Casación ambiental y derecho al recurso
$20.000
Esta obra tiene dos principales pretensiones. Primero, sistematizar los criterios de nuestros Tribunales Superiores de Justicia en relación con la procedencia de las diferentes vías recursivas -recursos de casación, apelación y queja- para la impugnación de los pronunciamientos de término dictados por los Tribunales Ambientales en sede de recursos de reclamación; y, luego, dar cuenta de la forma en que en nuestra legislación se recoge el derecho al recurso, y exponer sobre el contenido y alcance de dicha garantía, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Con lo anterior, en definitiva, el autor se aproxima -desde una perspectiva práctica- a las siguientes preguntas: ¿En realidad existen hipótesis en que no procederá recurso alguno para obtener la revisión, por parte de un tribunal superior, de los pronunciamientos de término que dictaren los Tribunales Ambientales en sede de recursos de reclamación? ¿Cuáles son las vías recursivas adecuadas, en cada caso? ¿Es el sistema recursivo especial de la Ley N° 20.600 respetuoso de las exigencias que impone el derecho al recurso?
I. SISTEMA RECURSIVO PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES AMBIENTALES
a. Recursos de casación en la forma y en el fondo
b. Recurso de apelación
c. Otros recursos
II. NO TODO PRONUNCIAMIENTO DE TÉRMINO, POR EL QUE SE RESUELVA SOBRE LA LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECLAMADO, TENDRÁ NATURALEZA JURÍDICA DE SENTENCIA DEFINITIVA: UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL QUE HA IMPACTADO EN EL EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN
a. Confusión entre el objeto del juicio de reclamación y el objeto del procedimiento administrativo en que incide la reclamación
b. Improcedencia de los recursos de casación respecto de resoluciones que, acogiendo la reclamación deducida en contra de un acto administrativo terminal, retrotraen el procedimiento administrativo y ordenan emitir un nuevo pronunciamiento
c. Improcedencia de los recursos de casación respecto de las resoluciones en que se fallaren reclamaciones interpuestas en contra de actos administrativos trámite
d. La vía de impugnación adecuada ¿Casación, apelación o queja?
e. Excurso: la vía recursiva adecuada para impugnar los pronunciamientos de término dictados por las Cortes de Apelaciones en sede de recursos de apelación ambiental
i. La naturaleza jurídica de los pronunciamientos de término dictados por las Cortes de Apelaciones en sede de recursos de apelación ambiental
ii. ¿La vía de impugnación adecuada?
III. IMPROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR LOS TRIBUNALES AMBIENTALES EN ASUNTOS QUE SON DE SU COMPETENCIA EN VIRTUD DE LEYES ESPECIALES: UN EXAMEN DE CADA CASO
a. Reclamación para la impugnación del pronunciamiento del Ministerio del Medio Ambiente que resuelve una solicitud de reconocimiento de un humedal urbano
b. Reclamación para la impugnación de los Decretos Supremos que establecen metas de recolección y valorización de residuos y obligaciones asociadas
c. Reclamación para la impugnación de ciertos actos administrativos vinculados con la biodiversidad y las áreas protegidas
d. Reclamación para la impugnación de los Decretos Supremos que establecen normas de emisión de gases de efecto invernadero, y de las resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente que se pronuncian sobre la procedencia de un proyecto de reducción o absorción de emisiones de gases de efecto invernadero
e. Reclamación para la impugnación de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que contiene el informe con los datos y antecedentes necesarios para que el Servicio de Impuestos Internos proceda al cálculo y giro del impuesto verde
f. Acción de reparación del daño al medio ambiente antártico
IV. VIGENCIA Y CONTENIDO DEL DERECHO AL RECURSO
a. Recepción del derecho al recurso en nuestro ordenamiento jurídico
i. Artículo 19 No 3 inciso 6o de la Constitución Política de la República
ii. Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
iii. Acuerdo de Escazú: derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales
b. El contenido del derecho al recurso, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
i. ¿Cuál debe ser el objeto y alcance del recurso que tiene que ser
previsto por el legislador para permitir la impugnación de una resolución judicial?
ii. ¿Puede el legislador, respecto de ciertos procedimientos, omitir el establecimiento de recursos? ¿Todas las resoluciones judiciales deben ser susceptibles de recursos?
iii. ¿Existe algún estándar en relación con la motivación del pronunciamiento del tribunal que conoce del recurso?
iv. ¿Cuándo debe ser procedente el recurso?, ¿satisface las exigencias que impone esta garantía el recurso que solo es admisible después de que la resolución que se pretende impugnar adquiera la calidad de cosa juzgada?
v. ¿Se realiza la exigencia que impone esta garantía cuando el recurso establecido por el legislador tiene demasiadas formalidades u obstáculos para su interposición?
vi. ¿Cuál debe ser el tribunal competente para conocer del recurso?
vii. ¿Cuál es el estándar en relación con el procedimiento para su substanciación?
c. Algunos criterios adoptados por el Tribunal Constitucional en sede de reclamos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
i. En general, sobre la vigencia y contenido del derecho al recurso
ii. ¿El artículo 26 de la Ley No 20.600, al restringir la procedencia de recursos en contra de las sentencias definitivas dictadas por los Tribunales Ambientales en materias de que tienen competencia
en virtud de leyes especiales, vulnera el derecho al recurso? Reseña de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en los autos Rol INA-14842-23
d. Jurisprudencia de la Corte Suprema en relación con la vigencia y contenido del derecho al recurso
V. PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL SISTEMA RECURSIVO PARA LA IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS TRIBUNALES AMBIENTALES (BOLETÍN No 16.204-12)
a. Reseña de su contenido y tramitación
b. Comentario sobre el proyecto de ley
6 in stock
Autor: Francisco Chahuán Ibáñez
Editorial: Libromar
Numero de Paginas: 146
Año de publicación: 2025
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| Settings | Casación ambiental y derecho al recurso remove | Medio Ambiente y Derechos Humanos remove | Función Social y Ambiental de la Propiedad en la Legislación Chilena remove | El Acuerdo de Escazú, Sociedad del Saber y Democracia Ambiental remove | Ius et Finis Terrae. Estudios en el Marco del Magíster en Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente remove | El Derecho Penal Continental y Anglosajón en la Era de la Globalización remove |
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| Description | Autor: Francisco Chahuán Ibáñez Editorial: Libromar Numero de Paginas: 146 Año de publicación: 2025 | Autor: Vicente Eduardo Diaz Godoy Editorial: Editorial Hammurabi Numero de Paginas: 104 Año de publicación: 2024 | Autor: Eduardo Enrique Torrealba Jaque Editorial: Mtropolitana Año de Publicación: 2023 Paginas: 169 | Autor: Gonzalo Aguilar Cavallo Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 402 Año de publicación: 2023 | Director: Alejandro Leiva López Editorial : Tirant lo Blanch Año de Publicación : 2023 Paginas :149 | Autor: Emmanuel Bernales Basáez Editorial: Ediciones Universidad Finis Terrae Año de Publicación: 2017 |
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Esta obra tiene dos principales pretensiones. Primero, sistematizar los criterios de nuestros Tribunales Superiores de Justicia en relación con la procedencia de las diferentes vías recursivas -recursos de casación, apelación y queja- para la impugnación de los pronunciamientos de término dictados por los Tribunales Ambientales en sede de recursos de reclamación; y, luego, dar cuenta de la forma en que en nuestra legislación se recoge el derecho al recurso, y exponer sobre el contenido y alcance de dicha garantía, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Con lo anterior, en definitiva, el autor se aproxima -desde una perspectiva práctica- a las siguientes preguntas: ¿En realidad existen hipótesis en que no procederá recurso alguno para obtener la revisión, por parte de un tribunal superior, de los pronunciamientos de término que dictaren los Tribunales Ambientales en sede de recursos de reclamación? ¿Cuáles son las vías recursivas adecuadas, en cada caso? ¿Es el sistema recursivo especial de la Ley N° 20.600 respetuoso de las exigencias que impone el derecho al recurso?
I. SISTEMA RECURSIVO PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES AMBIENTALES
a. Recursos de casación en la forma y en el fondo
b. Recurso de apelación
c. Otros recursos
II. NO TODO PRONUNCIAMIENTO DE TÉRMINO, POR EL QUE SE RESUELVA SOBRE LA LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECLAMADO, TENDRÁ NATURALEZA JURÍDICA DE SENTENCIA DEFINITIVA: UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL QUE HA IMPACTADO EN EL EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN
a. Confusión entre el objeto del juicio de reclamación y el objeto del procedimiento administrativo en que incide la reclamación
b. Improcedencia de los recursos de casación respecto de resoluciones que, acogiendo la reclamación deducida en contra de un acto administrativo terminal, retrotraen el procedimiento administrativo y ordenan emitir un nuevo pronunciamiento
c. Improcedencia de los recursos de casación respecto de las resoluciones en que se fallaren reclamaciones interpuestas en contra de actos administrativos trámite
d. La vía de impugnación adecuada ¿Casación, apelación o queja?
e. Excurso: la vía recursiva adecuada para impugnar los pronunciamientos de término dictados por las Cortes de Apelaciones en sede de recursos de apelación ambiental
i. La naturaleza jurídica de los pronunciamientos de término dictados por las Cortes de Apelaciones en sede de recursos de apelación ambiental
ii. ¿La vía de impugnación adecuada?
III. IMPROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR LOS TRIBUNALES AMBIENTALES EN ASUNTOS QUE SON DE SU COMPETENCIA EN VIRTUD DE LEYES ESPECIALES: UN EXAMEN DE CADA CASO
a. Reclamación para la impugnación del pronunciamiento del Ministerio del Medio Ambiente que resuelve una solicitud de reconocimiento de un humedal urbano
b. Reclamación para la impugnación de los Decretos Supremos que establecen metas de recolección y valorización de residuos y obligaciones asociadas
c. Reclamación para la impugnación de ciertos actos administrativos vinculados con la biodiversidad y las áreas protegidas
d. Reclamación para la impugnación de los Decretos Supremos que establecen normas de emisión de gases de efecto invernadero, y de las resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente que se pronuncian sobre la procedencia de un proyecto de reducción o absorción de emisiones de gases de efecto invernadero
e. Reclamación para la impugnación de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que contiene el informe con los datos y antecedentes necesarios para que el Servicio de Impuestos Internos proceda al cálculo y giro del impuesto verde
f. Acción de reparación del daño al medio ambiente antártico
IV. VIGENCIA Y CONTENIDO DEL DERECHO AL RECURSO
a. Recepción del derecho al recurso en nuestro ordenamiento jurídico
i. Artículo 19 No 3 inciso 6o de la Constitución Política de la República
ii. Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
iii. Acuerdo de Escazú: derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales
b. El contenido del derecho al recurso, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
i. ¿Cuál debe ser el objeto y alcance del recurso que tiene que ser
previsto por el legislador para permitir la impugnación de una resolución judicial?
ii. ¿Puede el legislador, respecto de ciertos procedimientos, omitir el establecimiento de recursos? ¿Todas las resoluciones judiciales deben ser susceptibles de recursos?
iii. ¿Existe algún estándar en relación con la motivación del pronunciamiento del tribunal que conoce del recurso?
iv. ¿Cuándo debe ser procedente el recurso?, ¿satisface las exigencias que impone esta garantía el recurso que solo es admisible después de que la resolución que se pretende impugnar adquiera la calidad de cosa juzgada?
v. ¿Se realiza la exigencia que impone esta garantía cuando el recurso establecido por el legislador tiene demasiadas formalidades u obstáculos para su interposición?
vi. ¿Cuál debe ser el tribunal competente para conocer del recurso?
vii. ¿Cuál es el estándar en relación con el procedimiento para su substanciación?
c. Algunos criterios adoptados por el Tribunal Constitucional en sede de reclamos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
i. En general, sobre la vigencia y contenido del derecho al recurso
ii. ¿El artículo 26 de la Ley No 20.600, al restringir la procedencia de recursos en contra de las sentencias definitivas dictadas por los Tribunales Ambientales en materias de que tienen competencia
en virtud de leyes especiales, vulnera el derecho al recurso? Reseña de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en los autos Rol INA-14842-23
d. Jurisprudencia de la Corte Suprema en relación con la vigencia y contenido del derecho al recurso
V. PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL SISTEMA RECURSIVO PARA LA IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS TRIBUNALES AMBIENTALES (BOLETÍN No 16.204-12)
a. Reseña de su contenido y tramitación
b. Comentario sobre el proyecto de ley
| MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS Reflexiones en torno a la globalización, el hombre y el medio ambiente El derecho a la salud es innato del hombre y de su reconocimiento, luego de acontecimientos históricos durante los dos últimos siglos, esta unánimemente admitido por todas las sociedades y aceptado por todos los Estados comprendiendo en ellos los aspectos individuales y colectivos. Los Estados tienen la obligación de proteger y proporcionar a sus ciudadanos el mayor bienestar para su disfrute y conservación; siendo que su calidad es un producto social por lo tanto dinámico y resuelto de factores determinantes, tales como la biología humana, el medio ambiente, el sistema sanitario y los estilos de vida condicionados en la mayoría de os casos por el factor socioeconómico. Por tanto, los Estados tienen el deber de establecer políticas adecuadas y medio de implementación para su efectividad. Pero el hombre, al que le es reconocido como innato un derecho a la salud, vive en un entorno físico y hasta hace poco tiempo, los recursos naturales renovables eran considerados solo medios de desarrollo socioeconómicos del hombre, lo cual implica una utilización irracional de los mismos, y por ende una tendencia al desgaste y extinción progresiva, tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo; razón por la cual la legislación mundial ha previsto principios fundamentales, en el sentido de que exista un verdadero equilibrio del uso de esos recursos en especial en los países llamados del Tercer Mundo; donde la concepción de del desarrollo socio económico se orienta equivocadamente hacia el despilfarro de las riquezas naturales, olvidando los parámetros bajo los cuales debe regirse la relación hombre-naturaleza. Actualmente, la importancia en el plano internacional del tema del ambiente es indiscutida; a través del ambiente Planeta-Tierra se trata de producir una armonización de los diversos ordenamientos jurídicos para que sirvan de base a la universalización del Derecho Ambiental. Se han realizado esfuerzo para constituir un nuevo orden legal internacional común para todos, los diversos intereses globales del planeta nos hacen referir a los grandes tratados suscritos por todos los representantes de la comunidad universal, entre otros, los derivados de la Declaración de Estocolmo (1972); la Declaración de Rio (1992), la Cumbre de Johannesburgo (2002) y el Acuerdo de París de 2015, las cuales evidencia el agrupamiento de numerosos Estados para lograr causas comunes, como por ejemplo, la Comunidad Europea, son algunos de los temas que revisaremos en este libro. | ver indice En la última década los ordenamientos jurídicos, sistemas económicos, sociales y políticos a nivel global, han intentado internalizar la potente consolidación del Derecho Ambiental como ciencia jurídica proactiva, preventiva y precautoria. Ante la progresiva escasez de agua, una deficiente preservación de múltiples bienes ambientales (humedales, flora, fauna, bosques nativos, aire atmosférico, glaciares, mares, ríos, lagos, playas, paisajes y patrimonio cultural), afecciones a salud de seres humanos y de la naturaleza; se asume con inquietante preocupación el efecto transversal que la referida consolidación produce en las demás disciplinas jurídicas. Es una regulación normativa de fondo que condiciona actos de personas naturales, jurídicas de Derecho público y privado, siendo esos actos anteriores a la ilicitud que actualmente subsiste en la omisión, confusión o ambigüedad de limitaciones y obligaciones externas (no inmanentes), a derechos subjetivos publicos y privados de dominio ejercidos en bienes ambientales, que conforman una realidad sistémica con diversos bienes de propiedad privada, nacionales de uso público y fiscales. Un procedimiento judicial conducente a obtener la reparación del medio ambiente dañado o severamente degradado; reclamaciones judiciales contra actos administrativos que dicten Órganos Competentes del Estado, para regular la conservación y protección del medio ambiente; un proceso que pretenda juzgar, sancionar y luego condenar las infracciones a derechos de consumidores que sufren daños sistemáticos en su calidad de vida, salud y medio ambiente; son en cierta medida, vías jurisdiccionales reactivas frente a múltiples ilícitos consumados, y en la frustración del afectado, una de las varias realidades detonantes de desastres sociales-culturales históricamente demostrados con hechos, de manera definitiva e irrefutable. Es un texto breve en su extensión, claro y honesto, en el que se asume seriamente el compromiso de criticar la insuficiencia de regulación jurídica, elaborando el autor novedosas vías de solución teórica, aplicables empíricamente y con base específica en nuestra legislación vigente. Asimismo, respetando una reflexión de larga data, profunda, responsable, intelectualmente sofisticada en el presente, se plantean concretas propuestas de solución con rango Constitucional. | Este libro tiene por finalidad abordar diversas temáticas relacionadas con el Acuerdo de Escazú, especialmente, los denominados derechos de acceso a la información ambiental, participación ambiental y la justicia ambiental, no puede sino ser una gran contribución a los debates actualmente en curso así como a la futura implementación ya sea de las normas respectivas incorporadas en el texto de la nueva Constitución o bien de las propias normas contenidas en el Acuerdo de Escazú. En estas páginas se encontrarán diversos análisis sobre el contenido del Acuerdo de Escazú y su contraste con el ordenamiento jurídico chileno en miras a saber si este último satisface los estándares mínimos. Índice Tabla de abreviaturas 9 Presentación 11 Capítulo Primero Génesis y desarrollo del Acuerdo de Escazú 15 Capítulo Segundo El derecho humano al acceso a la información ambiental y la jurisprudencia interamericana 29 Capítulo Tercero El derecho humano a un medio ambiente sano, el acceso a la información ambiental y el ius commune 65 Capítulo Cuarto El acceso a la información ambiental, la legislación chilena y el Acuerdo de Escazú 73 Capítulo Quinto El contenido y los alcances contemporáneos del derecho de acceso a la participación ambiental 105 Capítulo Sexto El derecho humano a un medio ambiente sano, la participación pública y el ius commune 135 Capítulo Séptimo Cambio climático, acceso a la información y participación ambiental 157 Capítulo Octavo El acceso a la participación ambiental, la legislación chilena y el Acuerdo de Escazú 181 Capítulo Noveno Acuerdo de Escazú: el derecho al acceso a la justicia ambiental 213 Capítulo Décimo Los desafíos del acceso a la justicia ambiental en Chile 239 Capítulo Décimo Primero Empresas y protección del medio ambiente: mecanismos de solución de conflictos 279 Capítulo Décimo Segundo El Acuerdo de Escazú: el derecho a la protección de los defensores de derechos ambientales 289 Capítulo Décimo Tercero Diálogo entre los principios del medio ambiente y una nueva Constitución para Chile 319 Conclusiones 349 Bibliografía 363 Jurisprudencia 391 | Ius et Finis Terrae es una colección de libros que la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, en conjunto con la editorial Tirant lo Blanch, pone a disposición de la comunidad jurídica y científica, con el objeto de contribuir al debate medioambiental chileno e internacional. Este primer número reúne trabajos de destacados académicos en diversas áreas del conocimiento, tales como: medio ambiente, responsabilidad ambiental, energía, aguas, Derecho constitucional ambiental, Derecho ambiental internacional, filosofía del Derecho, ecología, entre otras. Asimismo, esta colección será el reservorio de las mejores investigaciones que surjan de los titulados del Magíster en Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad Finis Terrae, programa que constituye el marco dentro del cual se gesta esta colección. En tal sentido, la obra que aquí ve la luz se dirige en lo estrictamente académico, a la necesaria vinculación que debe existir entre el quehacer investigativo y el postgrado, procurando a partir del primero, enriquecer el segundo. Pero más profundamente y en lo prospectivo esta colección apunta a contribuir directamente al bien común en tanto cuidado de nuestra casa común. De allí que el nombre escogido: Ius et Finis Terrae, signifique el "Derecho y el fin de la tierra", tanto en un sentido teleológico sentido y finalidad de la acción humana sobre nuestra casa común; como también geográfico: contribuimos desde el final de la tierra, desde la Universidad Finis Terrae, Chile. | Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que perdió vigencia en nuestro ordenamiento jurídico el principio que rezaba “Societas delinquere non potest”. El establecimiento de un modo relativamente sorpresivo para nuestro medio jurídico de la responsabilidad de las personas jurídicas a través de la publicación de la ley 20.393 el año 2009, puso a nuestra doctrina penal en una singular tesitura. Ya no quedaba espacio para quejas y era preciso comenzar a trabajar en las categorías dogmáticas que pudieran sustentar esta nueva forma de responsabilidad y adaptar las estructuras de la teoría del delito −como la acción o la culpabilidad− a una realidad tan distinta del sustrato de imputación tradicional de responsabilidad penal: las personas naturales. A diferencia de lo que había acontecido en otros países de nuestra tradición, como España y Alemania, la responsabilidad penal corporativa no había sido objeto de preocupación por parte de la doctrina y hubo que forzar el paso para alcanzar los niveles de discusión mínimos. Por otro lado, este cambio impuso una serie de nuevas exigencias al Ministerio Público en la indagación de dicha responsabilidad, tanto desde la perspectiva sustantiva como probatoria. |
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