El sumario sujeto a la ley karin – Sumarios vals
MANUAL PRÁCTICO SOBRE EL SUMARIO Y LA INVESTIGACIÓN SUMARIA POR ACOSO, DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA O VIOLENCIA, PROCEDIMIENTOS SUI GENERIS INTRODUCIDOS AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO POR LA LEY KARIN.
Esta obra está concebida para rendir homenaje a lo sencillo, lo claro y lo práctico, pero, para quienes se animen a profundizar, abre puertas al examen jurídico riguroso, la reflexión hermenéutica y la conexión con otros campos del Derecho.
En forma intensa se ha analizado el empleo de videos y mensajes de texto como elementos de prueba, ya que constituyen vehículos en que suele viajar el insulto y son la huella que a menudo dejan los requerimientos sexuales.
Este texto debe examinarse en estrecha vinculación a su hermano mayor, el "Manual práctico de sumarios e investigaciones sumarias a la luz de la Ley Karin", que aborda temas esenciales para los procedimientos disciplinarios como son las facultades investigativas del fiscal o instructor, los vicios que pueden afectar a estos procedimientos, el régimen de invalidación, las normas sobre sanciones disciplinarias, los recursos administrativos y el engarce con la acción judicial de tutela que contempla el Código del Trabajo, entre otras materias.
PRIMERA SECCIÓN EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS SUJETOS A LA LEY KARINIntroducción
Aspectos Generales
– ¿Deben ser los organismos públicos un espacio libre del acoso y la violencia?
– ¿A quién ampara este espacio libre del acoso y la violencia?
– ¿Quiénes pueden ser sancionados disciplinariamente en virtud de procedimientos sujetos a la Lay Karin?
– ¿La sospecha de qué infracciones es la que puede suscitar que se genere el inicio de un sumario o investigación sumaria por acoso, discriminación arbitraria o violencia?
– ¿Por qué el acoso sexual se prohíbe en el mismo precepto que la discriminación arbitraria?
– ¿Quién puede ser sancionado en un sumario o investigación sumaria por violencia en el trabajo, en que el precepto legal exige que el autor de los hechos carezca de calidad funcionaria?
– ¿Por qué la Ley Karin no introduce procedimientos especiales por acoso, discriminación arbitraria o violencia, sino que procedimientos sui generis?
– ¿Cómo llamar a los procedimientos disciplinarios sui géneris que introdujo la Ley Karin al Estatuto Administrativo?
Relaciones entre la ley Karin y el principio de probidad
– ¿Constituyen el acoso y la violencia en el trabajo infracciones especiales a la probidad administrativa?
– ¿Procede considerar a los trabajadores a honorarios, los estudiantes en práctica y los trabajadores de empresa proveedora como víctima de violencia, acoso sexual o laboral?
– ¿Procede considerar a los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo, los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador, como víctimas de violencia, acoso sexual o laboral?
– ¿La conexión con el principio de probidad importa que los acosos, discriminaciones arbitrarias y conductas que faciliten la violencia en el trabajo deben ser sancionadas con destitución si son de carácter grave a juicio de la autoridad superior de la institución?
– ¿Debe entonces calificarse de grave el acoso, la discriminación o la facilitación de la violencia para que proceda la destitución?
– ¿Constituye falta a la probidad realizar denunciar falsas o con ánimo deliberado de perjudicar al denunciante?
Los principios que rigen los procedimientos administrativos y en particular los procedimientos disciplinarios
– ¿Cuáles son los principios de nuestros procedimientos administrativos?
El principio de la perspectiva de género
– ¿Qué significa la expresión género?
– ¿Qué es la perspectiva de género y por qué debe incorporarse en todos los procedimientos disciplinarios?
– ¿En la historia de la ley cómo se llegó la redacción sobre la perspectiva de género en el inciso segundo del Código del Trabajo?
– ¿Qué reglas legales adicionales gobiernan la situación de la víctima en relación a la perspectiva de género?
– ¿Qué aplicaciones prácticas tiene el principio de perspectiva de género?
– ¿Puede emplearse la perspectiva de género como un prejuicio en contra del denunciado o denunciada?
– ¿La perspectiva de género tiene el poder de fortalecer la convicción probatoria?
Vigencia de la Ley Karin
– ¿Desde cuándo rige la Ley Karin?
– ¿Qué ocurre si la denuncia se presentó antes del uno de agosto de 2024?
– ¿Se aplica la Ley Karin a los hechos ocurridos antes del uno de agosto de 2024?
El inicio del sumario y la investigación sumaria por acoso o violencia por denuncia y el inicio de oficio
– ¿Qué reglas de forma debe cumplir la denuncia por acoso o violencia?
– ¿De qué manera denomina la ley a las denuncias que no cumplen los requisitos de forma?
– ¿Qué ocurre si la autoridad superior no declara que la denuncia debe tenerse por no presentada?
– ¿Qué la denuncia se tenga por presentada significa que se debe declarar admisible y debe dictarse la resolución de inicio de un procedimiento disciplinario por acoso o violencia?
– ¿Resulta obligatorio para los funcionarios realizar denuncia por acoso o violencia?
– ¿Puede iniciarse de oficio el sumario por acoso o violencia y la investigación sumaria sujeta a la Ley Karin?
La admisibilidad o inadmisibilidad de la denuncia
– ¿Puede declararse inadmisible una denuncia por vulneración de las prohibiciones contenidas en el artículo 84 letras l) o m) del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué plazo tiene la autoridad para declarar inadmisible la denuncia?
– ¿Es necesario que el funcionario reclamante ante la Contraloría General de la República de la decisión que declara inadmisible su denuncia haya seguido el protocolo para canalizar las denuncias existentes en su organismo público?
– ¿Procede crear en los organismos públicos cuerpos participativos denominados Comités de Evaluación de Denuncias de Acoso?
– ¿Qué jurisprudencia existe sobre reclamos que impugnan decisiones de la autoridad en orden a considerar inadmisible una denuncia que reprocha la vulneración a las prohibiciones de la letra l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué fundamentos puede tener la resolución que declara inadmisible la denuncia por vulneración de las prohibiciones contempladas en las letras l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué diferencia a las faltas al deber de cortesía o comportamientos incívicos de las conductas de acoso o violencia?
– ¿Qué explica el auge de la regulación de los comportamientos incívicos?
– ¿Qué ha dicho la jurisprudencia administrativa sobre los comportamientos incívicos?
– ¿Es posible que pese a declararse inadmisible la denuncia por vulneración de las prohibiciones contempladas en las letras l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo, se ordene el inicio de un procedimiento disciplinario diverso?
La indemnidad del denunciante
– ¿Qué regulación existe sobre la indemnidad del denunciante?
Denuncias cruzadas
– ¿Qué consejos prácticos existen sobre las denuncias cruzadas?
Tramitación del sumario sujeto a la Ley Karin
– ¿Quién debe ser designado fiscal en el sumario sujeto a la Ley Karin?
– ¿Cómo está regulada la exigencia de igual o mayor jerarquía del fiscal respecto del imputado y respecto del del denunciante?
– ¿Puede el fiscal del sumario sujeto a la Ley Karin ser funcionario de otra institución pública?
– ¿Qué derechos procedimentales tienen las víctimas en el sumario sujeto a la Ley Karin?
– ¿En caso de muerte de la víctima, pueden sus herederos ejercer los derechos procedimentales de la víctima?
– ¿Qué ocurre si el que muere es el funcionario denunciado?
– ¿Qué consecuencias prácticas arrancan de estos derechos procedimentales de la víctima?
– ¿Qué reglas atañen al denunciante y qué reglas apuntan a la víctima y a los afectados en el sumario sujeto a la Ley Karin?
– ¿Cómo surge la víctima que no es denunciante?
– ¿Qué ocurre si la víctima o la persona afectada por el acoso o la violencia no son funcionarios?
– ¿Puede el denunciante, la víctima o la persona afectada recusar al fiscal?
– ¿Debe el fiscal citar al denunciante, la víctima, si fuera una persona diversa y al afectado, durante la etapa indagatoria del sumario?
– ¿Qué actuaciones prácticas son aconsejables para el fiscal?
– ¿Cómo deben realizarse las notificaciones a los intervinientes?
– ¿Qué ocurre con las notificaciones realizadas a los intervinientes por simple correo electrónico?
– ¿Debe notificarse la resolución que provee los descargos y las observaciones al oficio de cargos, que abre el término probatorio, fija audiencias y ordena diligencias probatorias?
– ¿Está el fiscal obligado a realizar las diligencias probatorias solicitadas y a abrir término probatorio?
– ¿Es procedente citar a los testigos por correo electrónico?
– ¿Puede el fiscal encargar a la víctima o al denunciado la citación de sus respectivos testigos?
– ¿Pueden impugnarse las resoluciones del fiscal mediante el recurso de reposición contemplado en el art. 15 de la Ley 19.880?
– ¿Procede que el denunciante, la víctima y los afectados por los hechos infracciónales presenten recurso de reposición o de apelación en iguales condiciones que el inculpado?
– ¿En los hospitales autogestionados, si uno o más inculpados son funcionarios a contrata, qué ocurre con a la apelación subsidiaria del denunciante, víctima o afectado que no reviste calidad funcionaria?
– ¿Qué ocurre si el fiscal de un sumario que indaga infracciones administrativas comunes sospecha la vulneración de las prohibiciones contenidas en las letras l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué ocurre si el fiscal de un sumario sujeto a la Ley Karin sospecha otras infracciones administrativas no contempladas en las prohibiciones de las letras l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo?
Medidas de resguardo procedentes en los sumarios sujetos a la Ley Karin
– ¿Qué régimen tienen las medidas cautelares que deben instruirse en el sumario especial por acoso o violencia?
– ¿Cómo se denominan las medidas cautelares que pueden aplicar el fiscal en el sumario por acoso o violencia?
– ¿Qué medidas de resguardo pueden aplicarse en el sumario sujeto a la Ley Karin?
– ¿Qué ocurre si el protocolo preventivo sobre acoso y violencia en el trabajo no se ocupa de establecer medidas de resguardo o el fiscal define medidas de resguardo no contenidas en el protocolo ni autorizadas expresamente por la ley?
– ¿Pueden aplicarse medidas de resguardo respecto de la víctima o de otras personas involucradas?
– ¿Pueden disponerse medidas de resguardo para proteger a los testigos?
– ¿Hasta qué momento pueden permanecer vigentes las medidas de resguardo en el sumario por acoso o violencia?
– ¿Hasta qué punto la disposición de medidas cautelares resulta obligatoria para la fiscalía?
– ¿Pueden revisarse las medidas de resguardo?
– ¿Pueden disponerse medidas de resguardo para amparar a trabajadores a honorarios?
Medidas cautelares que en forma ajena a un procedimiento disciplinario adopta la autoridad superior de la institución
– ¿Es procedente que la autoridad institucional adopte medidas cautelares en forma ajena a un procedimiento disciplinario?
Consideraciones especiales sobre los elementos probatorios en los sumarios sujetos a la Ley Karin
– ¿Qué es la prueba ilícita?
– ¿Es licito grabar una reunión con el representante del empleador sin su autorización?
– ¿Es lícito grabar las conversaciones en que uno mismo interviene sin el consentimiento de las demás participantes?
– ¿Qué ocurre si se graba la ejecución de un hecho irregular en desarrollo?
– ¿Por qué son prueba lícita los registros obtenidos por las cámaras de vigilancia?
– ¿Por qué los mensajes de audio y escritos enviados mediante redes WhatsApp u otros sistemas de mensajería electrónica no configuran prueba ilícita si son entregados voluntariamente por los incumbentes?
– ¿Se aplica el mismo criterio si un video es aportado al sumario por alguno de los incumbentes?
– ¿Por qué es prueba ilícita la aportada por personas que no son parte de conversaciones de mensajería electrónica?
– ¿Qué ocurre con los mensajes electrónicos que terceros observan en computadores de uso común si ha quedado abierta alguna aplicación de mensajería?
– ¿Qué ocurre si se accede a los mensajes privados mediante medios electrónicos que vulneran la privacidad?
Reglas sobre toma de razón y registro
– ¿Cuáles son las reglas sobre toma de razón que la actual resolución 36 de 2024 de la Contraloría General de la República establece respecto de las resoluciones que inciden en procedimientos disciplinarios?
– ¿Qué norma especial sobre toma de razón rige respecto de los sumarios por acoso o violencia si el denunciado se encuentra dentro del primer nivel jerárquico?
– ¿Qué norma especial sobre toma de razón rige respecto de los sumarios por acoso o violencia si el denunciado tiene la calidad de director de una asociación de funcionarios?
– ¿Cuáles son las reglas sobre registro que la actual resolución 36 de 2024 de la Contraloría General de la República establece respecto de las resoluciones que inciden en procedimientos disciplinarios?
– ¿Qué innovación en materia de registro respecto de las resoluciones que inciden en procedimientos disciplinarios incorporará la Resolución 3 de 2026 de la Contraloría General de la República a partir del 1 de junio de 2026?
El reclamo de ilegalidad en el sumario sujeto a la Ley Karin
– ¿Qué es el reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República y en qué varía respecto del sumario general?
– ¿Qué ocurre respecto al reclamo de ilegalidad si la autoridad declara inadmisible la denuncia?
– ¿Qué ocurre respecto del reclamo de ilegalidad si la autoridad dispone el sobreseimiento en los sumarios por acoso o violencia?
– ¿Qué ocurre con el reclamo de ilegalidad si la autoridad dispone la absolución o impone cualquier sanción en los sumarios por acoso o violencia?
– ¿En los sumarios por acoso o violencia, qué plazo tiene el denunciante para deducir el reclamo que regula el art. 160 del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué plazo tiene el sancionado para reclamar de la medida disciplinaria impuesta por acto de término?
– ¿Cuál es la regulación actual del reclamo de ilegalidad en la jurisprudencia administrativa?
- Antecedentes
- Regla general de improcedencia del reclamo de ilegalidad si el sumario está pendiente
- Procedencia del reclamo de ilegalidad si el procedimiento disciplinario está afinado
- Situación excepcional respecto al reclamo de ilegalidad si el acto de término se encuentra afecto al trámite de toma de razón
– ¿En los sumarios sujetos a la Ley Karin, debe notificarse al denunciante y en su caso a la víctima y personas afectadas, el acto de término en forma previa a la toma de razón?
– ¿Qué ocurre si el acto de término es exento del trámite de razón?
La colaboración eficaz en el sumario general y en el sumario sujeto a la Ley Karin
– ¿En qué consiste la atenuante de colaboración eficaz?
– ¿En qué consiste la colaboración eficaz como figura general de nuestro derecho disciplinario, que disminuye respecto de quienes se autodenuncien el plazo de inhabilitación para reincorporarse a la Administración del Estado?
– ¿En qué consiste la figura de la colaboración eficaz en lo que concierne a la eximición del plazo de inhabilidad para reincorporarse a la Administración del Estado?
– ¿Importa una limitación para la eximición del plazo de reincorporación, la expresión “considerando lo señalado en el inciso anterior”, contenida en el inciso final del artículo 121 del Estatuto Administrativo?
– ¿Por qué no es procedente la figura de la colaboración efectiva especial del artículo 121 inciso final del Estatuto Administrativo como factor de eximición del plazo de inhabilidad en los sumarios por acoso sexual o discriminación arbitraria?
– ¿Es aplicable la figura general de colaboración eficaz del artículo 121 del Estatuto Administrativo como factor de disminución del plazo de inhabilidad para reincorporarse a la Administración del Estado en los sumarios por acoso sexual o discriminación arbitraria?
Sanciones procedentes en los sumarios sujetos a la Ley Karin
– ¿Qué sanciones pueden aplicarse en los sumarios sujetos a la Ley Karin?
El principio de tipicidad no resulta aplicable en nuestro derecho disciplinario
– ¿Qué ocurre con el principio de tipicidad en nuestro derecho disciplinario?
La investigación sumaria sujeta a la Ley Karin
– ¿Es procedente que las indagaciones de vulneraciones a las prohibiciones contempladas en las letras l) y m) del artículo 84 del Estatuto Administrativo se sustancien mediante una investigación sumaria?
– ¿Puede el instructor de una investigación sumaria sujeta a la Ley Karin disponer medidas de resguardo y formular cargos?
– ¿Qué ocurre con la confidencialidad en la investigación sumaria sujeta a la Ley Karin?
Reglas sobre control de avance en los procedimientos sujetos a la ley Karin
– ¿Qué reglas especiales de control de avance de los procedimientos incorporó la Ley Karin?
Regla legal relativa al protocolo preventivo sobre acoso y violencia en el trabajo que debe existir en los organismos públicos
– ¿Cómo debe ser el protocolo preventivo sobre acoso y violencia en el trabajo que debe existir en los organismos públicos?
La Ley Karin respecto de los servidores municipales
– ¿Cuál es el régimen del sumario por acoso, discriminación arbitraria o violencia en el Estatuto Administrativo Municipal?
– ¿Cuál es la excepción relativa a las denuncias por acoso o violencia que afecten en calidad de denunciado o denunciante al Alcalde, concejales o a las jefaturas que dependen directamente del Alcalde?
– ¿Es procedente que el alcalde ordene medidas preventivas o de resguardo respecto a jefaturas de su dependencia directa?
Situación de los servidores públicos contratados a honorarios o contratados conforme al Código del Trabajo respecto a la Ley Karin
– ¿Es procedente la denuncia por vulneración por acoso, discriminación arbitraria o violencia emanada de un trabajador a honorarios, y, proceden a su respecto medidas de resguardo?
– ¿Cuál es el procedimiento aplicable a los trabajadores a honorarios para investigar denuncias en su contra por acoso o violencia en el trabajo?
– ¿Cuál es el procedimiento aplicable a los servidores públicos sujetos al Código del Trabajo para hacer exigible su responsabilidad disciplinaria por acoso, discriminación arbitraria o violencia?
– ¿Qué sanción procede aplicar a los servidores públicos sujetos al régimen del Código del Trabajo y condenados disciplinariamente por acoso, discriminación arbitraria o violencia en el trabajo?
SEGUNDA SECCIÓN MODELOS
Actuaciones del Fiscal
– Aceptación de nombramiento como fiscal y designación de actuario
– Designación de nuevo actuario por ausencia del titular
– Oficio del fiscal comunicando deber de abstención y manifestando implicancia
– Oficio del fiscal rechazando nombramiento por falta de competencias que exige la ley
– Oficio de fiscal manifestando implicancia por causal sobreviniente
– Oficio de fiscal solicitando cambio de fiscal por exceso de carga laboral
– Oficio de fiscal solicitando cambio de fiscal por licencia médica o descanso maternal
– Oficio del fiscal requiriendo antecedentes laborales
– Oficio del fiscal requiriendo filmaciones de cámaras de seguridad
– Oficio del fiscal requiriendo copia de reclamos de usuarios externos en contra de funcionario que indica
– Comunica calidad de inculpado a funcionario ausente y lo habilita para realizar presentaciones digitales
– Citación a declarar en calidad de testigo
– Primera citación a declarar en calidad de inculpado
– Oficio requiriendo responder cuestionario en calidad de inculpado
– Citación a prestar declaración en calidad de testigo mediante videoconferencia
– Primera citación a prestar declaración en calidad de inculpado mediante videoconferencia
– Primera declaración del denunciante en etapa indagatoria
– Primera declaración de la víctima diversa del denunciante o de la persona afectada
– Declaración de testigo en etapa indagatoria
– Declaración de inculpado en etapa indagatoria que se presenta con asistencia de abogado
– Declaración de inculpado en etapa indagatoria que se presenta sin asistencia de abogado
– Acta de transcripción de entrevista grabada
– Acta de notificación personal
– Acta de notificación personal presencial mediante videoconferencia
– Certificados de búsquedas frustradas
– Certificación de envío de carta certificada a través de la Empresa de Correos de Chile
– Acta de notificación de presunta víctima que se presenta voluntariamente solicitando notificarse de los cargos, prórroga y copias
– Certificado de búsquedas frustradas y de remisión de carta certificada
– Fiscalía dispone suspensión preventiva
– Fiscalía dispone destinación transitoria
– Fiscalía dispone medidas de resguardo respecto de la persona denunciante consistentes en atención psicológica temprana y separación de espacios físicos
– Fiscalía dispone medida de resguardo respecto de la persona denunciante en base al protocolo interno de la institución
– Fiscalía dispone medida de resguardo respecto del denunciado
– Acta de entrega y cotejo de archivos de audio y video
– Acta de cotejo y transcripción del audio contenido en archivos incorporados al proceso, guardados en pendrive que se adosó al acta de fojas
– Resolución de cierre de la etapa indagatoria
– Informe solicitando cambio de fiscal por falta de jerarquía luego del cierre de la etapa indagatoria
– Informe proponiendo el sobreseimiento por falta de mérito para formular cargos
– Informe en el que fiscalía propone la desacumulación de la arista del procedimiento que afecta a funcionario de jerarquía superior
– Oficio de cargos en sumario por acoso laboral
– Oficio de cargos en sumario por violencia en el trabajo
– Oficio de cargos en sumario por acoso sexual
– Resolución que provee descargos y observaciones a los cargos
– Resolución que provee reclamo por vicios del procedimiento y descargos
– Oficio de reformulación de cargos
– Declaración durante el término probatorio de testigo presentado por alguno de los intervinientes
– Minuta para prueba testimonial de la defensa mediante videoconferencia plena o híbrida
– Vista fiscal con propuesta de destitución en que ninguno de los intervinientes reclama vicios del procedimiento
– Vista fiscal en que se aplica la figura de la colaboración eficaz para eximición de la inhabilidad de ingreso a la administración del estado en caso de acoso laboral
– Vista fiscal en que los descargos reclaman vicios del procedimiento
– Oficio conductor que remite el expediente a la jefatura de la institución
Actuaciones del denunciante, de la víctima diversa del denunciante, del afectado y del inculpado
– Recusación en contra del fiscal dentro de plazo de apercibimiento
– Reclamo de cualquier involucrado en el proceso por vulneración de la normativa respecto de abstención sobreviniente
– Recusación deducida por persona afectada por los hechos infraccionales investigados
– Poder para abogado suscrito con firma electrónica
– Abogado acompaña el mandato que acredita su personería
– Solicita dar curso progresivo al procedimiento
– Solicita cambio de fiscal por grave infracción al principio de celeridad
– Solicita diligencias dentro de la etapa indagatoria
– Solicitud de prórroga y copia de expediente por parte del sumariado
– Solicita prórroga y copia del expediente por parte del denunciante, la víctima diversa del denunciante o los demás afectados
– Descargos en procedimiento disciplinario por acoso laboral o sexual
– El denunciante, la víctima u otro afectado, presenta observaciones a los cargos
– Observaciones a los cargos requiriendo su reformulación
– Recurso de reposición y en subsidio de apelación del inculpado
– Recurso de reposición y en subsidio de apelación del denunciante, la víctima si fuere una persona diversa o el afectado
– Reclamo de ilegalidad del art. 160 del estatuto administrativo, deducido por el inculpado
– Reclamo de ilegalidad del art. 160 del estatuto administrativo, deducido por el denunciante
Algunas resoluciones de la autoridad
– Resolución que ordena el inicio de sumario sujeto a la Ley Karin
– Resolución que declara inadmisible la denuncia por acoso sexual, discriminación arbitraria, acoso laboral o violencia en el trabajo
– Medida cautelar dispuesta en virtud del art. 13 inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado por la jefatura superior de la institución en forma previa al inicio del sumario
– Resolución que rechaza recusación
– Resolución que ordena nuevas diligencias con posterioridad a la vista fiscal
– Resolución que rechaza recursos de apelación subsidiarios
– Acto de término en sumario Ley Karin no sujeto a toma de razón
– Acto de término en sumario Ley Karin afecto a toma de razón
TERCERA SECCIÓN CONVENCIONES INTERNACIONALES
– Convenio 190 de 2019 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso
– Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, llamada coloquialmente “Convención de Belem do Pará”
El sumario sujeto a la ley karin – Sumarios vals
MANUAL PRÁCTICO SOBRE EL SUMARIO Y LA INVESTIGACIÓN SUMARIA POR ACOSO, DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA O VIOLENCIA, PROCEDIMIENTOS SUI GENERIS INTRODUCIDOS AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO POR LA LEY KARIN.
Esta obra está concebida para rendir homenaje a lo sencillo, lo claro y lo práctico, pero, para quienes se animen a profundizar, abre puertas al examen jurídico riguroso, la reflexión hermenéutica y la conexión con otros campos del Derecho.
En forma intensa se ha analizado el empleo de videos y mensajes de texto como elementos de prueba, ya que constituyen vehículos en que suele viajar el insulto y son la huella que a menudo dejan los requerimientos sexuales.
Este texto debe examinarse en estrecha vinculación a su hermano mayor, el "Manual práctico de sumarios e investigaciones sumarias a la luz de la Ley Karin", que aborda temas esenciales para los procedimientos disciplinarios como son las facultades investigativas del fiscal o instructor, los vicios que pueden afectar a estos procedimientos, el régimen de invalidación, las normas sobre sanciones disciplinarias, los recursos administrativos y el engarce con la acción judicial de tutela que contempla el Código del Trabajo, entre otras materias.
PRIMERA SECCIÓN EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS SUJETOS A LA LEY KARINIntroducción
Aspectos Generales
– ¿Deben ser los organismos públicos un espacio libre del acoso y la violencia?
– ¿A quién ampara este espacio libre del acoso y la violencia?
– ¿Quiénes pueden ser sancionados disciplinariamente en virtud de procedimientos sujetos a la Lay Karin?
– ¿La sospecha de qué infracciones es la que puede suscitar que se genere el inicio de un sumario o investigación sumaria por acoso, discriminación arbitraria o violencia?
– ¿Por qué el acoso sexual se prohíbe en el mismo precepto que la discriminación arbitraria?
– ¿Quién puede ser sancionado en un sumario o investigación sumaria por violencia en el trabajo, en que el precepto legal exige que el autor de los hechos carezca de calidad funcionaria?
– ¿Por qué la Ley Karin no introduce procedimientos especiales por acoso, discriminación arbitraria o violencia, sino que procedimientos sui generis?
– ¿Cómo llamar a los procedimientos disciplinarios sui géneris que introdujo la Ley Karin al Estatuto Administrativo?
Relaciones entre la ley Karin y el principio de probidad
– ¿Constituyen el acoso y la violencia en el trabajo infracciones especiales a la probidad administrativa?
– ¿Procede considerar a los trabajadores a honorarios, los estudiantes en práctica y los trabajadores de empresa proveedora como víctima de violencia, acoso sexual o laboral?
– ¿Procede considerar a los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo, los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador, como víctimas de violencia, acoso sexual o laboral?
– ¿La conexión con el principio de probidad importa que los acosos, discriminaciones arbitrarias y conductas que faciliten la violencia en el trabajo deben ser sancionadas con destitución si son de carácter grave a juicio de la autoridad superior de la institución?
– ¿Debe entonces calificarse de grave el acoso, la discriminación o la facilitación de la violencia para que proceda la destitución?
– ¿Constituye falta a la probidad realizar denunciar falsas o con ánimo deliberado de perjudicar al denunciante?
Los principios que rigen los procedimientos administrativos y en particular los procedimientos disciplinarios
– ¿Cuáles son los principios de nuestros procedimientos administrativos?
El principio de la perspectiva de género
– ¿Qué significa la expresión género?
– ¿Qué es la perspectiva de género y por qué debe incorporarse en todos los procedimientos disciplinarios?
– ¿En la historia de la ley cómo se llegó la redacción sobre la perspectiva de género en el inciso segundo del Código del Trabajo?
– ¿Qué reglas legales adicionales gobiernan la situación de la víctima en relación a la perspectiva de género?
– ¿Qué aplicaciones prácticas tiene el principio de perspectiva de género?
– ¿Puede emplearse la perspectiva de género como un prejuicio en contra del denunciado o denunciada?
– ¿La perspectiva de género tiene el poder de fortalecer la convicción probatoria?
Vigencia de la Ley Karin
– ¿Desde cuándo rige la Ley Karin?
– ¿Qué ocurre si la denuncia se presentó antes del uno de agosto de 2024?
– ¿Se aplica la Ley Karin a los hechos ocurridos antes del uno de agosto de 2024?
El inicio del sumario y la investigación sumaria por acoso o violencia por denuncia y el inicio de oficio
– ¿Qué reglas de forma debe cumplir la denuncia por acoso o violencia?
– ¿De qué manera denomina la ley a las denuncias que no cumplen los requisitos de forma?
– ¿Qué ocurre si la autoridad superior no declara que la denuncia debe tenerse por no presentada?
– ¿Qué la denuncia se tenga por presentada significa que se debe declarar admisible y debe dictarse la resolución de inicio de un procedimiento disciplinario por acoso o violencia?
– ¿Resulta obligatorio para los funcionarios realizar denuncia por acoso o violencia?
– ¿Puede iniciarse de oficio el sumario por acoso o violencia y la investigación sumaria sujeta a la Ley Karin?
La admisibilidad o inadmisibilidad de la denuncia
– ¿Puede declararse inadmisible una denuncia por vulneración de las prohibiciones contenidas en el artículo 84 letras l) o m) del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué plazo tiene la autoridad para declarar inadmisible la denuncia?
– ¿Es necesario que el funcionario reclamante ante la Contraloría General de la República de la decisión que declara inadmisible su denuncia haya seguido el protocolo para canalizar las denuncias existentes en su organismo público?
– ¿Procede crear en los organismos públicos cuerpos participativos denominados Comités de Evaluación de Denuncias de Acoso?
– ¿Qué jurisprudencia existe sobre reclamos que impugnan decisiones de la autoridad en orden a considerar inadmisible una denuncia que reprocha la vulneración a las prohibiciones de la letra l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué fundamentos puede tener la resolución que declara inadmisible la denuncia por vulneración de las prohibiciones contempladas en las letras l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué diferencia a las faltas al deber de cortesía o comportamientos incívicos de las conductas de acoso o violencia?
– ¿Qué explica el auge de la regulación de los comportamientos incívicos?
– ¿Qué ha dicho la jurisprudencia administrativa sobre los comportamientos incívicos?
– ¿Es posible que pese a declararse inadmisible la denuncia por vulneración de las prohibiciones contempladas en las letras l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo, se ordene el inicio de un procedimiento disciplinario diverso?
La indemnidad del denunciante
– ¿Qué regulación existe sobre la indemnidad del denunciante?
Denuncias cruzadas
– ¿Qué consejos prácticos existen sobre las denuncias cruzadas?
Tramitación del sumario sujeto a la Ley Karin
– ¿Quién debe ser designado fiscal en el sumario sujeto a la Ley Karin?
– ¿Cómo está regulada la exigencia de igual o mayor jerarquía del fiscal respecto del imputado y respecto del del denunciante?
– ¿Puede el fiscal del sumario sujeto a la Ley Karin ser funcionario de otra institución pública?
– ¿Qué derechos procedimentales tienen las víctimas en el sumario sujeto a la Ley Karin?
– ¿En caso de muerte de la víctima, pueden sus herederos ejercer los derechos procedimentales de la víctima?
– ¿Qué ocurre si el que muere es el funcionario denunciado?
– ¿Qué consecuencias prácticas arrancan de estos derechos procedimentales de la víctima?
– ¿Qué reglas atañen al denunciante y qué reglas apuntan a la víctima y a los afectados en el sumario sujeto a la Ley Karin?
– ¿Cómo surge la víctima que no es denunciante?
– ¿Qué ocurre si la víctima o la persona afectada por el acoso o la violencia no son funcionarios?
– ¿Puede el denunciante, la víctima o la persona afectada recusar al fiscal?
– ¿Debe el fiscal citar al denunciante, la víctima, si fuera una persona diversa y al afectado, durante la etapa indagatoria del sumario?
– ¿Qué actuaciones prácticas son aconsejables para el fiscal?
– ¿Cómo deben realizarse las notificaciones a los intervinientes?
– ¿Qué ocurre con las notificaciones realizadas a los intervinientes por simple correo electrónico?
– ¿Debe notificarse la resolución que provee los descargos y las observaciones al oficio de cargos, que abre el término probatorio, fija audiencias y ordena diligencias probatorias?
– ¿Está el fiscal obligado a realizar las diligencias probatorias solicitadas y a abrir término probatorio?
– ¿Es procedente citar a los testigos por correo electrónico?
– ¿Puede el fiscal encargar a la víctima o al denunciado la citación de sus respectivos testigos?
– ¿Pueden impugnarse las resoluciones del fiscal mediante el recurso de reposición contemplado en el art. 15 de la Ley 19.880?
– ¿Procede que el denunciante, la víctima y los afectados por los hechos infracciónales presenten recurso de reposición o de apelación en iguales condiciones que el inculpado?
– ¿En los hospitales autogestionados, si uno o más inculpados son funcionarios a contrata, qué ocurre con a la apelación subsidiaria del denunciante, víctima o afectado que no reviste calidad funcionaria?
– ¿Qué ocurre si el fiscal de un sumario que indaga infracciones administrativas comunes sospecha la vulneración de las prohibiciones contenidas en las letras l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué ocurre si el fiscal de un sumario sujeto a la Ley Karin sospecha otras infracciones administrativas no contempladas en las prohibiciones de las letras l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo?
Medidas de resguardo procedentes en los sumarios sujetos a la Ley Karin
– ¿Qué régimen tienen las medidas cautelares que deben instruirse en el sumario especial por acoso o violencia?
– ¿Cómo se denominan las medidas cautelares que pueden aplicar el fiscal en el sumario por acoso o violencia?
– ¿Qué medidas de resguardo pueden aplicarse en el sumario sujeto a la Ley Karin?
– ¿Qué ocurre si el protocolo preventivo sobre acoso y violencia en el trabajo no se ocupa de establecer medidas de resguardo o el fiscal define medidas de resguardo no contenidas en el protocolo ni autorizadas expresamente por la ley?
– ¿Pueden aplicarse medidas de resguardo respecto de la víctima o de otras personas involucradas?
– ¿Pueden disponerse medidas de resguardo para proteger a los testigos?
– ¿Hasta qué momento pueden permanecer vigentes las medidas de resguardo en el sumario por acoso o violencia?
– ¿Hasta qué punto la disposición de medidas cautelares resulta obligatoria para la fiscalía?
– ¿Pueden revisarse las medidas de resguardo?
– ¿Pueden disponerse medidas de resguardo para amparar a trabajadores a honorarios?
Medidas cautelares que en forma ajena a un procedimiento disciplinario adopta la autoridad superior de la institución
– ¿Es procedente que la autoridad institucional adopte medidas cautelares en forma ajena a un procedimiento disciplinario?
Consideraciones especiales sobre los elementos probatorios en los sumarios sujetos a la Ley Karin
– ¿Qué es la prueba ilícita?
– ¿Es licito grabar una reunión con el representante del empleador sin su autorización?
– ¿Es lícito grabar las conversaciones en que uno mismo interviene sin el consentimiento de las demás participantes?
– ¿Qué ocurre si se graba la ejecución de un hecho irregular en desarrollo?
– ¿Por qué son prueba lícita los registros obtenidos por las cámaras de vigilancia?
– ¿Por qué los mensajes de audio y escritos enviados mediante redes WhatsApp u otros sistemas de mensajería electrónica no configuran prueba ilícita si son entregados voluntariamente por los incumbentes?
– ¿Se aplica el mismo criterio si un video es aportado al sumario por alguno de los incumbentes?
– ¿Por qué es prueba ilícita la aportada por personas que no son parte de conversaciones de mensajería electrónica?
– ¿Qué ocurre con los mensajes electrónicos que terceros observan en computadores de uso común si ha quedado abierta alguna aplicación de mensajería?
– ¿Qué ocurre si se accede a los mensajes privados mediante medios electrónicos que vulneran la privacidad?
Reglas sobre toma de razón y registro
– ¿Cuáles son las reglas sobre toma de razón que la actual resolución 36 de 2024 de la Contraloría General de la República establece respecto de las resoluciones que inciden en procedimientos disciplinarios?
– ¿Qué norma especial sobre toma de razón rige respecto de los sumarios por acoso o violencia si el denunciado se encuentra dentro del primer nivel jerárquico?
– ¿Qué norma especial sobre toma de razón rige respecto de los sumarios por acoso o violencia si el denunciado tiene la calidad de director de una asociación de funcionarios?
– ¿Cuáles son las reglas sobre registro que la actual resolución 36 de 2024 de la Contraloría General de la República establece respecto de las resoluciones que inciden en procedimientos disciplinarios?
– ¿Qué innovación en materia de registro respecto de las resoluciones que inciden en procedimientos disciplinarios incorporará la Resolución 3 de 2026 de la Contraloría General de la República a partir del 1 de junio de 2026?
El reclamo de ilegalidad en el sumario sujeto a la Ley Karin
– ¿Qué es el reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República y en qué varía respecto del sumario general?
– ¿Qué ocurre respecto al reclamo de ilegalidad si la autoridad declara inadmisible la denuncia?
– ¿Qué ocurre respecto del reclamo de ilegalidad si la autoridad dispone el sobreseimiento en los sumarios por acoso o violencia?
– ¿Qué ocurre con el reclamo de ilegalidad si la autoridad dispone la absolución o impone cualquier sanción en los sumarios por acoso o violencia?
– ¿En los sumarios por acoso o violencia, qué plazo tiene el denunciante para deducir el reclamo que regula el art. 160 del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué plazo tiene el sancionado para reclamar de la medida disciplinaria impuesta por acto de término?
– ¿Cuál es la regulación actual del reclamo de ilegalidad en la jurisprudencia administrativa?
- Antecedentes
- Regla general de improcedencia del reclamo de ilegalidad si el sumario está pendiente
- Procedencia del reclamo de ilegalidad si el procedimiento disciplinario está afinado
- Situación excepcional respecto al reclamo de ilegalidad si el acto de término se encuentra afecto al trámite de toma de razón
– ¿En los sumarios sujetos a la Ley Karin, debe notificarse al denunciante y en su caso a la víctima y personas afectadas, el acto de término en forma previa a la toma de razón?
– ¿Qué ocurre si el acto de término es exento del trámite de razón?
La colaboración eficaz en el sumario general y en el sumario sujeto a la Ley Karin
– ¿En qué consiste la atenuante de colaboración eficaz?
– ¿En qué consiste la colaboración eficaz como figura general de nuestro derecho disciplinario, que disminuye respecto de quienes se autodenuncien el plazo de inhabilitación para reincorporarse a la Administración del Estado?
– ¿En qué consiste la figura de la colaboración eficaz en lo que concierne a la eximición del plazo de inhabilidad para reincorporarse a la Administración del Estado?
– ¿Importa una limitación para la eximición del plazo de reincorporación, la expresión “considerando lo señalado en el inciso anterior”, contenida en el inciso final del artículo 121 del Estatuto Administrativo?
– ¿Por qué no es procedente la figura de la colaboración efectiva especial del artículo 121 inciso final del Estatuto Administrativo como factor de eximición del plazo de inhabilidad en los sumarios por acoso sexual o discriminación arbitraria?
– ¿Es aplicable la figura general de colaboración eficaz del artículo 121 del Estatuto Administrativo como factor de disminución del plazo de inhabilidad para reincorporarse a la Administración del Estado en los sumarios por acoso sexual o discriminación arbitraria?
Sanciones procedentes en los sumarios sujetos a la Ley Karin
– ¿Qué sanciones pueden aplicarse en los sumarios sujetos a la Ley Karin?
El principio de tipicidad no resulta aplicable en nuestro derecho disciplinario
– ¿Qué ocurre con el principio de tipicidad en nuestro derecho disciplinario?
La investigación sumaria sujeta a la Ley Karin
– ¿Es procedente que las indagaciones de vulneraciones a las prohibiciones contempladas en las letras l) y m) del artículo 84 del Estatuto Administrativo se sustancien mediante una investigación sumaria?
– ¿Puede el instructor de una investigación sumaria sujeta a la Ley Karin disponer medidas de resguardo y formular cargos?
– ¿Qué ocurre con la confidencialidad en la investigación sumaria sujeta a la Ley Karin?
Reglas sobre control de avance en los procedimientos sujetos a la ley Karin
– ¿Qué reglas especiales de control de avance de los procedimientos incorporó la Ley Karin?
Regla legal relativa al protocolo preventivo sobre acoso y violencia en el trabajo que debe existir en los organismos públicos
– ¿Cómo debe ser el protocolo preventivo sobre acoso y violencia en el trabajo que debe existir en los organismos públicos?
La Ley Karin respecto de los servidores municipales
– ¿Cuál es el régimen del sumario por acoso, discriminación arbitraria o violencia en el Estatuto Administrativo Municipal?
– ¿Cuál es la excepción relativa a las denuncias por acoso o violencia que afecten en calidad de denunciado o denunciante al Alcalde, concejales o a las jefaturas que dependen directamente del Alcalde?
– ¿Es procedente que el alcalde ordene medidas preventivas o de resguardo respecto a jefaturas de su dependencia directa?
Situación de los servidores públicos contratados a honorarios o contratados conforme al Código del Trabajo respecto a la Ley Karin
– ¿Es procedente la denuncia por vulneración por acoso, discriminación arbitraria o violencia emanada de un trabajador a honorarios, y, proceden a su respecto medidas de resguardo?
– ¿Cuál es el procedimiento aplicable a los trabajadores a honorarios para investigar denuncias en su contra por acoso o violencia en el trabajo?
– ¿Cuál es el procedimiento aplicable a los servidores públicos sujetos al Código del Trabajo para hacer exigible su responsabilidad disciplinaria por acoso, discriminación arbitraria o violencia?
– ¿Qué sanción procede aplicar a los servidores públicos sujetos al régimen del Código del Trabajo y condenados disciplinariamente por acoso, discriminación arbitraria o violencia en el trabajo?
SEGUNDA SECCIÓN MODELOS
Actuaciones del Fiscal
– Aceptación de nombramiento como fiscal y designación de actuario
– Designación de nuevo actuario por ausencia del titular
– Oficio del fiscal comunicando deber de abstención y manifestando implicancia
– Oficio del fiscal rechazando nombramiento por falta de competencias que exige la ley
– Oficio de fiscal manifestando implicancia por causal sobreviniente
– Oficio de fiscal solicitando cambio de fiscal por exceso de carga laboral
– Oficio de fiscal solicitando cambio de fiscal por licencia médica o descanso maternal
– Oficio del fiscal requiriendo antecedentes laborales
– Oficio del fiscal requiriendo filmaciones de cámaras de seguridad
– Oficio del fiscal requiriendo copia de reclamos de usuarios externos en contra de funcionario que indica
– Comunica calidad de inculpado a funcionario ausente y lo habilita para realizar presentaciones digitales
– Citación a declarar en calidad de testigo
– Primera citación a declarar en calidad de inculpado
– Oficio requiriendo responder cuestionario en calidad de inculpado
– Citación a prestar declaración en calidad de testigo mediante videoconferencia
– Primera citación a prestar declaración en calidad de inculpado mediante videoconferencia
– Primera declaración del denunciante en etapa indagatoria
– Primera declaración de la víctima diversa del denunciante o de la persona afectada
– Declaración de testigo en etapa indagatoria
– Declaración de inculpado en etapa indagatoria que se presenta con asistencia de abogado
– Declaración de inculpado en etapa indagatoria que se presenta sin asistencia de abogado
– Acta de transcripción de entrevista grabada
– Acta de notificación personal
– Acta de notificación personal presencial mediante videoconferencia
– Certificados de búsquedas frustradas
– Certificación de envío de carta certificada a través de la Empresa de Correos de Chile
– Acta de notificación de presunta víctima que se presenta voluntariamente solicitando notificarse de los cargos, prórroga y copias
– Certificado de búsquedas frustradas y de remisión de carta certificada
– Fiscalía dispone suspensión preventiva
– Fiscalía dispone destinación transitoria
– Fiscalía dispone medidas de resguardo respecto de la persona denunciante consistentes en atención psicológica temprana y separación de espacios físicos
– Fiscalía dispone medida de resguardo respecto de la persona denunciante en base al protocolo interno de la institución
– Fiscalía dispone medida de resguardo respecto del denunciado
– Acta de entrega y cotejo de archivos de audio y video
– Acta de cotejo y transcripción del audio contenido en archivos incorporados al proceso, guardados en pendrive que se adosó al acta de fojas
– Resolución de cierre de la etapa indagatoria
– Informe solicitando cambio de fiscal por falta de jerarquía luego del cierre de la etapa indagatoria
– Informe proponiendo el sobreseimiento por falta de mérito para formular cargos
– Informe en el que fiscalía propone la desacumulación de la arista del procedimiento que afecta a funcionario de jerarquía superior
– Oficio de cargos en sumario por acoso laboral
– Oficio de cargos en sumario por violencia en el trabajo
– Oficio de cargos en sumario por acoso sexual
– Resolución que provee descargos y observaciones a los cargos
– Resolución que provee reclamo por vicios del procedimiento y descargos
– Oficio de reformulación de cargos
– Declaración durante el término probatorio de testigo presentado por alguno de los intervinientes
– Minuta para prueba testimonial de la defensa mediante videoconferencia plena o híbrida
– Vista fiscal con propuesta de destitución en que ninguno de los intervinientes reclama vicios del procedimiento
– Vista fiscal en que se aplica la figura de la colaboración eficaz para eximición de la inhabilidad de ingreso a la administración del estado en caso de acoso laboral
– Vista fiscal en que los descargos reclaman vicios del procedimiento
– Oficio conductor que remite el expediente a la jefatura de la institución
Actuaciones del denunciante, de la víctima diversa del denunciante, del afectado y del inculpado
– Recusación en contra del fiscal dentro de plazo de apercibimiento
– Reclamo de cualquier involucrado en el proceso por vulneración de la normativa respecto de abstención sobreviniente
– Recusación deducida por persona afectada por los hechos infraccionales investigados
– Poder para abogado suscrito con firma electrónica
– Abogado acompaña el mandato que acredita su personería
– Solicita dar curso progresivo al procedimiento
– Solicita cambio de fiscal por grave infracción al principio de celeridad
– Solicita diligencias dentro de la etapa indagatoria
– Solicitud de prórroga y copia de expediente por parte del sumariado
– Solicita prórroga y copia del expediente por parte del denunciante, la víctima diversa del denunciante o los demás afectados
– Descargos en procedimiento disciplinario por acoso laboral o sexual
– El denunciante, la víctima u otro afectado, presenta observaciones a los cargos
– Observaciones a los cargos requiriendo su reformulación
– Recurso de reposición y en subsidio de apelación del inculpado
– Recurso de reposición y en subsidio de apelación del denunciante, la víctima si fuere una persona diversa o el afectado
– Reclamo de ilegalidad del art. 160 del estatuto administrativo, deducido por el inculpado
– Reclamo de ilegalidad del art. 160 del estatuto administrativo, deducido por el denunciante
Algunas resoluciones de la autoridad
– Resolución que ordena el inicio de sumario sujeto a la Ley Karin
– Resolución que declara inadmisible la denuncia por acoso sexual, discriminación arbitraria, acoso laboral o violencia en el trabajo
– Medida cautelar dispuesta en virtud del art. 13 inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado por la jefatura superior de la institución en forma previa al inicio del sumario
– Resolución que rechaza recusación
– Resolución que ordena nuevas diligencias con posterioridad a la vista fiscal
– Resolución que rechaza recursos de apelación subsidiarios
– Acto de término en sumario Ley Karin no sujeto a toma de razón
– Acto de término en sumario Ley Karin afecto a toma de razón
TERCERA SECCIÓN CONVENCIONES INTERNACIONALES
– Convenio 190 de 2019 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso
– Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, llamada coloquialmente “Convención de Belem do Pará”
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como un Contencioso-Administrativo
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como un Contencioso-Administrativo
El vicio de la desviación de poder en los actos administrativos 2ed
El vicio de la desviación de poder en los actos administrativos 2ed
Empresas Públicas – historia, legislación y gobernanza
El propósito que anima estas páginas es ofrecer una definición de la empresa pública en Chile fundada en el derecho positivo vigente, que recoja sus elementos identificatorios y que no se limite al mero marco regulatorio que entrega el artículo 19 No 21, inciso segundo, de la Constitución Política de la República esto es, la autorización al Estado para desarrollar actividades empresariales mediante una ley de quórum calificado, como parte de su faz pública, para concurrir luego al mercado bajo las mismas reglas que los particulares, como parte de su faz privada, sino que incorpore, además, aquellos elementos comunes presentes en las leyes fundantes actualmente vigentes.
El recorrido se ordena en tres capítulos. El primero examina el rol del Estado en la economía desde la perspectiva de las principales escuelas y modelos económicos, plantea el problema de la definición y revisa la normativa de derecho privado Código Civil, Código de Comercio, Código del Trabajo y la jurisprudencia administrativa y de los tribunales ordinarios y especiales, en el camino hacia la construcción de un concepto normativo, para cerrar con la Constitución de 1980 y el orden público económico. El segundo capítulo emprende un ejercicio histórico que se remonta a los orígenes de la República: los Reglamentos Constitucionales de 1812 y 1814 y las Constituciones de 1818, 1822, 1823, 1828, 1833 y 1925, revisados uno a uno para contextualizar el avance legislativo en la materia. Ese itinerario va acompañado del examen de la normativa de derecho público y privado aplicable al Estado empresario en cada época como la dictación del Código Civil bajo la vigencia de la Carta de 1833 o la evolución del concepto de servicio público en la Administración, y se detiene en la irrupción de la CORFO, en las reformas constitucionales de 1943, 1967 y 1970, y en los hitos que el constituyente de 1980 tuvo a la vista tras el quiebre constitucional vivido durante el gobierno de la Unidad Popular, los que explican la actual configuración del Estado empresario en el texto fundamental vigente y el debate en torno al principio de subsidiariedad. El tercer capítulo, en fin, estudia en particular cada una de las leyes fundantes de las empresas públicas chilenas de la defensa nacional, de la minería, de las comunicaciones, de los transportes, financieras y de abastecimiento, identificando sus elementos comunes y diferenciados conforme a criterios que hacen posible su comparación: el objeto o giro de negocios establecido por ley; la organización interna y la representación ante terceros; la supervigilancia del Poder Ejecutivo; el régimen de bienes y algunos aspectos de la administración financiera; la aplicación del Código del Trabajo y el régimen de personal; la fiscalización de la Contraloría General de la República, la Cámara de Diputados, el Consejo para la Transparencia y la Comisión para el Mercado Financiero, entre otros órganos; y la participación en sociedades con giro vinculado al objeto social.CAPÍTULO I
- ROL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA. PERSPECTIVA DE LAS ESCUELAS Y MODELOS ECONÓMICOS
- El Estado en la economía liberal clásica 2. El Estado en el modelo keynesiano y la economía del bienestar 3. El Estado en la visión neoliberal monetarista
- PROBLEMA DE UNA DEFINICIÓN III. REVISIÓN DE LA NORMATIVA DEL DERECHO PRIVADO PARA UNA DEFINICIÓN DE EMPRESA PÚBLICA
- Código Civil y Persona Jurídica de Derecho Público 2. Código de Comercio y Empresa 3. Código del Trabajo y Empresa 4. Definiciones desde la jurisprudencia 5. Mirada desde la Ciencia Económica 6. En el camino hacia la construcción de un Concepto Normativo 7. La Constitución de 1980 y el Orden Público Económico
CAPÍTULO II
- HISTORIA CONSTITUCIONAL
- Una seguidilla de ensayos al inicio de la República 2. La Anarquía o los años de formación y aprendizaje político 3. La longeva Constitución de 1833 4. La Organización de la Administración del Estado en la Constitución de 1833
- El Estado ii. Las Municipalidades iii. Los Establecimientos Públicos iv. Las Personas Jurídicas v. Las Direcciones y Direcciones Generales vi. Servicios Públicos
- UN SIGLO XX DE CAMBIOS, LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SERVICIO EN LA ADMINISTRACIÓN CON LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1925
- La evolución del concepto de Servicio en la Administración con la nueva Constitución Política de 1925
- Establecimientos Públicos ii. Instituciones Semifiscales iii. Empresas del Estado iv. Administración institucionalmente descentralizada, Empresas de Economía Mixta
- La Constitución de 1925 y la actividad empresarial del Estado 3. Las reformas al texto constitucional de 1925 en materia empresarial estatal
- La reforma constitucional del año 1943 ii. La reforma constitucional del año 1967 iii. La reforma constitucional del año 1970
- La CORFO y Ley No 6.334 durante la vigencia de la CPR de 1925
III. EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN ECONÓMICA CHILENA
- El Banco Central de Chile, obra de Kemmerer 2. El Decreto Ley No 520 de 1932 3. El control de precios en el Decreto Ley No 520 4. El Régimen Industrial en el Decreto con Fuerza de Ley No 173 de 1953 5. Las Sanciones Económicas en el Decreto Ley No 520 6. Mecanismos económicos-legales para llevar a cabo el plan de gobierno de la Unidad Popular
- La evolución Administrativa en las CPR de 1833 y 1925 V. El Gobierno de la Unidad Popular y el quiebre constitucional
- Indicadores Macroeconómicos a septiembre de 1973 2. Visión Económica de la Junta Militar 3. El Estado Empresario en la Constitución de 1980 4. Requisitos Constitucionales del Estado Empresario 5. Principio de Subsidiariedad y Especialidad del Giro, distintas posturas
- Doctrina mayoritaria ii. Doctrina minoritaria. Una mirada crítica al principio de subsidiariedad iii. Principio de Subsidiariedad en la jurisprudencia iv. Conclusiones sobre los principios del Estado empresario, a la luz de la subsidiariedad
- Manifestaciones del Orden Público Económico en la Constitución de 1980
CAPÍTULO III
- PROBLEMÁTICA DE LA DEFINICIÓN Y UNA DOBLE FAZ II. ELEMENTOS ESENCIALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y SU APEGO A LA LEY FUNDANTE III. ELEMENTOS COMUNES SEGÚN LEY FUNDANTE
- Objeto o giro de negocios establecido por ley
- Persona jurídica de derecho público con un objeto social acotado por ley b. La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas c. Su Dimensión Transnacional
- Empresas de la Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Organización Interna y Representación ante terceros
- El estándar de la Sociedad Anónima en la conformación del Directorio y el estándar de la Ley de Transparencia b. Compliance y la llegada del estándar OCDE en la legislación empresarial c. Procedencia del Arbitraje en las empresas públicas creadas por ley
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Supervigilancia del Poder Ejecutivo
- Iniciativa legal exclusiva del presidente de la República
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Régimen de bienes y algunos aspectos de administración financiera
- Régimen de Utilidades b. Informe a la Comisión para el Mercado Financiero. Protección de la fe pública en materia financiera c. Sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero d. Sobre la Probidad Administrativa y Transparencia en la Contratación Pública
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Código del Trabajo y régimen de personal
- Relación individual laboral con los trabajadores b. Negociación Colectiva. El Rol de los Sindicatos c. Lineamientos desde el Poder Ejecutivo en materia laboral
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Fiscalización de la Contraloría General de la República, Cámara de Diputados y Consejo para la Transparencia, Comisión para el Mercado Financiero y otros
- CGR y trámite de Toma de Razón b. Cámara de Diputados c. Consejo para la Transparencia d. La Comisión para el Mercado Financiero y el Estado empresario
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Participación en Sociedades con giro vinculado al Objeto Social
- Participación en Sociedades Filiales y Coligadas
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- TERMINACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA. EL CASO EMAZA
- El personal b. El destino del patrimonio de la empresa c. La terminación en clave sustantiva
- Transformación de la empresa ii. Enajenación de la empresa o su privatización iii. Disolución de la empresa
- La terminación en clave procedimental
- Acuerdos corporativos ii. Mecanismos de derecho público
Conclusiones
- DEFINICIÓN DEL AUTOR EN BASE A LOS ELEMENTOS COMUNES IDENTIFICADOS II. CONCLUSIONES
Bibliografía
- MANUALES Y REVISTAS II. DICTÁMENES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA III. SENTENCIAS RELEVANTES IV. NORMAS CITADAS
Empresas Públicas – historia, legislación y gobernanza
El propósito que anima estas páginas es ofrecer una definición de la empresa pública en Chile fundada en el derecho positivo vigente, que recoja sus elementos identificatorios y que no se limite al mero marco regulatorio que entrega el artículo 19 No 21, inciso segundo, de la Constitución Política de la República esto es, la autorización al Estado para desarrollar actividades empresariales mediante una ley de quórum calificado, como parte de su faz pública, para concurrir luego al mercado bajo las mismas reglas que los particulares, como parte de su faz privada, sino que incorpore, además, aquellos elementos comunes presentes en las leyes fundantes actualmente vigentes.
El recorrido se ordena en tres capítulos. El primero examina el rol del Estado en la economía desde la perspectiva de las principales escuelas y modelos económicos, plantea el problema de la definición y revisa la normativa de derecho privado Código Civil, Código de Comercio, Código del Trabajo y la jurisprudencia administrativa y de los tribunales ordinarios y especiales, en el camino hacia la construcción de un concepto normativo, para cerrar con la Constitución de 1980 y el orden público económico. El segundo capítulo emprende un ejercicio histórico que se remonta a los orígenes de la República: los Reglamentos Constitucionales de 1812 y 1814 y las Constituciones de 1818, 1822, 1823, 1828, 1833 y 1925, revisados uno a uno para contextualizar el avance legislativo en la materia. Ese itinerario va acompañado del examen de la normativa de derecho público y privado aplicable al Estado empresario en cada época como la dictación del Código Civil bajo la vigencia de la Carta de 1833 o la evolución del concepto de servicio público en la Administración, y se detiene en la irrupción de la CORFO, en las reformas constitucionales de 1943, 1967 y 1970, y en los hitos que el constituyente de 1980 tuvo a la vista tras el quiebre constitucional vivido durante el gobierno de la Unidad Popular, los que explican la actual configuración del Estado empresario en el texto fundamental vigente y el debate en torno al principio de subsidiariedad. El tercer capítulo, en fin, estudia en particular cada una de las leyes fundantes de las empresas públicas chilenas de la defensa nacional, de la minería, de las comunicaciones, de los transportes, financieras y de abastecimiento, identificando sus elementos comunes y diferenciados conforme a criterios que hacen posible su comparación: el objeto o giro de negocios establecido por ley; la organización interna y la representación ante terceros; la supervigilancia del Poder Ejecutivo; el régimen de bienes y algunos aspectos de la administración financiera; la aplicación del Código del Trabajo y el régimen de personal; la fiscalización de la Contraloría General de la República, la Cámara de Diputados, el Consejo para la Transparencia y la Comisión para el Mercado Financiero, entre otros órganos; y la participación en sociedades con giro vinculado al objeto social.CAPÍTULO I
- ROL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA. PERSPECTIVA DE LAS ESCUELAS Y MODELOS ECONÓMICOS
- El Estado en la economía liberal clásica 2. El Estado en el modelo keynesiano y la economía del bienestar 3. El Estado en la visión neoliberal monetarista
- PROBLEMA DE UNA DEFINICIÓN III. REVISIÓN DE LA NORMATIVA DEL DERECHO PRIVADO PARA UNA DEFINICIÓN DE EMPRESA PÚBLICA
- Código Civil y Persona Jurídica de Derecho Público 2. Código de Comercio y Empresa 3. Código del Trabajo y Empresa 4. Definiciones desde la jurisprudencia 5. Mirada desde la Ciencia Económica 6. En el camino hacia la construcción de un Concepto Normativo 7. La Constitución de 1980 y el Orden Público Económico
CAPÍTULO II
- HISTORIA CONSTITUCIONAL
- Una seguidilla de ensayos al inicio de la República 2. La Anarquía o los años de formación y aprendizaje político 3. La longeva Constitución de 1833 4. La Organización de la Administración del Estado en la Constitución de 1833
- El Estado ii. Las Municipalidades iii. Los Establecimientos Públicos iv. Las Personas Jurídicas v. Las Direcciones y Direcciones Generales vi. Servicios Públicos
- UN SIGLO XX DE CAMBIOS, LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SERVICIO EN LA ADMINISTRACIÓN CON LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1925
- La evolución del concepto de Servicio en la Administración con la nueva Constitución Política de 1925
- Establecimientos Públicos ii. Instituciones Semifiscales iii. Empresas del Estado iv. Administración institucionalmente descentralizada, Empresas de Economía Mixta
- La Constitución de 1925 y la actividad empresarial del Estado 3. Las reformas al texto constitucional de 1925 en materia empresarial estatal
- La reforma constitucional del año 1943 ii. La reforma constitucional del año 1967 iii. La reforma constitucional del año 1970
- La CORFO y Ley No 6.334 durante la vigencia de la CPR de 1925
III. EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN ECONÓMICA CHILENA
- El Banco Central de Chile, obra de Kemmerer 2. El Decreto Ley No 520 de 1932 3. El control de precios en el Decreto Ley No 520 4. El Régimen Industrial en el Decreto con Fuerza de Ley No 173 de 1953 5. Las Sanciones Económicas en el Decreto Ley No 520 6. Mecanismos económicos-legales para llevar a cabo el plan de gobierno de la Unidad Popular
- La evolución Administrativa en las CPR de 1833 y 1925 V. El Gobierno de la Unidad Popular y el quiebre constitucional
- Indicadores Macroeconómicos a septiembre de 1973 2. Visión Económica de la Junta Militar 3. El Estado Empresario en la Constitución de 1980 4. Requisitos Constitucionales del Estado Empresario 5. Principio de Subsidiariedad y Especialidad del Giro, distintas posturas
- Doctrina mayoritaria ii. Doctrina minoritaria. Una mirada crítica al principio de subsidiariedad iii. Principio de Subsidiariedad en la jurisprudencia iv. Conclusiones sobre los principios del Estado empresario, a la luz de la subsidiariedad
- Manifestaciones del Orden Público Económico en la Constitución de 1980
CAPÍTULO III
- PROBLEMÁTICA DE LA DEFINICIÓN Y UNA DOBLE FAZ II. ELEMENTOS ESENCIALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y SU APEGO A LA LEY FUNDANTE III. ELEMENTOS COMUNES SEGÚN LEY FUNDANTE
- Objeto o giro de negocios establecido por ley
- Persona jurídica de derecho público con un objeto social acotado por ley b. La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas c. Su Dimensión Transnacional
- Empresas de la Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Organización Interna y Representación ante terceros
- El estándar de la Sociedad Anónima en la conformación del Directorio y el estándar de la Ley de Transparencia b. Compliance y la llegada del estándar OCDE en la legislación empresarial c. Procedencia del Arbitraje en las empresas públicas creadas por ley
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Supervigilancia del Poder Ejecutivo
- Iniciativa legal exclusiva del presidente de la República
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Régimen de bienes y algunos aspectos de administración financiera
- Régimen de Utilidades b. Informe a la Comisión para el Mercado Financiero. Protección de la fe pública en materia financiera c. Sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero d. Sobre la Probidad Administrativa y Transparencia en la Contratación Pública
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Código del Trabajo y régimen de personal
- Relación individual laboral con los trabajadores b. Negociación Colectiva. El Rol de los Sindicatos c. Lineamientos desde el Poder Ejecutivo en materia laboral
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Fiscalización de la Contraloría General de la República, Cámara de Diputados y Consejo para la Transparencia, Comisión para el Mercado Financiero y otros
- CGR y trámite de Toma de Razón b. Cámara de Diputados c. Consejo para la Transparencia d. La Comisión para el Mercado Financiero y el Estado empresario
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Participación en Sociedades con giro vinculado al Objeto Social
- Participación en Sociedades Filiales y Coligadas
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- TERMINACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA. EL CASO EMAZA
- El personal b. El destino del patrimonio de la empresa c. La terminación en clave sustantiva
- Transformación de la empresa ii. Enajenación de la empresa o su privatización iii. Disolución de la empresa
- La terminación en clave procedimental
- Acuerdos corporativos ii. Mecanismos de derecho público
Conclusiones
- DEFINICIÓN DEL AUTOR EN BASE A LOS ELEMENTOS COMUNES IDENTIFICADOS II. CONCLUSIONES
Bibliografía
- MANUALES Y REVISTAS II. DICTÁMENES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA III. SENTENCIAS RELEVANTES IV. NORMAS CITADAS
