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La presente obra aborda con rigurosidad y profundidad un fenómeno que, pese a su enorme relevancia, ha sido escasamente examinado en el debate jurídico nacional: la desvinculación obligatoria de funcionarios públicos por el solo cumplimiento de una determinada edad.

Desde la Constitución Política de 1980, distintas reformas han introducido límites etarios —generalmente fijados en 75 años— para el ejercicio de funciones en diversas autoridades, magistrados y auxiliares de la administración de justicia. Este proceso, inicialmente acotado a ciertos cargos, se ha ido expandiendo de manera constante durante las últimas décadas.
Su punto de mayor inflexión se produce con la dictación del artículo 90 de la ley N° 21.724 (3 de enero de 2025), que establece que, a partir del 1 de enero de 2027, cesarán en sus funciones todos los funcionarios públicos que cumplan los 75 años de edad, siempre que trabajen en organismos acogidos al sistema de incentivo al retiro.

Frente a este cambio estructural, los autores emprenden un estudio exhaustivo que combina historia constitucional, revisión legislativa, análisis de políticas públicas y estándares internacionales. El libro reconstruye, paso a paso, cómo se configuró el actual paradigma que vincula envejecimiento con pérdida de idoneidad, revelando la fragilidad empírica de sus supuestos y la expansión progresiva de un estereotipo institucionalizado.

A partir de un minucioso examen de textos constitucionales, leyes, antecedentes legislativos, jurisprudencia y documentos obtenidos mediante la Ley de Transparencia, esta obra permite comprender:

• La génesis del límite etario en la Comisión de Estudio de la Constitución de 1980, incluidas sus justificaciones iniciales —eficiencia, deterioro cognitivo y renovación de cargos—, todas insuficientemente acreditadas.

• La multiplicación normativa del límite de edad, que ha sido extendido a ministros de tribunales superiores, fiscales, contralores, consejeros del Estado, jueces tributarios y aduaneros, funcionarios del Servicio Exterior y numerosos demás cargos públicos.

• La evaluación constitucional del límite de edad, confrontándolo con la igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación, la carrera funcionaria y la estabilidad laboral.

• El examen del tema desde el derecho internacional, particularmente a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

• La inconsistencia del límite etario con las políticas públicas contemporáneas, especialmente en un país que envejece aceleradamente y que exige estrategias modernas de inclusión laboral para personas mayores.

La obra revela que la decisión de cesar funciones por edad —ajena a evaluaciones individuales y no acompañada de evidencia empírica robusta— constituye una política pública altamente cuestionable en términos de razonabilidad, proporcionalidad y coherencia con los compromisos internacionales del Estado.

Con cuatro capítulos y un índice temático que abarca antecedentes constitucionales, estándares internacionales, estudios comparados y análisis estadísticos, este libro se convierte en una herramienta imprescindible para:

• estudiosos del derecho público,

• legisladores y equipos técnicos,

• magistrados y funcionarios,

• organismos de control y fiscalización, y

• académicos y profesionales de políticas públicas interesados en el envejecimiento, la no discriminación y la función pública.

La expulsión de los viejos no es solo un estudio jurídico: es una invitación a repensar los principios que deben orientar la relación entre el Estado y sus trabajadores, y una interpelación directa a las instituciones para avanzar hacia políticas que respeten la dignidad, la igualdad y los derechos de las personas mayores.