El juicio ejecutivo en la jurisprudencia
Este libro es el resultado del seguimiento de la jurisprudencia del juicio ejecutivo de los últimos 20 años, identificando los criterios de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones.
Se divide en ocho partes, partiendo con la descripción y análisis de las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva reguladas en el Código de Procedimiento Civil, esto es la citación a confesar deuda y reconocimiento de firma, conforme las modificaciones de la Ley Nº 21.394.
El autor espera poder aportar con esta investigación a abogados y jueces, como asimismo a la comunidad académica para efectos de identificar las tendencias de las Cortes respecto del juicio ejecutivo regulado en el Código de Procedimiento Civil.
PRIMERA PARTE GESTIONES PREPARATORIAS DE LA VÍA EJECUTIVA
SEGUNDA PARTE TÍTULOS EJECUTIVOS
TERCERA PARTE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA, REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO
CUARTA PARTE EXCEPCIONES EJECUTIVAS
QUINTA PARTE DESISTIMIENTO Y RESERVA DE ACCIONES
SEXTA PARTE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EMBARGADOS Y PROCEDIMIENTO DE APREMIO
SEPTIMA PARTE TERCERÍAS
OCTAVA PARTE RECURSO DE APELACIÓN EN JUICIO EJECUTIVO
El juicio ejecutivo en la jurisprudencia
Este libro es el resultado del seguimiento de la jurisprudencia del juicio ejecutivo de los últimos 20 años, identificando los criterios de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones.
Se divide en ocho partes, partiendo con la descripción y análisis de las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva reguladas en el Código de Procedimiento Civil, esto es la citación a confesar deuda y reconocimiento de firma, conforme las modificaciones de la Ley Nº 21.394.
El autor espera poder aportar con esta investigación a abogados y jueces, como asimismo a la comunidad académica para efectos de identificar las tendencias de las Cortes respecto del juicio ejecutivo regulado en el Código de Procedimiento Civil.
PRIMERA PARTE GESTIONES PREPARATORIAS DE LA VÍA EJECUTIVA
SEGUNDA PARTE TÍTULOS EJECUTIVOS
TERCERA PARTE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA, REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO
CUARTA PARTE EXCEPCIONES EJECUTIVAS
QUINTA PARTE DESISTIMIENTO Y RESERVA DE ACCIONES
SEXTA PARTE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EMBARGADOS Y PROCEDIMIENTO DE APREMIO
SEPTIMA PARTE TERCERÍAS
OCTAVA PARTE RECURSO DE APELACIÓN EN JUICIO EJECUTIVO
El procedimiento incidental y los incidentes ante la jurisprudencia
- Oportunidad para deducir incidente
- Si juez estima que es necesaria la prueba en incidente deberá expresamente manifestarlo en la resolución
- Resolución que recibe incidente a prueba no es apelable
- Incidente de previo y especial pronunciamiento
- Incidente de previo y especial pronunciamiento que suspende curso de la causa debe entenderse exclusivamente respecto del fondo del asunto y no en relación a un requisito de procedencia al constatarse la existencia de litis consorcio
- No procede dar lugar a citación de audiencia de conciliación en procedimiento sumario si tribunal debía fallar incidente de previo y especial pronunciamiento
- Incidente de abandono del procedimiento no es de previo y especial pronunciamiento
- Sanción por incidentes perdidos
- Requisito de consignación en caso de dos o más incidentes perdidos. Legislador no ha hecho distinción
- Pérdida de dos excepciones no permite aplicación de sanción por pérdida de dos incidentes
- Recurso de apelación
- Oportunidad para deducir incidente de nulidad por falta de emplazamiento
- Incidentista de nulidad por falta de emplazamiento debe acreditar cuándo tomó conocimiento del juicio
- Testigos que acreditan fecha en que se tuvo conocimiento del juicio
- Testigos de oídas no son suficientes para acreditar presupuestos de nulidad por falta de emplazamiento
- Testigos y otro juicio sirven para acreditar incidente de nulidad por falta de emplazamiento
- Declaraciones de testigos no son suficientes para acreditar fecha en que incidentista de falta de emplazamiento tuvo conocimiento de juicio al basarse en los mismo dichos que la demandada
- No procede incidente de nulidad por falta de emplazamiento ya que no se logró acreditar momento en que tomó conocimiento personal del juicio con cadena de correos electrónicos
- Acreditación de extemporaneidad de incidente de nulidad por falta de emplazamiento con correo electrónico entre ejecutivo de banco ejecutante y ejecutado
- No procede nulidad por falta de emplazamiento ya que impresiones de pantalla de mensajería electrónica no acreditan oportunidad en que incidentista tomó conocimiento personal del juicio
- Procede nulidad por falta de emplazamiento ya que incidentista logró acreditar que incidente fue incoado en plazo considerando el momento en que se enteró del vicio
- Conferir mandato especial a abogado constituye presunción grave para establecer que articulista tomó en ese momento conocimiento de acción ejecutiva objeto de nulidad
- Procede acoger incidente de nulidad por falta de emplazamiento a pesar de que demandado ya se encontraba en territorio nacional no se había enterado del juicio
- Incidente de nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento es rechazado por insuficiencia probatoria de oportunidad en la que se tuvo conocimiento personal del juicio
- Casos en que se acoge incidente de nulidad por falta de emplazamiento
- Procede nulidad por falta de emplazamiento ya que ejecutada no se encontraba en su domicilio a la fecha de notificación y esta se realizó por cédula y no personalmente
- No verificación de recepción de copias de notificaciones de los artículos y 44 configura falta de emplazamiento solo corregible por nulidad
- Notificación por avisos. Nulidad de lo obrado. Falta de emplazamiento
- Se acoge incidente de nulidad por falta de emplazamiento ya que nunca se intentó buscar al demandado en dirección señalada en la factura por la cual se funda la acción objeto del juicio
- Abogados que no tienen facultades para ser notificado nombre de su poderdante deberá emplazarse a su representada conforme a derecho
- Procede incidente de nulidad por falta de emplazamiento al acreditarse que ejecutado se encontraba hospitalizado en otra ciudad
- Informe de extranjería que acredita que demandado se encontraba fuera del país en fecha que se le tuvo en lugar del juicio hace procede incidente de nulidad por falta de emplazamiento
- Se acreditó falta de emplazamiento ya que propiedad donde fue notificado ejecutado estaba en arrendamiento y ejecutado no se encontraba en el país
- Se acreditan presupuestos de falta de emplazamiento al demostrar que ejecutado se encontraba fuera del país a la fecha de la supuesta notificación
- Procede nulidad por falta de emplazamiento ya que se acreditó que incidentista sólo tomó conocimiento del juicio el día en que Conservador informó que su inmueble se encuentra embargado
- Se configura nulidad por falta de emplazamiento al incidentista acreditar a través de prueba documental que no vivía en lugar donde se le notificó por cédula
- Procede nulidad por falta de emplazamiento ya que si bien demandado fue notificado acreditó que a ese momento se encontraba transitoriamente en otra ciudad
- Procede nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento ya que a pesar de que persona puede tener más de un domicilio esto no se acreditó
- Procede nulidad de procedimiento ejecutivo si emplazamiento se efectuó contra ex representante legal en virtud de que éste había cedido la totalidad de sus acciones
- Notificación y el requerimiento de pago carecen de validez jurídica al haberse dirigido a un tercero ajeno a la representación legal
- No hay emplazamiento si no se ha notificado válidamente a ejecutada o a sus representantes
- No hay emplazamiento legal si notificada y requerida de pago no es representante legal de ejecutada a esa fecha
- Haber enajenado inmueble donde se practicó notificación ejecutiva con anterioridad a ésta acredita falta de emplazamiento
- Inexistencia de local comercial donde se notificó a ejecutado acredita presupuestos de nulidad procesal
- No es válida notificación realizada a ejecutado con posterioridad a su fallecimiento
- Se acoge nulidad procesal por falta de emplazamiento a favor de codeudor solidario que se le notificó la demanda bajo presunción del artículo 8 N.º 2 de la Ley Nº18.101
- Extracto de notificación por avisos que no contiene todas las acciones interpuestas no cumple con requisitos para entender emplazado a demandado
- Rechaza nulidad por falta de emplazamiento. Presunción de veracidad de hechos certificados por receptor
- Rechaza incidente de nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento ya que uno de los mandatarios de la demandada tomo conocimiento de la demanda
- Rechaza incidente de nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento. Diversos domicilios. Carga probatoria
- Prueba que acreditó dos domicilios en comunas diferentes no es suficiente para configurar nulidad por falta de emplazamiento
- Se rechaza incidente de nulidad procesal ya que notificación fue practicada en domicilio de la sociedad demandada considerando página web de la empresa entre otros elementos
- Se rechaza incidente de nulidad por falta de emplazamiento ya que fijación de domicilio por parte del deudor en pagaré implica a lo menos una confesión extrajudicial espontánea
- Se rechaza incidente de nulidad por falta de emplazamiento ya que abogado ha comparecido en distintos juicios en domicilio donde se practicó la notificación
- Boletas de servicios no son suficientes para restar valor a búsquedas positivas y notificación del demando al no existir impedimento para que una persona tenga más de un domicilio
- Distinción entre calle o pasaje resulta irrelevante y no altera la notificación practicada para efectos de incidente de falta de emplazamiento
- No basta con decir que no se recibió notificación para que se acoja incidente de nulidad por falta de emplazamiento
- No hay nulidad en notificación a persona natural si ha actuado en el juicio en su calidad de representante de persona jurídica demandada en conjunto
- Es válida notificación realizada a abogado si tenía patrocinio constituido desde gestión preparatoria
- Emplazamiento de un demandado por notificación tácita no hace inválida la notificación respecto de los otros demandados
- Mera circunstancia de trabajar en ciudad aledaña a la del juicio no es suficiente para acreditar falta de emplazamiento
- Tercero coadyuvante no tiene legitimación activa para incidente de nulidad por falta de emplazamiento
- Apelación de resoluciones dictadas en incidente de nulidad por falta de emplazamiento
- Resolución que rechaza incidente de nulidad por falta de emplazamiento no es apelable
- Resolución que se pronuncia respecto de un incidente de nulidad por falta de emplazamiento es apelable
- Resolución que recibe incidente de nulidad por falta de emplazamiento a prueba no es apelable
- Resolución que rechaza incidente de nulidad por falta de emplazamiento en juicio ejecutivo es apelable
- Resolución que falla incidente de nulidad por falta de emplazamiento en juicio ejecutivo no es apelable
- Incidente de nulidad procesal por falta de emplazamiento suspende
- Requisitos
- Premisas de la nulidad procesal
- Los medios procesales que la ley concede para invalidar actuaciones en un juicio sólo proceden in limine litis
- Principio de trascendencia
- Oportunidad para deducir incidencia de nulidad de actuación procesal
- Límite de temporalidad para reclamar incidente de nulidad no es aplicable a incompetencia absoluta del tribunal la cual puede ser alegada en cualquier etapa del procedimiento
- Casuística
- Declaración de nulidad procesal no puede afectar a la parte perjudicada por la misma
- Falta de notificación de resolución que recibe causa a prueba no es saneable si no se alega
- Nulidad por testimonial rendida ante tribunal exhortado por tener testigos domicilio en otra ciudad. Perjuicio
- Falta de oportuna certificación de notificación a demandado no es motivo de nulidad si pudo ejercer sus derechos durante todo el procedimiento
- Omisión de señalamiento de no existir persona adulta en domicilio no anula notificación por cédula
- Error referencial en cuanto de a apellido de notificado no la hace nula
- Es válida notificación a mandatario si mandato está conferido acorde a derecho
- Notificación de resolución que cita a audiencia de conciliación realizada en domicilio diverso del otorgado es nula
- No procede notificación ficta si no se ha anulado ninguna notificación
- Resolución que concede traslado a excepciones dilatorias no es atacable por medio de incidente de nulidad procesal
- Se configura nulidad procesal de notificación por correo electrónico de resolución que recibió causa a prueba al no haber sido solicitado de forma expresa y concreta ese tipo de notificación
- Procede nulidad procesal al acreditarse que atraso de receptor judicial al subir estampes de notificaciones provocaron indefensión de ejecutada
- Se acoge nulidad procesal ya que notificación de copia de factura en virtud de gestión preparatoria no da cuenta de la misma
- Se acoge incidente de nulidad procesal anulándose rendición de prueba testimonial ya que término probatorio no había iniciado al estar pendiente resolución de reposición
- Rechazo de incidente de nulidad procesal respecto de audiencia de prueba testimonial ya que testigos fueron notificados en misma audiencia recibiéndose prueba en una posterior
- Nulidad procesal deducida por terceros
- Exigencias para que juez pueda declarar de oficio la nulidad procesal
- Oportunidad para declarar de oficio la nulidad procesal en juicio ejecutivo
- Procede nulidad procesal de oficio al advertirse que tribunal a quo no recibió causa a prueba existiendo controversia respecto a existencia de precio de compraventa
- Es anulable de oficio resolución que omitió recibir a prueba tercería
- Procede nulidad de oficio ya que tribunal no abrió término probatorio para la acreditación de oportunidad en que incidentista tomó conocimiento del juicio
- Procede nulidad de oficio si tribunal se pronuncia sobre admisibilidad de excepciones después de recibir causa a prueba y que no fije claramente puntos de prueba
- Excepción de corrección del procedimiento no es vía idónea para anular notificación
- Procede nulidad procesal de oficio al verificar que procedimiento resultó incorrectamente alterado al hacerse lugar a apercibimiento del art. 277 del CPC desconociendo mérito del proceso
- Procede declarar de oficio nulidad de laudo y ordenata si juez partidor omite la repartición de todos los bienes que forman parte de la masa hereditaria
- Juicio arbitral. Se configura nulidad procesal al designar como ministro de fe en acta de comparendo inicial a abogado que no tiene calidad de secretario letrado, ni notario, ni secretario de tribunal superior de justicia infringiendo art. 648 del CPC
- Omisión de juramento por parte de árbitro de derecho para asumir su cargo acarrea nulidad procesal
- Procede nulidad de lo obrado al negar comparecencia a abogado y tener por evacuado trámite de contestación en rebeldía no obstante haber sido ratificado mandato ante Secretario del Tribunal
- Apelación
- Resolución que acoge incidente de nulidad es apelable
- Resolución que rechaza incidente de nulidad es apelable
- Resolución que otorga traslado conociendo incidente de nulidad es un decreto y por ende no es apelable
- Resolución que rechaza de plano incidente de nulidad procesal no es apelable
- Resolución que no da lugar a un incidente de nulidad procesal es apelable subsidiariamente
- Resoluciones que se dicten en tramitación de incidente de nulidad son inapelables
- Resolución que rechaza solicitud de suspensión mientras se resuelve incidente de nulidad no es apelable
- Resolución que anula de oficio lo obrado en autos es apelable
- Resolución que no da lugar al incidente de nulidad de todo lo obradoCUARTA PARTE DESISTIMIENTO
- Desistimiento: Diferencia con demanda no presentada y retirada
- Legislación chilena no reconoce el desistimiento tácito
- Desistimiento en segunda instancia
- Desistimiento y efecto de cosa juzgada
- Desistimiento en juicio ejecutivo
- Desistimiento de algunos demandantes de acción colectiva no alteran
- Desistimiento del peritaje
- Apelación
- Fundamentos de la acumulación de autos
- Acumulación de autos. Términos “proceso” y “juicio”
- Procede acumulación de autos y no litis pendencia ya que si bien causas se tratan de las mismas partes y misma causa a pedir la cosa pedida no es la misma
- Procede acoger acumulación ya que ambos procesos se encuentran en trámite de primera instancia ante el tribunal de primer grado, independientemente del avance o estado procesal de uno y otro
- Acumulación de gestiones de posesión efectiva
- La identidad de partes no es un requisito esencial para la acumulación de autos
- No se cumple requisito relativo a que los procesos cuya acumulación se pretende se encuentren en instancias análogas: etapa de emplazamiento y vencido término probatorio
- Procede acumulación de autos de dos causas de reclamo contra el monto expropiatorio
- Se configura acumulación de autos al acreditarse que acciones emanan de mismo hecho consistente en prestaciones sanitarias con motivo de lesiones sufridas en accidente
- Es procedente acumulación de autos ya que ambas causas comparten jerarquía, materia y partes
- Procede acumulación de autos, ya que no cambia naturaleza de la acción ejercicio de la reserva de artículo 173 del Código de Procedimiento Civil
- Litispendencia por conexidad reglada en el Nº3 del artículo 92 del Código de Procedimiento
- Ley de tramitación electrónica no es impedimento para proceder a acumulación de causas
- Si causas están acumuladas y más antigua está suspendida las partes de aquella siguen conservando su calidad de intervinientes y pueden impetrar apelaciones
- A pesar de que tribunal a quo conozca dos causas similares y proceda la acumulación de autos en ningún caso podrá anular lo obrado en alguna de ellas
- Apelación en incidente de acumulación de autos
- Gestión útil
- Notificaciones
- Solicitud de desarchivo
- Patrocinio y poder y presentación en que se hace parte y solicita alegatos
- Delegación de poder y solicitud de certificación no son gestiones útiles
- Solicitud de absolución de posiciones
- Apelación deducida en contra de sentencia definitiva es gestión útil
- Actuaciones en segunda instancia
- Actuación por medio de la cual se acompañan documentos antes del término probatorio
- Actuaciones en cuaderno de medida precautoria implica una gestión útil respecto del cuaderno principal
- Presentación de documentos
- Petición de oficios
- Diligencias referidas a notificación por exhorto son útiles
- Suspensión del procedimiento a petición de ambas partes no es gestión útil
- Solicitud de diligencias probatorias luego de interlocutoria de prueba son gestiones útiles
- Cesación den la prosecución del juicio
- Alcance de expresión cesación de las partes en la prosecución del juicio
- Cesación de las partes en la prosecución de juicio debe contemplar una pasividad imputable advirtiendo y aceptando las consecuencias perjudiciales que podrían derivarse de su desidia
- Abandono del procedimiento en estado de citación para oír sentencia
- Abandono del procedimiento pendiente resolución que se pronuncia sobre impugnación de auto de prueba
- Impulso procesal habiéndose deducido excepciones dilatorias
- No procede acoger abandono del procedimiento si se realizaron gestiones en segunda instancia al concederse recurso de apelación en el solo efecto devolutivo
- Renuncia a alegar el abandono del procedimiento
- Si demandado acompaña documentos con citación se entiende que renuncia a solicitar abandono del procedimiento
- Renuncia al patrocinio de uno de los abogados no es gestión útil que interrumpe plazo de abandono del procedimiento
- Alegación de abandono del procedimiento por acción y excepción. Inexistencia de renuncia
- No procede renuncia de abandono del procedimiento ya que una vez renovado el procedimiento por el actor la primera gestión fue solicitar el incidente
- Presentación que solicita téngase presente y que se tuviera corrección hecha por el demandante como una nueva demanda constituye renuncia al derecho a pedir abandono del procedimiento
- Oportunidad para alegar el abandono del procedimiento
- Abandono del procedimiento en juicio ejecutivo
- Más de tres años de inactividad en cuaderno de apremio periten acoger abandono del procedimiento
- Plazo de inactividad en juicio ejecutivo si ejecutado no opone excepciones es de tres años
- Abandono del procedimiento juicio ejecutivo. Realización de aquellas gestiones encaminadas al cobro compulsivo de la obligación
- Ejecutante que no realizó gestión útil desde traslado respecto de excepciones opuestas
- Abandono del procedimiento juicio ejecutivo. Impulso del tribunal una vez vencido plazo para oponer excepciones
- Proposición de bases del remate y acompañar certificado de dominio vigente de inmueble embargado son gestiones útiles
- Cumplir lo ordenado y señalar nuevos bienes para traba de embargo son gestiones útiles
- Abandono del procedimiento juicio ejecutivo. Estando la causa en tramitación en segunda instancia no es procedente
- Desarchivo y la notificación subsiguiente no son gestiones útiles. Nuevo día y hora de remate
- Solicitud de alzamiento de embargo de ejecutada no implica renuncia a alegar abandono del procedimiento
- Criterio judicial que sostiene que resolución falla incidente de abandono del procedimiento es apelable
- Criterio judicial consistente en que resolución que falla incidente de abandono de procedimiento es un auto y en consecuencia no es apelable
- Resolución que rechazó incidente de abandono del procedimiento en juicio sumario es apelable
- Resolución que resuelve el incidente abandono de procedimiento es apelable sólo si se interpone en forma directa
El procedimiento incidental y los incidentes ante la jurisprudencia
- Oportunidad para deducir incidente
- Si juez estima que es necesaria la prueba en incidente deberá expresamente manifestarlo en la resolución
- Resolución que recibe incidente a prueba no es apelable
- Incidente de previo y especial pronunciamiento
- Incidente de previo y especial pronunciamiento que suspende curso de la causa debe entenderse exclusivamente respecto del fondo del asunto y no en relación a un requisito de procedencia al constatarse la existencia de litis consorcio
- No procede dar lugar a citación de audiencia de conciliación en procedimiento sumario si tribunal debía fallar incidente de previo y especial pronunciamiento
- Incidente de abandono del procedimiento no es de previo y especial pronunciamiento
- Sanción por incidentes perdidos
- Requisito de consignación en caso de dos o más incidentes perdidos. Legislador no ha hecho distinción
- Pérdida de dos excepciones no permite aplicación de sanción por pérdida de dos incidentes
- Recurso de apelación
- Oportunidad para deducir incidente de nulidad por falta de emplazamiento
- Incidentista de nulidad por falta de emplazamiento debe acreditar cuándo tomó conocimiento del juicio
- Testigos que acreditan fecha en que se tuvo conocimiento del juicio
- Testigos de oídas no son suficientes para acreditar presupuestos de nulidad por falta de emplazamiento
- Testigos y otro juicio sirven para acreditar incidente de nulidad por falta de emplazamiento
- Declaraciones de testigos no son suficientes para acreditar fecha en que incidentista de falta de emplazamiento tuvo conocimiento de juicio al basarse en los mismo dichos que la demandada
- No procede incidente de nulidad por falta de emplazamiento ya que no se logró acreditar momento en que tomó conocimiento personal del juicio con cadena de correos electrónicos
- Acreditación de extemporaneidad de incidente de nulidad por falta de emplazamiento con correo electrónico entre ejecutivo de banco ejecutante y ejecutado
- No procede nulidad por falta de emplazamiento ya que impresiones de pantalla de mensajería electrónica no acreditan oportunidad en que incidentista tomó conocimiento personal del juicio
- Procede nulidad por falta de emplazamiento ya que incidentista logró acreditar que incidente fue incoado en plazo considerando el momento en que se enteró del vicio
- Conferir mandato especial a abogado constituye presunción grave para establecer que articulista tomó en ese momento conocimiento de acción ejecutiva objeto de nulidad
- Procede acoger incidente de nulidad por falta de emplazamiento a pesar de que demandado ya se encontraba en territorio nacional no se había enterado del juicio
- Incidente de nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento es rechazado por insuficiencia probatoria de oportunidad en la que se tuvo conocimiento personal del juicio
- Casos en que se acoge incidente de nulidad por falta de emplazamiento
- Procede nulidad por falta de emplazamiento ya que ejecutada no se encontraba en su domicilio a la fecha de notificación y esta se realizó por cédula y no personalmente
- No verificación de recepción de copias de notificaciones de los artículos y 44 configura falta de emplazamiento solo corregible por nulidad
- Notificación por avisos. Nulidad de lo obrado. Falta de emplazamiento
- Se acoge incidente de nulidad por falta de emplazamiento ya que nunca se intentó buscar al demandado en dirección señalada en la factura por la cual se funda la acción objeto del juicio
- Abogados que no tienen facultades para ser notificado nombre de su poderdante deberá emplazarse a su representada conforme a derecho
- Procede incidente de nulidad por falta de emplazamiento al acreditarse que ejecutado se encontraba hospitalizado en otra ciudad
- Informe de extranjería que acredita que demandado se encontraba fuera del país en fecha que se le tuvo en lugar del juicio hace procede incidente de nulidad por falta de emplazamiento
- Se acreditó falta de emplazamiento ya que propiedad donde fue notificado ejecutado estaba en arrendamiento y ejecutado no se encontraba en el país
- Se acreditan presupuestos de falta de emplazamiento al demostrar que ejecutado se encontraba fuera del país a la fecha de la supuesta notificación
- Procede nulidad por falta de emplazamiento ya que se acreditó que incidentista sólo tomó conocimiento del juicio el día en que Conservador informó que su inmueble se encuentra embargado
- Se configura nulidad por falta de emplazamiento al incidentista acreditar a través de prueba documental que no vivía en lugar donde se le notificó por cédula
- Procede nulidad por falta de emplazamiento ya que si bien demandado fue notificado acreditó que a ese momento se encontraba transitoriamente en otra ciudad
- Procede nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento ya que a pesar de que persona puede tener más de un domicilio esto no se acreditó
- Procede nulidad de procedimiento ejecutivo si emplazamiento se efectuó contra ex representante legal en virtud de que éste había cedido la totalidad de sus acciones
- Notificación y el requerimiento de pago carecen de validez jurídica al haberse dirigido a un tercero ajeno a la representación legal
- No hay emplazamiento si no se ha notificado válidamente a ejecutada o a sus representantes
- No hay emplazamiento legal si notificada y requerida de pago no es representante legal de ejecutada a esa fecha
- Haber enajenado inmueble donde se practicó notificación ejecutiva con anterioridad a ésta acredita falta de emplazamiento
- Inexistencia de local comercial donde se notificó a ejecutado acredita presupuestos de nulidad procesal
- No es válida notificación realizada a ejecutado con posterioridad a su fallecimiento
- Se acoge nulidad procesal por falta de emplazamiento a favor de codeudor solidario que se le notificó la demanda bajo presunción del artículo 8 N.º 2 de la Ley Nº18.101
- Extracto de notificación por avisos que no contiene todas las acciones interpuestas no cumple con requisitos para entender emplazado a demandado
- Rechaza nulidad por falta de emplazamiento. Presunción de veracidad de hechos certificados por receptor
- Rechaza incidente de nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento ya que uno de los mandatarios de la demandada tomo conocimiento de la demanda
- Rechaza incidente de nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento. Diversos domicilios. Carga probatoria
- Prueba que acreditó dos domicilios en comunas diferentes no es suficiente para configurar nulidad por falta de emplazamiento
- Se rechaza incidente de nulidad procesal ya que notificación fue practicada en domicilio de la sociedad demandada considerando página web de la empresa entre otros elementos
- Se rechaza incidente de nulidad por falta de emplazamiento ya que fijación de domicilio por parte del deudor en pagaré implica a lo menos una confesión extrajudicial espontánea
- Se rechaza incidente de nulidad por falta de emplazamiento ya que abogado ha comparecido en distintos juicios en domicilio donde se practicó la notificación
- Boletas de servicios no son suficientes para restar valor a búsquedas positivas y notificación del demando al no existir impedimento para que una persona tenga más de un domicilio
- Distinción entre calle o pasaje resulta irrelevante y no altera la notificación practicada para efectos de incidente de falta de emplazamiento
- No basta con decir que no se recibió notificación para que se acoja incidente de nulidad por falta de emplazamiento
- No hay nulidad en notificación a persona natural si ha actuado en el juicio en su calidad de representante de persona jurídica demandada en conjunto
- Es válida notificación realizada a abogado si tenía patrocinio constituido desde gestión preparatoria
- Emplazamiento de un demandado por notificación tácita no hace inválida la notificación respecto de los otros demandados
- Mera circunstancia de trabajar en ciudad aledaña a la del juicio no es suficiente para acreditar falta de emplazamiento
- Tercero coadyuvante no tiene legitimación activa para incidente de nulidad por falta de emplazamiento
- Apelación de resoluciones dictadas en incidente de nulidad por falta de emplazamiento
- Resolución que rechaza incidente de nulidad por falta de emplazamiento no es apelable
- Resolución que se pronuncia respecto de un incidente de nulidad por falta de emplazamiento es apelable
- Resolución que recibe incidente de nulidad por falta de emplazamiento a prueba no es apelable
- Resolución que rechaza incidente de nulidad por falta de emplazamiento en juicio ejecutivo es apelable
- Resolución que falla incidente de nulidad por falta de emplazamiento en juicio ejecutivo no es apelable
- Incidente de nulidad procesal por falta de emplazamiento suspende
- Requisitos
- Premisas de la nulidad procesal
- Los medios procesales que la ley concede para invalidar actuaciones en un juicio sólo proceden in limine litis
- Principio de trascendencia
- Oportunidad para deducir incidencia de nulidad de actuación procesal
- Límite de temporalidad para reclamar incidente de nulidad no es aplicable a incompetencia absoluta del tribunal la cual puede ser alegada en cualquier etapa del procedimiento
- Casuística
- Declaración de nulidad procesal no puede afectar a la parte perjudicada por la misma
- Falta de notificación de resolución que recibe causa a prueba no es saneable si no se alega
- Nulidad por testimonial rendida ante tribunal exhortado por tener testigos domicilio en otra ciudad. Perjuicio
- Falta de oportuna certificación de notificación a demandado no es motivo de nulidad si pudo ejercer sus derechos durante todo el procedimiento
- Omisión de señalamiento de no existir persona adulta en domicilio no anula notificación por cédula
- Error referencial en cuanto de a apellido de notificado no la hace nula
- Es válida notificación a mandatario si mandato está conferido acorde a derecho
- Notificación de resolución que cita a audiencia de conciliación realizada en domicilio diverso del otorgado es nula
- No procede notificación ficta si no se ha anulado ninguna notificación
- Resolución que concede traslado a excepciones dilatorias no es atacable por medio de incidente de nulidad procesal
- Se configura nulidad procesal de notificación por correo electrónico de resolución que recibió causa a prueba al no haber sido solicitado de forma expresa y concreta ese tipo de notificación
- Procede nulidad procesal al acreditarse que atraso de receptor judicial al subir estampes de notificaciones provocaron indefensión de ejecutada
- Se acoge nulidad procesal ya que notificación de copia de factura en virtud de gestión preparatoria no da cuenta de la misma
- Se acoge incidente de nulidad procesal anulándose rendición de prueba testimonial ya que término probatorio no había iniciado al estar pendiente resolución de reposición
- Rechazo de incidente de nulidad procesal respecto de audiencia de prueba testimonial ya que testigos fueron notificados en misma audiencia recibiéndose prueba en una posterior
- Nulidad procesal deducida por terceros
- Exigencias para que juez pueda declarar de oficio la nulidad procesal
- Oportunidad para declarar de oficio la nulidad procesal en juicio ejecutivo
- Procede nulidad procesal de oficio al advertirse que tribunal a quo no recibió causa a prueba existiendo controversia respecto a existencia de precio de compraventa
- Es anulable de oficio resolución que omitió recibir a prueba tercería
- Procede nulidad de oficio ya que tribunal no abrió término probatorio para la acreditación de oportunidad en que incidentista tomó conocimiento del juicio
- Procede nulidad de oficio si tribunal se pronuncia sobre admisibilidad de excepciones después de recibir causa a prueba y que no fije claramente puntos de prueba
- Excepción de corrección del procedimiento no es vía idónea para anular notificación
- Procede nulidad procesal de oficio al verificar que procedimiento resultó incorrectamente alterado al hacerse lugar a apercibimiento del art. 277 del CPC desconociendo mérito del proceso
- Procede declarar de oficio nulidad de laudo y ordenata si juez partidor omite la repartición de todos los bienes que forman parte de la masa hereditaria
- Juicio arbitral. Se configura nulidad procesal al designar como ministro de fe en acta de comparendo inicial a abogado que no tiene calidad de secretario letrado, ni notario, ni secretario de tribunal superior de justicia infringiendo art. 648 del CPC
- Omisión de juramento por parte de árbitro de derecho para asumir su cargo acarrea nulidad procesal
- Procede nulidad de lo obrado al negar comparecencia a abogado y tener por evacuado trámite de contestación en rebeldía no obstante haber sido ratificado mandato ante Secretario del Tribunal
- Apelación
- Resolución que acoge incidente de nulidad es apelable
- Resolución que rechaza incidente de nulidad es apelable
- Resolución que otorga traslado conociendo incidente de nulidad es un decreto y por ende no es apelable
- Resolución que rechaza de plano incidente de nulidad procesal no es apelable
- Resolución que no da lugar a un incidente de nulidad procesal es apelable subsidiariamente
- Resoluciones que se dicten en tramitación de incidente de nulidad son inapelables
- Resolución que rechaza solicitud de suspensión mientras se resuelve incidente de nulidad no es apelable
- Resolución que anula de oficio lo obrado en autos es apelable
- Resolución que no da lugar al incidente de nulidad de todo lo obradoCUARTA PARTE DESISTIMIENTO
- Desistimiento: Diferencia con demanda no presentada y retirada
- Legislación chilena no reconoce el desistimiento tácito
- Desistimiento en segunda instancia
- Desistimiento y efecto de cosa juzgada
- Desistimiento en juicio ejecutivo
- Desistimiento de algunos demandantes de acción colectiva no alteran
- Desistimiento del peritaje
- Apelación
- Fundamentos de la acumulación de autos
- Acumulación de autos. Términos “proceso” y “juicio”
- Procede acumulación de autos y no litis pendencia ya que si bien causas se tratan de las mismas partes y misma causa a pedir la cosa pedida no es la misma
- Procede acoger acumulación ya que ambos procesos se encuentran en trámite de primera instancia ante el tribunal de primer grado, independientemente del avance o estado procesal de uno y otro
- Acumulación de gestiones de posesión efectiva
- La identidad de partes no es un requisito esencial para la acumulación de autos
- No se cumple requisito relativo a que los procesos cuya acumulación se pretende se encuentren en instancias análogas: etapa de emplazamiento y vencido término probatorio
- Procede acumulación de autos de dos causas de reclamo contra el monto expropiatorio
- Se configura acumulación de autos al acreditarse que acciones emanan de mismo hecho consistente en prestaciones sanitarias con motivo de lesiones sufridas en accidente
- Es procedente acumulación de autos ya que ambas causas comparten jerarquía, materia y partes
- Procede acumulación de autos, ya que no cambia naturaleza de la acción ejercicio de la reserva de artículo 173 del Código de Procedimiento Civil
- Litispendencia por conexidad reglada en el Nº3 del artículo 92 del Código de Procedimiento
- Ley de tramitación electrónica no es impedimento para proceder a acumulación de causas
- Si causas están acumuladas y más antigua está suspendida las partes de aquella siguen conservando su calidad de intervinientes y pueden impetrar apelaciones
- A pesar de que tribunal a quo conozca dos causas similares y proceda la acumulación de autos en ningún caso podrá anular lo obrado en alguna de ellas
- Apelación en incidente de acumulación de autos
- Gestión útil
- Notificaciones
- Solicitud de desarchivo
- Patrocinio y poder y presentación en que se hace parte y solicita alegatos
- Delegación de poder y solicitud de certificación no son gestiones útiles
- Solicitud de absolución de posiciones
- Apelación deducida en contra de sentencia definitiva es gestión útil
- Actuaciones en segunda instancia
- Actuación por medio de la cual se acompañan documentos antes del término probatorio
- Actuaciones en cuaderno de medida precautoria implica una gestión útil respecto del cuaderno principal
- Presentación de documentos
- Petición de oficios
- Diligencias referidas a notificación por exhorto son útiles
- Suspensión del procedimiento a petición de ambas partes no es gestión útil
- Solicitud de diligencias probatorias luego de interlocutoria de prueba son gestiones útiles
- Cesación den la prosecución del juicio
- Alcance de expresión cesación de las partes en la prosecución del juicio
- Cesación de las partes en la prosecución de juicio debe contemplar una pasividad imputable advirtiendo y aceptando las consecuencias perjudiciales que podrían derivarse de su desidia
- Abandono del procedimiento en estado de citación para oír sentencia
- Abandono del procedimiento pendiente resolución que se pronuncia sobre impugnación de auto de prueba
- Impulso procesal habiéndose deducido excepciones dilatorias
- No procede acoger abandono del procedimiento si se realizaron gestiones en segunda instancia al concederse recurso de apelación en el solo efecto devolutivo
- Renuncia a alegar el abandono del procedimiento
- Si demandado acompaña documentos con citación se entiende que renuncia a solicitar abandono del procedimiento
- Renuncia al patrocinio de uno de los abogados no es gestión útil que interrumpe plazo de abandono del procedimiento
- Alegación de abandono del procedimiento por acción y excepción. Inexistencia de renuncia
- No procede renuncia de abandono del procedimiento ya que una vez renovado el procedimiento por el actor la primera gestión fue solicitar el incidente
- Presentación que solicita téngase presente y que se tuviera corrección hecha por el demandante como una nueva demanda constituye renuncia al derecho a pedir abandono del procedimiento
- Oportunidad para alegar el abandono del procedimiento
- Abandono del procedimiento en juicio ejecutivo
- Más de tres años de inactividad en cuaderno de apremio periten acoger abandono del procedimiento
- Plazo de inactividad en juicio ejecutivo si ejecutado no opone excepciones es de tres años
- Abandono del procedimiento juicio ejecutivo. Realización de aquellas gestiones encaminadas al cobro compulsivo de la obligación
- Ejecutante que no realizó gestión útil desde traslado respecto de excepciones opuestas
- Abandono del procedimiento juicio ejecutivo. Impulso del tribunal una vez vencido plazo para oponer excepciones
- Proposición de bases del remate y acompañar certificado de dominio vigente de inmueble embargado son gestiones útiles
- Cumplir lo ordenado y señalar nuevos bienes para traba de embargo son gestiones útiles
- Abandono del procedimiento juicio ejecutivo. Estando la causa en tramitación en segunda instancia no es procedente
- Desarchivo y la notificación subsiguiente no son gestiones útiles. Nuevo día y hora de remate
- Solicitud de alzamiento de embargo de ejecutada no implica renuncia a alegar abandono del procedimiento
- Criterio judicial que sostiene que resolución falla incidente de abandono del procedimiento es apelable
- Criterio judicial consistente en que resolución que falla incidente de abandono de procedimiento es un auto y en consecuencia no es apelable
- Resolución que rechazó incidente de abandono del procedimiento en juicio sumario es apelable
- Resolución que resuelve el incidente abandono de procedimiento es apelable sólo si se interpone en forma directa
El recurso de nulidad laboral Chileno – Prospectiva constitucional y al derecho de recurso
Se trata de un trabajo de calidad, profundidad y rigurosidad que contiene un análisis muy interesante sobre el rol del recurso de nulidad como medio de impugnación de las sentencias definitivas pronunciadas en los procedimientos laborales y cómo este, que constituye un recurso extraordinario y de derecho estricto, satisface el debido proceso.
En este sentido, constituye una contribución original a un problema jurídico de reciente data, dado que fue incorporado en la Reforma Procesal Laboral Chilena que culmina con la publicación de la Ley N° 20.260 publicada en el Diario Oficial de 29 de marzo de 2008, generando una transformación relevante en el proceso laboral chileno.
INTRODUCCIÓN
- Antecedentes generales 2. El objeto de la investigación 3. Justificación de la investigación 4. Marco teórico 5. Fuentes 6. Metodología
CAPÍTULO I CONTROL JERÁRQUICO DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL PODER JUDICIAL DE CHILE EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS
- Estructura orgánica del Poder Judicial en Chile 8. Sistema general de recursos antes de las reformas procesales penal y laboral 9. Conclusiones
CAPÍTULO II EL DEBIDO PROCESO Y LOS RECURSOS
- El debido proceso 11. El derecho al recurso 12. El derecho al recurso y su aplicación a procesos no penales 13. Concepto de recurso 14. Conclusiones
CAPÍTULO III LA REFORMA PROCESAL LABORAL, SUS PROCEDIMIENTOS, PRINCIPIOS Y RÉGIMEN DE RECURSOS
- Antecedentes de la Reforma Procesal Laboral 16. Objetivos de la Reforma Procesal Laboral
- a) Brindar un mejor acceso a la justicia b) Posibilitar la efectividad del derecho sustantivo c) Agilización de los juicios del trabajo d) Modernización del sistema procesal laboral e) Configuración del proceso laboral como un instrumento de pacificación y potenciar el carácter diferenciado del procedimiento laboral f) Diseñar un modelo concreto de tutela de los derechos fundamentales en el seno de las relaciones laborales
- Procedimientos establecidos por la reforma laboral
- a) Procedimiento de Aplicación General u Ordinario b) Procedimientos Especiales
- Procedimiento Monitorio 2. Procedimiento de Tutela Laboral
- Principios del nuevo proceso laboral
- a) Principio de la oralidad b) Principio de publicidad c) Principio de Concentración d) Principio de Inmediación e) Principio del Impulso Procesal de Oficio f) Principio de Celeridad g) Principio de Buena Fe h) Principio de la Bilateralidad de la Audiencia i) Principio de Gratuidad
- El régimen de recursos en el procedimiento laboral
- a) Recurso de reposición b) Recurso de apelación c) Recurso de nulidad d) Recurso de unificación de jurisprudencia
- Razones de la supresión del recurso de apelación respecto de las sentencias definitivas dictadas en causas laborales 21. Conclusiones
CAPÍTULO IV CONSAGRACIÓN NORMATIVA DEL RECURSO DE NULIDAD LABORAL Y SU NATURALEZA JURÍDICA
- El recurso de nulidad y sus causales 23. Tramitación y exigencias formales del recurso de nulidad 24. Supresión de recursos respecto del nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad 25. Naturaleza jurídica del recurso de nulidad laboral 26. El recurso de nulidad laboral y el recurso de casación 27. El recurso de casación, el recurso de nulidad y el control de los hechos 28. Conclusiones
CAPÍTULO V LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, CONTROL DE CONVENCIONALIDAD E INTERPRETACIÓN CONFORME COMO CRITERIOS DE ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS Y ESPECIALMENTE DEL DE NULIDAD LABORAL
- La supremacía constitucional 30. El control de constitucionalidad 31. El control de convencionalidad 32. La interpretación conforme a la Constitución 33. El control de constitucionalidad ejercido por los jueces laborales 34. Conclusiones
CAPÍTULO VI ÁMBITO DE REVISIÓN QUE PERMITE EL RECURSO DE NULIDAD LABORAL
- Consideraciones generales 36. Causales del recurso de nulidad
- Causales generales de nulidad 1) Causal de infracción a los derechos o garantías constitucionales 2) Infracción de ley que influya sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia
- Causales específicas de nulidad 1) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por tribunal incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada por tribunal competente 2) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica 3) Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior 4) Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial expresamente
- a) La inmediación b) Omisión de algún requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial expresamente
5) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 o 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue
- a) Falta de requisitos de la sentencia b) Decisiones contradictorias c) Se otorga más allá de lo pedido por las partes, se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal sin perjuicio de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue
6) Cuando la sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello alegado oportunamente en el juicio 7) Posibilidad de acoger de oficio el recurso de nulidad
- Conclusiones
CAPÍTULO VII INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 482, INCISO FINAL, ÚLTIMA PARTE DEL CÓDIGO DEL TRABAJO
- Planteamiento del problema 39. A. Requerimientos ante el Tribunal Constitucional
- Síntesis de los argumentos del voto de mayoría que determinaron el rechazo del requerimiento C. Síntesis de los argumentos del voto de minoría que estuvo por acoger el requerimiento D. Nuestra opinión
- Conclusiones
CAPÍTULO VIII CONCLUSIONES DE LA TESIS
- Conclusiones de la tesis
El recurso de nulidad laboral Chileno – Prospectiva constitucional y al derecho de recurso
Se trata de un trabajo de calidad, profundidad y rigurosidad que contiene un análisis muy interesante sobre el rol del recurso de nulidad como medio de impugnación de las sentencias definitivas pronunciadas en los procedimientos laborales y cómo este, que constituye un recurso extraordinario y de derecho estricto, satisface el debido proceso.
En este sentido, constituye una contribución original a un problema jurídico de reciente data, dado que fue incorporado en la Reforma Procesal Laboral Chilena que culmina con la publicación de la Ley N° 20.260 publicada en el Diario Oficial de 29 de marzo de 2008, generando una transformación relevante en el proceso laboral chileno.
INTRODUCCIÓN
- Antecedentes generales 2. El objeto de la investigación 3. Justificación de la investigación 4. Marco teórico 5. Fuentes 6. Metodología
CAPÍTULO I CONTROL JERÁRQUICO DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL PODER JUDICIAL DE CHILE EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS
- Estructura orgánica del Poder Judicial en Chile 8. Sistema general de recursos antes de las reformas procesales penal y laboral 9. Conclusiones
CAPÍTULO II EL DEBIDO PROCESO Y LOS RECURSOS
- El debido proceso 11. El derecho al recurso 12. El derecho al recurso y su aplicación a procesos no penales 13. Concepto de recurso 14. Conclusiones
CAPÍTULO III LA REFORMA PROCESAL LABORAL, SUS PROCEDIMIENTOS, PRINCIPIOS Y RÉGIMEN DE RECURSOS
- Antecedentes de la Reforma Procesal Laboral 16. Objetivos de la Reforma Procesal Laboral
- a) Brindar un mejor acceso a la justicia b) Posibilitar la efectividad del derecho sustantivo c) Agilización de los juicios del trabajo d) Modernización del sistema procesal laboral e) Configuración del proceso laboral como un instrumento de pacificación y potenciar el carácter diferenciado del procedimiento laboral f) Diseñar un modelo concreto de tutela de los derechos fundamentales en el seno de las relaciones laborales
- Procedimientos establecidos por la reforma laboral
- a) Procedimiento de Aplicación General u Ordinario b) Procedimientos Especiales
- Procedimiento Monitorio 2. Procedimiento de Tutela Laboral
- Principios del nuevo proceso laboral
- a) Principio de la oralidad b) Principio de publicidad c) Principio de Concentración d) Principio de Inmediación e) Principio del Impulso Procesal de Oficio f) Principio de Celeridad g) Principio de Buena Fe h) Principio de la Bilateralidad de la Audiencia i) Principio de Gratuidad
- El régimen de recursos en el procedimiento laboral
- a) Recurso de reposición b) Recurso de apelación c) Recurso de nulidad d) Recurso de unificación de jurisprudencia
- Razones de la supresión del recurso de apelación respecto de las sentencias definitivas dictadas en causas laborales 21. Conclusiones
CAPÍTULO IV CONSAGRACIÓN NORMATIVA DEL RECURSO DE NULIDAD LABORAL Y SU NATURALEZA JURÍDICA
- El recurso de nulidad y sus causales 23. Tramitación y exigencias formales del recurso de nulidad 24. Supresión de recursos respecto del nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad 25. Naturaleza jurídica del recurso de nulidad laboral 26. El recurso de nulidad laboral y el recurso de casación 27. El recurso de casación, el recurso de nulidad y el control de los hechos 28. Conclusiones
CAPÍTULO V LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, CONTROL DE CONVENCIONALIDAD E INTERPRETACIÓN CONFORME COMO CRITERIOS DE ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS Y ESPECIALMENTE DEL DE NULIDAD LABORAL
- La supremacía constitucional 30. El control de constitucionalidad 31. El control de convencionalidad 32. La interpretación conforme a la Constitución 33. El control de constitucionalidad ejercido por los jueces laborales 34. Conclusiones
CAPÍTULO VI ÁMBITO DE REVISIÓN QUE PERMITE EL RECURSO DE NULIDAD LABORAL
- Consideraciones generales 36. Causales del recurso de nulidad
- Causales generales de nulidad 1) Causal de infracción a los derechos o garantías constitucionales 2) Infracción de ley que influya sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia
- Causales específicas de nulidad 1) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por tribunal incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada por tribunal competente 2) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica 3) Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior 4) Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial expresamente
- a) La inmediación b) Omisión de algún requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial expresamente
5) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 o 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue
- a) Falta de requisitos de la sentencia b) Decisiones contradictorias c) Se otorga más allá de lo pedido por las partes, se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal sin perjuicio de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue
6) Cuando la sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello alegado oportunamente en el juicio 7) Posibilidad de acoger de oficio el recurso de nulidad
- Conclusiones
CAPÍTULO VII INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 482, INCISO FINAL, ÚLTIMA PARTE DEL CÓDIGO DEL TRABAJO
- Planteamiento del problema 39. A. Requerimientos ante el Tribunal Constitucional
- Síntesis de los argumentos del voto de mayoría que determinaron el rechazo del requerimiento C. Síntesis de los argumentos del voto de minoría que estuvo por acoger el requerimiento D. Nuestra opinión
- Conclusiones
CAPÍTULO VIII CONCLUSIONES DE LA TESIS
- Conclusiones de la tesis
El Salvataje Del Fútbol Profesional Chileno – Una historia reservada
El Salvataje Del Fútbol Profesional Chileno – Una historia reservada
El sumario sujeto a la ley karin – Sumarios vals
MANUAL PRÁCTICO SOBRE EL SUMARIO Y LA INVESTIGACIÓN SUMARIA POR ACOSO, DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA O VIOLENCIA, PROCEDIMIENTOS SUI GENERIS INTRODUCIDOS AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO POR LA LEY KARIN.
Esta obra está concebida para rendir homenaje a lo sencillo, lo claro y lo práctico, pero, para quienes se animen a profundizar, abre puertas al examen jurídico riguroso, la reflexión hermenéutica y la conexión con otros campos del Derecho.
En forma intensa se ha analizado el empleo de videos y mensajes de texto como elementos de prueba, ya que constituyen vehículos en que suele viajar el insulto y son la huella que a menudo dejan los requerimientos sexuales.
Este texto debe examinarse en estrecha vinculación a su hermano mayor, el "Manual práctico de sumarios e investigaciones sumarias a la luz de la Ley Karin", que aborda temas esenciales para los procedimientos disciplinarios como son las facultades investigativas del fiscal o instructor, los vicios que pueden afectar a estos procedimientos, el régimen de invalidación, las normas sobre sanciones disciplinarias, los recursos administrativos y el engarce con la acción judicial de tutela que contempla el Código del Trabajo, entre otras materias.
PRIMERA SECCIÓN EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS SUJETOS A LA LEY KARINIntroducción
Aspectos Generales
– ¿Deben ser los organismos públicos un espacio libre del acoso y la violencia?
– ¿A quién ampara este espacio libre del acoso y la violencia?
– ¿Quiénes pueden ser sancionados disciplinariamente en virtud de procedimientos sujetos a la Lay Karin?
– ¿La sospecha de qué infracciones es la que puede suscitar que se genere el inicio de un sumario o investigación sumaria por acoso, discriminación arbitraria o violencia?
– ¿Por qué el acoso sexual se prohíbe en el mismo precepto que la discriminación arbitraria?
– ¿Quién puede ser sancionado en un sumario o investigación sumaria por violencia en el trabajo, en que el precepto legal exige que el autor de los hechos carezca de calidad funcionaria?
– ¿Por qué la Ley Karin no introduce procedimientos especiales por acoso, discriminación arbitraria o violencia, sino que procedimientos sui generis?
– ¿Cómo llamar a los procedimientos disciplinarios sui géneris que introdujo la Ley Karin al Estatuto Administrativo?
Relaciones entre la ley Karin y el principio de probidad
– ¿Constituyen el acoso y la violencia en el trabajo infracciones especiales a la probidad administrativa?
– ¿Procede considerar a los trabajadores a honorarios, los estudiantes en práctica y los trabajadores de empresa proveedora como víctima de violencia, acoso sexual o laboral?
– ¿Procede considerar a los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo, los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador, como víctimas de violencia, acoso sexual o laboral?
– ¿La conexión con el principio de probidad importa que los acosos, discriminaciones arbitrarias y conductas que faciliten la violencia en el trabajo deben ser sancionadas con destitución si son de carácter grave a juicio de la autoridad superior de la institución?
– ¿Debe entonces calificarse de grave el acoso, la discriminación o la facilitación de la violencia para que proceda la destitución?
– ¿Constituye falta a la probidad realizar denunciar falsas o con ánimo deliberado de perjudicar al denunciante?
Los principios que rigen los procedimientos administrativos y en particular los procedimientos disciplinarios
– ¿Cuáles son los principios de nuestros procedimientos administrativos?
El principio de la perspectiva de género
– ¿Qué significa la expresión género?
– ¿Qué es la perspectiva de género y por qué debe incorporarse en todos los procedimientos disciplinarios?
– ¿En la historia de la ley cómo se llegó la redacción sobre la perspectiva de género en el inciso segundo del Código del Trabajo?
– ¿Qué reglas legales adicionales gobiernan la situación de la víctima en relación a la perspectiva de género?
– ¿Qué aplicaciones prácticas tiene el principio de perspectiva de género?
– ¿Puede emplearse la perspectiva de género como un prejuicio en contra del denunciado o denunciada?
– ¿La perspectiva de género tiene el poder de fortalecer la convicción probatoria?
Vigencia de la Ley Karin
– ¿Desde cuándo rige la Ley Karin?
– ¿Qué ocurre si la denuncia se presentó antes del uno de agosto de 2024?
– ¿Se aplica la Ley Karin a los hechos ocurridos antes del uno de agosto de 2024?
El inicio del sumario y la investigación sumaria por acoso o violencia por denuncia y el inicio de oficio
– ¿Qué reglas de forma debe cumplir la denuncia por acoso o violencia?
– ¿De qué manera denomina la ley a las denuncias que no cumplen los requisitos de forma?
– ¿Qué ocurre si la autoridad superior no declara que la denuncia debe tenerse por no presentada?
– ¿Qué la denuncia se tenga por presentada significa que se debe declarar admisible y debe dictarse la resolución de inicio de un procedimiento disciplinario por acoso o violencia?
– ¿Resulta obligatorio para los funcionarios realizar denuncia por acoso o violencia?
– ¿Puede iniciarse de oficio el sumario por acoso o violencia y la investigación sumaria sujeta a la Ley Karin?
La admisibilidad o inadmisibilidad de la denuncia
– ¿Puede declararse inadmisible una denuncia por vulneración de las prohibiciones contenidas en el artículo 84 letras l) o m) del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué plazo tiene la autoridad para declarar inadmisible la denuncia?
– ¿Es necesario que el funcionario reclamante ante la Contraloría General de la República de la decisión que declara inadmisible su denuncia haya seguido el protocolo para canalizar las denuncias existentes en su organismo público?
– ¿Procede crear en los organismos públicos cuerpos participativos denominados Comités de Evaluación de Denuncias de Acoso?
– ¿Qué jurisprudencia existe sobre reclamos que impugnan decisiones de la autoridad en orden a considerar inadmisible una denuncia que reprocha la vulneración a las prohibiciones de la letra l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué fundamentos puede tener la resolución que declara inadmisible la denuncia por vulneración de las prohibiciones contempladas en las letras l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué diferencia a las faltas al deber de cortesía o comportamientos incívicos de las conductas de acoso o violencia?
– ¿Qué explica el auge de la regulación de los comportamientos incívicos?
– ¿Qué ha dicho la jurisprudencia administrativa sobre los comportamientos incívicos?
– ¿Es posible que pese a declararse inadmisible la denuncia por vulneración de las prohibiciones contempladas en las letras l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo, se ordene el inicio de un procedimiento disciplinario diverso?
La indemnidad del denunciante
– ¿Qué regulación existe sobre la indemnidad del denunciante?
Denuncias cruzadas
– ¿Qué consejos prácticos existen sobre las denuncias cruzadas?
Tramitación del sumario sujeto a la Ley Karin
– ¿Quién debe ser designado fiscal en el sumario sujeto a la Ley Karin?
– ¿Cómo está regulada la exigencia de igual o mayor jerarquía del fiscal respecto del imputado y respecto del del denunciante?
– ¿Puede el fiscal del sumario sujeto a la Ley Karin ser funcionario de otra institución pública?
– ¿Qué derechos procedimentales tienen las víctimas en el sumario sujeto a la Ley Karin?
– ¿En caso de muerte de la víctima, pueden sus herederos ejercer los derechos procedimentales de la víctima?
– ¿Qué ocurre si el que muere es el funcionario denunciado?
– ¿Qué consecuencias prácticas arrancan de estos derechos procedimentales de la víctima?
– ¿Qué reglas atañen al denunciante y qué reglas apuntan a la víctima y a los afectados en el sumario sujeto a la Ley Karin?
– ¿Cómo surge la víctima que no es denunciante?
– ¿Qué ocurre si la víctima o la persona afectada por el acoso o la violencia no son funcionarios?
– ¿Puede el denunciante, la víctima o la persona afectada recusar al fiscal?
– ¿Debe el fiscal citar al denunciante, la víctima, si fuera una persona diversa y al afectado, durante la etapa indagatoria del sumario?
– ¿Qué actuaciones prácticas son aconsejables para el fiscal?
– ¿Cómo deben realizarse las notificaciones a los intervinientes?
– ¿Qué ocurre con las notificaciones realizadas a los intervinientes por simple correo electrónico?
– ¿Debe notificarse la resolución que provee los descargos y las observaciones al oficio de cargos, que abre el término probatorio, fija audiencias y ordena diligencias probatorias?
– ¿Está el fiscal obligado a realizar las diligencias probatorias solicitadas y a abrir término probatorio?
– ¿Es procedente citar a los testigos por correo electrónico?
– ¿Puede el fiscal encargar a la víctima o al denunciado la citación de sus respectivos testigos?
– ¿Pueden impugnarse las resoluciones del fiscal mediante el recurso de reposición contemplado en el art. 15 de la Ley 19.880?
– ¿Procede que el denunciante, la víctima y los afectados por los hechos infracciónales presenten recurso de reposición o de apelación en iguales condiciones que el inculpado?
– ¿En los hospitales autogestionados, si uno o más inculpados son funcionarios a contrata, qué ocurre con a la apelación subsidiaria del denunciante, víctima o afectado que no reviste calidad funcionaria?
– ¿Qué ocurre si el fiscal de un sumario que indaga infracciones administrativas comunes sospecha la vulneración de las prohibiciones contenidas en las letras l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué ocurre si el fiscal de un sumario sujeto a la Ley Karin sospecha otras infracciones administrativas no contempladas en las prohibiciones de las letras l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo?
Medidas de resguardo procedentes en los sumarios sujetos a la Ley Karin
– ¿Qué régimen tienen las medidas cautelares que deben instruirse en el sumario especial por acoso o violencia?
– ¿Cómo se denominan las medidas cautelares que pueden aplicar el fiscal en el sumario por acoso o violencia?
– ¿Qué medidas de resguardo pueden aplicarse en el sumario sujeto a la Ley Karin?
– ¿Qué ocurre si el protocolo preventivo sobre acoso y violencia en el trabajo no se ocupa de establecer medidas de resguardo o el fiscal define medidas de resguardo no contenidas en el protocolo ni autorizadas expresamente por la ley?
– ¿Pueden aplicarse medidas de resguardo respecto de la víctima o de otras personas involucradas?
– ¿Pueden disponerse medidas de resguardo para proteger a los testigos?
– ¿Hasta qué momento pueden permanecer vigentes las medidas de resguardo en el sumario por acoso o violencia?
– ¿Hasta qué punto la disposición de medidas cautelares resulta obligatoria para la fiscalía?
– ¿Pueden revisarse las medidas de resguardo?
– ¿Pueden disponerse medidas de resguardo para amparar a trabajadores a honorarios?
Medidas cautelares que en forma ajena a un procedimiento disciplinario adopta la autoridad superior de la institución
– ¿Es procedente que la autoridad institucional adopte medidas cautelares en forma ajena a un procedimiento disciplinario?
Consideraciones especiales sobre los elementos probatorios en los sumarios sujetos a la Ley Karin
– ¿Qué es la prueba ilícita?
– ¿Es licito grabar una reunión con el representante del empleador sin su autorización?
– ¿Es lícito grabar las conversaciones en que uno mismo interviene sin el consentimiento de las demás participantes?
– ¿Qué ocurre si se graba la ejecución de un hecho irregular en desarrollo?
– ¿Por qué son prueba lícita los registros obtenidos por las cámaras de vigilancia?
– ¿Por qué los mensajes de audio y escritos enviados mediante redes WhatsApp u otros sistemas de mensajería electrónica no configuran prueba ilícita si son entregados voluntariamente por los incumbentes?
– ¿Se aplica el mismo criterio si un video es aportado al sumario por alguno de los incumbentes?
– ¿Por qué es prueba ilícita la aportada por personas que no son parte de conversaciones de mensajería electrónica?
– ¿Qué ocurre con los mensajes electrónicos que terceros observan en computadores de uso común si ha quedado abierta alguna aplicación de mensajería?
– ¿Qué ocurre si se accede a los mensajes privados mediante medios electrónicos que vulneran la privacidad?
Reglas sobre toma de razón y registro
– ¿Cuáles son las reglas sobre toma de razón que la actual resolución 36 de 2024 de la Contraloría General de la República establece respecto de las resoluciones que inciden en procedimientos disciplinarios?
– ¿Qué norma especial sobre toma de razón rige respecto de los sumarios por acoso o violencia si el denunciado se encuentra dentro del primer nivel jerárquico?
– ¿Qué norma especial sobre toma de razón rige respecto de los sumarios por acoso o violencia si el denunciado tiene la calidad de director de una asociación de funcionarios?
– ¿Cuáles son las reglas sobre registro que la actual resolución 36 de 2024 de la Contraloría General de la República establece respecto de las resoluciones que inciden en procedimientos disciplinarios?
– ¿Qué innovación en materia de registro respecto de las resoluciones que inciden en procedimientos disciplinarios incorporará la Resolución 3 de 2026 de la Contraloría General de la República a partir del 1 de junio de 2026?
El reclamo de ilegalidad en el sumario sujeto a la Ley Karin
– ¿Qué es el reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República y en qué varía respecto del sumario general?
– ¿Qué ocurre respecto al reclamo de ilegalidad si la autoridad declara inadmisible la denuncia?
– ¿Qué ocurre respecto del reclamo de ilegalidad si la autoridad dispone el sobreseimiento en los sumarios por acoso o violencia?
– ¿Qué ocurre con el reclamo de ilegalidad si la autoridad dispone la absolución o impone cualquier sanción en los sumarios por acoso o violencia?
– ¿En los sumarios por acoso o violencia, qué plazo tiene el denunciante para deducir el reclamo que regula el art. 160 del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué plazo tiene el sancionado para reclamar de la medida disciplinaria impuesta por acto de término?
– ¿Cuál es la regulación actual del reclamo de ilegalidad en la jurisprudencia administrativa?
- Antecedentes
- Regla general de improcedencia del reclamo de ilegalidad si el sumario está pendiente
- Procedencia del reclamo de ilegalidad si el procedimiento disciplinario está afinado
- Situación excepcional respecto al reclamo de ilegalidad si el acto de término se encuentra afecto al trámite de toma de razón
– ¿En los sumarios sujetos a la Ley Karin, debe notificarse al denunciante y en su caso a la víctima y personas afectadas, el acto de término en forma previa a la toma de razón?
– ¿Qué ocurre si el acto de término es exento del trámite de razón?
La colaboración eficaz en el sumario general y en el sumario sujeto a la Ley Karin
– ¿En qué consiste la atenuante de colaboración eficaz?
– ¿En qué consiste la colaboración eficaz como figura general de nuestro derecho disciplinario, que disminuye respecto de quienes se autodenuncien el plazo de inhabilitación para reincorporarse a la Administración del Estado?
– ¿En qué consiste la figura de la colaboración eficaz en lo que concierne a la eximición del plazo de inhabilidad para reincorporarse a la Administración del Estado?
– ¿Importa una limitación para la eximición del plazo de reincorporación, la expresión “considerando lo señalado en el inciso anterior”, contenida en el inciso final del artículo 121 del Estatuto Administrativo?
– ¿Por qué no es procedente la figura de la colaboración efectiva especial del artículo 121 inciso final del Estatuto Administrativo como factor de eximición del plazo de inhabilidad en los sumarios por acoso sexual o discriminación arbitraria?
– ¿Es aplicable la figura general de colaboración eficaz del artículo 121 del Estatuto Administrativo como factor de disminución del plazo de inhabilidad para reincorporarse a la Administración del Estado en los sumarios por acoso sexual o discriminación arbitraria?
Sanciones procedentes en los sumarios sujetos a la Ley Karin
– ¿Qué sanciones pueden aplicarse en los sumarios sujetos a la Ley Karin?
El principio de tipicidad no resulta aplicable en nuestro derecho disciplinario
– ¿Qué ocurre con el principio de tipicidad en nuestro derecho disciplinario?
La investigación sumaria sujeta a la Ley Karin
– ¿Es procedente que las indagaciones de vulneraciones a las prohibiciones contempladas en las letras l) y m) del artículo 84 del Estatuto Administrativo se sustancien mediante una investigación sumaria?
– ¿Puede el instructor de una investigación sumaria sujeta a la Ley Karin disponer medidas de resguardo y formular cargos?
– ¿Qué ocurre con la confidencialidad en la investigación sumaria sujeta a la Ley Karin?
Reglas sobre control de avance en los procedimientos sujetos a la ley Karin
– ¿Qué reglas especiales de control de avance de los procedimientos incorporó la Ley Karin?
Regla legal relativa al protocolo preventivo sobre acoso y violencia en el trabajo que debe existir en los organismos públicos
– ¿Cómo debe ser el protocolo preventivo sobre acoso y violencia en el trabajo que debe existir en los organismos públicos?
La Ley Karin respecto de los servidores municipales
– ¿Cuál es el régimen del sumario por acoso, discriminación arbitraria o violencia en el Estatuto Administrativo Municipal?
– ¿Cuál es la excepción relativa a las denuncias por acoso o violencia que afecten en calidad de denunciado o denunciante al Alcalde, concejales o a las jefaturas que dependen directamente del Alcalde?
– ¿Es procedente que el alcalde ordene medidas preventivas o de resguardo respecto a jefaturas de su dependencia directa?
Situación de los servidores públicos contratados a honorarios o contratados conforme al Código del Trabajo respecto a la Ley Karin
– ¿Es procedente la denuncia por vulneración por acoso, discriminación arbitraria o violencia emanada de un trabajador a honorarios, y, proceden a su respecto medidas de resguardo?
– ¿Cuál es el procedimiento aplicable a los trabajadores a honorarios para investigar denuncias en su contra por acoso o violencia en el trabajo?
– ¿Cuál es el procedimiento aplicable a los servidores públicos sujetos al Código del Trabajo para hacer exigible su responsabilidad disciplinaria por acoso, discriminación arbitraria o violencia?
– ¿Qué sanción procede aplicar a los servidores públicos sujetos al régimen del Código del Trabajo y condenados disciplinariamente por acoso, discriminación arbitraria o violencia en el trabajo?
SEGUNDA SECCIÓN MODELOS
Actuaciones del Fiscal
– Aceptación de nombramiento como fiscal y designación de actuario
– Designación de nuevo actuario por ausencia del titular
– Oficio del fiscal comunicando deber de abstención y manifestando implicancia
– Oficio del fiscal rechazando nombramiento por falta de competencias que exige la ley
– Oficio de fiscal manifestando implicancia por causal sobreviniente
– Oficio de fiscal solicitando cambio de fiscal por exceso de carga laboral
– Oficio de fiscal solicitando cambio de fiscal por licencia médica o descanso maternal
– Oficio del fiscal requiriendo antecedentes laborales
– Oficio del fiscal requiriendo filmaciones de cámaras de seguridad
– Oficio del fiscal requiriendo copia de reclamos de usuarios externos en contra de funcionario que indica
– Comunica calidad de inculpado a funcionario ausente y lo habilita para realizar presentaciones digitales
– Citación a declarar en calidad de testigo
– Primera citación a declarar en calidad de inculpado
– Oficio requiriendo responder cuestionario en calidad de inculpado
– Citación a prestar declaración en calidad de testigo mediante videoconferencia
– Primera citación a prestar declaración en calidad de inculpado mediante videoconferencia
– Primera declaración del denunciante en etapa indagatoria
– Primera declaración de la víctima diversa del denunciante o de la persona afectada
– Declaración de testigo en etapa indagatoria
– Declaración de inculpado en etapa indagatoria que se presenta con asistencia de abogado
– Declaración de inculpado en etapa indagatoria que se presenta sin asistencia de abogado
– Acta de transcripción de entrevista grabada
– Acta de notificación personal
– Acta de notificación personal presencial mediante videoconferencia
– Certificados de búsquedas frustradas
– Certificación de envío de carta certificada a través de la Empresa de Correos de Chile
– Acta de notificación de presunta víctima que se presenta voluntariamente solicitando notificarse de los cargos, prórroga y copias
– Certificado de búsquedas frustradas y de remisión de carta certificada
– Fiscalía dispone suspensión preventiva
– Fiscalía dispone destinación transitoria
– Fiscalía dispone medidas de resguardo respecto de la persona denunciante consistentes en atención psicológica temprana y separación de espacios físicos
– Fiscalía dispone medida de resguardo respecto de la persona denunciante en base al protocolo interno de la institución
– Fiscalía dispone medida de resguardo respecto del denunciado
– Acta de entrega y cotejo de archivos de audio y video
– Acta de cotejo y transcripción del audio contenido en archivos incorporados al proceso, guardados en pendrive que se adosó al acta de fojas
– Resolución de cierre de la etapa indagatoria
– Informe solicitando cambio de fiscal por falta de jerarquía luego del cierre de la etapa indagatoria
– Informe proponiendo el sobreseimiento por falta de mérito para formular cargos
– Informe en el que fiscalía propone la desacumulación de la arista del procedimiento que afecta a funcionario de jerarquía superior
– Oficio de cargos en sumario por acoso laboral
– Oficio de cargos en sumario por violencia en el trabajo
– Oficio de cargos en sumario por acoso sexual
– Resolución que provee descargos y observaciones a los cargos
– Resolución que provee reclamo por vicios del procedimiento y descargos
– Oficio de reformulación de cargos
– Declaración durante el término probatorio de testigo presentado por alguno de los intervinientes
– Minuta para prueba testimonial de la defensa mediante videoconferencia plena o híbrida
– Vista fiscal con propuesta de destitución en que ninguno de los intervinientes reclama vicios del procedimiento
– Vista fiscal en que se aplica la figura de la colaboración eficaz para eximición de la inhabilidad de ingreso a la administración del estado en caso de acoso laboral
– Vista fiscal en que los descargos reclaman vicios del procedimiento
– Oficio conductor que remite el expediente a la jefatura de la institución
Actuaciones del denunciante, de la víctima diversa del denunciante, del afectado y del inculpado
– Recusación en contra del fiscal dentro de plazo de apercibimiento
– Reclamo de cualquier involucrado en el proceso por vulneración de la normativa respecto de abstención sobreviniente
– Recusación deducida por persona afectada por los hechos infraccionales investigados
– Poder para abogado suscrito con firma electrónica
– Abogado acompaña el mandato que acredita su personería
– Solicita dar curso progresivo al procedimiento
– Solicita cambio de fiscal por grave infracción al principio de celeridad
– Solicita diligencias dentro de la etapa indagatoria
– Solicitud de prórroga y copia de expediente por parte del sumariado
– Solicita prórroga y copia del expediente por parte del denunciante, la víctima diversa del denunciante o los demás afectados
– Descargos en procedimiento disciplinario por acoso laboral o sexual
– El denunciante, la víctima u otro afectado, presenta observaciones a los cargos
– Observaciones a los cargos requiriendo su reformulación
– Recurso de reposición y en subsidio de apelación del inculpado
– Recurso de reposición y en subsidio de apelación del denunciante, la víctima si fuere una persona diversa o el afectado
– Reclamo de ilegalidad del art. 160 del estatuto administrativo, deducido por el inculpado
– Reclamo de ilegalidad del art. 160 del estatuto administrativo, deducido por el denunciante
Algunas resoluciones de la autoridad
– Resolución que ordena el inicio de sumario sujeto a la Ley Karin
– Resolución que declara inadmisible la denuncia por acoso sexual, discriminación arbitraria, acoso laboral o violencia en el trabajo
– Medida cautelar dispuesta en virtud del art. 13 inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado por la jefatura superior de la institución en forma previa al inicio del sumario
– Resolución que rechaza recusación
– Resolución que ordena nuevas diligencias con posterioridad a la vista fiscal
– Resolución que rechaza recursos de apelación subsidiarios
– Acto de término en sumario Ley Karin no sujeto a toma de razón
– Acto de término en sumario Ley Karin afecto a toma de razón
TERCERA SECCIÓN CONVENCIONES INTERNACIONALES
– Convenio 190 de 2019 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso
– Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, llamada coloquialmente “Convención de Belem do Pará”
El sumario sujeto a la ley karin – Sumarios vals
MANUAL PRÁCTICO SOBRE EL SUMARIO Y LA INVESTIGACIÓN SUMARIA POR ACOSO, DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA O VIOLENCIA, PROCEDIMIENTOS SUI GENERIS INTRODUCIDOS AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO POR LA LEY KARIN.
Esta obra está concebida para rendir homenaje a lo sencillo, lo claro y lo práctico, pero, para quienes se animen a profundizar, abre puertas al examen jurídico riguroso, la reflexión hermenéutica y la conexión con otros campos del Derecho.
En forma intensa se ha analizado el empleo de videos y mensajes de texto como elementos de prueba, ya que constituyen vehículos en que suele viajar el insulto y son la huella que a menudo dejan los requerimientos sexuales.
Este texto debe examinarse en estrecha vinculación a su hermano mayor, el "Manual práctico de sumarios e investigaciones sumarias a la luz de la Ley Karin", que aborda temas esenciales para los procedimientos disciplinarios como son las facultades investigativas del fiscal o instructor, los vicios que pueden afectar a estos procedimientos, el régimen de invalidación, las normas sobre sanciones disciplinarias, los recursos administrativos y el engarce con la acción judicial de tutela que contempla el Código del Trabajo, entre otras materias.
PRIMERA SECCIÓN EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS SUJETOS A LA LEY KARINIntroducción
Aspectos Generales
– ¿Deben ser los organismos públicos un espacio libre del acoso y la violencia?
– ¿A quién ampara este espacio libre del acoso y la violencia?
– ¿Quiénes pueden ser sancionados disciplinariamente en virtud de procedimientos sujetos a la Lay Karin?
– ¿La sospecha de qué infracciones es la que puede suscitar que se genere el inicio de un sumario o investigación sumaria por acoso, discriminación arbitraria o violencia?
– ¿Por qué el acoso sexual se prohíbe en el mismo precepto que la discriminación arbitraria?
– ¿Quién puede ser sancionado en un sumario o investigación sumaria por violencia en el trabajo, en que el precepto legal exige que el autor de los hechos carezca de calidad funcionaria?
– ¿Por qué la Ley Karin no introduce procedimientos especiales por acoso, discriminación arbitraria o violencia, sino que procedimientos sui generis?
– ¿Cómo llamar a los procedimientos disciplinarios sui géneris que introdujo la Ley Karin al Estatuto Administrativo?
Relaciones entre la ley Karin y el principio de probidad
– ¿Constituyen el acoso y la violencia en el trabajo infracciones especiales a la probidad administrativa?
– ¿Procede considerar a los trabajadores a honorarios, los estudiantes en práctica y los trabajadores de empresa proveedora como víctima de violencia, acoso sexual o laboral?
– ¿Procede considerar a los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo, los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador, como víctimas de violencia, acoso sexual o laboral?
– ¿La conexión con el principio de probidad importa que los acosos, discriminaciones arbitrarias y conductas que faciliten la violencia en el trabajo deben ser sancionadas con destitución si son de carácter grave a juicio de la autoridad superior de la institución?
– ¿Debe entonces calificarse de grave el acoso, la discriminación o la facilitación de la violencia para que proceda la destitución?
– ¿Constituye falta a la probidad realizar denunciar falsas o con ánimo deliberado de perjudicar al denunciante?
Los principios que rigen los procedimientos administrativos y en particular los procedimientos disciplinarios
– ¿Cuáles son los principios de nuestros procedimientos administrativos?
El principio de la perspectiva de género
– ¿Qué significa la expresión género?
– ¿Qué es la perspectiva de género y por qué debe incorporarse en todos los procedimientos disciplinarios?
– ¿En la historia de la ley cómo se llegó la redacción sobre la perspectiva de género en el inciso segundo del Código del Trabajo?
– ¿Qué reglas legales adicionales gobiernan la situación de la víctima en relación a la perspectiva de género?
– ¿Qué aplicaciones prácticas tiene el principio de perspectiva de género?
– ¿Puede emplearse la perspectiva de género como un prejuicio en contra del denunciado o denunciada?
– ¿La perspectiva de género tiene el poder de fortalecer la convicción probatoria?
Vigencia de la Ley Karin
– ¿Desde cuándo rige la Ley Karin?
– ¿Qué ocurre si la denuncia se presentó antes del uno de agosto de 2024?
– ¿Se aplica la Ley Karin a los hechos ocurridos antes del uno de agosto de 2024?
El inicio del sumario y la investigación sumaria por acoso o violencia por denuncia y el inicio de oficio
– ¿Qué reglas de forma debe cumplir la denuncia por acoso o violencia?
– ¿De qué manera denomina la ley a las denuncias que no cumplen los requisitos de forma?
– ¿Qué ocurre si la autoridad superior no declara que la denuncia debe tenerse por no presentada?
– ¿Qué la denuncia se tenga por presentada significa que se debe declarar admisible y debe dictarse la resolución de inicio de un procedimiento disciplinario por acoso o violencia?
– ¿Resulta obligatorio para los funcionarios realizar denuncia por acoso o violencia?
– ¿Puede iniciarse de oficio el sumario por acoso o violencia y la investigación sumaria sujeta a la Ley Karin?
La admisibilidad o inadmisibilidad de la denuncia
– ¿Puede declararse inadmisible una denuncia por vulneración de las prohibiciones contenidas en el artículo 84 letras l) o m) del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué plazo tiene la autoridad para declarar inadmisible la denuncia?
– ¿Es necesario que el funcionario reclamante ante la Contraloría General de la República de la decisión que declara inadmisible su denuncia haya seguido el protocolo para canalizar las denuncias existentes en su organismo público?
– ¿Procede crear en los organismos públicos cuerpos participativos denominados Comités de Evaluación de Denuncias de Acoso?
– ¿Qué jurisprudencia existe sobre reclamos que impugnan decisiones de la autoridad en orden a considerar inadmisible una denuncia que reprocha la vulneración a las prohibiciones de la letra l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué fundamentos puede tener la resolución que declara inadmisible la denuncia por vulneración de las prohibiciones contempladas en las letras l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué diferencia a las faltas al deber de cortesía o comportamientos incívicos de las conductas de acoso o violencia?
– ¿Qué explica el auge de la regulación de los comportamientos incívicos?
– ¿Qué ha dicho la jurisprudencia administrativa sobre los comportamientos incívicos?
– ¿Es posible que pese a declararse inadmisible la denuncia por vulneración de las prohibiciones contempladas en las letras l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo, se ordene el inicio de un procedimiento disciplinario diverso?
La indemnidad del denunciante
– ¿Qué regulación existe sobre la indemnidad del denunciante?
Denuncias cruzadas
– ¿Qué consejos prácticos existen sobre las denuncias cruzadas?
Tramitación del sumario sujeto a la Ley Karin
– ¿Quién debe ser designado fiscal en el sumario sujeto a la Ley Karin?
– ¿Cómo está regulada la exigencia de igual o mayor jerarquía del fiscal respecto del imputado y respecto del del denunciante?
– ¿Puede el fiscal del sumario sujeto a la Ley Karin ser funcionario de otra institución pública?
– ¿Qué derechos procedimentales tienen las víctimas en el sumario sujeto a la Ley Karin?
– ¿En caso de muerte de la víctima, pueden sus herederos ejercer los derechos procedimentales de la víctima?
– ¿Qué ocurre si el que muere es el funcionario denunciado?
– ¿Qué consecuencias prácticas arrancan de estos derechos procedimentales de la víctima?
– ¿Qué reglas atañen al denunciante y qué reglas apuntan a la víctima y a los afectados en el sumario sujeto a la Ley Karin?
– ¿Cómo surge la víctima que no es denunciante?
– ¿Qué ocurre si la víctima o la persona afectada por el acoso o la violencia no son funcionarios?
– ¿Puede el denunciante, la víctima o la persona afectada recusar al fiscal?
– ¿Debe el fiscal citar al denunciante, la víctima, si fuera una persona diversa y al afectado, durante la etapa indagatoria del sumario?
– ¿Qué actuaciones prácticas son aconsejables para el fiscal?
– ¿Cómo deben realizarse las notificaciones a los intervinientes?
– ¿Qué ocurre con las notificaciones realizadas a los intervinientes por simple correo electrónico?
– ¿Debe notificarse la resolución que provee los descargos y las observaciones al oficio de cargos, que abre el término probatorio, fija audiencias y ordena diligencias probatorias?
– ¿Está el fiscal obligado a realizar las diligencias probatorias solicitadas y a abrir término probatorio?
– ¿Es procedente citar a los testigos por correo electrónico?
– ¿Puede el fiscal encargar a la víctima o al denunciado la citación de sus respectivos testigos?
– ¿Pueden impugnarse las resoluciones del fiscal mediante el recurso de reposición contemplado en el art. 15 de la Ley 19.880?
– ¿Procede que el denunciante, la víctima y los afectados por los hechos infracciónales presenten recurso de reposición o de apelación en iguales condiciones que el inculpado?
– ¿En los hospitales autogestionados, si uno o más inculpados son funcionarios a contrata, qué ocurre con a la apelación subsidiaria del denunciante, víctima o afectado que no reviste calidad funcionaria?
– ¿Qué ocurre si el fiscal de un sumario que indaga infracciones administrativas comunes sospecha la vulneración de las prohibiciones contenidas en las letras l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué ocurre si el fiscal de un sumario sujeto a la Ley Karin sospecha otras infracciones administrativas no contempladas en las prohibiciones de las letras l) o m) del art. 84 del Estatuto Administrativo?
Medidas de resguardo procedentes en los sumarios sujetos a la Ley Karin
– ¿Qué régimen tienen las medidas cautelares que deben instruirse en el sumario especial por acoso o violencia?
– ¿Cómo se denominan las medidas cautelares que pueden aplicar el fiscal en el sumario por acoso o violencia?
– ¿Qué medidas de resguardo pueden aplicarse en el sumario sujeto a la Ley Karin?
– ¿Qué ocurre si el protocolo preventivo sobre acoso y violencia en el trabajo no se ocupa de establecer medidas de resguardo o el fiscal define medidas de resguardo no contenidas en el protocolo ni autorizadas expresamente por la ley?
– ¿Pueden aplicarse medidas de resguardo respecto de la víctima o de otras personas involucradas?
– ¿Pueden disponerse medidas de resguardo para proteger a los testigos?
– ¿Hasta qué momento pueden permanecer vigentes las medidas de resguardo en el sumario por acoso o violencia?
– ¿Hasta qué punto la disposición de medidas cautelares resulta obligatoria para la fiscalía?
– ¿Pueden revisarse las medidas de resguardo?
– ¿Pueden disponerse medidas de resguardo para amparar a trabajadores a honorarios?
Medidas cautelares que en forma ajena a un procedimiento disciplinario adopta la autoridad superior de la institución
– ¿Es procedente que la autoridad institucional adopte medidas cautelares en forma ajena a un procedimiento disciplinario?
Consideraciones especiales sobre los elementos probatorios en los sumarios sujetos a la Ley Karin
– ¿Qué es la prueba ilícita?
– ¿Es licito grabar una reunión con el representante del empleador sin su autorización?
– ¿Es lícito grabar las conversaciones en que uno mismo interviene sin el consentimiento de las demás participantes?
– ¿Qué ocurre si se graba la ejecución de un hecho irregular en desarrollo?
– ¿Por qué son prueba lícita los registros obtenidos por las cámaras de vigilancia?
– ¿Por qué los mensajes de audio y escritos enviados mediante redes WhatsApp u otros sistemas de mensajería electrónica no configuran prueba ilícita si son entregados voluntariamente por los incumbentes?
– ¿Se aplica el mismo criterio si un video es aportado al sumario por alguno de los incumbentes?
– ¿Por qué es prueba ilícita la aportada por personas que no son parte de conversaciones de mensajería electrónica?
– ¿Qué ocurre con los mensajes electrónicos que terceros observan en computadores de uso común si ha quedado abierta alguna aplicación de mensajería?
– ¿Qué ocurre si se accede a los mensajes privados mediante medios electrónicos que vulneran la privacidad?
Reglas sobre toma de razón y registro
– ¿Cuáles son las reglas sobre toma de razón que la actual resolución 36 de 2024 de la Contraloría General de la República establece respecto de las resoluciones que inciden en procedimientos disciplinarios?
– ¿Qué norma especial sobre toma de razón rige respecto de los sumarios por acoso o violencia si el denunciado se encuentra dentro del primer nivel jerárquico?
– ¿Qué norma especial sobre toma de razón rige respecto de los sumarios por acoso o violencia si el denunciado tiene la calidad de director de una asociación de funcionarios?
– ¿Cuáles son las reglas sobre registro que la actual resolución 36 de 2024 de la Contraloría General de la República establece respecto de las resoluciones que inciden en procedimientos disciplinarios?
– ¿Qué innovación en materia de registro respecto de las resoluciones que inciden en procedimientos disciplinarios incorporará la Resolución 3 de 2026 de la Contraloría General de la República a partir del 1 de junio de 2026?
El reclamo de ilegalidad en el sumario sujeto a la Ley Karin
– ¿Qué es el reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República y en qué varía respecto del sumario general?
– ¿Qué ocurre respecto al reclamo de ilegalidad si la autoridad declara inadmisible la denuncia?
– ¿Qué ocurre respecto del reclamo de ilegalidad si la autoridad dispone el sobreseimiento en los sumarios por acoso o violencia?
– ¿Qué ocurre con el reclamo de ilegalidad si la autoridad dispone la absolución o impone cualquier sanción en los sumarios por acoso o violencia?
– ¿En los sumarios por acoso o violencia, qué plazo tiene el denunciante para deducir el reclamo que regula el art. 160 del Estatuto Administrativo?
– ¿Qué plazo tiene el sancionado para reclamar de la medida disciplinaria impuesta por acto de término?
– ¿Cuál es la regulación actual del reclamo de ilegalidad en la jurisprudencia administrativa?
- Antecedentes
- Regla general de improcedencia del reclamo de ilegalidad si el sumario está pendiente
- Procedencia del reclamo de ilegalidad si el procedimiento disciplinario está afinado
- Situación excepcional respecto al reclamo de ilegalidad si el acto de término se encuentra afecto al trámite de toma de razón
– ¿En los sumarios sujetos a la Ley Karin, debe notificarse al denunciante y en su caso a la víctima y personas afectadas, el acto de término en forma previa a la toma de razón?
– ¿Qué ocurre si el acto de término es exento del trámite de razón?
La colaboración eficaz en el sumario general y en el sumario sujeto a la Ley Karin
– ¿En qué consiste la atenuante de colaboración eficaz?
– ¿En qué consiste la colaboración eficaz como figura general de nuestro derecho disciplinario, que disminuye respecto de quienes se autodenuncien el plazo de inhabilitación para reincorporarse a la Administración del Estado?
– ¿En qué consiste la figura de la colaboración eficaz en lo que concierne a la eximición del plazo de inhabilidad para reincorporarse a la Administración del Estado?
– ¿Importa una limitación para la eximición del plazo de reincorporación, la expresión “considerando lo señalado en el inciso anterior”, contenida en el inciso final del artículo 121 del Estatuto Administrativo?
– ¿Por qué no es procedente la figura de la colaboración efectiva especial del artículo 121 inciso final del Estatuto Administrativo como factor de eximición del plazo de inhabilidad en los sumarios por acoso sexual o discriminación arbitraria?
– ¿Es aplicable la figura general de colaboración eficaz del artículo 121 del Estatuto Administrativo como factor de disminución del plazo de inhabilidad para reincorporarse a la Administración del Estado en los sumarios por acoso sexual o discriminación arbitraria?
Sanciones procedentes en los sumarios sujetos a la Ley Karin
– ¿Qué sanciones pueden aplicarse en los sumarios sujetos a la Ley Karin?
El principio de tipicidad no resulta aplicable en nuestro derecho disciplinario
– ¿Qué ocurre con el principio de tipicidad en nuestro derecho disciplinario?
La investigación sumaria sujeta a la Ley Karin
– ¿Es procedente que las indagaciones de vulneraciones a las prohibiciones contempladas en las letras l) y m) del artículo 84 del Estatuto Administrativo se sustancien mediante una investigación sumaria?
– ¿Puede el instructor de una investigación sumaria sujeta a la Ley Karin disponer medidas de resguardo y formular cargos?
– ¿Qué ocurre con la confidencialidad en la investigación sumaria sujeta a la Ley Karin?
Reglas sobre control de avance en los procedimientos sujetos a la ley Karin
– ¿Qué reglas especiales de control de avance de los procedimientos incorporó la Ley Karin?
Regla legal relativa al protocolo preventivo sobre acoso y violencia en el trabajo que debe existir en los organismos públicos
– ¿Cómo debe ser el protocolo preventivo sobre acoso y violencia en el trabajo que debe existir en los organismos públicos?
La Ley Karin respecto de los servidores municipales
– ¿Cuál es el régimen del sumario por acoso, discriminación arbitraria o violencia en el Estatuto Administrativo Municipal?
– ¿Cuál es la excepción relativa a las denuncias por acoso o violencia que afecten en calidad de denunciado o denunciante al Alcalde, concejales o a las jefaturas que dependen directamente del Alcalde?
– ¿Es procedente que el alcalde ordene medidas preventivas o de resguardo respecto a jefaturas de su dependencia directa?
Situación de los servidores públicos contratados a honorarios o contratados conforme al Código del Trabajo respecto a la Ley Karin
– ¿Es procedente la denuncia por vulneración por acoso, discriminación arbitraria o violencia emanada de un trabajador a honorarios, y, proceden a su respecto medidas de resguardo?
– ¿Cuál es el procedimiento aplicable a los trabajadores a honorarios para investigar denuncias en su contra por acoso o violencia en el trabajo?
– ¿Cuál es el procedimiento aplicable a los servidores públicos sujetos al Código del Trabajo para hacer exigible su responsabilidad disciplinaria por acoso, discriminación arbitraria o violencia?
– ¿Qué sanción procede aplicar a los servidores públicos sujetos al régimen del Código del Trabajo y condenados disciplinariamente por acoso, discriminación arbitraria o violencia en el trabajo?
SEGUNDA SECCIÓN MODELOS
Actuaciones del Fiscal
– Aceptación de nombramiento como fiscal y designación de actuario
– Designación de nuevo actuario por ausencia del titular
– Oficio del fiscal comunicando deber de abstención y manifestando implicancia
– Oficio del fiscal rechazando nombramiento por falta de competencias que exige la ley
– Oficio de fiscal manifestando implicancia por causal sobreviniente
– Oficio de fiscal solicitando cambio de fiscal por exceso de carga laboral
– Oficio de fiscal solicitando cambio de fiscal por licencia médica o descanso maternal
– Oficio del fiscal requiriendo antecedentes laborales
– Oficio del fiscal requiriendo filmaciones de cámaras de seguridad
– Oficio del fiscal requiriendo copia de reclamos de usuarios externos en contra de funcionario que indica
– Comunica calidad de inculpado a funcionario ausente y lo habilita para realizar presentaciones digitales
– Citación a declarar en calidad de testigo
– Primera citación a declarar en calidad de inculpado
– Oficio requiriendo responder cuestionario en calidad de inculpado
– Citación a prestar declaración en calidad de testigo mediante videoconferencia
– Primera citación a prestar declaración en calidad de inculpado mediante videoconferencia
– Primera declaración del denunciante en etapa indagatoria
– Primera declaración de la víctima diversa del denunciante o de la persona afectada
– Declaración de testigo en etapa indagatoria
– Declaración de inculpado en etapa indagatoria que se presenta con asistencia de abogado
– Declaración de inculpado en etapa indagatoria que se presenta sin asistencia de abogado
– Acta de transcripción de entrevista grabada
– Acta de notificación personal
– Acta de notificación personal presencial mediante videoconferencia
– Certificados de búsquedas frustradas
– Certificación de envío de carta certificada a través de la Empresa de Correos de Chile
– Acta de notificación de presunta víctima que se presenta voluntariamente solicitando notificarse de los cargos, prórroga y copias
– Certificado de búsquedas frustradas y de remisión de carta certificada
– Fiscalía dispone suspensión preventiva
– Fiscalía dispone destinación transitoria
– Fiscalía dispone medidas de resguardo respecto de la persona denunciante consistentes en atención psicológica temprana y separación de espacios físicos
– Fiscalía dispone medida de resguardo respecto de la persona denunciante en base al protocolo interno de la institución
– Fiscalía dispone medida de resguardo respecto del denunciado
– Acta de entrega y cotejo de archivos de audio y video
– Acta de cotejo y transcripción del audio contenido en archivos incorporados al proceso, guardados en pendrive que se adosó al acta de fojas
– Resolución de cierre de la etapa indagatoria
– Informe solicitando cambio de fiscal por falta de jerarquía luego del cierre de la etapa indagatoria
– Informe proponiendo el sobreseimiento por falta de mérito para formular cargos
– Informe en el que fiscalía propone la desacumulación de la arista del procedimiento que afecta a funcionario de jerarquía superior
– Oficio de cargos en sumario por acoso laboral
– Oficio de cargos en sumario por violencia en el trabajo
– Oficio de cargos en sumario por acoso sexual
– Resolución que provee descargos y observaciones a los cargos
– Resolución que provee reclamo por vicios del procedimiento y descargos
– Oficio de reformulación de cargos
– Declaración durante el término probatorio de testigo presentado por alguno de los intervinientes
– Minuta para prueba testimonial de la defensa mediante videoconferencia plena o híbrida
– Vista fiscal con propuesta de destitución en que ninguno de los intervinientes reclama vicios del procedimiento
– Vista fiscal en que se aplica la figura de la colaboración eficaz para eximición de la inhabilidad de ingreso a la administración del estado en caso de acoso laboral
– Vista fiscal en que los descargos reclaman vicios del procedimiento
– Oficio conductor que remite el expediente a la jefatura de la institución
Actuaciones del denunciante, de la víctima diversa del denunciante, del afectado y del inculpado
– Recusación en contra del fiscal dentro de plazo de apercibimiento
– Reclamo de cualquier involucrado en el proceso por vulneración de la normativa respecto de abstención sobreviniente
– Recusación deducida por persona afectada por los hechos infraccionales investigados
– Poder para abogado suscrito con firma electrónica
– Abogado acompaña el mandato que acredita su personería
– Solicita dar curso progresivo al procedimiento
– Solicita cambio de fiscal por grave infracción al principio de celeridad
– Solicita diligencias dentro de la etapa indagatoria
– Solicitud de prórroga y copia de expediente por parte del sumariado
– Solicita prórroga y copia del expediente por parte del denunciante, la víctima diversa del denunciante o los demás afectados
– Descargos en procedimiento disciplinario por acoso laboral o sexual
– El denunciante, la víctima u otro afectado, presenta observaciones a los cargos
– Observaciones a los cargos requiriendo su reformulación
– Recurso de reposición y en subsidio de apelación del inculpado
– Recurso de reposición y en subsidio de apelación del denunciante, la víctima si fuere una persona diversa o el afectado
– Reclamo de ilegalidad del art. 160 del estatuto administrativo, deducido por el inculpado
– Reclamo de ilegalidad del art. 160 del estatuto administrativo, deducido por el denunciante
Algunas resoluciones de la autoridad
– Resolución que ordena el inicio de sumario sujeto a la Ley Karin
– Resolución que declara inadmisible la denuncia por acoso sexual, discriminación arbitraria, acoso laboral o violencia en el trabajo
– Medida cautelar dispuesta en virtud del art. 13 inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado por la jefatura superior de la institución en forma previa al inicio del sumario
– Resolución que rechaza recusación
– Resolución que ordena nuevas diligencias con posterioridad a la vista fiscal
– Resolución que rechaza recursos de apelación subsidiarios
– Acto de término en sumario Ley Karin no sujeto a toma de razón
– Acto de término en sumario Ley Karin afecto a toma de razón
TERCERA SECCIÓN CONVENCIONES INTERNACIONALES
– Convenio 190 de 2019 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso
– Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, llamada coloquialmente “Convención de Belem do Pará”
Empresas Públicas – historia, legislación y gobernanza
El propósito que anima estas páginas es ofrecer una definición de la empresa pública en Chile fundada en el derecho positivo vigente, que recoja sus elementos identificatorios y que no se limite al mero marco regulatorio que entrega el artículo 19 No 21, inciso segundo, de la Constitución Política de la República esto es, la autorización al Estado para desarrollar actividades empresariales mediante una ley de quórum calificado, como parte de su faz pública, para concurrir luego al mercado bajo las mismas reglas que los particulares, como parte de su faz privada, sino que incorpore, además, aquellos elementos comunes presentes en las leyes fundantes actualmente vigentes.
El recorrido se ordena en tres capítulos. El primero examina el rol del Estado en la economía desde la perspectiva de las principales escuelas y modelos económicos, plantea el problema de la definición y revisa la normativa de derecho privado Código Civil, Código de Comercio, Código del Trabajo y la jurisprudencia administrativa y de los tribunales ordinarios y especiales, en el camino hacia la construcción de un concepto normativo, para cerrar con la Constitución de 1980 y el orden público económico. El segundo capítulo emprende un ejercicio histórico que se remonta a los orígenes de la República: los Reglamentos Constitucionales de 1812 y 1814 y las Constituciones de 1818, 1822, 1823, 1828, 1833 y 1925, revisados uno a uno para contextualizar el avance legislativo en la materia. Ese itinerario va acompañado del examen de la normativa de derecho público y privado aplicable al Estado empresario en cada época como la dictación del Código Civil bajo la vigencia de la Carta de 1833 o la evolución del concepto de servicio público en la Administración, y se detiene en la irrupción de la CORFO, en las reformas constitucionales de 1943, 1967 y 1970, y en los hitos que el constituyente de 1980 tuvo a la vista tras el quiebre constitucional vivido durante el gobierno de la Unidad Popular, los que explican la actual configuración del Estado empresario en el texto fundamental vigente y el debate en torno al principio de subsidiariedad. El tercer capítulo, en fin, estudia en particular cada una de las leyes fundantes de las empresas públicas chilenas de la defensa nacional, de la minería, de las comunicaciones, de los transportes, financieras y de abastecimiento, identificando sus elementos comunes y diferenciados conforme a criterios que hacen posible su comparación: el objeto o giro de negocios establecido por ley; la organización interna y la representación ante terceros; la supervigilancia del Poder Ejecutivo; el régimen de bienes y algunos aspectos de la administración financiera; la aplicación del Código del Trabajo y el régimen de personal; la fiscalización de la Contraloría General de la República, la Cámara de Diputados, el Consejo para la Transparencia y la Comisión para el Mercado Financiero, entre otros órganos; y la participación en sociedades con giro vinculado al objeto social.CAPÍTULO I
- ROL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA. PERSPECTIVA DE LAS ESCUELAS Y MODELOS ECONÓMICOS
- El Estado en la economía liberal clásica 2. El Estado en el modelo keynesiano y la economía del bienestar 3. El Estado en la visión neoliberal monetarista
- PROBLEMA DE UNA DEFINICIÓN III. REVISIÓN DE LA NORMATIVA DEL DERECHO PRIVADO PARA UNA DEFINICIÓN DE EMPRESA PÚBLICA
- Código Civil y Persona Jurídica de Derecho Público 2. Código de Comercio y Empresa 3. Código del Trabajo y Empresa 4. Definiciones desde la jurisprudencia 5. Mirada desde la Ciencia Económica 6. En el camino hacia la construcción de un Concepto Normativo 7. La Constitución de 1980 y el Orden Público Económico
CAPÍTULO II
- HISTORIA CONSTITUCIONAL
- Una seguidilla de ensayos al inicio de la República 2. La Anarquía o los años de formación y aprendizaje político 3. La longeva Constitución de 1833 4. La Organización de la Administración del Estado en la Constitución de 1833
- El Estado ii. Las Municipalidades iii. Los Establecimientos Públicos iv. Las Personas Jurídicas v. Las Direcciones y Direcciones Generales vi. Servicios Públicos
- UN SIGLO XX DE CAMBIOS, LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SERVICIO EN LA ADMINISTRACIÓN CON LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1925
- La evolución del concepto de Servicio en la Administración con la nueva Constitución Política de 1925
- Establecimientos Públicos ii. Instituciones Semifiscales iii. Empresas del Estado iv. Administración institucionalmente descentralizada, Empresas de Economía Mixta
- La Constitución de 1925 y la actividad empresarial del Estado 3. Las reformas al texto constitucional de 1925 en materia empresarial estatal
- La reforma constitucional del año 1943 ii. La reforma constitucional del año 1967 iii. La reforma constitucional del año 1970
- La CORFO y Ley No 6.334 durante la vigencia de la CPR de 1925
III. EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN ECONÓMICA CHILENA
- El Banco Central de Chile, obra de Kemmerer 2. El Decreto Ley No 520 de 1932 3. El control de precios en el Decreto Ley No 520 4. El Régimen Industrial en el Decreto con Fuerza de Ley No 173 de 1953 5. Las Sanciones Económicas en el Decreto Ley No 520 6. Mecanismos económicos-legales para llevar a cabo el plan de gobierno de la Unidad Popular
- La evolución Administrativa en las CPR de 1833 y 1925 V. El Gobierno de la Unidad Popular y el quiebre constitucional
- Indicadores Macroeconómicos a septiembre de 1973 2. Visión Económica de la Junta Militar 3. El Estado Empresario en la Constitución de 1980 4. Requisitos Constitucionales del Estado Empresario 5. Principio de Subsidiariedad y Especialidad del Giro, distintas posturas
- Doctrina mayoritaria ii. Doctrina minoritaria. Una mirada crítica al principio de subsidiariedad iii. Principio de Subsidiariedad en la jurisprudencia iv. Conclusiones sobre los principios del Estado empresario, a la luz de la subsidiariedad
- Manifestaciones del Orden Público Económico en la Constitución de 1980
CAPÍTULO III
- PROBLEMÁTICA DE LA DEFINICIÓN Y UNA DOBLE FAZ II. ELEMENTOS ESENCIALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y SU APEGO A LA LEY FUNDANTE III. ELEMENTOS COMUNES SEGÚN LEY FUNDANTE
- Objeto o giro de negocios establecido por ley
- Persona jurídica de derecho público con un objeto social acotado por ley b. La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas c. Su Dimensión Transnacional
- Empresas de la Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Organización Interna y Representación ante terceros
- El estándar de la Sociedad Anónima en la conformación del Directorio y el estándar de la Ley de Transparencia b. Compliance y la llegada del estándar OCDE en la legislación empresarial c. Procedencia del Arbitraje en las empresas públicas creadas por ley
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Supervigilancia del Poder Ejecutivo
- Iniciativa legal exclusiva del presidente de la República
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Régimen de bienes y algunos aspectos de administración financiera
- Régimen de Utilidades b. Informe a la Comisión para el Mercado Financiero. Protección de la fe pública en materia financiera c. Sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero d. Sobre la Probidad Administrativa y Transparencia en la Contratación Pública
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Código del Trabajo y régimen de personal
- Relación individual laboral con los trabajadores b. Negociación Colectiva. El Rol de los Sindicatos c. Lineamientos desde el Poder Ejecutivo en materia laboral
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Fiscalización de la Contraloría General de la República, Cámara de Diputados y Consejo para la Transparencia, Comisión para el Mercado Financiero y otros
- CGR y trámite de Toma de Razón b. Cámara de Diputados c. Consejo para la Transparencia d. La Comisión para el Mercado Financiero y el Estado empresario
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Participación en Sociedades con giro vinculado al Objeto Social
- Participación en Sociedades Filiales y Coligadas
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- TERMINACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA. EL CASO EMAZA
- El personal b. El destino del patrimonio de la empresa c. La terminación en clave sustantiva
- Transformación de la empresa ii. Enajenación de la empresa o su privatización iii. Disolución de la empresa
- La terminación en clave procedimental
- Acuerdos corporativos ii. Mecanismos de derecho público
Conclusiones
- DEFINICIÓN DEL AUTOR EN BASE A LOS ELEMENTOS COMUNES IDENTIFICADOS II. CONCLUSIONES
Bibliografía
- MANUALES Y REVISTAS II. DICTÁMENES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA III. SENTENCIAS RELEVANTES IV. NORMAS CITADAS
Empresas Públicas – historia, legislación y gobernanza
El propósito que anima estas páginas es ofrecer una definición de la empresa pública en Chile fundada en el derecho positivo vigente, que recoja sus elementos identificatorios y que no se limite al mero marco regulatorio que entrega el artículo 19 No 21, inciso segundo, de la Constitución Política de la República esto es, la autorización al Estado para desarrollar actividades empresariales mediante una ley de quórum calificado, como parte de su faz pública, para concurrir luego al mercado bajo las mismas reglas que los particulares, como parte de su faz privada, sino que incorpore, además, aquellos elementos comunes presentes en las leyes fundantes actualmente vigentes.
El recorrido se ordena en tres capítulos. El primero examina el rol del Estado en la economía desde la perspectiva de las principales escuelas y modelos económicos, plantea el problema de la definición y revisa la normativa de derecho privado Código Civil, Código de Comercio, Código del Trabajo y la jurisprudencia administrativa y de los tribunales ordinarios y especiales, en el camino hacia la construcción de un concepto normativo, para cerrar con la Constitución de 1980 y el orden público económico. El segundo capítulo emprende un ejercicio histórico que se remonta a los orígenes de la República: los Reglamentos Constitucionales de 1812 y 1814 y las Constituciones de 1818, 1822, 1823, 1828, 1833 y 1925, revisados uno a uno para contextualizar el avance legislativo en la materia. Ese itinerario va acompañado del examen de la normativa de derecho público y privado aplicable al Estado empresario en cada época como la dictación del Código Civil bajo la vigencia de la Carta de 1833 o la evolución del concepto de servicio público en la Administración, y se detiene en la irrupción de la CORFO, en las reformas constitucionales de 1943, 1967 y 1970, y en los hitos que el constituyente de 1980 tuvo a la vista tras el quiebre constitucional vivido durante el gobierno de la Unidad Popular, los que explican la actual configuración del Estado empresario en el texto fundamental vigente y el debate en torno al principio de subsidiariedad. El tercer capítulo, en fin, estudia en particular cada una de las leyes fundantes de las empresas públicas chilenas de la defensa nacional, de la minería, de las comunicaciones, de los transportes, financieras y de abastecimiento, identificando sus elementos comunes y diferenciados conforme a criterios que hacen posible su comparación: el objeto o giro de negocios establecido por ley; la organización interna y la representación ante terceros; la supervigilancia del Poder Ejecutivo; el régimen de bienes y algunos aspectos de la administración financiera; la aplicación del Código del Trabajo y el régimen de personal; la fiscalización de la Contraloría General de la República, la Cámara de Diputados, el Consejo para la Transparencia y la Comisión para el Mercado Financiero, entre otros órganos; y la participación en sociedades con giro vinculado al objeto social.CAPÍTULO I
- ROL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA. PERSPECTIVA DE LAS ESCUELAS Y MODELOS ECONÓMICOS
- El Estado en la economía liberal clásica 2. El Estado en el modelo keynesiano y la economía del bienestar 3. El Estado en la visión neoliberal monetarista
- PROBLEMA DE UNA DEFINICIÓN III. REVISIÓN DE LA NORMATIVA DEL DERECHO PRIVADO PARA UNA DEFINICIÓN DE EMPRESA PÚBLICA
- Código Civil y Persona Jurídica de Derecho Público 2. Código de Comercio y Empresa 3. Código del Trabajo y Empresa 4. Definiciones desde la jurisprudencia 5. Mirada desde la Ciencia Económica 6. En el camino hacia la construcción de un Concepto Normativo 7. La Constitución de 1980 y el Orden Público Económico
CAPÍTULO II
- HISTORIA CONSTITUCIONAL
- Una seguidilla de ensayos al inicio de la República 2. La Anarquía o los años de formación y aprendizaje político 3. La longeva Constitución de 1833 4. La Organización de la Administración del Estado en la Constitución de 1833
- El Estado ii. Las Municipalidades iii. Los Establecimientos Públicos iv. Las Personas Jurídicas v. Las Direcciones y Direcciones Generales vi. Servicios Públicos
- UN SIGLO XX DE CAMBIOS, LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SERVICIO EN LA ADMINISTRACIÓN CON LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1925
- La evolución del concepto de Servicio en la Administración con la nueva Constitución Política de 1925
- Establecimientos Públicos ii. Instituciones Semifiscales iii. Empresas del Estado iv. Administración institucionalmente descentralizada, Empresas de Economía Mixta
- La Constitución de 1925 y la actividad empresarial del Estado 3. Las reformas al texto constitucional de 1925 en materia empresarial estatal
- La reforma constitucional del año 1943 ii. La reforma constitucional del año 1967 iii. La reforma constitucional del año 1970
- La CORFO y Ley No 6.334 durante la vigencia de la CPR de 1925
III. EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN ECONÓMICA CHILENA
- El Banco Central de Chile, obra de Kemmerer 2. El Decreto Ley No 520 de 1932 3. El control de precios en el Decreto Ley No 520 4. El Régimen Industrial en el Decreto con Fuerza de Ley No 173 de 1953 5. Las Sanciones Económicas en el Decreto Ley No 520 6. Mecanismos económicos-legales para llevar a cabo el plan de gobierno de la Unidad Popular
- La evolución Administrativa en las CPR de 1833 y 1925 V. El Gobierno de la Unidad Popular y el quiebre constitucional
- Indicadores Macroeconómicos a septiembre de 1973 2. Visión Económica de la Junta Militar 3. El Estado Empresario en la Constitución de 1980 4. Requisitos Constitucionales del Estado Empresario 5. Principio de Subsidiariedad y Especialidad del Giro, distintas posturas
- Doctrina mayoritaria ii. Doctrina minoritaria. Una mirada crítica al principio de subsidiariedad iii. Principio de Subsidiariedad en la jurisprudencia iv. Conclusiones sobre los principios del Estado empresario, a la luz de la subsidiariedad
- Manifestaciones del Orden Público Económico en la Constitución de 1980
CAPÍTULO III
- PROBLEMÁTICA DE LA DEFINICIÓN Y UNA DOBLE FAZ II. ELEMENTOS ESENCIALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y SU APEGO A LA LEY FUNDANTE III. ELEMENTOS COMUNES SEGÚN LEY FUNDANTE
- Objeto o giro de negocios establecido por ley
- Persona jurídica de derecho público con un objeto social acotado por ley b. La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas c. Su Dimensión Transnacional
- Empresas de la Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Organización Interna y Representación ante terceros
- El estándar de la Sociedad Anónima en la conformación del Directorio y el estándar de la Ley de Transparencia b. Compliance y la llegada del estándar OCDE en la legislación empresarial c. Procedencia del Arbitraje en las empresas públicas creadas por ley
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Supervigilancia del Poder Ejecutivo
- Iniciativa legal exclusiva del presidente de la República
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Régimen de bienes y algunos aspectos de administración financiera
- Régimen de Utilidades b. Informe a la Comisión para el Mercado Financiero. Protección de la fe pública en materia financiera c. Sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero d. Sobre la Probidad Administrativa y Transparencia en la Contratación Pública
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Código del Trabajo y régimen de personal
- Relación individual laboral con los trabajadores b. Negociación Colectiva. El Rol de los Sindicatos c. Lineamientos desde el Poder Ejecutivo en materia laboral
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Fiscalización de la Contraloría General de la República, Cámara de Diputados y Consejo para la Transparencia, Comisión para el Mercado Financiero y otros
- CGR y trámite de Toma de Razón b. Cámara de Diputados c. Consejo para la Transparencia d. La Comisión para el Mercado Financiero y el Estado empresario
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- Participación en Sociedades con giro vinculado al Objeto Social
- Participación en Sociedades Filiales y Coligadas
- Empresas de Defensa Nacional B. Empresas de la Minería C. Empresas de Comunicaciones D. Empresas de Transportes E. Empresas Financieras F. Empresas de Abastecimiento
- TERMINACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA. EL CASO EMAZA
- El personal b. El destino del patrimonio de la empresa c. La terminación en clave sustantiva
- Transformación de la empresa ii. Enajenación de la empresa o su privatización iii. Disolución de la empresa
- La terminación en clave procedimental
- Acuerdos corporativos ii. Mecanismos de derecho público
Conclusiones
- DEFINICIÓN DEL AUTOR EN BASE A LOS ELEMENTOS COMUNES IDENTIFICADOS II. CONCLUSIONES
Bibliografía
- MANUALES Y REVISTAS II. DICTÁMENES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA III. SENTENCIAS RELEVANTES IV. NORMAS CITADAS
Escritos sobre fuentes del Derecho. Origen del derecho positivo, interpretación de las leyes, relación jurídica
Escritos sobre fuentes del Derecho. Origen del derecho positivo, interpretación de las leyes, relación jurídica
Estudios de arbitraje – Libro homenaje al profeso Patricio Aylwin Azócar
Han transcurrido veinte años desde la fecha en que fuera publicado por primera vez el libro Estudios de Arbitraje, homenaje al Presidente de la República de Chile, Sr. Patricio Aylwin Azócar, bajo el sello de la Editorial Jurídica de Chile (2006).
Varias fueron las razones que motivaron esa iniciativa académica, siendo la principal de ellas la de reconocer la trayectoria jurídica del homenajeado en nuestro país y el inmenso aporte que realizó desde la aparición de su tesis de licenciatura El juicio arbitral (1943) al desarrollo del arbitraje en Hispanoamérica, lugar en donde es considerado pionero en esta materia y uno de los “padres” del Derecho arbitral moderno.
Participaron en esa primera edición un total de 53 autores chilenos y extranjeros, quienes con entusiasmo y alegría aceptaron la propuesta de elaborar este libro, entregando estudios científicos sobre arbitraje de primer nivel que permitieron que la obra no sólo se difundiera rápidamente por toda América Latina, sino también que al cabo de pocos meses se encontrara absolutamente agotada en las librerías de nuestro país.
La segunda edición fue publicada el año 2014 y participaron en ella más de 70 autores de Chile y el extranjero, agotándose rápidamente en las librerías de nuestro país.
Esta nueva edición de Estudios de Arbitraje, con nuevos autores y trabajos, además de los incorporados en la primera y segunda edición, responde a la petición que recibiéramos durante todos estos años de parte de jueces, árbitros, académicos y abogados, en orden a entregar nuevamente a la comunidad jurídica nacional un libro cuyos autores y aportes lo han convertido sin lugar a dudas en un clásico de la literatura jurídica en esta materia.
ESTUDIOS DE ARBITRAJE INTERNO
– El arbitraje como regla general de solución de conflictos en los contratos civiles y comerciales Gonzalo Figueroa Yáñez
– El arbitraje y las obligaciones de las partes y del árbitro René Abeliuk Manasevic
– Antecedentes históricos sobre la regulación del arbitraje en Chile Antonio Dougnac Rodríguez
– Reflexiones sobre la justicia Luis Bates Hidalgo
– Sociedades complejas y arbitraje organizacional Rodrigo Ríos Álvarez
– La justicia arbitral ante la Constitución Alejandro Silva Bascuñán
– Principios informativos del proceso arbitral Juan Colombo Campbell
– Arbitraje de derecho y arbitraje de equidad Alejandro Romero Seguel
– Los costos en el arbitraje Jorge Carey, Gonzalo Fernández
– Arbitraje societario y arbitraje forzoso en el anteproyecto de ley de arbitraje interno. Algunas propuestas Eduardo Jequier Lehuedé
– La autonomía de la voluntad en el instituto arbitral chileno: entre su reconocimiento, su imprecisión y la negación María Fernanda Vásquez Palma
– Consecuencias del incumplimiento del acuerdo arbitral Roque J. Caivano, Verónica Sandler Obregón
– Expansión y límites del arbitraje en el ámbito de la propiedad industrial Pedro Alberto de Miguel Asensio
– El prurito del perito Francisco González de Cossío
– Aspectos penales del arbitraje Alfredo Etcheberry
– Notas sobre el arbitraje laboral William Thayer Arteaga
– Solución de conflictos tributarios por árbitros de Derecho Patricio Figueroa Velasco
– El arbitraje en materia de arrendamiento de predios urbanos Antonio Bascuñán Valdés
– Del arbitraje en general y en particular en el contrato de seguro en el ámbito de la vida del comercio Rafael Gómez Balmaceda
– El arbitraje concursal en la nueva Ley No 20.720 Óscar Torres Zagal
– Problemas del juez ecléctico con el recurso de apelación René Luis Ñúñez Ávila
– Los riesgos de la prueba pericial en el arbitraje doméstico chileno Ramón Rojas de Azevedo
ESTUDIOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL
– Reflexiones sobre el aporte de don Patricio Aylwin al desarrollo del arbitraje comercial internacional en Latinoamérica Carlos Eugenio Jorquiera
– La institucionalidad chilena y el arbitraje internacional Gonzalo Biggs
– Historia de la Ley No 19.971 sobre arbitraje comercial internacional Ricardo Sateler
– Tópicos de la Ley No 19.971 sobre arbitraje comercial internacional Juan Eduardo Figueroa Valdés
– Mercantilidad y el arbitraje comercial internacional Juan Esteban Puga Vial
– El arbitraje en los tratados de libre comercio suscritos por Chile Jaime Irarrázabal Covarrubias
– De la uniformidad a la armonización de las disposiciones aplicables al arbitraje internacional en la región Fernando Cantuarias S.
– El árbitro internacional y el contenido del derecho aplicable al fondo Ives Derains
– La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya Hugo Llanos Mansilla
– La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) Ulises Montoya Alberti
– La irretroactividad del arbitraje en el sistema CIADI. Los casos Clarín y Lucchetti Roberto Mayorga Lorca
– La CNUDMI modifica su Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional José Luis Siqueiros
– Notas prácticas sobre arbitraje y contratación internacionales Jorge López Santa María
– Arbitraje internacional: del arbitraje comercial internacional al arbitraje de protección de inversiones Bernardo M. Cremades
– Brisas favorables de orientación estatal impulsan, a vela desplegada, el arbitraje comercial internacional en la región Rubén Santos Belandro
– Arbitraje electrónico: una mirada al futuro Sara Feldstein de Cárdenas
– ¿Arbitraje Comercial Internacional, quo vadis? Horacio Grigera Naón
– ¿La muerte programada del Estado sede del arbitraje? Leonel Pereznieto Castro, James Graham
– La lex mercatoria y los principios UNIDROIT en el arbitraje comercial internacional. Análisis de una nueva tendencia jurisprudencial Ignacio García Pujol
– Algunas reflexiones sobre la cláusula compromisoria en el arbitraje comercial internacional y sobre las cláusulas patológicas en particular Roberto Guerrero del Río
– La jurisdicción cautelar en el arbitraje comercial internacional Felipe Ossa Guzmán
– El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI Marino Porzio
– Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos. Inversión extranjera en servicios financieros, un curioso mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado Joaquín Morales Godoy
– El convenio arbitral: entre la estabilidad y el desatino José Carlos Fernández Rozas
– Los exhortos internacionales en el juicio arbitral Eduardo Picand Albónico
– Algunas reflexiones sobre la “Internacionalidad pactada” en la Ley No 19.971 sobre arbitraje comercial internacional Eduardo Picand Albónico, Sebastián Coulon Bauer
– La excepción de manifiesta falta de mérito jurídico en el arbitraje CIADI Eduardo Picand Albónico, Pablo A. Mahu Martínez
– Los medios de impugnación en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional Cristián Maturana Miquel
– El “Caso EDFI”. Breves comentarios a la sentencia de exequátur Rol No 4390-2010 Eduardo Picand Albónico, Camila Fernanda Quintana Castillo
– Disputas tributarias internacionales: un esfuerzo de armonización de los mecanismos de los mecanismos de solución de controversias del derecho tributario internacional, de las inversiones internacionales y del comercio internacional Eduardo Picand Albónico, Franco Palavecino Muñoz
– La ejecución de sentencias en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional y el orden público como causal denegatoria, a la luz de la Ley Modelo y del Código de Bustamante Raúl Tavolari Oliveros ESTUDIOS DE ARBITRAJE COMPARADO
– A arbitragem no Brasil: dez anos de consolidação do instituto Selma Ferreira Lemes
– Análisis comparativo de los sistemas arbitrales internacionales Arturo Yrarrázaval Covarrubias
– Panorama jurídico del procedimiento de arbitraje en México Eskandar Ganem Hernández
– La configuración actual del arbitraje interno español. Una solución hetero compositiva de conflictos jurídicos de lento desarrollo Juan-Luis Gómez Colomer
Estudios de arbitraje – Libro homenaje al profeso Patricio Aylwin Azócar
Han transcurrido veinte años desde la fecha en que fuera publicado por primera vez el libro Estudios de Arbitraje, homenaje al Presidente de la República de Chile, Sr. Patricio Aylwin Azócar, bajo el sello de la Editorial Jurídica de Chile (2006).
Varias fueron las razones que motivaron esa iniciativa académica, siendo la principal de ellas la de reconocer la trayectoria jurídica del homenajeado en nuestro país y el inmenso aporte que realizó desde la aparición de su tesis de licenciatura El juicio arbitral (1943) al desarrollo del arbitraje en Hispanoamérica, lugar en donde es considerado pionero en esta materia y uno de los “padres” del Derecho arbitral moderno.
Participaron en esa primera edición un total de 53 autores chilenos y extranjeros, quienes con entusiasmo y alegría aceptaron la propuesta de elaborar este libro, entregando estudios científicos sobre arbitraje de primer nivel que permitieron que la obra no sólo se difundiera rápidamente por toda América Latina, sino también que al cabo de pocos meses se encontrara absolutamente agotada en las librerías de nuestro país.
La segunda edición fue publicada el año 2014 y participaron en ella más de 70 autores de Chile y el extranjero, agotándose rápidamente en las librerías de nuestro país.
Esta nueva edición de Estudios de Arbitraje, con nuevos autores y trabajos, además de los incorporados en la primera y segunda edición, responde a la petición que recibiéramos durante todos estos años de parte de jueces, árbitros, académicos y abogados, en orden a entregar nuevamente a la comunidad jurídica nacional un libro cuyos autores y aportes lo han convertido sin lugar a dudas en un clásico de la literatura jurídica en esta materia.
ESTUDIOS DE ARBITRAJE INTERNO
– El arbitraje como regla general de solución de conflictos en los contratos civiles y comerciales Gonzalo Figueroa Yáñez
– El arbitraje y las obligaciones de las partes y del árbitro René Abeliuk Manasevic
– Antecedentes históricos sobre la regulación del arbitraje en Chile Antonio Dougnac Rodríguez
– Reflexiones sobre la justicia Luis Bates Hidalgo
– Sociedades complejas y arbitraje organizacional Rodrigo Ríos Álvarez
– La justicia arbitral ante la Constitución Alejandro Silva Bascuñán
– Principios informativos del proceso arbitral Juan Colombo Campbell
– Arbitraje de derecho y arbitraje de equidad Alejandro Romero Seguel
– Los costos en el arbitraje Jorge Carey, Gonzalo Fernández
– Arbitraje societario y arbitraje forzoso en el anteproyecto de ley de arbitraje interno. Algunas propuestas Eduardo Jequier Lehuedé
– La autonomía de la voluntad en el instituto arbitral chileno: entre su reconocimiento, su imprecisión y la negación María Fernanda Vásquez Palma
– Consecuencias del incumplimiento del acuerdo arbitral Roque J. Caivano, Verónica Sandler Obregón
– Expansión y límites del arbitraje en el ámbito de la propiedad industrial Pedro Alberto de Miguel Asensio
– El prurito del perito Francisco González de Cossío
– Aspectos penales del arbitraje Alfredo Etcheberry
– Notas sobre el arbitraje laboral William Thayer Arteaga
– Solución de conflictos tributarios por árbitros de Derecho Patricio Figueroa Velasco
– El arbitraje en materia de arrendamiento de predios urbanos Antonio Bascuñán Valdés
– Del arbitraje en general y en particular en el contrato de seguro en el ámbito de la vida del comercio Rafael Gómez Balmaceda
– El arbitraje concursal en la nueva Ley No 20.720 Óscar Torres Zagal
– Problemas del juez ecléctico con el recurso de apelación René Luis Ñúñez Ávila
– Los riesgos de la prueba pericial en el arbitraje doméstico chileno Ramón Rojas de Azevedo
ESTUDIOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL
– Reflexiones sobre el aporte de don Patricio Aylwin al desarrollo del arbitraje comercial internacional en Latinoamérica Carlos Eugenio Jorquiera
– La institucionalidad chilena y el arbitraje internacional Gonzalo Biggs
– Historia de la Ley No 19.971 sobre arbitraje comercial internacional Ricardo Sateler
– Tópicos de la Ley No 19.971 sobre arbitraje comercial internacional Juan Eduardo Figueroa Valdés
– Mercantilidad y el arbitraje comercial internacional Juan Esteban Puga Vial
– El arbitraje en los tratados de libre comercio suscritos por Chile Jaime Irarrázabal Covarrubias
– De la uniformidad a la armonización de las disposiciones aplicables al arbitraje internacional en la región Fernando Cantuarias S.
– El árbitro internacional y el contenido del derecho aplicable al fondo Ives Derains
– La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya Hugo Llanos Mansilla
– La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) Ulises Montoya Alberti
– La irretroactividad del arbitraje en el sistema CIADI. Los casos Clarín y Lucchetti Roberto Mayorga Lorca
– La CNUDMI modifica su Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional José Luis Siqueiros
– Notas prácticas sobre arbitraje y contratación internacionales Jorge López Santa María
– Arbitraje internacional: del arbitraje comercial internacional al arbitraje de protección de inversiones Bernardo M. Cremades
– Brisas favorables de orientación estatal impulsan, a vela desplegada, el arbitraje comercial internacional en la región Rubén Santos Belandro
– Arbitraje electrónico: una mirada al futuro Sara Feldstein de Cárdenas
– ¿Arbitraje Comercial Internacional, quo vadis? Horacio Grigera Naón
– ¿La muerte programada del Estado sede del arbitraje? Leonel Pereznieto Castro, James Graham
– La lex mercatoria y los principios UNIDROIT en el arbitraje comercial internacional. Análisis de una nueva tendencia jurisprudencial Ignacio García Pujol
– Algunas reflexiones sobre la cláusula compromisoria en el arbitraje comercial internacional y sobre las cláusulas patológicas en particular Roberto Guerrero del Río
– La jurisdicción cautelar en el arbitraje comercial internacional Felipe Ossa Guzmán
– El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI Marino Porzio
– Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos. Inversión extranjera en servicios financieros, un curioso mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado Joaquín Morales Godoy
– El convenio arbitral: entre la estabilidad y el desatino José Carlos Fernández Rozas
– Los exhortos internacionales en el juicio arbitral Eduardo Picand Albónico
– Algunas reflexiones sobre la “Internacionalidad pactada” en la Ley No 19.971 sobre arbitraje comercial internacional Eduardo Picand Albónico, Sebastián Coulon Bauer
– La excepción de manifiesta falta de mérito jurídico en el arbitraje CIADI Eduardo Picand Albónico, Pablo A. Mahu Martínez
– Los medios de impugnación en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional Cristián Maturana Miquel
– El “Caso EDFI”. Breves comentarios a la sentencia de exequátur Rol No 4390-2010 Eduardo Picand Albónico, Camila Fernanda Quintana Castillo
– Disputas tributarias internacionales: un esfuerzo de armonización de los mecanismos de los mecanismos de solución de controversias del derecho tributario internacional, de las inversiones internacionales y del comercio internacional Eduardo Picand Albónico, Franco Palavecino Muñoz
– La ejecución de sentencias en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional y el orden público como causal denegatoria, a la luz de la Ley Modelo y del Código de Bustamante Raúl Tavolari Oliveros ESTUDIOS DE ARBITRAJE COMPARADO
– A arbitragem no Brasil: dez anos de consolidação do instituto Selma Ferreira Lemes
– Análisis comparativo de los sistemas arbitrales internacionales Arturo Yrarrázaval Covarrubias
– Panorama jurídico del procedimiento de arbitraje en México Eskandar Ganem Hernández
– La configuración actual del arbitraje interno español. Una solución hetero compositiva de conflictos jurídicos de lento desarrollo Juan-Luis Gómez Colomer
Estudios de derecho de consumo – Actas de las XIII jornadas nacionales de derecho de consumo universidad de Talca
La obra que el lector tiene en sus manos se encuentra estructurada en nueve partes o ejes temáticos, los cuales otorgan coherencia interna al tratamiento de las materias abordadas y facilitan su consulta. Cada uno de estos ejes contiene la versión corregida y aumentada de las ponencias presentadas por destacados académicos en las XIII Jornadas Nacionales de Derecho del Consumo, organizadas por la Universidad de Talca, en el Campus Talca celebradas los días 9 y 10 de noviembre de 2023.
Los temas desarrollados en estos ejes se centran en el análisis de diversos problemas y desafíos contemporáneos que surgen en el ámbito del Derecho del Consumo, particularmente en relación con la interacción entre consumidores y proveedores, el desarrollo de nuevas tecnologías, la actividad financiera, la contratación, la responsabilidad civil, y las particularidades de los mecanismos de solución de conflictos establecidos en esta área, todo ello en comparación con el Derecho común.
Confiamos en que las futuras ediciones de las Jornadas Nacionales de Derecho del Consumo continúen entregando frutos tan valiosos como las contribuciones aquí reunidas, publicadas bajo el prestigioso sello editorial Tirant lo Blanch. Asimismo, recomendamos una lectura atenta de las interesantes aportaciones que esta instancia de encuentro académico brinda año tras año, enriqueciendo así el estudio de esta dinámica y relevante disciplina.
PRIMERA SECCIÓN: TEORÍA GENERAL DEL DERECHO DE CONSUMO, CONTRATOS E INEFICACIA DE LOS CONTRATOS
La interpretación conforme a la naturaleza del contrato y el propósito práctico en los contratos de adhesión Bruno Bahamondes Masotti
- Introducción 2. La naturaleza del contrato como regla de interpretación contractual en el Derecho chileno 3. La aplicación de la norma de la naturaleza del contrato en los contratos de adhesión 4. Conclusiones
En contra de una nulidad autónoma o especial de las cláusulas o estipulaciones abusivas. Sobre la consistencia y funcionalidad del régimen de nulidad absoluta contemplado en el Código Civil Sebastián Nicolás Campos Micin
- Introducción 2. Respecto a la supuesta eficacia provisoria de los actos que adolecen de nulidad absoluta 3. En cuanto al saneamiento por transcurso del tiempo 4. Respecto a la legitimación activa 5. Respecto al poder y deber del juez de declarar de oficio la nulidad absoluta cuando aparezca de manifiesto 6. Declaración de oficio más allá del saneamiento por transcurso del tiempo 7. Algunas curiosidades de la pretendida nulidad autónoma 8. Conclusiones
Tratamiento abusivo de datos personales en las entregas del comercio electrónico Diego Córdova Yukich
- Introducción 2. Régimen regulatorio del Comercio Electrónico en Chile 3. Régimen regulatorio de la Protección de Datos Personales en General 4. Regulación del derecho a la protección de datos en Chile en particular 5. El problema 6. Convergencia entre protección de datos personales y Derecho de Consumo 7. Privacidad por defecto y desde el diseño 8. Conclusiones
A la sombra del derecho común: tres cuestiones relativas a la nulidad absoluta en una acción colectiva Iñigo de la Maza Gazmuri
- Introducción 2. El litigio 3. La cuestión de la legitimación pasiva de la Demandada 4. La cuestión del ejercicio conjunto de la acción de nulidad 5. La cuestión de las causales de ineficacia 6. Conclusión
“Alcances de la irrenunciabilidad de los derechos del consumidor como limitación a la autonomía privada en el derecho de consumo: ¿es válida la renuncia posterior de derechos por parte del consumidor?” Danitza González Barrera
- Introducción
- Irrenunciabilidad de los derechos del consumidor consagrada en la Ley N° 19.496 2.1. Breve revisión de la historia de la norma 2.2. Extensión de la irrenunciabilidad consagrada en la LPDC 2.3. Sanción a la renuncia anticipada
- Cuestionamientos acerca de la validez de la renuncia a posteriori 3.1. ¿A qué atender para determinar la eficacia de la renuncia posterior? 3.2. Sanción a la renuncia a posteriori injustificada
- Conclusiones
Los principios implícitos en el sistema de consumo chileno Erika Isler Soto
- Introducción
- Los principios implícitos y su vigencia
- Los principios jurídicos implícitos constituyen verdaderas normas jurídicas
- Las fuentes de los principios implícitos 4.1. Otros principios y reglas del ordenamiento jurídico 4.2. Las fuentes autónomas de los principios 4.2.1. La racionalidad o espíritu de la legislación 4.2.2. El orden natural y el Derecho de los Derechos Humanos
- Conclusiones
Estatuto del consumidor sostenible en Chile: una primera aproximación María Elisa Morales
- Introducción 2. Sobre el consumo sostenible. Precisiones y directrices 3. Las ecoetiquetas: una manifestación de consumo sostenible 4. El estado del arte en el ordenamiento jurídico chileno
La protección de la confianza razonable de los consumidores frente a la cláusula “hasta agotar stock” Ricardo Torres Urzúa
- Introducción 2. La cláusula “hasta agotar stock” 3. Los riesgos de “cláusula hasta agotar stock” frente a la protección de la confianza razonable de los consumidores 4. Las consecuencias de lesionar la confianza razonable 5. La redacción y ejercicio de una cláusula “hasta agotar stock” compatible con la protección de la confianza razonable de los consumidores 6. Conclusiones
Apoyos, comprensibilidad y transparencia en cláusulas no negociadas individualmente: criterios para un derecho contractual del consumo inclusivo Yerko Cubillos Román
- Introducción
- Sobre los controles de cláusulas no negociadas individualmente 2.1. Otra dimensión del control de incorporación como un derecho de inclusión 2.2. Breve referencia a la aplicación del control de incorporación en toda negociación de cláusulas no negociadas individualmente en el derecho chileno de contratos
- Algunos problemas en el control de incorporación de cláusulas no negociadas en la LPDC
- La inclusión en el derecho contractual de consumo 4.1. Presentación del enfoque de autonomía relacional y la inclusión contractual 4.2. Hacia un control de incorporación inclusivo
- Conclusiones
SEGUNDA SECCIÓN ÁMBITO DE VIGENCIA DE LA LEY 19.496
La paradoja de las cobranzas extrajudiciales: una excesiva regulación que intenta forzar la exigibilidad de la normas de consumo y la subsistencia de su constitucionalización Francisca María Barrientos Camus
- Introducción: diagnóstico del objeto de estudio 2. La excesiva rigurosidad normativa de las cobranzas extrajudiciales 3. La constitucionalización de las causas de cobranza y la subsistencia después de la reforma
- Conclusiones
La aplicación de la ley de consumo a Notarios, Conservadores y Archiveros por cobros superiores a los establecidos en los decretos del Ministerio de Justicia Felipe Fernández Ortega
- Los Notarios y Conservadores son proveedores 2. Los supuestos de hecho 3. Consecuencias jurídicas: responsabilidad de los Notarios, Conservadores y Archiveros 4. Consideraciones finales
Algunas consideraciones sobre la aplicación de la Ley Nº19.496 a las plataformas de Marketplace por la información de los bienes y servicios ofrecidos por terceros Rodrigo Momberg
- El problema 2. Las plataformas de comercio electrónico o marketplace 3. El Reglamento de Comercio Electrónico y los deberes de información de los operadores de plataformas de comercio electrónico 4. No todos los operadores de plataformas de comercio electrónico son proveedores para efectos de la Ley Nº19.496, y no siempre se celebran contratos de consumo en dichas plataformas 5. El art. 43 de la Ley Nº19.496
¿Son aplicables las normas sobre protección de derechos de los consumidores a las empresas que ofrecen servicios de asesoría jurídica a deudor y a las empresas de cobranza? Jaime Ramírez Cifuentes
- Introducción 2. Aplicación de la ley Nº 19.496 a empresas de asesoría jurídica 3. Aplicación de la Ley Nº 19.496 a empresas de cobranza 4. Conclusiones
TERCERA SECCIÓN: CONSUMIDOR HIPERVULNERABLE
Niños, niñas y adolescentes consumidores: Riesgos en el comercio electrónico Diego Martínez Santibáñez
- Introducción
- NNA en el entorno digital
- NNA consumidores y vulnerabilidad
- Riesgos en el e-commerce 4.1. Uso de dark patterns 4.2. Vulneración de su vida privada y sus datos personales 4.3. Riesgos asociados al uso de inteligencia artificial 4.4. La publicidad dirigida a NNA 4.5. Adquisición de productos ilícitos, peligrosos o con restricciones 4.6. Fraudes electrónicos
- Conclusiones
La hipervulnerabilidad frente al estándar de culpa en el juicio de responsabilidad civil en sede de consumo Cristian Aedo Barrena - Renzo Munita Marambio
- Introducción: propósito del trabajo 2. La idea de hipervulnerabilidad en las relaciones de consumo 3. ¿Hipervulnerabilidad o configuración de un estándar de diligencia exigible? 4. Nota conclusiva
Protección y defensa de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito del derecho del consumo: a la búsqueda de un punto de equilibrio Isaac Ravetllat Ballesté
- Introducción
- Actos relativos a bienes y/o servicios propios de su edad, de acuerdo con los usos sociales
- La consideración de los niños, niñas y adolescentes en el derecho del consumo 3.1. El NNA consumidor como sujeto en situación de vulnerabilidad interseccional 3.2. El niño, niña y adolescente como ¿consumidor jurídico y/o material?
- El niño, niña y adolescente como consumidor jurídico en la Ley sobre Garantías
- Conclusiones
CUARTA SECCIÓN: DERECHO DE RETRACTO
El ejercicio del derecho de retracto en caso de deterioro o pérdida de la cosa por causa no imputable al consumidor, una laguna normativa de difícil integración Nicolás Malla Castelló
- Introducción 2. El derecho de retracto en la LPDC. Fisonomía y justificación 3. El ejercicio del derecho de retracto ante el deterioro o pérdida de la cosa por causa no imputable al consumidor: un caso de laguna normativa en la LPDC 4. Colmando la laguna normativa: ensayo crítico de tres estrategias de integración 5. Recapitulación y consideración final
La incardinación del “derecho de retracto” del art. 3 bis LPDC en el sistema conceptual de la terminación unilateral del contrato Gonzalo Severin Fuster
- Introducción 2. La terminación unilateral del contrato sin expresión de causa. Bases conceptuales 3. La regla legal del art. 3º bis LPDC 4. A modo de conclusión
QUINTA SECCIÓN RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONSUMO
La responsabilidad civil de las empresas de servicios de intermediación de criptomonedas por los fraudes de los terceros exchangers o traders con sus clientes-consumidores Patricio I. Carvajal
- Introducción 2. La obligación incumplida: garantizar la seguridad en la prestación del servicio 3. Indemnización de perjuicios por incumplimiento
Indemnización extracompensatoria por incumplimiento de la obligación precontractual de informar a los consumidores Gabriel Hernández Paulsen
- Introducción 2. Obligación precontractual de informar 3. Indemnización extracompensatoria de la “Ley del Consumidor” 4. Indemnización extracompensatoria por incumplimiento de la obligación precontractual de informar 5. Incumplimiento de la obligación precontractual de informar y causales de procedencia de la indemnización extracompensatoria
Reseñas engañosas on line y responsabilidad del proveedor y consumidor reseñante: un examen desde el derecho chileno Patricia Verónica López Díaz
- Introducción 2. La noción de reseñas de bienes y servicios por consumidores y sus tipos 3. La irregularidad de las reseñas propiciadas por el proveedor y el reseñante derivadas de la infracción del principio de veracidad 4. La tutela que se activa para el consumidor engañado ante reseñas engañosas 5. Conclusiones
Reparar el interés difuso en naturaleza y procedencia del método cy-près Antonio Olivares Contreras
- Introducción 2. La prestación indemnizatoria en daños por interés difuso 3. La indemnización indirecta al interés difuso de los consumidores 4. Conclusiones
SEXTA SECCIÓN DAÑOS PUNITIVOS
Una crítica a las condiciones de procedencia de los daños punitivos en la Ley 19.496 José Ignacio Azar Denecken
- Introducción 2. Condiciones de procedencia de los daños punitivos en la Ley N°19.496 3. Comprensión no punitiva de los daños punitivos 4. Ventajas prácticas de la comprensión no punitiva 5. Coherencia con los fines de la responsabilidad civil y los procedimientos colectivos
Dos cuestiones acerca del límite al monto de la condena por daños punitivos Javier Narváez Fuentes
- Introducción
- Generalidades sobre los daños punitivos
- ¿Existe, en otros sistemas, la idea de límite o tope al monto de la condena por daños punitivos? 3.1. Inglaterra 3.2. Estados Unidos 3.3. Argentina 3.4. Quebec
- Chile: ¿Daños cuasipunitivos en la LPC?
- Conclusión
Daños punitivos por productos defectuosos en la ley N.º 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores Matías Ponce Márquez
- Introducción
- Funciones de los daños punitivos
- Daños punitivos por productos defectuosos en Chile
- Análisis del cumplimiento de los objetivos de los daños punitivos por productos defectuosos en Chile 4.1 Monto de los daños punitivos
SÉPTIMA SECCIÓN ACTIVIDAD Y EDUCACIÓN FINANCIERA
Repensando la educación financiera en Chile para una prevención eficaz del sobreendeudamiento e insolvencia futura del consumidor Miguel Ángel Alarcón Cañuta
- Introducción
- Cuestiones dogmáticas relativas a la educación financiera 2.1. Conceptualización y objetivos de la educación financiera
- Fundamento de la educación financiera desde la economía del comportamiento
- Breve descripción del modelo de educación financiera en Chile 4.1. Objetivo de la educación financiera en el modelo nacional 4.2. Herramientas de educación financiera en el modelo nacional
- Diagnóstico de eficacia de la educación financiera en el modelo nacional 5.1. Desde el punto de vista regulatorio 5.2. Desde el punto de vista sociológico 5.3. Desde el punto de vista de su eficacia como mecanismo inserto en la economía del comportamiento 5.4. Desde el punto de vista de los recursos
- Propuestas para una eficaz educación financiera en el modelo chileno a modo de conclusión
Préstamo responsable: ¿un principio general de derecho de consumo? Sebastián Bozzo Hauri
- Introducción 2. El principio de préstamo responsable: ¿qué es y qué busca? 3. Préstamo responsable: Cambios en Europa a partir de la nueva Directiva 2023/2225 de 18 de octubre de 2023, relativa a los contratos de crédito al consumo 4. Préstamo responsable: ¿Un principio general de derecho en el ámbito de consumo? 5. Reconocimiento del principio de préstamo responsable en el ordenamiento jurídico chileno 6. Reflexión final
Financiamiento colectivo y grietas en la estructura subjetiva del derecho de consumo Luis Colman Vega
- Introducción: Ley Fintec, plataformas de financiamiento colectivo y derecho de consumo 2. Las economías colaborativas, el consumo colaborativo financiero y las PFC 3. Acercamiento a la regulación de las PFC en Chile 4. Dilucidando el marco jurídico de los elementos subjetivos de la relación de financiamiento 5. Prosumidor, inversor y derecho de consumo: ¿grietas en la dicotomía tradicional? 6. Conclusiones
Revisión de las acciones del proveedor financiero contenidas en la ley n° 20.009 a la luz de la normativa de consumo Andrés Erbetta Mattig - Macarena Díaz de Valdés Haase
- Introducción
- Limitación de responsabilidad para operaciones posteriores al aviso
- Régimen de responsabilidad aplicable a las operaciones anteriores al aviso 3.1. Supuestos regulados en la ley en atención al monto defraudado 3.2. Objeto y carga de la prueba que debe suministrar el emisor
- Procedimiento en el que deben tramitarse las acciones del emisor 4.1. Condenas infraccionales impuestas a consumidores 4.2. Imposibilidad del consumidor de demandar reconvencionalmente
- Conclusiones
Distinción de los intereses y comisiones en operaciones de crédito de dinero: evaluación de la Norma de Carácter General N°484 de la Comisión para el Mercado Financiero José Antonio Gaspar
- Introducción 2. NCG 484 3. Conclusión
Reflexiones sobre los aportes de la economía conductual en la protección de los consumidores financieros María Catalina Giraudo Ortúzar
- Introducción
- La información precontractual financiera en la normativa nacional 2.1. Fundamentos 2.2. Elementos
- Del modelo de elección racional a la perspectiva de la economía conductual
- El suministro de información en el proceso de toma de decisión
- Redefiniendo la Regulación Financiera mediante la Economía del Comportamiento
- Conclusión
Comentarios sobre el nuevo reglamento de análisis de solvencia económica en relación con el consumidor previamente declarado en insolvencia Diego Rodríguez Gutiérrez
- Introducción
- El endeudamiento en datos
- Reacción legislativa frente al sujeto consumidor insolvente 3.1. Ley Nº 20.720, sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas Deudoras 3.2. Ley Nº 20.555, sobre SERNAC FINANCIERO 3.3. Decreto 53 de 2023, Reglamento de Análisis de Solvencia Económica e Información de los Consumidores 3.4. Ley N° 19.628, sobre Tratamiento de la Vida Privada y Ley Nº 20.525, que Establece el Principio de Finalidad en el Tratamiento de Datos Personales
- Conflicto entre la normativa de consumo y la regla concursal. Grieta al oportunismo 4.1. Concepto de consumidor insolvente 4.2. Regla de descarga y riesgo moral 4.3. Obligaciones extinguidas y análisis de solvencia
- Propuesta de solución. Extensión postconcurso de la condena de mala fe
- Conclusiones
OCTAVA SECCIÓN SERNAC
Algunas notas en torno a la Resolución Exenta Nº 878 / 2021, del Servicio Nacional del Consumidor: un dictamen interpretativo del artículo 42 de la Ley Nº 19.496 Emilio José Bécar Labraña
- Introducción
- Requisitos del abandono 2.1. En cuanto a la naturaleza del plazo previsto en el artículo 42 de la Ley Nº 19.496539 2.2. A quién debería pertenecer el producto entregado al proveedor del servicio de reparación 2.3. Ámbito de aplicación de la norma
- Efectos 3.1. Determinación del momento en que se produce la mutación en el dominio del producto 3.2. Modo de adquirir el dominio que dispondrá el proveedor para adquirir el producto 3.3. Actitud que debe adoptar el consumidor para evitar la pérdida del producto 3.4. Situación de los productos sujetos a un régimen registral
- Conclusiones
Sernac al rescate del consumidor en apuros. Why nudge? Nathalie Walker
- Introducción 2. Uso de nudges en beneficio del consumidor 3. “Empujoncitos” desde el SERNAC ¿por qué no, especialmente al consumidor financiero? 4. A modo de conclusión
NOVENA SECCIÓN PRUEBA Y PROCEDIMIENTOS
¿Es el inciso quinto del artículo 50 h de la ley de protección de los derechos de los consumidores una norma que favorece a los consumidores? Paulina Arratia Rojas
- Introducción 2. La carga de la prueba y el concepto de “carga dinámica de la prueba” 3. La distribución de la carga de la prueba en la ley sobre protección de los derechos de los consumidores 4. Los problemas del inciso quinto del artículo 50 H de la ley sobre protección de los consumidores y algunas directrices para su correcta interpretación y uso en favor del sujeto protegido 5. Conclusión
En los procesos judiciales de consumo en que se ventilan acciones de interés colectivo o difuso: ¿En qué calidad comparece una asociación de consumidores y qué derechos puede ejercer durante el proceso judicial pendiente? Jaime Carrasco Poblete
- Introducción 2. La intervención de terceros regulada en el Código de Procedimiento Civil y su aplicación supletoria en los procedimientos en que se ventilan acciones de interés colectivo y difuso 3. Los problemas que genera aceptar que una asociación de consumidores intervenga como tercero coadyuvante 4. Los problemas que genera aceptar que una asociación de consumidores intervenga como tercero principal o excluyente e independiente 5. La propuesta de cambio: la intervención adhesiva litisconsorcial 6. Estatuto jurídico del tercero adhesivo litisconsorcial 7. Conclusiones
Debates jurisprudenciales en torno a intervención de terceros adhesivos en el procedimiento de acciones de interés colectivo y difuso Juan Ignacio Contardo González
- Introducción 2. Primer debate. La intervención del tercero debe ser coincidente con la pretensión del demandante 3. Segundo debate. La intervención se materializa a través de la figura del tercero coadyuvante 4. Tercer debate. La situación del tercero adhesivo cuando no deduce recursos 5. Cuarto debate. El adherente no tiene que acreditar la representación de consumidores particulares 6. Quinto debate. Plazos para comparecer 7. ¿Qué puede concluirse de los debates jurisprudenciales en torno a la intervención de terceros en las acciones de interés colectivo y difuso?
“El que publica primero, gana”: Controversias de la publicidad en juicios colectivos Eduardo Reveco Soto
- Introducción 2. La imposibilidad de iniciar nuevos juicios colectivos una vez efectuadas las publicaciones mandatadas por el artículo 53 de la LPDC 3. El plazo que disponen los legitimados activos del artículo 51 de la LPDC para hacerse parte en un procedimiento colectivo ya iniciado 4. La delimitación del potencial universo de consumidores que se verá beneficiado a raíz del efecto erga omnes de una potencial sentencia condenatoria 5. Conclusiones
Estudios de derecho de consumo – Actas de las XIII jornadas nacionales de derecho de consumo universidad de Talca
La obra que el lector tiene en sus manos se encuentra estructurada en nueve partes o ejes temáticos, los cuales otorgan coherencia interna al tratamiento de las materias abordadas y facilitan su consulta. Cada uno de estos ejes contiene la versión corregida y aumentada de las ponencias presentadas por destacados académicos en las XIII Jornadas Nacionales de Derecho del Consumo, organizadas por la Universidad de Talca, en el Campus Talca celebradas los días 9 y 10 de noviembre de 2023.
Los temas desarrollados en estos ejes se centran en el análisis de diversos problemas y desafíos contemporáneos que surgen en el ámbito del Derecho del Consumo, particularmente en relación con la interacción entre consumidores y proveedores, el desarrollo de nuevas tecnologías, la actividad financiera, la contratación, la responsabilidad civil, y las particularidades de los mecanismos de solución de conflictos establecidos en esta área, todo ello en comparación con el Derecho común.
Confiamos en que las futuras ediciones de las Jornadas Nacionales de Derecho del Consumo continúen entregando frutos tan valiosos como las contribuciones aquí reunidas, publicadas bajo el prestigioso sello editorial Tirant lo Blanch. Asimismo, recomendamos una lectura atenta de las interesantes aportaciones que esta instancia de encuentro académico brinda año tras año, enriqueciendo así el estudio de esta dinámica y relevante disciplina.
PRIMERA SECCIÓN: TEORÍA GENERAL DEL DERECHO DE CONSUMO, CONTRATOS E INEFICACIA DE LOS CONTRATOS
La interpretación conforme a la naturaleza del contrato y el propósito práctico en los contratos de adhesión Bruno Bahamondes Masotti
- Introducción 2. La naturaleza del contrato como regla de interpretación contractual en el Derecho chileno 3. La aplicación de la norma de la naturaleza del contrato en los contratos de adhesión 4. Conclusiones
En contra de una nulidad autónoma o especial de las cláusulas o estipulaciones abusivas. Sobre la consistencia y funcionalidad del régimen de nulidad absoluta contemplado en el Código Civil Sebastián Nicolás Campos Micin
- Introducción 2. Respecto a la supuesta eficacia provisoria de los actos que adolecen de nulidad absoluta 3. En cuanto al saneamiento por transcurso del tiempo 4. Respecto a la legitimación activa 5. Respecto al poder y deber del juez de declarar de oficio la nulidad absoluta cuando aparezca de manifiesto 6. Declaración de oficio más allá del saneamiento por transcurso del tiempo 7. Algunas curiosidades de la pretendida nulidad autónoma 8. Conclusiones
Tratamiento abusivo de datos personales en las entregas del comercio electrónico Diego Córdova Yukich
- Introducción 2. Régimen regulatorio del Comercio Electrónico en Chile 3. Régimen regulatorio de la Protección de Datos Personales en General 4. Regulación del derecho a la protección de datos en Chile en particular 5. El problema 6. Convergencia entre protección de datos personales y Derecho de Consumo 7. Privacidad por defecto y desde el diseño 8. Conclusiones
A la sombra del derecho común: tres cuestiones relativas a la nulidad absoluta en una acción colectiva Iñigo de la Maza Gazmuri
- Introducción 2. El litigio 3. La cuestión de la legitimación pasiva de la Demandada 4. La cuestión del ejercicio conjunto de la acción de nulidad 5. La cuestión de las causales de ineficacia 6. Conclusión
“Alcances de la irrenunciabilidad de los derechos del consumidor como limitación a la autonomía privada en el derecho de consumo: ¿es válida la renuncia posterior de derechos por parte del consumidor?” Danitza González Barrera
- Introducción
- Irrenunciabilidad de los derechos del consumidor consagrada en la Ley N° 19.496 2.1. Breve revisión de la historia de la norma 2.2. Extensión de la irrenunciabilidad consagrada en la LPDC 2.3. Sanción a la renuncia anticipada
- Cuestionamientos acerca de la validez de la renuncia a posteriori 3.1. ¿A qué atender para determinar la eficacia de la renuncia posterior? 3.2. Sanción a la renuncia a posteriori injustificada
- Conclusiones
Los principios implícitos en el sistema de consumo chileno Erika Isler Soto
- Introducción
- Los principios implícitos y su vigencia
- Los principios jurídicos implícitos constituyen verdaderas normas jurídicas
- Las fuentes de los principios implícitos 4.1. Otros principios y reglas del ordenamiento jurídico 4.2. Las fuentes autónomas de los principios 4.2.1. La racionalidad o espíritu de la legislación 4.2.2. El orden natural y el Derecho de los Derechos Humanos
- Conclusiones
Estatuto del consumidor sostenible en Chile: una primera aproximación María Elisa Morales
- Introducción 2. Sobre el consumo sostenible. Precisiones y directrices 3. Las ecoetiquetas: una manifestación de consumo sostenible 4. El estado del arte en el ordenamiento jurídico chileno
La protección de la confianza razonable de los consumidores frente a la cláusula “hasta agotar stock” Ricardo Torres Urzúa
- Introducción 2. La cláusula “hasta agotar stock” 3. Los riesgos de “cláusula hasta agotar stock” frente a la protección de la confianza razonable de los consumidores 4. Las consecuencias de lesionar la confianza razonable 5. La redacción y ejercicio de una cláusula “hasta agotar stock” compatible con la protección de la confianza razonable de los consumidores 6. Conclusiones
Apoyos, comprensibilidad y transparencia en cláusulas no negociadas individualmente: criterios para un derecho contractual del consumo inclusivo Yerko Cubillos Román
- Introducción
- Sobre los controles de cláusulas no negociadas individualmente 2.1. Otra dimensión del control de incorporación como un derecho de inclusión 2.2. Breve referencia a la aplicación del control de incorporación en toda negociación de cláusulas no negociadas individualmente en el derecho chileno de contratos
- Algunos problemas en el control de incorporación de cláusulas no negociadas en la LPDC
- La inclusión en el derecho contractual de consumo 4.1. Presentación del enfoque de autonomía relacional y la inclusión contractual 4.2. Hacia un control de incorporación inclusivo
- Conclusiones
SEGUNDA SECCIÓN ÁMBITO DE VIGENCIA DE LA LEY 19.496
La paradoja de las cobranzas extrajudiciales: una excesiva regulación que intenta forzar la exigibilidad de la normas de consumo y la subsistencia de su constitucionalización Francisca María Barrientos Camus
- Introducción: diagnóstico del objeto de estudio 2. La excesiva rigurosidad normativa de las cobranzas extrajudiciales 3. La constitucionalización de las causas de cobranza y la subsistencia después de la reforma
- Conclusiones
La aplicación de la ley de consumo a Notarios, Conservadores y Archiveros por cobros superiores a los establecidos en los decretos del Ministerio de Justicia Felipe Fernández Ortega
- Los Notarios y Conservadores son proveedores 2. Los supuestos de hecho 3. Consecuencias jurídicas: responsabilidad de los Notarios, Conservadores y Archiveros 4. Consideraciones finales
Algunas consideraciones sobre la aplicación de la Ley Nº19.496 a las plataformas de Marketplace por la información de los bienes y servicios ofrecidos por terceros Rodrigo Momberg
- El problema 2. Las plataformas de comercio electrónico o marketplace 3. El Reglamento de Comercio Electrónico y los deberes de información de los operadores de plataformas de comercio electrónico 4. No todos los operadores de plataformas de comercio electrónico son proveedores para efectos de la Ley Nº19.496, y no siempre se celebran contratos de consumo en dichas plataformas 5. El art. 43 de la Ley Nº19.496
¿Son aplicables las normas sobre protección de derechos de los consumidores a las empresas que ofrecen servicios de asesoría jurídica a deudor y a las empresas de cobranza? Jaime Ramírez Cifuentes
- Introducción 2. Aplicación de la ley Nº 19.496 a empresas de asesoría jurídica 3. Aplicación de la Ley Nº 19.496 a empresas de cobranza 4. Conclusiones
TERCERA SECCIÓN: CONSUMIDOR HIPERVULNERABLE
Niños, niñas y adolescentes consumidores: Riesgos en el comercio electrónico Diego Martínez Santibáñez
- Introducción
- NNA en el entorno digital
- NNA consumidores y vulnerabilidad
- Riesgos en el e-commerce 4.1. Uso de dark patterns 4.2. Vulneración de su vida privada y sus datos personales 4.3. Riesgos asociados al uso de inteligencia artificial 4.4. La publicidad dirigida a NNA 4.5. Adquisición de productos ilícitos, peligrosos o con restricciones 4.6. Fraudes electrónicos
- Conclusiones
La hipervulnerabilidad frente al estándar de culpa en el juicio de responsabilidad civil en sede de consumo Cristian Aedo Barrena - Renzo Munita Marambio
- Introducción: propósito del trabajo 2. La idea de hipervulnerabilidad en las relaciones de consumo 3. ¿Hipervulnerabilidad o configuración de un estándar de diligencia exigible? 4. Nota conclusiva
Protección y defensa de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito del derecho del consumo: a la búsqueda de un punto de equilibrio Isaac Ravetllat Ballesté
- Introducción
- Actos relativos a bienes y/o servicios propios de su edad, de acuerdo con los usos sociales
- La consideración de los niños, niñas y adolescentes en el derecho del consumo 3.1. El NNA consumidor como sujeto en situación de vulnerabilidad interseccional 3.2. El niño, niña y adolescente como ¿consumidor jurídico y/o material?
- El niño, niña y adolescente como consumidor jurídico en la Ley sobre Garantías
- Conclusiones
CUARTA SECCIÓN: DERECHO DE RETRACTO
El ejercicio del derecho de retracto en caso de deterioro o pérdida de la cosa por causa no imputable al consumidor, una laguna normativa de difícil integración Nicolás Malla Castelló
- Introducción 2. El derecho de retracto en la LPDC. Fisonomía y justificación 3. El ejercicio del derecho de retracto ante el deterioro o pérdida de la cosa por causa no imputable al consumidor: un caso de laguna normativa en la LPDC 4. Colmando la laguna normativa: ensayo crítico de tres estrategias de integración 5. Recapitulación y consideración final
La incardinación del “derecho de retracto” del art. 3 bis LPDC en el sistema conceptual de la terminación unilateral del contrato Gonzalo Severin Fuster
- Introducción 2. La terminación unilateral del contrato sin expresión de causa. Bases conceptuales 3. La regla legal del art. 3º bis LPDC 4. A modo de conclusión
QUINTA SECCIÓN RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONSUMO
La responsabilidad civil de las empresas de servicios de intermediación de criptomonedas por los fraudes de los terceros exchangers o traders con sus clientes-consumidores Patricio I. Carvajal
- Introducción 2. La obligación incumplida: garantizar la seguridad en la prestación del servicio 3. Indemnización de perjuicios por incumplimiento
Indemnización extracompensatoria por incumplimiento de la obligación precontractual de informar a los consumidores Gabriel Hernández Paulsen
- Introducción 2. Obligación precontractual de informar 3. Indemnización extracompensatoria de la “Ley del Consumidor” 4. Indemnización extracompensatoria por incumplimiento de la obligación precontractual de informar 5. Incumplimiento de la obligación precontractual de informar y causales de procedencia de la indemnización extracompensatoria
Reseñas engañosas on line y responsabilidad del proveedor y consumidor reseñante: un examen desde el derecho chileno Patricia Verónica López Díaz
- Introducción 2. La noción de reseñas de bienes y servicios por consumidores y sus tipos 3. La irregularidad de las reseñas propiciadas por el proveedor y el reseñante derivadas de la infracción del principio de veracidad 4. La tutela que se activa para el consumidor engañado ante reseñas engañosas 5. Conclusiones
Reparar el interés difuso en naturaleza y procedencia del método cy-près Antonio Olivares Contreras
- Introducción 2. La prestación indemnizatoria en daños por interés difuso 3. La indemnización indirecta al interés difuso de los consumidores 4. Conclusiones
SEXTA SECCIÓN DAÑOS PUNITIVOS
Una crítica a las condiciones de procedencia de los daños punitivos en la Ley 19.496 José Ignacio Azar Denecken
- Introducción 2. Condiciones de procedencia de los daños punitivos en la Ley N°19.496 3. Comprensión no punitiva de los daños punitivos 4. Ventajas prácticas de la comprensión no punitiva 5. Coherencia con los fines de la responsabilidad civil y los procedimientos colectivos
Dos cuestiones acerca del límite al monto de la condena por daños punitivos Javier Narváez Fuentes
- Introducción
- Generalidades sobre los daños punitivos
- ¿Existe, en otros sistemas, la idea de límite o tope al monto de la condena por daños punitivos? 3.1. Inglaterra 3.2. Estados Unidos 3.3. Argentina 3.4. Quebec
- Chile: ¿Daños cuasipunitivos en la LPC?
- Conclusión
Daños punitivos por productos defectuosos en la ley N.º 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores Matías Ponce Márquez
- Introducción
- Funciones de los daños punitivos
- Daños punitivos por productos defectuosos en Chile
- Análisis del cumplimiento de los objetivos de los daños punitivos por productos defectuosos en Chile 4.1 Monto de los daños punitivos
SÉPTIMA SECCIÓN ACTIVIDAD Y EDUCACIÓN FINANCIERA
Repensando la educación financiera en Chile para una prevención eficaz del sobreendeudamiento e insolvencia futura del consumidor Miguel Ángel Alarcón Cañuta
- Introducción
- Cuestiones dogmáticas relativas a la educación financiera 2.1. Conceptualización y objetivos de la educación financiera
- Fundamento de la educación financiera desde la economía del comportamiento
- Breve descripción del modelo de educación financiera en Chile 4.1. Objetivo de la educación financiera en el modelo nacional 4.2. Herramientas de educación financiera en el modelo nacional
- Diagnóstico de eficacia de la educación financiera en el modelo nacional 5.1. Desde el punto de vista regulatorio 5.2. Desde el punto de vista sociológico 5.3. Desde el punto de vista de su eficacia como mecanismo inserto en la economía del comportamiento 5.4. Desde el punto de vista de los recursos
- Propuestas para una eficaz educación financiera en el modelo chileno a modo de conclusión
Préstamo responsable: ¿un principio general de derecho de consumo? Sebastián Bozzo Hauri
- Introducción 2. El principio de préstamo responsable: ¿qué es y qué busca? 3. Préstamo responsable: Cambios en Europa a partir de la nueva Directiva 2023/2225 de 18 de octubre de 2023, relativa a los contratos de crédito al consumo 4. Préstamo responsable: ¿Un principio general de derecho en el ámbito de consumo? 5. Reconocimiento del principio de préstamo responsable en el ordenamiento jurídico chileno 6. Reflexión final
Financiamiento colectivo y grietas en la estructura subjetiva del derecho de consumo Luis Colman Vega
- Introducción: Ley Fintec, plataformas de financiamiento colectivo y derecho de consumo 2. Las economías colaborativas, el consumo colaborativo financiero y las PFC 3. Acercamiento a la regulación de las PFC en Chile 4. Dilucidando el marco jurídico de los elementos subjetivos de la relación de financiamiento 5. Prosumidor, inversor y derecho de consumo: ¿grietas en la dicotomía tradicional? 6. Conclusiones
Revisión de las acciones del proveedor financiero contenidas en la ley n° 20.009 a la luz de la normativa de consumo Andrés Erbetta Mattig - Macarena Díaz de Valdés Haase
- Introducción
- Limitación de responsabilidad para operaciones posteriores al aviso
- Régimen de responsabilidad aplicable a las operaciones anteriores al aviso 3.1. Supuestos regulados en la ley en atención al monto defraudado 3.2. Objeto y carga de la prueba que debe suministrar el emisor
- Procedimiento en el que deben tramitarse las acciones del emisor 4.1. Condenas infraccionales impuestas a consumidores 4.2. Imposibilidad del consumidor de demandar reconvencionalmente
- Conclusiones
Distinción de los intereses y comisiones en operaciones de crédito de dinero: evaluación de la Norma de Carácter General N°484 de la Comisión para el Mercado Financiero José Antonio Gaspar
- Introducción 2. NCG 484 3. Conclusión
Reflexiones sobre los aportes de la economía conductual en la protección de los consumidores financieros María Catalina Giraudo Ortúzar
- Introducción
- La información precontractual financiera en la normativa nacional 2.1. Fundamentos 2.2. Elementos
- Del modelo de elección racional a la perspectiva de la economía conductual
- El suministro de información en el proceso de toma de decisión
- Redefiniendo la Regulación Financiera mediante la Economía del Comportamiento
- Conclusión
Comentarios sobre el nuevo reglamento de análisis de solvencia económica en relación con el consumidor previamente declarado en insolvencia Diego Rodríguez Gutiérrez
- Introducción
- El endeudamiento en datos
- Reacción legislativa frente al sujeto consumidor insolvente 3.1. Ley Nº 20.720, sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas Deudoras 3.2. Ley Nº 20.555, sobre SERNAC FINANCIERO 3.3. Decreto 53 de 2023, Reglamento de Análisis de Solvencia Económica e Información de los Consumidores 3.4. Ley N° 19.628, sobre Tratamiento de la Vida Privada y Ley Nº 20.525, que Establece el Principio de Finalidad en el Tratamiento de Datos Personales
- Conflicto entre la normativa de consumo y la regla concursal. Grieta al oportunismo 4.1. Concepto de consumidor insolvente 4.2. Regla de descarga y riesgo moral 4.3. Obligaciones extinguidas y análisis de solvencia
- Propuesta de solución. Extensión postconcurso de la condena de mala fe
- Conclusiones
OCTAVA SECCIÓN SERNAC
Algunas notas en torno a la Resolución Exenta Nº 878 / 2021, del Servicio Nacional del Consumidor: un dictamen interpretativo del artículo 42 de la Ley Nº 19.496 Emilio José Bécar Labraña
- Introducción
- Requisitos del abandono 2.1. En cuanto a la naturaleza del plazo previsto en el artículo 42 de la Ley Nº 19.496539 2.2. A quién debería pertenecer el producto entregado al proveedor del servicio de reparación 2.3. Ámbito de aplicación de la norma
- Efectos 3.1. Determinación del momento en que se produce la mutación en el dominio del producto 3.2. Modo de adquirir el dominio que dispondrá el proveedor para adquirir el producto 3.3. Actitud que debe adoptar el consumidor para evitar la pérdida del producto 3.4. Situación de los productos sujetos a un régimen registral
- Conclusiones
Sernac al rescate del consumidor en apuros. Why nudge? Nathalie Walker
- Introducción 2. Uso de nudges en beneficio del consumidor 3. “Empujoncitos” desde el SERNAC ¿por qué no, especialmente al consumidor financiero? 4. A modo de conclusión
NOVENA SECCIÓN PRUEBA Y PROCEDIMIENTOS
¿Es el inciso quinto del artículo 50 h de la ley de protección de los derechos de los consumidores una norma que favorece a los consumidores? Paulina Arratia Rojas
- Introducción 2. La carga de la prueba y el concepto de “carga dinámica de la prueba” 3. La distribución de la carga de la prueba en la ley sobre protección de los derechos de los consumidores 4. Los problemas del inciso quinto del artículo 50 H de la ley sobre protección de los consumidores y algunas directrices para su correcta interpretación y uso en favor del sujeto protegido 5. Conclusión
En los procesos judiciales de consumo en que se ventilan acciones de interés colectivo o difuso: ¿En qué calidad comparece una asociación de consumidores y qué derechos puede ejercer durante el proceso judicial pendiente? Jaime Carrasco Poblete
- Introducción 2. La intervención de terceros regulada en el Código de Procedimiento Civil y su aplicación supletoria en los procedimientos en que se ventilan acciones de interés colectivo y difuso 3. Los problemas que genera aceptar que una asociación de consumidores intervenga como tercero coadyuvante 4. Los problemas que genera aceptar que una asociación de consumidores intervenga como tercero principal o excluyente e independiente 5. La propuesta de cambio: la intervención adhesiva litisconsorcial 6. Estatuto jurídico del tercero adhesivo litisconsorcial 7. Conclusiones
Debates jurisprudenciales en torno a intervención de terceros adhesivos en el procedimiento de acciones de interés colectivo y difuso Juan Ignacio Contardo González
- Introducción 2. Primer debate. La intervención del tercero debe ser coincidente con la pretensión del demandante 3. Segundo debate. La intervención se materializa a través de la figura del tercero coadyuvante 4. Tercer debate. La situación del tercero adhesivo cuando no deduce recursos 5. Cuarto debate. El adherente no tiene que acreditar la representación de consumidores particulares 6. Quinto debate. Plazos para comparecer 7. ¿Qué puede concluirse de los debates jurisprudenciales en torno a la intervención de terceros en las acciones de interés colectivo y difuso?
“El que publica primero, gana”: Controversias de la publicidad en juicios colectivos Eduardo Reveco Soto
- Introducción 2. La imposibilidad de iniciar nuevos juicios colectivos una vez efectuadas las publicaciones mandatadas por el artículo 53 de la LPDC 3. El plazo que disponen los legitimados activos del artículo 51 de la LPDC para hacerse parte en un procedimiento colectivo ya iniciado 4. La delimitación del potencial universo de consumidores que se verá beneficiado a raíz del efecto erga omnes de una potencial sentencia condenatoria 5. Conclusiones