se analizan las prácticas atentatorias de la libre concurrencia, extraídas de la práctica administrativa y de la jurisprudencia administrativa. En segundo lugar, revisamos el principio de igualdad de los oferentes tanto al momento de selección del contratista como durante la ejecución del contrato administrativo. Finalmente, se analiza el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, sus límites y relación con otros principios de la licitación pública. En el capítulo III se analiza desde una visión crítica la inhabilidad regulada en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que impide contratar con el Estado a aquellas empresas que dentro de dos años anteriores a la presentación de sus ofertas hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Se analizan cómo las nuevas exigencias derivadas de la contratación administrativa estratégica, mediante la cual el Estado incorpora elementos exógenos para satisfacer necesidades tales como el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas licitantes o el respeto del medio ambiente, pueden generar impactos complejos en la contratación administrativa. En el capítulo IV relativo a las bases de licitación como medio de prueba en la litigación pública contractual, planteamos la tesis de que las bases de licitación no son el único medio de prueba válido para acreditar el sentido y alcance de las obligaciones contractuales, no obstante, su importancia. Esta tesis se funda en que generalmente la estructura y articulación de las bases de licitación es un rol que le corresponde íntegramente al Estado, que se puede convertir en un instrumento perverso para diagnosticar el cumplimiento o incumplimiento ocurrido durante la ejecución del contrato administrativo. En el capítulo V se estudia el principio de probidad administrativa en la fase de evaluación de ofertas de la licitación pública. Sustentamos que las licitaciones públicas deben regirse por el principio de buena fe, bajo la creencia objetiva de que sus miembros deben actuar con honradez y sujetos a una conducta recta, en el sentido de privilegiar el interés público sobre el privado al momento de seleccionar la oferta más conveniente para la satisfacción de la necesidad pública, quedando prohibida la incorporación de elementos o la omisión de requisitos no previstos ni en la ley ni en las bases de licitación, que puedan generar situaciones de privilegios entre los oferentes. En el capítulo VI se analiza el régimen jurídico que regula la contratación administrativa de las empresas públicas en nuestro Derecho Administrativo, en sus distintas etapas, a saber, licitación, ejecución y terminación. Específicamente, se analiza si los contratos suscritos por las distintas empresas públicas existentes en nuestro país se encuentran sometidas exclusivamente a “la legislación común aplicable a los particulares” o las empresas públicas en su actividad contractual deben respetar ciertas normas y principios del derecho administrativo, como cualquier órgano que integra la Administración Pública. El capítulo VII tiene por objeto analizar la tesis sustentada por la Contraloría General de la República y por la Corte Suprema, que afirman que las multas en los contratos administrativos ostentan la naturaleza de cláusulas penales de origen contractual, y cuya aplicación se canaliza a través de la simple ejecución de una cláusula contractual. | Indice El presente texto tiene por objeto una versión sistemática y actualizada sobre el denomina – do Derecho de Compras Públicas, referido particularmente a la categoría de los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, con especial énfasis en el régimen de la Ley Nº 19.886 y su Reglamento, sin excluir, la revisión de otros sistemas normativos de adquisiciones y servicios especiales para la Administración del Estado. El trabajo, privilegia un enfoque pragmático, profesional y forense, de manera que, el prisma de estudio se centra en una sistematización de la normativa legal y reglamentaria sobre compras públicas, adoptando un enfoque operativo, a la luz de los criterios adoptados por la jurisprudencia judicial, constitucional y administrativa, por lo que sus principales destina – tarios naturales son abogados y profesionales que participan en este tipo de contrataciones o brindan asesoría, dentro o fuera de la Administración Pública. Finalmente, cabe destacar que, a diferencia de otros trabajos anteriores, en esta oportunidad, el autor ha incursionado en la fase contractual o de ejecución del contrato de suministro y/o servicios, con especial hincapié, en el régimen sancionatorio y de aplicación de multas. | INDICE Incluye Ley Nº 21.180, sobre Transformación Digital del Estado En esta obra se enfocará en estudiar la Ley Nº 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Asimismo, examine el surgimiento del procedimiento administrativo electrónico a la luz de las modificaciones necesarias por la Ley Nº 21.180, y la adaptación del procedimiento administrativo al nuevo Estado digital. Así, es un libro sobre el Procedimiento Administrativo de tramitación de papel y digital. De esta forma, cobra especial relevancia en este estudio el análisis de los principios del procedimiento administrativo –y la irrupción de nuevos principios como son los de neutralidad tecnológica, de actualización, de equivalencia funcional, de fidelidad, de interoperabilidad y de cooperación–, las reglas comunes, el procedimiento propiamente tal y la institución del silencio administrativo. Se examinará no obstante el conjunto de reformas que se han introducido a dicho marco normativo en el proceso de digitalización del Estado que se concreta con la Ley Nº 21.180.Hasta la entrada completa en vigencia de las reformas de esta ley a todos los organismos de la Administración del Estado, lo que ocurrirá no obstante el 11 de noviembre de 2024, se hace indispensable examinar el procedimiento administrativo “predigitalización” y el “nuevo post digitalización” , en tanto la normativa aludida entra en vigencia. Asimismo, en el del procedimiento administrativo “nuevo post digitalización” se hace necesario aludir a normas que complementan el estudio de regulación de la Ley Nº 21.180, por un lado; el DFL Nº 1, de 6 de abril de 2021, |
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